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Podcast |  Extorsiones de la PNB en la Cota 905, medicamentos indios de dudosa procedencia y la historia de Raúl Andrés Orozco
En el episodio 228  de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI)

En El Pitazo destacan el trabajo «Policías extorsionan en la Cota 905 tras la muerte del “Koki”. La investigación Extorsión uniformada: los policías que someten a la Cota 905 revela cómo algunos policías en Venezuela toman el lugar de los grupos criminales con prácticas delictivas como las extorsiones e identifica el patrón criminal utilizado por los uniformados, que han instalado ocho alcabalas en el barrio y recurren a la vieja práctica de sembrar droga a los jóvenes para exigir dinero a cambio de no enviarlos a prisión. 

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “Venezuela importa de laboratorios sospechosos de India y se hace el loco con la calidad». La Federación Farmacéutica Venezolana ha solicitado en varias comunicaciones al Ministerio de Salud conocer el proceso de importación y revisión de medicamentos de otros países, especialmente de la India e Irán. En julio, el Gobierno indio informó que tomará medidas contra 105 farmacéuticas que no han pasado los controles de calidad y salubridad.

“Raúl Andrés Orozco: el escurridizo comerciante del oro volador y las vacas navegantes» es la nota que presenta Runrun.es en este episodio. Un complejo entramado de empresas, socios, direcciones y países dificulta seguir los pasos de un comerciante del oro venezolano devenido ganadero en Colombia. Se libró de la redada emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra las mafias mineras, pero otros escándalos que han salpicado sus negocios, incluyendo el reciente asesinato a manos de sicarios de dos de sus empleados

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Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

Autoridades reaccionan ante reportaje que revela red de extorsión policial en la Cota 905
Durante la semana en la que se difundió el reportaje, funcionarios de la GNB que custodiaban parte de la Cota 905 recibieron la orden desde la Comandancia General de retirarse del lugar 

 

La investigación Extorsión uniformada: los policías que someten a la Cota 905, publicada el pasado 8 de agosto por la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por los medios El Pitazo, Runrunes y TalCual, generó reacciones en autoridades del Gobierno nacional.

Durante la semana en la que se difundió el reportaje, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodiaban parte de la Cota 905 recibieron la orden desde la Comandancia General de retirarse del lugar. Una fuente aseguró a El Pitazo que al solicitar su retirada, se mencionó el trabajo periodístico y un oficial les aseguró a los funcionarios que “la GNB no fue mencionada en el escrito”.

Ahora el resguardo de la comunidad sólo depende de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), organismo señalado por los habitantes de gestionar una red de extorsión contra la comunidad, tal y como se reseñó en la investigación.

Las ocho alcabalas que usan policías para cometer las extorsiones, según denunciaron habitantes de la Cota 905, se mantenían en los mismos puntos hasta l jueves 17 de agosto. Un vecino, quien pidió el resguardo de su identidad, aseguró que tres días después de la publicación ingresó al sector Las Cumbres un contingente de motorizados de la PNB que repartieron juguetes a niños y compartieron en un plan vacacional.

Esta actividad a la que se refirió el habitante fue encabezada por el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, quien llegó al lugar junto a Rubén Santiago, director de la PNB.

El viceministro aseguró que en dicho evento “300 funcionarios de este cuerpo de seguridad se desplegaron para realizar actividades formativas, culturales y deportivas”. En las fotografías difundidas se observan a uniformados de la PNB preparando perros calientes, coloreando y jugando con niños de la comunidad. Esta actividad fue replicada en las cuentas de Twitter de la PNB, del Cicpc y de policías estatales y municipales.

La Cota 905 fue tendencia en Venezuela a través de las redes sociales debido a la difusión del trabajo que evidenció el patrón extorsivo que aplican uniformados de la policía contra vecinos y visitantes. El reportaje fue replicado por medios de comunicación nacionales e internacionales.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, republicó desde su cuenta de Twitter un comentario escrito por un periodista de Venezolana de Televisión (VTV), que aseguró que la investigación se trataba de un “fake”. “Cada vez que hay una campaña electoral, la oposición busca desempolvar el libreto de la Cota 905”, escribió.

Luego de que el ministro republicara esta crítica al reportaje en sus redes sociales, le siguieron autoridades como Mercy Bracho, secretaria general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); Richard López Vargas, superintendente nacional antidrogas y varias cuentas oficiales de diferentes cuerpos policiales.

El 13 de agosto, otra periodista del canal del Estado, conductora del programa 360 en directo, colgó en su Twitter un video mientras iba de parrillera en una moto conducida por un funcionario de la PBN. Estaban en un recorrido por el sector y anunció que próximamente difundirá un trabajo especial desde la Cota 905.

Capturado en Colombia alias Mayeya, miembro del Tren de Aragua en ese país y quien fuera cabecilla de banda en La Vega
«Mayeya» perteneció a la banda de Carlos Luis Revete​, ​​mejor conocido como alias «El Koki», líder de la megabanda criminal que controlaba el sector la Cota 905, en Caracas

 

 

En medio de un operativo policial este jueves 11 de mayo fue capturado Yofren Javier Guédez Bullones, alias «Mayeya», uno de los criminales más buscados en Venezuela. 

Tras varios meses de seguimiento por parte de los cuerpos de seguridad colombianos, «Mayeya» fue capturado con el apoyo del helicóptero halcón de las autoridades, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, Colombia. 

«Mayeya» perteneció a la banda de Carlos Luis Revete​, ​​mejor conocido como alias «El Koki», líder de la megabanda criminal que controlaba el sector la Cota 905, en Caracas. 

Aunque Guédez Bullones perteneció a la banda de «El Koki», no era jefe de la organización, pero sí tenía un rol de lugarteniente. Cuando la banda banda de Carlos Luis Revete​ es desplazada por la intervención policial que hubo en la zona en el año 2021, muchos de los integrantes, incluido «Mayeya», se desplazaron a Colombia. 

La banda de «El Koki» no tenía ramificaciones en Colombia, por lo que es muy probable que este haya sido absorbido o reclutado por el Tren de Aragua. 

Según información de Noticias RCN, «Mayeya» fue detenido junto a otros dos hombres que responden a los alias «Harrison» y «Riri».

Yofren Javier Guédez Bullones es señalado de ser el principal responsable de varios homicidios en Bogotá y, particularmente, le atribuirían una masacre ocurrida en septiembre del 2022, en la que cuatro cuerpos desmembrados fueron abandonados en un vehículo en Suba y en Engativá.

Según reseña RCN Noticias, fueron los mismos habitantes del barrio Bosque Calderón, ubicado en Chapinero (Bogotá), quienes alertaron a la policía por la presencia de un carro sospechoso en uno de los parqueaderos de la zona.

Prontuario de Mayeya en Venezuela 

El «Mayeya» junto a «el Vampi», «el Koki» y «el Galvis» enfrentaron en reiteradas oportunidades a los cuerpos de seguridad en Venezuela. 

En 2021, el Ministerio de Interior Justicia y Paz difundió imágenes del hombre en donde ofrecía una recompensa de 100.000 dólares por información que llevara a su captura.

En Venezuela está solicitado por múltiples delitos como homicidios, lesiones personales, extorsión, secuestro y distribución de drogas, armas y municiones.

De acuerdo con información oficial, el «Mayeya» controlaba los barrios Andrés Eloy Blanco, El Carmen y La Zulia en La Vega.

PNB mata a dos presuntos delincuentes en la Cota 905 durante operativo

La mañana del pasado 31 de agosto se registró un enfrentamiento entre funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y presuntos delincuentes en el sector San Miguel de la Cota 905, al oeste de Caracas. El hecho dejó dos personas muertas por herida de bala.

De acuerdo con reportes recogidos por medios de comunicación, los supuestos pistoleros arrojaron una granada a la comisión policial integrada por decenas de miembros de la División de Inteligencia Estratégica y la División Motorizada de la PNB.

La identidad de los muertos se desconoce, pero fuentes de la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), conocido como morgue de Bello Monte, confirmaron que los cadáveres fueron enterrados una semana después de los hechos, sin posibilidad de ser velados por sus familiares.

Durante el operativo, fueron incautadas dos armas de fuego.

En febrero pasado (2022) funcionarios de la PNB se desplegaron en Las Tejerías, estado Aragua, por tres días, para dar con el paradero de Carlos Luis Revete, apodado «Koki», quien era uno de los líderes de la megabanda que controlaba el tráfico de drogas, las extorsiones y los secuestros en la Cota 905. La operación culminó con la muerte del cabecilla del grupo criminal.

 

«Koki» huyó de la Cota 905 en julio de 2021, cuando policías y militares tomaron la zona por casi dos semanas y mataron a una treintena de personas, según testimonios de familiares y fuentes policiales a las que tuvo acceso Monitor de Víctimas.

El operativo llamado «Gran Cacique Indio Guaicaipuro» se extendió a otras zonas del Distrito Capital, así como a los estados Miranda, La Guaira y Carabobo. Un total de 11 de los caídos fueron alcanzados por balas perdidas, 9 fueron identificados como presuntos miembros de la banda de «Koki» y 10 fueron supuestas víctimas de ejecución extrajudicial. En los hechos, también murieron 4 funcionarios policiales.

@loremelendez 

Denuncian asesinato de dos jóvenes en operativo del Faes en la Cota 905

 “Mi hijo no era ningún delincuente de la Cota 905, y me lo mató la policía”, dijo, este miércoles, Yessi Dugarte, madre de César Augusto Millán Dugarte (21), en las afueras de la morgue de Bello Monte.

La víctima quien se ganaba la vida como “minero en el río Guaire” fue sorprendida por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) en el porche de su vivienda, ubicada en el sector Las Torres de la Cota 905, municipio Libertador de Caracas

Eran cerca de las 8:30 de la noche del lunes 30 de mayo, cuando fue abordado por al menos ocho agentes que llegaron caminando. “Cállate y vete de aquí”, le dijeron los efectivos a la novia de Dugarte, mientras se lo llevaban, relataron los familiares.

Sin embargo, la acción policial causó ruidos por lo que parientes se percataron de lo que estaba pasando y salieron de la casa para ayudarlo.

“Lo arrastraban y mi hija y yo corrimos tras ellos. Pero, otro grupo nos empujaba y nos insultaba. También nos pedían silencio”, agregó Dugarte.

Los excesos de la policía denunciados por los familiares no quedaron allí. Pues, Yessi aseguró que uno de los uniformados que usaba pasamontañas la empujó por unas escaleras.

“Mi mamá me ayudó y mi hija siguió tras ellos. A ella, que tiene 16 años, también quisieron tirarla por las escaleras; hasta unos tiros le lanzaron. Se golpeó la cabeza y se desmayó”, denunció la mujer.

Pocos fueron los minutos que duró la persecución de los familiares de César con los agentes del Faes, quienes lo llevaron hasta la parte alta de Las Quintas, donde se escucharon varias detonaciones.

Los uniformados llevaron el cuerpo del muchacho al hospital Miguel Pérez Carreño, adonde llegó sin signos vitales, aproximadamente a las 10:00 de la noche.

En paralelo, y con media hora de diferencia, otra víctima quedó reportada por los uniformados que ejecutaron el operativo. Se trataba de Kleiver Oney Ibarra Pacheco (20), quien estaba en su casa con su esposa embarazada y varios agentes lo sacaron del inmueble.

Aunque los deudos no precisaron la dirección exacta de la vivienda, indicaron que “se lo llevaron hasta la parte alta y lo ejecutaron”. “Le dijeron a su esposa que su hijo ya era huérfano”, cuando bajaban el cuerpo, señaló Dayana Báez, tía del muchacho. También llegó muerto al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño.

Ibarra Pacheco laboraba por su cuenta como vendedor ambulante de verduras y legumbres. Deja en estado de orfandad a un niño de tres años.

Protesta por operativos

Este miércoles, vecinos de Las Cumbres, San Miguel, Las Quintas y Las Torres cerraron la autopista Francisco Fajardo, en sentido hacia El Valle-Coche, en rechazo a las actuaciones de la policía en las últimas horas.

Desde el pasado fin de semana, comisiones mantienen un operativo para dar con los presuntos responsables de un ataque armado y con granada que dejó tres oficiales heridos. Parientes de los fallecidos descartan relación de este hecho con sus familiares.

La madre de César Augusto Millán recordó que apenas hace un mes, su hijo quedó detenido en una redada y cuando revisaron sus antecedentes, lo dejaron en libertad, porque no tenía prontuario.

Además, denunció que la policía despojó a su hijo de sus zapatos, de dinero y varias prendas de plata, producto de su trabajo.

Sobre Kleiver Ibarra, su tía indicó que jamás había tenido problemas con la justicia. Hasta hace dos meses, estuvo detenido tras sostener una pelea doméstica con su pareja.

El Dato

Según datos recopilados por Monitor de Víctimas en su último informe “Fuego Cruzado en Venezuela”, de los 544 homicidios registrados durante 2021, los cuerpos de seguridad del Estado fueron los responsables de 33,8% de estos casos. Un total de 185 de estos asesinatos quedaron documentados con el móvil de “resistencia a la autoridad» (ejecución extrajudicial).

@Jheilyn_ Cermeno

#MonitorDeVíctimas | Balas perdidas: un fenómeno silencioso en Caracas
Las balas perdidas son un síntoma letal de la realidad a la que es sometida la ciudadanía: los enfrentamientos entre bandas, las armas en manos de delincuentes y las inexistentes políticas de seguridad

 

@miconvive

Bala perdida: “Aquella bala disparada intencionalmente, que ocasiona daños letales o no letales a una persona diferente a la que es el objetivo de quien acciona el arma de fuego.” 

Deisy Rivas, de 55 años de edad, es una de las treinta y dos víctimas de balas perdidas en lo que va de 2021. Fue el viernes 19 de marzo, cuando cocinaba en su casa ubicada en El Paraíso. Su esposo la llamó para advertirle sobre el tiroteo que estaba ocurriendo en la Cota 905 y que fuese precavida, pero no pasaría mucho para que una bala impactara su hígado, colon y páncreas. Como pudo, se arrastró por el pasillo y pidió ayuda a sus vecinos, quienes la trasladaron al Hospital Pérez Carreño donde horas más tarde perdió la vida.

Síntoma de un problema estructural

Cientos de habitantes del área metropolitana de Caracas han sido víctimas de una violencia silenciosa, como consecuencia de un problema estructural de violencia que hace ruidos estruendosos en toda la ciudad. Según Monitor de Víctimas, las balas perdidas han cobrado la vida de al menos 162 habitantes en la ciudad capital en los últimos 4 años. Ninguno de ellos estuvo ligado al conflicto donde se originó la detonación que acabó con sus vidas.

De esta manera, de acuerdo a los registros de Monitor de Víctimas, hasta la fecha 2018 destaca como el año con la mayor cantidad de víctimas por balas perdidas, concentrando el 30,2 % de la incidencia total de estos sucesos. Sin embargo, luego de experimentar caídas importantes durante el año 2019 y 2020, las víctimas por balas perdidas comenzaron a registrar un aumento significativo durante 2021.

Hasta el mes de octubre de este año se incrementaron en 128,6 % los decesos por balas perdidas respecto al volumen registrado el año anterior.

De 14 víctimas en 2020, en 2021 se registran 32 muertes violentas por estos hechos; muertes consideradas por las partes en pugna como “daños colaterales”, pero que significan una descomposición gradual de los núcleos familiares en la ciudad. Y aumentan la sensación de inseguridad en los caraqueños, ya que “nadie está a salvo”.

Particularmente, los municipios Libertador y Sucre han vivido durante el año 2021 el embate −continuado de años pasados− de las bandas y megabandas; así como también la implementación de operativos policiales que buscan enfrentar a dichos grupos criminales. Dos dinámicas que han dejado un saldo de 32 víctimas colaterales en lo que va de año.

Las balas que se adentran en los hogares de las víctimas no distinguen entre involucrado o indiferente, inocente o culpable. En específico, de acuerdo con cifras de Monitor de Víctimas, el 50 % de los casos de balas perdidas se concentran en las parroquias El Paraíso y La Vega; ambas rodean la Cota 905, un sector popular de la ciudad de Caracas donde operan megabandas organizadas.

En julio llovieron las balas

El mes de julio merece un análisis particular en esta cronología. Durante este período se registró uno de los hechos violentos más trascendentales de la ciudad en los últimos años, lo que muchos medios de comunicación reseñaron como el “Tiroteo en la Cota 905”. Según cifras de Monitor de Víctimas, 7 parroquias fueron afectadas de forma directa por los sucesos: El Valle, El Paraíso, La Vega, San Juan, Santa Rosalía, Coche y San Pedro.

También en esas zonas, a raíz de los enfrentamientos, se desplegó el Operativo Gran Cacique Indio Guaicaipuro, que en teoría buscó el cese de los enfrentamientos, pero en la práctica cobró la vida de personas inocentes sin ningún tipo de afinidad o afiliación con la banda.

Por esta razón, julio de 2021 destaca, según los registros del observatorio, como el mes más violento de 2021. Y también como el período más violento registrado en los últimos 30 meses en la ciudad. No se registraba una cantidad tan alta de víctimas desde enero de 2019.

Se puede observar, de igual manera, que en este mismo mes se registró el mayor volumen de víctimas por balas perdidas: 10 caraqueños perdieron la vida por esta circunstancia durante los hechos ocurridos en la Cota 905. De acuerdo a las cifras de Monitor de Víctimas, no se registraban tantas víctimas desde el mes de mayo de 2017, lo cual evidencia los daños colaterales de los sucesos en la Cota 905 durante ese mismo período.

Síntoma de una dinámica cada vez más violenta

Vemos entonces cómo las balas perdidas suelen ser consecuencia de encuentros entre bandas y cuerpos policiales, siendo las parroquias aledañas a las zonas de conflicto las más afectadas por los mismos.

En otras ciudades de la región, como Cali (Colombia), las cifras de muertes por balas perdidas se incrementan cuando hay partidos de fútbol o fiestas patronales. En Venezuela las cifras de balas perdidas también ocurren en eventos particulares, pero son recurrentes durante todo el año.

Esta situación deja una estela de miedo e incertidumbre en una gran cantidad de personas en la ciudad, cobrando la vida de caraqueños inocentes, muchas veces en sus propias casas.

Sin una política de seguridad efectiva para el combate de la violencia y los grupos irregulares en la ciudad, la situación continuará.

Las balas perdidas son un síntoma letal de la realidad a la que es sometida la ciudadanía: los enfrentamientos entre bandas, la gran cantidad de armas en manos de delincuentes y las inexistentes políticas de seguridad por parte del gobierno nacional. Los “síntomas” también se lloran. Lo inesperado de los sucesos suponen un trauma emocional y social profundo en las poblaciones que viven de forma directa e indirecta estos sucesos.

#MonitorDeVíctimasCaracas | Hallan cadáver de joven que presuntamente mataron durante operativo del BAE en El Valle
El hecho, sobre el cual no se ha emitido información oficial, dejó al menos 12 muertos. Los policías buscaban a miembros de la banda de «Loco Leo», que supuestamente tomó el control de la Cota 905

 

@loremelendez

 

La familia de Andrew Martínez, de 18 años de edad, perdió su rastro el pasado viernes 1° de octubre a las 6:00 am. A esa hora salió de su casa, ubicada al final de la calle 18, en el sector Los Robles de El Valle, al oeste de Caracas, a buscar unos materiales de trabajo para el taller de costura de su padre, en donde trabajaba desde hace dos meses. También a esa hora comenzó el despliegue de los funcionarios de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por la barriada, que extraoficialmente reportó una docena de muertes en supuestas ejecuciones extrajudiciales.

«Él salió y comenzó la balacera», afirmó una pariente del muchacho. Martínez nunca volvió a casa y eso preocupó a su familia. Comenzaron a buscarlo al siguiente día en hospitales, en la morgue, en sedes policiales, pero no aparecía. El miércoles en la mañana acudieron a la sede del Cicpc en la avenida Urdaneta a denunciar su desaparición. «Pero ni un comprobante nos dieron, no hicieron nada», criticó un allegado. El joven ya llevaba cinco días sin dar señales.

Ese mismo día la familia decidió buscarlo por las montañas cercanas a la zona en la que vivía y allí hallaron su cadáver, ya descompuesto. «Aquí en la morgue nos dijeron que si hubiésemos dejado que pasara un día más, no encontrábamos ni los huesos», contó un pariente.

Ningún cuerpo de seguridad se movilizó para encontrar a Martínez. El Cicpc recibió el reporte y levantó el cuerpo durante la mañana del pasado jueves.

Los allegados de Martínez presumen que lo mataron en el operativo del BAE, aunque no tienen cómo probarlo. El avanzado estado de descomposición del cadáver no les dejó ver si había hematomas o balazos y esperaban que una autopsia les dijera qué pasó. El muchacho solo había vivido un par de meses en El Valle. Era el mayor de dos hermanos.

Reportes extraoficiales indicaron que el BAE tomó Los Robles esa mañana para ir tras la pista de los integrantes de la banda de «Loco Leo», que lleva años al mando del sector. Entre los muertos estarían señalados miembros del grupo criminal como «Maikel, el violento», «Richard, el menor», «El Huerfanito» y «PDVSA». En esta acción también resultó herido Gregory Ortiz, un funcionario policial. Recibió un balazo en la región lumbar.

«Loco Leo», líder de la banda, murió en agosto pasado cuando huía de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). De acuerdo con información policial, este grupo hoy controla la Cota 905, otrora territorio del «Coki», «Garbis» y «Vampi», quienes salieron de la zona tras tres días de tiroteos con varios cuerpos de seguridad. Ese operativo dejó al menos 37 víctimas, según datos recabados de Monitor de Víctimas.

Entre enero y agosto de este año, 22 personas han sido víctimas de homicidio en El Valle. De estas, seis murieron a manos de efectivos de seguridad, señala la data de Monitor de Víctimas.

 

DDHH olvidados | “A tu hijo te lo sembraron, ahorita se lo están llevando a tribunales”
A Yesenia le detuvieron arbitrariamente a su hijo menor de edad frente a sus ojos mientras estaban en El Cementerio, pero en Fiscalía aseguran que fue en la Cota 905

@ValeriaPedicini

Yesenia* estaba con su hijo el día que lo detuvieron. Días atrás, habían llegado a El Cementerio, en el sur de Caracas, y se encontraron con la calle revuelta por los operativos en la Cota 905. Aprovechaban los fines de semana y las semanas radicales para trabajar en la zona. Así que, en vez de devolverse a su casa en Guatire, se resguardaron en la vivienda de su sobrina a esperar que todo se calmara. 

El viernes, cuando todo estaba más tranquilo, decidieron salir del refugio. Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) los pararon en medio de la calle, a plena mañana, para revisarlos. Yesenia ya había notado que los funcionarios estaban “alterados”. Y al ver que el muchacho de 17 años no cargaba su cartera con la cédula de identidad, todo fue peor. 

“Eres un sinvergüenza, tienes que cargar tu cédula”, los regañaron. Ella intentó explicarles que, aunque no tenía la cédula, sí llevaba encima una carpeta con documentos como constancia de estudio, partida de nacimiento y registro militar, porque el muchacho quería optar por un cupo para entrar a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). 

Nada de eso funcionó: decidieron llevárselo. 

“Tranquila, que si él no está solicitado, le entregan a su hijo. Solo es una verificación para que aprenda a cargar su cédula”, le prometieron a Yesenia. Para ese momento, no reaccionó ni tuvo una postura a la defensiva. “Yo estaba creyendo en su buena fe. ‘Están haciendo su trabajo’, pensé. No pensé que iba a pasar todo esto”. 

Mientras al muchacho lo llevaban a la Quebradita II, Yesenia había ido a buscar su documento de identidad. Cuando llegó, un funcionario le dice que su hijo era el 17 en orden de verificación y había que esperar. 

Pasó el viernes, el sábado no hubo sistema y el domingo se repitió la historia. Yesenia nunca se movió del lugar porque quería a su hijo de vuelta y porque tampoco tenía pasaje para ir y regresar de su casa en Guatire. 

El martes, un efectivo le preguntó qué hacía en el sitio. Yesenia le explicó la situación y él fue a verificar el caso. Cuando volvió le dijo: “¿Por qué dejaste que pasara tanto tiempo? A tu hijo te lo sembraron. Ahorita se lo están llevando a tribunales, vete corriendo”. 

Yesenia no supo ni cómo reaccionar, no entendía qué estaba pasando. “¿Cómo es que yo llevaba ahí varios días y a mí nadie me había dicho nada? Yo estaba creyendo en la buena fe de que no había sistema”. 

Cuenta que en la audiencia solo escuchó horrores. Entre esos, que la detención de su hijo había sido en la Cota 905 y que era producto de una “orden presidencial”. No importó que dijera que ella estaba con él en El Cementerio cuando eso ocurrió, que había testigos de lo ocurrido o que pidieran revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad que hay a lo largo de la avenida principal de El Cementerio. 

“No le hicieron caso a los videos ni a nada porque dicen que no van a perder su trabajo porque esto es político. Pero a nosotros, que somos inocentes, nos están haciendo un daño”, expresó Yesenia. 

Al muchacho lo trasladaron a una sede en La Yaguara, donde su madre denuncia que “le cayeron a tablazos”. Después, lo llevaron a San Agustín, donde duró unos días, para luego moverlo a Guárico para finalmente dejarlo en Yaracuy. “No sé qué está pasando que me lo tienen de allá pa’ acá y de allá pa’ acá”. 

Ella solo ha tenido oportunidad de verlo una sola vez y por tan solo dos minutos. En primer lugar, porque las visitas están restringidas hasta principios de septiembre y porque a Yesenia se le hace difícil poder conseguir el dinero para trasladarse hasta el interior del país. Gracias a una recolección que hicieron su familia y conocidos, pudo reunir los 40 dólares del transporte y visitarlo para llevarle productos de higiene, ropa y una colchoneta. 

Producto del hacinamiento que se vive en las cárceles y centros de reclusión, a su hijo le dio escabiosis. Pero lo que más le impresionó fue ver a su hijo tan afectado emocional y psicológicamente, sobre todo cuando vio que ella llegaba con sus pertenencias. “Me dijo ‘mamá, ¿me van a dejar aquí? Ayúdame, no me dejes’”. 

A Yesenia le notificaron que la audiencia sería para octubre. “Es mucho tiempo, lo que está cometiendo es un atropello con nosotros. Esto no se entiende. Vivo en zozobra porque mi hijo no hizo nada y mira todo lo que pasó”. Cuenta que desde que detuvieron a su hijo, le cuesta ver a funcionarios en la calle por miedo de lo que pueden hacer. “Siento que me pueden hacer algo”. 

Desde que detuvieron a su hijo, a mediados de agosto, la vida le cambió también a Yesenia. No ha podido ver al resto de sus hijos por estar concentrada al 100% en lo que le pase al muchacho de 17 años. “He ido a todos lados, en algún sitio me van a escuchar”, clamó.