Corrupción en Venezuela archivos - Página 2 de 5 - Runrun

Corrupción en Venezuela

CLAVES | En 2022 abundaron las detenciones arbitrarias, tortura y censura: Informe del Departamento de Estado sobre Venezuela
El informe del Departamento de Estado señaló que «hubo informes creíbles de que las fuerzas de seguridad alineadas con Maduro torturaron y abusaron regularmente de los detenidos»
En general, de acuerdo con el texto, el régimen fue «hostil» con los organismos internacionales de derechos humanos y continuó negando el acceso a la CIDH, que visitó el país por última vez en 2002.

El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó este lunes, 20 de marzo, un informe sobre violaciones a los DDHH en Venezuela, cometidos por el régimen de Nicolás Maduro durante el 2022.

En el texto se documentaron asesinatos, desapariciones, torturas cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, hechos de corrupción, censura y ataque a medios de comunicación, entre otros.

A juicio del Departamento de Estado, el Estado venezolano «no tomó ninguna medida efectiva para identificar, investigar, enjuiciar o castigar de manera significativa a los funcionarios que pueden haber cometido abusos contra los derechos humanos o participar en actos de corrupción».

 

También, señaló el informe que el régimen de Maduro «dependía de los servicios de inteligencia civil y militar y, en menor medida, de las bandas armadas afines al régimen conocidas como colectivos, para neutralizar a la oposición política y someter a la población».

De acuerdo con el Departamento de Estado, el régimen de Maduro «cometió homicidios arbitrarios o ilegales», según reportaron «numerosos informes».

Pese a que no se tienen estadísticas oficiales de ejecuciones extraoficiales, las ONG informaron que entidades policiales nacionales, estatales y municipales, así como la FANB y colectivos, «llevaron a cabo cientos de tales ejecuciones durante el año».

En agosto de 2022, Tarek William Saab, fiscal general impuesto, informó que entre 2017 y esa fecha, 1.527 agentes de seguridad fueron acusados ​​de homicidio; tortura o tratos inhumanos, crueles o degradantes.

 

Según Saab, 762 de los funcionarios fueron encarcelados; y 279 fueron condenados por sus crímenes, pero no hizo referencia a ejecuciones arbitrarias.

Al respecto, la ONG Provea y la Fundación Gumilla documentaron 485 ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad o protestas en el primer semestre del año. 

Desapariciones

El texto recoge datos de la ONG Fundaredes, la cual reportó 246 desapariciones o secuestros entre enero y junio en los estados Táchira, Falcón, Zulia, Bolívar, Apure y Amazonas.

Según las investigaciones de Fundaredes en la región fronteriza, los grupos armados irregulares y las bandas criminales «fueron cómplices de los agentes de seguridad del régimen en la comisión de violaciones regulares de DDHH, incluidas desapariciones».

Asimismo, el régimen chavista negó las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de visitar el país para realizar investigaciones.

Tortura, tratos crueles e inhumanos

A pesar de que la Constitución venezolana prohíbe estas prácticas, el informe del Departamento de Estado señaló que «hubo informes creíbles de que las fuerzas de seguridad alineadas con Maduro torturaron y abusaron regularmente de los detenidos».

Con respecto a lo anterior, recordaron que la Misión de la ONU publicó un informe en septiembre, el cual reveló que el Sebin y la Dgcim fueron ejecutores de crímenes de lesa humanidad.

Según la Misión, esos actos violentos no se cometieron arbitrariamente, sino que fueron parte de un «sistema orquestado y ejecutado por el régimen de Maduro para reprimir a los disidentes».

En particular, la Misión de la ONU documentó que el Sebin «jugó un papel fundamental en la detención de opositores, incluidos políticos, defensores de derechos humanos y manifestantes».

Detenciones arbitrarias y asesinatos

La Carta Magna del país prohíbe el arresto o la detención de una persona sin una orden judicial y dispone que el acusado permanezca en libertad mientras es juzgado, «pero los jueces y los fiscales a menudo ignoran estas disposiciones», señala el documento. 

El Foro Penal Venezolano, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Espacio Público y Provea registraron al menos 2.000 casos abiertos de detenciones arbitrarias.

A pesar de esas denunciar, según el informe del Departamento de Estado, el régimen de Maduro «rara vez otorgó a los detenidos el derecho a impugnar la legalidad de sus detenciones ante los tribunales, a pesar de que el derecho a hacerlo está estipulado por ley».

«El régimen detuvo arbitrariamente a personas, incluidos ciudadanos extranjeros, durante períodos prolongados sin cargos penales», añade el texto.

Libertad de expresión

Espacio Público reportó 228 casos de violaciones a la libertad de expresión en 128 casos entre enero y agosto, los cuales incluyen «censura, intimidación, hostigamiento verbal y judicial, amenazas, agresiones, una muerte y 14 arrestos».

Por su parte, la ONG Un Mundo Sin Mordaza documentó 198 denuncias de abusos a la libertad de expresión de enero a julio. También, se identificaron siete casos de cierre forzado de medios de comunicación, entre otros.

El informe del Departamento de Estado recordó que en abril de 2022, Olga Mata y Florencio Gil fueron arrestados por “incitar al odio” luego de que publicaran un video en TikTok que criticaba a personas de alto nivel alineadas con el régimen.

Sobre el caso anterior, Tarek William Saab, también mencionado en el video de TikTok, anunció el arresto y acusó a ambos de “instigar el asesinato de figuras públicas”.

Tras una protesta pública, Mata y Gil fueron liberados, pero les exigieron presentarse ante el tribunal mensualmente. Mata también se hizo grabar un video de disculpa.

Violencia y acoso

Líderes del régimen de Maduro continuaron «hostigando e intimidando» a medios de comunicación y periodistas mediante amenazas, incautaciones de bienes, investigaciones administrativas y penales y enjuiciamientos, detalla el documento del Departamento de Estado. 

Al respecto, la ONG Redes Ayuda denunció un total de 63 actos de hostigamiento, amenazas y agresiones contra periodistas y prensa durante el primer semestre del año.

Por su parte, Espacio Público registró cinco detenciones arbitrarias de publicaciones en línea hasta fines de agosto. La mayoría de los detenidos eran periodistas, miembros de los medios de comunicación u ONG y activistas de DDHH.

Censura o restricciones de contenido

La administración chavista mantuvo su modus operandi de imponer acciones legales contra medios de comunicación y emisoras radiales independientes, se deja por sentado en el informe. 

Uno de los casos más controvertidos ocurrió el 7 de febrero, cuando un tribunal otorgó la sede del diario El Nacional a Diosdado Cabello después de que Cabello presentara una demanda contra el diario por “daño moral” en 2015 .

Días más tarde, el 10 de febrero, Cabello amenazó con ir tras el medio La Patilla, el cual también informó anteriormente sobre los presuntos vínculos de Cabello con el narcotráfico.

Además, los medios afiliados al régimen «proporcionaron una programación a favor del régimen casi continua».

Corrupción

Tarek William Saab reveló que durante el año se descubrieron 24 redes de corrupción en la industria petrolera y 178 personas fueron acusadas por corrupción, con 63 personas condenadas. 

No obstante, según el informe del Departamento de Estado, la corrupción fue un problema importante en la FANB y de seguridad, «cuyos miembros de menor rango generalmente estaban mal pagados y mínimamente capacitados».

Un estudio de Transparencia Venezuela, que se publicó en febrero de 2022, registró denuncias de corrupción o mala gestión en 46 empresas públicas regionales.

A pesar de que la Misión de la ONU informó la colusión entre el régimen y grupos criminales que operan en Orinoco, lo que les permitió cometer delitos con impunidad, este lugar se mantuvo como el «centro de la minería ilícita y el contrabando de oro».

Postura del régimen hacia la investigación internacional

El Departamento de Estado resalta que el régimen fue «hostil» con los organismos internacionales de derechos humanos y continuó negando el acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó el país por última vez en 2002.

Asimismo, se recuerda que la Misión de la ONU tuvo que operar desde Panamá, debido a las restricciones impuestas por el régimen de Maduro que incluían la falta de acceso a Venezuela. 

El informe recordó que en noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, visitó el país, culminando esa visita con el anuncio de la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde 2014.

Posteriormente, en marzo de 2022, Khan visitó nuevamente el país y autorizó a la Fiscalía a establecer una oficina de cooperación con las autoridades venezolanas y facilitación de asistencia técnica, aunque la apertura quedó pendiente a noviembre.

Venezuela es el país que peor combate la corrupción en la región por cuarto año seguido
Venezuela volvió a ocupar en 2022 el ultimo lugar del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción
El índice mide la capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción en 15 países de Latinoamérica

 

Por cuarto año seguido, Venezuela ocupó el ultimo lugar del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022 (Índice CCC)

El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción lo elaboran Americas Society, Council of the Americas (COA) y Control Risks. Este reporte mide desde el año 2019 la capacidad de 15 países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción.

En concreto, evalúan y clasifican a cada país en función de la eficacia con la que combaten la corrupción, a partir de datos y de una encuesta que aplican a expertos en anticorrupción de Control Risks, así como del mundo académico, sociedad civil, medios de comunicación y del sector privado.

En los países con puntajes más altos, son mayores las posibilidades de que los actores involucrados en actos de corrupción sean enjuiciados y sancionados.

Mientras que en los países con puntuaciones menores, como Venezuela, es más probable “la impunidad continua” en materia de corrupción.

El Índice examina 14 variables para asignar sus puntuaciones (entre 0 y 10) entre las que mencionan: independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco.

Clasificación de países en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022

El cuarto reporte del Índice ICC fue publicado el pasado 22 de junio. El país con mejor puntuación  fue Uruguay (7.42 sobre 10).

Le siguen Costa Rica (7.11) y Chile (6.88) con puntuaciones por encima de 6.

Luego, están Perú (5.66), República Dominicana (5.19) y Argentina (5.04) con calificaciones mayores a 5.

Mientras que Panamá (4.96), Colombia (4.87), Ecuador (4.82), Brasil (4.76), Paraguay (4.45) y México (4.05) cierran la fila de las naciones con puntuaciones por encima de 4.

En los últimos puestos se situaron Guatemala (3.38) y Bolivia (2.57) y Venezuela (1.63)

Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción

 

Venezuela con serias deficiencias en las categorías evaluadas 

Theodore Kahn, analista senior de Control Risks, declaró a Runrun.es que Venezuela tiene la «triste distinción» de mantenerse en el último lugar desde que se creó el Índice CCC en 2019.

¿Las razones? El país presenta «serias deficiencias» en cada una de las categorías evaluadas. 

«El índice mide tres elementos fundamentales de la capacidad de un país para controlar la corrupción: el sistema de justicia; la democracia e instituciones políticas y el rol de la sociedad civil, los medios, y el sector privado», explicó Khan.

El vocero atribuye la poca capacidad de Venezuela para combatir la corrupción a un «sistema político autoritario, que no permite frenos y contrapesos institucionales al poder del gobierno, ni competencia política real, ni libertad plena de expresión». 

La puntuación global de Venezuela aumentó «moderadamente» desde 2021, en parte por el nombramiento de dos miembros independientes para el Consejo Nacional Electoral en mayo de 2021.

Sin embargo, el reporte destaca que las limitaciones de este paso se hicieron evidentes cuando el Tribunal Supremo de Justicia «invalidó una aparente victoria de la oposición en el estado  Barinas».

Por ello, y pese a un «incremento marginal» con respecto a 2021, la evaluación de la capacidad legal de Venezuela se mantiene un 28% por debajo del nivel que tenía en el 2019.

Por otra parte, destacan que la independencia judicial sufrió un nuevo golpe con el nombramiento de nuevos magistrados del TSJ en abril.

«Maduro nombró un aliado cercano como presidente del tribunal», señalan en el Índice CCC 2022. 

Sociedad civil y medios hacen contrapeso

Aunque Venezuela quedó en la cola del informe, se reportaron tenues crecimientos en áreas menores relacionadas con la sociedad civil y los medios de comunicación.

Esto permitió que el país aumentara moderadamente su calificación respecto a 2021.

índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022 y mejoras en Venezuela

El vocero de Control Risks precisó que las mejores tienen que ver con el rol de las comunicaciones digitales y medios sociales.

A su juicio, son elementos que han surgido como alternativa importante «en un contexto en donde varios medios tradicionales, como el caso de la televisión, se encuentran controlados en gran parte por el gobierno».  

El documento detalla que un aumento del 37% en las comunicaciones digitales y redes sociales «contribuyó a esta modesta mejora general, lo cual refleja la creciente diversidad y sofisticación de los medios de comunicación digitales que siguen denunciando la corrupción del Estado».

Pocas expectativas de mejora en el corto plazo

Para que Venezuela mejore su clasificación en el Índice, debe tomar medidas «que garanticen la independencia de la rama judicial», afirma Kahn.

Asimismo, remarca, fomentar una «verdadera competencia política a partir de elecciones libres y justas, en donde las fuerzas opositoras tengan la oportunidad de ejercer el poder a nivel nacional».

Estas reformas «profundas» son necesarias «para establecer las condiciones de base para una institucionalidad robusta contra la corrupción», agrega. 

Pero, al tratarse de cambios «estructurales» en el sistema político, no hay buenas expectativas de mejora en el corto plazo.

«Sin embargo, el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición, que se espera que reinicie, puede ser el foro (de hecho, debe ser el foro) para tomar los primeros pasos en esta dirección», opinó el vocero de Control Risks.

 

Acá puede revisar el documento completo del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022

“La participación en el narcotráfico recorre todos los escalafones” y otras perlas de la jefa del Comando Sur sobre el gobierno de Maduro
Richardson aseguró que la administración de Maduro «no ha hecho ningún esfuerzo significativo para combatir la actividad ilegal de las drogas ni para perseguir a los funcionarios corruptos o a los presuntos narcotraficantes»

Fotos: Army Photo – EFE

Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, aseguró que la red de narcotráfico recorre todos los escalafones del gobierno de Nicolás Maduro.

Así lo dijo en una entrevista que concedió a Infobae, donde además acusó a la administración de Maduro de dar cobijo a grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A continuación, una lista de las frases que pronunció la funcionaria sobre Venezuela.

DDHH y crisis humanitaria

«Nuestro Congreso no autoriza la venta de equipos militares y la provisión de entrenamiento militar a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde hay pruebas irrefutables de flagrantes violaciones de los derechos humanos por parte de funcionarios gubernamentales, militares y de las fuerzas del orden y ningún esfuerzo por parte de los regímenes de esos países para hacer que esos violadores de los derechos humanos rindan cuentas».

«Más de seis millones de refugiados y migrantes venezolanos han huido ya de la pesadilla de su país, la de inseguridad de su país y de una de las peores crisis humanitarias que ha visto este hemisferio».

Principios democráticos

«En nuestro hemisferio, 28 de 31 países son democracias, donde los ciudadanos confían en que sus militares sean apolíticos, responsables ante gobiernos democráticos elegidos libre y justamente, y guardianes de los derechos universales que tanto aprecian».

«Al igual que Putin, los regímenes no democráticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua no defienden los valores y principios democráticos que los ciudadanos del hemisferio occidental favorecen y defienden firmemente. Los regímenes que favorecen el autoritarismo son una minoría en un hemisferio de naciones democráticas afines».

Corrupción y narcotráfico

«La participación recorre todos los escalafones del régimen de Maduro».

«La corrupción es endémica en Venezuela, y el régimen (de Maduro) participa activamente en el narcotráfico y da cobijo a grupos terroristas regionales como el ELN y las disidencias de las FARC».

«Venezuela es un importante país de tránsito para la cocaína de contrabando a través de rutas aéreas y marítimas, lo que repercute negativamente en muchas naciones de nuestro hemisferio y más allá. La mayoría de los vuelos sospechosos de traficar con drogas hacia México y Centroamérica parten de los estados venezolanos fronterizos con Colombia, principalmente Zulia. Los envíos marítimos de cocaína procedentes de Venezuela transitan por el Caribe y el Atlántico en ruta hacia los Estados Unidos y Europa».

«El régimen de Maduro no ha hecho ningún esfuerzo significativo para combatir la actividad ilegal de las drogas ni para perseguir a los funcionarios corruptos o a los presuntos narcotraficantes, incluidos los sancionados por el gobierno de Estados Unidos. En 2020, Estados Unidos anunció cargos penales contra Maduro y miembros de su círculo íntimo por participar en una conspiración narcoterrorista, conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y cargos relacionados con armas de fuego».

 

*También puede leer: La orquestación del silencio: Opacidad y miedo fueron los mayores riesgos que atentaron en contra de la libertad de expresión

Runrunes de Bocaranda: BAJO − LA RED DE LAVADO DE CAPITALES DE LOS 2 GOBIERNOS SOCIALISTAS DE VENEZUELA
Con el chavismo, Néstor Ramos se integró como accionista y director la empresa Sarleaf Limited, de la familia Ceballos

 

LA RED DE LAVADO DE CAPITALES DE LOS 2 GOBIERNOS SOCIALISTAS DE VENEZUELA

Néstor Ramos el financista argentino deportado desde Suiza a su país de origen, acusado por la justicia de España de lavar activos para el chavismo y la Liga del Norte de Italia, según revelan medios de España, creó un fondo fiduciario llamado Helvetic Services Group. Desde esta empresa participó de la «Ruta del Dinero» de los Kirchner e hizo millonarias y sospechosas operaciones financieras a través de empresas de Nevada, Malta, la república Checa y las islas Seychelles, entre otros paraísos fiscales.

Con el chavismo, Ramos se integró como accionista y director la empresa Sarleaf Limited, de la familia Ceballos de Venezuela, la cual tuvo a su cargo la ejecución de varios planes de construcción de viviendas sociales del chavismo. Ya antes, a otro intermediario con la triangulación Buenos Aires-Caracas-Madrid-Suiza-Italia y Seychelles, le congelaron algunas cuentas provenientes de dinero que comenzaban en la capital venezolana, producto de operaciones con contratos del Metro de Caracas y negocios con Néstor y Cristina Kirchner…

LA OTAN PONE EL OJO

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este lunes que trató el apoyo de Rusia y China al “régimen represivo” de Venezuela durante la reunión que mantuvo con el presidente de Colombia, Iván Duque, en la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Bruselas.

Sus palabras: “Intercambiamos puntos de vista sobre la profundización en la cooperación entre Rusia y China, incluido su apoyo al régimen represivo en Venezuela. Estuvimos de acuerdo en que todas las partes deberían desempeñar un papel constructivo para la paz y estabilidad regional”, dijo el político noruego en una declaración a la prensa junto a Duque.

¿LO SAAB-IAN?

El abogado de Álex Saab radicado en Nueva York, David Rivkin, emitió un comunicado en el que afirmó que las reuniones secretas del empresario colombiano con funcionarios estadunidenses fueron aprobadas por el gobierno de Venezuela.

Dijo textualmente: “Alex Saab nunca hará nada para dañar los intereses del país y de la gente que tanto le ha dado”, explicó en un comunicado el jurista, quien no estuvo presente en la audiencia del 16 de febrero. Rivkin, según explica la agencia AP, es un representante legal de Álex Saab que lucha para que la Corte de Apelaciones de Atlanta reconozca el estatus como «diplomático venezolano» del empresario colombiano. La aclaratoria la hizo luego de que fuesen revelados documentos judiciales en los que se afirma que Saab era informante de la DEA desde 2018, que había pactado entregarse a EE. UU. en 2019 (cosa que incumplió) y que también contó a Estados Unidos detalles de sus sobornos a funcionarios venezolanos.

Rivkin recalcó que el único propósito de las reuniones de Saab con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos era «limpiar su nombre». Además, dice que estos encuentros se llevaron a cabo con el “pleno conocimiento y apoyo” del régimen de Maduro. También añadió que la divulgación del documento, a pedido del Departamento de Justicia, no es más que «un intento de dañar los intereses de Venezuela y su relación con Saab» e ilustra la «debilidad» del caso que mantiene EE. UU. contra el señalado como testaferro de Maduro.

“Alex Saab sigue siendo un ciudadano leal y diplomático de la República Bolivariana de Venezuela y nunca hará nada que perjudique los intereses del país y del pueblo que tanto le ha dado”, remarca el texto. Las dudas y las contrarréplicas, apenas salió el informe de Joshua Goodman de AP, no han cesado. ¿Retirarán las vallas, pintas, escritos, cadenas de oración, brujerías, falacias y dogmatismos lanzados a los cuatro vientos tras su detención en Cabo Verde? El abogado acotó que “las reuniones se habían mantenido en secreto pues la familia de Saab está bajo el control del gobierno venezolano y no puede salir de Venezuela… podrían ser encarcelados o “dañados” (sic).

¿POR PIEDAD?

La Policía de Colombia informó que detuvo el pasado jueves en Medellín a Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora Piedad Córdoba, en cumplimiento de un pedido de extradición de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Desde Cartagena, el director general de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas Valencia, dijo a medios locales que la orden contra Córdoba Ruiz y otras dos personas provino de un juez federal del Distrito Sur de Nueva York. Vargas Valencia informó que a Córdoba Ruiz lo imputaron por “tráfico de cocaína por más de 5 kilos y uso de armas de fuego”; y confirmó que la Policía de Colombia no tenía ninguna investigación previa en contra de él. El operativo de captura se desarrolló en una zona del sur de la capital del departamento de Antioquia por orden de la Fiscalía General de la Nación (FGN).

La excongresista y candidata al Congreso por el Pacto Histórico dijo en su cuenta de Twitter que hay una “persecución política” en contra de ella y su familia. “Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con el narcotráfico ni con grupos armados”, escribió. El personaje se presentaba como “el asistente y asesor político de Piedad en Venezuela”. Vivió y permaneció en el Hotel Meliá Caracas, durante varios años estando o no estando ella en Caracas. En esa época, el hermano de Piedad también pasaba largas temporadas en el hotel. Mi fuente me dice que es cierto que todos los gastos, (que incluían alojamiento, comidas, gimnasio, masajes, lavandería, carros blindados, chóferes, guarda espaldas y otras menudencias) lo pagaban para ellos desde Miraflores. Me confirma que, actualmente, Piedad se aloja de manera más discreta en un apartamento en el este de Caracas.

Alejandro Armas Oct 30, 2021 | Actualizado hace 2 semanas
Las fortunas del socialismo
Hay unos pocos privilegiados por contratos millonarios y masas empobrecidas. Todo bajo la égida de un movimiento político que se presentó como el redentor de los humildes y el terror de la ‘avaricia’ capitalista

 

@AAAD25

No es muy difícil de entender por qué se necesita un VPN para acceder desde Venezuela al portal de periodismo de investigación Armando Info. Tampoco por qué sus reporteros son criminalizados por el Estado chavista, y hostigados en redes sociales por troles que les inventan identidades como extorsionadores, agentes de la CIA y… homosexuales (ah, la “ilustración” revolucionaria).

Alex Saab, el personaje del momento, es por supuesto el objeto de los reportajes del portal que más interesa a la elite gobernante. Pero hay más. Mucho más. Leer disciplinadamente sus investigaciones todas las semanas es una inmersión profunda en un mundo antitético de cara a la imagen generalizada de una Venezuela azotada por la miseria más desesperante y humillante. Es un cosmos de fortunas exorbitantes, muchas de ellas hechas en pocos años y al calor de negocios con el Estado en las últimas dos décadas.

Contrataciones para obras de infraestructura mal hechas o nunca levantadas. Provisión de materiales para el mantenimiento o mejora de servicios públicos cuyo desempeño más bien se volvió paupérrimo. Importación de productos de baja calidad para satisfacer necesidades básicas de la población. La lista es larga y diversa, pero con un factor común: unos pocos privilegiados por los contratos millonarios fueron los ganadores, y las masas empobrecidas fueron las perdedoras.

Todo esto ocurrió bajo la égida de un movimiento político que se presentó al país como el redentor de los humildes y el terror de la “avaricia capitalista”. Que pontificó ad nauseam contra las supuestas depravaciones de la riqueza, a las que culpó por la peor suerte de otros, y prometió una sociedad igualitaria y verdaderamente inclusiva.

Pero detrás de toda esa retórica, copiada de los textos de Karl Kautsky y Eduardo Galeano y mezclada caóticamente con la prosa bolivariana y otros elementos del patriotismo venezolano, estaban aquellos contratos. Y algo más. El movimiento de los fondos y el estilo de vida devenidos de los contratos. Ambos documentados igualmente por Armando Info y otros periodistas de investigación.

Veamos primero las transacciones, por ser los mecanismos intermediarios entre la generación de capital en los negocios con el Estado y el delicioso consumo posterior de los recursos. Abordemos el tema con una aseveración a primera vista digresiva: somos el país más caribeño de Suramérica. Veneramos nuestros viajes a Cuyagua o Margarita en Carnaval y Semana Santa. Bebemos ron y lo hacemos del bueno. Nuestro deporte tradicional es el béisbol. Nos encanta la salsa. Nuestra gastronomía es similar a la de las Antillas. En fin, ustedes me entienden.

Pero, a cierto grupo de venezolanos pudientes hay otra cosa del Caribe que le fascina: paraísos fiscales. Por alguna razón, así como Henry Morgan, Edward “Barbanegra” Teach y otros filibusteros recorrieron estas costas en busca de botín y sitios donde ocultarlo, hoy el Caribe tiene una concentración inusualmente alta de lugares donde se puede guardar mucho dinero sin que nadie se entere. Solo que ahora no son huecos en la arena, sino compañías huecas. Empresas fantasmas sin personal ni actividad, con el único propósito de conservar o mover plata. Adentrarse en el mundillo de fortunas venezolanas hechas en revolución es pasar por redes complejas de compañías de maletín registradas en las Islas Vírgenes Británicas o Barbados, así como por los bufetes de abogados en Panamá con prácticas éticamente dudosas que las registran.

A veces, los registros de esos escritorios jurídicos se filtran. Nunca faltan venezolanos ahí. De hecho, en la última de ellas, los llamados Pandora Papers, Venezuela está entre los diez países con más ciudadanos que registraron empresas en paraísos fiscales.

Las únicas naciones que la superan tienen poblaciones mucho más grandes, lo que significa que el porcentaje de venezolanos escondiendo su dinero es relativamente bárbaro. Imaginen lo que eso dice en el contexto de uno de los Estados de todo el mundo con la peor transparencia en sus finanzas públicas.

Por último, tenemos el lifestyle de los señores. En el argot marxista de sus socios, pudiera decirse que es totalmente “burgués”. Y en su jerga farsescamente nacionalista, “apátrida”. Porque resulta que estos individuos tienen una inclinación fuerte hacia el asentamiento en Europa y Estados Unidos. Aunque algunos hoy justifiquen sus tratos con el régimen apelando a un pretendido amor por Venezuela que no distingue entre gobiernos o ideologías, no se quedaron para ver el fruto de esa colaboración. Es de suponer que tantas cosas, digamos, feas los desalentaron. Como dice Arendt, el mal es banal y quienes obran de muy mala manera son personas bastante ordinarias. No debe sorprendernos entonces que los individuos en cuestión tengan las mismas aspiraciones de comodidad y dolce vita que todos albergamos. Prefirieron la tranquilidad y confort de los países desarrollados, dejando atrás otro que, más que empobrecerse, experimentó una catástrofe humanitaria muy difícil de igualar.

Y así, la riqueza de los susodichos fue trasplantada a las zonas más exclusivas de Madrid y Miami. Apartamentos en Chamberí, Salamanca, Brickell y Sunny Isles Beach. Mansiones en La Moraleja y Wellington. Este es, a propósito, otro aspecto de la rusificación postsoviética de la política venezolana, a la par de la perestroika bananera: una nueva casta oligárquica con predilección por ciudades más chic y lujosas que las de su país. Londres, en el caso de los eslavos. Las urbes en el corazón de Castilla y el sur de Florida, en el caso de los venezolanos.

Agreguen a eso los caballos de carrera, los carros deportivos, los yates y las obras de arte seleccionadas con la atención más puesta en sus abultados precios que en las mismas obras. Ah, y las esposas trofeo. Porque, dicho sea de paso, casi todos estos individuos son hombres, con preferencias maritales por las modelos de concurso y las animadoras de televisión. De nuevo, la ostentación ante todo, con no poco de machismo en este caso.

En fin, son arquetipos junguianos del nouveau riche, predispuestos a adquirir todos los elementos del estilo de vida de las elites socioeconómicas venezolanas, a menudo con excesos y anacronismos estéticos que delatan el mal gusto subyacente.

Este arquetipo es expuesto a cabalidad por Antonio Llerandi en su película Adiós, Miami (1984), protagonizada por Tatiana Capote y Gustavo Rodríguez. Este último hace el papel del empresario corrupto que, luego de lucrarse a costa de la República, intenta gozar al máximo de los beneficios como un playboy latinoamericano en Florida. Hoy los deseos aristocráticos no han cambiado. Pero al menos entonces su realización no era incubada por una gallina de plumaje rojo que cacarea un discurso de socialismo revolucionario.

Nada de lo referido en esta columna lo sabríamos de no ser por el valiente periodismo de investigación venezolano, que bastante acoso del poder ha recibido. Respondamos con nuestro apoyo, porque seguramente queda mucho por contar en esta historia de revolución y fortunas.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

José Luis Farias Oct 18, 2021 | Actualizado hace 2 semanas
Corrupción, delito de lesa humanidad
La magnitud de la corrupción ocurrida en Venezuela ha destruido todo el sistema productivo produciendo graves vulneraciones a los derechos humanos no solo individuales, sino también colectivos

 

@fariasjoseluis

Cuando la Corte Penal Internacional publicó el “Informe del Examen Preliminar sobre el caso Venezuela 1”, el 10 de agosto de 2021, fueron altas las expectativas de justicia generadas por la noticia en la opinión pública venezolana. Fatou Bensouda lo había presentado el 15 de junio del mismo año, un día antes del cese de sus funciones como fiscal general para dar paso en el cargo al británico Karim Khan.

Ciertamente, la gambiana Bensouda no había cumplido su promesa inicial de producir una decisión en el tiempo que le restaba como fiscal general de la CPI, desde el 8 de febrero de 2018; cuando se inició el «examen preliminar…» para abrir investigaciones contra funcionarios, exfuncionarios y particulares (que actúan en nombre del Estado) por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela.

Un ardid leguleyo del régimen de Maduro hizo correr la arruga con «la introducción de una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares con el fin de ejercer control judicial sobre el examen preliminar en curso», según dijo la nota de prensa emitida por la fiscal.

Pero el informe apareció cargado de sorpresas para los venezolanos. El contenido del documento despertó temor e ira del lado de los capitostes del régimen. Y ofreció razones para el optimismo en la gran mayoría opositora.

Una espada de Damocles

La fiscalía había concluido que la información disponible en esta etapa brindaba “un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad».

La fiscal de la CPI identificaba además los siguientes crímenes cometidos: «encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, (…) tortura; (…) violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (…); y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos», todos contemplados en el Estatuto de Roma.

De igual modo, la fiscalía admitía razones “para creer que los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables por la comisión material de estos presuntos crímenes incluyen a: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)».

El temor del régimen devino en respuestas ofensivas y destempladas. El fiscal de Maduro, Tarek William Saab, escribió en su cuenta Twitter que rechazaba «las ‘acusaciones’ sin valor de la exfiscal Bensouda, quien irresponsablemente ignoró la colaboración presentada por el @MinpublicoVE.»

Por ahora, el informe de Bensouda es una espada de Damocles que pende sobre los personeros del régimen; asedio del que no le es posible librarse fácilmente y que alienta lentos pero seguros resquebrajamientos internos.

«Otros actos inhumanos de carácter similar»

La violación de derechos humanos como delito de lesa humanidad que enfrenta Venezuela no debe limitarse a quienes encarcelan, torturan, violan y persiguen, crímenes claramente tipificados en el Estatuto de Roma.

La corrupción a gran escala, aunque no aparece señalada expresamente como delito de lesa humanidad, puede ser incluida entre “otros actos inhumanos” como crimen de lesa humanidad, tal como se contempla en el artículo 7 del Estatuto de Roma, sostiene la investigadora Georgina Bonacera.

Un estudio de Hazel Feigenblatt sobre «Los costos sociales de la corrupción: el caso de Honduras» señala que «‘El crimen sin víctima’ es uno de los términos que solían utilizarse para referirse a la corrupción debido a la percepción que ha existido tradicionalmente de que es difícil ligar los actos de corrupción a efectos directos sobre las personas.»

Sin embargo, adelanta Feigenblatt que «Tal noción ha sido gradualmente reemplazada por la idea de que todo acto de corrupción atenta contra los intereses difusos de la colectividad y por tanto los de todos y cada uno de los ciudadanos».

La magnitud de la corrupción ocurrida en Venezuela ha destruido todo el sistema productivo produciendo graves vulneraciones a los derechos humanos no solo individuales, sino también colectivos.

Se ha convertido en un factor estructural que ha impedido el ejercicio y goce del derecho al trabajo, la salud, la alimentación y otros derechos sociales y económicos en su conjunto.

Un factor que producen los llamados «efectos multidimensionales» sobre los derechos humanos, en especial cuando la nefasta práctica de la corrupción destruye los sistemas económicos de los países empobreciendo atrozmente a la población.

No sabemos cuánto tiempo llevará el proceso que Bensouda dejó sobre la mesa del nuevo fiscal Karim Khan, ni cuál será el resultado final por más que las evidencias sean obvias y el clamor de justicia esté completamente justificado a los ojos de la mayoría de la sociedad venezolana y del mundo democrático.

Pero no está de más que la aspiración de los venezolanos a la justicia se extienda en una lucha exigiendo justicia más allá de lo planteado en el documento de la fiscal saliente.

El brazo de la justicia debería abarcar a quienes asaltaron el país con corrupción a gran escala y destruyeron la economía nacional. Que en muchos casos son las mismas manos asesinas. Y en otros están en la esfera del mundo privado disfrutando de lo saqueado al país y causando daños sociales irreparables en vidas y en deterioro de las condiciones de vida.

Hablamos de la corrupción a gran escala y sus consecuencias sobre los derechos humanos. En especial cuando esa nefasta práctica destruye los sistemas económicos de los países empobreciendo atrozmente a la población.

Al respecto, hay interesantes documentos de organismos internacionales que pueden servir de soporte: el 6 de diciembre de 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó un extenso documento titulado «Corrupción y Derechos Humanos. Estándares Internacionales«.

El texto referido considera a la corrupción como «un fenómeno caracterizado por el abuso o desviación del poder encomendado, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y que daña la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y afecta el acceso a los derechos humanos».

En el informe de la Misión de Determinación de los Hechos, sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se refirió a la corrupción como uno de los elementos de la crisis que atraviesa el país:

“Un elemento de la crisis de Venezuela que merece una investigación más profunda es el nexo entre la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos. Varias de las fuentes con las que habló la Misión, todos miembros actuales o anteriores del Gobierno y personal militar, han indicado que un factor motivador de las violaciones de los derechos humanos identificadas en el presente informe son los beneficios económicos personales derivados de la captura de las instituciones del Estado, lo que constituye un fuerte incentivo para que los agentes gubernamentales mantengan el poder y garanticen la impunidad”.

Las investigaciones sobre la corrupción en Venezuela, realizada por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, constituyen una poderosa fuente de argumentos y demostraciones para entrar a considerar el impacto de la corrupción sobre los derechos humanos de los venezolanos. Veamos algunos datos del sector alimentación y el sector salud.

«El hambre como negocio»

La frase es el título de un capítulo de Empresas propiedad del Estado, informe presentado en 2018 por Transparencia Venezuela que de entrada revela la naturaleza criminal que a continuación examina, poniendo el lente sobre tres dolencias del Estado venezolano: «estatización, corrupción y militarización», con particular daño sobre el sector alimentario como pilares de un asqueroso lucro.

De igual modo, el estudio ¿Cómo ha funcionado la corrupción en el sector alimentación? presenta conclusiones sencillas, pero contundentes e irrefutables, sobre la acción de la corrupción en el área.

La investigación afirma que la corrupción en el sector alimentación “se encuentra en todos los niveles y escenarios”. La define como “estructural, sistémica”. Y asegura que “no se compara con lo vivido en otro país de la región en términos de impacto, impunidad, magnitud y complejidad”.

Estamos pues, ante un delito a gran escala. Una idea sobre la magnitud del asalto en el sector quedó plasmada en múltiples investigaciones.

La pesquisa hecha por Transparencia Venezuela “registró hasta agosto de 2020 más de 50 investigaciones de gran corrupción en el sector alimentación, realizadas por organismos oficiales de varios países, el Parlamento venezolano, reconocidos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Además, recopiló más de 40 investigaciones anunciadas por el Ministerio Público (MP) venezolano y más de 30 informes de auditorías realizados por la Contraloría General de la República (CGR) entre 2006 y 2017.”

La complejidad del fenómeno se aprecia en los casos analizados, que “dan cuenta de al menos 17 mecanismos de corrupción que ocurren con frecuencia en el sector agroalimentario y que van desde la asignación de millonarios contratos a dedo, por parte de las máximas autoridades del Estado, hasta el desvío de los alimentos asignados a las Empresas Propiedad del Estado (EPE) por cuenta de los empleados”.

Los multiplicidad de los “distintos mecanismos de corrupción identificados tienden a concurrir en un mismo caso. Los más graves evidencian la asignación discrecional de contratos con sobreprecios a empresas recién creadas o empresas extranjeras intermediarias, que importan productos de mala calidad y dejan grandes beneficios económicos a sus propietarios, que suelen estar vinculados con funcionarios de alto nivel».

El virus de la corrupción

Con el sugestivo título Salud en Venezuela. Cuando la corrupción es el virus, Transparencia Venezuela presentó su investigación sobre este delito, cuya extensión y magnitud está fuera de toda comparación con lo sucedido en el cualquier otro país latinoamericano.

El informe asegura que “la magnitud del desfalco sufrido por los venezolanos ha impactado gravemente sus derechos humanos. Y la impunidad sigue reinando, gracias a que los perpetradores gozan de gran poder económico y político, movilizan ingentes recursos y se aprovechan de la debilidad de las instituciones.”

La corrupción se respira por todos lados en el sistema de salud pública de los venezolanos, “partiendo de la asignación del presupuesto hasta la relación entre el personal hospitalario con el paciente”.

«En los casos inventariados destaca la participación de militares y altos funcionarios del Ministerio de la Salud, de institutos autónomos y de empresas estatales como el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario, la Comisión de Administración de Divisas, el Centro Nacional de Comercio Exterior, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior y Petróleos de Venezuela, S.A.»

Sobre la red de corrupción señala que «funcionarios habrían actuado en complicidad con dueños de empresas y usado cuentas bancarias en Venezuela, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Islas Vírgenes, España, Italia, Andorra, República Dominicana, Barbados, Suiza y Cuba para lograr contratos millonarios de importación, fabricación y transporte de medicinas, materiales o equipos médicos, así como contratos de obras».

Desde el más alto poder «se optó por desmontar el control parlamentario; restructurar el andamiaje legal para facilitar las contrataciones públicas irregulares; fomentar e instaurar la opacidad ocultando cifras clave para el sistema sanitario, como las estadísticas de la mortalidad materna e infantil; la aprobación de presupuestos sin respetar las disposiciones establecidas en la Constitución; el decreto continuo de estados de emergencia para gobernar a sus anchas, entre otras decisiones».

El desfalco al sector salud precarizó los hospitales venezolanos e «hizo que, entre mediados de 2018 y finales de 2019, fallecieran 48.586 personas por causas evitables en los recintos de salud.

«Entre los fallecimientos más visibles están las personas con enfermedades renales y los niños del J. M. de Los Ríos. Solo en el servicio de Hematología, durante los primeros seis meses de 2019, murieron seis niños que esperaban por trasplante de médula. Y en Nefrología para septiembre de ese año sumaban 9 decesos».

«Un informe elaborado por el Ministerio de Salud en marzo de 2020, al que tuvieron acceso medios venezolanos, refiere que en los hospitales centinela existen 8306 camas, de las cuales solo 943 estarían operativas para atender específicamente a personas con covid-19, 339 camas ventiladas y 707 camas de aislamiento para casos con complicaciones.

“Más de 4800 personas murieron por causas evitables en hospitales venezolanos en los últimos 14 meses.»

«La corrupción estructural que se instauró en Venezuela en las últimas dos décadas es una de las causas de la emergencia humanitaria compleja que hoy aqueja a sus ciudadanos. El robo sistemático a los recursos públicos durante el más reciente boom de precios de hidrocarburos impactó gravemente los derechos humanos y el sistema sanitario del país fue uno de los más perjudicados».

Una tarea pendiente

Las organizaciones de derechos humanos, la academia, el liderazgo político honesto y demás sectores de la sociedad venezolana, tiene por delante la urgente tarea de elevar ante la Corte Penal Internacional, y demás organismos internacionales, la denuncia de la corrupción a gran escala cometida en Venezuela bajo el régimen chavista y madurista como delito de lesa humanidad, por haber destruido el sistema productivo nacional y devenido en la violación de los derechos humanos de los venezolanos.

La monstruosidad de la ruina económica de Venezuela, producto de la corrupción mediante el control de cambio, se cuantifican en un desfalco solo en PDVSA entre el 2003 y el 2015 de al menos $385.000 millones. Este podría llegar a $529.000 millones (ver estudio de Rosana Sosa y Boris Ackerman del 20/12/2018, en el portal de noticias El Estímulo).

El impacto de la destrucción de la industria petrolera que representaba el 97 % de los ingresos de divisas en Venezuela provocó la peor ruina y/o devastación económica que haya encarado país latinoamericano alguno en la historia moderna.

La corrupción, la malversación, el dolo y la ineficiencia en la administración financiera del Estado son las causas de la pobreza (94,5 %) producto de la crisis económica y social.

Las responsabilidades directas en la cadena de mando de los altos cargos del gobierno, durante más de 20 años, además de los individuos y sociedades creadas para fines de corrupción no se delimitan solo al entorno progubernamental. La trama de complicidades es más amplia al punto de tocar a sectores que fingen de «opositores».

Todos los agentes de la sociedad delictiva, en particular los llamados bolichicos, que endulzados por el camino fácil de la apropiación del erario han amasado incalculables fortunas, abriendo una plataforma internacional de lavado de dinero a lo largo y ancho del mundo, merecen ser juzgados por su responsabilidad directa en esa praxis destructiva. También causante de la pobreza, éxodo y exterminio.

Estos individuos deben ser castigados por su responsabilidad directa e indirecta y las consecuencias derivadas de sus actos de corrupción, dolo y desvío de fondos.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La vergüenza murió, solo queda el miedo
Cinismo es retar a demócratas a un debate “de cara a los pueblos, con respeto” después de que ha sido acusado de ilegítimo y del fracaso rotundo de su administración. La vergüenza murió…

 

@ArmandoMartini

El castro-madurismo es el más intenso y extenso ejemplo de incompetencia administrativa, corrupción y maldad. Basta leer las noticias, vivir en Venezuela, ser víctimas de unos servicios públicos fallan a diario. Mientras, se percibe el nerviosismo del funcionariado público, civil y militar por las revelaciones de cómplices ejecutores que, por su participación activa en delitos, se han convertido en perseguidos de la justicia internacional.

Vemos en algunos la intención de negociar delaciones a cambio de sentencias menores de prisión. Acción deshonrosa y humillante que evidencia una dignidad y tranquilidad sacrificadas por privilegios y la ambición de robar impunemente. La vergüenza hace tiempo murió, ahora solo queda el miedo. Quién sabe lo que pueden revelar el preso en Cabo Verde y el que lucha en España para no ser deportados a encarar a los tribunales estadounidenses que los solicita. Y ante los cuales terminarán, tarde o temprano, declarando.

La falta de vergüenza los hizo delincuentes. También descuidados e ignorantes de la vigilancia que potencias como Estados Unidos mantienen sobre el movimiento y legitimación de capitales, sea cual sea el sistema financiero utilizado.

La riqueza, como la tos, no se puede disimular fácilmente –empezando por los vecinos de cuadra– que saben más o menos cuánto puede costar un modo de vida. Más detalles conocen expertos en finanzas de gobiernos que, además, comparten la vigilancia de sistemas bancarios mundiales. Cualquier ciudadano –sin ser policía– puede denunciar sospechas a las fiscalías, que tiene métodos de investigación y comprobación. Es aun más fuerte cuando además del dinero en exceso, se lo lava o proviene de negociados ilegales, perjudiciales para cualquier gobierno decente, como es el caso del narcotráfico.

Caradurismo maduro

Cinismo es retar a demócratas a un debate “de cara a los pueblos, con respeto”, después de ser acusado de ilegítimo y del fracaso rotundo de su administración. No basta la experiencia en el servicio exterior, que sirvió únicamente al interés personal.

No es cierto que exista una política internacional de ataque y agresión contra Venezuela, Cuba, Nicaragua; lo que hay es una posición digna de países libres, democráticos, contra vergonzosas complicidades del régimen con tiranías como las de Rusia, Irán, Turquía, China. Pactos que han resultado en la tragedia de un país atracado a mansalva, deshilachado y harapiento, aprovechado por delincuentes que ahora comienzan a dormir mal y tener pesadillas.

La justicia y el derecho internacional son lentos, tediosos, cumplen protocolos, tiempos, normas. Y a diferencia de Venezuela, en esos países a nadie se le encausa ni persigue sin pruebas. No fueron los Estados Unidos, Canadá, Colombia, Reino Unido los que hicieron renacer las barbaridades del nazismo, estalinismo, maoísmo y la furia homicida de Pol Pot que aún perturba; es la Venezuela chavista, castromadurista.

Cuando los países democráticos y con equilibrio de poderes abren una causa judicial, sus jueces no dependen de caprichos e intereses del poder Ejecutivo, sino de la Constitución y legislaciones. Por eso siempre van hasta el final. Y ese es el miedo, el pánico del régimen, de sus cómplices, socios y beneficiados. Ellos vislumbran que se derrumba la componenda que trocó la política en un negocio de truhanes.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Carolina Jaimes Branger Jun 28, 2021 | Actualizado hace 6 días
El ejemplo de Sadio Mané
Cuando leí la historia de Sadio Mané, pensé en estos revolucionarios de pacotilla que tenemos en Venezuela. Su amor por los pobres duró hasta que descubrieron lo fácil que era robar el Tesoro nacional

 

@cjaimesb

Sadio Mané es uno de los jugadores de fútbol más famosos del mundo. Humilde, trabajador incansable, nunca ha olvidado sus raíces. Sus padres todavía viven en el pequeño pueblo de Banbali en el sur de Senegal, donde nació y creció.

Cuando era adolescente, manifestó sus deseos de jugar al fútbol profesionalmente. Sus padres trataron de disuadirlo, pues para un senegalés pobre, aquello era irrealizable. Le insistían en que debía concentrarse en su trabajo escolar. Pero Sadio, decidido a demostrarles cuán equivocados estaban, se dedicó con alma, vida y corazón al fútbol. Y esa dedicación fue finalmente recompensada. El primer paso en firme se cristalizó cuando fue adquirido por la Generation Foot Academy en Dakar. En 2011 se dirigió a Francia cuando la ciudad de Metz lo contrató para jugar en su equipo. Hoy es la estrella del Liverpool FC de Inglaterra, con un sueldo de aproximadamente $200.000 por semana.

Sin embargo, Mané no es de los pretenciosos. Tampoco gasta en excesos. Recientemente en las redes reportaron –fotos incluidas- que fue visto en muchos lugares con teléfonos móviles rotos. “¿Por qué alguien que gana casi un millón de dólares al mes anda con celulares rotos?” era la pregunta que muchos se hacían. Me puse a buscar la respuesta y la encontré en Quora, bajo la pregunta ¿Qué es lo más desgarrador?

“Cuando se le preguntó al respecto, dijo que lo arreglaría”

“¿Por qué no comprar uno nuevo?”

“Puedo comprar mil. También diez Ferraris, dos jets, relojes Diamond o muchas otras cosas, pero me dije: “¿para qué necesito todo esto?”. Padecí la pobreza, y entonces no pude aprender. Pero ahora construí escuelas para que los niños pudieran aprender. Yo jugaba sin zapatos, no tenía buena ropa, no tenía comida. Tengo tanto hoy que quiero compartirlo con mi gente en lugar de presumir. ¿Qué harán estos objetos por mí y por el mundo? No necesito exhibir autos de lujo, casas de lujo, viajes y hasta aviones. Prefiero que mi gente reciba un poco de lo que la vida me ha dado».

El ejemplo de Sadio Mané, por Carolina Jaimes Branger
El teléfono roto de Sadio Mané. Foto en Quora.

Y así ha sido: Mané es frugal consigo mismo y generoso con los demás. Recientemente pagó por la mejora de la mezquita local, como observante musulmán que es. Donó $57.000 para ayudar a combatir el coronavirus en Senegal, “un soplo de aire fresco”, según las autoridades sanitarias del país. Desde sus redes sociales apoyó decididamente la campaña de tomarse las cosas en serio e instruyó a sus seguidores a usar mascarillas, lavarse las manos adecuadamente y desinfectarse con regularidad.

En 2018 donó $280.000 para construir una escuela en Banbali. En julio de 2019, Mané visitó su ciudad natal para supervisar personalmente el sitio de construcción y asegurarse de que todo fluyera sin problemas. «La educación es muy importante. Esto es lo que les permitirá tener una buena carrera», les dijo a los niños.

Quizá lo más increíble que Mané haya hecho fue ir a ayudar a un compañero a limpiar los baños de la mezquita Al-Rahma en Liverpool, donde profesa su fe, horas después de una victoria contra el Leicester City. Limpiaba el inodoro sin darse cuenta de que estaba siendo filmado. Y le pidió encarecidamente al dueño del video que no lo subiera a las redes, porque no lo hacía para promocionarse, sino para ayudar a su amigo.

Cuando su autobús llega a algún destino, quienes descargan los equipajes tienen en Mané una mano amiga que los ayuda. Y en las zonas más desoladas de Senegal, Mané aporta mensualmente $100 como ayuda para cada familia.

Cuando leí su historia, pensé en todos estos revolucionarios de pacotilla que tenemos en Venezuela. Su amor por los pobres duró hasta que descubrieron lo fácil que era robar el Tesoro nacional. Después de hacerse ricos, no ayudan a nadie, porque nunca quisieron ayudar a nadie. En mi memoria retumban las palabras de Giordani: “la revolución necesita a los pobres”.

Los pobres del mundo necesitan a personas como Sadio Mané, que los ayuda a salir de la pobreza. No a quienes los usan para hacerse groseramente ricos y, peor aun, obscenamente indiferentes.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es