Destitución

La información fue publicada por la concejala del municipio Bolivariano, Érika Bernal Echeto a través de su cuenta en Twitter

Este jueves, 26 de agosto, Érika Farías Peña renunció a su cargo como alcaldesa del municipio Libertador de Caracas. 

La información fue publicada por la concejala del municipio Bolivariano, Érika Bernal Echeto, a través de su cuenta en Twitter. 

«Hoy en sesión, el Concejo Municipal aceptó la renuncia de la alcaldesa de Caracas Erika Farías. Agradecemos su trabajo en nuestra ciudad», escribió Bernal quien además designó a Beatriz Rodríguez para que asumiera la responsabilidad.

En otro tuit, Bernal Echeto informó que el Consejo Municipal de Caracas tiene nueva junta directiva. 

«Así, la Presidencia la asume la concejala Yuset Brito, la Vicepresidencia el concejal Alexander Aranguren y la nueva jefa de fracción es la concejala Dayelin Rivero», dijo. 

Hoy en sesión el Concejo Municipal aceptó la renuncia de la alcaldesa de Caracas Erika Farías. Agradecemos su trabajo en nuestra ciudad, y damos la bienvenida y apoyo a la compañera Beatriz Rodríguez quien asume esta responsabilidad. #SomosCaracas #SomosVenezuela @MSomosVen pic.twitter.com/eCPEYxGcE1

— Erika Bernal Echeto (@ErikaBernal_Ven) August 26, 2021

El Concejo Municipal de #Caracas tiene nueva Junta Directiva. Así la Presidencia la asume la concejala Yuset Brito, la Vicepresidencia el concejal Alexander Aranguren y la nueva jefa de fracción es la concejala Dayelin Rivero! Éxitos en esta nueva etapa! Sigamos avanzando junt@s! pic.twitter.com/smmDqeriRL

— Erika Bernal Echeto (@ErikaBernal_Ven) August 26, 2021

Deja la alcaldía para fortalecer la militancia del Psuv

A través de una carta pública, Érika Farías expuso los motivos por los cuales renunció a su cargo a la alcaldía, en la misma alega que la decisión responde a «contribuir a la preparación de las fuerzas patrióticas» de cara a los comicios del 21 de noviembre.

Farías afirmó en la misiva que se retira de la alcaldía, pero que ofrenda su compromiso y absoluta disposición al trabajo como militante de la revolución bolivariana.

61 % de los caraqueños no aprobaban su gestión

La empresa de investigación de mercado y opinión pública, Consultores 21, en su último sondeo, reveló que el 61% de los caraqueños reprobaba la gestión de Érika Farías como alcaldesa

La encuesta, que se realizó con la finalidad de evaluar el liderazgo en el municipio Libertador de cara a las próximas elecciones, determinó que solo el 36% de los consultados veía como buena la gestión de Farías.

La misma encuesta reveló que los principales problemas de la ciudad de Caracas son la basura en las calles (20%), seguido por la falta de agua (16%) y la inseguridad y delincuencia en las calles (15%). 

Aún no se sabe cuál será el nuevo cargo que ocupará la exgobernadora del estado Cojedes, pero datos de la encuesta de Consultores 21 reflejaron que la intención de votos en el sector de la oposición para ocupar la Alcaldía de Libertador (Distrito Capital) la lidera el dirigente político Roberto Patiño (16 %), mientras que, por el oficialismo, da la cara la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez (19%).

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Funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía del Zulia tomaron las instalaciones del hospital centinela un día después de su intervención

Este martes 2 de junio, el Hospital Universitario de Maracaibo amaneció militarizado y fuertemente custodiado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y policías que impiden el ingreso de los trabajadores debido a un brote de COVID-19 en la entidad. Así lo informó el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto.

Los uniformados llegaron a las 6:00 am en una tanqueta y un camión, y tomaron los principales accesos del hospital. «Solo permiten la entrada de médicos y enfermeros que estén identificados», comentó una fuente.

Luego de la destitución de Mervin Urbina, -quien dirigía el hospital desde enero de 2019- el nosocomio ahora será dirigido por Alfonsina Romero, quien fungía como subsecretaria de Salud del estado Zulia y directora del centro asistencial. Relevará en el cargo al doctor Mervin Urbina, quien dirigía el hospital desde enero de 2019.

La destitución de Urbina es rechazada por los trabajadores del Hospital Universitario, quienes habían convocado a una protesta para este martes 2 de junio, a las 7:00 am. Sin embargo, el director saliente envió un mensaje a los empleados agradeciendo y solicitándoles que no manifestaran porque estaba prohibida la aglomeración de personas y ello atentaba contra la salud de todos.

Cifras del gobierno nacional afirman que en la entidad hay 107 casos de COVID-19. Las autoridades nacionales y regionales han informado que el foco de contagio está en el Mercado Las Pulgas de Maracaibo, que fue cerrado de manera indefinida por la gobernación.

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*Con información de El Pitazo

LA DESTITUCIÓN INMEDIATA del ministro para la energía eléctrica y presidente de la estatal Corpoelec, Luis Motta Domínguez, es la principal exigencia de los trabajadores de esta empresa.

“Una vez restituido el servicio y ante el sin número de opiniones de distintos calibres ratificamos e insistimos en lo que ha sido nuestro diagnóstico y propuesta la destitución inmediata del ministro Luis Alfredo Motta Domínguez y el inicio de una averiguación administrativa y política a su nefasta gestión”, expone un comunicado emitido por la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela (Fetraelec).

La federación lamentó el apagón nacional producido el pasado 7 de marzo y exponen la responsabilidad de Motta Domínguez en la debacle de Corpoelec y la red eléctrica del país.

Responsabilizan al funcionario de la mayoría de las fallas potenciales de la industria eléctrica venezolana. Sostienen que durante su gestión, más del 80% de la generación termoeléctrica se encuentra fuera de servicio, además del abandono de las actividades de pica y poda en líneas de transmisión y la profundización de las deficiencias en las condiciones para trabajar.

A estos elementos se suman problemas operativos, como el retiro de las empresas de seguridad de las plantas eléctricas, que facilitan los robos; la persecución y hostigamiento a trabajadores y sindicalistas y una progresiva disminución de los beneficios laborales.

Sin embargo, acotan que la purga no debe ser solo con la cabeza de la industria. Por este motivo también piden una revisión técnica, moral y política de quienes dirigen Corpoelec a nivel nacional. Advierten que son “indefinibles” los niveles de enriquecimiento a cuestas de la estatal.

“Debe refundarse Corpoelec en el plano moral y político. Son indefendibles los niveles de enriquecimiento de quienes han dirigido y dirigen el sector, que confirma sus debilidades políticas e ideológicas que sin duda afectan al sector eléctrico”, añade el comunicado.

Por otra parte, solicitan la reapertura del centro de formación profesional German Celis Saune, cerrado también durante la gestión de Motta Domínguez, para retomar la profesionalización a nivel técnico de su personal.

Es relevante precisar que según numerosos expertos, el origen del apagón se debió principalmente a un incendio que se produjo en la gran cantidad de maleza que alcanzó las líneas de transmisión en la subestación eléctrica Malena, al norte de Bolívar.

Desde Fetraelec hacen énfasis en que saben “exactamente qué ocurrió con el apagón y los días posteriores” y están dispuestos a trabajar para solucionarlas.

Entre sus propuestas incluyen el inicio de un plan nacional de pica y poda permanente en los corredores de líneas de transmisión, subestacioens eléctricas y patios transformadores. Esto deja entrever que podrían manejar la misma tesis sobre la causa del apagón, diferente a la teoría de sabotaje que maneja el Gobierno.

De igual forma, agregan que es prioritario ejecutar un plan de recuperación del parque termoeléctrico. En este aspecto, remarcan que debe ponerse especial atención sobre los tres complejos generadores más importantes del país en Vargas, Carabobo y Zulia.

Finalmente, piden una discusión y aprobación inmediata de las nuevas condiciones laborales de los trabajadores de Corpoelec, entre Fetraelec y el Gobierno.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó hoy que su país afronta “un golpe de Estado disfrazado” con el pedido para su destitución, que será debatido y votado este jueves en el Congreso.

Nos costó mucho recuperar esta democracia. No la volvamos a perder. No voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos.

— PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) December 15, 2017

La constitución y la democracia están bajo ataque. Estamos ante un golpe bajo el disfraz de interpretaciones legales supuestamente legítimas. Pero, las intenciones de nuestros opositores quedan desenmascaradas por su comportamiento apresurado y abusivo. (1/2)

— PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) December 21, 2017

El ataque a las instituciones, a la Presidencia de la República, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional, constituiría, no solo un golpe político, sino también un golpe económico al Perú, pues estamos a punto de recuperar el dinamismo que el país perdió hace más de 3 años. (2/2)

— PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) December 21, 2017

El pleno del Congreso, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, escuchará este jueves la defensa de Kuczynski ante las acusaciones de que una empresa suya recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht, tras lo cual debatirá un pedido de destitución por una presunta “incapacidad moral permanente”.

Kuczynski está acusado por el Congreso de Perú de ocultar consultorías de su empresa Westfield Capital a Odebrecht, por las que la constructora brasileña pagó más de 782.000 dólares entre 2004 y 2007, período en el que Kuczynski era ministro en el Gobierno de Alejandro Toledo.

Al respecto, Kuczynski exigió hoy al Congreso “respeto a la decisión popular” que le otorgó la presidencia en las elecciones del 2016 por poco más de 40.000 votos sobre Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular.

El gobernante aseguró que durante su defensa ante el Congreso responderá “con claridad puntual” a las acusaciones que afirman que se benefició con pagos de Odebrecht.

La permanencia de Kucyznski al frente de la jefatura del Estado ha sido seriamente cuestionada después de que la semana pasada se informara de que una empresa suya ofreció servicios de consultoría a la constructora brasileña Odebrecht entre 2004 y 2007.

OEA hará informe sobre proceso

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció este jueves el envío de la delegación a Perú a petición de Kuczynski, que este jueves afrontará un proceso de destitución.

La delegación estará integrada por el asesor sénior del secretario general Gustavo Cinosi y secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi.

*Con información de EFE y AFP

A propósito de las últimas fechorías de la dictadura relacionadas con la destitución del recién electo gobernador J.P. Guanipa  cito a Sánchez García (2017) “Aprendí de la lectura de la Filosofía del Estado y del Derecho, de Hegel, que un crimen cometido reiteradamente y no castigado, deja de ser un crimen para convertirse en uso y costumbre, hasta verse transformado en ley.

Aún cuando el gobernador zuliano luego de ser acreditado, acorde con el art. 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales por la junta regional electoral del CNE el 16/10/2017 y de conformidad con el 160 de la CRBV, solicitó en reiteradas oportunidades por el CLEZ ser juramentado para iniciar oficialmente su mandato, éstos negaron ese requisito legal, procediendo con aviesa intención, a decretar la invención de la vacante absoluta al violar la constitución del Estado Zulia que establece en el artículo 75, “se considera falta absoluta del gobernador: «1) La muerte; 2) La renuncia; 3) La interdicción civil; 4) La condena penal mediante sentencia definitivamente firme; 5) El abandono del cargo declarado por el Consejo Legislativo por el voto de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes; y 6) La revocatoria de su mandato por referendo».

El Consejo Legislativo basa su argumento en la imposición de juramentar a gobernadores ante la ANC, como norma sobrevenida de la montonera constituyente del PSUV, aprobada dos días después del 15/10. Fecha de las elecciones a gobernador, donde surgiera  Guanipa como vencedor y gobernador electo con los votos del pueblo zuliano.

Como podemos ver la dictadura ha multiplicado el curioso método legislativo de los regímenes fascistas, de inventarse a diario leyes y una nueva constitución como un traje a su medida. En esta oportunidad es del tamaño de un golpe de estado contra la mayoritaria voluntad del pueblo elector y por otro lado de un crimen mayor contra el artículo 4 de la CRBV, que caracteriza la vigencia del estado federal descentralizado.

Desde hoy existirán dos gobernadores, uno constitucional legitimado por el voto popular y otro fraudulento impuesto por la dictadura en la persona de Magdelis Valbuena, presidenta por cierto de un Consejo Legislativo con el periodo vencido desde diciembre 2016.

Este acto criminal del régimen es la mas flagrante evidencia, de todas las que han sucedido hasta ahora, que determina como lo ha manifestado recientemente la canciller canadiense en el Grupo de Lima, del curso sin regreso de Maduro a imponer la dictadura a los venezolanos.

Por tanto, ante el secuestro de los poderes públicos (TSJ, CNE, FISCALIA GENERAL, DEFENSORIA DEL PUEBLO), El gobernador electo debe en las próximas horas, acudir a la Asamblea Nacional, a la comunidad internacional, y a la movilización del pueblo zuliano, para hacer respetar la vigencia de la decisión de más de 700.000 electores, quienes derrotaron en forma aplastante y soberana al candidato de la dictadura F. Arias Cárdenas 

34 autoridades municipales que no son a fin con las políticas del Presidente Maduro han sido destituidos, privados de libertad, tiene orden de aprehensión, prohibición de salida del país o fueron inhabilitados. Ahora la ANC, electa de manera fraudulenta, podría ordenar el cese de funciones de este poder regional

De los 77 alcaldes de oposición del país, electos en el año 2013 de acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral, 34 han sido objeto de alguna arremetida del Gobierno nacional. Esto equivale a que 44% de las autoridades municipales han sido destituidas de sus cargos, están en prisión, tienen orden de aprehensión, prohibición de salida del país, fueron despojados de sus funciones o inhabilitados. Además, han sido denunciados en fiscalía o demandados, su órgano de control fiscal fue intervenido o su policía fue intervenida, por no respaldar las medidas y políticas impuestas por el presidente Nicolás Maduro.

Transparencia Venezuela, identificó que 5 alcaldes fueron destituidos y están en prisión o tienen casa por cárcel: Enzo Scarano del municipio San Diego del estado Carabobo, Daniel Ceballos de San Cristóbal, estado Táchira; Antonio Ledezma del Distrito Metropolitano en el Distrito Capital, Delson Guárate del municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua y Alfredo Antonio Ramos Acosta del municipio Iribarren en el estado Lara.

Mientras que Pedro Loreto, autoridad del municipio Leonardo Infante del estado Guárico, también fue arrestado, pero solo por 72 horas.

Otras 2 autoridades municipales que adversan al gobierno de Maduro, fueron destituidos y tienen orden de aprehensión: Warner Jiménez del municipio Maturín, estado Monagas y Gustavo Marcano del municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui. A la lista de autoridades con orden de aprehensión agregaron recientemente a Omar Láres de Campo Elías Mérida.  Entre tanto, Lumay Barreto de la circunscripción Páez de Apure fue destituida.

A Ramón Muchacho alcalde de Chacao, estado Miranda y a Carlos García  de Libertador Mérida, le dictaron medida de prohibición de salida del país. Mientras que fueron inhabilitados de sus funciones Enzo Scarano (San Diego, estado Carabobo); Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira) y Alirio Guerrero (Jáuregui, Táchira).

La ONG, encontró que Antonio Ledezma alcalde del Distrito Metropolitano del Distrito Capital y Eveling Trejo (Maracaibo, Zulia) fueron despojados de sus competencias.

Como si fuera poco, 12 alcaldes han sido denunciados ante la Fiscalía General: 1) Enzo Sacarano (San Diego, Carabobo), 2) Gustavo Marcano (Diego Bautista Urbaneja, Anzoátegui), 3) Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira), 4) Antonio Ledezma (Distrito Metropolitano, Distrito Capital), 5) Delson Guárate (Mario Briceño Iragorry, Aragua), 6) José Luís Machin (Barinas, Barinas), 7) Ronald Aguilar (Antonio José de Sucre, Barinas), 8) Ramón Rodríguez (Bejuma, Carabobo), 9) Alejandro Feo La Cruz (Naguanagua,  Carabobo), 10) Yovanny Salazar (Chaguaramos, Guárico), 11) Alfredo Ramos (Iribarren, Lara), 12) Warner Jiménez (Maturín, Monagas).

Las arremetidas en contra de los mandatarios regionales también han provenido del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Constitucional ha dictado 39 decisiones entre mayo y julio de este año, en las que amenaza a 14 alcaldes de la oposición con destitución y prisión. De concretarse la medida serían 22 alcaldes los que dejen de prestar sus funciones.

La Contraloría General de la República ha hecho lo propio. Suman 15 Contralorías Municipales intervenidas.

Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente, recientemente electa de manera fraudulenta, podría ordenar el cese de funciones y desaparición del poder municipal.

A través de su cuenta en Twitter, el alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Alfredo Ramos informó que aprobaron su destitución.

El pasado 6 de mayo, el burgomaestre denunció que por “órdenes” del presidente Nicolás Maduro y del dirigente del PSUV, Diosdado Cabello, se introdujo un amparo en su contra para intentar su destitución y posterior encarcelamiento.

Ramos aseguró que su destitución es un golpe de estado a su municipio y que nada detendrá su lucha por la democracia.

Recientemente, varios dirigentes de oposición han sido destituidos o inhabilitados de sus cargos, tal es el caso de Liborio Guarulla y Henrique Capriles Radonski; gobernadores de Amazonas y Miranda respectivamente.

Los #ConcejalesDeLaDictadura acaban de aprobar mi destitución ilegalmente,convoco al pueblo para que me acompañe mañana 8am a la Alcaldía

— Alfredo Ramos (@AlfredoARamos) 11 de mayo de 2017

Un golpe de estado al municipio mi destitución por los #ConcejalesDeLaDictadura.El tirano Maduro no detendrá nuestra lucha x la democracia

— Alfredo Ramos (@AlfredoARamos) 11 de mayo de 2017

Stalin González, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que los dirigentes opositores que marcharán este jueves llevarán unas planillas para iniciar la recolección de firmas para la activación del artículo 32 de la Ley del Poder Ciudadano. Este señala que los ciudadanos podrán solicitar al Consejo Moral Republicano la calificación de la falta de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Y así remover y enjuiciar  a los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por haber atentado contra el Estado de Derecho y la vida republicana del país”, expresó en entrevista al Circuito Éxitos.

El también representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral habló acerca de la marcha oficialista convocada para este 6 de abril. Señaló que el gobierno le tiene «miedo» a la presión popular.

“Recordemos que hace dos días tuvieron una movilización muy pequeña, pero este es el momento de continuar con las protestas organizadas, pacíficas”, enfatizó el parlamentario.

Para este 6 de abril fue convocada una movilización por dirigentes opositores hacia distintos puntos de Caracas.

Asimismo, González precisó que el objetivo es que se enjuicien a los magistrados del TSJ, además de que se publique un cronograma electoral.

«Que el gobierno entienda que este país cambió y quiere salir de la crisis”, añadió.