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El Mañanero del 1 de abril: La detención arbitraria de Óscar Alejandro Pérez y 9 noticias más sobre Venezuela

En El Mañanero del 1 de abril de Runrun.es resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: familiares del youtuber venezolano Óscar Alejandro Pérez denuncian su detención arbitraria luego de viajar por Nicaragua y denunciar la censura estatal, Corina Yoris afirma que un pacto político con Manuel Rosales «no se puede descartar» para las elecciones presidenciales venezolanas y la NASA advierte que en el primer trimestre del 2024 el país rompió récord de incendios documentados. 

Venezolanos esperan una resurrección en las elecciones del 28J

Corina Yoris: «No se puede descartar un pacto con Rosales»

DDHH Olvidados | Las mujeres lidian con “suelos pegajosos” y barreras financieras

Jorge Rodríguez le lanza perlas a Petro y a Lula: «Métanse sus opiniones por donde les quepan»

Manuel Rosales, un candidato “sin querer, queriendo”

Denuncian la detención arbitraria de Óscar Alejandro Pérez Martínez

A casi 50 días de su detención, vence lapso para que Rocío San Miguel pueda defenderse

Javier Tarazona cumplió este #28M 1.000 días preso

NASA: Venezuela rompe récord de registros de incendios en el primer trimestre del 2024

Utopix documentó 32 femicidios en los dos primeros meses de 2024

«Hasta el 26 de marzo de 2024, las Américas registraron más de 3,5 millones de casos de dengue, incluidas más de 1.000 muertes. Esto es motivo de preocupación, ya que representa tres veces más casos que los reportados para esta misma fecha en 2023, año récord con más de 4,5 millones de casos notificados en la región», advirtió Jarbas Barbosa, director de la OPS. Aunque Venezuela no ha dado cifras oficiales desde hace 10 meses a la OPS, la institución advierte que «el aumento de los casos de dengue se observa en todos los países de América Latina y el Caribe». 

Gracias por leer El Mañanero del lunes primero de abril de 2024.

Venezolanos protestaron en 21 ciudades del mundo contra la persecución y detenciones arbitrarias

Migrantes venezolanos protestaron el pasado domingo, 25 de febrero, en al menos 21 ciudades del mundo para rechazar la persecución y las detenciones arbitrarias en Venezuela.

Con la consigna «basta de persecución y criminalización en Venezuela”, los migrantes también exigieron la liberación de al menos unos 300 presos políticos que permanecen privados de libertad en las cárceles del país.

La protesta también tuvo como objetivo lograr que la comunidad internacional conozca todos los casos, la criminalización y lo que padecen los familiares de los detenidos, tal es el caso de Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, detenida el 9 de febrero.

Asimismo, esperan que conozcan lo que denuncian como desapariciones forzadas, como las de jefes regionales de campaña de María Corina Machado: Luis Camacaro, Juan Freites, Guillermo López.

Otro de los casos que resaltaron es el del ingeniero Carlos Salazar, quien fue detenido por grabar un video a Alex Saab y no se conoce su paradero. «A todos los antes mencionados se les han violado sus garantías fundamentales», denuncia una nota de prensa.

«La migración masiva nos hizo huir de nuestro país, pero desde donde estemos seguiremos luchando por Venezuela.” dijeron los organizadores de la protesta mundial.
 
Por otra parte, las exigencias de esta actividad también fueron denunciar la creciente ola de persecución y desapariciones forzosas contra venezolanos de la sociedad civil, activistas políticos y de derechos humanos y sus familiares.

Las concentraciones se llevaron a cabo en 21 ciudades del mundo:  Manaos, Utah, Bogotá, Cartagena, Tabasco, Cali, Ciudad de México, Veracruz, Montevideo, Indianápolis, Santo Domingo, Dijon, Strasbourg, Rouen, París, Madrid, Bruselas, Utretch, Quintana Roo, Barranquilla, Bucaramanga.

Este grupo de venezolanos espera seguir realizando estas actividades de movilización para incentivar a los venezolanos dentro y fuera del país a seguir manifestando.

#LupaElectoral: Bulos, guerra de tendencias y detenciones arbitrarias: los peligros de protestar en un año electoral
Un estudio de Medianálisis logró precisar que desde marzo de 2022 han aumentado las noticias falsas vinculadas a temas como “aumento de sueldos”, “salarios”, “bonos para pensiones”, “sueldo en dólares”, “aguinaldos” o supuestos anuncios presidenciales de incremento salarial

 

 

El gremio docente lleva varios años exigiendo la reivindicación de sus derechos laborales y pese a los peligros que representa protestar en un año electoral, los trabajadores públicos siguen reclamando en las calles y también en las plataformas digitales un aumento salarial acorde con la situación económica del país. 

La lucha de los docentes en Venezuela no se reduce a salir a las calles, marchar y exigir un cambio, también deben enfrentarse a detenciones arbitrarias y a la maquinaria de propaganda y desinformación que promueve el gobierno en redes sociales. 

Este jueves, 25 de enero, Medianálisis junto a la organización Probox y la iniciativa #LupaElectoral coincidieron en el foro “Docentes ignorados: la protesta se mantiene en pleno año electoral” que los reclamos del gremio durante contextos electorales son opacados, ignorados e invisibilizados. 

Según cifras de la  Federación Venezolana de Maestros (FVM), durante el año escolar 2022-2023, se realizaron 3.185 protestas para pedir salarios dignos. Sin embargo, el sueldo base de un maestro categoría uno (1) sigue estando por debajo del salario mínimo actual, que es de Bs. 130 o $3,5 al cambio de la tasa oficial.

La guerra por las tendencias y los bulos

La politóloga y directora del Observatorio Digital ProBox, María Virginia Marín, explicó que en 2023 la organización registró 821 tendencias posicionadas en X (antes Twitter), 53 impulsadas por la sociedad civil y de estas, 11 posicionadas por los docentes. Sin embargo, el número es pequeño frente a las 666 tendencias que posicionó el gobierno de manera inorgánica o nada auténtica. 

“En contextos electorales, esta disparidad es mucho más aguda, ya que la maquinaria oficialista enfila todos sus esfuerzos en amplificar la propaganda para promover a los candidatos o procesos que le benefician directamente”, señaló Marín.

Sobre esto, Héctor Rodríguez, coordinador de Medianálisis, agregó que hay una abismal diferencia entre la cantidad de mensajes que puede producir el gremio docente en comparación a los millones que se pueden producir e impulsar desde el Gobierno a través del Ministerio de Comunicación e Información en contextos electorales.

“Cuando se acercan fechas donde tradicionalmente se anuncian bonos o aumentos de salarios, hemos identificado que proliferan los bulos y publicaciones falsas sobre declaraciones de aumentos que en realidad no se han decretado”, afirmó Rodríguez.

Un estudio de Medianálisis logró precisar que desde marzo de 2022 han aumentado las noticias falsas vinculados a temas como “aumento de sueldos”, “salarios”, “bonos para pensiones”, “sueldo en dólares”, “aguinaldos” o supuestos anuncios presidenciales de incremento salarial. 

Según Medianálisis, de los 840 contenidos verificados en Facebook e Instagram, 20 son falsos o desinformativos. 

El coordinador de Medianálisis insistió en que los bulos identificados en años electorales son impulsados principalmente por desinformantes anónimos que pertenecen a una red muy difícil de identificar pero que tienen un motivo o un interés de promover desinformación.

“Siempre es peligroso protestar en año electoral”

A juicio de Belkis Bolívar, representante de la Federación Venezolana de Maestros, protestar siempre representa un peligro porque a diario son perseguidos por funcionarios de seguridad. 

Y en esto, Nairobi Ávila, de la Coalición Sindical Magisterial de Yaracuy,  coincide y agrega que protestar en Venezuela es peligroso sea o no un año electoral, pero considera que en tiempos de elecciones se debe agudizar la protesta para hacer valer los derechos aunque la amenaza siempre esté latente. 

El pasado 17 de enero, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se llevaron detenido de manera arbitraria al sindicalista y presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev), Víctor Venegas.

Sobre este caso, el fiscal general designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, vinculó a Venegas con “el desarrollo de actividades contra la paz de la República” y de formar parte de “un núcleo que pretendía convertir al estado Barinas en epicentro de acciones violentas”.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, aún se desconoce el paradero de Víctor Venegas. Sin embargo, el mensaje del gremio es claro y conciso. 

“No puede haber derechos humanos cuando un trabajador no gana un salario que le permita satisfacer sus necesidades, no puede haber paz en un país donde los ciudadanos van a un centro de salud y no encuentran atención a su problema, no puede haber paz en un país cuando nuestros hijos salen y tú no sabes si van a regresar, no puede haber paz cuando vives pensando que te van a llevar preso porque dijiste algo que a lo mejor a alguien no le gustó y el gobierno no da paz”, dijo Belkis Bolívar. 

Por su parte, Nairobi Ávila agregó que “la sociedad civil debe ser resiliente, persistente y organizarse mejor para seguir reclamando los derechos y las reivindicaciones, tenemos que seguir por ese camino sin perder la esperanza».

Espacio Público denuncia detención de una de sus líderes comunitarias en Anzoátegui
 De acuerdo con el Ministerio Público, Zikiu Rivas será presentada el lunes 3 de abril en tribunales por supuesta alteración al orden público

Créditos a Tal Cual

La organización Espacio Público denunció este domingo 2 de abril la detención de Zikiu Rivas, una de sus líderes comunitarias en el estado Anzoátegui, tras reclamar por fallas del servicio de agua y alumbrado eléctrico.

Rivas fue detenida el pasado 31 de marzo por dos funcionarios de la Policía de Anzoátegui, tras protestar por las fallas de servicios durante un acto de memoria y cuenta del alcalde del municipio Píritu, Jesús Méndez, según se explicó en la cuenta Twitter de la ONG.

Según la ONG, Rivas será presentada el lunes 3 de abril en tribunales por supuesta alteración al orden público y no se le permite que sus familiares puedan verla.

Activistas perseguidos en Venezuela

Recientemente, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó una actualización oral de la situación del país, donde se reiteró el patrón de persecución, hostigamiento y acoso contra activistas de la sociedad civil y defensores de derechos humanos.

En particular, se destacó el caso del profesor Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, y de seis activistas políticos y de DDHH vinculados al partido Bandera Roja.

Según el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), durante el mes de enero de 2023 se registraron 187 casos de persecución contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas vinculadas con la política y contra la ciudadanía en general.

A juicio de la ONG, los casos contra la ciudadanía son los más difíciles de cuantificar en los monitoreos mensuales debido a la cantidad de víctimas involucradas. 

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informó a finales de marzo que se registraron 63 ataques e incidentes de seguridad contra activistas en Venezuela durante febrero de este año.

«Continuó la política de criminalización, represión y control social a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos, con avances normativos restrictivos del espacio cívico y democrática», indicó la organización en su más reciente informe.

Fundehullan documentó 181 violaciones a los DDHH entre julio y septiembre de 2022
Se experimentó un incremento de 16,7 % con respecto al trimestre anterior

 

181 violaciones a los derechos humanos en al menos seis estados de Venezuela documentó la Organización no gubernamental Fundación de Derechos Humanos (Fundehullan) entre los meses julio y septiembre.

A través de un informe, la organización reveló que se experimentó un incremento de 16,7 % con respecto al trimestre anterior y que los principales presuntos perpetradores de abusos contra la sociedad civil son funcionarios de seguridad del Estado 

El informe denunció atropellos a los derechos fundamentales de la ciudadanía en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico, Portuguesa y Táchira.

El director ejecutivo de Fundehullan, Roland García, sostuvo que siguen prevaleciendo las políticas de criminalización y acciones de intimidación y obstaculización por parte de los cuerpos de seguridad del Estado como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), policías estatales e instituciones como Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y Comisión de salud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). 

“El Estado venezolano insiste en aplicar métodos coercitivos que obstaculizan e impiden la labor de defensa y acción humanitaria en la región de los llanos”, reza el comunicado.

El informe documentó casos vinculados a la vulneración de la libertad personal, detenciones arbitrarias, secuestro, retención, vulneración a la libertad de reunión y de asociación, vulneraciones a la manifestación pacífica y al acceso a la información.

 

LEA  Informe de CDH-UCAB resume violaciones de derechos a migrantes venezolanos expulsados a EEUU

 

“Los casos aquí descritos no representan la totalidad de las víctimas involucradas en cada hecho violatorio, sin embargo, son una muestra cuantitativa y significativa para demostrar un patrón sistemático de vulneración de derechos civiles y políticos por parte del Estado”, expresó el informe. 

En cuanto al margen porcentual en las vulneraciones a los derechos humanos quedaron reflejados de la siguiente manera: libertad personal con el 3% (5 casos), vulneración a la libertad de expresión con 2% (5 casos), vulneración al acceso a la información 2% (4 casos) y otros casos con el 81% (145).

Se produjeron 18 casos de intimidación en manifestaciones, 10 casos de despidos por cierre de emisoras, ocho casos contra defensores y activistas de ONG, cinco casos de intimidación a periodistas, cuatro contra medios de comunicación y dos contra dirigentes políticos.

El estado con mayor incidencia en cuanto a casos registrados con un 26% es Barinas, seguido por Portuguesa con 19%, Táchira con 18%, seguido por Guárico con 16%, Cojedes con 13% y por último el estado Apure con 8%.

Cabe destacar que el mes con mayores abusos fue el mes de agosto con el 50 % de los casos, en julio la cifra fue de 30% y septiembre registró 20%.

EEUU advierte sobre riesgo de detenciones arbitrarias en Venezuela
Biden ha enfrentado una fuerte presión por parte de familiares de víctimas de estas diferentes en esos países

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes, 19 de julio, una orden ejecutiva que advierte sobre el riesgo de detenciones arbitrarias en Venezuela.

De acuerdo con un artículo de Reuters, la orden está destinada a disuadir y castigar la detención injusta de ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

Para esto, Biden autorizó a las agencias gubernamentales a imponer sanciones y otras medidas.

Además de Venezuela, Biden advirtió a sus ciudadanos sobre el riesgo de sufrir detenciones arbitrarias en China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Birmania.

Cabe acotar que el presidente estadounidense ha enfrentado una fuerte presión por parte de familiares de víctimas de estas diferentes en esos países.

El caso más reciente es el de la estrella de la WNBA Brittney Griner, quien está detenida en Rusia desde febrero y es juzgada por cargos de drogas.

Por otra parte, los avisos de viaje del Departamento de Estado agregarán advertencias cuando exista un riesgo elevado de detención injusta en un país extranjero.

Este lunes, 18 de julio, la administración realizó una videollamada el lunes con los familiares de los detenidos para obtener una vista previa de la orden ejecutiva, según varios participantes.

Al respecto, uno de los participantes aseguró que la orden «parece preocuparse más por disuadir casos futuros que por resolver los actuales».

Es importante destacar que, según la fundación Foley, los países que retienen indebidamente a estadounidenses incluyen Bielorrusia, Burkina Faso, Camboya, China, Cuba, Egipto, Irán, Malí, Myanmar, Nicaragua, Rusia, Arabia Saudita, Siria, Turquía, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Yemen.

 

Asimismo, la liberación por parte de Rusia en abril del exmarine Trevor Reed intensificó los llamados de los familiares de otras personas detenidas en el extranjero para que Biden actúe.

*Con información de EFE

Continúan denuncias de detenciones arbitrarias, extorsiones y desapariciones forzadas en Guárico
De acuerdo con Defiende Venezuela, en algunos casos se evidenció la desaparición forzada de personas en Altagracia de Orituco, estado Guárico

La ONG Defiende Venezuela advirtió que en el estado Guárico continúan las denuncias de detenciones arbitrarias, extorsiones y desapariciones forzadas.

En una nota de prensa, la organización informó que visitó la población de Altagracia de Orituco, con la finalidad de atender las denuncias de violaciones de derechos humanos, alertada por los pobladores.

Según Defiende Venezuela, todas esas denuncias se realizaron en el contexto del operativo policial denominado “Operación Trueno”, la cual inició el 20 de abril y se ha extendido hasta la fecha.

Dentro de esta operación se han reportado allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, extorsiones y represión perpetrados por la Policía Nacional Bolivariana y el CONAS en el estado Guárico.

Las autoridades aseguran que el objetivo de la operación es dar con el paradero de los autores de extorsión y otros hechos delictivos, así como con los colaboradores o cómplices de la banda criminal autodenominada “El Tren del Llano”.

Sin embargo, la ONG hace saber que esto se ha utilizado como justificativo para atacar indiscriminadamente a los ciudadanos gracitanos.

Detenciones arbitrarias

Uno de los abogados de Defiende Venezuela en su visita a Altagracia expone: “Logramos identificar que siguen los allanamientos ilegales a las residencias y comercios, se han atentado contra vidas, existe un sometimiento de los ciudadanos con detenciones arbitrarias, se han dado confiscaciones ilegales, robos de bienes, violencia de género y, por último, actos de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Asimismo, el equipo de documentación deja saber que las víctimas han señalado que los cuerpos de seguridad responsables del operativo son la Dirección Contra Delincuencia Organizada (DCDO – PNB), la Dirección de Inteligencia Policial (DIP – PNB) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS – GNB). A pesar de ello, los testigos indican que estos funcionarios se identificaban como las FAES, al momento de ingresar a las viviendas.

 

Defiende Venezuela entrevistó a 15 núcleos familiares compuestos por madres, esposas, hijos, hermanos y sobrinos, y a más de 24 víctimas indirectas, incluyendo gremios de productores y comerciantes.

La mayoría de los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Caracas para ser presentados ante los tribunales con competencia especial en terrorismo. A estos sujetos no se les permitió la representación jurídica de un abogado de confianza. Adicionalmente, señalan que fueron incriminados, mediante “la siembra” de evidencia en sus expedientes judiciales.

Desapariciones forzadas

De acuerdo con Defiende Venezuela, en algunos casos se evidenció la desaparición forzada de personas. La ONG pudo constatar que autoridades policiales anunciaban en redes sociales la aprehensión de esos sujetos, pero no suministran información a sus familiares sobre el centro de reclusión donde se encuentran detenidos.

Al respecto, la ONG constató que las fuerzas del Estado, en ocasiones utilizaron las viviendas de las personas como centro de operaciones, pernoctando y organizando celebraciones, hasta altas horas de la noche. Señalaron que los funcionarios no contaban con una orden judicial de confiscación acordada por un tribunal, tampoco se evidenció la presencia de un representante del Ministerio Público en los allanamientos. En esos lugares, las víctimas señalan que sus casas fueron saqueadas.

 

Pese a que se trata de un operativo policial para desarticular una banda organizada y brindar seguridad a los gracitanos, los habitantes declaran tener miedo y terror por la acción indiscriminada de estos funcionarios. Consideran que no existe una planificación en seguridad ciudadana o control judicial, en las actuaciones desplegadas en ese territorio.

*También puede leer: #MonitordeVíctimasTáchira | Asesinan de varios disparos a un joven en Michelena

16 detenciones arbitrarias por mensajes en WhatsApp desde que inició la pandemia
Una práctica que aplican funcionarios policiales en Venezuela es el acceso ilegal a equipos a través del abuso de la fuerza

La ONG Espacio Público denunció que, desde el año 2020 que inició la pandemia, se empezaron a registrar detenciones por publicaciones en aplicaciones como WhatsApp, en su mayoría por difusión de información de interés público.

Debido a la falta de acceso a la información, muchos médicos, trabajadores públicos y sanitarios empezaron a publicar datos sobre la situación del sistema público de salud en relación con la COVID-19 mediante aplicaciones como WhatsApp.

Además, específicamente en 2020, se registraron 16 detenciones arbitrarias por la difusión de contenidos a través de WhatsApp. Algunas de ellas, derivaron en procesos judiciales, donde la acusación más común fue «instigación al odio».

Entre los casos se destaca el de Darío Salcedo, quien en mayo de 2020 fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Vigilancia y robo de información

De acuerdo con Espacio Público, el acceso indebido a datos personales cuenta con recursos públicos y la incursión directa de entidades en las prácticas de robo de información.

A juicio de la organización, la activación de estos mecanismos revela la «voluntad manifiesta del Estado en actividades ilícitas, validada por la ausencia de contrapesos, de manera que la impunidad legitima este tipo de prácticas».

«Esto da cuenta de la gravedad de una crisis institucional que podría alejar la posibilidad de cese y reparación judicial o al menos condiciona el cambio a una reforma estructural», agrega el informe.

Por ejemplo, en 2020, el Observatorio de Internet Ve Sin Filtro detectó una serie de ataques tipo phishing hacia la plataforma Héroes de la Salud, iniciativa de la Asamblea Nacional liderada pro Juan Guaidó.

Revisión ilegal de equipos

Una práctica que aplican funcionarios policiales en Venezuela es el acceso ilegal a equipos a través del abuso de la fuerza, especialmente en el n contexto de la cobertura periodística o el registro de información en la vía pública, así como durante requisas arbitrarias.

Según el documento de Espacio Público, policías  y militares obligan a periodistas, reporteros, infociudadanos o particulares a borrar material o revisan directamente los equipos. 

Entre 2020 y 2021, añade el texto, se registraron 18 casos de confiscaciones ilegales y 13 episodios de amenazas o intentos violentos de revisión, con más de 20 reporteros afectados.

Exposición de datos personales para promover persecución

Desde hace varios años, el régimen utiliza los medios de comunicación públicos para promover la estigmatización de sectores considerados de la «oposición política».

Según la ONG, «esta práctica se apoya en buena medida en el uso indebido de datos e información personal a la que se accede, bien sea a través de información disponible en redes sociales, o en bases de datos de instituciones públicas».

Sobre este punto, destacan que el Estado publicó en línea listas con los datos personales de la población electoral que apoyaba un referendo revocatorio contra el expresidente Hugo Chávez y utilizó dicha información para despedir a trabajadores de entes de públicos.

Biometría y control social

En Venezuela, comenzó el uso oficial de tecnologías biométricas en junio de 2009, con la implementación del pasaporte biométrico.

«Tres años después, en 2011, se incorpora al sistema electoral venezolano la autenticación mediante captahuellas, que se implementa por primera vez en las elecciones presidenciales de 2012», señala el texto.

Además, la semejanza de dispositivos captahuella con los utilizados en el sistema electoral generó desconfianza en la población. 

Uno de los casos es carnet de la patria que se instaló en 2015. Se trata de un documento inteligente con Códigos QR que almacena una gran cantidad de datos y funge como herramienta de control político y social.

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