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Destitución

Trabajadores de Corpoelec exigen la

LA DESTITUCIÓN INMEDIATA del ministro para la energía eléctrica y presidente de la estatal Corpoelec, Luis Motta Domínguez, es la principal exigencia de los trabajadores de esta empresa.

“Una vez restituido el servicio y ante el sin número de opiniones de distintos calibres ratificamos e insistimos en lo que ha sido nuestro diagnóstico y propuesta la destitución inmediata del ministro Luis Alfredo Motta Domínguez y el inicio de una averiguación administrativa y política a su nefasta gestión”, expone un comunicado emitido por la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela (Fetraelec).

La federación lamentó el apagón nacional producido el pasado 7 de marzo y exponen la responsabilidad de Motta Domínguez en la debacle de Corpoelec y la red eléctrica del país.

Responsabilizan al funcionario de la mayoría de las fallas potenciales de la industria eléctrica venezolana. Sostienen que durante su gestión, más del 80% de la generación termoeléctrica se encuentra fuera de servicio, además del abandono de las actividades de pica y poda en líneas de transmisión y la profundización de las deficiencias en las condiciones para trabajar.

A estos elementos se suman problemas operativos, como el retiro de las empresas de seguridad de las plantas eléctricas, que facilitan los robos; la persecución y hostigamiento a trabajadores y sindicalistas y una progresiva disminución de los beneficios laborales.

Sin embargo, acotan que la purga no debe ser solo con la cabeza de la industria. Por este motivo también piden una revisión técnica, moral y política de quienes dirigen Corpoelec a nivel nacional. Advierten que son “indefinibles” los niveles de enriquecimiento a cuestas de la estatal.

“Debe refundarse Corpoelec en el plano moral y político. Son indefendibles los niveles de enriquecimiento de quienes han dirigido y dirigen el sector, que confirma sus debilidades políticas e ideológicas que sin duda afectan al sector eléctrico”, añade el comunicado.

Por otra parte, solicitan la reapertura del centro de formación profesional German Celis Saune, cerrado también durante la gestión de Motta Domínguez, para retomar la profesionalización a nivel técnico de su personal.

Es relevante precisar que según numerosos expertos, el origen del apagón se debió principalmente a un incendio que se produjo en la gran cantidad de maleza que alcanzó las líneas de transmisión en la subestación eléctrica Malena, al norte de Bolívar.

Desde Fetraelec hacen énfasis en que saben “exactamente qué ocurrió con el apagón y los días posteriores” y están dispuestos a trabajar para solucionarlas.

Entre sus propuestas incluyen el inicio de un plan nacional de pica y poda permanente en los corredores de líneas de transmisión, subestacioens eléctricas y patios transformadores. Esto deja entrever que podrían manejar la misma tesis sobre la causa del apagón, diferente a la teoría de sabotaje que maneja el Gobierno.

De igual forma, agregan que es prioritario ejecutar un plan de recuperación del parque termoeléctrico. En este aspecto, remarcan que debe ponerse especial atención sobre los tres complejos generadores más importantes del país en Vargas, Carabobo y Zulia.

Finalmente, piden una discusión y aprobación inmediata de las nuevas condiciones laborales de los trabajadores de Corpoelec, entre Fetraelec y el Gobierno.

Kuczynski afirma que Perú afronta “un golpe de Estado disfrazado”

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El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó hoy que su país afronta “un golpe de Estado disfrazado” con el pedido para su destitución, que será debatido y votado este jueves en el Congreso.

“La Constitución y la democracia están bajo ataque. Estamos ante un golpe bajo el disfraz de interpretaciones legales supuestamente legítimas”, enfatizó Kuczynski en un mensaje televisado al país en el que estuvo acompañado por sus vicepresidentes, Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz.

 

El pleno del Congreso, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, escuchará este jueves la defensa de Kuczynski ante las acusaciones de que una empresa suya recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht, tras lo cual debatirá un pedido de destitución por una presunta “incapacidad moral permanente”.

Kuczynski está acusado por el Congreso de Perú de ocultar consultorías de su empresa Westfield Capital a Odebrecht, por las que la constructora brasileña pagó más de 782.000 dólares entre 2004 y 2007, período en el que Kuczynski era ministro en el Gobierno de Alejandro Toledo.

Al respecto, Kuczynski exigió hoy al Congreso “respeto a la decisión popular” que le otorgó la presidencia en las elecciones del 2016 por poco más de 40.000 votos sobre Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular.

El gobernante aseguró que durante su defensa ante el Congreso responderá “con claridad puntual” a las acusaciones que afirman que se benefició con pagos de Odebrecht.

La permanencia de Kucyznski al frente de la jefatura del Estado ha sido seriamente cuestionada después de que la semana pasada se informara de que una empresa suya ofreció servicios de consultoría a la constructora brasileña Odebrecht entre 2004 y 2007.

OEA hará informe sobre proceso

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció este jueves el envío de la delegación a Perú a petición de Kuczynski, que este jueves afrontará un proceso de destitución.

La delegación estará integrada por el asesor sénior del secretario general Gustavo Cinosi y secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi.

*Con información de EFE y AFP

 

Froilán Barrios: Destitución de Juan Pablo Guanipa fue un golpe de estado

juan carlos guanipa

A propósito de las últimas fechorías de la dictadura relacionadas con la destitución del recién electo gobernador J.P. Guanipa  cito a Sánchez García (2017) “Aprendí de la lectura de la Filosofía del Estado y del Derecho, de Hegel, que un crimen cometido reiteradamente y no castigado, deja de ser un crimen para convertirse en uso y costumbre, hasta verse transformado en ley.

Aún cuando el gobernador zuliano luego de ser acreditado, acorde con el art. 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales por la junta regional electoral del CNE el 16/10/2017 y de conformidad con el 160 de la CRBV, solicitó en reiteradas oportunidades por el CLEZ ser juramentado para iniciar oficialmente su mandato, éstos negaron ese requisito legal, procediendo con aviesa intención, a decretar la invención de la vacante absoluta al violar la constitución del Estado Zulia que establece en el artículo 75, “se considera falta absoluta del gobernador: “1) La muerte; 2) La renuncia; 3) La interdicción civil; 4) La condena penal mediante sentencia definitivamente firme; 5) El abandono del cargo declarado por el Consejo Legislativo por el voto de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes; y 6) La revocatoria de su mandato por referendo”.

El Consejo Legislativo basa su argumento en la imposición de juramentar a gobernadores ante la ANC, como norma sobrevenida de la montonera constituyente del PSUV, aprobada dos días después del 15/10. Fecha de las elecciones a gobernador, donde surgiera  Guanipa como vencedor y gobernador electo con los votos del pueblo zuliano.

Como podemos ver la dictadura ha multiplicado el curioso método legislativo de los regímenes fascistas, de inventarse a diario leyes y una nueva constitución como un traje a su medida. En esta oportunidad es del tamaño de un golpe de estado contra la mayoritaria voluntad del pueblo elector y por otro lado de un crimen mayor contra el artículo 4 de la CRBV, que caracteriza la vigencia del estado federal descentralizado.

Desde hoy existirán dos gobernadores, uno constitucional legitimado por el voto popular y otro fraudulento impuesto por la dictadura en la persona de Magdelis Valbuena, presidenta por cierto de un Consejo Legislativo con el periodo vencido desde diciembre 2016.

Este acto criminal del régimen es la mas flagrante evidencia, de todas las que han sucedido hasta ahora, que determina como lo ha manifestado recientemente la canciller canadiense en el Grupo de Lima, del curso sin regreso de Maduro a imponer la dictadura a los venezolanos.

Por tanto, ante el secuestro de los poderes públicos (TSJ, CNE, FISCALIA GENERAL, DEFENSORIA DEL PUEBLO), El gobernador electo debe en las próximas horas, acudir a la Asamblea Nacional, a la comunidad internacional, y a la movilización del pueblo zuliano, para hacer respetar la vigencia de la decisión de más de 700.000 electores, quienes derrotaron en forma aplastante y soberana al candidato de la dictadura F. Arias Cárdenas 

 

Gobierno ha arremetido contra 34 de los 77 alcaldes opositores

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34 autoridades municipales que no son a fin con las políticas del Presidente Maduro han sido destituidos, privados de libertad, tiene orden de aprehensión, prohibición de salida del país o fueron inhabilitados. Ahora la ANC, electa de manera fraudulenta, podría ordenar el cese de funciones de este poder regional

De los 77 alcaldes de oposición del país, electos en el año 2013 de acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral, 34 han sido objeto de alguna arremetida del Gobierno nacional. Esto equivale a que 44% de las autoridades municipales han sido destituidas de sus cargos, están en prisión, tienen orden de aprehensión, prohibición de salida del país, fueron despojados de sus funciones o inhabilitados. Además, han sido denunciados en fiscalía o demandados, su órgano de control fiscal fue intervenido o su policía fue intervenida, por no respaldar las medidas y políticas impuestas por el presidente Nicolás Maduro.

Transparencia Venezuela, identificó que 5 alcaldes fueron destituidos y están en prisión o tienen casa por cárcel: Enzo Scarano del municipio San Diego del estado Carabobo, Daniel Ceballos de San Cristóbal, estado Táchira; Antonio Ledezma del Distrito Metropolitano en el Distrito Capital, Delson Guárate del municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua y Alfredo Antonio Ramos Acosta del municipio Iribarren en el estado Lara.

Mientras que Pedro Loreto, autoridad del municipio Leonardo Infante del estado Guárico, también fue arrestado, pero solo por 72 horas.

Otras 2 autoridades municipales que adversan al gobierno de Maduro, fueron destituidos y tienen orden de aprehensión: Warner Jiménez del municipio Maturín, estado Monagas y Gustavo Marcano del municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui. A la lista de autoridades con orden de aprehensión agregaron recientemente a Omar Láres de Campo Elías Mérida.  Entre tanto, Lumay Barreto de la circunscripción Páez de Apure fue destituida.

A Ramón Muchacho alcalde de Chacao, estado Miranda y a Carlos García  de Libertador Mérida, le dictaron medida de prohibición de salida del país. Mientras que fueron inhabilitados de sus funciones Enzo Scarano (San Diego, estado Carabobo); Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira) y Alirio Guerrero (Jáuregui, Táchira).

La ONG, encontró que Antonio Ledezma alcalde del Distrito Metropolitano del Distrito Capital y Eveling Trejo (Maracaibo, Zulia) fueron despojados de sus competencias.

Como si fuera poco, 12 alcaldes han sido denunciados ante la Fiscalía General: 1) Enzo Sacarano (San Diego, Carabobo), 2) Gustavo Marcano (Diego Bautista Urbaneja, Anzoátegui), 3) Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira), 4) Antonio Ledezma (Distrito Metropolitano, Distrito Capital), 5) Delson Guárate (Mario Briceño Iragorry, Aragua), 6) José Luís Machin (Barinas, Barinas), 7) Ronald Aguilar (Antonio José de Sucre, Barinas), 8) Ramón Rodríguez (Bejuma, Carabobo), 9) Alejandro Feo La Cruz (Naguanagua,  Carabobo), 10) Yovanny Salazar (Chaguaramos, Guárico), 11) Alfredo Ramos (Iribarren, Lara), 12) Warner Jiménez (Maturín, Monagas).

Las arremetidas en contra de los mandatarios regionales también han provenido del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Constitucional ha dictado 39 decisiones entre mayo y julio de este año, en las que amenaza a 14 alcaldes de la oposición con destitución y prisión. De concretarse la medida serían 22 alcaldes los que dejen de prestar sus funciones.

La Contraloría General de la República ha hecho lo propio. Suman 15 Contralorías Municipales intervenidas.

Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente, recientemente electa de manera fraudulenta, podría ordenar el cese de funciones y desaparición del poder municipal.

INFO - Ataques alcaldias oposición Transparencia

 

Destituyen al Alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos

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A través de su cuenta en Twitter, el alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Alfredo Ramos informó que aprobaron su destitución.

El pasado 6 de mayo, el burgomaestre denunció que por “órdenes” del presidente Nicolás Maduro y del dirigente del PSUV, Diosdado Cabello, se introdujo un amparo en su contra para intentar su destitución y posterior encarcelamiento.

Ramos aseguró que su destitución es un golpe de estado a su municipio y que nada detendrá su lucha por la democracia.

Recientemente, varios dirigentes de oposición han sido destituidos o inhabilitados de sus cargos, tal es el caso de Liborio Guarulla y Henrique Capriles Radonski; gobernadores de Amazonas y Miranda respectivamente.

 

   

Oposición iniciará recolección de firmas para apoyar destitución de magistrados

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Stalin González, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que los dirigentes opositores que marcharán este jueves llevarán unas planillas para iniciar la recolección de firmas para la activación del artículo 32 de la Ley del Poder Ciudadano. Este señala que los ciudadanos podrán solicitar al Consejo Moral Republicano la calificación de la falta de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Y así remover y enjuiciar  a los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por haber atentado contra el Estado de Derecho y la vida republicana del país”, expresó en entrevista al Circuito Éxitos.

El también representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral habló acerca de la marcha oficialista convocada para este 6 de abril. Señaló que el gobierno le tiene “miedo” a la presión popular.

“Recordemos que hace dos días tuvieron una movilización muy pequeña, pero este es el momento de continuar con las protestas organizadas, pacíficas”, enfatizó el parlamentario.

Para este 6 de abril fue convocada una movilización por dirigentes opositores hacia distintos puntos de Caracas.

Asimismo, González precisó que el objetivo es que se enjuicien a los magistrados del TSJ, además de que se publique un cronograma electoral.

“Que el gobierno entienda que este país cambió y quiere salir de la crisis”, añadió.

Venezuela retira embajador y congela relaciones con Brasil tras destitución de Dilma Rousseff

CasaAmarillaCARACAS

 

Venezuela “ha decidido retirar definitivamente a su embajador” en Brasil, Alberto Castellar, “y congelar las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno surgido de este golpe parlamentario”, subrayó la cancillería, en un comunicado.

“Se ha ejecutado una traición histórica contra el pueblo de Brasil, y un atentado contra la integridad de la mandataria más honesta en ejercicio de la presidencia” de ese país, remarcó la cancillería, al solidarizarse con Rousseff, destituida tras un fallo histórico en el Senado que puso un dramático fin a 13 años de gobiernos de izquierda en el gigante sudamericano.

En su cuenta de Twitter, Maduro expresó “toda la solidaridad” con Rousseff. “Condenamos el Golpe Oligárquico de la derecha ¡Quién Lucha Vence!”, escribió.

El gobierno de Maduro, que ha relacionado en varias ocasiones el proceso contra Rousseff con el reclamo de la oposición venezolana de un referendo revocatorio en su contra, dijo que ese “golpe de Estado parlamentario” forma parte de la “embestida oligárquica e imperial” contra los procesos izquierdistas en la región.

Para acabar “con los modelos de genuina democracia y de integración unitaria de la región alcanzados por los Presidentes Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula Da Silva, Evo Morales, Tabaré Vázquez y Rafael Correa”, aseguró al referirse a los expresidentes de Venezuela, Argentina, Brasil y a los actuales mandatarios de Bolivia, Uruguay y Ecuador.

Maduro, que en mayo llamó a consultas a su embajador en Brasil, y su antecesor Hugo Chávez (1999-2013) forjaron amplios lazos comerciales y políticos con los gobiernos tanto de Rousseff como del expresidente brasileño Lula da Silva.

 

 

América Latina reacciona tras la destitución de Dilma Rousseff

 

En Latinoamérica, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua también condenaron la destitución de Rousseff e hicieron eco al calificativo de “golpe de Estado”.

“El Gobierno de la República de Cuba rechaza enérgicamente el golpe de Estado parlamentario-judicial que se ha consumado contra la Presidenta Dilma Rousseff”, señaló el Gobierno cubano en una declaración oficial leída en la televisión estatal.

Brasil, un cercano aliado político de Cuba, es también uno de sus principales socios comerciales en la región y fuente de crédito de la isla caribeña.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, escribió en su cuenta de Twitter: “Condenamos el golpe parlamentario contra la democracia brasileña. Acompañamos a Dilma, Lula y su pueblo en esta hora difícil. #FuerzaDilma”.

“Estamos convocando a nuestro embajador en Brasil para asumir las medidas que en este momento se aconsejan”, anunció.

Otro que utilizó la red social para expresar su rechazo a los eventos en Brasil fue el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, quien afirmó: “Destituyeron a Dilma. Una apología al abuso y la traición. Retiraremos nuestro encargado de la embajada”.

“Jamás cohonestaremos estas prácticas, que nos recuerdan las horas más obscuras de nuestra América. Toda nuestra solidaridad con la compañera Dilma, con Lula, y con todo el pueblo brasileño. ¡Hasta la victoria siempre!”, añadió.

(Reporte adicional de Nelson Acosta en La Habana, Daniel Ramos en La Paz e Iván Castro en Managua; editado por Eyanir Chinea y Carlos Serrano).

 

A continuación el comunicado:

 

Venezuela condena golpe de Estado contra Presidenta Dilma Rousseff en Brasil

La República Bolivariana de Venezuela condena categóricamente el golpe de Estado parlamentario consumado en Brasil contra la Presidenta Dilma Rousseff, mediante el cual peligrosamente se ha sustituido ilegítimamente la voluntad popular de 54 millones de brasileños, violentando la Constitución y alterando la democracia en este hermano país.

Las oligarquías políticas y empresariales, que en alianza con factores imperiales consumaron el Golpe de Estado contra la Presidenta Dilma Rousseff, recurrieron a artimañas antijurídicas bajo el formato de crimen sin responsabilidad para acceder al poder por la única vía que les es posible: el fraude y la inmoralidad.

La República Bolivariana de Venezuela expresa su solidaridad con la Presidenta Dilma Rousseff, y con los millones de mujeres y hombres que mediante el voto directo y secreto eligieron a la Presidenta. Se ha ejecutado una traición histórica contra el pueblo de Brasil, y un atentado contra la integridad de la mandataria más honesta en ejercicio de la presidencia en la República Federativa de Brasil.

Este golpe de Estado parlamentario forma parte de la embestida oligárquica e imperial contra los procesos populares, progresistas, nacionalistas y de izquierda, cuyo único fin es restaurar los modelos neoliberales de exclusión social y expoliación de nuestras riquezas naturales que trajeron consigo pobreza y atraso para nuestros pueblos, y acabar así con los modelos de genuina democracia y de integración unitaria de la Región alcanzados por los Presidentes Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula Da Silva, Evo Morales, Tabaré Vázquez y Rafael Correa.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en resguardo de la legalidad internacional y solidaria con el pueblo de Brasil, ha decidido retirar definitivamente a su Embajador en la República Federativa de Brasil, y congelar las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno surgido de este golpe parlamentario. De igual forma, iniciaremos un conjunto de consultas para apoyar al pueblo de esta hermana Nación, que ha visto vulnerado su sistema democrático y desesperanzado en sus conquistas socioeconómicas.

Caracas, 31 de agosto de 2016

 

*Con información de AFP y Reuters

 

Senado de Brasil ya tendría los votos necesarios para destituir a Dilma Rousseff

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El Senado brasileño escuchó por última vez este martes los argumentos de la defensa y la acusación en el juicio político contra la presidente Dilma Rousseff y ahora se apresta a dictar la sentencia definitiva, prevista para este miércoles por la mañana.

Según el diario Folha de Sao Paulo, entre los senadores que hablaron con la prensa y ya anticiparon cómo votarán en el impeachment se contabilizaron 54 votos a favor de la destitución de Rousseff, 20 en contra y 7 indecisos.

En sus últimas intervenciones, la parte acusadora y la defensa no aportaron nada nuevo, reiteraron alegatos esgrimidos a lo largo del proceso y tampoco parecieron convencer a unos senadores que, en su mayoría, dicen tener ya una opinión formada y, según sondeos que ha publicado la prensa local, decididamente favorable a la destitución.

Este martes tomó primero la palabra la abogada de la acusación, Janaina Paschoal, quien consideró “probados” todos los cargos contra la mandataria y exigió al Senado su destitución.

“El fraude está comprobado” y “los senadores no pueden votar al margen de esa realidad”, declaró Paschoal, quien dijo apoyarse en declaraciones de los testigos escuchados, las “voluminosas pruebas” presentadas por la acusación y los propios balances del Estado, en los que sostuvo que se reflejan “todas” las irregularidades.

La presidente Rousseff, suspendida de sus funciones desde que se instauró el proceso, el pasado 12 de mayo, responde por la emisión de tres decretos que alteraron los presupuestos sin la venia del Congreso y atrasos en depósitos en la banca pública que generaron costosos intereses y se configuraron como créditos, según la acusación.

Paschoal también respondió con vehemencia a la tesis del “golpe” esgrimida por Rousseff y su defensa para descalificar al proceso.

“Nada ha sido hecho fuera de la legalidad. Es un proceso que es del pueblo, de cada uno de los brasileños que se manifestó” en las calles contra Rousseff, indicó Paschoal en alusión a las multitudinarias protestas que ocurrieron durante el año pasado, en las que llegaron a participar casi cuatro millones de personas.

El abogado defensor, José Eduardo Cardozo, insistió sin embargo en que se habrá “consumado un golpe” si Rousseff fuera condenada y culpó de esa “conspiración” a “una elite política y económica”.

En un encendido discurso, Cardozo sostuvo que las acusaciones “son tan técnicas, tan sofisticadas y tan confusas, que la enorme mayoría de los brasileños no entiende de qué la acusan”.

Según el abogado, “fue acusada” porque fue reelegida en 2014 “afrontando los intereses de aquellos poderosos que querían cambiar el rumbo de Brasil” y porque “facilitó las investigaciones sobre corrupción”.

Cardozo sostuvo que los “derrotados de 2014 se confabularon” con los sectores económicos y entonces “decidieron destituir” a “una mujer incómoda” construyendo “la tesis de una irregularidades que no son, que no existen y que no han sido probadas”.

El abogado concluyó con emoción su alegato y dijo: “Pido a Dios que si ella fuera condenada, un día un ministro de Justicia le pida disculpas. A ella, si estuviera viva, o a sus nietos, si ya hubiera fallecido. Pero que sea, para que la Historia honre a esta mujer”. Palabras similares expresó después ante los periodistas, en los que reiteró, pero sollozando, que “la Historia deberá pedir perdón”.

Tras las últimas exposiciones de la defensa y la acusación, le tocó el turno a los 81 senadores, que podrán tomar la palabra durante diez minutos, por lo que si todos decidieran intervenir y se cumplen los tiempos, esa etapa consumirá unas catorce horas y sólo concluirá entrada la madrugada de este miércoles.

Según estableció el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien dirige la sesión como garante constitucional del proceso, habrá entonces un receso hasta mañana, cuando será dictada sentencia.

En esa última audiencia, dos senadores inclinados a condenar a Rousseff y otros dos que se opongan a su destitución tendrán cada uno cinco minutos para exponer sus alegatos y finalmente se procederá a la votación, por medio de un sistema electrónico.

Para que Rousseff sea desalojada de la Presidencia será necesario que así lo decida una mayoría calificada de 54 votos, que equivalen a dos tercios de los escaños.

El resultado se conocerá de inmediato y, una vez proclamado por el presidente del Supremo, Rousseff estará fuera del poder o, por el contrario, si fuera absuelta, recuperaría el cargo y relegaría otra vez a la vicepresidencia al presidente interino, Michel Temer.

Con información de EFE