Trasnacionales e inversionistas con facturas sin cobrar avanzan en el terreno legal y solo esperan por algún cambio en la política de protección de activos que mantiene Estados Unidos para embargar acciones de Citgo. La deuda equivale a 16 veces las exportaciones anuales.
El pasado 30 de septiembre la juez Analisa Torres, a cargo de un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, decidió a favor de dos pequeños fondos y una firma poco conocida de Florida -Pharo Gaia Fund, Pharo Macro Fund y Casa Express- que exigen a Venezuela el pago de 390 millones 682 mil dólares por capital e intereses vencidos de la deuda, soportada en bonos, que el gobierno venezolano no les paga desde 2018.
Ocho días después Altana Credit Opportunities, una compañía que principalmente opera en las Islas Caimán, introdujo una demanda similar por 108 millones de dólares en el mismo distrito de Nueva York apoyándose en el fallo de la Juez Analisa Torres, que desestimó la petición de los abogados del gobierno interino, liderado por Juan Guaidó, de postergar cualquier decisión hasta tanto no se restaure la democracia en Venezuela.
“Los derechos de los demandantes no se pueden suspender en espera de desarrollos geopolíticos que pueden ocurrir o no”, argumentó la juez Analisa Torres.
Estas escaramuzas forman parte de la batalla legal que libra Venezuela por el atraso en el pago de capital e intereses de bonos que, en su mayoría, fueron emitidos por el gobierno y Pdvsa durante la administración del expresidente Hugo Chávez. A la lista de acreedores se suman trasnacionales a las que el Socialismo del Siglo XXI les arrebató empresas sin pagar por ellas.
Las demandas de los acreedores exponen a Venezuela al embargo de activos en el exterior como cuentas bancarias y las acciones de Citgo, la filial de Pdvsa en Estados Unidos, que le facilita la venta de petróleo en este estratégico mercado.
Por ahora, la única barrera que impide el embargo de Citgo es la política exterior de Estados Unidos. La administración de Donald Trump, al igual que una larga lista de países, considera fraudulentas las elecciones que Nicolás Maduro esgrime como piso para su reelección en mayo de 2018 y reconoce como presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó, el actual presidente del Parlamento.
Tras desconocer al gobierno de Nicolás Maduro Estados Unidos aprobó una serie de sanciones y medidas de protección que impiden a los acreedores cobrarse la deuda con activos de Pdvsa en el exterior, sin la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).
Pero los acreedores avanzan en sus demandas a la espera de cambios en el gobierno de Estados Unidos.
Dos en uno
En la deuda venezolana hay un juicio clave: el de Crystallex en la Corte del Distrito de Wilmington, Delaware, en Estados Unidos, a cargo del juez Leonard Stark. Crystallex acudió al Centro de Arbitrajes del Banco Mundial (Ciadi) y obtuvo una decisión a favor, que le permite cobrarle a Venezuela 1.400 millones de dólares porque en 2008 le fue expropiada la mina de oro Las Cristinas en Guayana, sin compensación alguna.
Posterior a este fallo Crystallex, una compañía canadiense, recibió un pago de 400 millones de dólares por el gobierno de Nicolás Maduro, pero continúa reclamando el resto. Para cobrarlo introdujo una demanda en Estados Unidos y el juez Leonard Stark decidió en 2018 que Pdvsa y el gobierno venezolano son una misma entidad, por tanto, Crystallex puede cobrar la deuda mediante una subasta de acciones de la filial de Pdvsa, PDV Holding, propietaria de Citgo Holding.
La decisión según la cual Pdvsa y el gobierno de Venezuela son una misma entidad, conocida jurídicamente como la tesis del alter ego, sentó un precedente del cual pueden apoyarse todos los acreedores en sus demandas.
El Supervisor especial
Tres acreedores de peso concentran sus acciones en la Corte de Delaware: Crystallex, ConocoPhillips y Owens Illinois. Fuentes que siguen de cerca el proceso explican que el pasado 17 de septiembre Crystallex le solicitó al juez Leonard Stark que apruebe la subasta de acciones cuanto antes, porque tras este paso solo la licencia de la OFAC le impediría cobrar la deuda.
ConocoPhillips obtuvo un fallo a favor por dos mil millones de dólares de la Cámara de Comercio Internacional, tras la disolución anticipada de contratos de asociación con Pdvsa. En 2018 Conoco firmó un acuerdo con Pdvsa para cobrar este monto, pero argumenta que Pdvsa incumplió el trato y le solicita al juez Stark que reconozca su deuda y le otorgue prioridad sobre Crystallex en la eventual subasta de acciones de PDV Holding.
Owens Illinois exige el pago de 400 millones de dólares por la expropiación de dos plantas en Venezuela en 2010 y también le solicita al juez Stark que le permita cobrarse subastando acciones de la propietaria de Citgo.
El juez Stark evalúa nombrar un Special Master, un supervisor especial, para que se encargue de llevar adelante la eventual subasta de acciones, en este caso, ni los deudores ni Pdvsa tendrían bajo su control las acciones de Citgo.
Un aspecto clave en las próximas decisiones a tomar en Delaware y en la OFAC respecto a Crystallex, es que Estados Unidos podría estar impidiendo que se cumpla con una decisión del Centro de Arbitrajes del Banco Mundial, algo que de acuerdo a fuentes consultadas comienza a generar preocupación en la administración de Donald Trump.
Acto de Estado
La presión sobre Citgo también proviene de un grupo de inversionistas. En diciembre de 2016 el gobierno de Nicolás Maduro hipotecó a Citgo al emitir unos bonos de Pdvsa que vencen en 2020 que, a diferencia de otras obligaciones, está garantizado con el 50.1% de las acciones del holding que controla la empresa.
El gobierno interino, presidido por Juan Guaidó, considera ilegal la emisión de estos bonos, bajo el argumento de que no podía comprometerse el 50,1% de las acciones de Citgo Holding sin la autorización de la Asamblea Nacional, por lo tanto, introdujo una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que todavía evalúa el caso.
Un aspecto que puede indicar que comienza a enfriarse la protección de activos es que el pasado 16 de septiembre el gobierno de Estados Unidos decidió no opinar sobre un aspecto clave en el juicio de los bonos: si aplica o no la doctrina de acto de Estado, que establece que sus tribunales deben abstenerse de decidir sobre la validez o no de decisiones tomadas por un Estado extranjero en su territorio.
“Estados Unidos respetuosamente no toma posición sobre la cuestión de si la doctrina del acto de Estado se aplica en este caso, a la luz de cuestiones de hecho y del derecho venezolano”, dice el escrito entregado a la juez.
Todo cambia
José González, especialista en mercados emergentes y quien ha participado en el diseño de bonos de Pdvsa, explica que el escenario es incierto: “Si Joe Biden gana las elecciones del próximo 3 de noviembre cambiarán los funcionarios de la OFAC y si no continúa la protección de activos, cosa que todavía no sabemos, el embargo de Citgo será inmediato. Por otro lado, nada garantiza que Donald Trump, en caso de continuar en la Casa Blanca, no cambie de opinión”.
“Otro aspecto relevante es el juicio por los bonos de Pdvsa respaldados con acciones de Citgo, allí es probable que la Corte sentencie a favor de los inversionistas. Hasta ahora a estos inversionistas se les deben intereses, pero el próximo 27 de octubre caerá en incumplimiento el pago del principal, esto hace que la ejecución de un eventual embargo sea más rápida”, dice José González.
“Creo que Citgo está prácticamente perdida, salvo que la declaren en quiebra. La quiebra detiene todo embargo”, agrega José González.
Maduro intenta jugar
El pasado 12 de octubre el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior emitió un comunicado oficial donde prorroga hasta el próximo 13 de noviembre el plazo para que los inversionistas que tienen en sus portafolios bonos de la República, Pdvsa y La Electricidad de Caracas, firmen un acuerdo que extiende el período en el que los deudores pueden tomar acciones legales.
José González explica que “la administración de Nicolás Maduro con esta acción busca obtener reconocimiento de los inversionistas, dice que reconoce la deuda y que está dispuesto a pagar, pero nadie va a renunciar a su derecho a litigio”.
En un reporte enviado a sus clientes Credit Suisse afirma que la deuda venezolana está emitida con base a la ley de Nueva York y Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente, por lo tanto, “no hay fundamentos legales para que los bonistas negocien con sus funcionarios”.
La deuda inútil
Entre 2004 y 2014 Venezuela disfrutó del boom petrolero más largo de su historia, pero Hugo Chávez, para ese entonces presidente de la república, disparó el gasto con tal intensidad que la lluvia de petrodólares quedó pequeña y la deuda en divisas se quintuplicó a una velocidad centelleante. Tras no crear un fondo de ahorro, malbaratar buena parte del dinero y sufrir una catastrófica caída de la producción de petróleo -el producto que provee 96 de cada 100 dólares que ingresan al país- la bancarrota es un hecho.
La economía venezolana, en recesión desde 2014, se ha reducido a menos de la mitad y las exportaciones se han derrumbado. De acuerdo con las proyecciones de Miguel Ángel Santos, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, la deuda supera 16 veces a las exportaciones anuales, una relación que convierte a Venezuela en el país más endeudado del mundo.
El equipo económico del gobierno interino considera que al cierre de 2019 la deuda venezolana, tomando en cuenta bonos, créditos de otros países y un estimado por los fallos del Centro de Arbitraje del Banco Mundial, se ubicó en 140 mil millones de dólares.
En 1999, cuando Hugo Chávez se convirtió en presidente de la República, la deuda de Pdvsa por la emisión de bonos era insignificante, de apenas tres mil millones de dólares y al cierre de 2016 se ubicó en 32 mil millones. Este endeudamiento no se tradujo en mayor producción de petróleo, al contrario, todos los planes de “siembra petrolera” quedaron en el papel y en los largos discursos del presidente.
Ecuador y Argentina
Cuando los países no están en capacidad de pagar la deuda inician un proceso de negociación con los acreedores, que tiene como meta una reestructuración de largo alcance que suele incluir una rebaja en el monto adeudado, plazos más largos, nuevo financiamiento, un período de gracia en el que no hay que realizar amortizaciones y tasas de interés más favorables.
Para Venezuela será imposible recuperar su economía sin una reestructuración que, de acuerdo con la mayoría de los analistas, necesitará del aval del Fondo Monetario Internacional y un plan sólido de reformas que garantice el crecimiento.
Las dos últimas reestructuraciones de deuda en América Latina indican que Argentina logró una reducción importante en el monto de la deuda de 45% a valor presente neto y Ecuador logró una rebaja de 52%.
José González considera que “las últimas reestructuraciones de deuda nos dicen que Venezuela podría ir a una negociación fluida y es posible que haya cambios en el corto y mediano plazo que la permitan”.
“Joe Biden ha dicho que considera a Nicolás Maduro como un dictador, pero también ha dicho que va a reabrir las negociaciones con Cuba. Si Biden gana las elecciones y esto se concreta, se abre una ventana con Venezuela y las sanciones podrían disminuir en su rigor. Si esto ocurre viene una negociación. Si se va Trump puede cambiar todo”, añade José González.
Dado que Venezuela es un país petrolero muy probablemente los deudores, en caso de llegarse a una negociación, pondrán sobre la mesa la opción de firmar un acuerdo donde el país se compromete a pagar más en la medida en que recupera su producción de petróleo y el precio del barril aumente.
