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Liberan a periodistas detenidos por la Dgcim durante el allanamiento a Entorno Inteligente

Pasadas las 8:00 pm de este 19 de noviembre fueron liberados los periodistas que habían sido detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) mientras cubrían el allanamiento al portal Entorno Inteligente, informó vía Twitter el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Los efectivos policiales allanaron la sede del portal de noticias, ubicado en la avenida Sucre de Los Dos Caminos, en Caracas.

El SNTP denunció que durante el procedimiento fueron detenidos los trabajadores que se encontraban en la oficina, además del equipo de conductores, camarógrafos, asistentes y reporteros de los medios Caraota Digital y VPItv que cubrían el hecho.

El Sntp informó que los reporteros detenidos de Caraota Digital son Miguel Dasilva y Roger Castillo, mientras que por el equipo de VPItv, a Andrea Espinoza, Jonathan Bello, Jonathan Azuaje y Danger Zorrilla.

Se conoció que los periodistas fueron llevados a la sede de la Dgcim ubicada en Boleíta.

Marco Ruiz, secretario general del Sntp, indicó que las oficinas de Entorno Inteligente fueron completamente desmanteladas, además de minutos después de llevarse a los detenidos, los funcionarios volvieron por dos de las motos donde habían llegado los reporteros.

El Pitazo tuvo acceso a la boleta de notificación al fiscal provisorio 22º Nacional Plano, Aramay Carolina Terán Hidalgo, donde se ve que el allanamiento fue ordenado por el Juzgado 42º de Primera Instancia en función de Control Estadal del Área Metropolitana de Caracas, e incluye la incautación de todos sus equipos electrónicos, tales como discos duros, celulares, pendrives, pasaportes y demás documentaciones, las cuales fueron consideradas de interés criminalístico.

En el documento, se indica que la medida contra la empresa Venmedios – propietaria de Entorno Inteligente- se emitió en el marco de una investigación por una serie de «publicaciones en contra de altos funcionarios«.

Ana Belén Tovar, gerente de Operaciones de Venmedios, también permanece detenida en la sede del cuerpo de inteligencia.

Con información de El Pitazo

PERFIL | Estos son los funcionarios de seguridad de Maduro sancionados por la Unión Europea

@yeannalyfermin/@Andrea_GP21/@franzambranor

 

MÁS SANCIONES CAYERON ESTE VIERNES 27 de septiembre sobre funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. En esta oportunidad fueron siete miembros de los cuerpos de seguridad del Estado los amonestados por la Unión Europea.

La institución continental sancionó a cuatro funcionarios de la Dgcim, Rafael Blanco, Rafael Franco, Alexander Granko y Hannover Guerrero; uno de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Blanco; otro del Conas, Alexis Escalona y uno del Sebin, Carlos Calderón.

La Unión Europea considera que los efectivos están implicados en torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos, entre ellos la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Previamente la Unión Europea había sancionado a la Dgcim y a otros 18 funcionarios del gobierno venezolano entre los que destacan: el presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; el vicepresidente para el área económica, Tareck El Aissami; el fiscal general de la República, Tarek William Saab; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el inspector general de la Fuerza Armada, Sergio Rivero Marcano; el director de la Dgcim, Iván Hernández Dala; el ex Ministro de Educación, Elías Jaua; las rectoras del CNE, Sandra Oblitas y Socorro Hernández; el director de los Clap, Freddy Bernal; la ex vice fiscal, Katherine Harrington; el ex secretario general del CNE, Xavier Antonio Moreno Reyes, el jefe del Estado Mayor de la Comandancia de la FAN, Jesús Suárez Chourio, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; el ex comandante de la GNB, Antonio José Benavides y el director del Sebin, Gustavo González López.

Las sanciones implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio europeo.

Aquí un perfil de los nuevos sancionados: 

 

Rafael Ramón Blanco Marrero

Actualmente es director adjunto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Por orden del gobernante Nicolás Maduro, Blanco Marrero fue ascendido al rango de General de División el 5 de julio del 2019, según la Resolución 030846 del Ministro del Poder Popular para la Defensa, solo seis días después del fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

En diciembre del año 2018 la periodista Sebastiana Barráez lo acusó de amenazarla a través de la cuenta de Twitter “@EscudoPatria” que, según señaló, también utilizaba para intimidar a otros trabajadores de la prensa.

En el mes de julio de este año, cuando un grupo de 10 mujeres del Instituto de Orientación Femenina (INOF) fueron trasladadas a los sótanos de la Dgcim, Blanco Marrero fue señalado por las víctimas de privar sus derechos a recibir visitas, hacer llamadas telefónicas y a ver la luz del día.

Blanco Marrero también fue sancionado en julio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, al ser acusado de cometer abusos sistemáticos de los derechos humanos y represión de la disidencia, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13850.

 

Rafael Antonio Franco Quintero

Es un coronel del Ejército que se graduó en la Academia Militar en la II promoción “General en Jefe Rafael Urdaneta” en el año 1995. Fue jefe de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), casualmente cuando el capitán de la GNB Juan Carlos Caguaripano Scott fue víctima de torturas dentro de la Dgcim.

En ese tiempo, específicamente en el año 2017, un oficial que estuvo en las celdas que estaban a cargo del coronel Franco Quintero, reveló que el funcionario cambió la rutina y condiciones de encarcelamiento a “condiciones infrahumanas”.

Según denuncias de Tamara Sujú, abogada defensora de los derechos humanos, Franco Quintero, quien ahora es agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), es acusado de inducir y ser cómplice de delitos de lesa humanidad como “tortura y violencia sexual” contra detenidos.

La periodista Sebastiana Barráez denunció que Franco Quintero fue el autor de varios expedientes “arreglados para inculpar oficiales”. Asimismo, indicó que el coronel formó equipo con el mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Néstor Blanco Hurtado alias “Ezequiel”, quien prepara los interrogatorios y amenazaba a los detenidos para dejarlos recluidos.

Franco Quintero también fue incluido en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro en el mes de julio de este año, por acusaciones de tortura y violación de derechos humanos.

 

Néstor Neptali Blanco Hurtado  

Tiene 37 años de edad. Es un mayor de la Guardia Nacional Bolivariana y al menos desde diciembre de 2017 trabaja en conjunto con funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La abogada experta en derechos humanos, Tamara Suju le acusó de ser el promotor de torturas a los 27 militares encarcelados por el alzamiento en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana de Cotiza el pasado 21 de enero de 2019. Los maltratos habrían sido con cadenas, manoplas, bolsas plásticas y gas lacrimógeno.

 

Alexis Enrique Escalona Marrero

Tiene 57 años. Fue jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. También ejerció como Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia así como Jefe del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas). Escalona Marrero fue detenido el pasado 17 de septiembre de 2019 en una residencia de la urbanización Bosque Park en Colinas de Carrizal, estado Miranda.

El Ministerio Público le abrió una investigación al general por la presunta asignación de bienes incautados a terceros mientras ejercía como jefe de la Oncdoft de enero a mayo de 2018. Según el expediente MP 191331 2019, al momento de su aprehensión al militar le incautaron seis municiones 9mm, 22 municiones .40mm, ocho municiones .45mm, siete municiones 22mm, ochenta y cuatro cartuchos cal. 12 mm y veinte municiones 30-30mm. A Escalona Marrero le fueron imputados los cargos de peculado doloso propio, legitimación de capitales y ultraje violento a funcionario público.

 

Carlos Calderón

Es un comisario adscrito al Servicio Bolivariano de Inteligencia. En mayo de 2015, Jesús Ramírez, entonces secretario general adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela denunció al comisario ante la Corte Penal Internacional junto al ex ministro y hoy en día encarcelado Miguel Rodríguez Torres por crímenes de lesa humanidad. Inés González, quien estuvo presa en el Sebin por emitir sus opiniones en Twitter afirmó que Calderón fue quien ordenó darle una golpiza en junio de 2015. En enero de 2016, la dirigente de Voluntad Popular, Ana Karina García, dijo que luego de emitir unas declaraciones a las puertas del Sebin en El Helicoide, en las que afirmó que los presos en ese recinto eran sometidos a tratos crueles, Calderón ordenó desnudarse y saltar a la mujeres que visitaron a los detenidos ese día. Francisco “Pancho” Márquez, ex preso político y miembro de VP,  declaró en 2017 en una audiencia en la Organización de Estados Americanos que Calderón es ampliamente conocido por ordenar y participar en torturas, labor que le ha servido para ascender y recoger premios en el Sebin. 

 

Alexander Enrique Granko Arteaga 

Es un oficial de la GNB con jerarquía de Mayor, egresado de la EFOFAC en el año 2004, II Promoción Toma de las Flecheras. Tiene 38 años. El 29 de junio de 2016 en la resolución 014717 fue ascendido al Grado Mayor en la categoría Efectivo de comando. Actualmente ocupa el cargo de director de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). 

Granko Arteaga es hombre de absoluta confianza del general Iván Hernández Dala. Está acusado de haber liderado personalmente la ejecución extrajudicial del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) Óscar Pérez el pasado 15 de enero de 2018 en la localidad de El Junquito, estado Miranda. 

Alexander Granko es señalado como uno de los hombres clave del terror en que se han convertido los sótanos de la Dgcim. En una publicación en el Diario Miami, la periodista Maibort Petit afirma que el director de asuntos especiales del Sebin mantiene estrechos vínculos delictivos con el Mayor General Pascualino Anguiolillo Fernández en las operaciones de extracción de material estratégico en la Redi Guayana.

 

Hannover Esteban Guerrero 

El coronel del Ejército Hannover Esteban Guerrero Mijares (48) ocupó el lugar número 60 de la promoción de 1996 “General de Brigada José Florencio Jiménez”, un lugar nada privilegiado para los cargos que ha ocupado. Hannover ha sido el más cruel director de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que ha pasado por esa institución, según la periodista especializada en la fuente militar, Sebastiana Barráez

El pasado 14 de agosto fue destituido de la dirección de la Dgcim por los tratos crueles que le causaron la muerte al Capitán Rafael Acosta Arévalo y el aparente suicidio del funcionario Luis Armando Monsalve Estaba, quien según la Dgcim se lanzó del piso 3 de esa institución.

UE confirma sanciones a 7 miembros de seguridad e inteligencia de Venezuela

LA UNIÓN EUROPEA MATERIALIZÓ ESTE 27 de septiembre su decisión de sancionar a siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia de Venezuela por considerar que están implicados en “torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos”, entre ellas la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.

La UE confirmó así el acuerdo político al que llegó el pasado miércoles para ampliar la lista de sancionados en relación con la crisis que atraviesa Venezuela.

Cuatro de los nuevos sancionados “están relacionados” con el fallecimiento de Acosta Arévalo cuando estaba detenido y bajo custodia del Gobierno de Nicolás Maduro, indicó el Consejo de la UE en un comunicado.

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) son las instituciones para los que trabajaban los siete sancionados. 

Rafael Ramón Blanco, Rafael Antonio Franco, Alexander Enrique Granko y Hannover Esteban Guerrero pertenecían a la Dgcim; Néstor Blanco, de la Guardia Nacional Bolivariana; Alexis Enrique Escalona, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro; y Carlos Calderón, del SEBIN.

El informe confirma “de manera clara y detallada el alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, la erosión del Estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas”, señala el Consejo.

 

*Con información de EFE

Militares implicados en la muerte de Acosta Arévalo fueron condenados a 6 años de prisión

LOS DOS MILITARES IMPUTADOS por la muerte del capitán corbeta Rafael Acosta Arévalo fueron condenados hoy a seis años y ocho meses de prisión. 

La información la dio a conocer Alonso Medina Roa, abogado y especialista en Derecho Penal a través de su cuenta en Twitter, afirmando que la audiencia se realizó sin la previa notificación a la representación de la víctima lo que constituye una burla a las normas procesales. 

Los guardias nacionales permanecerán recluidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, donde estaba detenido el capitán de corbeta.

El Teniente Ascanio Antonio Tarascio (23) y el sargento Estiben Zarate (22), ambos integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana fueron acusados de “homicidio preterintencional con causal” por la muerte de Acosta el pasado 29 de junio. 

Acosta Arévalo era acusado por funcionarios del Ejecutivo de Nicolás Maduro de estar involucrado junto a otras personas en un supuesto plan para asesinar al gobernante venezolano, pero nunca se le pudo imputar delito alguno pues al momento de su audiencia preliminar, el juez ordenó su traslado inmediato a un hospital al ver su condición.

EN LA TERCERA SEMANA DE SEPTIEMBRE TRES grandes reportajes destacaron en los portales Runrun.es, TalCual y El Pitazo. Uno de ellos fue el que realizó la periodista María Josefa Maya titulado “Boleita Norte, el vecindario tranquilo de la Dgcim“. En este trabajo, Maya expone que en la que fue una de las zonas industriales de Caracas se encuentra la sede de uno de los supuestos centros de tortura más temidos de Venezuela.

Por TalCual destacó un trabajo que se titula “De cómo Prieto y sus muchachos sembraron el terror en el Zulia“. En este reportaje, Braulio Polanco comenta que las ejecuciones extrajudiciales en el Zulia están acompañadas por un discurso violento por parte de las autoridades, y que tanto el gobernador de la entidad como el secretario de Estado, Lisandro Cabello, han empleado un vocabulario desafiante para todo aquel que se enfrente a los cuerpos de seguridad.

¿Qué ha revelado Cristopher Figuera en sus entrevistas?, es el trabajo que realizó Daniel Benítez para El Pitazo.net. En este, Benítez detalla la proyección que ha tenido el ex jefe del Sebin en los medios. Hasta ahora 12 entrevistas ha concedido Figuera, medios audiovisuales le han dedicado cinco horas y ocho minutos y los digitales han escrito 57.668 caracteres.

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Crímenes sin Castigo | La venganza de Cristóbal, por Javier Ignacio Mayorca
El juicio de extradición contra el ex jefe de la Dgcim recuerda un viejo escándalo por disputas entre la CIA y la DEA. En el centro de la historia, está un agente encubierto

 

LA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL de España en cuanto a declarar sin lugar la solicitud de extradición del mayor general retirado del Ejército venezolano, Hugo Carvajal, podría resultar sorprendente en un principio. Pero tiene su fundamento en la credibilidad que los magistrados dieron al argumento central de la defensa esgrimida por el propio oficial, según la cual es perseguido por razones esencialmente políticas.

Aunque los letrados tradicionalmente son refractarios a este tipo de argumentos, en el caso del ex director de Contrainteligencia Militar era inevitable tomarlos en cuenta. Carvajal supo armar su caso, y transmitirlo sobreponiéndose a sus dificultades de oratoria.

Desde el principio se sabía que este juicio basculaba entre dos extremos. Por una parte, Estados Unidos trataría de sustentar una petición de llevarlo a su territorio, basado en la presunta participación del oficial en operaciones de  tráfico de drogas que databan de 2005. Como es lo usual, la solicitud de extradición llevaba como soportes la decisión de un gran jurado, anexada a la declaración de un agente especial y el correspondiente oficio de remisión. Nada más.

Por el otro lado, el general trataría de convencer a los magistrados españoles de que su caso era más político que criminal (aunque según sus argumentos también tenía algo de este último componente). Carvajal echó mano de toda la experiencia acumulada en sus años al lado del teniente coronel Hugo Chávez, y pintó ante los jueces el panorama de un oficial que tuvo que traficar drogas, pero no para beneficio propio, sino por órdenes del gobernante venezolano. En otros términos, según el ex jefe de la Dgcim esos dos juicios que están pendientes en cortes estadounidenses no serían la consecuencia de un interés por el enriquecimiento personal a través de la exportación de cocaína, sino más bien de actos de un régimen que pretendían sabotear el modo de vida norteamericano, inundándolos de drogas, y de paso obtener recursos para financiar el proyecto político venezolano.

Otro elemento invocado por Carvajal en la Audiencia Nacional se refería a la supuesta imposibilidad de obtener un juicio justo si era enviado a Estados Unidos. Para sustentar su afirmación, el ex jefe de inteligencia consignó una carta enviada en 2008 al entonces ministro de Relaciones Interiores, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, por un colombiano nacionalizado venezolano que purgaba condena de veinte años de prisión en la penitenciaría federal de Georgia.

El remitente, Adolfo Romero Gómez, era ampliamente conocido por los cuerpos de seguridad venezolanos que hicieron operaciones contra la guerrilla urbana y, a partir de la década de los ochentas del siglo pasado, contra los carteles colombianos, en especial el de Medellín.

Romero, también llamado Cristóbal o el Gocho Hidalgo, era un auténtico “cuerda floja”. Un personaje de película que había pasado por las extintas Disip y PTJ. La DEA lo tenía catalogado como informante confidencial –con código asignado-, pero se vino a menos al constatarse que hacía trabajos por su cuenta. En los años finales de su carrera, trabajó como agente infiltrado al servicio del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional.

Romero fue el centro de un escándalo mayúsculo, denominado las “entregas controladas”, por el que fue ordenada su detención en Venezuela junto a un nutrido grupo de oficiales de la GN, encabezado por el general de brigada Ramón Guillén Dávila, alias Moncho, ya fallecido. Este expediente es bien conocido por los generales Néstor Reverol (titular del MRI) y Frank Morgado (jefe de la oficina de Control de Actuación Policial de la PNB), pues ambos pasaron por la unidad antidrogas. De hecho, este fue uno de los antecedentes que Morgado puso en manos del entonces presidente Chávez para justificar el cese de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, en 2005.

En las entregas controladas, Cristóbal fungía como un topo en los carteles que suministraban la cocaína, con la finalidad de identificar a los líderes de estas organizaciones y sus agentes, operadores o intermediarios en Venezuela. Como trasfondo de esto, se desarrollaba una disputa burocrática entre agencias estadounidenses. Mientras que la Guardia Nacional trabajaba con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Disip y la policía judicial hacían lo propio con la DEA, el FBI y el Servicio de Aduanas. Cada caso que “coronaban” unos y otros representaba una ganancia monetaria para los participantes, incluidos los informantes.

El expediente se resolvió en Venezuela por una vía más política que judicial. Antes de abandonar la presidencia, Carlos Andrés Pérez indultó a Guillén Dávila y su grupo.

Romero Gómez intentó marcar cierta distancia con respecto a la Guardia Nacional y el resto de los protagonistas de este escándalo. Se mudó al Táchira. Pero, en un descuido, lo pescaron en Cúcuta. En 1997, el gobierno colombiano autorizó su extradición a Estados Unidos.

Romero creía que la victoria de Hugo Chávez abría una ventana de oportunidad para que lo sacaran de la cárcel estadounidense y lo enviaran a Venezuela, para finalizar aquí su condena. Esa, por lo menos, era su convicción al inicio de este siglo. Cada vez que podía, el ex infiltrado manifestaba mediante cartas y llamadas desde un teléfono de la penitenciaría su decepción por haber sido abandonado por sus aliados de otros tiempos: la CIA, la GN y los demás cuerpos de seguridad del país. También por lo injusto que consideraba estar preso por un caso que ya había sido decidido en otra jurisdicción.

Es probable que Romero Gómez nunca haya conocido personalmente a Carvajal. Los tiempos de ambos fueron distintos. Sin embargo, sus quejas escritas operaron como una especie de herramienta para una venganza inesperada, que le quita a Estados Unidos (por segunda vez) la posibilidad de poner tras las rejas a quien alguna vez calificaron como “la joya de la corona” en el tráfico de drogas.

 

Breves

 

-Desde finales de 2018, el Ejecutivo maneja informes de inteligencia que reflejan con bastante precisión cuáles son los grupos irregulares que operan en toda la franja fronteriza con Colombia; quiénes son los líderes de cada célula, cuál es el pie de fuerza en cada lugar; cuáles son los medios que utilizan para movilizarse; dónde actúan y a qué actividades se dedican. La información es especialmente precisa en el estado Táchira, donde comenzó el 10 de septiembre un ejercicio militar combinado que intenta reivindicar la “soberanía” sobre el territorio. Según tales informes, allí están estructuras de las bandas criminales Los Rastrojos, Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o Boliches, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde el momento en que fueron elaborados estos documentos hasta ahora, el Ejecutivo solamente ha ido contra el máximo líder de Los Rastrojos, Wilfredo Torres Gómez, alias Viejo Neco, quien fue capturado en Valencia en marzo, para vincularlo de inmediato con sectores de la oposición. Pero nada se hace por ejemplo con respecto a los jefes de los tres frentes de la guerrilla del ELN asentados en el estado, como serían los comandantes Lenín (frente Domingo Laín), Simón (frente Carlos Germán Velasco) y Brazo de Reina (frente Efraín Pabón). Entre todos, indican los reportes, reúnen 700 hombres aproximadamente. En líneas generales, el cuadro pintado por estos reportes permite comprender mejor por qué el Táchira se ha convertido en un espacio para la disputa armada.

-Una de las actividades delictivas más florecientes en el país pareciera ser el sicariato. De acuerdo con datos de la policía judicial, conocidos extraoficialmente, hubo 49 muertes por encargo durante los primeros seis meses de 2019. Solo en las primeras dos semanas de septiembre, los cuerpos policiales manejan informaciones sobre cinco casos que también podrían entrar en esta modalidad. La mayoría de ellos en el estado Zulia, donde los sicarios parecen tener un terreno fértil para sus andanzas. Sin embargo, en Guárico se presentó un episodio especialmente escandaloso. Según las pesquisas de Cicpc, el gerente de Pdvsa Gas Comunal en San Juan de los Morros, Leomar José Gil, fue ultimado por un oficial de la policía regional, alias Macizo, señalado de haber recibido 600 dólares para llevar a cabo este crimen, el 2 de septiembre. La decisión sobre la muerte de Gil fue atribuida a dos comerciantes de la ciudad, quienes se vieron afectados por la decisión de no suministrarles más gas, al determinarse que luego revendían las bombonas con sobreprecio. En otros casos de 2019 también se ha determinado la participación de efectivos policiales, ya sea como ejecutores o como cómplices necesarios en la ejecución de homicidios por dinero.

 

@javiermayorca

Denuncian detención de la hija de un militar vinculado al alzamiento del #30Abr

JENNY LÓPEZ CORREA, madre de Michelle Peñalver López, de 25 años denuncia que su hija fue detenida la tarde del pasado domingo 15 de septiembre por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando se disponía a sellar pasaporte de salida del país en la aduana de San Antonio del Táchira.

“Mi hija no tiene antecedentes de ningún tipo. Tiene una hoja de vida intachable. Funcionarios del Dgcim la despojaron de su teléfono, no me han dejado verla y le prohibieron llamar a un abogado. Le están violando sus derechos constitucionales y humanos”, denunció López. 

La madre de Michelle comentó que la mañana de este martes fue a llevarle el desayuno a su hija y le dijeron que la joven no estaba ahí. “Me informaron que a mi hija se la llevaron a las 6:30 de la tarde al Dgcim de Caracas, no tengo información y el funcionario que me atendió (Pérez Joslan) no me dijo el porque se la llevaron ni porque la tienen detenida”, dijo. 

“Yo les suplico a los que me puedan ayudar porque ya no sé que más hacer para saber de la vida de mi hija”, exclamó López Correa. 

De acuerdo con la periodista Sebastiana Barráez, quien ventiló el caso en redes sociales, la causa de la detención de la joven sería su parentesco con el coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y exjuez militar, Ramón Alí Peñalver Vásquez, implicado en el alzamiento militar del pasado 30 de abril y arrestado desde ese mismo día.

Según Barráez, la detenida es hija del militar fuera del matrimonio, y nunca ha recibido apoyo afectivo o económico de su padre biológico.

 

 

 

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que la estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Los Andes (ULA) fue trasladada arbitrariamente a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas y exigieron a través de su cuenta en Twitter que respeten sus derechos humanos y la liberen.

 

 

 

*Con información de TalCual

Detuvieron por presunto peculado a ex jefe de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada

EL GENERAL RETIRADO DE LA GUARDIA NACIONAL y ex jefe de la ONCDOFT Alexi Escalona fue detenido por efectivos de la DGCIM por presunto peculado de uso a solicitud del Fiscal 9 del Área Metropolitana de Caracas Baiker Pabón.

La aprehensión de Escalona se produjo este sábado14 de septiembre luego que su inmueble ubicado en la calle Cafetal de la urbanización Bosque Park de Colinas de Carrizal, fuese allanado.

El General es acusado por peculado doloso propio en grado de continuidad, legitimación de capitales, asociación para delinquir y ultraje violento a funcionario publico.  

Tras la visita domiciliaria le fueron incautadas como evidencias: Dos escopetas calibre 12 mm, cinco rifles, una pistola Pietro Beretta, y una pistola Glock .40mm, con accesorios, y 146 municiones de diferentes calibres.

También le fueron confiscados tres vehículos marcas Mercedes Benz, Toyota Corolla, y BMW.