Carlos Marrón Colmenares fue víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes luego de ser detenido arbitrariamente por funcionarios de la Dgcim, quienes lo torturaron
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@ValeriaPedicini
Una llamada lo cambió todo. Carlos Marrón Colmenares estaba en Florida, Estados Unidos, cuando un familiar se comunicó con él para decirle que su padre había sido secuestrado. No hubo mucho que pensar. El teléfono había sonado el 10 de abril de 2018 y ya al día siguiente estaba pisando el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Venezuela, con la intención de lograr la liberación de su padre.
Al principio, la familia Marrón pensó que el secuestro se trataba de un acto delictivo ordinario; que negociar una liberación segura y pagar un rescate sería suficiente para tenerlo de vuelta. Pero al llegar a Maiquetía, tras siete años fuera del país, Carlos entendió que las cosas no serían como había planeado.
Según el acta de investigación de la Dgcim, Marrón era el propietario de DolarPro.com, un portal web que se encargaba de publicar el tipo de cambio del bolívar por dólares en el mercado negro. Pero para el cuerpo de seguridad del Estado el sitio web estaba “encargado de desestabilizar la economía del país con precios irreales del papel moneda dólar”. El informe llegó a la conclusión legal de que el abogado estaba violando la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos.
Tras varias horas en el lugar, el Director de Operaciones Especiales de la DGCIM comenzó con el interrogatorio alrededor de la medianoche. Al abogado le exigían que declarara su vinculación con Dolarpro por supuestos ilícitos cambiarios.
Carlos se negó. Y ahí vinieron las torturas.
Le dieron puñetazos, patadas, golpes con tablas de madera mientras tenía los ojos vendados. Con una porra de metal también le golpearon los hombros, las rodillas y en la planta de los pies.
Lo asfixiaron con una bolsa de plástico; le pusieron una capucha en la cabeza y la empaparon con agua para crear la sensación de que se estaba ahogando.
Al día siguiente, las torturas seguían. Después de varias horas de golpizas y maltratos, Carlos accedió a firmar un documento en el que aceptaba la responsabilidad por los hechos que se le habían imputado. Los efectivos también lo obligaron a revelar las contraseñas de su computadora, teléfono y cuentas bancarias. Durante los días siguientes retiraron más de 100 mil dólares de varias de sus cuentas.
La noche del 12 de abril, al día siguiente de que se produjera la detención del abogado, el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, declaró por televisión para asegurar que Marrón era el propietario de una “página al margen de la ley”. Se refirió a él como “un verdadero delincuente” a quien “no le ha importado poner el dólar paralelo a precio casi terrorista”.
William Saab dijo que el “objetivo central” de la página web era promover el “terrorismo financiero” y la “especulación cambiaria” para “destruir la moneda venezolana”.
En unas de las sesiones de interrogatorios, a Carlos le preguntaron si su padre necesitaba una medicina especial porque parecía estar al borde de la muerte. Ahí fue cuando supo que su padre había sido secuestrado por la Dgcim para obligarlo a regresar al país. Su padre fue liberado cuatro días después de su arresto.
Los dos primeros días fueron los más duros. Pero luego Carlos fue trasladado a una celda conocida como “el cuarto de los locos” y recluido en un espacio de menos de 2 x 2 metros, sin acceso al baño, que compartía con otros dos presos. Él lo describió como una “tortura suave”, confinamiento en una celda estrecha con varias personas.
Tras más de un mes, fue trasladado de nuevo a la sede de Boleíta y permaneció incomunicado durante unos dos meses, sin acceso a abogados ni familiares.
Ahí estuvo detenido en una celda subterránea que tenía iluminación artificial las 24 horas del día, sin ventilación ni ventanas. En ese tiempo, solo lo dejaron salir al exterior en dos ocasiones.
Crímenes de lesa humanidad
El caso de Carlos Marrón Colmenares fue mencionado en el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicado en septiembre de 2020, en el que los expertos dictaminaron que existen motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.
El documento señala que se investigaron casi 3.000 casos y se analizaron más de 5.000 asesinatos. Fue así como concluyeron que Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa estaban al tanto de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia venezolanas.
Específicamente, la Misión investigó 77 casos en los que la Dgcim arrestó, detuvo y torturó a oficiales militares activos y retirados y a personas civiles asociadas. Y en unos pocos casos, los agentes arrestaron, detuvieron y torturaron a civiles no afiliados a ninguna operación o personal militar.
“Los actos de tortura se produjeron generalmente durante los interrogatorios, poco después del arresto mientras los detenidos estaban incomunicados y antes de la audiencia de presentación”, reza el documento.
Su testimonio también fue incluido en el más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, publicado en septiembre de 2021.
Irregularidades
Carlos Marrón fue presentado ante la jueza del Tribunal Tercero de Control Penal de Caracas para la audiencia de presentación el 13 de abril de 2018. Antes de salir de la sede en Boleíta, agentes de la DGCIM le obligaron a firmar un documento en el que indicaba que no había recibido maltrato físico, verbal o psicológico.
En la audiencia de presentación, la fiscalía acusó a Marrón de tres delitos: difusión de información falsa sobre el tipo de cambio, asociación ilícita y legitimación de capitales.
Los expertos especificaron que la fecha de la orden de aprehensión era el 10 de abril de 2018, aunque las cartas que transmitían los documentos de sustento tanto del Ministerio Público como de la Dgcim, tenían la fecha del 12 de abril de 2018.
La acusación del Ministerio Público del 28 de mayo de 2018 no presentó pruebas con respecto a los cargos de legitimación de capitales y asociación. La audiencia preliminar fue cancelada 22 veces y nunca se celebró.875
El 2 de agosto de 2018 fue derogado el Decreto de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, que tipifica el delito de difusión de información falsa sobre el tipo de cambio. Días después, la defensa de Marrón presentó una solicitud para su libertad inmediata, argumentando que había desaparecido el fundamento jurídico para su detención.
Aunque en 2019 le desestimaron los cargos de legitimación de capitales y asociación por falta de fundamento, le mantuvieron los cargos de difusión de información falsa sobre el tipo de cambio. Así que la Corte de Apelaciones mantuvo la orden de prisión preventiva, ya que el tribunal señaló que el informe de investigación de la Dgcim aportaba pruebas suficientes para sostener esa acusación.
Carlos Marrón fue liberado el 6 de enero de 2020 con medidas cautelares junto a otros 13 presos políticos en medio de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y grupos de oposición. No fue sometido a juicio y tampoco se le prescribió la pena por sus supuestos delitos.
El abogado le contó a la agencia de noticias AP que no sabe por qué los funcionarios lo dejaron en libertad. Aunque las autoridades lo obligaron a entregar su pasaporte y aceptar no salir del país, Carlos escapó de Venezuela. Manejó hasta la frontera con Colombia, donde funcionarios de Estados Unidos lo reunieron con su esposa y sus dos hijos en Florida.
