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#CrónicasDeMilitares | Las elecciones para el Congreso de Angostura fueron controladas por el ejército
¿Cómo hacer unas elecciones parlamentarias en 1819, con el país en guerra y las tropas realistas dominando la mayoría del territorio? Bolívar acude al Ejército. Lo cívico depende ahora de lo militar…

 

@eliaspino

¿Cómo hacer unas elecciones parlamentarias en 1819, cuando el país está en guerra, y cuando las tropas realistas dominan la mayoría del territorio? Después de la superación de numerosos escollos, Bolívar se empeña en la fundación de instituciones modernas que le den plataforma sólida al proyecto republicano y al poder que ya ostenta. Controlado el mando de las huestes y manejable la situación del Oriente del país después de la invasión de Los Cayos, resuelve convocar un parlamento constituyente en Angostura. La credibilidad de la asamblea depende del ejercicio de la soberanía popular, un principio aceptado como fundamental desde 1811, pero también de lograr que esa soberanía se exprese sin provocar dudas.

No solo debe enfrentar a las fuerzas del general español Pablo Morillo, numerosas y bien dotadas, sino también a sus rivales del lado revolucionario. Un congreso capaz de crear nuevas instituciones acrecentaría su liderazgo ante los enemigos realistas y frente a los émulos del bando patriótico, por una parte; pero, igualmente, cambiaría el carácter del conflicto debido a la introducción del manual moderno de cohabitación que se echaba en falta. Para concretar el plan en una situación que apenas domina, el Libertador acude al único elemento confiable que puede manejar con tranquilidad relativa, y que puede influir en las comunidades en las cuales está asentado: el Ejército Libertador. Veremos de seguidas el Reglamento de Elecciones para el Congreso de 1819, en el cual se entrega el control del proceso electoral a la decisión de los hombres de armas.

Es un reglamento largo y meticuloso, de cuyo contenido se verán ahora los aspectos relativos a la puesta en marcha del proceso electoral y a su supervisión. Se trata de los siguientes fragmentos:

En cada división del Ejército Republicano será el Jefe de ella el comisionado para la convocación de sufragantes y demás que se expresará. (…)

Los jefes de cada división por sus propios conocimientos, y por el informe que adquieran de personas idóneas, se certificarán de los que existan al alcance de su mando con derecho de elegir; y de todas ellas formarán listas por el orden alfabético, con expresión de su naturaleza y vecindario, estado y edad. (…)

No pudiendo practicar por sí mismos esta averiguación, el llamamiento de los sufragantes, la presidencia del concurso de ellos y la recolección de sus votos, substituirán estas funciones en los oficiales más aptos. (…)

Si por las circunstancias en que a la sazón se hallare el Jefe o su División, creyere incompatible con ellas el llamamiento y concurrencia simultánea de todos los electores, los irá llamando o haciendo comparecer ante sus comisionados por el turno y orden que le parezca más conveniente, a fin de que cada uno vote lo más pronto posible, y sin mengua del servicio. (…)

Cada sufragante ha de estar bien advertido de que viene a elegir por sí mismo, y no por medio de otros electores, el diputado o diputados que tocaren a su división.

Será también advertido de que el acierto o  desacierto en la elección, depende la dicha o desdicha del país, y de que la Diputación, cualquiera que sea el lugar y cuerpo de donde ella resulte, no es para ninguno en particular, sino para la extensión de Venezuela. (…)

En cada una de las divisiones militares y provincias comprendidas en este reglamento, se verificará el escrutinio, comparación y cotejo de los votos, y se tendrán por elegidos para representantes los que hayan reunido a su favor la mayoría del número total de electores y para suplentes suyos, los que se hayan acercado más a esta mayoría. (…)

Concluida la recolección de votos en cada parroquia, el comisionado de ella la remitirá luego al Jefe de provincia o división encargado del escrutinio, comparación y cotejo de sufragios, a que pertenecieren los sufragantes parroquiales.

Se ha copiado una cita extensa, para que puedan calcular la profundidad y la minuciosidad del control que ejerce el ejército sobre los ciudadanos que deben enviar diputados a Angostura. De acuerdo con las órdenes del Consejo de Estado, dispuestas el 17 de octubre de 1818, se trata de un proceso que depende de  oficiales armados desde el momento de su inicio  y hasta la comunicación de los resultados. O desde sus vísperas, debido a que deben hacer los llamamientos con anticipación y disponer de los lugares en los cuales se realizarán las votaciones. Más todavía: pueden entrometerse en la decisión de los electores cuando deben explicarles cuando el voto es bueno para la república y cuando no lo es, de acuerdo con las indicaciones del Reglamento.

Hay constancia documental de que los factores escogidos cumplen su cometido (Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX. Textos para su estudio, Caracas, Presidencia de la República, tomo 3, 1970). Es evidente cómo Bolívar cumple el propósito electoral con el auxilio esencial de los cuarteles, o sea, con la asistencia de la única organización disponible para un designio de envergadura en una situación amenazada por los realistas. Lo cívico depende ahora de lo militar debido a una necesidad, se advierte una conjunción que se debe observar con entusiasmo en medio de las limitaciones que todavía entorpecen el establecimiento republicano; pero que también puede depender de los intereses que el segundo elemento imponga sobre el primero. El no detenerse en tal posibilidad sería demasiado ingenuo.

#CrónicasDeMilitares | El ejército puede ser muy peligroso, afirma el general Soublette
«El soldado, a quien se dan todos los medios de ofender, debe sentir un freno más pesado para no hacerse nocivo a la comunidad que le arma en su defensa”, advierte Carlos Soublette en 1827

 

@eliaspino

Como secretario de Guerra y Marina de Colombia, el general Carlos Soublette presenta ante el Congreso la Memoria de su despacho, el 16 de febrero de 1827. Es una noticia pormenorizada de los asuntos de su incumbencia, después de que se ha fortalecido la república debido a los éxitos en el campo de batalla. Estamos ante suculento menú de informaciones, pero ahora solo nos ocuparemos del análisis que hace sobre la naturaleza del ejército y de sus vínculos con la sociedad. La descripción de la trascendencia del cuerpo armado, y de cómo puede determinar la vida de las personas comunes, es un asunto que no solo refiere a los problemas de su tiempo sino también a los que se presentarán en el futuro. De allí que convenga enterarnos de un punto de vista que seguramente ignora la mayoría de los lectores.

Veamos cómo describe Soublette, desde su autorizada atalaya, a un cuerpo que ha logrado el triunfo sobre los realistas y del cual depende la estabilidad de Colombia. Dice ante los representantes del pueblo:

Los individuos que componen el ejército permanente han perdido el goce de sus derechos naturales, ya sea por el tiempo que la nación les exige servicio personal en las filas, o ya por el que quieren comprometerse voluntariamente más allá de aquel término. Si se me pregunta en qué se funda esa aserción, responderé que en la naturaleza de las cosas; pues así como el hombre sacrifica una parte de su libertad en beneficio del buen orden social, y en aumento de su propia seguridad, así el soldado, a quien se dan todos los medios de ofender, debe sentir un freno más pesado para no hacerse nocivo a la comunidad que le arma en su defensa.

Como se ha visto, establece una distinción entre los miembros del ejército y los integrantes de la comunidad civil, sin dejar de señalar la preeminencia de la segunda sobre el primero debido a que le concede autoridad para que la proteja, debido a que le entrega armas para su conservación. Pero, a la vez, llama la atención sobre la pesada carga de los soldados, si se compara con las obligaciones del resto de la ciudadanía. Ya asoma una distancia de entidad entre las dos partes del todo colombiano, que se hace mayor cuando se detiene en el punto crucial de la posesión de fuerza para un predominio que puede ser peligroso. Es ahora cuando aborda el asunto que debe conducir a mayor preocupación. Veamos:

(…) Las leyes penales, la suma de autoridad y los medios de coacción que bastan para gobernar y contener a cien mil personas diseminadas en una provincia, distribuidas por familias y entregadas a las pacíficas ocupaciones de la vida civil y campestre, serían nulos para conducir a mil hombres reunidos en un cuartel y dedicados por el oficio a estudiar el uso de sus fuerzas individual y colectivamente. Diferencias esenciales distinguen, pues, el ejército de la sociedad; esta se halla habitualmente inerme, y aquel constantemente armado; los miembros de la segunda aislados para ofender y defenderse, y el militar reconoce una bandera, y forma una masa organizada con todos los compañeros que le rodean; el ciudadano que no pertenece a las filas, jamás recibe órdenes que le comprometan a hartas penalidades, o que pongan en inminente riesgo su existencia, y al soldado se le previene arrostrar todas las miserias y presentarse diariamente a la muerte; el contacto del particular con el magistrado, es las más veces buscado por el primero, de modo que la autoridad apenas se deja sentir, al paso que el deber de la obediencia ha de ejercitarse en la milicia sin intermisión y sin excepción. Así no hay duda en que el ejército con una pesada carga de obligaciones incomparablemente mayor que la que gravita sobre el pueblo, tiene en su mano medios mil veces más eficaces para rehusarla o sacudirla.

La descripción lo lleva  a una conclusión contundente que no puede pasar inadvertida para los destinatarios del mensaje, pero también por quienes la conocemos en la posteridad. Agrega, desde su cargo de ministro y oficial del más alto grado, de héroe en numerosos combates:

No tengo escrúpulo en asegurar que vale más carecer de ejército que tener uno en el que se haya perdido el espíritu de subordinación por parte de los que obedecen, y (como un resultado necesario) la firmeza y la confianza por parte de los jefes. Es una verdad confirmada por muchos ejemplos que la tropa en que se relaja la disciplina y se olvida la obediencia, es tan cobarde en el campo de batalla como osada en las plazas públicas, y que cambiando el deseo de combatir por la armonía de resolver de hecho sobre los intereses nacionales, se hace ominosa a su propio país, y despreciable a los enemigos externos. Un ejército en tal estado es peor que inútil y gravoso; es una sedición armada permanente.

Soublette se conforma ahora con reafirmar la importancia de la disciplina en los cuerpos armados, de fortalecer una “aureola de mando” inapelable, sin ofrecer otros pormenores sobre el crucial negocio. Debe tratar numerosos temas sobre el trabajo de su despacho durante un agitado 1826, cuando comienzan movimientos secesionistas que debe manejar con cuidado. Tal vez por esas agitaciones, y por las que puede pronosticar desde su oficina de Bogotá, se atreva a plantear en la principal tribuna pública de la época sus preocupaciones sobre la conducta de los hombres de armas, es decir, sobre los peligros que pueden conducir al descalabro del republicanismo en ciernes.

El contraste que establece entre unos contingentes habituados a la acción y expuestos a la muerte, y un conglomerado cuyos vínculos con la autoridad son más flexibles -o más cómodos, tal vez quiso decir- y la alternativa que sugiere de la imposición de la soldadesca sobre la fuente de su poder, nos introducen en un fenómeno que traspasa los límites del tiempo  en el cual se perfilaba. Que los haya planteado un prócer de su talla, vanguardia en numerosos hechos de guerra, futuro jefe de Estado en Venezuela y promotor de una administración morigerada, hace de su Memoria de 1827 un documento excepcional.

Fallece el general de brigada José Ramón Alfonzo Sayago
La causa de muerte no fue divulgada en la publicación realizada por el Comando Logístico del Ejército. 

En la mañana de este domingo 27 de septiembre el Comando Logístico del Ejército venezolano lamentó la muerte del general de brigada José Ramón Alfonzo Sayago. El funcionario era director del Régimen Especial de Seguridad del Comando General del Ejército Bolivariano. 

«La gran familia logística del @Ej_ClogEjb lamentamos la partida física del GB José Ramón Alfonzo Sayago, quien en vida fuese Director del Régimen Especial de Seguridad del Comando General del Ejército Bolivariano, a su esposa e hijos nuestras palabras de condolencias. Qepd», dice la publicación realizada en la cuenta del comando en la red social Twitter

Crímenes sin Castigo | La tercera vía militar
Dentro de la Fuerza Armada se gestan grupos que acusan a “los políticos” de todas las tendencias por las penurias que pasa la población. La operación Aurora es apenas una demostración de lo que puede suceder.

@javiermayorca

El 22 de diciembre de 2019, un grupo de oficiales subalternos del Ejército acompañado por reservistas de ese mismo componente, pertenecientes a la etnia pemona, asaltó el batallón de infantería Mariano Montilla, en la población de Luepa, estado Bolívar.

La acción fue llevada a cabo en forma incruenta. Los asaltantes, liderados por tenientes del Ejército graduados en la promoción de la Academia Militar en julio de 2012, aprovecharon las horas de la madrugada para sorprender a los guardias de prevención, someter a los soldados y apoderarse del parque de armas.

Según el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, los militares lograron sustraer 131 fusiles AK-103, 9 cañones Carl Gustaf, 5 lanzagranadas MK-15, 5 escopetas Remington, 2 ametralladoras MAG, 209 granadas MK-15, 99 bayonetas fusil AK-103, 3 lanzacohetes, 6 pistolas, además de miles de municiones para todas estas armas.

Una semana después, los oficiales que encabezaron esta irrupción divulgaron un video en Youtube para declarar que esa jornada marcó el inicio de lo que denominaron operación Aurora.

El comunicado fue leído por el teniente del Ejército Josué Abraham Hidalgo. A su derecha en la pantalla aparecía el también teniente Franklin Caldera y del otro lado el oficial del mismo grado Russo Cárdenas.

Todos forman parte de la promoción Coronel Diego Jalón. Sus integrantes fueron los últimos en recibir el sable del entonces presidente Hugo Chávez, quien moriría ocho meses después, en marzo de 2013.

En el comunicado del 28 de diciembre, Hidalgo dijo estar amparado en los artículos de la Carta Magna que abren la posibilidad de hacer uso de la fuerza para retomar el hilo constitucional, ante quienes según sus palabras “tienen secuestrada a la Nación mediante el engaño y la manipulación del pueblo y sus leyes”.

En la misma declaración, los oficiales afirmaron que la crisis venezolana no sería solamente responsabilidad de las decisiones del gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

“Venezuela pasa por momentos difíciles, siendo los políticos los únicos responsables de estos hechos, sumiendo al pueblo en la miseria, para que solo un reducido grupo se enriquezca a costa del ciudadano común”, afirmó el líder del grupo.

Según el general de brigada retirado del Ejército Antonio Rivero, el núcleo de la operación Aurora está constituido por los mismos oficiales de ese componente que encabezaron la operación Espada de Dios, un complot gestado en la principal fuerza militar del país para derrocar a Maduro, y que fue desmantelado en sus etapas iniciales por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar.

Hidalgo Azuaje escapó junto con otros once efectivos militares cuando era trasladado desde el Consejo de Guerra Permanente de Caracas, en Fuerte Tiuna, a la cárcel de Ramo Verde en Los Teques, en noviembre de 2017. Varios de ellos cruzaron la frontera y se quedaron en Colombia. Pero Hidalgo llegó hasta Perú.

Desde ese país, junto con otros oficiales y efectivos de tropa profesional, emitió un comunicado en el que apoyaba la iniciativa de llevar ayuda humanitaria a Venezuela, en febrero de 2019.

Rivero indicó que el distanciamiento del presidente del Parlamento Juan Guaidó (reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países), así como las denuncias sobre irregularidades en el manejo de los fondos destinados a la manutención de los militares que permanecían en Cúcuta en apoyo al diputado, forjaron en los participantes de la operación Aurora la convicción de que se necesita “un cambio generacional en los órdenes militar y político”.

“Ellos no dan su anuencia a Guaidó, y tampoco a Maduro. Van fundamentados en esa posición (…) Creen que (Maduro y Guaidó) son más de lo mismo. Y eso es lo que más temen los políticos”, añadió.

Reagrupamiento

Luego del asalto al batallón Montilla, hubo otros dos enfrentamientos con unidades de la Guardia Nacional y de la policía del estado Bolívar. Un efectivo de tropa murió (Luis Jeanpier Caraballo) y otro fue capturado. Esto posibilitó la detención de otras diecisiete personas, que fueron imputadas por la Fiscalía por los supuestos delitos de conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación para delinquir.

El general retirado de la Guardia Nacional Marco Antonio Ferreira indicó que en este movimiento participan militares del Ejército y también de su propio componente, aunque en menor medida. Los guardias nacionales se habrían unido a Aurora luego de cruzar la frontera hacia Cúcuta.

El 29 de diciembre, los ministerios de la Defensa y Relaciones Exteriores de Brasil emitieron una declaración conjunta para confirmar que dieron refugio a cinco oficiales del Ejército venezolano, que fueron detectados en su territorio del 26 de diciembre. El gobierno venezolano los pidió en extradición, pues asegura que participaron en la incursión en el batallón Montilla.

El comisionado de Seguridad de Juan Guaidó, comisario general Iván Simonovis, advirtió que los oficiales de la operación Aurora “van a continuar sus acciones”, y confirmó que no existe una alianza formal con el grupo opositor liderado por este diputado. Dijo que se trata de un plan ajeno al movimiento del llamado G4, donde participan los principales movimientos opositores.

“Esto es parte del despertar de la Fuerza Armada Nacional. Hay una genética que sigue viva y que se refleja en las acciones de estos muchachos. Son unos combatientes”, dijo.

Aurora fue el tercer movimiento armado contra el régimen de Maduro reportado en Venezuela durante 2019. Los otros dos fueron encabezados por sargentos de tropa profesional de la Guardia Nacional, el 21 de enero, y efectivos de un destacamento del mismo componente, el 30 de abril.

El líder del alzamiento que finalizó en el Escuadrón Montado de Cotiza hizo un llamado a la población en general para que los acompañara en su gesta, y en ningún momento se identificó como alguien cercano a los partidos opositores.

Hubo movimientos previos en el seno de la FAN cuyos exponentes tampoco profesaban simpatía hacia el liderazgo opositor, y desde luego aborrecen al jefe del Estado y a su entorno. Ese fue el caso del grupo liderado por el teniente coronel Igbert Marín Chaparro.

Este oficial fue alférez mayor de la promoción egresada de la Academia Militar en 1999. Quienes lo conocen tienen el mejor concepto de él en cuanto a su preparación académica y logros en el desempeño militar. Su carrera se desarrolló básicamente a la sombra de Hugo Chávez (de quien fue edecán), aunque con notable brillantez. Según el expediente ventilado en este juicio, de haber tenido éxito Marín hubiese encabezado un triunvirato netamente militar que no hacía concesiones a la oposición, y tampoco al oficialismo.

En todos los casos, así como en el de los drones que estallaron en la avenida Bolívar durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, los agentes de la Dgcim intentaron demostrar algún nexo entre estos militares y jefes de los partidos que adversan a Maduro, desde Juan Guaidó hasta Antonio Ledezma y Maria Corina Machado. Pero nunca se logró una evidencia contundente, puesto que el divorcio entre la FAN y los políticos (en especial los de oposición) resulta evidente. Quizá por lo que admitió desde el exilio la diputada Gaby Arellano: “Creo que hemos fallado en nuestro mensaje a la Fuerza Armada”.

Breves

* El último informe de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) salió de la rutina al incorporar una inusitada mención al llamado Cartel de los Soles. Esto resulta por lo menos una sorpresa, pues la JIFE no es un órgano que suela hacer referencias explícitas a grupos delictivos, menos aun si se trata de estructuras que hasta el momento no han sido referidas en ningún juicio o expediente judicial, referido a la violación de leyes sobre asociación mafiosa o delictiva con permanencia comprobada mínima de diez años. Desde la primera década de este siglo, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) instruía un expediente que era conocido precisamente con ese nombre: Cartel de los Soles. El centro de la pesquisa era un grupo de generales de la Guardia Nacional que habían promovido el cese de la cooperación bilateral antidrogas entre EE. UU. y Venezuela. En la lista estaban los oficiales Frank Morgado, Alexis Maneiro y otros. Pero en la medida en que pasaba el tiempo la lista iba cambiando, con lo que realmente no parecía adecuado acudir a la figura de un “cartel” para describir la situación. Muchos de estos oficiales, además, tenían relaciones antagónicas, con lo que realmente no se podía hablar ni siquiera de una estructura consolidada en torno a un negocio ilícito, como sería el tráfico de drogas. Estas circunstancias son bien conocidas en foros internacionales, por lo que la mención en el reporte JIFE (entidad de la ONU encargada de la evaluación del cumplimiento de las regulaciones internacionales en el área de drogas) debe tenerse como la antesala de señalamientos mucho más graves, sobre el presunto involucramiento del gobierno de Nicolás Maduro en el tráfico internacional de estupefacientes.

* La policía judicial ha avanzado en las pesquisas sobre el asalto al buque San Ramón, mientras se encontraba fondeado en las adyacencias de Isla Borracha, el 24 de febrero. En la incursión, los piratas mataron con un disparo en la cabeza al capitán de la embarcación, el colombiano Jaime Herrera Orozco, de 58 años de edad, e hirieron con un golpe al sargento segundo de Guardacostas Freddy José García. Según informe del grupo de Investigación de Homicidios de Cicpc  Anzoátegui, el propósito de la incursión era despojar de sus pertenencias a los once tripulantes de la nave, registrada en Togo. Siete hombres han sido detenidos hasta el momento de la redacción de esta nota, todos venezolanos: el teniente de corbeta Edgar José Amundaraín, de 28 años de edad; los agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Región Oriental, Eliézer Samuel Lagos (28), Néstor José Bastidas (32) y José David Salas Perfecto (26), quien además ostenta el grado de teniente del Ejército; el panadero Josmil José Pérez (32), el pescador Víctor Daniel Maleno (22) y Asdrúbal Ruiz (30). Otros tres individuos solo han sido parcialmente identificados. La embarcación permanecía anclada en ese lugar desde hace siete meses, pues sus tripulantes eran investigados por un supuesto tráfico de combustible. Durante el asalto, los hampones se apoderaron de cuatro teléfonos.

#MonitorDeVíctimas | Hombre comete femicidio en Santa Cruz del Este
Su pareja la sacó a la fuerza de una fiesta y luego la asesinó

Francisco Zambrano @franzambranor / Fotografía Carlos Ramírez 

 

Stefani Katherine Landaeta, de 24 años de edad, estaba en una fiesta en el barrio Santa Cruz del Este, municipio Baruta, el pasado 26 de diciembre cuando su pareja la sacó a la fuerza del lugar donde se encontraba y en la calle le propinó un disparo en la cabeza que le quitó la vida.

Así lo afirmó su padre, Ernesto Landaeta, quien dijo desconocer el nombre del asesino. Solo sabe que le dicen “el bebé”. 

El progenitor dijo que su hija tenía cinco meses de relación con el sujeto que la mató.

Después del suceso, Stefani fue trasladada al hospital Domingo Luciani en El Llanito, pero llegó sin signos vitales.

Stefani dejó huérfano a un niño de 3 años de edad, producto de una relación previa y era la mayor de tres hermanas.

Ernesto Landaeta dijo que el Cicpc anda en la búsqueda del victimario. 

Asesinado teniente del Ejército

Para robarle la moto en la que andaba por El Paraíso, a David Alejandro Yajuris le dieron un balazo en la región intercostal izquierda que le causó la muerte el pasado 26 de diciembre.

Yajuris, de 28 años de edad, era teniente del Ejército, vivía en La Vega y tenía dos hermanos. Según apuntaron familiares, no dejó que le robaran la motocicleta y como pudo llegó al comando de la Guardia Nacional de El Paraíso donde fue auxiliado. Lo llevaron a la clínica de la GNB en el mismo sector, pero falleció.  

 

 

 

Petróleo, oro y alimentos, el verdadero poder de los militares en Venezuela

«¡LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!», hace repetir a sus seguidores Nicolás Maduro. Y estos días en que el futuro de la crisis se juega fundamentalmente en los cuarteles, el oficialismo cuenta con un ingrediente extra para asegurarse la lealtad de los 140.000 militares que tiene el país. El papel preponderante que el chavismo asignó a los uniformados en la economía de Venezuela se vería amenazado en un régimen democrático como el que propone el presidente interino Juan Guaidó.

«A los militares ya no les interesa tanto el poder político de los ministerios como el manejo de las empresas, especialmente en tres actividades que producen divisas: el petróleo, la minería y los alimentos», explicó a La Nación Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, que el año pasado publicó el informe «El entramado de empresas, fundaciones y órganos militares en Venezuela».

La petrolera estatal Pdvsa, que aporta más de 95% de los ingresos del presupuesto nacional, es dirigida desde hace año y medio por un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo, mayor general sin experiencia en la materia.

El segundo rubro es la minería, puesto que Venezuela ostenta una de las reservas de bauxita (de la que se obtiene el aluminio), oro y diamantes más grandes del mundo. La explotación minera está controlada por los militares a través de Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, creada en 2016), presidida por el mayor general Alexander Cornelio Hernández Quintana.

Otra especialista, Francine Jacome, directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, Invesp, indicó que hoy «es mucho más fácil ver en qué sectores económicos los militares no tienen un dominio directo, ya que la mayor parte está bajo su control».

Las áreas económicas que escapan de la administración castrense son «espacios muy limitados que quedaron en manos privadas: comercios, pymes, telecomunicaciones y banca», dijo Jacome. «Pero aun allí existe una supervisión gubernamental permanente y en muchos casos mediante entes controlados por militares en actividad o retirados», señala.

Garantía

La creciente inserción de los militares en la economía marcha coincide con el deterioro de la situación general en los últimos años y la necesidad de garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas (Guardia Nacional Bolivariana, Aviación Militar, Ejército y Armada). Si solo fuera por su salario militar, por ejemplo, un mayor ganaría apenas el equivalente a cerca de 15 dólares mensuales, ingreso que le alcanzaría para mantener a su familia durante tres días.

Así, de la solitaria empresa Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares), fundada en 1975 y dedicada a la fabricación e importación de municiones y armamentos, los militares cuentan hoy con 20 compañías que abarcan desde la siembra y cosecha de granos hasta la fabricación de productos de limpieza, textos escolares y juguetes.

La gran pregunta entonces es si un futuro gobierno democrático podría «desarmar» este entramado para regresar el control de la economía a manos privadas. «Hasta que Guaidó no les ofrezca a las Fuerzas Armadas un plan de futuro no hay posibilidad que reviertan su apoyo a Maduro», estimó San Miguel.

Por su parte, Jacome agregó: «En una transición a la democracia, siempre en el mediano plazo, hay que fomentar estrategias de confianza mutua que permitan el control civil sobre el sector militar».

La especialista estableció además una relación directa entre el creciente papel militar en la economía y el incremento de los índices de inseguridad en el país más violento de América Latina, que el año pasado llegó a 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. «Es necesario que los militares vuelvan a la institucionalidad y el profesionalismo para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza», concluyó.

El dilema militar sobre lo civil, por Asdrúbal Aguiar

VENEZUELA NACE, EN 1811, como una república de ciudadanos. “La idea de un hombre nacido magistrado, legislador, juez, militar o empleado de cualquiera suerte, es absurda”, según nuestro primer texto fundamental. En él se advierte la necesidad de “levantar y mantener ejércitos cuando sean necesarios para mantener la libertad”. “Disminuirlos oportunamente” es el desiderátum.

Lo permanente, tal y como se entiende para la época, son las “milicias”, integradas por ciudadanos, responsables del orden y la tranquilidad públicas. Son el germen de nuestras actuales policías ciudadanas y de la misma Guardia Nacional, hoy transformada en ariete de la constante represión.

Ocurrida la pérdida de la Primera República, declarado formalmente “restablecido el gobierno federal” durante el Congreso de Cariaco de 1817, es cuando Venezuela sabe, por vez primera y casualmente, de gobernantes “interinos”, como lo es hoy Juan Guaidó. Esperan ejercer a cabalidad sus funciones una vez como cese la usurpación española; que sólo será posible – eso lo entienden los congregados – cuando se hagan efectivos el respaldo y la acción militar: “hemos sido restituidos por el eminente General Santiago Mariño […], como 2º Jefe encargado al presente de las riendas del Gobierno”, reza el acta respectiva.

Se explica así, que, al instalarse el Congreso de Angostura en 1819, Simón Bolívar proclame ante los representantes reunidos que en ellos reside la soberanía; pero que los militares y sus espadas son las que “están siempre prontas a sostener su augusta autoridad”.

De tal modo surge como predicado, y para lo sucesivo, la existencia de esos dos mundos separados, el civil y el militar, cuyas realidades propias – así parezca un galimatías – no se alcanzan o justifican aisladamente. Uno y otro se reclaman en reciprocidad, para el sostenimiento de la república.

La condición del presidente como “comandante en jefe de todas las fuerzas de mar y tierra”, quien otorga grados y las organiza y disciplina, viene desde esa fecha; pero no las manda en persona, por disposición constitucional. El Senado es quien le autoriza dar los rangos de coronel “inclusive arriba”, por considerarse, justamente, que, si bien gozan los militares de una condición especial propia a su misión, quedan sujetos, para siempre, a los dictados de la citada soberanía popular.

Adquieren las fuerzas armadas, pues, un carácter permanente. Se les concede fuero especial. Aumentan o disminuyen en tiempos de guerra como de paz, siendo obedientes y no deliberantes por sus finalidades; lo que se extiende como norma a la “fuerza pública”, entre éstas, incluso, a la mencionada “milicia”.

La bicefalia institucional descrita se afirma, en suma. Cada hemisferio cerebral de la república, cabe repetirlo, depende, para subsistir, del otro. Y más allá del juicio de valor que corresponda, en sus grandes trazos se conserva al separarse Venezuela de la Gran Colombia.

La Constitución de 1830 fija, por vez primera, un capítulo particular sobre “la Fuerza Armada”. Pero introduce matizaciones.

A la Fuerza Armada se le integra la milicia nacional, bajo las órdenes del gobernador de cada Provincia. Se dispone como competencia del presidente su “mando supremo”; pero al mandarla directamente y emplearla requiere de autorización previa por el Senado. Y a los jefes militares, mientras ejerzan como tales, les está prohibido ser senadores o representantes.

La polaridad civil y militar y su interdependencia hace parte, por lo visto, de nuestra larga y tormentosa historia de revueltas armadas. Su equilibrio se rompe al empeñarse las espadas en dominar a la república, al punto que los civiles se vuelven militares desde el tiempo de los Monagas.

Llegada la república civil, en 1958, cede la tutela de las espadas y se alcanza una transacción histórica que devuelve a sus orígenes auténticos a los militares, proscribiéndose el ejercicio simultáneo de la autoridad civil y la de las armas. Sólo el presidente de la república, como autoridad civil, comanda en Jefe a las Fuerzas Armadas. Ellas se le subordinan, pero no en lo personal, sino como el punto que resuelve, en cabeza del Estado, el destino de ellas dentro del acontecer de la patria.

Son apolíticas, obedientes y no deliberantes. Y la contrapartida de la neutralidad a las que se les somete, volviendo a la esencia del discurso bolivariano plasmado en Angostura, es la de confiarles “asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución”.

Cabe decir que ese delicado, indispensable, y sabio equilibrio, producto de una larga maduración, quiso romperlo el constituyente de 1999. Más tarde fue prostituido, mediante ley, al hacerse del presidente de la república, inconstitucionalmente, un militar activo. Era lo deseado por Hugo Chávez y lo logra, al sobreponer su realidad de soldado, frustrado por su retiro, a la de jefe del Estado y de gobierno, como autoridad civil, cabe insistirlo.

Esto explica, en buena parte – narco corruptelas castrenses apartes – el fenómeno militarista, de pretorianismo y culto a la personalidad del Comandante en Jefe, entronizado en Venezuela durante las dos últimas décadas.

La república, en consecuencia, es víctima de un espíritu retrógrado. Urge exorcizarla para restablecer su equilibrio cerebral. Para que cese la usurpación. Los militares con futuro y profesionales tienen la palabra. La demandan sus orígenes verdaderos.

@asdrubalaguiar

Ángel Oropeza Oct 18, 2018 | Actualizado hace 6 años
El último santo, por Ángel Oropeza

LO MILITAR TIENE QUE VER FUNDAMENTALMENTE con la defensa de la soberanía y la integridad territorial de un país. Esta es una función no solo importante para cualquier nación, sino merecedora de consideración y respeto. El militarismo, por el contrario, constituye una auténtica perversión social, generadora de repulsión y condena por sus efectos catastróficos sobre cualquier sociedad.

El militarismo es un fenómeno frecuente en países del Tercer Mundo y uno de los síntomas típicos del subdesarrollo. Y esto es así porque en las sociedades modernas, a diferencia de los países más primitivos, nadie discute que la fuerza militar tiene que estar subordinada al poder civil.

El militarismo tiene dos facetas principales. Por un lado, se entiende como la intrusión indebida de las fuerzas armadas en la conducción del Estado. Un país preso del militarismo es uno donde la población es convencida de que la fuerza armada tiene el derecho de tutelar el mundo civil y decidir sobre el destino de los demás.

La segunda faceta es igualmente perversa, porque supone la imposición a la sociedad de los códigos, lenguaje y formas de comportamiento castrenses, donde estos resultan no solo extraños sino inaplicables. En los cuarteles la vida está signada por necesarias relaciones jerárquicas de obediencia y mando. En el mundo civil la convivencia social está caracterizada –y no puede ser de otra manera– por la discrepancia de opiniones y por la heterogeneidad de criterios entre personas iguales. Imponerle entonces los códigos y maneras de actuar y pensar castrenses a esta complejidad social es tan contranatura que solo puede hacerse a través de la represión de unos y la sumisión de otros.

En América Latina el militarismo se ha expresado en gobiernos de distinto signo ideológico: Trujillo, Batista, Stroessner, Pérez Jiménez, Somoza, Perón, Duvalier, Castro, Pinochet son todos ejemplos de esta perversión militarista. Los últimos ejemplos que registra la literatura ocurren en nuestro país, con Chávez y Maduro como lamentables referencias.

El domingo 14 de octubre, el papa Francisco presidió en la Basílica de San Pedro la canonización de un valiente sacerdote, arzobispo de San Salvador, quien enfrentó con fuerza esta enfermedad del militarismo: Óscar Arnulfo Romero. A la edad de 62 años, y mientras oficiaba misa en el Hospital de la Divina Providencia, fue ejecutado por un francotirador al servicio de los violentos de su país. El día anterior a su asesinato, durante la homilía dominical en la Catedral de San Salvador, Romero había lanzado una hermosa y contundente proclama antimilitarista, que hoy resuena con contundente vigencia en esta Venezuela devenida en una inmensa cárcel cuartelaria:

“Quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto, a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles: hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: ‘No matar’. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado… En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡cese la represión!”.

El régimen de Maduro, uno de los prototipos de la moderna represión militarista, o de lo que algunos denominan neogorilismo latinoamericano, emitió a propósito de la canonización de monseñor Romero un cínico comunicado de forzado júbilo. Lo que no dicen es que el último santo de la Iglesia llega a los altares justamente por haber enfrentado hasta con su vida el militarismo represor que ayer sometía a su pueblo y hoy oprime por igual a los venezolanos. Su voz sigue tronando en los cuarteles de quienes sostienen dictaduras: “Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla”…

@AngelOropeza182

El Nacional