A CASI 6 AÑOS de la creación de la Organización de Familiares de Víctimas de Violación de Derechos Humanos, solo 5 de los 80 casos denunciados han logrado llegar a los tribunales. Estos casos están relacionados con la muerte de personas ultimadas por funcionarios de organismos policiales; el resto se encuentra en diferentes fiscalías del Ministerio Público.
La denuncia la hizo Aracelys Sánchez, quien dirige la Orfavideh, que hasta ahora no ha podido ser legalizada porque el registro siempre tiene un pretexto para rechazar la solicitud.
Entre esos casos que ya están en tribunales se encuentra el de Sánchez, ocurrido en 2013, cuando el segundo de sus tres hijos, Darwilson Aramis Sequera Sánchez, de 20 años de edad, fue ultimado por una comisión del Cicpc en su domicilio en El Valle, y desde entonces está luchando para que se haga justicia.
Precisamente el miércoles 31 de octubre estaba previsto que la audiencia preliminar se realizara en el Tribunal 7º de Control, pero por quinta vez fue diferida porque los cuatro funcionarios, presuntamente implicados en el hecho, no se presentaron. “Ellos nunca han asistido a las audiencias pautadas”, explicó. Al referirse a los otros cuatro casos que llegaron a tribunales, relacionados con la muerte de Jesús Gregorio Parada, José Gregorio César, Eudober Herrera y Alex Johan Vegas, manifestó que están en condiciones similares, sin resultados.
En Fiscalía
Glory Tovar nunca podrá borrar de su mente el día viernes 18 de mayo de 2016, cuando una comisión de funcionarios de la División de Vehículos del Cicpc llegó a su residencia en el barrio Los Llanos en San Bernardino. Al entrar, un policía gritó: “Mujeres y niños, para afuera”. Tovar oyó los disparos desde la calle y luego vio cómo se llevaron los cadáveres de sus dos hijos, Darwin Rojas, de 28 años de edad, y Carlos Jampier Castro, de 19 años de edad, así como los de sus dos sobrinos, Roswil Ernesto Belisario Tovar, de 26 años de edad, y Yihandri Antonio Trujillo Nuñez. Los llevaron al Hospital Vargas.
Ya han transcurrido dos años y cinco meses del suceso y el caso aún está en la Fiscalía 125º. La titular de ese despacho no ha tenido tiempo de leer el expediente y tampoco los cuatro policías presuntamente implicados han enviado las armas de fuego para ser sometidas a la prueba balística. Para que el protocolo de autopsia llegara al Ministerio Público pasó un año y cuatro meses, relató Glory Tovar. En ese tiempo ella ha conocido a cinco fiscales que han tenido el caso.
En dos meses transcurridos desde la muerte de su sobrino, Danny Oropeza, de 18 años de edad, Neida Oropeza ha vivido una odisea. Lo que le dicen es que el expediente no ha llegado a la Fiscalía 126º a cargo de Maritza Salazar.
Danny Oropeza se graduó de bachiller y había conseguido cupo para ingresar en la UCV para estudiar Derecho. Formaba parte de los jóvenes de 15, 16, 18, 19, 20 y 26 años de edad que fueron masacrados el viernes 31 de agosto por una comisión de la PNB, en el sector Cañicito en la parroquia El Valle. Seis resultaron lesionados con una granada que les lanzaron y también tenían heridas de balas.
Hasta ahora a la tía de Danny no le han dado protección, aunque ha sido amedrentada por funcionarios policiales que se han presentado en su domicilio.
El caso más reciente fue la muerte de Cristian Alfredo Charry Arroyo, de 25 años de edad, barbero de oficio, ocurrida el lunes 24 de septiembre a las 5:40 am en el barrio La Dolorita en Petare.
Charry Arroyo era hijo único y padre de tres niños, de 9, 6 y 3 años de edad. Había estado celebrando su cumpleaños e iba a buscar a su esposa cuando una comisión de la FAES lo sorprendió y le disparó cuando subía por una escalera. Lo golpearon y le dieron un tiro en el tórax. “Dijeron que fue enfrentamiento y que estaba armado”, explicó uno de sus familiares.
“Lo pusieron como integrante de una banda y lo señalaron como autor del homicidio de un joven en el kilómetro 13 de la vía Petare-Santa Lucía; también dijeron que había robado en la casa de un policía nacional a quien habría amenazado”, agregó el pariente.
La familia de Charry Arroyo se dispone a solicitar una audiencia con el fiscal general Tarek William Saab, para plantearle la situación. Este martes el expediente llegó a la Fiscalía 86ª de Derechos Fundamentales.
Pide respuesta
Aracelys Sánchez hizo un llamado al fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, para que tome en cuenta el caso de su hijo, Darwilson Aramis Sequera Sánchez, en vista de que no ha tenido respuesta.
Manifestó que los integrantes de la Orfavideh están asesorados y acompañados en sus diligencias por representantes de Cofavic y aprovechó para hacer un llamado a todos los familiares de víctimas para que denuncien, ya que en Cofavic encontrarán asesoría jurídica y psicológica. Además de poder participar en talleres de Derechos Humanos.
