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El crecimiento del comercio en Venezuela en 2022 fue desigual
La presidenta de Consecomercio, gremial que ha recorrido casi todo el país este año, afirmó que en zonas comerciales «todavía se aprecia a más del 50 % de comercios cerrados»

 

Este martes, 6 de diciembre, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), informó que el comercio en Venezuela ha vivido un crecimiento desigual en 2022. 

El ente indicó que el comercio ha aumentado entre un 8 % y un 22 % respecto al año pasado, dependiendo de los sectores, y ha registrado una mayor actividad en unas ciudades -especialmente en Caracas- que en otras.

«El sector, por ejemplo, que atiende a la construcción no tuvo prácticamente mejora este año, mientras que otros sectores, como alimentos y medicamentos, sí tuvieron incrementos importantes», explicó la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel.

Asimismo, aseguró que hay una «profunda desigualdad» entre la capital y el resto del país, donde «no se ve esa mejora» económica.

«Entre más nos alejamos de la capital (…) empiezan los problemas de servicios públicos. En este momento, en gran parte del país, han regresado las colas para combustible (…) que va a generar problemas importantes para que cierta mercancía llegue a los comercios», señaló.

Además, indicó que los establecimientos comerciales más cercanos a Caracas «tienen acceso a algunas ventajas que no tienen algunas ciudades», como el otorgamiento de un «poquísimo porcentaje de crédito».

La presidenta de Consecomercio, gremial que ha recorrido casi todo el país este año, afirmó que en zonas comerciales «todavía se aprecia a más del 50 % de comercios cerrados».

Pero, en términos generales, aseguró que se observa una mayor actividad en 2022 en relación con el año pasado, cuando todavía había «fuertes restricciones en la apertura de negocios» por las medidas aplicadas por el Ejecutivo para controlar la propagación del coronavirus. 

Venezuela, el país más desigual de América

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, con datos a julio de este año, afirma que bajo el parámetro del índice de Gini, Venezuela es el país más desigual de América y muestra un marcado retroceso en la distribución del ingreso.

El índice Gini es un indicador de desigualdad que es igual a cero cuando una sociedad es completamente igualitaria y todos obtienen el mismo ingreso, o igual a uno cuando la desigualdad es absoluta y una sola persona recibe todo el ingreso de la economía.

El termómetro del Gini registra un aumento desde 0,40 en 2014, cuando comenzó la recesión que duró 32 trimestres consecutivos y redujo a la economía a su cuarta parte, hasta 0,60 este año: “Venezuela está en el continente más desigual del Mundo y en 2022 es el país más desigual de América”, dice la Encovi.

Datos del Banco Mundial indican que esta desigualdad es comparable con la de Namibia en 2015, cuando el índice de Gini se ubicó en 0,59 y supera el 0,54 de Colombia en 2020 que, junto a Brasil, es de los países menos equitativos del continente.

*Con información de EFE

La crisis agiganta la desigualdad en Venezuela
La quiebra del Estado y el colapso de la economía dan paso a una sociedad de extremos:muy pocos arriba, muchos descolgados por debajo y la proletarización de la clase media. Se instala una distribución más regresiva de la riqueza.

@vsalmeron

 

Tras el colapso del socialismo del siglo XXI emerge una economía despiadada y contrastante. Se consolida una cotidianidad de pensiones simbólicas, trabajadores públicos con salarios precarios y ausencia de garantías sociales; pero al mismo tiempo, en Caracas, crecen las opciones para el consumo: tiendas repletas de productos importados, nuevos restaurantes y servicio de internet por fibra óptica.

Discretamente, sin modificar leyes, Nicolás Maduro aplica un severo ajuste con recorte sin precedentes del gasto público, liberación de precios, apertura de espacios a la empresa privada y libre circulación del dólar. Quienes pueden subirse al tren de la nueva economía respiran, pero la mayoría siente que la cadena de la prosperidad está rota.

Los pobres se quedan sin oportunidades, la clase media retrocede y aumenta la distancia con los grupos privilegiados.

La moneda oficial es el bolívar, pero luego de tres años en hiperinflación y el fin del control de cambio los precios y las transacciones giran alrededor del dólar. Las empresas usan sus divisas libremente para importar materia prima, cancelar a proveedores y en algunos sectores de la economía, los trabajadores reciben parte del salario o bonos en divisas.

Además, una capa de la población tiene ahorros en dólares que utiliza para complementar sus ingresos, mientras otros obtienen remesas o ayudas de familiares en el exterior.

El acceso al dólar es el ticket para mayor consumo y bienestar. Un estudio de Datanalisis con cifras a diciembre de 2020 precisa que 68,8% de las familias tiene acceso a divisas y 31,2% permanece al margen y solo cuenta con ingresos en bolívares, una moneda moribunda al punto que el nuevo billete de un millón de bolívares equivale a 0,5 dólares.

Pero hay una gran disparidad en los montos de acceso al dólar: según Datanalisis de la porción de la sociedad que obtiene divisas 2,7% de las familias dispone para sus gastos en el país de un promedio de 1.614 dólares al mes, es la capa de alta renta. El 66,1% restante dispone de solo 191 dólares al mes.

Nuevos proletarios

Tras siete años consecutivos de recesión, la economía venezolana se volvió enana y el cierre de empresas, la salida de trasnacionales, una industria que trabaja a la cuarta parte de su capacidad y la destrucción de puestos de trabajo bien remunerados ha desatado un proceso de proletarización de la clase media.

En el recuerdo queda la clase media que viajaba al exterior, compraba vehículos, no tenía problemas para reponer electrodomésticos y cubría sin sobresaltos el costo de las clínicas privadas. Este segmento se empobreció y mira desde más abajo a las familias de alta renta.

“Soy ingeniero de sistemas, tengo 37 años y vivo con mi madre. La empresa para la que trabajo me paga un bono en dólares que complementa mi salario en bolívares, que alcanza para muy poco. Si se daña la nevera no podría comprar otra, tampoco podría pagar una operación quirúrgica en una clínica privada y me queda muy poco de mis ahorros” dice Oswaldo Gutiérrez quien vive en El Cafetal, una zona de clase media en Caracas.

 

El estudio de la firma ORC Consultores con alcance nacional, con datos a diciembre de 2020, es elocuente: el 76% de quienes se califican como clase media afirma que en el último mes el dinero no le alcanzó para reparar el vehículo, a 92% para cambiar o reparar electrodomésticos y a 40% para pagar el servicio de televisión por cable o internet.

En Residencias Lorena, un conjunto de tres edificios situado en Chuao, otra zona de clase media en Caracas, un tercio de los propietarios se atrasa todos los meses en el pago del condominio y por falta de mantenimiento el cerco eléctrico para reforzar la seguridad está roto, las luces de emergencias se fundieron y en las paredes se está cayendo el friso.

Un estudio de la firma Anova Policy Research, publicado en febrero de este año por el Banco Interamericano de Desarrollo, basado en distintas fuentes como el Censo Nacional de Población y Vivienda, la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) que tiene datos hasta marzo de 2020, concluye que hay una “caída abrupta y sistemática en el tamaño de la clase media venezolana”.

Anova utiliza distintas metodologías para cuantificar el retroceso de la clase media. Una de ellas, con alcance relativo, determina que la porción de la población que vive en la franja intermedia de la distribución del ingreso se redujo desde 64,5% en 2012 hasta 41,7% en 2020, es decir, el reparto de la renta desmejoró en la última década. (1)

Otra considera que la clase media son familias en una franja de ingresos que provee protección frente adversidades y cierto grado de estabilidad económica. De acuerdo a este criterio el porcentaje de la población que se ubica en este rango se redujo desde 62% en 2010 hasta 15,5% en marzo de 2020. (2)

Una tercera metodología considera que la clase media son las familias que no son pobres y tampoco son ricas. De acuerdo con este criterio la clase media se redujo desde 72,0% de la población en 2010 a solo 5,3%. (3)

Omar Zambrano, economista principal de Anova, explica que “en la reducción de la clase media tenemos que mencionar el colapso del salario y la mortandad de puestos de trabajo. El sector industrial es el mejor remunerado, allí se concentraba 18% del empleo en Venezuela y hoy es 2% del empleo; eso ilustra lo que ha pasado en el sector productivo”.

Brecha sideral

Una cascada de decisiones desafortunadas produjo un resultado trágico. Tras no ahorrar durante los años en que el barril de petróleo se cotizó a niveles récord, no invertir para mantener la producción petrolera, endeudarse masivamente, malbaratar el dinero y perder el crédito internacional, la revolución Bolivariana evaporó el ingreso de divisas y hundió a la economía en una profunda recesión.

Entonces, ante la caída en la recaudación de impuestos y el declive de los petrodólares el gobierno recurrió a la creación de dinero y estalló la hiperinflación que destruyó la capacidad de compra de la moneda. Luego las sanciones de Estados Unidos, que junto a una larga lista de países considera fraudulentas las elecciones en las que Nicolás Maduro se reeligió como presidente en 2018, profundizaron la debacle.

Quienes dependen del Estado sienten que caen al vacío desde la cima de una montaña rusa, la brecha con los grupos privilegiados ahora es sideral. La bancarrota del gobierno pulverizó las pensiones y el salario de los trabajadores públicos. La supervivencia de las universidades gratuitas está en jaque y se agrava el deterioro de la salud pública.

Los profesores de las universidades públicas reflejan la destrucción del salario. Claudio Briceño es doctor en historia y profesor titular en la Universidad de Los Andes. Explica que “este mes mi sueldo equivale a dos dólares. Para sobrevivir he trabajado como taxista y con un emprendimiento de venta de hamburguesas. Quiero emigrar a Argentina, donde hice mi doctorado, o a Chile”.

De acuerdo con la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) en enero de 2001, cuando Hugo Chávez apenas iniciaba la Revolución Bolivariana, el salario de un profesor titular equivalía a 2.659 dólares.

 

El 8 de marzo FAPUV afirmó en un comunicado que “al no remunerar el trabajo, el Estado ha roto unilateralmente la relación de trabajo, razón por la cual declaramos la emergencia laboral en las universidades venezolanas y llamamos a nuestros agremiados a no aceptar trabajar en condiciones de oprobio”.

La seguridad social es simbólica. Cinco millones de ancianos cobran una pensión mensual que equivale a menos de un dólar, cantidad que el gobierno complementa con bonos que reparte todos los meses y cajas de comida que principalmente tienen carbohidratos como harina de maíz, arroz y pasta.

De acuerdo con Datanálisis 28,4% de las familias no tiene acceso a divisas y mediante salario, bonos y cajas de comida cuenta con un ingreso equivalente a aproximadamente 34 dólares mensuales.

Pero hay quienes viven en peores condiciones: 2,8% de las familias no tiene acceso a divisas y tampoco recibe ayuda del gobierno, por lo que dispone de un ingreso mensual que equivale a menos de 20 dólares proveniente de salario y dádivas.

Tiempos bárbaros

La producción petrolera cayó a niveles de 1940 y el otrora poderoso petroestado se desmoronó. El Estado pobre se traduce en peor educación pública, menos acceso a una sanidad digna, deterioro de las carreteras y mínimas oportunidades para los pobres.

Luis Pedro España, director del Proyecto Pobreza de la Universidad Católica Andrés Bello, señala que “el gobierno no tiene cómo planificar la transición de una economía que dejó de ser petrolera, el gasto público es mínimo”.

“Pasamos del control de la economía y la sociedad mediante la distribución de la renta petrolera a un proceso de liberalización obligada donde el Estado no puede controlar nada. No hay políticas de compensación para los perdedores del mercado, para los que no pueden pagar una escuela privada o un seguro privado en dólares”, agrega Luis Pedro España.

Apoyándose en los datos de la última Encovi afirma que el índice de Gini, un número que va de cero, la igualdad perfecta, a uno, la máxima desigualdad, se ubicó en 2020 en 0,51 el más elevado en la región después de Brasil. En 2015 el coeficiente era de 0,42.

Alejandro Grisanti, quien se ha desempeñado como analista de Barclays Capital para Latinoamérica y formó parte de la junta directiva de Pdvsa por el gobierno interino, considera que “los mecanismos de redistribución de la riqueza están muy deteriorados, prácticamente no hay compensación, en alimentación, educación y acceso a la salud”.

“Pasamos de una economía que perseguía al sector privado bajo la consigna del socialismo del Siglo XXI a una de la supervivencia del más apto. El Estado ha sido incapaz de crear arreglos sociales para aminorar la desigualdad”, dice Alejandro Grisanti.

 

Añade que “este año la economía no va a seguir cayendo, debería estabilizarse en el foso, pero un tercio de la población va a mejorar un poco y dos tercios seguirán empeorando. Tendremos una sociedad donde un tercio de la población va a llevarse una porción mayor de la torta y dos tercios se quedarán con una porción más pequeña”.

Los cimientos están destruidos. La magnitud de la debacle apunta a que sea cual sea la salida a las dificultades, lleguen cuando lleguen, por mucho tiempo los venezolanos no volverán al punto anterior al colapso del socialismo del siglo XXI. Toma forma una sociedad de extremos que se alejan del centro: muy pocos arriba y muchos descolgados por abajo.

(1) La franja intermedia son hogares con ingresos per cápita en una banda entre 50% y 150% de la mediana de los ingresos per cápita de la economía.

(2) Este rango tiene un piso de 10 dólares per cápita por día y un techo de 50 dólares per cápita por día, ajustados por un tipo de cambio de paridad de poder de compra que permite comparar cuánto dinero se requiere para adquirir una canasta de bienes y servicios en distintos países.

(3) Esta metodología utiliza como límite superior el utilizado por el Banco Mundial de 50 dólares per cápita por día, ajustados por un tipo de cambio de paridad de poder de compra y como umbral inferior la línea de pobreza moderada oficial de Venezuela hasta 2015 y su ajuste por inflación para los años posteriores.

Roberto Patiño Ene 29, 2020 | Actualizado hace 3 semanas
Enfrentar la desigualdad en Venezuela

La crisis generada por el modelo dictatorial de Nicolás Maduro produce un contexto de exclusión social que se expresa en todos los niveles, afectando a amplios sectores de nuestra población. La gran mayoría de los venezolanos tiene un acceso precario a alimentos, educación o servicios básicos, generándose situaciones extremas de desigualdad política, económica y social, que impide el desarrollo de las personas. Esta situación es inducida por el régimen con el objetivo de mantenerse en el poder, explotándola a través de sistemas de control y represión.

De igual forma, desde la dictadura se han generado discursos propagandísticos que buscan ocultar esta realidad, proclamando ficticios resurgimientos económicos como el fenómeno de los llamados bodegones, que se dan en medio de la profundización del estado de precariedad y crisis hiperinflacionaria que estamos padeciendo. Los testimonios de residentes en Petare, por ejemplo, contaban en diciembre como hace tan solo tres años podía haber hasta una veintena de abastos en una comunidad y ahora solo quedaba uno, con los comerciantes forzados a cerrar por la imposibilidad de continuar su negocio.

La realidad es que no podemos hablar de mejorías o resurgimiento económico en un contexto en que el mas del 10% de la población infantil sufre de desnutrición severa, se registran contracciones del consumo de casi un 80 %, se producen diariamente cientos de manifestaciones por el colapso de escuelas, la falta de insumos médicos y la falta de agua, gas o electricidad, así como violaciones masivas de los derechos humanos desde el Estado. Un país no puede estar “mejor” si se producen hechos como los sucedidos en Cagua la semana pasada, en el que mueren 11 niños y jóvenes quemados en medio de un campo de azúcar, mientras cazaban conejos para poder alimentarse. Niños y jóvenes que no pudieron ser atendidos en los centros asistenciales cercanos, en los que no había los insumos mínimos para enfrentar una emergencia.

A nivel mundial, la desigualdad es una de los grandes problemas y constituye un tema prioritario que marcara el desarrollo de las democracias y la generación de nuevas formas de políticas públicas y reformas sociales en los próximos años. Esta reflexión debe también darse entre nosotros en Venezuela. La fragmentación social ha sido un fenómeno recurrente que ha sido explotado de manera irresponsable por Hugo Chávez para su proyecto político y que Nicolás Maduro ha exacerbado a niveles extremos en su afán autoritario. Desde los liderazgos políticos y sociales se debe reconocer esta realidad, tanto para la lucha por superar el actual modelo dictatorial y destructivo, como para iniciar el proceso de construcción de una nueva Venezuela.

En nuestra experiencia en el Movimiento Caracas Mi Convive, reconocemos la importancia vital de generar dinámicas inclusivas, redes de apoyo, y lazos de convivencia entre diversos actores sociales. La vinculación activa y abierta entre las personas, la cohesión alrededor de proyectos comunes y necesidades compartidas, es indispensable para el desarrollo de cualquier iniciativa exitosa que pueda ser sostenible en el tiempo y reproducirse en diferentes contextos.

No solo es prioritario visibilizar la exclusión y desigualdad generadas y explotadas por el modelo madurista, sino también generar estrategias de lucha política y social reconociendo esta realidad, y asumiéndola de manera responsable como una prioridad a abordar y resolver en el logro de un cambio significativo.

@RobertoPatino

Enfrentar las nuevas formas de fragmentación, por Roberto Patiño

LA BRUTAL CRISIS ECONÓMICA generada por el régimen amplía de forma significativa la desigualdad entre los diversos sectores sociales. Cada día es mayor el número de venezolanos en situación de vulnerabilidad y pobreza crítica, a la vez que se deteriora la capacidad adquisitiva de la llamada clase media.

Esta situación profundiza la fragmentación social, que el régimen estimula e instrumentaliza para someter a la población, acentuando sistemas de control como los Clap o el pago de “bonos”, por ejemplo. De igual forma se producen distorsiones en la vida cotidiana, en las que un grupo reducido de personas pueden acceder a servicios básicos cuyo funcionamiento es responsabilidad del Estado, como el servicio de agua o electricidad, pagando grandes sumas de dinero de forma irregular a funcionarios o trabajadores de las instituciones encargadas o recurriendo a la compra de camiones cisternas, plantas eléctricas, etc.

Esto genera nuevas formas de fragmentación, en las que un número reducido de personas tienen acceso a bienes y servicios básicos como alimentos, educación, salud o seguridad, que para otros, en los casos más extremos, son sencillamente inalcanzables. Esta fragmentación no solo se produce entre los sectores sociales, sino también dentro de los mismos. Así nos lo vienen reconociendo nuestros líderes dentro de sus comunidades. 

En el Oeste de Caracas puede verse estas diferencias, que son acentuadas por el régimen. Por ejemplo, en barriadas populares como varios sectores aledaños a la avenida Sucre de Catia, las personas ya hablan de zonas conocidas como el “Corredor de presidencial”. Para evitar expresiones de descontento y protesta en los alrededores del palacio de gobierno, el régimen implementa, de manera localizada en sectores clave más próximos, sistemas de lealtad y clientelismo forzados como “Mi casa bien equipada”, o favorece la entrega regular de las bolsas Clap.

Esta estrategia tiene serias repercusiones en la vida de las comunidades, estimulando la conflictividad entre los vecinos, ampliando divisiones entre iguales, deteriorando la convivencia entre las personas. En la situación de crisis actual, en la que son prioritarios mecanismos de articulación y encuentro, el Estado termina convirtiéndose en el principal generador de desigualdad, conflicto y divisionismo, para mantener en el poder a un grupo reducido. 

Es necesario no solo alertar sobre esta realidad y las terribles consecuencias que genera en el cuerpo social, sino también enfrentar esta situación desde la generación y refuerzo de redes de apoyo e iniciativas solidarias, basadas en principios convivenciales y alejadas por completo de intereses oportunistas o sectarios. En nuestra experiencia en el Movimiento Caracas Mi Convive y la iniciativa Alimenta la Solidaridad, hemos visto como el desarrollo de programas contra la violencia, alimentación y formación, involucran a toda la comunidad y ayudan a la cohesión e integración de las mismas. De igual forma, ayudan a establecer lazos con otros grupos y sectores de la sociedad, ayudando a restituir el tejido social y desarrollar nuevas formas de convivencia.

 

@RobertoPatino

robertopatino.com

Unos viven en la burbuja de los dólares, otros de una caja de CLAP

Mientras la carne regulada por el gobierno de Nicolás Maduro está en 90 bolívares soberanos y no se consigue en mercados y carnicerías, cada mañana llega este mensaje vía Whatsapp: “Buenos días: Mechada, molida y Guisar 245 Bs Soberanos, Pulpa negra 250, Bistec de Solomo 260, Muchacho Redondo 270, Punta 260, Pellejo a 20, Costillas 190, Lomito 310”. Es carne a precio de revendedores, para los que ganan mucho más de los 1.800 soberanos del sueldo mínimo.

A otro teléfono, en otro lugar, llega un mensaje que parece salido de un doblez de la misma realidad: “Buenos días, les informo que en reunión sostenida el día de ayer de la mesa agroalimentaria se nos informó que habrá un retraso de la entrega de las CLAP ya que en La guaira se encuentran los productos pero no hay suficientes cajas para el embalaje de los mismos lo cual retrasó por una semana más el despacho. Se autoriza el cobro de la caja CLAP a 0.25 soberanos, más 0.10 de gastos administrativos para un total 0.35”.

La información la envía la jefa de calle de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Desde la reconversión monetaria, la zona en la que trabaja no ha recibido aún las cajas de alimentos subsidiados por el gobierno y, además, aumentaron de los 0,35 soberanos (35 millones fuertes) que dice el mensaje, a 100 soberanos.

Estas dos realidades funcionan en paralelo. La crisis económica ha llevado a la sociedad y la economía venezolana a ser dual: unos muy pobres, otros muy ricos, con características tan distintas y distantes entre sí que parece que cada grupo vive en un país paralelo.

En al aeropuerto de Maiquetía hay un enorme aviso que da la bienvenida a los viajeros. Dice que en el año 2010 Venezuela era uno de los países con menor desigualdad del continente. Hace ocho años el Coeficiente Gini -que mide la desigualdad, siendo más iguales las sociedades que más se acercan al cero- calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas, era de 0,380. Esta medición dejó de publicarse en 2015, el año en que la crisis económica incrementó el crecimiento de la brecha. A pesar de que ese año el Gini fue de 0,381, las variaciones entre los quintiles demostraron el incremento de los quintiles más pobres y la disminución de los más ricos.

En la actualidad, con base en los datos recabados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) el profesor y sociólogo Luis Pedro España ha afirmado que Venezuela es el segundo país más desigual de la región. De acuerdo a las cifras de la encuesta, que difieren de las previas oficiales, el coeficiente de Gini pasó de 0,407 en 2014 a ubicarse en 0,681 en 2017.

“Yo no había visto nada parecido. Venezuela está transitando la trayectoria de un país como Haití: una élite con acceso a dólares, con una pequeña porción de la economía donde puedes encontrar todo lo que quieres y servicios de primer mundo, y fuera de esa burbuja es la nada, es como un capítulo de The Walking Dead”, dijo el economista Omar Zambrano a Runrun.es.

La sociedad venezolana, explicó Zambrano con más detalle, se divide en dos polos opuestos. Uno de ellos está conformado por la clase media alta y alta, personas que tienen mecanismos para soportar de mejor manera la crisis. “Estas clases tienen mejores accesos al sistema financiero, a bancos seguros, tienen ahorros en moneda extranjera y tienen activos; es decir, que tienen propiedades y activos que pueden vender en tiempos malos”.

En el otro polo está la clase media baja y baja, las clases que más se han empobrecido en los últimos cinco años, quienes no cuentan con ningún activo que les permita soportar la hiperinflación, y solo cuentan con el salario que ganan si es que trabajan, y con los beneficios que les brinda el Estado. Por ello, la única forma de soportar la crisis para las personas de bajos ingresos ha sido la migración para tener ingresos en otras monedas y ayudar a sobrevivir a los seres queridos que les queden en el país.

El “polo Patria”

Para Zambrano, este polo es la debacle total. “Es una sociedad que soporta la inflación nadie sabe cómo, con ingresos que desaparecen al instante y que van cayendo durante el día”. Esta porción de la sociedad, que de acuerdo al Encovi es el 87% de los venezolanos que se encuentran en estado de vulnerabilidad económica y social, no tiene garantizados sus derechos.

Las CLAP y el carnet de la patria: En Venezuela, cada quien busca la manera de sobrevivir como puede. Los menos favorecidos son aquellos que dependen de subsidios y planes sociales como los que se pagan a través del carnet de la patria, los bonos de “ayuda y protección” que lanza el presidente mensualmente y la caja de alimentos Clap, que según el gobierno llega a unos tres millones de familias.

Joselyn Peña (37) es madre soltera de dos niños de nueve y dos años de edad. No tiene un trabajo fijo que le alcance para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, vive en el Barrio El Nazareno de Petare y para ella la caja del Clap es la que la salva de pasar hambre.

“No me sirve trabajar ahorita por un salario mínimo y con dos hijos que mantener, me gano la vida secando cabello y planchando ropa.La caja de comida que da el gobierno y los bonos me ayudan mucho a resolver; mis hermanos también me tienden la mano con lo que pueden, porque no cuento con el apoyo del padre de mis hijos”, dijo Peña.

Para Domingo Castañeda, un abuelo de 63 años, la historia no es distinta. Depende solo de la pensión del seguro social, de los bonos y de la caja. “Nunca tuve hijos y mi mamá, que era mi única compañía, se murió hace más de cinco años. Soy un hombre solo y ya bastante mayor, no me van a dar trabajo en ningún lado”, aseguró.

Cuando se les preguntó desde hace cuánto no comían pollo o carne, ninguno de los dos recordaron la última vez que lo hicieron. Solo huevos y mortadela es lo que pueden adquirir en pequeñas cantidades y muy de vez en cuando. Ni Peña ni Castañeda pueden pagar la carne a precios de revendedor.

Para Raúl Urbina, un mecánico de 43 años de Filas de Mariches, la caja Clap “le saca la pata del barro” cuando no puede comprar comida. “Siempre me salen trabajos de mecánica y puedo decir que tengo para alimentar a mi familia, pero como hay días buenos, hay días malos y en esos días malos la caja nos salva”, dijo.

Urbina es padre de cuatro niñas y, como son una familia de seis personas, le entregan dos cajas Clap. La esposa de Raúl no trabaja, se dedica al cuidado de las pequeñas, ya que un sueldo mínimo -que anteriormente era de Bs.S 50, no le alcanzaba ni para un kilo de queso, dijo. “Prefiero quedarme en mi casa”.

El efectivo que se duplica en los mercados

Un billete vale mucho más de lo que expresa el número impreso en el papel. Actualmente, un producto puede tener un precio hasta cinco veces mayor si se paga a través de transferencia o punto de venta.  Poseer, el ahora escaso, efectivo se ha convertido en una fuente de ingresos extra para unos pocos y en una opción de supervivencia para otros.

Luz Marina Hernández, aragüeña de 61 años, dice no vender el efectivo que consigue gracias a su pensión de la tercera edad por nada del mundo. “Gracias a eso que recibo puedo comprar más verduras en el mercado popular (de la ciudad de Maracay). El aguacate cuesta Bs.S 10 el kilo si lo compro en efectivo y 15 si lo pago con tarjeta de débito. Así pasa también con la yuca que cuesta 7 bolívares en efectivo pero 13 pagando por punto de venta. A veces no comprendo por qué la diferencia es tan grande”, comenta Hernández.

Una de las razones que argumentan los vendedores en los mercados populares sobre este diferencial es que los productores en los campos venezolanos son los primeros en solicitar el pago en efectivo, ya que algunos ni siquiera tienen cuentas bancarias.  Se ha convertido en una cadena en donde también conviven las mafias de venta de efectivo.

Aunque los pensionados forman parte de la pequeña parte de la población venezolana beneficiada con la posibilidad de conseguir efectivo, no es una tarea fácil. Muchos se ven en la obligación de pasar hasta tres días antes del pago de la pensión haciendo la cola a las afueras de los bancos. “Conseguí a alguien que hace la cola por mí pero a cambio de que le lleve comida mientras espera. El banco queda cerca de mi casa así que cada par de horas bajo y le llevo una arepita o café”, explica Hernández.

Además de la pensión, otro factor que ayuda a Luz Marina es que una de sus hijas trabaja en un banco como cajera y le permiten sacar 10 mil bolívares diarios. De esa manera, poco a poco, va juntando el dinero para hacer mercado. Aún así hay ciertos productos que están fuera de su alcance. “El tomate está impagable inclusive en efectivo. Igual la papa, el kilo está en más de 35 bolívares soberanos. Ni hablar del queso y la carne, hace rato me olvidé de eso”.

El polo de las divisas

Existe una burbuja económica a la que no todos los venezolanos pueden acceder. La entrada está garantizada para todos aquellos que tengan acceso a una moneda fuerte con la que puedan conservar el poder adquisitivo. El economista Francisco Zambrano explica que en esta burbuja existen bienes y servicios orientados a las personas que reciben, producen y consumen en dólares.

Alberto -un empresario quien pidió no ser identificado- es un ejemplo de ello. El hombre de 33 años de edad despierta a las siete de la mañana, se pone su ropa deportiva marca Nike, su Apple Watch en la muñeca derecha, prepara su bebida especial de proteínas, guarda su Iphone X en el bolsillo y sale en su camioneta año 2017, conducida por uno de sus escoltas, a uno de los gimnasios más exclusivos de la ciudad, donde su entrenador personal lo espera para comenzar su rutina de ejercicio.

El inicio de las jornadas del dueño de una empresa que goza de ocasionales contratos con el gobierno bolivariano es una muestra de la emergente clase alta formada en los últimos 20 años. Una clase que, por sus altas ganancias tanto en bolívares que convierten en dólares a través del mercado negro, o ganancias directas en dólares mediante exportaciones o contratos en el exterior, escapan de los corrosivos aspectos de la hiperinflación.

Desde la comida que consume, el seguro de salud que mantiene y los carros que compra, todo lo paga en divisas, en lugares que aseguran la disponibilidad, pero a precios que resultan inalcanzables para las personas fuera de la burbuja, indicó el economista.

Otra escena que ilustra este polo ocurrió en un centro comercial en una privilegiada zona de la Gran Caracas. Cuatro empleados atendían a la clientela de un negocio de venta y mantenimiento de teléfonos móviles y computadores de alta gama. En el centro de la tienda una tablet exhibe los precios de los productos, la mayoría con tres y cuatro cifras, pero los montos no corresponden a bolívares soberanos, sino a dólares. Allí los precios discriminan el método de pago: es más barato pagar con cash que con una transferencia, y de no tener efectivo, el monto se paga a la tasa de cambio paralela del día.

Un hombre de 27 años se acerca al mostrador para pedir el correo electrónico y pagar el arreglo de su smartphone. Es un ingeniero informático que diseña programas y páginas web como freelance, con clientes dispersos por todo el globo que depositan el pago de sus servicios en una cuenta en dólares en el exterior. “No gano lo mismo como si trabajara como programador en Estados Unidos, pero gano lo suficiente como para poder vivir bien aquí, sin preocuparme por la escasez y esos problemas”, detalló.

Lo que gana le permite comprar algunos de los productos básicos escasos, como harina o desodorante. Le permite ahorrar y le permite pagar los pasajes de su padre y madre para España a visitar a su hermana, quien emigró hace tres años.

Alejandra Díaz también ocupa esa burbuja. La chica de 25 años trabaja como asistente virtual para un artista en Estados Unidos, un trabajo que amerita estar 10 horas al día cerca de la computadora y su telefóno móvil haciendo llamadas u ocupándose de los asuntos pendientes de su jefe. Los dólares que recibe como sueldo superan incluso los salarios mínimos de otros países latinoamericanos, y en la Venezuela de la hiperinflación, le permiten mantener una vida alejada de las colas para comprar comida o para sacar dinero en efectivo de los bancos, pudiendo disfrutar de las compras internacionales que llegan a su puerta y los servicios de revendedores de billetes.

Aunque esta economía sea tan pequeña que no genera empleos en el país, el economista indica que hay una capa de gente que está orientando sus esfuerzos productivos hacia los que ganan en moneda fuerte.

El viernes se transforma en sábado y en una discoteca de Caracas, la gente sigue bailando. En el local nocturno, que funciona desde hace años en una de las zonas más costosas de la ciudad, Las Mercedes, la mayoría de las cuentas superan los antiguos millardos, unos cinco dígitos tras la reconversión monetaria. Los clientes como Alberto, que se manejan en otras monedas, también lo hacen para dar propinas. Uno de los mesoneros, quien trabaja allí desde julio de 2015, explica que las propinas son la razón por la que mantiene su trabajo. “Lo que gano aquí no me lo va a pagar nadie en otro lugar”.

En la fronteriza ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, Juan Salazar trabaja como mesonero de un popular sitio nocturno, donde recibe todos los fines de semana propinas en alguna moneda extranjera. En su mayoría son pesos colombianos, traídos por los miles de venezolanos que realizan algún tipo de actividad económica en la frontera con Colombia y en otras ocasiones son dólares. Al final de la jornada de un viernes o un sábado, aseguró el hombre de 27 años, sus bolsillos terminan con un promedio equivalente a 20 dólares, mucho más de lo que le paga el local en una quincena, y si tiene una muy buena noche, puede ganar hasta 100.

Las propinas en moneda extranjera le dan la posibilidad de tener un estilo de vida que no muchas personas de su edad pueden permitirse: salidas en sus días libres, comer afuera y comprar botellas de licor, ropa nueva, y adquirir alimentos para su familia a sobreprecio en el mercado negro. Esos billetes extranjeros son también lo que le permite ahorrar para irse del país, y afirma que en los cuatro meses que lleva trabajando, ha reunido más de 500 dólares.

En esa burbuja también entran las personas que reciben remesas del exterior, una consecuencia del gran flujo migratorio que solo continúa creciendo, y que para este año se estima alcanzará los $6 mil millones en ingresos recibidos por cerca de 10 % de la población, indicó el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.

Ana y Humberto, de 68 y 73 años, destapan una lata de salmón para agasajar a sus invitados en una poco frecuente reunión, de esas que antes eran semanales y ahora se distancian por meses. Acompañado de un picadillo de vegetales y galletas de soda, el lujoso plato para muchos de los venezolanos que afrontan la crisis económica otrora fue un ingrediente común en la alacena de la casa de la pareja italiana, llegada a Venezuela en los años 50.

El embutido es una de las delicateses embaladas por su hijo mayor, un ingeniero de unos 45 años que emigró a Estados Unidos cuando los dos negocios familiares dejaron de producir lo suficiente para mantener a flote a sus padres y dos hermanos, quienes al momento de la visita se preparaban para pasar unos meses trabajando en el país norteamericano y regresar con ahorros.

En la misma caja venía un par de botellas de champú y acondicionador, algunos jabones, alimentos básicos y un par de exquisiteces más, que como el salmón, son un tesoro para el matrimonio, una comida que admiten, antes daban por sentado. Cada mes también reciben un par de cientos de dólares transados a bolívares para mantener a flote la casa y lo que queda de los negocios, comenta Ana.

El caso de Fernanda Gámez no es muy diferente. La joven de 26 años quedó embarazada hace cuatro años, a pocos semestres de graduarse de la universidad. Cuando ella y su pareja, otro universitario de su edad, se dieron cuenta de que a pesar de sus trabajos y la ayuda monetaria de sus familias no podrían mantenerse en el país, su pareja decidió emigrar para mantenerlos desde afuera.

Su hijo tiene ahora cuatro años, y su ahora expareja, envía regularmente unos 100 dólares cada dos semanas para los gastos usuales: comida, transporte, educación privada, deportes y las regulares consultas médicas.

La vida de Fernanda es mucho más fácil de lo que sería sin remesas. Trabaja en “tigres” cuando se presenta la oportunidad, ya que nunca pudo terminar su carrera, puede dedicar la mayor parte de su tiempo a su hijo y su familia, aunque no escapa de las colas por alimentos, de la búsqueda en el mercado negro por los alimentos que no consigue fácilmente, y de los problemas de transporte público que la llevan a depender de servicios de taxi.

 

Derechos sin revés: La mujer como defensora de los Derechos Humanos0

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Madres, hermanas, abuelas e hijas. Así es casi siempre. Son mujeres las que deciden hacer la denuncia y son ellas las que suelen mantener la lucha por la justicia y contra la impunidad. Cofavic, de hecho, nace del esfuerzo y la persistencia de mujeres, casi todas familiares directas de víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989, quienes decidieron organizarse para exigir el establecimiento de la verdad, la justicia y la reparación.

Durante 28 años han mantenido el mismo espíritu de lucha y hoy en día se han convertido en defensoras de los derechos humanos en casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, en rechazo a prácticas de tortura y detenciones arbitrarias, así como a favor del apoyo a las mujeres víctimas de violencia.

En 76% de los casos que se reciben en Cofavic, son mujeres las que afrontan la dolorosa y difícil tarea de denunciar. Son ellas las que dan la cara y luchan ante los organismos de investigación para exigir justicia, protección y reparación frente a los daños causados. Es por ello que todas las actividades de Cofavic poseen como eje transversal la perspectiva de género porque permite profundizar de manera diferenciada los efectos que este tipo de violaciones a los derechos humanos dejan en las víctimas y la sociedad.

Esa política transversal y específica significa que se privilegian recursos para promover la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer institucional, en los estilos y en el liderazgo que se promueve, en la planificación de las actividades y en la producción y lenguaje de las publicaciones institucionales y en la formación del recurso humano.

Cofavic tiene, como medidas específicas: la unidad de apoyo psicosocial a mujeres víctimas de la violencia, la inclusión en nuestras actividades de capacitación de temas ligados a la protección nacional e internacional de los derechos de las mujeres y la caracterización de la feminización de la impunidad en la data que levantamos en casos de ejecuciones extrajudiciales y situaciones de riesgos de defensores y defensoras de derechos humanos.

Todas nuestras actividades de capacitación, asistencia psico-jurídica y sensibilización están orientadas a que las mujeres conozcan sus derechos y manejen adecuadamente los mecanismos disponibles tanto en el ámbito interno como internacional y tengan un uso efectivo del modo de ejercerlos bajo la premisa de erradicar la desigualdad.

El marco de nuestra acción en materia de la inclusión de la perspectiva de género se sustenta principalmente en los precedentes que se sentaron en la Declaración y el Plan de Acción de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993) donde se señala expresamente que “los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales” y que la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad (en la vida política, económica, social y cultural) y la erradicación de todas formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.  También nos apegamos a lo descrito en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Convención CEDAW) y su Protocolo Facultativo, así como la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará).

Pese al ímpetu, el impulso, la energía, las leyes discriminatorias contra las mujeres aún persisten. Las mujeres constituyen la población más pobre del mundo y el número de mujeres que viven en condiciones de pobreza ha aumentado considerablemente en los últimos años. Las mujeres realizan dos tercios de las horas laborales de todo el mundo y producen la mitad de los alimentos mundiales; sin embargo, perciben únicamente el 10 por ciento de los ingresos y poseen menos del uno por ciento de la propiedad mundial. La violencia contra las mujeres prevalece a una escala inconcebible en todas las culturas, y el acceso de las mujeres a la justicia suele estar caracterizado por obstáculos discriminatorios, tanto en la ley como en la práctica. Las formas múltiples de discriminación por motivos de género y otros factores como raza, etnia, casta, discapacidad, personas afectadas por el VIH/SIDA, orientación sexual, e identidad de género hacen a las mujeres más vulnerables a las dificultades económicas, la exclusión y la violencia.

Sin embargo, y ese es el recordatorio para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos prohíbe la discriminación por motivos de sexo y contempla garantías para que los hombres y las mujeres puedan disfrutar en condiciones de igualdad sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

El Día Internacional de la Mujer de 2017 tiene como tema “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”.

En 2015, líderes de todo el mundo adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, colocando la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en una posición central de la Agenda 2030. El cumplimiento de estos objetivos, que incluyen -entre otros- la eliminación de la pobreza, la promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible, la reducción de las desigualdades entre y al interior de los países y la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, pasa necesariamente por realizar el pleno potencial de las mujeres en el mundo laboral.

Entre las medidas claves para asegurar el empoderamiento económico de las mujeres en el mundo cambiante del trabajo se encuentran: cerrar la brecha entre los salarios de hombres y mujeres, que se ubica actualmente en el 24 por ciento a nivel global; reconocer el trabajo no remunerado que supone el cuidado del hogar y de los miembros de la familia realizado por las mujeres, y redistribuir estas tareas de forma equitativa entre hombres y mujeres. Igualmente, se deben eliminar las brechas en el liderazgo y toma de decisiones, en el emprendimiento y en el acceso a la protección social; y asegurar políticas económicas sensibles al género que generen empleos, reduzcan la pobreza y promuevan un crecimiento sostenible e inclusivo.

Al mismo tiempo, las políticas económicas deben tomar en cuenta a la mayoría abrumadora de mujeres en la economía informal, promover el acceso de las mujeres a tecnologías y prácticas innovadoras, al trabajo decente y a empleos orientados a la adaptación al cambio climático, y proteger a las mujeres de la violencia en el lugar de trabajo.

Venezuela continúa siendo el país más corrupto de Latinoamérica

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La ONG anticorrupción Transparencia Internacional (TI) advirtió este miércoles sobre  la “corrupción sistémica” y la “desigualdad social” que generan un contexto propicio para que se impongan los políticos populistas, y criticó los primeros pasos del presidente estadounidense Donald Trump.

El peor de América Latina sigue siendo Venezuela, que con apenas 17 puntos se ubica 166° sobre 176 a nivel mundial. Apenas mejor están Haití (159°), Nicaragua (145°), Guatemala (136°), Honduras (123°), México (123°) y Paraguay (123°). El de México es un caso preocupante, porque es el que más puntos bajó: 5. Pero también genera interrogantes el retroceso de los dos líderes regionales, Chile (4 puntos) y Uruguay (3).

“Durante 2016 vimos que en todo el mundo la corrupción sistémica y la desigualdad social se refuerzan recíprocamente, y esto provoca decepción en la gente hacia su clase política”, indica en un comunicado esta ONG basada en Berlín, que publica su nuevo Índice de percepción de la corrupción 2016.

Desigualdad y corrupción generan “un contexto propicio para la emergencia de populismos”, asegura TI, que evalúa a 176 países.

Los casos de corrupción a “gran escala”, como los de “Petrobras y Odebrecht en Brasil (…) muestran cómo la colusión entre empresas y políticos arrebata a las economías nacionales miles de millones de dólares de ingresos que se desvían para beneficiar a unos pocos, a costa de la mayoría”.

“Este tipo de corrupción –prosigue la ONG– a gran escala y sistémica redunda en violaciones de derechos humanos, frena el desarrollo sostenible y favorece la exclusión social”.

Por ello, la puntuación de Brasil (79ª posición) en el índice de percepción de la transparencia ha descendido significativamente en comparación con cinco años antes, tras “la revelación de sucesivos escándalos de corrupción en los que se vieron envueltos políticos y empresarios de primera línea”.

Sin embargo, prosigue TI, “el país ha demostrado este año que, mediante el trabajo independiente de los organismos encargados de la aplicación de la ley, es posible exigir que rindan cuentas personas que antes se consideraban intocables”.

Autócratas y populistas 

“En países con líderes populistas o autocráticos, a menudo vemos democracias que retroceden y un patrón alarmante de acciones tendientes a reprimir a la sociedad civil, limitar la libertad de prensa y debilitar la independencia del Poder Judicial. En vez de combatir el ‘capitalismo clientelista’, estos líderes por lo general instalan sistemas corruptos incluso peores”, afirma José Ugaz, presidente de TI.

Según TI, las puntuaciones de Hungría y Turquía —dos países donde están en el poder líderes autocráticos— descendieron en los últimos años. En cambio, “la puntuación de Argentina, que ha dejado atrás un gobierno populista, está comenzando a mostrar mejoras” (95º), según el comunicado de TI.

TI observa asimismo con recelo los inicios del nuevo presidente estadounidense Donald Trump, que asumió el cargo el pasado viernes: “Sus primeros pasos no son prometedores. Cuando vemos que ha nombrado a su yerno (Jared Kushner) alto consejero de la presidencia, eso no es una buena señal” opina Finn Heinrich, director de investigación de Transparencia.

“Si él (Trump) respeta su promesa de combatir la corrupción, creo que Estados Unidos –en el puesto 16º en 2015, en el 18º en 2016– puede mejorar”.

Pero según los inicios de su presidencia se teme que haya un retroceso. “Trump  no necesita combatir a la prensa, nombrar a gente con la que va a tener conflicto de intereses, ni ser opaco con sus impuestos”, agrega el directivo.

Cada año, TI establece la lista de los países en función de una escala que va de cero a 100, de los más corruptos a los más virtuosos, según los datos recogidos por 12 organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, el Banco africano de Desarrollo o el Foro Económico mundial.

Como era de esperar, los países nórdicos — Dinamarca (1º, junto a Nueva Zelanda), Finlandia (3º), Suecia (4º), Noruega (6º)– ocupan lo más alto de la clasificación.

En lo más bajo de ella figuran países asolados por conflictos como Somalia (176º y último), Sudán del sur (175º) o Siria (173º).

En América Latina, el peor clasificado es Venezuela (166º), México es 123º, y los mejor valorados son Uruguay (21º) y Chile (24º).

No a la violencia contra la mujer por Carlos Nieto Palma

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El pasado 25 de noviembre se celebró en el mundo entero el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) del 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, donde fue declarado el 25 de noviembre como este día, en conmemoración a la muerte de las Hermanas Mirabal.

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron 3 hermanas que en la República Dominicana lucharon contra la dictadura del sátrapa Rafael Leónidas Trujillo, quien contrato a cinco sicarios para asesinarlas a ellas y a Rufino de la Cruz, el chofer que las trasladó desde Salcedo a Puerto Plata donde visitaron a sus esposos, presos por la dictadura, fue un 25 de noviembre la última vez que fueron vistas con vida. Este vil asesinato de las denominadas Mariposas fue la gota que rebosó el vaso. La indignación de la población era general y los días de Trujillo estarían contados.

Este crimen político contra mujeres que enarbolaron la bandera de la libertad fue el motivo perfecto para que desde 1980, las militantes en favor del derecho de la mujer observen el 25 de noviembre como el día contra la violencia.

El año pasado, el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, aseguró que “la violencia sexual y basada en el género es la forma más extrema de la desigualdad global y sistémica que sufren las mujeres y las niñas. No conoce fronteras geográficas, culturales ni socioeconómicas. En todo el mundo, una de cada tres mujeres será objeto de violencia física o sexual…”.

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

La violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres.

Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que el 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Por término medio, el 30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja.

En Venezuela al menos 48.100 casos de violencia de género se registraron en el 2014.

Desde el año 2007 existe en Venezuela la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que vino a sustituir a la antigua Ley de Violencia contra la Mujer, y es un importante instrumento jurídico que empezó a dar a conocer en la palestra pública, la necesidad de las mujeres y niñas, de una ley que regulara de manera especial la protección de sus derechos, y sancionara los hechos de discriminación y violencia de los cuales eran y siguen siendo víctimas, por su condición de mujeres.

Esta ley fue reformada parcialmente en el año 2014 y donde entre otras cosas se incluyó el delito de femicidio que lo define como “Cuando intencionalmente el cónyuge, ex cónyuge, concubino, ex concubino, persona con quien la víctima mantuvo vida marital, unión estable de hecho o relación de afectividad, con o sin convivencia, haya dado muerte a una mujer”.

Esta ley como lo establece su artículo primero que “Tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa democrática, participativa, paritaria y protagónica”.

Venezuela según declaró recientemente la magistrada y coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, Bárbara César Siero, no forma parte de las estadísticas rojas de violencia contra la mujer en el ámbito internacional, encabezadas por Honduras con 531 casos de femicidio, Guatemala con 217, República Dominicana con 188 y El Salvador con 183, entre otros países.

Sin embargo pensamos que queda mucho trabajo por hacer para erradicar la violencia contra la mujer, aun y cuando es importante destacar el gran trabajo que realizan las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que defienden los derechos de las mujeres, es necesario crear campañas para concientizar a la población sobre este grave problema, igualmente hay que incentivar la creación de casas de abrigo para mujeres víctimas de la violencia, y se hace necesario y urgente que el Poder Judicial debe sea más expedito y le dé celeridad a este tipo de procesos.

En fin es mucho lo que aún nos queda por hacer para eliminar este flagelo mundial, pero hay que trabajar y educar a la población sobre este importante tema.

 

@cnietopalma

cnietopalma@gmail.com