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Dictan privativa de libertad contra trabajadores de la ONG Azul Positivo
Los trabajadores serán recluidos en la sede de la Dgcim en Maracaibo

La noche de este jueves, 14 de enero, se conoció que el Tribunal 4to de Control del estado Zulia, dictó medida de privativa de libertad contra cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo.

“Alertamos de la materialización de una agresión sin precedentes al espacio humanitario en Venezuela”, expresó la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) en su cuenta de Twitter.

La organización exigió la inmediata liberación de los cinco trabajadores de Azul Positivo y calificó el proceso de írrito. También informaron que la Fiscalía los acusó de delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Los defensores de Derechos Humanos serán recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Maracaibo. 

“Estas calificaciones absurdas corresponden a la criminalización del programa de transferencias para alimentación llevadas a cabo por Azul Positivo, que buscaban beneficiar a las familias en situación de inseguridad alimentaria en San Francisco, estado Zulia”, explicó Codhez.

Igualmente se lamentaron por este precedente en la “criminalización de la labor humanitaria en el país, que se verifica mientras millones de personas en Venezuela sufren las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja”.

La organización indicó que la detención de los miembros de Azul Positivo representa riesgos para la vida de las personas con VIH que atienden en el Zulia y deja sin protección a las familias en inseguridad alimentaria y a las comunidades beneficiarias de sus programas. 

“El sistema humanitario internacional instalado en Venezuela debe hacer un pronunciamiento firme ante el cierre de espacios para la asistencia, protección y alivio del sufrimiento humanitario”, puntualizó.

Codhez: Miembros de Azul Positivo serán procesados ante la jurisdicción militar
Este martes, cuatro personas de la organización humanitaria Azul Positivo fueron detenidas y trasladadas a la sede del DGCIM en Maracaibo

La Comisión para los derechos humanos del estado Zulia (Codhez) informó que luego de que seis miembros de la ONG Azul Positivo cumplieran 18 horas detenidos, serán procesados ante la jurisdicción militar.

Codhez afirmó que es una criminalización sin precedentes de la labor humanitaria en Venezuela.

Según reseña diario zuliano La Verdad los detenidos son: Johan León Reyes, director general de la ONG; Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social.

El Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, denunció el continuo acoso por parte del Gobierno de Nicolás Maduro contra el trabajo humanitario que realizan organizaciones no gubernamentales en el país.

“Las organizaciones humanitarias cumplen un rol esencial en el desarrollo y ejecución de proyectos de asistencia; el deber es protegerlas. Condenamos el continuo acoso del régimen contra las ONG venezolanas y manifestamos nuestro apoyo a @AzulPositivo”, escribió Pizarro en su cuenta en Twitter.

Detuvieron en Maracaibo a miembros de la ONG Azul Positivo
Funcionarios de la Dgcim y el Sipez realizaron un procedimiento contra Azul Positivo, ONG humanitaria del estado Zulia

Este martes 12 de enero, una comisión integrada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (Sipez) intervino la sede en Maracaibo de la ONG Azul Positivo.

Por medio de sus redes sociales, Azul Positivo denunció que la comisión inició el operativo a las 11:30 a. m. Y, luego de las 5:00 p. m. trasladaron a al menos seis miembros de la ONG a una comandancia de la policía para supuestamente rendir declaraciones.

Exigimos el cese del hostigamiento y criminalización de la labor humanitaria. Es obligación del Estado garantizar un espacio humanitario seguro para asegurar la protección y el socorro de las personas que más lo necesitan”, expresó la ONG en un comunicado.

Azul Positivo es una organización humanitaria que atiende a personas con VIH en el estado Zulia.

#5E Funcionarios de la DGCIM se apostaron frente a la residencia de Juan Guaidó

Alberto Ravell, director del Centro de Comunicación Nacional, denunció que funcionarios de seguridad de Nicolás Maduro mantienen rodeada la residencia del presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó

 

El martes 05 de enero, día en que se instalará la Asamblea Nacional que resultó electa en el cuestionado evento del 6 de diciembre de 2020, el director del Centro de Comunicación Nacional, Alberto Ravell, denunció que funcionarios de seguridad de la DGCIM mantienen mantienen rodeada la residencia del presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, ubicada en la urbanización Santa Fe, en Caracas. 

Guaidó respondió a esta acción a través de sus redes sociales. “Este es el método de la dictadura y por el cuál están señalados por delitos de lesa humanidad. Hemos enfrentado estos obstáculos y seguimos adelante. Mientras la dictadura intenta generar terror y militariza el parlamento, estaremos instalando el nuevo período de la legítima AN”. 

La continuidad constitucional de la Asamblea Nacional electa en 2015 responde a la situación atípica que vivimos, en dictadura. Como hemos hecho en todo momento, nos corresponde buscar una solución para defender a nuestra gente, a la Constitución y a la @AsambleaVE”, dijo Guaidó. 

El presidente interino explicó que: “Respeto a Venezuela y a nuestra constitución, no podemos permitir que exista un vacío de poder. Al no haber diputados legítimamente electos para este nuevo periodo legislativo, corresponde al Parlamento electo en 2015 seguir en funciones hasta que haya una elección válida”. 

Informe de Misión de la ONU en Venezuela corrobora denuncias de torturas a presos políticos
Una de las acciones impuestas en la DGCIM y el SEBIN es la figura de la desaparición cuando una persona es detenida

Desde octubre se ha venido realizando una serie de audiencias de los juicios políticos, muchos de ellos engavetados (archivados), con presos que tienen años detenidos. La acción responde a la recomendación de la Comisión de Bachelet sobre acelerar los casos, entre esos más de una docena de conspiraciones.

En las audiencias hay muchas denuncias sobre las torturas recibidas por los militares y civiles desde el momento en que son detenidos. La mayoría tiene coincidencia. Lo insólito es que no se le da curso a la gravedad que representa el hecho. No es cualquier cosa violar derechos humanos.

La Misión de Determinación de los hechos que se reactiva en sus funciones dentro de unas semanas, dijo en su último informe que investigó 77 casos en los que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) arrestó, detuvo y torturó a oficiales militares activos y retirados y a personas civiles asociadas.

Detalló ocho de esos 77 casos, basándose según explican en información directa, que contempló entrevistas, expedientes de causas judiciales, grabaciones de video, “también en información fidedigna reunida por fuentes indirectas fiables”.

Reconocen haber revisado la información recibida por el Foro Penal sobre 339 detenciones de personal militar y personas civiles asociadas. Para ese momento hablaron de 187 detenidos, 61 con medidas sustitutivas y 41 en libertad. “En unos pocos casos, la DGCIM arrestó, detuvo y torturó a civiles no afiliados a ninguna operación o personal militar”.

Los pasos de los arrestos

Es muy importante acercar el foco a los arrestos que hace la DGCIM y que el informe de la ONU explicó muy bien, porque siguen patrones similares, muchos de ellos denunciados en el marco de los juicios que se están llevando a cabo actualmente.

La Misión identifica los siguientes:

1. Tuvieron lugar durante el día, ya sea en el lugar de trabajo del detenido o en la base militar o en las instalaciones de la DGCIM, en ocasiones después de que el detenido fuera convocado a una reunión.

2. Los oficiales de la DGCIM no se identificaban y a menudo tenían el rostro cubierto y/o usaban alias. No obstante, su afiliación institucional era evidente por sus uniformes o, en algunos casos, por el logotipo de los vehículos.

3. Los arrestos tuvieron lugar en diferentes lugares del país. En los casos revisados, los arrestos se realizaron en 13 de los 23 estados de Venezuela.

4. Los detenidos fueron llevados a la sede central de la DGCIM en Boleíta en Caracas, ya sea directamente o pasando primero por sitios clandestinos de detención, por un periodo de horas o días.

5. Durante los traslados, la mayoría de las víctimas tenían los ojos vendados o eran traídas por rutas indirectas, supuestamente para confundirlas sobre su paradero.

6. La Misión identificó un patrón en el que los funcionarios de la DGCIM no presentaban órdenes de detención y/o no explicaban el motivo de la detención en el momento del arresto, en violación de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

7. La Misión tiene motivos razonables para creer que esa práctica era habitual.

8. En todos los casos investigados, salvo uno, la Misión observó una discrepancia entre la fecha del último paradero conocido de la víctima y la fecha oficial de detención o la fecha oficial de la orden de aprehensión.

9. Las actas oficiales solían señalar la fecha de detención dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de la audiencia de presentación, supuestamente para cumplir el plazo establecido por la ley para la presentación ante un tribunal después de la detención. Por ejemplo, se desconocía el paradero del capitán Rafael Acosta Arévalo desde el 21 de junio de 2019, según lo anunciado por su familia en los medios de comunicación social, pero su fecha oficial de detención aparece como el 26 de junio de 2019, dos días antes de su audiencia de presentación.

10. En cada uno de los casos que la Misión investigó, en las horas o los días siguientes a las detenciones, las autoridades gubernamentales de alto nivel hicieron declaraciones públicas sobre los delitos de los que el detenido era culpable y a veces mostraron información que lo respaldaba, como las imágenes de video recogidas por los informantes de las reuniones en las que supuestamente se habían planeado intentos de golpe de Estado.

11. La Misión observa que esas declaraciones perjudicaron la presunción de inocencia y además ejercieron presión sobre los agentes judiciales, en violación de los párrafos 1 y 2 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre los representantes del Gobierno que formularon declaraciones con frecuencia se encontraban el Presidente Maduro, Diosdado Cabello (en su programa de televisión “Con el Mazo Dando”); el Ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez Gómez; el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y/o el Ministro del Interior, Néstor Reverol.

“Llegó a tener desprendimiento de testículos a causa de las torturas”: El sufrimiento del capitán Caguaripano

La costumbre de desaparecer

Una de las acciones impuestas en la DGCIM y en el SEBIN es la figura de la desaparición cuando una persona es detenida. Eso permite que la torturen sin notificar ante el Tribunal que está bajo custodia del organismo en cuestión.

La comisión de la ONU reveló que tuvo motivos fundados “para creer que algunos disidentes militares y personas relacionadas con ellos fueron objeto de desapariciones forzadas de corta duración”.

“Una vez detenidos, militares y civiles asociados fueron mantenidos sin ningún contacto con el mundo exterior, durante periodos de cinco a siete días sin poder llamar a familiares o abogados para informarles de su paradero”.

Lo que ha sucedido en cientos de casos, los familiares de los detenidos se presentan a las oficinas de la DGCIM para averiguar su paradero. “En algunos casos, no se les proporciono información y en otros, el personal de la DGCIM negó tener conocimiento del paradero de los detenidos”.

Es relevante lo que indicó la Misión. “Las normas internacionales de derechos humanos no establecen un periodo mínimo de tiempo durante el cual un detenido deba ser sometido a una desaparición forzada para que se produzca la violación”.

La investigación que hizo la Misión les reveló que “la DGCIM detenía con frecuencia a las personas en centros de detención clandestinos o non-oficiales, especialmente en las primeras horas o días de detención. El examen de los casos por la Misión reveló que desde 2018, el uso de estas instalaciones por parte de la DGCIM ha incrementado”.

“Los primeros días de la detención personas detenidas fueron llevadas a la sede de la DGCIM Boleíta o a centros no oficiales de detención”. Identificó seis lugares de detención clandestinos:

• Un sitio en San Bernardino cerca de Crema Paraíso.

• Una casa en el área de Bello Monte de Caracas.

• Una casa en la urbanización San José en el Fuerte Tiuna o cerca, en Caracas.

• Un sitio en el Fuerte Tiuna donde el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejercito tienen su sede.

• Un sitio comúnmente conocido como Sorocaima o La Mariposa en la zona militar de San Antonio de Los Altos en el estado Miranda.

• Una ubicación en la zona montañosa del municipio de El Hatillo, estado Miranda.

Es tortura

Los investigadores de Naciones Unidas dijeron tener “motivos razonables para creer que el trato infligido a los detenidos militares en los casos investigados equivale a tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se define como los actos que causan dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental. Para que puedan calificarse como tortura, esos actos deben ser infligidos intencionadamente, cometidos con un propósito especifico e implicar a un/a funcionario/a publico/a, ya sea directa o indirectamente”.

“El propósito específico podría incluir la obtención de una confesión, la obtención de información, el castigo, la intimidación, la humillación, la coerción o cualquier razón basada en la discriminación”.

“Oficiales de la DGCIM cometieron torturas contra los detenidos en cada uno de los casos estudiados”, asevera la Misión y es exactamente lo que demuestran los testimonios de los militares detenidos y torturados, que son simbólicos como los casos de Igber Marín Chaparro y el coronel Jonny Mejía Laya.

“Los actos de tortura se produjeron generalmente durante los interrogatorios, poco después del arresto mientras los detenidos estaban incomunicados y antes de la audiencia de presentación. Algunos detenidos también fueron torturados durante periodos posteriores de detención en Boleíta”.

“Las preguntas formuladas a los detenidos sugieren que los actos se llevaron a cabo para obtener una confesión del detenido, obtener información sobre la participación de otros en presuntas conspiraciones y/o castigar al detenido”.

Es importante lo que revela el informe sobre lo que un ex funcionario de Dgcim le dijo a la Misión, confirmando la tortura en la DGCIM. “La fuente dijo: ‘Había tortura en los centros de detención. Lo supe por los colegas que me hablaron de ello. Tenías que sacarle la información a la persona a cualquier precio’”.

Los investigadores dijeron que tienen información sobre los patrones de conducta y los métodos de tortura utilizados por oficiales masculinos y femeninos de la DGCIM, contra militares y personas asociadas. “Los casos examinados sugieren que los métodos de tortura de la DGCIM evolucionaron entre 2014 y 2020, con una agudización de la violencia desde 2017”.

Eudis Girot, dirigente petrolero será trasladado a Tribunales de Caracas
El director de la FTPV está siendo imputado por terrorismo y divulgación de información confidencial

 

Este lunes en la mañana trasladaron a Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas.

La información la dio a conocer la coordinadora del Foro Penal en Anzoátegui, Arelys Ayala. “Se trasladó vía terrestre el sindicalista Eudis Girot a Caracas. Allí será presentado ante el Tribunal Especial Tercero en Funciones de Control con delitos asociados al Terrorismo”, dijo Ayala.

Asimismo, destacó que se espera que una vez en la capital se pueda realizar la audiencia de presentación. “El equipo de Foro Penal en Caracas está a la espera de su llegada para llevar a cabo el juicio en el mencionado juzgado”, detalló en declaraciones recogidas por Unión Radio.

Iván Freites, también dirigente de la Fuptv, aseguró que entre los delitos que supuestamente le imputarán a Girot cuando lo presenten en el tribunal contra el terrorismo serán “terrorismo, asociación, revelación de información confidencial y conspiración“.

Entre sus últimas denuncias estuvo la alerta por la situación del tanquero Nabarima, que se encuentra anclado en el Golfo de Paria (Sucre), y el riesgo de que pudiera derramar petróleo al mar por las malas condiciones de la embarcación.

*Con información de EP y EN

Funcionarios de la DGCIM detuvieron a Eudis Girot
Girot ha informado, en diversas oportunidades, los problemas dentro de Petróleos de Venezuela

Durante la noche del 18 de noviembre, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se llevaron detenido al sindicalista Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv).

En horas de la tarde de este 18 de noviembre, Girot denunció en su cuenta de Twitter que funcionarios de ese cuerpo militar se encontraban en su residencia con la intención de arrestarlo.

 

El dirigente sindical había denunciado en octubre que tenía información de una orden de aprehensión en su contra solicitada al Ministerio Público de Anzoátegui, por organizar y ser parte de las protestas de los trabajadores petroleros.

Girot ha informado, en diversas oportunidades, los problemas dentro de Petróleos de Venezuela, Pdvsa, relacionados con la producción y distribución de gasolina en el país, derrames petroleros y averías dentro de las refinerías, especialmente desde que comenzó la pandemia de COVID-19.

Trabajadores petroleros advierten que no han podido contactar al dirigente desde su última publicación en las redes sociales, a las 5:00 pm del 18 de noviembre, por lo que responsabilizan al gobierno de Nicolás Maduro y a los gerentes de Pdvsa de lo que le pueda ocurrir al director ejecutivo de la Futpv.

*Con información de El Pitazo.

DGCIM emitió orden de detención contra Eudis Girot
Girot ha denunciado diferentes irregularidades que ocurren dentro de Pdvsa

Eudis Girot, director de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), denunció este miércoles 18 de noviembre que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) emitió una orden de detención en su contra.

Girot aseguró que funcionarios de la DGCIM se presentaron en su residencia a las 5:00 p.m.

Adicionalmente pidió solidaridad y apoyo a sus vecinos ante la persecución en su contra. 

El Pitazo reseñó que Girot denunció en octubre fue notificado sobre una solicitud de orden de aprehensión que hicieron en su contra ante el Ministerio Público de la entidad por liderar las protestas protagonizadas por los trabajadores petroleros, quienes durante dos años han solicitado la activación del seguro de salud, mejoras salariales y beneficios laborales.

Trabajadores petroleros advirtieron que desde la última publicación que realizó Girot a través de sus redes sociales no se han podido comunicar con él, por lo que responsabilizan al gobierno de Nicolás Maduro y a los gerentes de Pdvsa de lo que le pueda ocurrir al director ejecutivo de la Futpv.

Como parte de su trabajo, el representante sindical se ha encargado de denunciar la situación de las refinerías, trabajadores y embarcaciones de Pdvsa a través de redes sociales como Twitter e Instagram. 

*Con información de El Pitazo.