Convite AC archivos - Runrun

Convite AC

CLAVES | El robo es el principal móvil de las muertes violentas en adultos mayores
44% de las muertes fueron clasificadas como muertes violentas por causas específicas, ocurridas en hechos atribuibles al crimen.

La asociación civil Convite señaló en su informe «Vejez en riesgo», presentado este 1 de octubre, que 46% de las 102 personas mayores que fallecieron por causas violentas durante el primer semestre de 2021, fueron asesinadas para robarles sus pertenencias.

«La mayoría de ellas se encontraban en sus propias viviendas cuando ocurrieron los hechos delictivos que le provocaron la muerte», aseguró la organización.

Durante el mes de marzo se registró la mayor cantidad de muertes violentas de adultos mayores, 22 personas fallecieron. Le sigue enero con 19 muertes. El mes que registró la menor cifra de muertes fue junio, con 10.

El total de las muertes violentas de personas mayores documentadas durante los seis primeros meses del año 2021 se distribuyeron en 19 entidades federales más el Área Metropolitana de Caracas.

26,5% se concentró en el Área Metropolitana de Caracas, 17, y en los estados Aragua, 15, y Lara, 10. En Zulia, se registraron ocho muertes, en Carabobo, Táchira y Trujillo ocurrieron 6 muertes violentas en cada uno. Además, se contabilizaron cinco fallecimientos en Bolívar y cinco en Anzoátegui.

«Los únicos estados en los que no se registró ninguna muerte violenta de un adulto mayor son: Amazonas, Delta Amacuro, Guárico y Sucre», indicó el informe.

Robos, accidentes y falta de atención

Durante el primer semestre del año 2021, se registraron 102 muertes violentas de personas mayores.

La causa de muerte violenta más común fue el robo, ocupando 46% de los casos. Según el informe de Convite, 24 personas mayores fueron asesinadas para robarles sus pertenencias, la mayoría de ellas estaba en sus hogares cuando ocurrieron los hechos delictivos que le provocaron la muerte. De estas, 15 muertes fueron de hombres mayores.

44% de las muertes fueron clasificadas como muertes violentas por causas específicas, ocurridas en hechos atribuibles al crimen. 24% de las causas específicas fueron accidentes: 11 adultos mayores fallecieron en accidentes vehiculares, cuatro en accidentes domésticos, cuatro por inmersión, y dos quemados.

Adicionalmente, 20 personas perdieron la vida a causa de un ataque con un arma blanca. Seis de ellas eran mujeres.

Por otro lado, 10 hombres mayores fallecieron a causa de golpizas, nueve hombres y cuatro mujeres por arrollamientos, siete hombres por suicidio, seis personas por falta de atención, cinco por disparos de arma de fuego y cuatro por asfixia mecánica, es decir, estrangulamiento perpetrado por terceros en situaciones de robo o riñas.

Entre otras causas de muertes violentas se encuentra el descuido, la negligencia y la impericia. 14 adultos mayores fallecieron por estas causas.

Convite denuncia que el Estado venezolano es directamente responsable de la muertes de ocho adultos mayores que fallecieron a causa de inanición, tortura y tratos crueles, o por falta de atención. 

«La edad promedio de las personas mayores que fallecieron fue 68 años. Hubo 61 hombres y 29 mujeres, entre 60 y 80 años, que perdieron la vida de forma violenta», afirmó Convite.

Los victimarios tenían alguna relación con las víctimas

El informe de Convite afirmó que solo en 26% de los casos registrados se identificaron, capturaron e imputaron a los victimarios. Entre los identificados, la mayoría tenían algún tipo de relación directa o parentesco con las víctimas. Eran familiares directos, vecinos, amigos, conocidos o parejas.

«20 de los responsables de estas muertes tenían alguna conexión, relación o parentesco directo con las víctimas. La gran mayoría de estos homicidios permanecen impunes. De esta forma, se profundiza la situación de violencia y se viola el derecho a la justicia para las familias de las víctimas», señaló la organización.

Según el informe, en tres casos, las víctimas fueron asesinadas por sus propios hijos y en cuatro por sus nietos. En tres oportunidades, los victimarios fueron hermanos, sobrinos y otros familiares. En nueve casos los victimarios fueron vecinos, amigos y conocidos y un solo caso, el agresor fue la pareja de la víctima.

Convite explicó que en estos crímenes el móvil principal fue el robo y otros sucedieron en medio de discusiones y riñas.

«Estas muertes violentas ponen en evidencia el deterioro del tejido familiar, social y de convivencia que se exacerba en una situación de crisis económica aguda y de privaciones de todo tipo y el confinamiento producto de la pandemia intensifica esta situación», indicó Convite.

1.353 personas mayores fallecieron por COVID-19

El informe de Convite reveló que 1.353  personas mayores murieron por COVID-19 o por causas asociadas a este durante el primer semestre del año. 

49% (659) eran mujeres mayores y 51% (694) eran hombres mayores. 47% (635) de las personas mayores que perdieron su vida por causa del COVID-19, tenía entre 60 y 70 años.

Seguida de las muertes de las personas mayores que pertenecen al rango de edad comprendido entre 71 y 80 años (33%) y 14% de personas mayores con 81 y más años.

«La edad promedio  de fallecimiento de las personas mayores por esta causa es de 71 años», concluyó la organización.

Según Convite, en todos los estados del país hubo personas mayores que fallecieron por causa del coronavirus. En cuatro entidades federales se registraron más de 100 muertes por esta causa, siendo el Área Metropolitana de Caracas la que registró el número más alto de los fallecimientos (218).

Miranda es el segundo estado con más muertes de adultos mayores por esta causa, con 159, Sucre y Lara con 119 y 105 muertes respectivamente. Siete estados registraron entre 99 y 50 fallecidos (Aragua 87, Anzoátegui 78, Yaracuy 77, Nueva Esparta 75, Apure 74, Zulia 68 y Trujillo 51). Los 13 estados restantes registraron entre 49 y tres fallecidos por esta causa.

Los estados con la cifra más baja de fallecimientos de adultos mayores por COVID-19, fueron Amazonas y Monagas con tres muertes cada uno. 

Casi 300 comunidades indígenas de Amazonas y Bolívar afectadas por la minería

Kapé Kapé se sumó a la tercera edición de la Feria de Derechos Humanos organizada por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (Redhez), y el apoyo audiovisual del Grupo Papagayo.

Durante 3 días los asistentes conocieron parte de las realidades que viven los grupos sociales de mayor vulnerabilidad en el país, la oportunidad sirvió también para divulgar el trabajo que hacen diversas organizaciones en la documentación, denuncia y seguimientos de estos casos.

Además del ciclo de conferencias sobre la situación de derechos en Venezuela, la Feria de Derechos Humanos contó con  proyecciones audiovisuales, exhibiciones de fotografía, presentaciones poéticas, muestras teatrales y conciertos, así como espacios para la recaudación de insumos.

Durante los 3 días que duró la actividad se presentaron más de 30 ponencias. Una de ellas estuvo a cargo del presidente del Observatorio de Derechos Indígenas de la Asociación Civil Kapé Kapé, Armando Obdola, quien habló sobre los problemas sanitarios, sociales, culturales, ambientales y económicos que atraviesan los pueblos indígenas de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

En su participación hubo especial énfasis en los efectos negativos de la minería ilegal en estos pueblos, “los indígenas están muriendo a causa de la violencia causada por la minería ilegal y por la incursión de grupos paramilitares” afirmó Obdola, agregando que tan sólo en Bolívar hay al menos 198 comunidades indígenas afectadas por la minería ilegal y otras 100 en Amazonas, donde se han perdido más de 200 hectáreas de áreas verdes a causa de esta actividad ilegal.

El presidente de la organización aprovechó esta importante convergencia de organizaciones y personas interesadas en la defensa de los derechos humanos para resaltar, una vez más, la necesidad de defender y acompañar a los pueblos indígenas en la lucha por la defensa de sus derechos ante las constantes amenazas que ponen en riesgo su subsistencia, tal y como está pasando con la agresiva proliferación de la minería ilegal y otras amenazas como el empeoramiento de la atención médica en estas comunidades, que ha significado el aumento de hasta un 200% en los casos de enfermedades endémicas como la difteria y la malaria.

Otras de las organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos que participaron se encuentran el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Acción Solidaria, Transparencia Venezuela, Convite AC, Unión Afirmativa y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

 

Kapé Kapé