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Nicolás Maduro pide cadena perpetua para delitos de corrupción

Este sábado, 13 de abril, Nicolás Maduro convocó una reforma constitucional para introducir la pena de cadena perpetua para la corrupción. 

«Creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir la pena de cadena perpetua para la corrupción. De inhabilitación de por vida a la corrupción. De cadena perpetua a traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo, pero para reformar la Constitucional hace falta el pueblo», dijo el gobernante durante la marcha por el Día del Rescate de la Dignidad Nacional y el 15º Aniversario de la Milicia.

Maduro expresó que convoca al pueblo para introducir la cadena perpetua en la Constitución y que «esa gente se pudra en la cárcel».

Aunque no se refirió de forma directa a la trama de Pdvsa-Cripto ni al exministro de petróleo Tareck El Aissami, detenido el 9 de abril, dijo que en principio le dolió conocer de estos hechos, pero luego le dio «arrechera» la traición hacia el pueblo.

«Las puñaladas me las han dado por la espalda, gente en la que confié plenamente, creyeron que el poder les pertenecía y se olvidaron del pueblo”, expresó.

Resaltó que serán implacables contra la corrupción y contra las conspiraciones. Maduro denunció nuevamente las conspiraciones que se han fraguado en su contra y en tal sentido expresó que el año pasado se abortaron cinco conspiraciones y que en este año 2024, van cuatro intentos.

«Pido todo el apoyo para la actuación del fiscal de la república, el fiscal valiente, el fiscal de la justicia (Tarek William Saab), caiga quien caiga», expresó.

*Con información de TalCual

El segundo capítulo de la purga madurista en 6 claves

El segundo capítulo, o la segunda fase de la investigación sobre la mayor trama de corrupción en la historia reciente del país, que involucró a la estatal Petróleos de Venezuela y otras empresas públicas, así como a altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, no es fácil de entender de buenas a primeras. 

En marzo de 2023, el fiscal designado por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, develó que por la trama de corrupción Pdvsa-Cripto 43 personas estaban detenidas y otras estarían siendo investigadas. Para ese momento, el fiscal no informó la cifra del desfalco ni otras interrogantes que quedaron en el aire, pero mencionó que el exministro de Petróleo y hombre de confianza de Maduro, Tareck El Aissami, estaría bajo investigación. 

Pasó un año después de ese anunció y de la purga madurista no se supo nada más, hasta el pasado martes, cuando en rueda de prensa, el fiscal anunció que El Aissami, Samark López y Simón Zerpa «habían sido capturados» por su implicación en «graves hechos de corrupción» y, explicó cómo, según información aportada por cinco testigos, se gestó y se desarrolló la trama de corrupción Pdvsa-Cripto.

Aquí las 6 claves para entender mejor la segunda fase de la purga madurista: 

La trama de corrupción según la Fiscalía

Según explicó el fiscal Saab, la trama consistió en asignar a discreción los buques con petróleo, fuel oil y coque a un grupo de empresarios que, además, debía pagar una comisión de entre 15% y 30% para mantener los negocios con Pdvsa y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Los dividendos eran convertidos en criptomonedas a través de plataformas como Kraken Crypto Exchange lo que resultaba «indetectable para los organismos de supervisión y contraloría». Saab indicó que incluso, se habría creado una oficina paralela denominada Unidad de Trabajo Especial, con el objetivo de ocultar las cuentas.

“Las asignaciones de los embarques se hacían en papel con los datos básicos del producto, luego de que El Aissami llamara a Antonio Pérez Suárez (exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa)”, sostuvo Saab.

«Solo a una empresa se le asignaron 15 buques para su comercialización, cuyo valor estaba por el orden de los USD 153 millones, pero los empresarios que recibieron la carga debieron pagar por lo menos USD 22 millones de dólares en efectivo a Pérez Suarez en comisión», dijo.

Según el fiscal, para generar gastos adicionales a los contratistas, Pérez Suárez (detenido en marzo 2023) retrasaba el despacho de crudo y luego enviaba a un emisario, de nombre Edward Coronado, para que cobrara una comisión por concepto de agilización. Uno de los testigos habría pagado USD 2 millones en efectivo para liberar su cargamento.

La Fiscalía aseguró que los directivos de Pdvsa no solo comercializaban el crudo a 50% del precio real y cobraban comisiones para asignar las cargas, también exigían a los contratistas remodelar despachos o residencias, entregar propiedades y adquirir determinados bienes como aviones o yates, a cambio de mantener los contratos.

“El propio El Aissami pidió a un empresario que le hiciera tres transferencias a una cuenta en el extranjero por USD 1,5 millones; en otra oportunidad ejecutó obras civiles a El Aissami valoradas en USD 500.000 y le pidió otros USD 450.000 por concepto de gastos personales”, detalló Saab.

«A Joselit Ramírez, expresidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, también debían rendirle cuentas: una de las empresas fachada recibió a su nombre dos pagos de buques por 35 millones de dólares», explicó.

Los detenidos y nuevos investigados 

El portal web Corruptómetro reseñó que el exministro Tareck El Aissami, Samark López Bello, considerado el testaferro de El Aissami, y Simón Zerpa, quien durante una década ocupó altos cargos en la administración de Maduro, se suman a las 80 detenciones que anunció el Fiscal en abril de 2023. 

Cabe recordar que en la primera fase resultaron detenidos varios funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, entre ellos: Pedro Maldonado Marín, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); Néstor Astudillo, expresidente de Sidor; Hugo Cabezas, exgobernador de Trujillo y exdirector del Saime, Joselit Ramírez, ex jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) y el diputado Hugbel Roa. 

Delitos que se imputarán

Según lo anunciado por Tarek William Saab, El Aissami, López y Zerpa serán imputados por los delitos de  traición a la patria, apropiación del patrimonio público, legitimación de capitales, alardeamiento o valimiento de relaciones y asociación para delinquir.

Saab informó que el exministro de Petróleo podría enfrentar una pena máxima de 30 años de cárcel. “Pronostico de 30 años de cárcel, sin duda. Si él se acoge a la delación, pudiera tener una rebaja de la pena”, dijo.

Datos de captura y reclusión inciertos

Tarek William Saab explicó en entrevista para el canal Globovisión que la captura de Tareck El Aissami, Samark López y Simón Zerpa tuvo lugar el martes 09 de abril en la ciudad de Caracas en horas del mediodía. Sin embargo, no precisó si los tres estaban juntos, ni el lugar exacto donde fueron aprehendidos.

El fiscal impuesto tampoco informó sobre el lugar de reclusión de los detenidos, y aunque ya pasó un año, el Ministerio Público aún no informa la cantidad de dinero específica del esquema de corrupción. Saab solo se limitó a decir que “causaron un daño incalculable en millones de dólares”.

¿Habrá nuevas detenciones? 

En declaraciones a la prensa, el pasado 10 de marzo, William Saab informó que podría haber una tercera fase de la trama y nuevas detenciones relacionadas con Pdvsa-Cripto.

«Hemos dicho que pudiera venir una tercera fase con nuevas detenciones y el castigo tiene que ser implacable», dijo. 

Otro ministro de petróleo caído en desgracia

Con la detención de Tareck El Aissami asciende a cuatro la cifra de ministros del Petróleo y presidentes de Pdvsa caídos en desgracia en Venezuela. cuatro de ellos ejercieron por completo en la administración de Nicolás Maduro.

Actualmente, la lista cronológica se desglosa de la siguiente manera: 

Rafael Ramírez (2002-14): huyendo.

En 2023, Saab vinculó a Ramírez en la trama de sobornos y lavado de dinero en Andorra, así como en el caso de la operación Atlantic, el caso del buque Petro-Saudí y el caso de Inyelec.

Además, afirmó que Ramírez estaría involucrado en la malversación de fondos de Pdvsa con la aprobación de contratos de bienes y servicios por más 566 millones de dólares entre los años 2010 y 2015.

Ramírez también está bajo investigación de la justicia de Estados Unidos por sobornos en Pdvsa, aunque en distintas entrevistas ha negado su vinculación con los casos en los que se le acusa. 

Eulogio Del Pino (2015-17): preso

Al exfuncionario lo designaron como presidente de Pdvsa el 3 de septiembre de 2014 y el 18 de agosto de 2015 es nombrado como ministro de Petróleo, cargo que ostentó hasta el 4 de enero de 2017. El 29 de enero de 2017 volvió a estar al frente de la presidencia de Pdvsa.

Del Pino fue detenido el 4 de septiembre de 2017 en la sede de Pdvsa-Occidente junto a otros siete funcionarios de la estatal.

En febrero de 2021, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó enviar a juicio a del Pino, por los presuntos delitos de corrupción y daños a la industria petrolera del país.

Según las denuncias del gobierno de Maduro, del Pino habría estado vinculado con hechos de corrupción a través de Petrozamora.

Nelson Martínez (2017): murió en prisión

Nelson Martínez, quien era químico de profesión, fue designado por Nicolás Maduro el 26 de agosto de 2017 como presidente de Pdvsa con el objeto de «fortalecer los equipos en el campo energético petrolero».

El 4 de septiembre de 2017 fue detenido por un comando especial de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tras ser señalado por Tarek William Saab por corrupción.

Martínez es uno de los presos del gobierno de Maduro que falleció bajo custodia. El 12 de diciembre del 2018 murió por complicaciones de salud​ tras pasar un año en prisión sin haber sido sentenciado y sin haber recibido atención médica durante su reclusión.

Tareck El Aissami (2020-23): preso

La pregunta que se repetía constantemente en redes sociales, «¿dónde está El Aissami? encontró una respuesta este 9 de abril de 2024, cuando el fiscal general Tarek William Saab confirmó la detención del exministro de Petróleo, quien se mantuvo un año fuera de la opinión pública tras renunciar a su cargo.

*Con información del Corruptómetro

PERFIL | El ascenso de Simón Zerpa fue tan vertiginoso como su caída

Hasta el pasado 8 de marzo de 2024, Simón Zerpa Delgado estuvo activo en sus redes sociales. En sus cuentas de Instagram y X se definía como: “militante socialista, bolivariano y chavista”. Un mes después, el fiscal designado por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, anunció su detención por estar implicado en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto. 

Como parte de la segunda fase de la investigación que involucra a la estatal Petróleos de Venezuela y otras empresas públicas, Tarek William Saab informó este martes la detención de Zerpa Delgado quien desde el año 2014 fue un funcionario relevante de la administración de Nicolás Maduro. 

Según Saab, Simón Zerpa bajo la aprobación de Tareck El Aissami, utilizaban sus cargos para “aliarse con empresas de maletín para destruir la economía, generar caos y desviar fondos a través de supuestos proveedores”. 

El fiscal informó que el exministro será imputado por los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir. 

El rápido ascenso de Zerpa 

Simón Alejandro Zerpa Delgado es licenciado en Relaciones Internacionales y tiene un postgrado en Derecho Constitucional Internacional. 

Su rápido ascenso en la administración de Maduro estuvo respaldado desde el primer momento por ser hijo de Iván Zerpa, embajador de Venezuela ante China y exsecretario de la Asamblea Nacional y la cercanía de este con Nicolás Maduro y Cilia Flores. 

Simón Zerpa debutó en septiembre de 2013 con el cargo de secretario ejecutivo del Fonden. También se sumó ese año a la junta interventora de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) como miembro principal.

En el 2014, cuando ejerció como viceministro de Inversión para el Desarrollo del Fondo Chino Venezolano. Zerpa, sustituyó a Javier Elías Briceño Scott, quien fue acusado de desviar 84 millones de dólares de dicho fondo. 

Para el año 2016, Zerpa Delgado fue gobernador alterno ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por Venezuela, nombramiento oficializado en la Gaceta 40.849. 

Zerpa Delgado fue ministro de Economía y Finanzas desde el 26 de octubre de 2017 hasta el 8 de septiembre de 2020, según la Gaceta Oficial Nro. 41.265. También fue director externo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en 2018 y estuvo a cargo de la vicepresidencia de Finanzas de la petrolera. 

Otro de los cargos que ocupó fue la presidencia del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y representante de Venezuela del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

Desde el año 2020 estuvo al frente del Banco Bicentenario, hasta el pasado 28 de agosto de 2023 cuando Nicolás Maduro anunció cambios importantes en su gabinete ministerial, entre ellos, la remoción del exministro. 

Según el exgobernador de Aragua, Carlos Tablante, la salida de Simón Zerpa del Banco Bicentenario se produjo por la supuesta participación de Zerpa en la delación y captura del empresario colombiano Alex Saab.

El sistema cambiario era lo de él

Poderopedia reseñó que desde el año 2018 Simón Zerpa estuvo a cargo de todo lo relacionado con el sistema cambiario en el país. El portal indicó que las decisiones del “plan de recuperación económica” estuvieron a su cargo. 

Cabe recordar que entre las medidas para la recuperación económica estuvieron las subastas del Dicom, que la banca podía recibir divisas pero no venderlas y la fijación de una sola tasa de cambio oficial. 

En 2018, Zerpa anunció un nuevo convenio cambiario en el que el bolívar tendría libre convertibilidad en todo el país y además instó a todos los empresarios a abrir cuentas bancarias en moneda extranjera para la inversión productiva. Todo fue en vano, Venezuela atravesaba la peor crisis económica de su historia. 

Durante la rueda de prensa que realizó Tarek William Saab ayer, en varias oportunidades reiteró que Tareck El Aissami, en compañía de Zerpa, “querían desestabilizar la economía para que colapsara” y lo señaló de estar detrás de la especulación del dólar paralelo.

Tres veces sancionado, pero premiado con la espada de Bolívar 

En abril de 2019, Zerpa fue sancionado por el gobierno de Canadá. De acuerdo a declaraciones de la ministra de relaciones exteriores canadiense, Chrystia Freeland, fue sancionado por “estar directamente implicado en actividades que socavan las instituciones democráticas”.

En julio de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también lo sancionó junto a otros 42 funcionarios con penalizaciones de carácter económico e individual. 

Por este hecho, Nicolás Maduro premió a los 42 funcionarios de su administración con la espada de Bolívar. En un acto televisado, Simón Zerpa aseguró que las sanciones de EEUU “les da seguridad que está del lado correcto de la historia (…) Con lealtad y compromiso, con los valores de Maduro y Chávez, seguirá ejerciendo sus funciones”.

El 30 de marzo de 2018 también recibió sanciones por el gobierno de Panamá por ser considerado de “alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Se están llevando a El Aissami un año después de la purga madurista

Este martes, 9 de abril, el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, anunció la detención de Tareck El Aissami, exministro del petróleo y expresidente de Pdvsa, para ser procesado por «graves delitos de corrupción».

En rueda de prensa, y después de un año sin conocerse sobre el paradero de El Aissami luego de la denominada purga madurista, Saab presentó supuestas evidencias de lo que llamó la segunda fase del caso Pdvsa-Cripto.

«A partir de recientes delaciones de al menos 5 testigos que han sido secuencialmente entrevistados por nuestros fiscales hemos logrado que se develara la participación directa y detención de Tarek El Aissami, detenido para ser presentado por el Ministerio Público en las próximas horas», dijo Saab.

William Saab informó también que fueron detenidos Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fonden, vinculados de manera directa a ambos ciudadanos.

El fiscal indicó que son cinco delitos los que se le imputarán a Tarek El Aissami: traición a la patria, asociación para delinquir, apropiación de bienes públicos y legitimación de capitales. 

La trama Pdvsa-cripto 

William Saab explicó que la red de funcionarios involucrados y con cargos en Pdvsa usaron sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales o a través de la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías.

Saab señaló que tanto El Aissami, Zerpa y López generaron una conspiración económica para generar el alza del dólar paralelo. «Estas personas utilizaban lo más modernos sistemas financieros, que son las monedas digitales, para encubrir el delito y no ser detectados».

«Esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles, e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario», aseguró Saab.

Saab recordó que por el caso han sido acusadas 54 personas, «todas detenidas, imputadas y acusadas». Explicó que de los 54 detenidos y procesados, cinco se han acogido a delación y han pasado a ser testigos protegidos que han permitido avanzar en nuevas líneas de investigación.

El fiscal impuesto por la Constituyente indicó que gracias a la confesión de los testigos se pudo determinar que Jesús Méndez, empresario de confianza de Saab, Hugbel Roa (exdiputado) y Pedro Maldonado (presidente de CVG) exigían el pago de comisiones en efectivo para garantizar el acceso a los negocios con las empresas Pdvsa y GVG.

Según explicó el fiscal, las acciones de esta estructura delictiva producían una alteración en la economía del país, ya que recibían los dividendos de la venta de crudo y transaban esas sumas de dinero en diferentes divisas extranjeras.

«Convertían a criptoactivos para movilizar ese dinero digital en plataformas como Kraken Crypto Exchange, lo que lo hacía indetectable para los organismos supervisores», dijo.

Otro testigo protegido explicó, según Saab, que conoció a Joselit Ramírez, quien lo contrató de palabra para la remodelación de varios despachos de Tareck El Aissami. Con estos contratos, «millonarios en dólares», se iniciaba una relación «en la que siempre lo contrataban de palabra para remodelar oficinas, sin ningún contrato de por medio y con pagos en efectivo».

Compra de crudo 

Sobre la compra de crudo, Tarek William Saab indicó que El Aissami comenzó a tramitar directamente sin ningún proceso administrativo los embarques de crudo, coque y fuel oil. Ordenó registrar una empresa en el extranjero por la que se intermediarían todas operaciones de compra de crudo de Pdvsa.

Saab indicó que a dicha empresa le fueron asignados 15 buques por un monto de más de 153 millones de dólares. De esos 15 buques dice haber pagado 22 millones en efectivo directamente a Antonio Pérez Suárez en su oficina, donde además vio que habían pilas de dólares en efectivo.

Según el fiscal, Joselit Ramírez le pidió que recibiera en las cuentas de su empresa fachada, dos pagos por dos buques asignados a la Sunacrip, por un monto total de 35 millones de dólares.

«Se valían de empresas de maletín y pagos en criptomonedas en el extranjero para manejar ese dinero a su antojo, sin permitir al BCV tener acceso a él», afirmó. 

«Este delincuente cobraba comisiones mínimas de 5 % por cada venta de buque petrolero realizada en transacciones por transferencias electrónicas y un 3 % adicional si el pago era en efectivo», agregó.

Podcast | La privatización del polideportivo de Santa Paula, salones de clases vacíos y el mundo después del 11 de septiembre del 2001
En el episodio 232 de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI)

Listen to «Episodio 232. Tres en uno: La privatización del polideportivo de Santa Paula, salones de clases vacíos y el mundo después del 9/11» on Spreaker.

En El Pitazo destacan el trabajo «Privatización del polideportivo de Santa Paula: rechazo de vecinos y silencio de autoridades”. Vecinos de la urbanización Santa Paula rechazan que la Alcaldía de Baruta junto con la empresa Ludus Sports C.A. pretendan cambiar el uso de un bien público de deportivo a comercial privado. Mientras, existe un amparo constitucional que introdujo la sociedad mercantil y una demanda de los vecinos contra el alcalde Darwin González y Armando de Armas, representante de la mencionada empresa. 

“Los alumnos se quedan por fuera del salón de clases» es el #RRPlus que destacan en Runrun.es esta semana. Según Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), un millón y medio de niños, niñas y adolescentes han dejado la escuela a todos los niveles por falta de motivación académica, falta de recursos y acceso a los servicios básicos. Pero también porque la escuela no está apta para recibirlos y ni siquiera cuenta con pizarras, pupitres o baños operativos.

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “La caída de las torres gemelas: el 11S que marcó al mundo». Fue un día en que el mundo se conmocionó. Ocurrió el 11 de septiembre de 2001 cuando aún despuntaba el nuevo siglo, y sus cicatrices marcaron al planeta. Los atentados terroristas a las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, en Estados Unidos, se estima dejaron 2.996 muertos y más de 25.000 heridos.

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Podcast |  Extorsiones de la PNB en la Cota 905, medicamentos indios de dudosa procedencia y la historia de Raúl Andrés Orozco
En el episodio 228  de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI)

En El Pitazo destacan el trabajo «Policías extorsionan en la Cota 905 tras la muerte del “Koki”. La investigación Extorsión uniformada: los policías que someten a la Cota 905 revela cómo algunos policías en Venezuela toman el lugar de los grupos criminales con prácticas delictivas como las extorsiones e identifica el patrón criminal utilizado por los uniformados, que han instalado ocho alcabalas en el barrio y recurren a la vieja práctica de sembrar droga a los jóvenes para exigir dinero a cambio de no enviarlos a prisión. 

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “Venezuela importa de laboratorios sospechosos de India y se hace el loco con la calidad». La Federación Farmacéutica Venezolana ha solicitado en varias comunicaciones al Ministerio de Salud conocer el proceso de importación y revisión de medicamentos de otros países, especialmente de la India e Irán. En julio, el Gobierno indio informó que tomará medidas contra 105 farmacéuticas que no han pasado los controles de calidad y salubridad.

“Raúl Andrés Orozco: el escurridizo comerciante del oro volador y las vacas navegantes» es la nota que presenta Runrun.es en este episodio. Un complejo entramado de empresas, socios, direcciones y países dificulta seguir los pasos de un comerciante del oro venezolano devenido ganadero en Colombia. Se libró de la redada emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra las mafias mineras, pero otros escándalos que han salpicado sus negocios, incluyendo el reciente asesinato a manos de sicarios de dos de sus empleados

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Venezuela continúa con la peor capacidad para pelear contra la corrupción en América Latina
Según el informe publicado del CCC, el país obtuvo un puntaje de 1.46 sobre 10 respecto a sus capacidades para detectar, castigar y prevenir la corrupción

 

@Luciapietf

Venezuela se posicionó por quinto año consecutivo en el último lugar del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) entre 15 países de América Latina. Según la evaluación publicada este año, el país descendió 0.17 puntos respecto al 2022, obteniendo un puntaje de 1.46 de un máximo de 10. 

El CCC es un estudio elaborado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, que mide la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción a través de tres categorías: capacidad legal, democracia e instituciones políticas, y sociedad civil y medios de comunicación. 

A nivel regional, Uruguay (6.99) tuvo la puntuación más alta en el índice, seguido de Costa Rica (6.76), Chile (6.67), Perú (5.53), República Dominicana (5.42), Panamá (5.39), Argentina (5.07), Brasil (4.83), Colombia (4.78), Ecuador (4.68), Paraguay (4.61), México (3.87), Guatemala (2.86), Bolivia (2.56) y Venezuela (1.46), de acuerdo al informe. 

Descenso general

En Venezuela, la variable que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción disminuyó 18% y la relacionada con la calidad de la prensa cayó 15%, debido a la aprobación en enero del proyecto de «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», que obliga a las ONG a declarar sus bienes y revelar al Estado sus relaciones con donantes, lo que ha causado temor de sanción entre los miembros de estas instituciones.  

En la categoría «Sociedad civil y medios de comunicación», el país presentó una puntuación de 4.57 y se ubicó en el penúltimo lugar en Latinoamérica, por delante de Bolivia (3.62) y detrás de Guatemala (5.00).

Dentro de la categoría «Capacidad legal», la independencia y eficiencia judicial y de los organismos anticorrupción fueron las variables más bajas. Aquí, Venezuela  tuvo un puntaje total de 0.81, la última de la región. 

El mismo caso se observó en la categoría «Democracia e instituciones políticas», con un puntaje de 1.28. En este apartado, la variable más baja fue la que estudia los procesos legislativos y de gobierno, y la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas. 

El CCC advirtió que hay temas críticos a monitorear, como las elecciones presidenciales de 2024 y las primarias de la oposición en octubre de 2023, debido a la posibilidad de que «se produzca una persecución selectiva de activistas, líderes sindicales y políticos de la oposición en el contexto de las continuas protestas por parte de los trabajadores públicos y de la campaña previa a las elecciones»

En el informe también se mencionó el monitoreo sobre las perspectivas de nuevas negociaciones entre el gobierno y la oposición, tras la reanudación del diálogo en noviembre de 2022 en Ciudad de México. 

En el episodio 214  de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI) 

“Alcalde de El Tigre violó ley para atención de personas dentro del espectro autista al ofender a niños con Asperger», es el reportaje que presenta Runrun.es en este episodio. «¿Quién pintó eso tan horroroso? ¿Quién hizo eso?», preguntó Paraqueima y luego remató: «Me cuentan que fueron los niñitos Asperger (…) ¿Con qué lo pintaron? ¿Con las patas?»… Lo que al parecer el hoy ex-alcalde parecía ignorar es que la Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastorno del Espectro Autista, en su artículo 2, establece que se debe garantizar el trato digno y la no discriminación de las personas con Trastorno del Espectro Autista. 

En El Pitazo destacan el trabajo “Estudios confirman que es viable recuperar el antiguo hotel Miramar de Macuto”. El Monumento Histórico de la Nación tiene otra oportunidad. La terquedad de los defensores del patrimonio local, la apuesta de la Cámara de la Construcción y de la gobernación coinciden en un proceso que ofrece esperanzas de vida al primer hotel de lujo y playa que tuvo Venezuela, a la par de los mejores de Europa. 

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “Los pro y los contra de la ley que recuperará los bienes de la corrupción”. La Ley Orgánica de Extinción de Dominio establece los mecanismos para identificar, localizar y recuperar los bienes derivados de actividades ilícitas. Sin embargo, analistas consideran que su aplicación puede ser contraproducente debido a que la normativa no explica cómo se administrarán y cuáles serán los destinos de los activos que se recuperen producto de la corrupción.

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