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Daniel Queliz

DDHH olvidados | “Me quedé sin mi único hijo y poco después sin mi esposa”
Daniel Queliz fue asesinado en las protestas de 2017 por funcionarios de la Policía de Carabobo. Tres años después, su caso sigue impune

@ValeriaPedicini

La última vez que los padres de Daniel Queliz vieron a su hijo fue el 9 de abril de 2017. La familia tenía pensado viajar a Chichiriviche para tomarse unos días de descanso por Semana Santa, pero el joven decidió quedarse en casa para cumplir con sus obligaciones laborales y estudiantiles en su tercer año de derecho en la Universidad Arturo Michelena. Sus padres se despidieron con un “Dios te bendiga, hijo” y el plan era que él los alcanzara tres días después. No pudo.

La Mesa de la Unidad Democrática había convocado una marcha para el 10 de abril para exigir la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por usurpar las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Venezuela llevaba días con las calles encendidas en protestas y represión, ese día no fue la excepción. 

La situación de represión de los cuerpos de seguridad del Estado se recrudeció hasta horas de la noche en la capital del estado Carabobo, específicamente en la urbanización Los Parques de la parroquia Miguel Peña, donde vecinos salieron a protestar. Daniel Queliz se unió a ellos alrededor de las 11:30 pm. 

Una patrulla que se encontraba en el lugar comenzó a disparar a los manifestantes, según testigos, con intención de causar daño más allá de disuadir la protesta pacífica. La angustia y confusión se apoderaron de todos. 

Al principio pensaron que las detonaciones eran por las armas de bombas lacrimógenas. Pero unos gritos dieron la mala noticia: “¡Le dieron a Daniel, le dieron”. El joven había intentado protegerse, pero fue alcanzado por dos proyectiles: uno que impactó en su mano izquierda y el otro en la nuca. 

A medianoche los vecinos llamaron a los padres de Daniel Queliz para decirles que su hijo había sufrido un accidente y que se encontraba en el Hospital Central de Valencia Doctor Enrique Tejera. “Nos devolvimos, mi esposa tenía una crisis de nervios. En el trayecto pedí hablar con mi hermano y le exigí que me dijera lo que estaba pasando. Él me dijo la verdad. Mi hijo estaba muerto. Mantuve la calma sin decirle nada a mi esposa hasta que llegamos directamente a la morgue del hospital”, expresó Alexander Queliz, padre del muchacho. 

Daniel Queliz fue el primer fallecido del estado Carabobo durante las protestas de 2017. Runrunes.es contabilizó 157 muertes relacionadas a las manifestaciones de ese año. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de 2017, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, además de múltiples países, condenaron la represión de los agentes de seguridad. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

Basado en los tipos de lesiones de los manifestantes, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio, comenzaron a tratar heridas de bala. 

Alexander Queliz afirmó que la respuesta del Ministerio Público y de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue inmediata. Habían designado al Fiscal 28° del estado Carabobo José Antonio López para las investigaciones del asesinato. “Fue tanto así que el asesinato de Daniel se esclareció en menos de 48 horas”, dice.

Cinco funcionarios de la Policía de Carabobo fueron señalados por los vecinos como los autores del asesinato. La fiscal Luisa Ortega Díaz informó que dos efectivos habían sido detenidos: Marcos Ojeda y Edwin Romero. Fueron acusados por delitos de homicidio intencional, uso de armas orgánicas y alevosía. 

“Quiero que sepa el país que nuestro equipo de médicos y expertos fueron quienes practicaron las autopsias para determinar las causas de las muertes (…) Apenas estamos comenzando las investigaciones, estamos trabajando para que se sancione a los responsables para que no haya impunidad, para que haya respuesta y justicia”, dijo Ortega Díaz en rueda de prensa. 

Daniel Queliz

Todo eso fue dejado atrás con la designación de Tarek William Saab. “Debo decir responsablemente que una vez que el señor Tarek William Saab asumió el mando como Fiscal designado por la asamblea nacional constituyente el caso de Daniel comenzó a tener retardos”, contó el padre del joven.

“Al momento de la autopsia a Daniel tuvieron que hacerle rayos X porque el proyectil estaba en una zona muy complicada para extraerlo, pero cuando hacen la comparación balística comprueban que efectivamente salió de un armamento asignado al supervisor jefe Marco Ojeda, que es el autor material de la muerte de mi hijo. A pesar de las pruebas, siguen retrasando el juicio”, afirmó Queliz.

Pero el dolor por haber perdido al muchacho fue un duro golpe para Glenis Araca, madre de Daniel Queliz: producto de la depresión por el asesinato de su hijo, se quitó la vida. El 1 de mayo de 2018 fue encontrada en su residencia. 

“Destruyeron a mi familia directa, mi continuidad, apagaron los sueños de Daniel. Acabaron con mi hogar, con lo que mi esposa y yo construimos. Éramos una familia feliz, pero ese momento marcó un antes y un después. No es fácil. Me quedé sin mi único hijo y un poco después sin mi esposa. Los pedazos de mi vida han quedado esparcidos en el piso y tengo que ver qué hago con ellos”, declaró Alexander Queliz en julio de 2018. 

A pesar de que las audiencias han sido diferidas y que no se ha hecho justicia, Alexander Queliz no deja de luchar por todo el daño que le hicieron a su familia. “A lo último que nosotros debemos renunciar en cualquier parte del mundo es a nuestros derechos. El día que renunciemos a nuestros derechos como ciudadanos, ese día estamos perdidos”.

N de R: El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón

Los fiscales que siguieron el ejemplo que Luisa Ortega dio
Dejaron en el aire casos de asesinatos durante las protestas de 2017
Se estima que más de 200 fiscales entre titulares y suplentes han salido del despacho desde que Tarek William Saab fue nombrado hace un año como máximo responsable del Ministerio Público de manera provisional
Durante la gestión de Ortega Díaz, fiscales promovieron la condena a Leopoldo López y solo se imputaron a dos personas por el caso Cadivi

 

@franzambranor

SIETE DÍAS LE TOMÓ A YOLANGEL CASTILLO llegar a España desde Caracas en agosto de 2017. Imposibilitada de tomar un avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetia porque su pasaporte estaba anulado, la ex Fiscal 17 Nacional contra la corrupción, recorrió 1365 kilómetros desde Puerto Páez en el estado Apure a Bogotá, Colombia. Cruzó en chalana el paso entre los ríos Meta y Orinoco. Abordó otra lancha que tardó 20 horas en llegar a un puerto del que no recuerda nombre porque se accidentó en reiteradas ocasiones y carecía de reflectores para transitar de noche. Cogió un autobús hasta la capital neogranadina y luego de un par de días un vuelo a Madrid.

El periplo de Castillo se parece al de decenas de funcionarios del Ministerio Público que debieron abandonar el país luego que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, denunciara la ruptura del hilo constitucional en mayo de 2017 a propósito de las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, que dejaban sin funciones a la Asamblea Nacional. Disposiciones que luego fueron echadas hacia atrás por el propio poder judicial con las escuetas y todavía no disponibles sentencias 157 y 158.

Castillo ya sabía que su pasaporte había sido anulado, así como el del ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, quien a mediados de julio del año pasado no pudo representar a Ortega Díaz en una reunión extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en Argentina y hoy en día vive exiliado en Colombia.

A mediados de agosto de 2017, Ortega Díaz denunció que a 64 funcionarios del Ministerio Público se les había dictado prohibición de salida del país sin fórmula procesal alguna. “Muchos fueron desalojados de sus puestos de trabajo. A fiscales especializados en corrupción se les impide salir de Venezuela por capricho del gobierno”, dijo entonces.

A juicio de Mundaray, más 200 fiscales entre titulares y suplentes han salido del MP desde que la asamblea nacional constituyente nombró a Tarek William Saab como Fiscal General de la República y destituyó a Ortega Díaz. Obligando además a esta última a huir hacia la vecina nación colombiana.

Exiliados, despedidos, reubicados u obligados a renunciar, los fiscales de la administración Ortega Díaz dejaron sobre el tapete casos de corrupción en PDVSA y Odebrecht, aunado a decenas vinculados con los asesinatos de las protestas antigubernamentales en 2017.

“El interés de Tarek y toda su camarilla fue ir detrás de esos casos y destruirlos porque ellos sabían que nosotros íbamos por la cadena de mando que ordenó los hechos. Cadena que va desde el presidente de la República, pasando por el Ministro de la Defensa. Ordenaron disparar a los manifestantes con armas de fuego y con proyectiles modificados, me refiero a esferas de vidrio o metal disparadas con carabinas para gases lacrimógenos o perdigones”, acotó Mundaray.

José Antonio López, fiscal 28 del estado Carabobo, optó por marcharse de Venezuela y dejó los casos de Daniel Queliz y Hecder Lugo.

Queliz fue asesinado el 10 de abril de 2017 en Valencia por un supuesto efectivo de la Policía de Carabobo, mientras que Lugo corrió con la misma suerte a manos de presuntos  efectivos de la Guardia Nacional el 4 de mayo en San Diego.

Por la muerte de Queliz están imputados los oficiales Marcos Antonio Ojeda Arias, quien aparentemente tiró del gatillo y Edien Romero.

Alexander Queliz, padre de Daniel, dijo que el Fiscal López le manifestó un día que se iba del país por razones personales, pero está claro que desde la salida de Ortega Díaz los empleados del Ministerio Público están sometidos a múltiples presiones.

“Me imagino que allí hubo un poco de eso (presión), los fiscales que no siguieron la línea fueron sacados”, dijo Queliz.

Queliz asegura que en su caso, la Fiscalía no es el problema. “El inconveniente lo representan los tribunales, el Ministerio Público siempre ha hecho acto de presencia en las audiencias, esto ha sido diferimiento tras diferimiento, un retardo procesal constante. Mi peor enemigo es el tiempo, porque el tiempo pasa y el Código Orgánico Procesal es bien claro, cuando tu estas encerrado 24 meses y no se hace juicio, vienen los beneficios”.

A Daysi Pérez, madre de Hecder Lugo, no le sorprendió la partida del fiscal que llevaba el caso de su hijo. “No se si se fue por amenaza o por la situación del país, lo cierto es que esto es político, todos saben quién mató a mi hijo, ya ellos tiene todas las evidencias, pero si el culpable pertenece al gobierno, no van a resolver nada”.

Por el asesinato de Lugo no hay persona alguna imputada. Hecder es uno de los 19 muertos durante las manifestaciones en el estado Carabobo y uno de los 31 que cayeron en medio de la represión de la Guardia Nacional.

A juicio de Manuel Virgüez, de la ONG Movimiento Vinotinto, la impunidad fue la principal protagonista en las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro de 2017.

“En el estado Lara por ejemplo, dónde Movimiento Vinotinto contabilizó 22 asesinatos, el índice de impunidad es de 91%”.

Virguez indicó que con la llegada de Saab al Ministerio Público la opacidad se ha acentuado, hay expedientes que se pierden y fiscales que no aparecen.

En una nota de El Impulso, escrita por Karina Peraza, se hace referencia a la remoción de 16 fiscales. Carlos Muñoz, Fiscal 21 del estado Lara en Derechos Fundamentales, no fue despedido, pero renunció luego que llevara los casos de Tony Canelón, Brayan Principal, Manuel Sosa, Eyker Daniel Rojas Gil, Nelson Daniel Arevalo Avendaño, Ruben Alexander Morillo, José Gregorio Mendoza Duran, Yanet Angulo Parra, José Miguel Pestano y Luis Beltrán Zambrano. Todos víctimas de la violencia y represión en las manifestaciones.

Muñoz había logrado órdenes de aprehensión para los presuntos responsables de las muertes de Canelón, Rojas y Sosa, pero ninguna se hizo efectiva. Hay un solo preso por el asesinato de Brayan Principal, un miembro de un colectivo de nombre Hector Yohan Zapata, quien fue detenido por orden de la Fiscal 20, Cristina Coronado, también removida de su cargo. “17 años después, a mi y a los míos se nos ‘enlista’ por haber actuado conforme a la lealtad que esta investidura amerita”, declaró en ese entonces Coronado.

Estampida fiscal

Una vez juramentado Tarek William Saab ante la anc de manera supuestamente provisional, el constituyentista Diosdado Cabello asomo un cambio de línea radical en la Fiscalía. “Propongo también declarar la emergencia en el Ministerio Público para que se proceda a su reestructuración desde el primer funcionario hasta el último”.

Para Zair Mundaray, el gobierno tenía muy claro su objetivo. “Los primeros fiscales contra los que arremetieron fueron los de corrupción y los de derechos fundamentales, la meta era cercenar la línea investigativa, especialmente casos como el de Odebrecht”.

Antes de ser destituida, Ortega Díaz envió al Fiscal 55 Nacional, Pedro Lupera y a la Subdirectora de Investigaciones contra la Corrupción, Raiza Sifontes a Brasil con la finalidad de entrevistar personalmente al empresario Joao Santana y a su esposa Mónica Moura en procura de conseguir evidencias sobre aparentes sobornos que la constructora brasileña pago a funcionarios venezolanos a cambio de millonarios contratos de obras públicas.

En vista de la persecución de la que ya eran objeto, ambos fiscales fueron por tierra hasta Colombia y de al tomaron un vuelo a Brasil. Se supone que regresarían después de recabar los testimonios de Santana, creador de los “Ojos de Chávez” y cerebro de la última campaña electoral del fallecido presidente, pero eso nunca pasó.

En la frontera colombo-venezolana, Sifontes llegó a pensar que iba a perder su libertad. “Cuando los funcionarios del Saime se dieron cuenta de quienes éramos nos retuvieron los pasaportes, hasta el Sebin se presentó. De alguna forma pudimos recuperar nuestros documentos, pero nunca conseguimos el sello de salida. Una vez en Colombia pedimos protección especial y pudimos volar a Brasil”, recuerda.

Alejandro José Prada, jefe adscrito en la dirección contra la corrupción, organismo dependiente de la Dirección de Actuación procesal del MP, también temió por su seguridad cuando le preguntaron a qué se dedicaba en Maiquetia el pasado 13 de agosto de 2017.

“Trabajo por mi cuenta”, se limitó a decir Prada al oficial de inmigración a horas de abordar el vuelo que lo llevó a Estados Unidos.

Prada trabajaba conjuntamente con Sifontes en la investigación de Odebrecht y venía de formar parte de la Contraloría General, donde estuvo encargado de casos como el del ex alcalde de Maturín, Numa Rojas, condenado a seis años, siete meses y 22 días de prisión por enriquecimiento ilícito y el de Luis Salvador Velásquez, ex director de Comercialización de Sidor apodado “El Rey de la Cabilla”, sobre quien pesan acusaciones de corrupción y por el que Prada considera que fue obligado a renunciar del órgano que dirige Manuel Galindo.

“Cuando sucedio lo de Lupera y Sifontes supe que debía irme, porque el próximo en la lista iba a ser yo”, advirtió Prada.

Prada, quien es contador público con una maestría en finanzas, sostuvo que la indagación a Odebrecht comprendió un amplio espectro, pero hicieron hincapié en los proyectos de la Línea 5 y la conexión Guarenas-Guatire de la compañía Metro de Caracas.

“Estuve dos noches en el Ministerio Público ayudando a escanear toda la documentación sobre Odebrecht que afortunadamente la fiscal Luisa Ortega pudo consignar en la Corte Penal Internacional”, añadió Prada.

Pero no todo se pudo digitalizar, expuso el fiscal 50 Nacional, Marcos Palacios, actualmente radicado en Colombia.

“No pudimos hacerlo todo, un expediente puede tener hasta 200 folios, es algo engorroso”, aseveró Palacios, cuyo pasaporte fue anulado y debió salir de incógnito por vía terrestre a finales de agosto del año pasado.

Palacios llevaba casos de corrupción en Pdvsa. Fue el que citó al actor Manuel “Coco” Sosa a comparecer por irregularidades en el otorgamiento de órdenes de compra con sobreprecios en los bienes adquiridos por Petropiar S.A. Sosa fue condenado posteriormente en la gestión de Saab a cuatro años de arresto domiciliario, el pago de 40% del daño patrimonial causado y la inhabilitación para ejercer cargo público por un lustro.

Palacios imputó a la hija del Contralor General de la República, Mayra Galindo, por su aparente responsabilidad en hechos de corrupción al frente de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría.

“Para que el oficial de seguridad en la Contraloría me pudiera recibir el documento de imputación dije que era una comunicación que estaba llevando. A raíz de eso, el director de seguridad de la Contraloría fue destituido y yo citado por Katherine Harrington (actual Vicefiscal), quien me pidió los expedientes de todos los casos que estaba manejando. No se los di. Por supuesto la hija del contralor no fue al acto de imputación”.

Posterior a la destitución de Ortega Diaz, Palacios asegura que recibió recomendaciones de allegados en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de marcharse de Venezuela.

“No tenía tres días en la Fiscalía y uno hace amigos, ellos mismos me dijeron que me fuera porque venían por mi”.

A Luis Sánchez, auxiliar de Pedro Lupera en la Fiscalía 55, no le alcanzó la pericia o la suerte para quedar en libertad. Fue aprehendido a mediados de agosto de 2017 y acusado por el constituyentista Cabello de formar parte de una red de extorsión junto al esposo de Ortega Diaz y diputado de la Asamblea Nacional, Germán Ferrer y la asistente del despacho del Ministerio Público, Gioconda González.

“Este ciudadano está involucrado por haber abierto cuentas en millones de dólares. Él actuaba como enlace con tribunales, el propio MP y con empresas que eran víctimas de extorsión. Era el operador experto dentro de la red”, sentenció en ese entonces Saab.

Sánchez, junto a Lupera, fueron los encargados de citar a los directivos de la Constructora Conkor, Alejandro Jose Ruiz Mazzeo y Elias Ramon Koury Guevara, a mediados de julio del año pasado por estar presuntamente vinculados con irregularidades registradas en contrataciones con Pdvsa.

“Apresaron a Sánchez con unos cargos falsos y lo tienen allí en el Sebin con unos alegatos totalmente inverosímiles”, dijo el ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.

Los destinos

Colombia, Ecuador, Francia, Canadá, Estados Unidos, España y Perú son los países donde, según Mundaray, se encuentran los fiscales que debieron salir de manera abrupta del país antes, y especialmente luego, de la destitución de Luisa Ortega Díaz.

“Con algunos tenemos contacto discreto porque aún su estatus migratorio es incierto, esperan por asilos y no se sienten del todo seguros”, advirtió Mundaray.

“Habíamos logrado bastante independencia de los demás organismos de la investigación penal, teníamos equipos de primer orden, una serie de expertos formados en los mejores institutos de Europa y Latinoamérica”, se ufana quien acompañó a Ortega Díaz en la Corte Penal Internacional a denunciar violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro. “Nuestro mejor talento está en otros países”, lamentó.

Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público

 

Raiza Sifontes, Subdirectora de Investigaciones contra la Corrupción, sigue trabajando con el equipo de Ortega Díaz en Bogotá. “Hice una reválida aquí en Colombia con la ayuda de una universidad y afortunadamente sigo con la doctora (Ortega Díaz). Nos trajimos toda la información en lo que se refiere a Odebrecht”.

Mundaray aseguró que aunque estén fuera siguen laborando en pro de hacer justicia en Venezuela algún día. “Hay una fiscalía en el exilio que es legítima y sigue trabajando con toda la anomalía que eso implica”.

A diferencia de Sifontes, Yolangel Castillo, fiscal 17 contra la corrupción no ha podido seguir con su carrera. Castillo está en Tenerife haciendo un curso en gestión comercial de ventas con la meta de insertarse en un futuro en el mercado laboral.

“No tengo títulos, no tengo nada que me avale como abogado”, apuntó. Antes de huir de Venezuela, Castillo estaba abocada a investigar a fiscales y jueces militares de Carabobo y Falcón que abrieron procedimientos a civiles en tribunales castrenses.

“A los acusados ni siquiera les daban derecho a escoger defensores”, indicó.

Quien fue también fiscal contra la corrupción en Vargas salió sola del país. Una fuente vinculada al gobierno le advirtió que le querían imputar delitos como traición a la patria y la iban juzgar precisamente en tribunales militares. “No solamente tenía una función en el Ministerio Público, también daba clases de postgrado en el área de argumentación jurídica en la Escuela Nacional de Fiscales”.

Marcos Palacios, fiscal 50 Nacional, está en Colombia, pero no trabaja directamente con Ortega Díaz. “Estoy haciendo asesorías y eventualmente podría plantearme laborar en áreas distintas. Me pasó esto solo por el hecho de trabajar, de ejercer mis funciones”.

Con la certeza de tener el pasaporte anulado, Palacios estaba imposibilitado de abandonar Venezuela por los canales regulares. “Tuve que salir por tierra y fueron muchas paradas para llegar hasta acá; salí solo porque era muy arriesgado hacerlo con mi familia, afortunadamente ya estoy con los míos”.

Alejandro José Prada, jefe adscrito en la dirección contra la corrupción, igualmente está con su esposa e hijos en Estados Unidos. A diferencia de Palacios salieron todos juntos por Maiquetía.

“La vida del inmigrante aquí es muy dura, por suerte hemos contado con la ayuda de amigos y de una iglesia que nos ha dado alimentos y enseres. Todavía no puedo trabajar porque estoy esperando el asilo político”, manifestó. No descarta retomar su profesión en un futuro, pero cuando reciba luz verde para laborar planea hacerlo “en lo que salga”.

Los tropiezos de Luisa

Entre las manchas más notables en la gestión de una década de Luisa Ortega Díaz al frente de la Fiscalía General de la República están la pasividad para imputar a responsables en el desfalco a la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) y su disposición al encarcelamiento del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, luego de las protestas de 2014.

El propio presidente Maduro admitió la responsabilidad de empleados públicos en hechos de corrupción en Cadivi desde 2011 y según el exministro de Planificación, Jorge Giordani, 25 mil millones de dólares fueron a parar a empresas de maletín.

Durante la estadía de Ortega Díaz en el MP solo se imputó al teniente coronel Francisco Navas Lugo y a su sobrino José Daniel Stekman Lugo por delitos de corrupción en Cadivi, instancia en la que estuvo como directivo el capitán en condición de retiro, Humberto Ortega Díaz, quien en una entrevista concedida al Correo del Orinoco en 2011 aseguró que no era familia de la Fiscal.

Luisa Ortega Díaz incluso formó parte de la Comisión Presidencial para la Verificación de la Conformidad del Otorgamiento de Divisas por parte del Estado Venezolano y su Uso Correcto creada por Maduro en 2013. Allí trabajó con los diputados Ricardo Sanguino y Jesús Faría (ambos designados presidentes del BCV posteriormente), además del ministro de la defensa, Vladimir Padrino López. Se desconocen los alcances de dicha comisión.

Después de ser nombrado por la anc, Tarek William Saab, dijo que 80% de las empresas involucradas en irregularidades con Cadivi y también Cencoex (Centro de Comercio Exterior) fueron sobreseídas por Ortega Díaz. “La ex Fiscal lo tenía escondido y engavetado, es la principal responsable. Parte del drama que vive nuestro país se debe a este tema”, manifestó.

Saab aseguró en octubre de 2017 que por el caso Cadivi-Cencoex habían sido aprehendidas 11 personas y cerca de 900 empresas estaban involucradas en delitos de sobreprecios en divisas.

Instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir fueron los cargos que le imputó la Fiscalía a Leopoldo López. El Fiscal 41 con competencia nacional, Franklin Nieves y la 47 de Area Metropolitana, Narda Sanabria promovieron la pena de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas para el líder de VP, sentencia que ejecutó la juez Susana Barreiros en septiembre de 2015. Un mes después de que López fuese condenado y habiendo solicitado asilo político en Estados Unidos, Nieves aseguró que había recibido presiones de “sus superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas que inculparon a López”.

También una vez fuera de Venezuela, Ortega Díaz manifestó que el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, la había coaccionado para encarcelar al ex alcalde de Chacao.

“Me presionaron para que yo dijera que la muerte de Bassil Da Costa y Juan Montoya había sido culpa de Leopoldo”.

Pese a la sentencia que conminó a López a la cárcel de Ramo Verde y luego a su domicilio, Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, indicó que probaron la culpabilidad de los victimarios de los sucesos del 12 de febrero de 2014 en las inmediaciones de la Fiscalía en La Candelaria.

“Unas investigaciones independientes llevadas por expertos del Ministerio Público determinaron que el Sebin mató a Da Costa y que a Montoya lo asesinó un miembro del colectivo al que pertenecía”.

Mundaray confesó que cada vez que el MP investigaba a alguien vinculado al alto gobierno, los tribunales torpedeaban el procedimiento.

“Pedimos orden de aprehensión contra la ex ministra de salud, Eugenia Sader y el Tribunal Supremo de Justicia la mandó a levantar. Pasó igual con el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos, pero el Tribunal 37 de control y la Corte de Apelaciones dejaron sin efecto la medida de privativa de libertad. Asimismo con Claudia Díaz, ex tesorera nacional, vinculada a los Panama Papers, el tribunal también echó para atrás la orden. Los fiscales son procuradores de la justicia y simplemente en Venezuela no tienen donde procurarla”.

Sobre Villalobos, Tarek William Saab se quejó de que la justicia española, que le aprehendió en octubre de 2017, no haya aprobado una orden de extradición a Venezuela en vez de a Estados Unidos por el caso de la Banca de Andorra. Mientras que acerca de Díaz dijo que había sido detenida también en el país ibérico junto a su esposo, Andrés Velasquez Figueroa, pero las autoridades europeas le desmintieron pocas horas después.

Un año con el fiscal provisional

Tarek William Saab cumplió el pasado domingo 5 de agosto un año como Fiscal General designado provisionalmente por la anc. El otrora Defensor del Pueblo aseguró que desde entonces 616 personas han sido condenadas por corrupción de un total de 3598 imputaciones y 989 acusaciones.

Por Pdvsa dijo que han sido procesados penalmente 90 funcionarios, entre los cuales se encuentran 23 gerentes, dos ex ministros y un presidente de la petrolera.

“En la anterior gestión se llegaba a imputar para luego extorsionar, no se lograba alcanzar la fase de la acusación y mucho menos la condena final”.

Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, sostuvo que con estas supuestas acciones, Saab solo persigue reconocimiento dentro y fuera de las fronteras venezolanas.

Organismos internacionales siguen reconociendo a Luisa Ortega Díaz como la Fiscal, porque la designación de Saab proviene de una institución nula como la anc. Por eso se han hecho asambleas de la Asociación Iberoamericana de Fiscales y la invitada es Ortega Díaz”.

Para Mundaray es inaudito que Saab pretenda que se le reconozca internacionalmente cuando forma parte de una lista de funcionarios venezolanos sancionados por la Unión Europea, Suiza, Canadá, Panamá y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

“Cómo puedes ejercer la función de Fiscal General si tienes prohibida la entrada a varios países”, se preguntó Mundaray.

Sentenció que desde la llegada de Saab al MP, el organismo se ha centralizado y hay dependencias que inclusive fueron desarticuladas.

“Los casos de investigación se los dieron al Sebin y eliminaron departamentos, ahora el venezolano tiene menos instancias a las que acudir”.

“La dirección contra la corrupción, se quedó sin director y sub directores, por más de nueve meses y han estado nombrando fiscales sin experiencia en el área”, aseguro Raiza Sifontes.

Mundaray aseveró que pese a la reestructuración que hizo el fiscal designado por la anc, el MP no está totalmente perdido.

“En Venezuela quedan muchos funcionarios con valía, pero no los dejan trabajar, están anulados”.

Para los fiscales que están en el exilio, retornar a Venezuela a continuar con su trabajo es una posibilidad que pasa obligatoriamente por la salida del poder de Maduro y su gabinete.

“Yo seguiré siempre a la orden para liberar a Venezuela”, salió al paso el ex miembro de la Contraloría y la Fiscalía, Alejandro Prada.

“La vida me cambió enormemente, pero no arrepiento de lo que hice. Venezuela va a estar destruida en el momento que salga la actual administración. Si las cosas cambian no dudaría en regresar”, apuntó Marcos Palacios.

Protestas 2017 | Padre de Daniel Queliz: Cuando el policía Marcos Ojeda asesinó a Daniel, también le quitó la vida a mi esposa
Aunque el caso del joven que fue asesinado por Policarabobo en abril de año pasado fue esclarecido poco después de su muerte, el juicio contra los funcionarios implicados no ha iniciado. La audiencia de apertura ha sido diferida cinco veces

 

@ashfloresm

DANIEL QUELIZ ARACA CUMPLIÓ 20 AÑOS DE EDAD el 5 de abril de 2017. Días más tarde, el 10 de abril, fue asesinado por un policía durante una protesta en el estado Carabobo. El 1º de mayo del año siguiente, a su madre, Gleniz Araca, la hallaron muerta después de haberse suicidado.

Después de un año sin justicia en el caso de su hijo y del fallecimiento de su esposa, a ambos les sobrevive el padre, Alexander Queliz. “Destruyeron a mi familia directa, mi continuidad, apagaron los sueños de Daniel. Acabaron con mi hogar, con lo que mi esposa y yo construimos. Éramos una familia feliz, con nuestras carencias como cualquier familia venezolana, pero ese momento marcó un antes y un después. No es fácil. Me quedé sin mi único hijo y un poco después sin mi esposa. Los pedazos de mi vida han quedado esparcidos en el piso y tengo que ver qué hago con ellos”, dice vía telefónica el papá de Daniel y viudo de Gleniz.

A Daniel Queliz lo mataron en la urbanización Los Parques del sector Los Caobos, en Valencia, estado Carabobo. Fue la primera víctima en las protestas en este estado, donde cayeron 19 personas en cuatro meses de conflicto, y el segundo en todo el país de una cifra que, según registros de Rurun.es, llegó a 158 muertes. Por el caso de Queliz están imputados los oficiales Marcos Antonio Ojeda Arias (tirador), detenido en la Comandancia General de PoliCarabobo y Edien Romero, recluido en el eje contra homicidios del CICPC en la base Miguel Peña de la entidad. Ojeda Arias disparó un proyectil 9mm al cuello de Daniel, que quedó alojado en la cuarta vértebra de la columna.

“Según la criminalista y abogada del caso de mi hijo, Grace Rodríguez, ese tipo de lesión es mortal. Daniel falleció en el acto y dentro del urbanismo. Una persona con una herida de esa magnitud puede resistir a lo sumo 8 o 10 minutos, no lo digo yo, lo dicen los médicos”, asegura el padre de la víctima.

Daniel fue uno de los 38 estudiantes que murió en medio de las manifestaciones del año pasado y una de las tres víctimas de Policarabobo en los meses de protesta. El cuerpo de seguridad regional también participó en los homicidios de Christian Humberto Ochoa, el 25 de abril de 2017, y Luis Eloy Pacheco, el 4 de mayo del mismo año. El joven pertenece a la franja que edad –entre los 18 y 30 años– en la cual se registró la más alta cantidad de muertes: 83 víctimas.

El 9 de abril de ese año fue la última vez que los padres de Daniel lo vieron con vida. Era Semana Santa y planeaban viajar a Chichiriviche para disfrutar de los días de descanso, pero Daniel tuvo que quedarse en su casa por obligaciones laborales y estudiantiles, ya que cursaba tercer año de Derecho en la Universidad Arturo Michelena. La idea era alcanzarlos tres días más tarde. La despedida fue la usual de unos papás venezolanos: “Dios te bendiga, hijo”.

Aquel lunes 10 de abril

A pesar del asueto, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), continuaba con su agenda de calle. Hizo un llamado a los caraqueños para marchar hasta la Defensoría del Pueblo para pedir la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por usurpar las funciones de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Domingo de Ramos, el presidente Nicolás Maduro animó a los venezolanos a celebrar la Semana Mayor desde su programa de televisión.

“Estoy ansioso que se convoquen elecciones de gobernadores y alcaldes para darle una pela a esta gente con votos y terminen con su guarimbeo y violencia”, expresó el primer mandatario.

Tanto en Caracas como en Valencia, los manifestantes comenzaron a llenar las calles al mismo tiempo que los cuerpos de seguridad del Estado se prepararon y dieron inicio a la represión que signó toda la oleada de protestas. Se reportan los primeros heridos a nivel nacional.

En la capital del estado Carabobo la situación recrudeció hasta altas horas de la noche. En la urbanización Los Parques, al suroeste de la ciudad, amas de casa, jóvenes y ancianos resistieron a la acción de los policías que desde las 8:00pm lanzaban bombas lacrimógenas. Ese día, a las 11: 30pm, Daniel decidió apoyar a sus vecinos, pero una patrulla salió del comando contiguo y los efectivos comenzaron a disparar en contra de los manifestantes. Él trató de resguardarse, pero fue alcanzado indefenso por dos proyectiles: uno que impactó en su mano izquierda y el otro en la nuca.

“A las 12 de la noche me llamó un vecino para decirme que mi hijo había sufrido un accidente y que se encontraba en el Hospital Central de Valencia Doctor Enrique Tejera. Nos devolvimos, mi esposa tenía una crisis de nervios. En el trayecto pedí hablar con mi hermano y le exigí que me dijera lo que estaba pasando. Él me dijo la verdad. Mi hijo estaba muerto. Mantuve la calma sin decirle nada a mi esposa hasta que llegamos directamente a la morgue del hospital”, rememora Queliz.

Se aleja la justicia

La ciudad estaba enardecida. Queliz fue el primer muerto del estado Carabobo y la Fiscalía, todavía a cargo de Luisa Ortega Díaz, actúo de forma inmediata.

“Debo admitir que la respuesta del Ministerio Público y del CICPC al momento del asesinato de Daniel fue rápida. Fue un trabajo profesional dirigido para ese momento, porque ya se fue del país, por el Fiscal 28° del estado Carabobo, José Antonio López y por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz que inmediatamente designó tanto al López como a la Fiscal Nacional 34° para que se abocaran de lleno con el caso del asesinato de mi hijo. Fue tanto así que el asesinato de Daniel se esclareció en menos de 48 horas”, dice Alexander Queliz.

Ante las acusaciones del Ministerio Público, el para entonces gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, reconoció que el manifestante Daniel Queliz recibió un disparo de un arma de un oficial de la Policía de Carabobo.

El 25 de abril de 2017, durante una rueda de prensa para dar un balance de las muertes durante las protestas, la Fiscal Ortega Díaz aseguró que “por el caso de Daniel Queliz se encuentran aprehendidos dos funcionarios de la policía del estado Carabobo: Marcos Ojeda y Edwin Romero”. La Fiscal también lamentó la muerte de 26 venezolanos durante esos primeros 25 días de manifestaciones.

“Quiero informar al país que el Ministerio Público apenas tuvo conocimiento de estos homicidios, de forma inmediata designó fiscales, pero no solamente fiscales, sino también a directores, subdirectores, coordinadores y especialmente a nuestros laboratorios. Quiero que sepa el país que nuestro equipo de médicos y expertos fueron quienes practicaron las autopsias para determinar las causas de las muertes. Nosotros seguimos trabajando porque hay muchas cosas que investigar en estos homicidios, entre ayer y la madrugada de hoy tenemos cuatro personas fallecidas más. Apenas estamos comenzando las investigaciones, estamos trabajando para que se sancione a los responsables para que no haya impunidad, para que haya respuesta y justicia”, expresó Ortega Díaz.

La justicia, que ya se veía cercana, se alejó con la llegada de Tarek William Saab al Ministerio Público:

“Debo decir responsablemente que una vez que el señor Tarek William Saab asumió el mando como Fiscal designado por la asamblea nacional constituyente el caso de Daniel comenzó a tener retardos. No solo el caso de Daniel, yo me atrevo a decir que todos los casos de los asesinados durante las protestas, han tenido de una u otra forma un retardo”, dice el padre de la víctima.

Según Alexander Queliz, la abogada le aseguró que la primera fase de investigación y control avanzó de manera muy rápida. Los imputados se acogieron a la ley. Sin embargo, el retardo es cada vez mayor. El juicio por el caso de Daniel debió haber comenzado en el mismo año 2017, en el mes de diciembre. A la fecha han diferido 5 audiencias para la apertura del juicio. La última fue diferida el pasado 3 de julio y quedó para el 26 del mes en curso.

“Al momento de la autopsia a Daniel tuvieron que hacerle rayos X porque el proyectil estaba en una zona muy complicada para extraerlo, pero cuando hacen la comparación balística comprueban que efectivamente salió de un armamento asignado al supervisor jefe Marco Ojeda, que es el autor material de la muerte de mi hijo. A pesar de las pruebas, siguen retardando el juicio”, afirma Queliz.

En medio del dolor, Alexander Queliz dice que “la procesión va por dentro” y que seguirá en la lucha por la memoria de su hijo y de su esposa. “A lo último que nosotros debemos renunciar en cualquier parte del mundo es a nuestros derechos. El día que renunciemos a nuestros derechos como ciudadanos, ese día estamos perdidos”, manifiesta el padre de Daniel Queliz.

Privados de libertad dos policías de Carabobo por muerte de joven en Valencia

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El Ministerio Público ordenó privativa de libertad para dos funcionarios de la policía del estado Carabobo, por su presunta responsabilidad en la muerte de Daniel Alejandro Queliz Araca (20), ocurrida el pasado lunes 10 de abril en la parroquia Miguel Peña de Valencia.

En la audiencia de presentación, los fiscales 35º y 28º de Carabobo, Anny Camejo (E) y José Antonio López, respectivamente, imputaron al supervisor jefe Marcos Ojeda (47) como autor en el delito de homicidio calificado con alevosía; mientras que el oficial Edwin Romero (33) fue imputado por ese tipo penal pero en grado de cooperador.

De igual forma, ambos funcionarios fueron imputados por uso indebido de arma de fuego.

Tras evaluar los elementos de convicción, el Tribunal 3° de Control de esa jurisdicción dictó la medida privativa de libertad solicitada por los representantes del Ministerio Público y fijó como sitio de reclusión la Base Miguel Peña del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El citado día, Queliz se encontraba en una manifestación frente al conjunto residencial Los Parques, lugar al cual se presentaron efectivos de la policía de la referida entidad federal. Durante la situación, el joven resultó herido en el cuello por un impacto de bala. Posteriormente, la víctima fue trasladada a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde ingresó sin signos vitales.

Dos días después, funcionarios del Cicpc detuvieron a Ojeda y Romero tras una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 3º de Control del referido estado.

Francisco Ameliach: Daniel Queliz recibió el disparo de un arma de PoliCarabobo

franciscoAmeliach

 

El gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, informó este miércoles que se comprobó que el joven Daniel Queliz  falleció por impacto de bala de un arma asignada a un Policía de Carabobo.

Dijo que el funcionario será puesto a la orden del Ministerio Público.

Queliz, de 19 años, estudiante de Derecho, fue ultimado con un tiro en el cuello durante protestas del lunes en la noche en Valencia.

Ameliach dijo que luego de la investigación preliminar de órganos competentes determinaron que el módulo de la Policía de Carabobo fue atacado con armas de fuego.