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[VIDEO] Detienen a Nicmer Evans por supuesta instigación al odio
La detención de Evans también fue reportada vía Twitter por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)

Nicmer Evans, politólogo y director del portal Punto de corte, fue detenido la noche del 13 de julio por efectivos del Cicpc y la Dgcim, quienes ya desde el mediodía habían allanado su residencia.

El propio Evans divulgó vía Instagram un video en el que denuncia su detención y muestra una orden de detención por instigación al odio. “Están en este momentos los funcionarios en la puerta, voy a proceder a abrirla y a entregarme para ver qué pasa”, dijo.

“Sigo manteniendo mi posición de apoyo al presidente Juan Guaidó, a todos los países que están defendiendo el derecho. Yo fui chavista, pero nunca lo fui para esto; yo fui chavista, pero nunca para atentar en contra de la gente. Yo fui chavista para que hubiese más libertad. Hubo un engaño, hubo un fraude”, añadió.

La detención de Evans también fue reportada vía Twitter por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

En su video, Evans pide a la ciudadanía continuar luchando por el restablecimiento de la democracia y añadió: “Espero verlos pronto”.

Pasadas las 12:00 del mediodía de este 13 de julio Evans había denunciado por Twitter que funcionarios del Cicpc y de la Dgcim fueron a buscarlo en su residencia con una presunta orden de detención.

Antes de esto, el politólogo había asegurado que funcionarios del Cicpc habían amenazado al personal médico del Hospital Luis y Páez del estado Bolívar. Además, el domingo 12 de julio se había visto involucrado en una polémica por Twitter con el conductor de Zurda Konducta, Pedro Carvajalino, sobre la noticia de que el constituyente Fidel Madroñero anunció que está contagiado con COVID-19.

Dgcim detuvo a Javier Gorriño, director de Seguridad Ciudadana de El Hatillo este #25Jun
Funcionarios de la Dgcim detuvieron la mañana de este jueves a Javier Gorriño, director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de El Hatillo. Un tuit habría motivado la detención arbitraria

Por Daisy Galaviz para El Pitazo

El director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de El Hatillo, Javier Gorriño, fue detenido este jueves 25 de junio por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Se presume que su detención tuvo que ver con un mensaje que Gorriño publicó en Twitter, el pasado 22 de junio, en el que indicó que PoliHatillo no pudo terminar una fiesta en la urbanización Los Naranjos, porque estaba el gobernante Nicolás Maduro.

De acuerdo con información a la que pudo acceder El Pitazo, en horas de la mañana de este jueves, funcionarios de la Dgcim llegaron a la sede de la Policía de El Hatillo, ubicada al frente de la plaza Bolívar del municipio, y preguntaron por Gorriño; al contactarlo, le indicaron que debía acompañarlos para un interrogatorio.

Los militares también se llevaron al comisario de PoliHatillo, Sergio González, y a los dos patrulleros que fueron a atender la denuncia de los vecinos de Los Naranjos, quienes pedían terminar una fiesta que desarrollaba en una quinta porque el país se encuentra cuarentena. Tanto González como los dos patrulleros fueron interrogados y dejados en libertad.

Respecto a Gorriño, hasta el momento se desconoce su paradero; pero versiones de personas cercanas indican que fue llevado a un interrogatorio por colgar en su cuenta de Twitter el 22 de junio, día en que inició en el país la radicalización de la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19, el mensaje que decía: «Ojo me indican los patrulleros y el supervisor que en la fiesta de Sur tres de Los Naranjos, no pueden hacer nada porque se encuentra Casa Militar e indican que está el primer mandatario».

Ese fue el mensaje que escribió el criminólogo en su cuenta de Twitter. Sin embargo, luego que el texto se hizo viral, el también criminólogo colgó la mañana del 23 de junio otro texto en la red social que decía: «Recuperada mi cuenta. Seguimos trabajando y desde @javiergorrino a la orden y a favor de los hatillanos».

Por caso de Álex Saab investigan a ministro Simón Zerpa de acuerdo a Carlos Tablante
Según Carlos Tablante, la administración de Nicolás Maduro estaría buscando dentro de sus acólitos quién fue el delator

El exgobernador del estado Aragua Carlos Tablante aseguró este jueves 18 de junio que fueron allanadas las oficinas y la residencia del ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, por su supuesta implicación en el caso de Álex Saab, actualmente en prisión preventiva en Cabo Verde.

Según Tablante, la administración de Nicolás Maduro estaría buscando dentro de sus acólitos quién fue el delator de Saab para que fuera arrestado en la nación insular africana. Al parecer, Zerpa está bajo la custodia de funcionarios policiales y estarían detrás del general Iván Hernández Dala, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

 

Álex Saab fue arrestado el 12 de junio en Cabo Verde, un país insular en África, cuando paró en esa nación para repostar combustible del avión privado con matrícula venezolana en el que viajaba cubriendo la ruta Rusia – Irán. Al tocar tierra, fue detenido por las autoridades debido a la orden de captura emitida por EEUU con difusión de Interpol.

Un día más tarde, el régimen venezolano emitió un comunicado donde condenan la detención “arbitraria” del ciudadano y empresario colombiano. Allí señalaron que Saab es ciudadano venezolano y que posee inmunidad diplomática por “ser agente del gobierno de Nicolás Maduro”.

El Procurador General de la República de Cabo Verde, José Landim, confirmó el lunes 15 de junio que fue ordenada prisión preventiva contra Álex Saab, acusado por EEUU de ser testaferro del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y por estar inmerso en la trama de corrupción de los Comités Locales de abastecimiento y Producción (CLAP).

La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, aseguró ese mismo día que desde el despacho que preside desde Colombia «hará todo lo posible» para que el empresario sea enviado a Estados Unidos para ser procesado.

Entrevistada en VPI, Ortega Díaz indicó que a las autoridades de Cabo Verde le fue entregado parte del expediente que ella maneja sobre el caso e insistió en que Saab tuvo acceso a dólares preferenciales con el que compró comida de mala calidad y estuvo en una serie de negocios turbios, siendo «un operador de Nicolás Maduro para blanquear el capital que le roban a los venezolanos», siendo su más reciente vinculación el mercado de combustible.

Mientras que el abogado del empresario, José Manuel Pinto Monteiro, dijo que presentaría una apelación contra ese proceso.

Pinto Moreiro vaticinó un período de «no menos de cinco o seis meses» para el resultado del proceso, y agregó que está «permanentemente en contacto» con una comisión de abogados que ayudan al colombiano en Estados Unidos, Rusia y Turquía.

Casi cuatro días después de que se conociera que el polémico empresario colombiano, Alex Naín Saab Moran fuera capturado en Cabo Verde (Africa), en cumplimiento de una orden de extradición de Estados Unidos, la Fiscalía colombiana lo llamó a juicio por delitos de lavado de activos. Según el ente investigador, el hombre de negocios barranquillero habría hecho parte de una red ilegal de lavado de dinero del erario en Venezuela, el cual terminó en cuentas privadas en Estados Unidos.

La detención de Zerpa también ocurre luego de que la acusación del Ministerio Público y posterior detención del líder del Movimiento Tupamaro, José Pinto, por su supuesta vinculación con el asesinato de un joven de 16 años en el estado Vargas.

Otorgan medida de casa por cárcel al tío de Juan Guaidó
Juan José Márquez fue trasladado desde la sede de la Dgcim en Caracas a su residencia. Todavía se desconocen los detalles de su medida cautelar

 

El presidente interino de la República, Juan Guaidó, informó la noche de este martes, 2 de junio, que su tío, Juan Márquez, fue trasladado de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, hasta su casa, en la urbanización Altamira de Caracas.

A través de su cuenta en Twitter, Guaidó afirmó que “El mismo día que allanan a los padres del Procurador y la vivienda de Ricardo Villasmil, cambian el lugar de secuestro de mi tío Juan Márquez, a su casa. La dictadura sigue usando presos políticos para atemorizar y confundir”. 

El abogado defensor de Márquez, Joel García, indicó que el traslado del preso político ocurrió cerca de las 10:00 pm y que recibió casa por cárcel como medida sustitutiva de libertad, sin embargo, aún no tienen notificación oficial por parte de los tribunales ni mayor información sobre su caso. Agregó que tanto él como los familiares se enteraron del procedimiento a través de las redes sociales.

Márquez, quien es piloto comercial, fue detenido el 11 de febrero de 2020 en el área de Migración del aeropuerto internacional de Maiquetía, luego de haber llegado al país en compañía de Guaidó a su regreso de su gira por varios países. Tras su detención, fue acusado en televisión por Diosdado Cabello de haber ingresado a Venezuela con cargamento de presunto material explosivo dentro de su maleta, delito por el que luego fue imputado oficialmente en tribunales y privado de libertad en la sede de la Dgcim.

 

*Con información de El Pitazo

Derechos Humanos en el Sebin y Dgcim, por Carlos Nieto Palma

Foto original: Infobae.com 

@cnietopalma 

El pasado miércoles 22 de abril de 2020, Una Ventana a la Libertad (UVL), organización que dirijo, presentó el informe “Situación de los derechos humanos en los centros de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección de General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)” el cual es una actualización condensada de dos documentos presentados por UVL en junio y en noviembre de 2017.

El primero de ellos referido a la situación de los derechos humanos de los privados de libertad en celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y el otro relativo a los centros de reclusión a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En esta oportunidad, sin embargo, el foco fue puesto específicamente en los centros de detención a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Ambas instituciones ejercen funciones que se podría denominar de policía política del régimen venezolano. Este informe se llevó a cabo en un lapso de tres meses. En ese periodo se llevaron a cabo 21 entrevistas en profundidad, que abarcaron tanto a abogados litigantes, defensores de derechos humanos, familiares, allegados e incluso a personas que todavía permanecen detenidas. En oportunidades la comunicación se dio mediante mensajes directos o llamadas a través de sistemas de mensajería. 

Uno de los hallazgos de esta investigación según información suministrada por UVL en nota de prensa fue que “los agentes del Sebin fueron alejándose paulatinamente del ejercicio de torturas contra sus detenidos, presumiblemente por efecto de los cambios implantados durante la gestión del general Manuel Christopher Figuera, quien luego se unió al alzamiento militar del 30 de abril de 2019”.

Aunque para mayo de ese año había vuelto a la institución el mismo equipo liderado por el general Gustavo González López, hasta el momento de la investigación no se habían recibido denuncias sobre nuevos hechos de torturas.

Los agentes de la Dgcim, en cambio, no solo continuaron con estas prácticas, sino que las sistematizaron e incorporaron nuevas modalidades, que son descritas en el informe. “Producto de tales acciones, no solo fue reportada la muerte en custodia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. También hubo un intento de suicidio de un sargento que era objeto de investigación, y una mujer sufrió lesiones severas en su vientre que, según lo alegado por ella misma durante una audiencia de juicio, ocasionaron el cese de su embarazo”.

Entre las conclusiones importantes que resalta este informe están que: “Continuaron los señalamientos sobre torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos en la Dgcim Boleíta. Durante el lapso cubierto por este informe, las denuncias se incrementaban en la medida en que subía la urgencia impuesta por las investigaciones en casos determinados. En oportunidades, las torturas parecían guiadas más por el afán de lograr confesiones que ‘resolvieran’ los casos, mediante la implicación pública de líderes políticos opositores, que por el interés de obtener información precisa y útil para la identificación plena de los responsables de los delitos investigados”.

“Llama la atención que durante el proceso de pesquisa del llamado ‘magnicidio frustrado’, tanto los agentes del Sebin (previo a la llegada de Christopher) como los de la Dgcim exigieran a las personas bajo torturas que grabasen confesiones según las pautas dictadas por un libreto”.

Igualmente “Los agentes de la Dgcim continúan manejándose como si fuesen parte de un suprapoder, capaces de inducir las decisiones de jueces y fiscales, tanto civiles como militares. Sus acciones no se enmarcan dentro de las limitaciones impuestas por las leyes procesales ni de policía de investigación. Esto los hace incurrir en prácticas tales como erigirse en investigadores y únicos testigos de las imputaciones, todo al mismo tiempo”. 

De igual manera el informe de UVL concluye:

“No existen evidencias que permitan vaticinar el cese de tales prácticas por parte de los líderes y agentes de la Dgcim, ni que los del Sebin se mantendrán al margen de las torturas, como habría sido desde octubre de 2018. No obstante, este informe no puede finalizar sin observar el surgimiento de un nuevo actor dentro de los esquemas de represión selectiva: la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES)”.

“Durante la realización de este informe, los agentes de la FAES han privado de libertad a los diputados a la Asamblea Nacional Gilbert Caro y Renzo Prieto. Igualmente, hicieron lo propio con un periodista que dio cifras sobre afectados por COVID-19 distintas a las que divulgaban los voceros del régimen venezolano en ese momento. Estas acciones eran ejecutadas anteriormente por efectivos del Sebin”.

“En su corta existencia (fue activada en 2017) la FAES ha acumulado numerosas denuncias sobre violación de los derechos fundamentales, que llevaron a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a solicitar al Gobierno la inmediata disolución de esta unidad. La decisión del presidente Nicolás Maduro en cuanto a no escuchar esta petición indica que posiblemente el régimen los considera necesarios para llevar a cabo y sin retardos todos sus propósitos de represión”.

Informe disponible en la web de Una Ventana a la Libertad

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Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Dictan privativa de libertad a Demóstenes Quijada, asesor de Guaidó

 

Para el abogado Joel García el asesor de Juan Guaidó fue víctima de «una siembra más» por las fuerzas de seguridad del Estado

 

El sábado 4 de abril culminó la audiencia en contra del ingeniero Demóstenes Quijada, a quien le dictaron privativa de libertad dos días después de su detención.

La información fue difundida por su abogado, Joel García, quien además explicó que se le imputan cuatro delitos: terrorismo, asociación para delinquir, ocultamiento de armas y explosivos así como ocultamiento de menos cuantía de drogas.

Para García, el asesor del presidente interino Juan Guaidó, fue víctima de «una siembra más», a manos de la jueza Hilda Villanueva.

García cuestionó que los delitos hayan sido imputados ante el Tribunal 18 de Control, a cargo de la juez Hilda Villanueva, aunque este se declaró incompetente el viernes 3 de abril.

“Fue el mismo tribunal que emitió las órdenes de allanamiento, de aprehensión, contra varias personas. Si era incompetente no podía emitir orden alguna. El Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 72 que las actuaciones de un tribunal incompetente en la materia son nulas; es decir, que todas las actuaciones son nulas y así lo alegó la defensa, sin embargo la juez Villanueva lo declaró sin lugar”, agregó.

Joel García señaló que entre las irregularidades que se han podido evidenciar en el caso es que las órdenes de aprehensión y allanamiento son del 1 de abril, pero la solicitud que el fiscal hizo a la juez para el allanamiento del domicilio del asesor de Guaido fueron fechadas para el 1 de abril pero la solicitud de la Dirección General de Contrainteligencia Militar son del 02 de abril.

«¿Cómo es que el fiscal pide las órdenes sin la solicitud del cuerpo de seguridad y peor aún un tribunal incompetente las emanó, anoche declinó su competencia”, se preguntó.

El pasado jueves 2 de abril, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ingresaron a la residencia de Demóstenes Quijada, alegando estar allí por un contagiado de coronavirus y se lo llevaron detenido.

 

*Con información de TC y EP

Familiares de trabajador de Sidor denuncian detención arbitraria por presunto mensaje de Whatsapp
Está detenido en la sede del Dgcim de campo C de Ferrominera en Ciudad Guayana

Familiares de Elio Mendoza, trabajador de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), denunciaron su detención arbitraria por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes le negaron el derecho a tener contacto con sus familiares y abogados.

Al preguntar su familia por las causas de su detención, los funcionarios del Dgcim les respondieron que “fue detenido por haber reenviado un mensaje el 29 de marzo”, según lo denuncia Carla Mendoza, hermana del trabajador, a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

Familiares alegan que solo se trataba de una cadena de Whatsapp, que no había sido escrita por Mendoza.

Mendoza, de 53 años, es supervisor de planta de pella en Sidor. El miércoles 1 de abril, a las 10:17 pm, salió de su hogar. Un vehículo particular (camioneta) lo buscó para llevarlo a planta, luego de que el gerente lo contactara por un presunto problema laboral y solicitando su apoyo.

Este jueves 2 de abril, a la 1:00 pm, la esposa de Mendoza supo que estaba detenido en la sede del Dgcim de campo C de Ferrominera, Ciudad Guayana. Sus familiares se dirigieron al lugar pero las autoridades no les dejaron hacer contacto.

Familiares exigen saber sobre la condición de Elio Mendoza. El trabajador sufre de problemas del corazón. Además, Mendoza se encontraba en sus días libres, y aun así accedió a ir a la reunión.

Codehciu denuncia y rechaza su detención arbitraria, además exige su liberación inmediata y preocupación  porque en medio de la pandemia del Covid−19 y de un decreto de estado de alarma se practiquen detenciones arbitrarias que son una violación de Derechos Humanos. 

 

Prensa Codehciu 

Dgcim detiene a enfermero que denunció falta en insumos en hospital de Táchira
El enfermero Rubén Duarte, en compañía de otros trabajadores, había denunciado en un video que el Hospital Central de San Cristóbal no cuenta ni siquiera con tapabocas para hacer frente a la pandemia

 

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvo la noche de este martes 17 de marzo al enfermero Rubén Duarte, quien más temprano había denunciado públicamente en un video que el Hospital Central de San Cristóbal, en Táchira, no cuenta con los insumos ni productos de limpieza para atender la emergencia por el coronavirus.

«Desmentimos a las autoridades a nivel nacional, a nivel regional, de que el hospital está totalmente equipado con el material de bioseguridad para atender los posibles casos de coronavirus. Nosotros ayer fuimos muy claros con el director del hospital, donde nosotros le exigimos la dotación de estos equipos para todo el personal», informó Duarte en un video difundido por el diario La Nación junto a un grupo de trabajadores de la salud, donde agregó que no cuentan ni siquiera con tapabocas para poder laborar.

La detención generó el rechazo por parte de diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos como Provea, Fundaredes y el capítulo regional del Observatorio Venezolano de Prisiones, quienes a través de las redes sociales exigieron la liberación del enfermero, alegando que su único delito fue denunciar las condiciones del centro hospitalario y solicitar una reunión con el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

El representante del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, alertó sobre la situación a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señalando que la acción constituye una violación más de los DD.HH. por parte del gobierno de Nicolás Maduro.