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Ago 07, 2019 | Actualizado hace 3 meses
La mentira de la “mano dura”, por Roberto Patiño

EN DÍAS RECIENTES LA OPINIÓN PÚBLICA, fue sacudida por los hechos acontecidos en la comunidad de la Cota 905, en la que efectivos del CICPC mantuvieron, por casi dos horas, un enfrentamiento con bandas armadas, en medio de la zozobra de los habitantes de la zona. Las fuerzas policiales recibieron orden de retirarse y se vieron imposibilitados de imponerse sobre los criminales, demostrando encontrarse en condiciones de inferioridad material, con equipos y armamentos muy inferiores a los de su contraparte, y con graves carencias en los aspectos operativos y estratégicos.

Lo sucedido en la Cota 905 refleja la grave situación de inseguridad que padecemos. Un contexto extremo que se ha agravado con políticas tan fraudulentas y destructivas como  las de la “mano dura”, que ha incrementado exponencialmente las violaciones a los derechos humanos, y la de las Zonas de Paz, que ha significado la impunidad absoluta para diversos grupos armados criminales en el país.

Venezuela se encuentra entre los 10 países más peligrosos del mundo, una dura realidad que los venezolanos vivimos en carne propia a diario y que tiene consecuencias devastadoras en las victimas, familias y comunidades, así como en el conjunto de nuestra sociedad. En materia de seguridad, hemos venido arrastrando deficiencias crónicas en políticas públicas sobre esta materia, que se han agravado de manera profunda en los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 

No solo se han agudizado las acciones represivas, desatendiendo estrategias de prevención y de participación ciudadana a favor de la militarización del problema, ejerciendo acciones de guerra a través de cuerpos como las FAES y operaciones como las OLP. También se ha amparado la acción de grupos criminales en planes como las Zonas de Paz y desde el mismo Estado se ha propiciado la acción de grupos paramilitares, conocidos como colectivos. Las fallas del sistema penal y judicial se han intensificado, con niveles de impunidad que sobrepasan el 90%. 

El Estado se ha convertido en un factor principal de violencia: solo en el municipio Libertador más de un tercio de las muertes violentas entre jóvenes tienen como victimarios a efectivos de fuerzas de seguridad públicas. En el reciente informe de la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU, se señalaron las violaciones masivas a los derechos humanos ejercidas desde el Estado, en los que la violencia gubernamental se ha desbordado en la represión política, social y económica.

Lo sucedido en la Cota 905 ejemplifica, cabalmente, las graves consecuencias de los problemas que hemos señalado. Pero también ha vuelto a demostrar el engaño de los criterios de “mano dura”, alimentados desde el Estado. La implementación de acciones de las FAES y la OLP, no han afectado las capacidades de las bandas armadas, colectivos, Pranes y otras formas locales de crimen organizado, no han restado su presencia en las comunidades del país. De igual forma, se han probado como igualmente falsas o terriblemente ineficientes, los supuestos cambios y mejoras que el gobierno ha proclamado hacer en fuerzas de seguridad como la Policía Nacional, que sigue manteniendo deficiencias profundas en la capacitación de efectivos, disponibilidad de recursos materiales y la generación de estrategias reales y efectivas. 

La realidad es que las políticas de “mano dura”, implementadas por el régimen, no solo han sido inefectivas, sino que además han intensificados las condiciones de extrema violencia que padecemos. Sus consecuencias directas han sido la estigmatización de comunidades enteras, la criminalización de las víctimas, la enorme orfandad institucional de los ciudadanos, el empoderamiento de bandas armadas y grupos organizados criminales, así como el agravamiento de la fragmentación y desigualdad social que sufre el país.

Desde el Movimiento Caracas Mi Convive, hemos desarrollado la construcción de una nueva convivencia en el que el problema de la inseguridad y la violencia ha sido uno de nuestros principales focos de trabajo. Allí, un factor determinante es la participación activa de las comunidades que, sobre todo en los aspectos preventivos, tiene un papel fundamental, al igual que la atención y apoyo a las víctimas.

Pero la participación ciudadana debe darse en un contexto de apoyo, y no hostigamiento, del Estado. Debemos generar estrategias completas y sostenibles en el tiempo, así como mejorar radicalmente las condiciones las fuerzas de seguridad. En este sentido hemos desarrollado una propuesta para un Plan de Seguridad Ciudadana, así como contribuido en el Plan País en lo relativo a esta materia.

 Reducir los índices de violencia y criminalidad es una de las exigencias vitales que tenemos como sociedad. No es posible desarrollarnos y crecer en un marco de colapso de servicios de seguridad y fractura de la convivencia. Un primer paso debe ser la valorización de la participación ciudadana, así como la desmitificación de ideas preconcebidas y falsas como la de la “mano dura”.

Iris Varela: “Lo de la Cota 905 fue una puesta en escena”

IRIS VARELA, MINISTRA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS considera que los hechos ocurridos en La Cota 905 el pasado 26 de julio fueron una “puesta en escena”. 

La ministra aseguró que es partidaria de entregar al grupo de agentes del Cicpc que participó en el operativo al Ministerio Público (MP). Recordó que uno de esos funcionarios se observó en un video invocando a Óscar Pérez.“Ese video demuestra que fue algo planificado para generar un escenario, una puesta en escena, eso fue una puesta en escena”, señaló.

En una nota publicada por el Diario Últimas Noticias ayer domingo, la ministra dijo que le llama la atención que justamente cuando se estaba desarrollando en Caracas el Foro de Sao Paolo, un grupo de funcionarios del Cicpc, decidió desplegarse en la Cota 905.

“Pareciera que los que están conspirando no les interesa la paz del país y como no les interesa, decidieron ir a generar violencia en la Cota 905”, dijo Varela. 

Con respecto a los recientes videos de grupos armados que han circulado en las redes sociales, Varela explicó que los mismos forman parte de un plan impulsado por un sector de la oposición que quiere presentar al país como una nación en guerra: “Es como una violencia selectiva que tiene como blanco a funcionarios de seguridad para generar incertidumbre”.

 

La ministra recomendó a quienes están frente a los cuerpos policiales, depurar dichas instancias porque entre sus filas pueden existir funcionarios comprometidos con esos planes violentos.

 
 
Comisión de Política Interior de la AN investigará hechos de la Cota 905 y citará a Néstor Reverol

LA COMISIÓN DE POLÍTICA INTERIOR de la Asamblea Nacional iniciará una investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 26 de julio donde hubo un enfrentamiento entre delincuentes y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) donde cuatro funcionarios resultaron heridos.

La diputada y presidenta de la Comisión, Dennis Fernández aseguró que citarán al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol para que informe sobre los hechos y explique las razones por las cuales se suspendió el operativo, porque los funcionarios no habrían estado de acuerdo y tampoco tienen información oficial.

Fernández señaló que con esta situación ocurrida la semana pasada se demuestra que la delincuencia organizada cuando con mejor armamento que los órganos de seguridad. “Pero aún con esta situación, los funcionarios indican que tenían la posibilidad de controlar la situación, pero tenemos la interrogante de qué ocurrió”, añadió en rueda de prensa.

Aunque la diputada considera que lo más probable es que Reverol no acuda a la cita del Parlamento, “seguimos cumpliendo con nuestra función y el compromiso con los Derechos Humanos y con la solicitud de aplicación de justicia”.

Bandas fortalecidas

Los diputados debatieron sobre este hecho en la sesión del martes, 30 de julio, donde participó el abogado penalista y criminólogo, Luis Izquiel, quien aseguró que la delincuencia cuenta con fusiles de alto poder, granadas y ametralladoras.

“La Fuerza Armada Nacional debería custodiar las armas de guerra, no he visto una declaración del Alto Mando Militar sobre lo que ocurrió en la Cota 905 y tampoco a la Fiscalía”, advirtió.

También criticó el nombramiento de ciertos barrios y poblados del país como “zonas de paz” que trajo como consecuencia el fortalecimiento de las bandas delictivas y de igual forma recordó el fracaso en la implementación de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) porque “los delincuentes siguen allí. Hay frustración policial, hirieron a funcionarios del CICPC y lo que se hizo fue ordenar el retiro del sitio”.

Foto: CNVE24

Asamblea Nacional investigará tiroteo en la Cota 905

LA ASAMBLEA NACIONAL ANUNCIÓ ESTE 30 de julio que designará una comisión para investigar los hechos de violencia que se produjeron el pasado 26 de julio en la Cota 905, donde se registró un tiroteo entre delincuentes y funcionarios del Cicpc, cuatro de los cuales resultaron heridos.

“Las mal llamadas zonas de paz son zonas de guerra o guaridas delincuenciales (…) Todo delincuente que comete un delito va a la zona de paz y tiene donde resguardarse”, expresó en una sesión parlamentaria la diputada Yajaira Forero.

El abogado penalista Luis Izquiel, quien también intervino en el debate, considera que el tiroteo en la Cota 905 “resume varios de los problemas que han llevado a Venezuela a convertirse en uno de los países más peligrosos del planeta”.

A juicio de del parlamentario Héctor Cordero, los jóvenes venezolanos prefieren el camino de la delincuencia y dejan de un lado los estudios, algo que atribuye a la “pérdida de valores” promovida, en su opinión, por el chavismo que ha gobernado el país por 20 años.

“Lo que ocurre en seguridad es producto de lo que pasó en educación, estamos viviendo el sueño que tenía Pablo Escobar: un Estado delincuencial”, sumó.

Información de EFE

La guerra reciente de la Cota 905, por Luis Fuenmayor Toro

HE VENIDO ESCRIBIENDO, desde hace años, sobre la cada vez mayor incapacidad del gobierno nacional de garantizar una función primordial de todo Estado: el control de su territorio. Desde mucho antes de la primera Presidencia de Maduro, denuncié el control por grupos irregulares militares colombianos de zonas urbanas importantes de las grandes ciudades, así como de pueblos enteros, ubicados en las zonas fronterizas con Colombia, situación muy evidente en aquel momento en el estado Táchira, pero extendida también al Zulia y al Apure. El reparto de nuestros territorios entre el ELN y grupos paramilitares colombianos, para el cobro de vacuna a los ciudadanos y la realización de otras actividades delictivas, fue un resultado  inmediato de esta presencia y, en mi opinión, tuvo como responsable principal a Hugo Chávez Frías, quien, en sus deseos de ayudar a la guerrilla colombiana, permitió su presencia impune en Venezuela, lo que le impidió enfrentar la consecuente invasión de los paracos uribistas.

Meses después, Últimas Noticias, diario en el que había hecho la denuncia, respaldó los hechos revelados, así como su extensión a las zonas centrales del país. Más adelante, efectué la denuncia de la puesta en marcha de una maligna política: las “zonas o territorios de paz”, instrumentada por Maduro junto con el vice ministro del interior, justicia y paz, José Vicente Rangel Ávalos, que perseguía reducir la criminalidad en determinadas zonas geográficas del país, mediante un acuerdo con los delincuentes existentes en las mismas, según el cual no serían perseguidos ni apresados por los cuerpos de seguridad del Estado, siempre que se desarmaran, suspendieran sus acciones delictivas y comenzara un proceso de integración social a la vida legal en sus comunidades. Como era de esperarse, el acuerdo le permitió a las bandas existentes total impunidad para transitar y actuar en sus zonas, con lo cual aumentaron y estabilizaron sus dominios, mejoraron su armamento y consolidaron esos territorios.

Una de las zonas, donde el poder de las bandas se ha incrementado, es la de la Cota 905 y franjas aledañas de barrios pobres, que se extienden hasta La Vega y por El Cementerio hasta El Valle-Coche y la Panamericana. Debo aquí recalcar, como lo he hecho otras veces, que la Cota 905, a través de Los Laureles, se encuentra a menos de 400 metros del Comando General de la GNB, situado en la Plaza Madariaga de la urbanización El Paraíso. Fue esta zona el centro del enfrentamiento entre las bandas del “Coqui” de la Cota 905 y el CICPC (grupo BAES), que se prolongó por más de 5 horas de intercambio de disparos con armas largas y explosiones de granadas, que dejó el lamentable saldo de un funcionarios fallecido y cuatro seriamente heridos y obligó a los efectivos policiales a retirarse. Este resultado ha dado origen a comentarios ácidos sobre el poder de las bandas, la imposibilidad de controlarlas, las relaciones de complicidad con el gobierno y a burlas sobre el poder del gobierno contra una invasión gringa.

La causa del desastre ocurrido con este tipo de políticas radica en la absurda creencia de que el lumpen, los desclasados, los delincuentes y malvivientes, pueden ser en algún caso base de apoyo a medidas y fuerzas que se dicen revolucionarias. Es el mismo caso de la absurda creencia de Iris Varela, quien piensa que puede enfrentar al ejército gringo con un ejército “revolucionario” de prisioneros que han sido “rescatados”, con un programa milagroso de reinserción social, patriótica y militar. Los resultados en los barrios con los delincuentes, en las cárceles con los pran y en las minas de oro de Guayana con el ELN, son más que demostrativos de que se trata de políticas erradas. Y no estoy llamando a dinamitar los barrios, ni a asesinar a todos los habitantes de estos que nos parezcan delincuentes; eso se lo dejo a politiqueros ignorantes de los que quieren pescar en río revuelto.           

 

@LFuenmayorToro
 
Cuatro efectivos resultaron heridos durante enfrentamiento en la Cota 905

LO QUE INICIÓ CON UN OPERATIVO de verificación de vehículos en el sector Las Cumbres, barrio 21 de julio, en la Cota 905, produjo el intercambio de disparos entre funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y delincuentes integrantes de la banda delictiva de Carlos “el Coqui” Revette donde al menos cuatro funcionarios resultaron heridos de bala. 

Vecinos de la zona afirman que el fuego cruzado comenzó alrededor de las 8:30 am. Los delincuentes atacan a los policías con fusiles y granadas.

Se conoció que los funcionarios del CICPC que resultaron heridos de bala en la Cota 905, fueron: Comisario director de Vehículos, Jesús Ramírez (estable), Detective Moises Hernández (delicado) herida en hombro izquierdo con otro orificio de entrada en la región maxilar, detective Greiver Solano de Contra Bandas y detective Luis Boyer. Ordenaron retirar a los funcionarios del lugar. No se reportó ningún herido o fallecido de la banda. 

“El BAE no ha podido controlar la situación porque el equipamiento es obsoleto, para eso no hay hay dinero. Los delincuentes poseen mejores armas y han sido entrenados por mercenarios del régimen”, dijo el ex comisario Iván Simonovis en su cuenta en Twitter. 

Simonovis afirmó que ordenaron el retiro de los funcionarios. “Ganan de nuevo los delincuentes, desmoralizan al CICPC”, dijo.

En el lugar se presentaron más de 200 funcionarios del organismo judicial, con apoyo de efectivos castrenses, quienes resguardaron la avenida Los Laureles, adyacente a la plaza Madariaga de El Paraíso. La actividad comercial en esa zona fue interrumpida durante el operativo.

 

 

 

 

 

*Con información de El Nacional 

#MonitorDeVíctimas | Acusan a funcionarios del Cicpc de asesinar a deportista en la Cota 905
El padre de la víctima aseguró que los funcionarios alegaron que su hijo era un delincuente y posteriormente lo ejecutaron

@franzambranor

Fotografía: Carlos Ramírez

 

A José Manuel Maicán González, de 19 años de edad, lo mataron de un disparo en la cabeza en la calle San Miguel de la Cota 905 el pasado martes 5 de julio a la 1:30 am.

Asunción González, padre de José Manuel,  dijo que los victimarios fueron funcionarios del Cicpc que lo interceptaron cuando se encontraba con un grupo de personas en la vía pública. 

Según precisó los efectivos del Cicpc alegaron que su hijo era un delincuente y posteriormente lo ejecutaron. 

Informó además que Maicán González era jugador de baloncesto y no poseía antecedentes penales.

Tenía dos hijos varones, uno de 5 y otro de 2 años de edad, y era el segundo de tres hermanos.

“Es una realidad que en la Cota 905 hay muchos delincuentes, pero también gente de bien. Mi hijo no era un malandro”, dijo Asunción González.

#MonitordeVíctimas | Asesinan a dos militares secuestrados en la Cota 905

Funcionarios del Cicpc acudieron al lugar para levantar los cadáveres luego de que una persona aseguró haber escuchado varias detonaciones

Los investigadores manejan la hipótesis del secuestro y el tráfico de armas como posibles móviles del doble crimen

 

@SandraGuerrero1 | Fotos: Carlos Ramírez

LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN de Homicidios de la policía científica y la Dirección de Contrainteligencia Militar investigan los homicidios del sargento II de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Giovanny Alberto Rodríguez Suárez, de 21 años de edad, y el funcionario de la Dgcim, Edgar Alberto Dávila Araujo, de 22 años de edad.

Los cadáveres de ambos fueron hallados la noche del pasado lunes en la estación de la PNB, situada en el sector Cagigal, parroquia El Valle, por funcionarios que atendieron el llamado de una persona que indicaba que en la dirección señalada se habían escuchado detonaciones y que había dos cadáveres.

Inicialmente los investigadores manejan varias versiones como móvil del doble crimen. Una de ellas indica que los funcionarios fueron secuestrados en la Cota 905, municipio Libertador, donde ambos estaban domiciliados. Presuntamente a la madre uno de ellos también se la habrían llevado. Luego se iniciaron las conversaciones entre familiares de los cautivos y los presuntos plagiarios para el pago del rescate.

Otra hipótesis apunta a una presunta negociación de armas de fuego que fueron sustraídas por los hombres que ajusticiaron a los funcionarios. Pero serán las pesquisas que adelantan los cuerpos policiales las que determinarán el móvil de lo ocurrido.