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Crímenes sin Castigo | Desapariciones, por Javier Ignacio Mayorca
En los cuatro meses de 2020, las cifras de personas desaparecidas en Venezuela se han disparado de forma inexplicable. ¿Gente que se va sin decir adiós o policías fuera de control?

@javiermayorca 

El 18 de marzo, el escolta John Jairo Gasparini salió a hacer unas compras en el Farmatodo ubicado en la entrada de la urbanización La Lagunita. No regresó a su casa.

Los familiares de este hombre, de 42 años de edad, acudieron a la policía municipal, a la judicial y a otros organismos en la búsqueda de información que contribuyera a determinar su paradero. Solo supieron que lo vieron salir del referido local comercial en una motocicleta negra, que tampoco fue encontrada.

Los familiares suponían que la ausencia de Gasparini guardaba alguna relación con el posterior intento de allanamiento a un apartamento de las residencias Pacarima, en Los Naranjos, cuya ocupante es de su círculo familiar.

Pero pasaban los días, y nadie precisaba dónde se encontraba Gasparini.

El 20 de marzo, los familiares del guardaespaldas acudieron a la policía judicial para formalizar la denuncia sobre lo que parecía ser una desaparición.

El caso de este hombre forma parte de una creciente lista de personas desaparecidas, que está siendo procesada por la policía judicial.

Solo en los primeros cuatro meses de 2020, las distintas oficinas de este cuerpo han recibido 124 denuncias sobre la desaparición de personas. Lo que más llama la atención es que la curva ha ido en ascenso con el pasar de los meses. En enero fueron recibidas 16 denuncias; 28 en febrero; 39 en marzo y 41 en abril. Entre el primero y el cuarto mes, las cifras reflejan un incremento de 156 %

Todo esto, además, en un contexto en el que se supone que la gente no debería desaparecer, pues la mayoría debe permanecer en sus casas como consecuencia del decreto de alarma nacional, dictado el 13 de marzo.

Según el comisario Sergio González, exjefe de la división Antiextorsión y Secuestros de Cicpc, los cuerpos de seguridad pueden recibir y procesar denuncias sobre desapariciones luego de 72 horas contadas a partir del momento en que la víctima fue vista por última vez.

El funcionario (actual director de la policía de El Hatillo), explicó que cuando la persona no aparece luego de un tiempo prudencial, y no existe evidencia de que pueda haber sido secuestrada, la lógica policial indica que pudiera estar muerta o que pudo haber sido víctima de una privación ilegítima de libertad.

Los familiares del escolta Gasparini pudieron determinar su paradero dos semanas después, cuando les confirmaron que estaba en custodia de Contrainteligencia Militar. Sin embargo, para el momento de la redacción de esta nota todavía se preguntan con qué expediente lo están vinculando.

González se mostró sorprendido ante el crecimiento de las cifras de desapariciones, e indicó que la mayor probabilidad apunta hacia el accionar de la fuerza pública.

“La norma indica que no se puede retener a una persona por más de doce horas sin dar parte al Ministerio Público. Pero hemos visto casos de personas de las que no se sabe nada hace más de un mes, y luego se supo que estaban en poder de algún organismo”, indicó.

Sin rastro en pandemia

El problema de las desapariciones, y en especial las del tipo forzado, fue advertido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet en los dos informes sobre Venezuela presentados durante 2019.

Según Marino Alvarado, miembro de Provea y de Amnistía Internacional, las desapariciones de personas se hicieron más frecuentes a partir de las operaciones de Liberación del Pueblo. Recordó el caso de la masacre en el sector El Café de Barlovento, en 2016, que comenzó con la desaparición forzada de 15 personas, en el curso de una razia por efectivos del Ejército, cuyos cadáveres fueron hallados posteriormente.

“En el caso de la operación Gedeón, hay familias que todavía no saben del paradero de las personas que supuestamente están detenidas”, afirmó.

Según las estadísticas conocidas extraoficialmente, el 49 % de las desapariciones ha ocurrido a partir del 13 de marzo, cuando Nicolás Maduro emitió el decreto de alarma nacional. Algo que luce paradójico, pues en este lapso se ha puesto énfasis en que las personas permanezcan en sus casas.

Por otra parte, el 35 % de las desapariciones correspondientes al lapso enero-abril han sido denunciadas en Distrito Capital y Miranda. El segundo estado con mayor cantidad es Bolívar, con 14; Monagas y Falcón tienen nueve casos cada uno, y en Zulia han iniciado ocho averiguaciones. Como aspecto curioso, en Táchira solo han consignado una denuncia.

En el actual contexto nacional, con una cifra de secuestros que está en baja con respecto a otros años, la mayoría de las desapariciones obedece a cuestiones políticas o son consecuencia del ocultamiento de las víctimas de homicidios.

De allí que, según González, en Caracas las denuncias sobre desapariciones son procesadas por la división contra Homicidios. No obstante, si se produce un contacto entre secuestradores y sus familiares, intervienen los agentes especializados en secuestros.

“Sin embargo, no podemos hablar de homicidio hasta que no aparece el cadáver de la víctima. Mientras tanto, la persona quedará en calidad de desaparecida”, indicó.

Breves

* Hay un tratamiento selectivo del régimen hacia los 67 detenidos por la Operación Gedeón. La discriminación comenzó cuando algunos fueron enviados a celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), mientras que otros quedaron en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Tal y como lo señala un reciente informe de la organización Una ventana para la libertad, en Boleíta las condiciones de reclusión son mucho más onerosas y degradantes que las existentes en el Helicoide. En Dgcim el hacinamiento superaba el 80 % antes del 3 de mayo, cuando comenzaron las detenciones de militares y policías que llegaron desde Colombia en lanchas, con el propósito declarado de capturar a Maduro y a elementos de su entorno. Allí han ido a parar aproximadamente 30 implicados. En lo que respecta al Sebin, hay detenidos por este caso que permanecen en celdas compartidas con varias personas, y soportan el confinamiento y las limitaciones en cuanto a la alimentación y la atención médica. Allí, sin embargo, padecen menos incomodidades que las de los reclusos en Boleíta. Pero hay tres individuos por los que tienen especial deferencia. Se trata de los exmarines estadounidenses y miembros de la corporación Silvercorp Airam Berry y Luke Denman, a quienes hasta ahora han tratado con guantes de seda, atendiendo incluso sus requerimientos de alimentación especial (Denman es vegano). Y está también el exdirectivo de Venoco, Franklin Durán, recluido en una celda especial que anteriormente era ocupada por el abogado José Rafael Parra Saluzzo. Hasta ahora, todas las audiencias se han celebrado en una sala ad hoc del Helicoide, a la que se trasladan las partes del caso. Los jueces que atienden el expediente Gedeón son los abogados Hilda Villanueva (Segundo de Terrorismo) y José Maximino Márquez (Cuarto de Terrorismo).

* ¿Quién es Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich? Este hombre es, junto con Luciano Marín Arango (Iván Márquez), uno de los integrantes del nuevo Comando Central de las FARC. Su presencia en Caracas fue revelada hace pocos días por el comisario general Iván Simonovis, comisionado especial de Seguridad designado por el presidente del Parlamento Juan Guaidó. En las imágenes aportadas por el policía se puede apreciar al colombiano mientras es llevado de la mano por los pasillos de lo que aparentemente es la planta baja de uno de los bloques del sector 23 de Enero del municipio Libertador. Hernández Solarte padece una enfermedad degenerativa que le quitó la vista por completo en el ojo derecho, y que amenaza con tener el mismo efecto en el restante. Eso explica por qué casi siempre porta lentes oscuros. Alias Jesús Santrich fue uno de los causantes de la ruptura de los acuerdos de paz (La Habana, 2016) por una parte del referido grupo guerrillero. La tormenta se inició cuando EE. UU. lo acusó a él, junto con otros tres miembros de esa organización (Marlon Marín, Armando Gómez y Fabio Simón Younes Arboleda, alias Doctor) por tráfico de drogas, alegando que ellos habían cometido estos delitos con posterioridad a la firma de la paz en la capital cubana, entre junio de 2017 y abril de 2018. Por ende, se trata de acciones que no gozan de amnistía. Según esta acusación, ventilada en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el grupo había intentado producir y distribuir unas diez toneladas de cocaína. Para llevar los alijos a EE. .UU., utilizarían aviones con matrícula norteamericana. Desde entonces, comenzó un intenso debate en Colombia, pues se presumía que si las autoridades neogranadinas detenían a Santrich los acuerdos de La Habana se vendrían abajo. En julio de 2019, Maduro afirmó en una alocución pública que tanto Hernández como Marín eran bienvenidos en Venezuela. Un mes después, los jefes guerrilleros divulgaron un video anunciando la creación de las nuevas FARC. Estas imágenes fueron grabadas en territorio venezolano, de acuerdo con el diario El Tiempo de Bogotá, que citaba fuentes de inteligencia del vecino país. En una nueva acusación, presentada el pasado 26 de marzo, el gobierno y la fiscalía estadounidenses involucraron a Hernández en el tráfico de drogas en supuesta complicidad con el alto gobierno venezolano, en hechos que habrían comenzado en 1999 y que supuestamente se han extendido hasta el año en curso. Las fotografías y el video de este integrante del Comando Central de las nuevas FARC llaman la atención. El hombre aparece rodeado de individuos armados, quienes según Simonovis pertenecerían a un colectivo de esa parroquia. Es muy probable, por lo tanto, que tales imágenes fuesen tomadas por un integrante del propio anillo de seguridad, que servía al líder guerrillero.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Conferencia Episcopal exige investigación de trata de personas en zonas fronterizas

LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ y Cáritas de la Conferencia Episcopal de Venezuela expresaron su preocupación ante los recientes casos de venezolanos desaparecidos entre Güiria, estado Sucre, y Trinidad y Tobago, que se vieron obligados a irse del país por la crisis.

Señalaron —en un comunicado— que se reunieron con familiares de las 28 personas que desaparecieron durante el naufragio, el pasado 23 de abril, en el paso de Boca del Dragón entre Güiria y Trinidad. Alertaron que quienes se ven obligados a irse del país son muy vulnerables a convertirse en víctimas de las redes de trata de personas.

La mayoría de las personas desaparecidas en este hecho fueron mujeres contactadas por personas que les ofrecieron trabajo y mejores condiciones de vida en la isla. A esto se une la desaparición de otra embarcación en el mes de mayo, también con un grupo importante de personas, reza el comunicado.

Por esta razón exhortaron a las autoridades del Poder Público a investigar, perseguir, procesar y condenar a quienes integran las redes de trata de personas en las zonas fronterizas del país y a garantizar a los familiares de las víctimas el acceso a los cuerpos de seguridad del Estado.

El 16 de mayo también desaparecieron 32 personas que viajaban en un bote desde Güiria a Trinidad. El capitán de la embarcación fue el único sobreviviente y escapó de un hospital de Granada, luego de que se confirmara que presentaba antecedentes por trata de personas. Hasta el momento no se han encontrado rastros de naufragio.

 

*Vea la nota completa en CrónicaUno

32 venezolanos desaparecieron luego de salir en un bote rumbo a Curazao

Los habitantes de la comunidad de Agüide en el estado Falcón, protestaron, este martes 11 de junio, para denunciar la desaparición de una lancha con 32 pasajeros a bordo, que partió desde el poblado con rumbo a Curazao.

La tripulación salió el viernes 7 de junio en horas de la tarde, cargado con hombres y mujeres que buscaban huir de la emergencia humanitaria que se vive en Venezuela.

Los pasajeros debieron pagar 400 dólares para poder viajar en el peñero color blanco.

Fueron los familiares de las víctimas los que denunciaron la desaparición, luego de que pasaran los días y no recibieran información de sus allegados.

Cansados de la indiferencia del gobierno regional, los habitantes de Agüide decidieron salir a manifestar, cerrando el paso en el sector El Paraíso vía la Vela, exigiendo que se activaran mecanismos de búsqueda.

A través de las redes sociales se difundieron vídeos de la protesta, en los que se observa a los allegados a las víctimas clamando por soluciones, “necesitamos patrullaje, necesitamos buscarlos en la frontera pero ya, son nuestros familiares y estamos desesperados”.

La noche del lunes 10 de junio los familiares activaron un operativo de búsqueda, para dar con el paradero de los 32 tripulantes de la embarcación. Hasta el momento todo indica que 28 personas eran vecinos del sector La Vela, tres de Coro y dos del poblado de Agüide.

El diputado Luis Stefanelli, informó sobre lo ocurrido durante la sesión de la Asamblea Nacional, y subrayó que hoy, cuatro días después de que partió la lancha rumbo a Curazao, las autoridades “ni siquiera han preparado un operativo para conocer el paradero de estos 32 venezolanos”.

Las autoridades de Curazao informaron sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre que estaba flotando en el mar la tarde del domingo 9 de junio. Hasta ahora se desconoce si el cadáver pertenece a uno de los tripulantes de la lancha cargada de venezolanos que partió rumbo a Curazao.

Esta sería el tercer bote que desaparece en altamar en menos de dos meses, cargado de venezolanos que optan por esta opción para salir de Venezuela, huyendo de la grave situación económica, política, social y humanitaria que vive el país.

Los otros dos naufragios se registraron desde el estado Sucre, en lachas que partieron cargadas de pasajeros con rumbo a Trinidad y Tobago.

47 venezolanos han desaparecido en aguas del mar Caribe en menos de un mes

EL DIPUTADO CARLOS VALERO, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, informó que 47 venezolanos han desaparecido en aguas del mar Caribe tras naufragios de las embarcaciones Jonaily José y Ana María siniestradas el 23 de abril y el 16 de mayo, respectivamente.

Indicó que la última embarcación accidentada partió el pasado jueves desde Güiria con destino a Trinidad y Tobago con alrededor de 26 pasajeros, de los cuales se han podido identificar sólo 22, entre ellos, dos menores de edad de 2 y 3 años.

“Se repite la historia, un suceso similar al registrado en abril en esa misma ruta. Hasta los momentos no se conoce información oficial de las autoridades venezolanas. Esto mantiene en zozobra a los familiares. Solo ha habido un rescatado, identificado como Alberto Abreu, que presuntamente es el capitán del peñero”, expresó.

El parlamentario lamentó el suceso e informó que ante el silencio que existe sobre el caso, los familiares de las personas desaparecidas planean una jornada de protesta para llamar la atención de  las autoridades.

“Es lamentable que esto esté ocurriendo y las autoridades guarden silencio y se mantengan inertes. Desde la Asamblea Nacional exigimos que se active urgente la búsqueda aérea de estas personas para que no ocurra lo mismo que con los 25 balseros que naufragaron en abril y quedaron desaparecidos”, manifestó.

Exhortó a las autoridades de Trinidad y Tobago y a la Fuerza Armada a prestarle atención las denuncias que han hecho familiares de las víctimas sobre un posible red de trata de persona que presuntamente secuestra las embarcaciones, sin embargo, la hipótesis que cobra más fuerza es el naufragio.

Reportan 2 fallecidos tras el naufragio del peñero que viajaba a Trinidad y Tobago

DOS CADÁVERES HAN SIDO RESCATADOS tras el naufragio de una embarcación que trasladaba clandestinamente a migrantes venezolanos hacia Trinidad y Tobago, informó este viernes un parlamentario opositor.

“Lamentablemente han sido encontrados dos cuerpos”, dijo a la AFP el diputado Robert Alcalá. Se trata de una joven de 16 años y un hombre adulto, agregó.

El bote pesquero, con 32 ocupantes, se hundió el pasado miércoles y hasta el momento nueve personas han sido halladas con vida por pescadores que colaboran con las acciones de búsqueda, de acuerdo con el legislador.

Las autoridades venezolanas no se han referido al caso.

Según Alcalá, el peñero zarpó “clandestinamente” desde la localidad costera de Güiria, estado Sucre (noreste), con 25 personas a bordo, e hizo una parada en la cercana comunidad de Río Salado para recoger más pasajeros.

La Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) lamentó la situación este viernes y expresó preocupación por los desaparecidos, que cifró en al menos 21.

“Este trágico incidente pone de relieve los riesgos extremos que afrontan las personas refugiadas y migrantes en sus viajes por mar y otros movimientos transfronterizos, al tiempo que muestra la desesperación de quienes se ven forzados a huir de sus hogares”, apuntó Acnur en un comunicado.

En medio de su grave crisis económica y política, Venezuela registra un masivo éxodo hacia países vecinos. De acuerdo con la declaración de Acnur de este viernes, más de tres millones han dejado el país desde 2015.

El Parlamento de mayoría opositora calcula en alrededor de 60.000 los venezolanos que viven en Trinidad y Tobago. Alcalá denuncia que un centenar están detenidos por falta de documentos.

En enero de 2018, cinco venezolanos murieron al zozobrar una lancha en la que intentaban llegar a Curazao después de partir desde el estado Falcón (noroeste). Entonces hubo 16 sobrevivientes.

Rescatan 24 cuerpos y suman 101 los muertos por erupción de volcán en Guatemala

 

 

Al menos 24 cuerpos fueron hallados y rescatados hoy por socorristas durante la complicada búsqueda de desaparecidos tras la fuerte explosión del volcán de Fuego en Guatemala con lo que suman 101 las víctimas mortales.

Por tercer día consecutivo, las brigadas se pusieron manos a la obra en la comunidad de San Miguel Los Lotes, en el departamento sureño de Escuintla, la cual quedó sepultada bajo miles de toneladas de material arrojado y lanzado por el coloso.

Inicialmente, los cuerpos de bomberos, según lo constató Efe, localizaron los cuerpos de dos menores, una mujer y tres hombres adultos en una vivienda, cuyas identidades se desconoce.

Enseguida fueron hallados los cadáveres de otros dos adultos, tras lo cual los periodistas fueron desalojados del lugar, donde también los socorristas rescataron una fotografía en la que aparecen 16 menores, de los que se desconoce también su situación y si son familiares.

Otro hombre identificado como Concepción Hernández que el pasado domingo había sido internado con graves quemaduras en el Seguro Social, falleció este miércoles.

La víctima era originaria de la aldea El Rodeo, también ubicada en Escuintla, que junto a Chimaltenango y Sacatepéquez, son los más devastados por la potente erupción volcánica.

Con estas nuevas víctimas, suman ya 99 las personas fallecidas en Guatemala por la erupción del cono, que tres días después de la violenta explosión, se mantiene con actividad moderada y con el desprendimiento de lahares constantemente.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), ha contabilizado 68 personas heridas, 12.277 evacuados, 3.515 albergados, otras 6,767 atendidas en las áreas dañadas y 1.713.436 personas afectadas.

La Conred estima que la cifra de los desaparecidos en la avalancha que se produjo por la explosión son alrededor de 197, cinco más de los confirmados esta mañana.

Los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango que comparten el límite territorial donde se ubica el volcán de Fuego, se mantienen en alerta roja, la máxima en casos de desastres naturales, y también han sido declarados en estado de calamidad pública.

Aunque este miércoles se cumplieron 72 horas, el tiempo que las autoridades consideran que puede sobrevivir una persona, el portavoz de la Conred, David De León, dijo que se continuará con las labores de búsqueda y rescate.

Y es que el secretario ejecutivo de la institución de protección civil, Sergio García Cabañas, ha repetido que no descansarán hasta encontrar la última víctima de la tragedia provocada por la actividad volcánica.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió hoy que el volcán continúa con su actividad.

Según el ente científico, las explosiones entre débiles y moderadas del cono, aunado a las lluvias, pueden causar súbitos desprendimientos de material que arrastrarán a su paso rocas de hasta un metro de diámetro y troncos de árboles hacia las comunidades ubicadas en las orillas de las barrancas.

A raíz de la tragedia, diputados opositores de la Unidad Nacional de la Esperanza pidieron hoy la renuncia de García Cabañas por “no haber actuado” oportunamente para prevenir este hecho.

Los congresistas citaron a las autoridades de la Conred y del Insivumeh, y les recriminaron el haber tenido mala coordinación entre ellas para poder realizar las evacuaciones de los habitantes de las comunidades situadas en las faldas del volcán.

Mientras García aseguró que los boletines del Insivumeh no eran precisos ni tenían claridad para otorgarle facultades de actuar y comenzar a evacuar a las personas del área. En tanto, el director del Insivumeh, Eddy Sánchez, sostuvo que sí advirtieron de la fuerte actividad volcánica desde tempranas horas del domingo y del descenso de flujos piroclásticos.

El secretario de la Conred anunció que tras las actividades de rescate del día se decidirá en conjunto con las autoridades del Ejecutivo si se declarará “camposanto” la zona afectada por la erupción del volcán. EFE

Asciende a 305 cifra de muertos por terremoto en México

Terremotomexico

El número de víctimas fatales del fuerte terremoto del 19 de septiembre pasado en el centro de México asciende a 305, informó este sábado el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente.

En una actualización del balance preliminar de muertos por el temblor de magnitud 7,1 en la escala Richter, Puente ha detallado que en Ciudad de México hay 167 fallecidos, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. La cifra se ha elevado principalmente en Ciudad de México, al pasar de 154 a 167 en las últimas horas, en tanto que en los estados de Morelos, Puebla, México,Guerrero y Oaxaca el número de víctimas se ha mantenido sin cambios.

Puente confirmó en otro mensaje que los trabajos de búsqueda y rescate de sobrevivientes se han reanudado, después del sismo registrado este sábado de magnitud 6,1 en la escala de Richter. El movimiento telúrico es una de las 4.287 réplicas del terremoto del 8,2 del 7 de septiembre pasado, el más poderoso desde 1932, cuyo epicentro se localizó frente a las costas del sureño estado de Chiapas.

Puente explicó que por protocolo los trabajos entre los escombros fueron suspendidos por un corto periodo de tiempo, a fin de revisar las estructuras tras el nuevo sismo, que causó el colapso de un puente que resultó dañado en el terremoto del 7 de septiembre.

 

Cifra de desaparecidos en emergencia de Choroní aumento a 29

choroni

 

Más de 18 horas de labores de búsqueda, rescate y rehabilitación se han cumplido, con un saldo negativo de 4 personas fallecidas por el desbordamiento del río La Esmeralda en el sector Romerito en la carretera de Choroní. Hasta el momento solo se ha identificado una de las víctimas como: José Manuel Goncalves de 50 años de edad cédula 6.308.795, los otros fallecidos aún no se les ha podido identificar debido a que en la zona no hay servicio de morgue.

La información ha sido aportada por voluntarios de los bomberos quienes no dieron su nombre por temor a represalias, pero dijeron que el número de desaparecidos había aumentado a 29 víctimas.

“Nos costó muchísimo llegar a la zona debido a que en toda la carretera hay derrumbes y deslizamientos. Teníamos que bajarnos de los vehículos rústicos y sacar la motosierra para picar los árboles y ramas o apartar piedras. Se necesita maquinaria pesada para la rehabilitación de la vía”, dijo el funcionario bomberil.

Mientras en la alcabala de Las Cocuizas punto de partida de la carretera hacia Choroní, se encuentra tomada para evitar que suban los choferes con los familiares de los habitantes de Tremaría y Romerito, quienes aún no han tenido contacto con sus seres queridos.

El vocero oficial es el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, de quien se espera que en las próximas horas de un balance de la situación.