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ejecuciones extrajudiciales

Aumentaron las ejecuciones extrajudiciales durante el primer semestre de 2022

Entre enero y junio de 2022, 31 personas fueron víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el Área Metropolitana de Caracas, según la data recabada por el equipo de Monitor de Víctimas.

La cifra representa un aumento en la participación de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en casos de este tipo, en comparación con el mismo período de 2021, en el cual se registraron 25 supuestas ejecuciones extrajudiciales. 

Por otra parte, los casos de letalidad policial, en el primer semestre de 2022, totalizaron 59 víctimas. Este es el resultado de la suma de los 31 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, y 28 hechos correspondientes a presunta resistencia a la autoridad, como define la administración de Nicolás Maduro las muertes que ocurren en operativos policiales.

De esta manera, los casos de muertes a manos de los cuerpos de seguridad bajaron en 13,3 %. Pasaron de 68, en 2021, a 59 en 2022, al comparar el primer semestre de ambos años. 

Aunque las cifras disminuyeron, la mayoría de los homicidios en el Área Metropolitana de Caracas son consecuencia de la letalidad policial. 

Los municipios con más casos de letalidad policial fueron Sucre y Libertador, con 29 víctimas cada uno. Esto representa una reducción en el municipio Libertador, donde 46 personas murieron a manos de la fuerza pública en 2021, y un incremento en el municipio Sucre, donde se documentaron 20 casos en el primer semestre del año pasado. 

Además, los cambios en estas dinámicas pueden atribuirse a la muerte –en supuesto enfrentamiento– de Carlos Luis Revette, alias Koki, uno de los líderes de la megabanda de la Cota 905 (Libertador); y a la persecución a Wilexis Monasterios, alias Wlexis, jefe de la banda más poderosa de Petare (Sucre). 

PNB el más letal

Entre enero y junio de 2022 el cuerpo de seguridad más letal en el Área Metropolitana de Caracas fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 34 víctimas, de acuerdo con la recopilación de datos del Monitor. 

Mientras que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se posicionó como el segundo con más letalidad con 14 muertes en Caracas.

Y el tercer cuerpo de seguridad del Estado venezolano con más registros son las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, con siete víctimas, esto pese a que en el 2019 Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, recomendó a la administración de Maduro disolver este grupo. 

Parroquia Petare en la mira

Petare es la parroquia con más casos de letalidad policial del Área Metropolitana de Caracas, pues se registraron 22 víctimas entre enero y junio de 2022, según la recopilación de datos del Monitor. 

Entre el 31 de enero y el 5 de febrero de 2022 se desplegaron varios operativos de comisiones mixtas en Petare, que dejaron 13 muertos, entre ellos a dos vecinos que recibieron balas pérdidas durante las balaceras y a un adolescente víctima de las bandas delictivas de la zona, que fue degollado porque los delincuentes presumieron que él los había delatado con la policía. 

Presuntamente, el despliegue fue para capturar a los integrantes de la megabanda de Wilexis Monasterios, quien es cabecilla del grupo delictivo que opera entre las zonas 8 y 10 del barrio José Félix Ribas, que presuntamente se dedica a la extorsión, venta de drogas y homicidios.

Los familiares de las víctimas entrevistados por el Monitor de Víctimas aseguraron que en el operativo también participaron, presuntamente, civiles armados, mejor conocidos como colectivos. Testigos indicaron que hombres vestidos de negro se bajaron de vehículos no identificados y dispararon contra los vecinos, sin importar la presencia de menores de edad a plena luz del día.

En el primer semestre de 2021, específicamente en mayo, hubo otro despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado en esta parroquia para capturar a Wilexis, pero no lo hallaron.

Ese mismo año, pero en noviembre, la policía entró nuevamente a la comunidad y según fuentes extraoficiales hirieron al cabecilla de la megabanda pero de igual forma no fue detenido. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, principalmente a hombres jóvenes y en  situación de pobreza. Hizo un llamado al Estado venezolano a observar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, así como a investigar y sancionar esta violación a los derechos humanos.

Disminución de homicidios en Caracas

187 personas fueron víctimas de homicidio en los cinco municipios del Área Metropolitana de Caracas en el primer semestre de 2022, según cifras del Monitor de Víctimas.

Los homicidios se redujeron 28,3 % en comparación con el mismo período del 2021, que registró 261 víctimas. 

Sin embargo, en los primeros seis meses de 2022, aumentaron los hechos relacionados con riñas (20 homicidios), mientras que el año anterior hubo 17.

Las víctimas en casos de robos fueron 20 y en los homicidios que tuvieron como móvil la venganza se registraron 29 personas asesinadas.

Con respecto al primer semestre de 2021, disminuyó la cantidad de víctimas, pues se documentaron 39 asesinatos por robo y 54 por venganza o ajuste de cuentas.

Maltrato infantil 

El 8 de junio Osleyner Ismael Díaz Mejías, de cinco años, fue asesinado a golpes presuntamente por su papá, Alfredo Machado, de 42 años, en Parque Caiza. 

El niño vivía desde hace siete meses con su padre en una zona rural de esta urbanización, porque su mamá tenía su salud comprometida por cáncer y la familia no podía cuidarlo.

Según sus familiares, la víctima tenía hematomas en el cuerpo y en el ojo derecho, además de una herida abierta en la cara. 

En el primer semestre de 2022 se registraron tres víctimas por maltrato infantil, un caso más que en 2021. 

El padre del niño confesó el crimen a las autoridades y está detenido. 

Una vecina de Parque Caixa contó que en distintas ocasiones observó que el niño tenía hematomas en su espalda. En una oportunidad confrontó al padre y él admitió haber lastimado al niño, supuestamente, porque no se comía todo. Este fue el mismo motivo que dio a las autoridades para justificar el homicidio.

Las cifras recogidas por el Monitor de Víctimas dan cuenta de que 13 menores de edad fueron víctimas de homicidio en el primer semestre del 2022. Mientras que en el mismo período del 2021 hubo 21 casos.

Homicidios por género 

172 hombres fueron víctimas de homicidios entre enero y junio de 2022. La mayor cantidad de fallecidos tenían 26 años de edad.

Mientras que 15 mujeres fueron asesinadas en el mismo período de tiempo, cinco de ellas relacionadas a casos de violencia de género. 

Destacaron los casos de cuatro mujeres: dos víctimas de homicidios por robo y dos por ajuste de cuentas. 

@Yohanamarra 

 

Roberto Patiño Ago 10, 2022 | Actualizado hace 2 meses
Diez que son miles

Gráfica: póster del cortometraje Diez que son miles.

“Diez que son miles” es un texto y cortometraje duro y necesario; un llamado de atención a la sociedad y un reconocimiento a las mujeres que han sido víctimas indirectas de los asesinatos extrajudiciales

 

@RobertoPatino

“Te quedas esperando el mensaje de ‘buenos días’, ‘buenas noches’, te quedas esperando todos esos cumpleaños donde no sabes si sumar o restar, no sabes si restas o quitas un año más de vida, o si lo tienes que sumar otro”. Así describe Estrella los meses que siguieron al asesinato de su esposo en manos de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Una vida detenida violentamente y que tiene que aprender a reconstruirse desde el dolor.

A esposo lo ejecutaron en plena vía pública por estar haciendo una carrera a una persona que la policía estaba persiguiendo. Tras detenerlos y matar al pasajero, su marido fue ejecutado para no dejar testigos; la única razón que le dieron fue que hubo un “enfrentamiento”, parte de los argumentos que repiten los funcionarios venezolanos para justificar una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales en nuestro país.

El caso de Estrella es uno de diez que El Monitor de Víctimas de Caracas Mi Convive está divulgando en el trabajo de investigación “Diez que son miles: el impacto de las ejecuciones extrajudiciales en las mujeres de Caracas”, testimonios en primera persona que describen la situación a la que son sometidas las madres, tías, hermanas y abuelas de las víctimas de la violencia de Estado. Una práctica generalizada que busca coaccionar e intimidar a toda la población, pero especialmente a las más vulnerables; una estrategia de gatillos alegres y crueldad policial que ha dejado, entre otras cosas, una estela de familias desgarradas y una sociedad que desconfía de sus instituciones.

Entre mayo del 2017 y septiembre del 2021, Monitor de Víctimas ha logrado documentar 4386 muertes violentas solo en el área Metropolitana de Caracas, de los cuales 1611 asesinatos fueron ejecutados por los cuerpos de seguridad del Estado. La mayoría de ellos: jóvenes entre los 18 y 29 años de edad de tez morena. Lamentablemente basta con ser un chamo moreno, que vive en un barrio de la capital, para levantar la sospecha del funcionario de turno y convertirse en una diana de piel y sangre al que apuntan las armas de asesinos con placas y uniformes.

Pese a todas las denuncias hechas por Organizaciones No Gubernamentales en el terreno y organismos multilaterales, el régimen sigue empeñado en una política de seguridad hecha de espaldas a las comunidades, en un marco de impunidad legal y corrupción de las instituciones. Una política pensada para amedrentar a los ciudadanos, una estrategia que ha dejado familias rotas, huérfanos, terror, estigmas sociales y un ciclo de rencor que aleja cada vez más al Estado de los ciudadanos a los que debe proteger.

Una madre que conserva las manchas de sangre en las paredes de su casa después de que su hijo fuera acribillado por el FAES; una abuela que se niega a reparar las perforaciones de bala que dejaron en su casa los funcionarios policiales para simular el enfrentamiento con el que justificaron el asesinato de su nieto; una esposa que sigue sin saber cómo sumar o restar años al momento de celebrar el cumpleaños de su marido. Son solo algunos relatos que debemos documentar y difundir en un esfuerzo de generar políticas de contención frente a los abusos policiales y como parte de un trabajo que nos permitirá, en un futuro, hacer justicia.

“Diez que son miles” es un texto y cortometraje duro y necesario, un llamado de atención a la sociedad y un reconocimiento a todas las mujeres que han sido víctimas indirectas de los asesinatos extrajudiciales en el país. Por ellas y sus familiares, desde Mi Convive seguiremos trabajando para lograr la Venezuela del cambio en el que la justicia y el estado de derecho, propio de los sistemas democráticos, nos dé garantías para la convivencia pacífica y la justicia

Este es nuestro compromiso.

Pueden encontrar la investigación “Diez que son miles” en diezquesonmiles.com

 

*Cofundador de Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive | rpatino.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Codehciu registró 21 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Bolívar en el primer trimestre del año
La Guardia Nacional Bolivariana fue el organismo que sumó más víctimas 

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) informó que registró 21 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el primer trimestre de este 2022 en el estado Bolívar.

La ONG destacó que en marzo falleció un hombre identificado como Julio José Hurtado Mosquett, mientras estaba bajo la custodia del Estado.

«Murió por complicaciones de salud en el hospital Doctor Raúl Leoni Otero tras ser trasladado por funcionarios de seguridad desde el Centro de Coordinación Policial de Guaiparo en San Félix», indicó Codehciu.

Asimismo, recordó que el pasado 30 de marzo el Diario Primicia reveló que trasladaron al hombre debido a que presentó complicaciones de salud por una úlcera.

«Una muerte potencialmente ilícita o ejecución extrajudicial puede ocurrir de diferentes maneras. Una de ellas se evidencia cuando la persona fallece mientras estaba detenida o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes, según lo explica el Protocolo de Minnesota. Bajo estas circunstancias, son los funcionarios públicos policiales o militares quienes ejercen un mayor control sobre la vida de la víctima», enfatizó la organización.

Ejecuciones en presuntos enfrentamientos

Añadió que, además de la muerte de este privado de libertad, otros 20 hombres fueron asesinados durante presuntos enfrentamientos a manos de cuerpos policiales y militares.

«La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue el organismo que sumó más víctimas durante los primeros tres meses de 2022, según el monitoreo a medios de comunicación regionales hecho por Codehciu», indicó.

Y precisó que efectivos de la GNB estuvieron involucrados en seis presuntas ejecuciones durante actuaciones individuales. A ello, se suman otras seis en actuaciones mixtas junto a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Enfrentamiento en El Callao

«El hecho más violento del trimestre en relación al monitoreo fue un presunto enfrentamiento ocurrido a inicios de febrero en el municipio de El Callao. En este murieron seis hombres por arma de fuego. Supuestamente eran integrantes de la banda delictiva el Perú», denunció la ONG, que agregó que en el hecho estuvieron involucradas la GNB y la Dgcim.

De acuerdo con el reporte, el siguiente órgano policial involucrado en mayores números de ejecuciones en Bolívar fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con tres.

Por último, se registró una presunta ejecución por parte de cada uno de los siguientes cuerpos: el Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipeb), la Policía del estado Bolívar (PEB), la Dirección de Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar (Diepeb), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la PNB (DCDO).

10 víctimas sin identificar

La ONG puntualizó que las 21 presuntas ejecuciones corresponden a 5 de enero, 9 de febrero y 7 de marzo. Y señaló que de todas las registradas en el primer trimestre, 10 no fueron identificadas en los reportes de prensa.

«Se limitaron a publicar la versión del ente policial o militar. Lo que evidencia la falta de transparencia de los organismos, y que en pocas ocasiones los familiares tienen el valor de desmentir o de dar su versión de los hechos», aseguró.

Destacó que Bolívar es el tercer estado más violento de Venezuela, y que a su vez, los municipios más violentos son El Callao, Sifontes y Roscio.

Finalmente, Codehciu exhortó al Estado venezolano a investigar de manera imparcial y eficaz las muertes potencialmente ilícitas.

«Junto a la garantía de la justicia, los familiares de las víctimas también merecen reparación, protección, respeto a su integridad y la no repetición de estos hechos», expresó.

 

DDHH olvidados | “Exigimos al Estado que no se sigan diciendo mentiras de que mi hijo se había asesinado él mismo”
Según testigos, el joven Nelson Arévalo fue impactado en el cuello por un objeto desconocido por parte de efectivos de la GNB durante una protesta en 2017. Sin embargo, la versión oficial sostiene que el joven falleció por manipular un mortero
Después de más de cuatro años de su asesinato, el caso de Nelson Daniel Arévalo Avendaño se encuentra paralizado en el Ministerio Público en fase de investigación

@ValeriaPedicini 

Damarys Avendaño sufría cada vez que su hijo Nelson Daniel Arévalo, el menor de todos, iba a participar en las protestas que se daban en Barquisimeto, estado Lara, en 2017. Para ella era una tortura cada vez que su muchacho de 22 años –a quien habían apodado “Dominic” en “La Resistencia- se iba hasta la ciudad larense a participar en las manifestaciones. 

Varias veces discutieron al respecto, por el riesgo que implicaba involucrarse en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro por la represión de los cuerpos de seguridad del Estado. Recuerda cómo en una de las últimas conversaciones que tuvieron por teléfono, ella le contó lo mucho que le había afectado la noticia de la muerte de Neomar Lander.

Por eso Damarys contaba los días para tenerlo de vuelta en casa, con ella, sano y salvo. “Nunca me entendió. Nunca entendió por qué yo le decía que no y siempre se metió en las protestas desde 2014. Quería que estuviera aquí en Guárico, para que no le pasara nada malo. Siempre temía, porque pasaban muchos asesinatos a cada rato de estudiantes y yo no quería que él participara”. 

El 16 de junio, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, una alerta de Twitter le dio la noticia que tanto había temido: a su hijo le habían disparado en la avenida Hernán Garmendia del este de Barquisimeto.

Nelson Daniel había sido impactado en el cuello por un objeto desconocido, proveniente de una sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), donde funcionarios de la Guardia Nacional (GNB) estaban disparando. 

“El primer tuit decía que a Nelson le habían disparado y que estaba en una clínica. Le dije a mi hijo mayor que averiguara en qué sitio estaba y le di la información a mi hija, que era la única que estaba en Barquisimeto, y le dije que corriera para la clínica”.

Los compañeros de Nelson hicieron lo que pudieron, entre bombas lacrimógenas y disparos, para acercarse al cuerpo del joven y trasladarlo hasta la Clínica Razzeti, ubicada en el centro de Barquisimeto. Los médicos que estaban en ese momento de guardia en el centro de salud lo recibieron, pero ya era tarde: Nelson no tenía signos vitales. 

Ya no había nada que hacer.

“Nos dijeron que nos fuéramos directamente a la morgue. Allí esperamos mucho tiempo. Esperamos dos días para que nos entregaran el cuerpo”, cuenta Damarys a la organización Justicia, Encuentro y Perdón.

La versión del gobierno

Nelson se convirtió en la décima persona que falleció en el estado Lara en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2017. Perteneció al grupo de 38 estudiantes que murieron en ese período en todo el país. En aquellos días cursaba el primer año de Derecho en la Universidad Fermín Toro (UFT) de Barquisimeto, luego de haberse mudado, meses antes, del pueblo agrícola en donde todavía reside su familia: Guárico, al suroeste de la entidad.

El entonces ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, aseguró rápidamente en su cuenta Twitter que Nelson Arévalo “murió al manipular un explosivo de fabricación artesanal (mortero) durante una protesta este viernes en Las Trinitarias, Barquisimeto, estado Lara”. Luego, en un segundo mensaje se leía: “Lamentamos que se sigan perdiendo vidas inocentes y que jóvenes sean manipulados por esta derecha violenta”.

Reverol indicó también que sus declaraciones se daban con base en información de presuntos testigos en el sitio del suceso que afirmaron que “este joven (Nelson Arévalo) se encontraba en una manifestación violenta en el municipio Iribarren, estado Lara, testigos denuncian que el artefacto le explotó encima”. Hoy en día, los comentarios no pueden ser ubicados en el historial de su cuenta.

Sin embargo, la versión de familiares, compañeros en el sitio y testigos, publicada en medios de comunicación, difiere por completo de la presentada por las autoridades. Nelson Daniel Arévalo se encontraba el 16 de junio de 2017, en una manifestación en la ciudad de Barquisimeto, en la avenida Hernán García Garmendia, cerca de la Universidad Fermín Toro, donde cursaba la carrera de Derecho. “Siempre protestaban allí”, acota Damarys. 

Ese día, las protestas comenzaron en la mañana, la GNB las dispersó, pero los estudiantes se activaron de nuevo en la tarde. De pronto, empezaron a escucharse disparos. Varios de los allí presentes afirman que las descargas provenían del edificio del Saime, ubicado frente a la institución educativa, y que en ese momento se encontraba resguardado por el Comando Cruz Carrillo de El Tocuyo.

“Lo que tengo entendido es que los funcionarios que custodiaban el edificio (Saime) dispararon a la manifestación, dispararon muchas veces y le dieron a mi hijo en el cuello, lo que le produjo la muerte casi que instantánea. Es un hecho en el que están involucrados funcionarios del Estado, porque tenemos testigos que han declarado en la Fiscalía que les dispararon desde allí. Nosotros tenemos el resultado de la autopsia y las declaraciones de los testigos que estuvieron allí en la manifestación. Inclusive, los compañeros de estudio dicen que Nelson Daniel ya estaba muerto en el piso y todavía le disparaban”, relata la mujer. 

El resultado de la autopsia que le fue entregado a la familia Arévalo Avendaño establece que el impacto que recibió Nelson Daniel, fue en el lado izquierdo del cuello y salió por la parte de atrás de la clavícula del lado derecho. “El informe que nos dieron en la morgue dice que mi hijo murió por traumatismo raquimedular severo producido por arma de fuego”, afirma Damarys. 

Sin embargo, los familiares también alertaron en su momento que pudieron conocer, por una fuente ligada al Cicpc, que dentro de la institución el diagnóstico que se maneja es: “traumatismo raquimedular severo y blasting pulmonar ocasionado por onda expansiva”, aparentemente, para coincidir con las declaraciones dadas por Reverol sobre el manejo de un artefacto explosivo por parte del joven estudiante.

Nada avanzó

Las horas de espera en la morgue sumaron tensión y desconcierto para Damarys y su familia. Al día siguiente de su muerte, el lugar amaneció tomado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Para la realización de la autopsia fue designada Luz Marina Araujo, fiscal 6ta con competencia en delitos comunes, y posteriormente se incorporó al caso, Carlos Muñoz, fiscal 21 con competencia en Derechos Fundamentales, además de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos del Ministerio Público.

El examen duró más de tres horas y cuando se suponía que el cuerpo del joven estaba listo para ser entregado a sus familiares, el procedimiento no ocurrió, ni recibieron razón alguna para el retraso. Lo que siguió después fue enterarse que el Fiscal 21, también de forma inexplicable, fue removido, quedando solo la Fiscal 6ta a cargo del caso.

Después de más de cuatro años de su asesinato, el caso de Nelson Daniel Arévalo Avendaño se encuentra paralizado en el Ministerio Público en fase de investigación. 

Pese a que la Comisión de la Verdad, instalada por la asamblea nacional constituyente (ANC) se comunicó con la familia de Nelson en dos o tres ocasiones –vía telefónica– con el fin de “buscar la verdad”, los padres desconfiaron de la oferta por considerar que la institución no era imparcial.  

Hasta la fecha no se conoce una versión oficial sobre los acontecimientos alrededor de su muerte, aparte de la versión dada sobre el mortero. Desde la Fiscalía 6ta todo quedó en silencio, no se hicieron más diligencias al respecto y ni siquiera existe ninguna mención a funcionarios involucrados.

“Siempre le dije que ellos tenían las de perder en esas protestas porque estaban luchando contra personas que estaban acostumbradas a matar. Le dije que estaba corriendo mucho riesgo. Creo que fue muy ingenuo, pensó que no le iba a pasar nada. A veces pienso que quien disparó sabía a quién le estaba disparando”.

En la última conversación que tuvieron, esa misma en la que Damarys le alertaba sobre la muerte de Neomar Lander, su hijo le había prometido que se iba a retirar de las protestas, que más bien estaba culminando gestiones en Barquisimeto para un nuevo trabajo al que estaba optando. “No sé si lo hizo para que yo me quedara tranquila. Me dijo que a la siguiente semana venía para quedarse conmigo, mientras lo llamaban. Bueno, me quedé esperándolo. No volvió nunca”.

A sus 56 años, el ánimo de Damarys se sostiene a partir de la vida de sus otros tres hijos y de haber aceptado los ideales de Nelson Daniel: “La lucha de mi hijo, el valor y la valentía que tuvo por el país y ahora, yo llevo esa misma lucha para que se haga justicia con su caso”. 

Se han acercado a algunas ONG, pero no cuentan con un abogado defensor para hacer frente al expediente congelado. “Realmente se ha hecho poco y nosotros todavía estamos esperando que se haga justicia. En el nombre de Dios tenemos la esperanza de que se diga la verdad. Lo que nosotros exigimos al Estado es que se diga la verdad, que no se sigan diciendo mentiras, como dijeron ellos, que mi hijo se había asesinado él mismo”, denuncia Damarys.

El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón 

 

Policías estadales fueron las más letales en Venezuela durante 2021
Aunque el Cicpc está a la cabeza de las ejecuciones extrajudiciales, la suma de las víctimas que murieron a manos de los cuerpos de seguridad regionales lo superan por cinco puntos porcentuales

 

Los cuerpos de policías regionales -en conjunto– fueron los responsables de al menos 426 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante 2021 en Venezuela, lo que los convierte en las fuerzas del Estado más letales del país. La cifra fue revelada por el proyecto de derechos humanos Lupa por la Vida, del Centro Gumilla y Provea, que informó que el año pasado hubo 1414 personas (1620 menos que en 2020) que murieron en manos de los uniformados.

Aunque el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue, en solitario, el que registró el mayor número de víctimas (347, que representan 24,54% del total), las ejecuciones hechas por policías regionales alcanzan 30% de todas las muertes.

A la policía científica le sigue la PNB, con 198 ejecuciones (13,58%)”, indica el informe divulgado este lunes. De estos casos, hay 111 que se atribuyen a las FAES. La Guardia Nacional Bolivariana sumó 152 víctimas (10,75%), mientras que las policías municipales cuentan con 119 homicidios (8%). Otras 139 (10%) personas murieron en operativos de actuación mixtos. 

Según Lupa por la Vida, los cuerpos policiales de los estados Carabobo y Zulia fueron los que sumaron más víctimas. Poli Carabobo mató al menos a 132 personas y desplazó así a Poli Zulia, que registró 94 homicidios. Aragua (55), Anzoátegui (35) y Yaracuy (23) completan los cinco estados donde las fuerzas regionales cobraron más muertes.

Marino Alvarado, de Provea, destacó que la responsabilidad de las muertes a manos de estos cuerpos regionales recae directamente en los gobernadores de cada estado. En este sentido, pidió que se investigara la actuación de Rafael Lacava, en Carabobo, y de, Omar Prieto, ex gobernador de Zulia, en las ejecuciones hechas por las fuerzas de seguridad bajo su mando. Subrayó que en esta última entidad, pese al cambio de gobierno, la letalidad continúa. 

 

 

Menos ejecuciones

«A pesar que hubo una reducción considerable en el número de víctimas con respecto al 2020, cuando se registraron 3034 asesinatos, en el 2021 se volvió a evidenciar de manera categórica que la actuación de los agentes del Estado sigue contrariando las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza y obviando la obligación de proteger la vida de todas las personas. Concluimos que persiste una política estatal de violación sistemática y generalizada del derecho a la vida, patrón de política de Estado que pudiera constituir crímenes de lesa humanidad», apunta el informe. 

El texto también aclara que la disminución de las matanzas por parte del Estado indica que estas cifras pueden bajar si existe voluntad política. “Hay una relación entre los informes de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la baja de las ejecuciones en los meses siguientes”, subrayó Alvarado, quien precisó que el decrecimiento de estos asesinatos comenzó en el trimestre posterior (octubre, noviembre y diciembre de 2020) a la presentación del primer informe de septiembre de 2020. Lo mismo ocurrió durante 2021.

“Esto, por una parte, nos viene a demostrar la importancia que tiene para el país la existencia de una Misión (Independiente) de Determinación de los Hechos (del Consejo de Derechos Humanos) por los informes tan contundentes que publica (…) Pese a las descalificaciones, el gobierno le está prestando parcialmente atención a las recomendaciones y orientaciones de la Misión”, recalcó Alvarado, al tiempo que recordó que en sus presentaciones la  Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo énfasis tanto en la ocurrencia de las ejecuciones como en la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)”.

Precisamente la disminución de la participación de las FAES es un dato que destaca el trabajo de Lupa por la Vida. 

“Ello hace presumir, pues no hay información pública, que este componente de la policía recibió órdenes de limitar su presencia en labores de seguridad ciudadana en zonas populares. Las FAES venían siendo el componente armado del Estado más letal transformado en una maquinaria de terror y muerte contra los más pobres”, reza el texto.

Lupa por la Vida añade que además de la descripción detallada de las actuaciones de las fuerzas militares y policiales en los barrios que se hizo en los informes, se señaló con nombre, apellido y cargo a quienes pudiesen ser los responsables. 

 

 

“Ello está asociado al avance que se produjo en la Corte Penal Internacional sobre la posibilidad de que se pasara a una fase de investigación sobre los más altos responsables de los crímenes perpetrados al menos desde 2017 que obligó al gobierno a tomar medidas en varios ámbitos de la vida nacional. Todos estos factores y el temor de los altos funcionarios del Estado condujeron a disminuir la acción letal de los órganos de seguridad”, resalta la organización.

¿Dónde y cuándo matan los uniformados?

De acuerdo con los números presentados por Lupa por la vida, los estados donde se registraron más víctimas fueron Zulia con 234, Carabobo con 221, Aragua con 158, Anzoátegui con 119, Distrito Capital con 115, y Miranda con 103. En esos mismos estados, además de Lara, están también los municipios con más asesinatos: Libertador (Distrito Capital) con 115; Valencia (Carabobo) con 98; Maracaibo (Zulia) con 94; Iribarren (Lara) con 49, y San Francisco (Zulia) con 44. 

El informe también resalta que hubo al menos 25 intervenciones policiales o militares donde se asesinaron a tres o más personas. Así, recuerdan la masacre de La Vega, Distrito Capital, con 23 víctimas; la de San Juan de Unare, en el estado Sucre, con 17; y la matanza del sector Los Robles, en El Valle, en Distrito Capital, con 12 muertos.

El documento repasa también los momentos en los que suelen suceder las ejecuciones. “Por segundo año consecutivo, los días martes y jueves fueron los de mayor actuación letal por parte de los órganos armados del Estado. Y los días domingos los de menor letalidad. Esto puede estar asociado a mayor cantidad de funcionarios en permiso laboral de fin de semana, incluyendo las cadenas de mando”, dice. 

Las cifras de Lupa por la Vida indican que enero (228) y julio (141) de 2021 tuvieron la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales, justo cuando se practicaron operativos policiales en La Vega y la Cota 905 que dejaron decenas de muertes. Solo los últimos tres meses del año presentaron, cada uno, menos de 100 víctimas, pese a la flexibilización ampliada por la pandemia decretada por el gobierno.

La organización también dibuja el perfil de las víctimas. De las 1414 personas presuntamente ejecutadas, precisaron la edad de 575 víctimas (40,66% del total). “De esas, 395 (66%) son jóvenes entre los 18 y 30 años de sectores populares, lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes. La letalidad policial también segó en 2021 la vida de 13 niños niñas y adolescentes (2%)”, se lee en el documento.

 

 

Lupa por la Vida precisa que dentro del total de muertos registrados hay 117 víctimas que recibieron impactos de bala en el tórax. La organización apunta que ese dato “puede interpretarse” para respaldar que se trató de una muerte por ejecución y no en medio de enfrentamientos. 

La organización lamentó el silencio oficial en torno a las masacres cometidas por fuerzas policiales, en especial las posiciones del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, los cuales no se pronunciaron sobre matanzas como las de La Vega, en Caracas, y El Ripial, en Apure.

Control Ciudadano: Cuerpos de seguridad del Estado mataron a 106 ciudadanos en enero
La mayoría se trata de casos de ejecuciones extrajudiciales

La organización Control Ciudadano aseguró este jueves que en el transcurso del pasado mes de enero, “cuerpos de seguridad del Estado mataron a 106 ciudadanos”, en 17 estados del país.

“Más de tres personas fueron asesinadas diariamente por cuerpos de seguridad del Estado, en presuntos enfrentamientos”, explicó la ONG.

De estos 106, la mayoría se trata de casos de “ejecuciones extrajudiciales”, lo cuales son justificados por las autoridades venezolanas. De acuerdo a Control Ciudadano, con estas ejecuciones, “se violan los derechos a la vida, integridad personal y el debido proceso”.

Asimismo, la organización señaló que las entidades que registraron casos fueron; Zulia, Aragua, Yaracuy, Miranda, Carabobo, Monagas, Bolívar, Barinas, Trujillo, Caracas, Anzoátegui, La Guaira, Guárico, Falcón, Portuguesa, Nueva Esparta y Sucre.

De acuerdo a los datos, los cuerpos de seguridad que responsables de las presuntas “ejecuciones extrajudiciales” son: Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

“En el análisis de los datos procesados, también aparecen las policías estatales de Carabobo, La Guaira, Yaracuy, Zulia y Trujillo involucradas en procedimientos de ‘abatidos’ en enero de 2022, tras presuntos enfrentamientos”, subrayó la ONG.

Control Ciudadano reporta 106 muertes a manos de policías y militares venezolanos durante enero de 2022
Según datos de la ONG, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) cuenta con el mayor número de asesinatos, con 22

La ONG Control Ciudadano informó este jueves, 17 de febrero, que durante enero de 2022, fueron asesinadas 106 personas por funcionarios de órganos de seguridad del Estado y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en 17 estados del país.

A través de un comunicado, la organización detalló que más de tres personas fueron asesinadas diariamente por cuerpos de seguridad del Estado en presuntos enfrentamientos.

También, señalan que Venezuela «parece avanzar» en el desarrollo de una «política de seguridad ciudadana, en la que prefiere ‘ejecutar’ presuntos delincuentes, antes que procesarlos y reinsertarlos en la sociedad».

Además, Control Ciudadano explicó que, en su mayoría, estas muertes fueron «ejecuciones extrajudiciales», con lo que se violan los derechos a la vida, la integridad personal y el debido proceso.

Entre los casos destacan el asesinato de Jackson Eduardo May, de 28 años, ocurrido en Petare, crimen denunciado por su esposa Elena González, el 15 de enero de 2022, quien aseguró que fue secuestrado por presuntos funcionarios policiales, apareciendo posteriormente muerto en la morgue de El Llanito.

La ONG indicó que los estados con más muertes fueron Zulia y Aragua con 18, Yaracuy con 13, Miranda con 10, Carabobo con 9, Monagas con 7, Bolívar con 5, Barinas y Trujillo con 4, Caracas, Anzoátegui, La Guaira y Guárico con 3, Falcón y Portuguesa con 2, Nueva Esparta y Sucre con 1.

 

Los más letales

Según sus datos, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) cuenta con el mayor número de asesinatos, con 22; seguido de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía Militarizada) con 21 y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 19.

En ese sentido, Control Ciudadano hizo un llamado a la Fiscalía General de Venezuela para que en todos estos casos, en procedimientos realizados por órganos de seguridad del Estado y la FANB, se adelanten investigaciones que permitan determinar las responsabilidades.

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Caracas Mi Convive Feb 02, 2022 | Actualizado hace 3 meses
Caracas, la ciudad de los huérfanos
El aumento de las ejecuciones extrajudiciales ha traído como consecuencia el aumento de la orfandad en el Área Metropolitana de Caracas

@miconvive

Los hijos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales se convierten en afectados colaterales, objetos de este delito. Desde ese momento en adelante, su vida se verá obstaculizada con constantes barreras por no contar con la figura de alguno de los padres, sumado a las implicaciones emocionales de tener que lidiar con una pérdida tan trágica. Las relaciones personales, el sustento económico, la confianza en las instituciones de justicia y la escolaridad tienden a ser de las variables más afectadas en el entorno de los niños cuyos padres fueron ejecutados.

Durante el año 2021, Monitor de Víctimas registró un total de 76 ejecuciones extrajudiciales, las cuales han dejado un saldo de 73 huérfanos. Mientras que, en los casi 5 años de trabajo de Monitor de Víctimas, se ha podido contabilizar un total de 1309 jóvenes, menores de 18 años, que han quedado huérfanos a raíz de 984 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

2018 figura como el año en el que más niños quedaron huérfanos por presuntas ejecuciones extrajudiciales, con un total de 382 menores de 18 años huérfanos a raíz de 368 homicidios. Manteniéndose la tendencia de que por cada 10 ejecuciones extrajudiciales hay entre 9 y 11 huérfanos.

La orfandad tiene grandes repercusiones en la vida de los jóvenes. En la mayoría de los casos, los padres ejecutados representaban el único sustento económico con el que las familias contaban en el hogar.

Esto deja a la familia en una situación de crisis, en donde además toca lidiar con todas las repercusiones psicológicas que la ejecución tendrá en ellos.

A esta dura realidad se verá sometido el bebé de 3 años de José Gregorio Clemente. La familia Clemente, compuesta por la víctima, su esposa y su hijo, se encontraba caminando por El Paraíso el 12 de julio de 2021 cuando funcionarios de las FAES dispararon varios tiros dirigidos a sus costillas. Otra víctima inocente del Operativo Gran Cacique Guaicaipuro.

Los sucesos de una ejecución extrajudicial son trágicos y permanecen como un recuerdo muy oscuro en la memoria de los jóvenes. Perder a un padre de una manera tan drástica y violenta tiene mayores repercusiones psicológicas que perder a un padre en situaciones naturales.

Las consecuencias dependen de factores como la edad en la que el hijo presenció la muerte (si es que la vio o lo sacaron de su casa antes del suceso) de su padre o madre y cómo la familia decide afrontar el duelo. De 0 a 5 años los recuerdos no son tan precisos, y los familiares se pueden encargar de ello durante la crianza. Sin embargo, estos niños podrían manifestar sus preocupaciones, miedos y tristezas de una forma en la que, si no es bien atendida y a tiempo, las consecuencias a largo plazo podrían ser aun mayores.

Por otro lado, niños más grandes pueden recordar perfectamente y generar sentimientos relacionados con el dolor y la ira hacia los verdugos de su padre. La forma en la que se debe abordar el duelo de los niños siempre cambiará dependiendo de las circunstancias del suceso.

El resentimiento ahora se vuelve parte de la vida de estos hijos. Crecen con el sentimiento de que les arrebataron a alguien muy preciado. Perdieron a sus padres en manos de aquellos que juraron protegerlos.

Los operativos policiales han demostrado no ser eficientes en el control de la criminalidad; por el contrario, estos son funcionales a que ocurran hechos de uso desproporcionado de la fuerza como las ejecuciones extrajudiciales, lo que contribuye a nutrir el ciclo de violencia en la ciudad.

El duelo causado por las ejecuciones extrajudiciales es un proceso aún más difícil. Cerrar el ciclo resulta casi imposible, pues la falta de garantías para la obtención de justicia y la debilidad del sistema judicial empeoran el proceso para los familiares de la víctima.

El Estado no responde por los niños

La falta de institucionalidad y políticas públicas de protección a las víctimas solo empeora la situación. No existe apoyo por parte del Estado ni de las autoridades para ayudar a los jóvenes y a los familiares que quedan a su cuidado.

Los cuerpos de seguridad del Estado deben cumplir con sus funciones que es proteger y defender a todos los venezolanos. Respetar los valores institucionales y recuperar la confianza de las personas. Hacer cumplir la justicia según el margen de la ley y no según el juicio de aquellos con el poder.

En Caracas Mi Convive creemos que las políticas de mano dura implementadas por el gobierno no son efectivas para disminuir los índices de violencia, sino que su implementación solo empeora la situación social de Venezuela. Generan terror, pérdidas de personas inocentes y aun más desconfianza en las autoridades. La represión y el miedo infundido por estas políticas solo generan resentimiento y odio a las instituciones del país por las personas afectadas. Los derechos de las personas y en especial de los niños deben ser respetados y defendidos por cada uno de los órganos del Estado. Son derechos inalienables de todos los venezolanos.