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El Amparo

Cine foro

LAS ORGANIZACIONES PROVEA, LABORATORIO DE PAZ, Laguarura.info, Laboratorio de Protesta No Violenta Activa y la Alcaldía de Chacao invitan al cine foro “El Amparo” este próximo 24 de mayo de 2019 en la Sala Cabrujas de Chacao a las 5:00 p.m., donde se proyectará de forma gratuita la película homónima dirigida por Rober Calzadilla, en apoyo a la campaña para su tratamiento médico.

Familiares y amigos crearon una campaña de recaudación de fondos para costear el tratamiento del director de esta película, quien el pasado 28 de enero fue diagnosticado con cáncer de pulmón después de ser internado en un Hospital de Caracas por una emergencia respiratoria. La campaña se puede consultar en el siguiente link: https://www.gofundme.com/rober-el-cine-vs-el-cancer-de-pulmon

El Amparo es uno de los casos emblemáticos del movimiento de defensa de los derechos humanos en Venezuela. Sus víctimas todavía continúan exigiendo al Estado determinar las responsabilidades de los funcionarios del Comando Especifico José Antonio Páez (CEJAP) en la muere de 14 pescadores de Apure; entre ellos la del exministro de interior y justicia, Ramón Rodríguez Chacín.

La proyección de la película se acompañará con un foro donde participará el profesor Eduardo Burger de la UCAB, la abogada y socióloga Anamar Pérez del Centro para la Paz de la UCV y el actor Vicente Quintero, quien interpreta al sobreviviente Wolmer Pinilla en la película.

Para mayor información llamar al 04149137523.

#MonitorDeVíctimas | “Stefany corrió, pero los del FAES le dispararon en la espalda”

PARA LLEGAR A LA CASA DE LA FAMILIA JAJOY hay que atravesar a pie la mitad del barrio El Amparo. En voz baja, los vecinos advierten que los “colectivos” están atentos a la presencia de cualquier extraño. Pero el dolor de los familiares de Stefany Maholi Jajoy Natera es más fuerte que el terror que imponen los grupos armados afectos al oficialismo y aseguran que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana son los responsables de la muerte de la joven de 20 años de edad, que fue abaleada en medio de las protestas contra Nicolás Maduro.

Stefany recibió cuatro impactos de bala en la espalda y cayó en la calle Oriental de El Amparo. Los demás manifestantes la socorrieron, pero la muchacha murió casi inmediatamente. Su madre, Yusmary Natera, y sus otros dos hijos, cargaron el cadáver hasta su casa.

La familia resguardó el cuerpo sin vida de Stefany desde las 2:00 am, cuando fue herida y murió, hasta las 8:00 am del 23 de enero, cuando llegaron al lugar funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) para hacer el “levantamiento del cadáver”, la planimetría y el primer informe forense antes de la autopsia oficial. “Recuerdo que un funcionario del Cicpc lo primero que dijo fue: ‘Dios mío, se ensañaron con esta niña’, porque tenía cuatro disparos en la espalda”, asegura la madre de Stefany .

Para sorpresa de los familiares, en el informe correspondiente a la autopsia, que realizaron en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Bello Monte, se indica que la causa de muerte fue un shock hipovolémico, ocasionado por el impacto de un único proyectil en el tórax.

Esa noche no hubo minuta policial. En un reporte hecho en la morgue de Bello Monte —al que Proiuris tuvo acceso— se lee que  la víctima procedía del hospital Dr. Ricardo Baquero González, conocido como el Periférico de Catia, lo cual fue desmentido por los familiares. Sin embargo, en dicho reporte inicial sí se dejó constancia de que Stefany recibió cuatro disparos en la espalada.

El reporte “oficial” del Cicpc no detalla las circunstancias de la muerte de la joven, no menciona que hubo una protesta en El Amparo, ni que funcionarios de las FAES llegaron a reprimir a los manifestantes. “Ese fue el papel que nos dieron en la comandancia para retirar el cadáver de mi hija. No dice nada de lo que pasó”, sostiene la madre.

 

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Sueños truncados

Yusmary Natera, tiene 45 años de edad, tres hijos y dos nietas. La primogénita fue Stefany. Robusta y sencilla, la mujer ofrece su versión de los hechos en las escaleras que conducen a su casa, en la parte alta del barrio El Amparo.

Recordó que la noche del 22 de enero se acostó temprano. “Un poco antes de las 11:00 pm, mi nieta menor se levantó llorando porque su mamá no estaba. Me imaginé que estaba en la casa de su tía, un poco más abajo del sector. Cuando me asomé, escuché el alboroto de la protesta”, detalló.

Relató que esa madrugada no pudo dormir. A las 2:00 am manifestantes del sector tocaron el timbre de su casa mientras gritaban pidiendo auxilio.

“¡Bajen, bajen qué mataron a Maholy!, gritó uno de los muchachos”, cuenta Yusmary. Apenas vio la sangre en las manos de esos muchachos levantó a sus demás hijos y corrió hasta el sitio. La escena que imaginó no se compara a lo que vio cuando halló a su hija tirada en el suelo boca arriba y sin vida.

Stefany nunca culminó sus estudios universitarios como tenía previsto para este año. Ella quería ser docente. Su madre explicó que la joven postergó su formación profesional luego de tener a su segunda hija, a los 18 años. Apenas tenía dos semestres en la universidad.

“A ella la conocía todo el mundo”, dijo uno de los muchachos que protestó junto a Jajoy. Y agrega que Stefany era muy popular por su personalidad extrovertida. En 2017 fue despedida de su trabajo en una pollera del sector, luego que anunciaran el aumento de salario mínimo. Ante la imposibilidad de pagar la universidad donde estudiaba Stefany se dedicó a ser ama de casa y trabajar con su madre.

Las otras heridas

Los informes que documentan las heridas sufridas por Stefany discrepan entre sí. La familia asegura que vio y palpó los cuatro impactos de bala que recibió por la espalda, como parte de la arremetida de los funcionarios de las FAES, que presuntamente iban acompañados con “colectivos” que operan en la zona.

“Los muchachos me dijeron que fueron las FAES y no lo dudo. Ellos actúan así”, detalló Natera, quien describió que los oficiales estaban vestidos completamente de negro y usaban máscaras. “Stefany corrió, pero los del FAES le dispararon en la espalda”, asegura Yusmary Natera.

Unas horas antes de que asesinaran a Stefany, uno de los jóvenes que también participaba en la protesta contra Maduro fue herido de bala, justo cuando los funcionarios del FAES irrumpieron en el barrio y arremetieron contra los manifestantes. Pero ese joven no falleció.

Después de que Stefany fue abaleada, aseguran testigos consultados por Proiuris que accedieron a suministrar información bajo reserva de su identidad, las FAES se replegaron por varios minutos, los necesarios para que sus familiares llegaran al lugar y cargaran con el cadáver hasta su casa.

 

Videos de lo ocurrido en El Amparo, difundidos por  redes sociales, evidencian que había funcionarios de las FAES reprimiendo a los manifestantes. Los oficiales tenían armas largas y estaban, en su mayoría, encapuchados.

Yusmary Natera da cuenta de otras heridas y teme que no sanaran pronto: “Ahora tengo que cuidar a mis dos nietas. No creo que se vaya hacer mucho, porque los que mataron a mi hija son los mismos policías. En el Cicpc, la última vez que mi esposo fue averiguar cómo iba el caso solo le dijeron: se está investigando. Solo creo en la justicia divina”.

Cantaura, Yumare, El Amparo y ahora El Junquito, por Luis Fuenmayor Toro

OscarPerez-CNN

“Prohibido olvidar” fue el lema escogido por los actuales revolucionarios para referirse a las víctimas de las masacres y asesinatos ocurridos en lo que bautizaron como cuarta república. Recuerdo muy claramente las acciones y movilizaciones del pasado contra actos claros de terrorismo de Estado, cometidos por los gobiernos adecos y copeyanos, y defendidos por sus dirigentes como la legítima acción del Estado contra quienes enfrentaban su poder y actuaban al margen de la Constitución. Hoy, ése es el argumento de Bernal, Cabello e Iris Varela. Se les olvida que Hugo Chávez pudo haber sido acusado de lacra terrorista, pues de sus acciones inconstitucionales se generaron medio centenar de muertos. Sin embargo, el gobierno “derechista, reaccionario y asesino” de Carlos Andrés Pérez, no sólo les garantizó la vida e integridad física a todos los insurgentes (lacras terroristas según la nueva nomenclatura revolucionaria), sino que le permitió a Chávez dirigirse a la nación a través de la televisión.

Participé en numerosos actos públicos, manifesté en las calles de todo el país y firmé decenas de solicitudes y comunicados, en protesta por aquellas aberraciones, además de las desapariciones forzadas de personas, la tortura de prisioneros, las ejecuciones extrajudiciales, confinamiento y aislamiento, allanamientos nocturnos y razias fascistoides, reeditadas éstas con el nombre de operaciones para la liberación del pueblo. Ya en este siglo, sumé mi voz a quienes, desde dentro y fuera del proceso bolivariano, denunciaron la complicidad del gobierno de Hugo Chávez con Rodríguez Chacín y Cordero Lara, militares involucrados en las masacres de Cantaura y El Amparo, respectivamente, quienes no sólo gozaron de total impunidad, sino que fueron elevados a altos cargos gubernamentales nacional y regionalmente. No somos ambivalentes, ni practicamos solidaridades automáticas, ni estamos entre quienes sólo ven la viga en el ojo ajeno. “Prohibido olvidar” olvidó investigar la conducta de estos militares, por ser chavecos.

Es inaudito y perverso que un gobierno que se dice defensor de los derechos del pueblo y que ha basado toda su propaganda y acciones en función de un cambio radical de conducta en relación con las desplegadas por los gobernantes del pasado, termine comportándose peor, en forma más siniestra y bárbara, en todos los órdenes sociales y particularmente en el trato cruel dado a quienes lo enfrentan en distintas formas. Hacer alarde de la actuación asesina de paramilitares delincuentes, en las acciones desmedidas contra el grupo insurgente de Oscar Pérez, es más que aberrante y vergonzoso. Llamarlos héroes revolucionarios es dantesco. No se puede matar al enemigo vencido, mucho menos ajusticiarlo después de capturado. Pobre patria si estos son los héroes que la van a seguir dirigiendo. A las masacres de Cantaura, Yumare y El Amparo, se une hoy el nombre de El Junquito, con el agravante de que en ésta última, la alta jefatura del Gobierno ha señalado estar orgullosa de su ejecución, algo nunca visto anteriormente.

Humano Derecho: con la película venezolana El Amparo

En este Humano Derecho el protagonista es el cine venezolano. Conversamos con Rober Calzadilla y Karin Valecillos, director y guionista respectivamente de la película venezolana “El Amparo”, la cual antes de estrenarse en el país esta participando en certámenes internacionales como el de San Sebastián (España).

“El Amparo” es un largometraje que recrea el caso de los 14 pescadores asesinados en 1988 en la frontera venezolana, que fueron mostrados a la opinión pública como miembros de un grupo subversivo. El testimonio de los dos sobrevivientes refutó la versión oficial, convirtiendo el hecho en una de las violaciones emblemáticas de derechos humanos de la década de los 80’s. La película es un homenaje al valor de la gente sencilla, que en momentos límite da sentido a las palabras justicia y dignidad. Calzadilla y Valecillos relatan cómo es el proceso de realizar una película, y su opinión sobre el cine venezolano actual.

Humano Derecho también es buena música, de los archivos de @MelanioBar y @fanzinero. Abre la banda venezolana de post punk Agente Extraño y su tema “Letras muertas; siguen los argentinos de Expulsados y su hit “Eso no se hace” y, por último, Pixies estrenando una canción de su nuevo disco “Um Chagga Lagga”.

Humano Derecho es el radio web show semanal que mezcla a la gente que construye país con los sonidos alternativos. Conducido por Melanio Escobar y Rafael Uzcátegui, bajo la producción de Provea y Redes Ayuda. Su sitio web es www.humanoderecho.com

Películas venezolanas competirán en San Sebastián pero no tienen dinero para viajar al Festival

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Por segundo año consecutivo, el cine venezolano tiene representación en uno de los festivales más importantes del mundo, esta vez tres películas participan en distintas secciones del Festival Internacional de Cine San Sebastián, “El Amparo” tendrá su estreno mundial en Horizontes Latinos. Así mismo “La Familia” se presentará en el apartado Cine en Construcción y “Perro Negro” en el Quinto Foro de Coproducción de Proyectos en Desarrollo.

Con el fin de poder asistir a San Sebastián el equipo de El Amparo realiza un crowdfunding para los boleto de los actores, en Indiegogo: https://www.indiegogo.com/projects/cine-venezolano-en-san-sebastian-film-cinema#/

La ópera prima del director Rober Calzadilla, “El Amparo” competirá en la sección Horizontes Latinos, este, es el primer largometraje producido por “Tumbarrancho Films” y “Películas Prescindibles”, . El guión de Karin Valecillos es una adaptación de la obra “Sobrevivientes 29/10/88”, inspirada en los hechos del Amparo sucedidos en el estado Apure- Venezuela en octubre de 1988, texto representado en las tablas anteriormente por la compañía Tumbarrancho Teatro. “El Amparo” es una producción de Marianella Illas y Rubén Sierra, quienes tienen varios años posicionando proyectos venezolanos en los mercados y festivales más importantes del mundo.

En la película destacan las actuaciones de Giovanny García, Vicente Quintero, Samantha Castillo, Rossana Hernández, Aura Rivas, Pancho Salazar, Luis Domingo González, Vicente Peña, Jesús Carreño, Tatiana Mabo, Patrizia Fusco, Dixon Dacosta, Ángel Pájaro, Jesús Delgado, Diego Guerrero, Roso Arcia, Sainma Rada. La misma,  fue filmada en El Yagual, Estado Apure y contó con el apoyo y la participación activa de sus pobladores, quienes también actúan en el film.  La dirección de fotografía es de Michell Rivas, la edición de Gustavo Rondón y Mariana Rodriguez, la dirección de Arte de Matías Tikas y en el sonido Francisco Toro y Marcos Salaverría, recientemente galardonado con el Premio Platino por su trabajo en “El Abrazo de la Serpiente”.

En el apartado Cine en Construcción, el largometraje “La Familia” del director Gustavo Rondón, producida por Natalia Machado, Marianela Illas, Rubén Sierra y Rodolfo Cova se proyectará ante profesionales de la industria cinematográfica mundial y optará por premios para su culminación. Este proyecto ha recibido el respaldo de numerosas plataformas de desarrollo internacional, como el Programa Ibermedia. el Fondo de Desarrollo de Guión del Festival de Amiens, Francia.Participó en el Talent Project Market de la Berlinale 2014 y en el prestigioso programa La Fabrique du Cinema du Monde. “La Familia” fue rodada en Caracas y cuenta con las actuaciones principales de Giovanny García y Reggie Reyes. La fotografía está a cargo de Luis Armando Arteaga, El sonido de Marcos Salaverría, la dirección de Arte de Matías Tikas.

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La tripleta la completa el primer largometraje de George Walker Torres “Perro Negro” presente en el Quinto Foro de Coproducción Europa- América Latina. El proyecto, que se encuentra en su fase de escritura de guión ya cuenta con el respaldo del Festival de San Sebastián la haber sido uno de los 16 seleccionados entre las 194 propuestas que se presentaron. “Perro Negro” es una producción de Cine Cercano, nuevamente la dupla conformada por Marianella Illas y Rubén Sierra, en coproducción con Francia y Brasil.

La participación de estos  proyectos, en tan importante justa internacional es la muestra de la consolidación de nuestra cinematografía, luego del impulso logrado por sus antecesoras “Azul y no tan Rosa”, “Pelo Malo” y “Desde Allá”.

En los últimos años, se ha formado un equipo integrado por profesionales interesados en intercambiar ideas, opiniones y apoyar cada una de las iniciativas que ahora son una realidad. Encontrando a base de trabajo un espacio tanto en el cine latinoamericano, como mundial mostrando nuestra realidad desde lo humano, demostrando que tenemos buenas historias para contar, recibiendo así el interés en lo que está haciendo Venezuela en materia de cine.

* Con información de nota de prensa

El Amparo, Ayotzinapa y Tumeremo: sangre e hipocresía por Alejandro Armas

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“Tumeremo” es una palabra que quizás no expresaba nada para los caraqueños hasta hace dos semanas, excepto para los habitantes de la urbanización El Cafetal, donde una calle lleva ese nombre. Es una verdadera pena que de la noche a la mañana, hace dos semanas, el término se haya integrado al habla coloquial capitalina, y a la de toda Venezuela, con semejante carga negativa. Hay tantas, tantas cosas malas sobre Tumeremo que nos estremece hasta el fondo del alma a nosotros, los habitantes de la ciudad más sórdida del mundo.

Capital del municipio Sifontes, estado Bolívar, es una localidad de 50.000 personas, y un porcentaje alarmante de ellas vive de una actividad ilegal: la extracción irregular de minerales, sobre todo oro, en las minas cercanas. Este oficio daña el ambiente y perjudica la salud de quienes se dedican a él, debido al uso de mercurio para separar de impurezas el metal precioso.

¿Se les puede considerar por eso maleantes de la peor calaña? Antes de emitir un juicio al respecto cabe considerar que en Tumeremo hay pocas formas de ganarse la vida que permitan ingresos superiores al salario mínimo, a la vez que prácticamente todo es más caro que en Caracas. Pero apenas un gramo de oro se cotiza en Bs 30 mil, y en un buen día los mineros pueden obtener hasta cinco gramos.

Los que sí aparecen fácilmente retratados en el anuario del malandraje criollo son los que están al mando de estas operaciones. La falta de autoridades del Estado ha permitido que la extracción aurífera ilegal no solo se desarrolle, sino que además lo haga bajo el control de verdaderas mafias armadas que imponen su voluntad con un régimen de violencia y terror. No se limitan de dominar el comercio del metal y someter a los mineros a condiciones laborales de esclavo cuando les viene en gana. Tras copiar las prácticas de los “sindicatos” de Ciudad Guayana, su abanico de operaciones incluye extorsión, homicidios y, probablemente, la explotación de las mujeres que se prostituyen en las minas.

Todas estas desgracias salen a la luz por una todavía mayor: la masacre de un grupo de mineros como resultado del pleito entre dos de las bandas criminales. Hasta ahora el Ministerio Público ha hallado 17 cadáveres, pero persisten las denuncias de que los asesinados fueron 21, o hasta 28. La fiscal general no se explica que todavía haya personas que aseguren tener familiares entre las víctimas, sin formalizar el reclamo ante su despacho, a pesar de que el mismo mantiene un récord de más de 90% de homicidios impunes. La impotencia se combina con el terror, el pánico a recibir represalias por parte de los maleantes… o los cuerpos de seguridad. Algunos señalan a agentes del Cicpc de estar involucrados en la hecatombe. La desconfianza hacia este organismo es tal que los pobladores han exigido su retiro de la zona.

Al momento de encontrarse los primeros restos, si las expresiones de repudio al gobernador de Bolívar hubieran sido lluvia, la represa de Guri se habría rellenado en unos instantes y hundido el riesgo de colapso eléctrico. Esto se debe a que la primera reacción del mandatario regional, Francisco Rangel Gómez, al conocerse la tragedia más de una semana antes, fue negar de plano que hubiera habido cualquier masacre. En vez de jugar posición adelantada, pudo haber hecho un llamado a la calma y pedir a las autoridades nacionales de inmediato su colaboración en el esclarecimiento del suceso. Pero, no. Como la denuncia se canalizó primero por boca de un diputado a la Asamblea Nacional opositor, Rangel Gómez de inmediato la desestimó como “politiquería para generar zozobra”.

En los medios del Estado se hizo eco de inmediato a la versión del gobernador, y hablaron de una “masacre virtual”. Una cobertura curiosa, sobre todo si se la compara con la que hicieron de la desaparición de los 43 normalistas en la localidad mexicana de Ayotzinapa. En esa ocasión se hizo una furibunda crítica por el fracaso de las autoridades locales en garantizar los Derechos Humanos de sus ciudadanos. Cabe recordar que por este caso, el gobernador del estado de Guerrero, donde ocurrió el horror, renunció al cabo de un mes. ¿Pudiera esperarse lo mismo de Rangel Gómez?

Sus correligionarios en el hemiciclo no ayudaron a enmendar las cosas. Cuando la MUD llevó al asunto al debate parlamentario, los diputados rojos se mostraron sobre todo irritados por lo que, a su juicio, fueron los intentos de la otra bancada por usar la desaparición de unas personas como campaña para acabar con los planes del Gobierno de explotar junto con empresas extranjeras las riquezas del llamado “arco minero”. Al parecer al oficialismo, que se proclama defensor a ultranza de los humildes y patriota frente a intereses foráneos, en realidad le importa más cómo piensen de él unas trasnacionales que el destino de unos empobrecidos trabajadores venezolanos.

Como el problema persistió, se hizo un cambio de estrategia. La periodista Laura Helena Castillo, de quien tengo el gusto de haber sido alumno, observó que si el Gobierno reconoció las muertes, es porque ya había decidido a quién culpar, de manera que su imagen se viera afectada lo menos posible. En vez de admitir el dominio hamponil en la zona, Maduro y el ministro González López apuntan a “paramilitares” colombianos que operan con fines políticos.

Tal vez sea cierto que el cabecilla de la banda responsable de la masacre es un ecuatoriano que en su juventud ingresó a las filas de irregulares de derecha en Colombia. Pero sus actividades en Venezuela sugieren un interés único en el lucro con oro, en vez de conspirar contra Maduro. Y si fuera cierto que comanda un grupo armado neogranadino con fines políticos, pues peor aún. Porque no estamos hablando de Guasdualito, ni de Machiques. Hablamos de la parte más oriental del estado Bolívar y del país, casi llegando al Esequibo. ¿Cómo permitió la FANB que estos “paracos” penetraran territorio venezolano hasta llegar al área más alejada de la frontera con la hermana República?

El pretexto oficial, si quita responsabilidades de acción, establece otras de omisión. Hay que insistir en el hecho de que van al menos 17 muertos. Obviando al “Carazazo”, ya es la segunda masacre más sanguinaria de nuestra historia contemporánea, y si se confirman al menos siete cadáveres más, superará a Cantaura (1982).

Sobrepasó por tres caídos la matanza de El Amparo, ocurrida en 1988 en el Alto Apure. Si su memoria está un poco cansada o perezosa hoy, le recuerdo que en aquella ocasión, un componente militar y policial, el infame Componente Específico José Antonio Páez (Cejap), asesinó a 14 pescadores. Los perpetradores quisieron hacer ver que atacaron a un grupo de guerrilleros colombianos, mentira grosera. Bien haya sido un error garrafal o algo mucho más siniestro (se ha hablado de la simulación de un combate para justificar la adquisición sobrefacturada de armas por los propios militares), el hecho llevó a una condena al Estado venezolano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los gobiernos de Caldera y Chávez tuvieron que pagar indemnizaciones a los sobrevivientes y familiares de las víctimas.

No obstante, la acción redentora de ahí no pasó, porque los responsables han permanecido en libertad. Una vez en el poder, el chavismo se comprometió a terminar de hacer justicia con una “Comisión de la Verdad” que investigue las violaciones de Derechos Humanos entre 1959 y 1999. Hasta ahora eso se ha quedado sobre todo en propaganda, y llama la atención la selectividad con la que las autoridades han procedido a señalar culpables. En el caso de El Amparo, las acusaciones contra el entonces jefe de operaciones de la Disip, Henry López Sisco, han estado a la orden del día. No ha sido igual con otro supuesto  involucrado, Ramón Rodríguez Chacín, hoy gobernador de Guárico. Y ojo, no se trata de defender a uno y acusar al otro, sino de llamar la atención sobre el peculiar criterio con el que se ha manejado el caso.

De todas formas, el chavismo se ha presentado siempre como la garantía de que masacres como aquella no se repetirán jamás. Pero siguen ocurriendo, y el empeño por no reconocer la negligencia del Estado es insólito. Pocas horas después de que se anunciara el descubrimiento de los cadáveres, Maduro se encadenó. Si uno no lo conociera, esperaría un breve y solemne mensaje de condolencia a los familiares de las víctimas y compromiso por aprehender a los culpables. En vez de eso, el mandatario rio y bailó al ritmo de una jota oriental, nos dibujó un fantasioso presente de felicidad y abundancia (que, según él, solo los locos o los apátridas no divisan) y aseguró que Obama estaba “derrotado y fuera de Latinoamérica” (a pocos días de la histórica visita del estadounidense a Cuba, mientras Nicaragua redobla su compra de petróleo gringo ante una alicaída exportación venezolana). Como si no acabara de confirmarse una horripilante matazón que enlutó a todo el país. No, esas cosas no pueden afear la imagen de la patria en “revolución”.

Tumeremo da tantas razones para protestar, para exigir rectificación, para corregir errores. Los vecinos de esa calle en El Cafetal, terruño de la estereotípica doña opositora, podrían elevar el mismo grito que los del pueblito que le da nombre a su pavimento. Justificación no falta ante esta historia manchada de sangre e hipocresía.

@AAAD25

 

5 masacres que mancharon el rostro democrático de Venezuela

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Desde 1982 hasta la presente fecha, en Venezuela se han registrado cinco masacres en distintas zonas del territorio nacional y con un saldo de víctimas diferente en cada escenario. Estos hechos ocurrieron durante los gobiernos de distintos presidentes, unos copeyanos. otros adecos y otros chavistas. Pareciera que ninguna gestión democrática, de la ideología política que sea –izquierda o derecha– ha estado libre de estas violaciones de Derechos Humanos.

La primera de estas ocurrió en la ciudad de Cantaura, en el estado Anzoátegui, el 4 de octubre de 1982, época en la cual gobernaba Luis Herrera Campins. En esta ocasión hubo 23 víctimas pertenecientes al grupo del Frente Guerrillero “Américo Silva” del partido Bandera Roja. En esta masacre participaron seis organizaciones del Estado: Ejército Nacional de Venezuela, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ), Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).

 

 

 

En el estado Apure, específicamente en El Amparo, 14 pescadores fueron asesinados el 29 de octubre de 1988, cuando Jaime Lusinchi era el presidente de la República. Militares del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP), el General Humberto Camejo Arias, el Coronel Enrique Vivas Quintero –ambos pertenecientes al CEJAP– y el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, Henry López Sisco, fueron los cuerpos policiales que participaron en esta masacre. Ramón Rodríguez Chacín, uno de los hombres de confianza del expresidente Hugo Chávez, también participó en esta masacre. Fue ministro de Interior y Justicia y, en la actualidad, es el gobernador del estado Guárico.

 

 

El 22 de septiembre de 2009, durante el gobierno de Hugo Chávez, efectivos de la Policía Metropolitana (PM) cometieron una masacre que acabó con la vida de 10 personas que, presuntamente, pertenecían a una banda delictiva que operaba en distintas zonas de la parroquia El Valle. El hecho ocurrió en el Barrio “El 70”.

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En Yumare, ubicado en el estado Yaracuy, funcionarios de la DISIP, bajo el mando del ya mencionado Henry López Sisco, asesinaron a nueve dirigentes sociales tras confundirlos con un grupo guerrillero. La masacre ocurrió el 8 de mayo de 1986, también bajo el mandato de Lusinchi.

 

 

 

Otra masacre que se registró bajo el mandato del expresidente Chávez fue la que ocurrió en el Municipio Raúl Leoni del estado Bolívar. Un grupo de 10 militares del Teatro de Operaciones número 5 (TO5) asesinó a seis mineros en el sector de La Paragua, en lo que se conoce hoy como “La masacre de La Paragua”. El hecho ocurrió el 26 de septiembre de 2006 y estos 10 funcionarios fueron condenados más de un año después, el 18 de diciembre de 2007, según reseñó El Universal.

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El viernes 4 de marzo de 2016, 20 años después de los sucesos de Yumare,  habría ocurrido la que podría ser la mayor masacre de la historia democrática de Venezuela. En Tumeremo, estado Bolívar, habrían sido asesinados 28 mineros en una presunta acción conjunta de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y bandas delictivas.