Control

La impunidad tiene una función política, la cual en el caso del Caracazo ha sido emblemática porque envía el mensaje de que los agresores nunca van a ser procesados, enjuiciados, castigados, ni en casos del pasado, ni del presente. Los presuntos responsables se mantienen protegidos por el Poder como un mecanismo que promueve el miedo colectivo, inmoviliza e impulsa la desesperanza, anula al otro y rompe el tejido social.

COFAVIC es la expresión genuina de la voz de las víctimas desde una perspectiva independiente. Nace a partir del encuentro de un grupo de mujeres que, unidas en el dolor, coincidieron en tribunales, en la morgue y en los hospitales y que al compartir sus historias se dieron cuenta que las mismas no eran únicas ni aisladas. Ya unidas y organizadas sumaron voces para buscar en colectivo, justicia y el establecimiento de la verdad de lo ocurrido. Estas son las mismas mujeres que han acompañado a las víctimas de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ocurridas en hechos ilustrativos como los de noviembre de 1992, los deslaves de Vargas de 1999 y las protestas de 2014 y 2017, entre otros. Esa lucha del Caracazo no pertenece sólo al pasado, sino que se ha mantenido en el presente y compromete seriamente nuestro futuro, si no cambian las razones de origen y la impunidad que ha prevalecido de manera interesada y sostenida. Ellas han dicho al país que hay una verdad distinta a la verdad oficial que se ha querido promover y matizar de acuerdo con quienes detenten el poder.

Luego de 29 años de la masacre del Caracazo nadie ha sido condenado por esos hechos de manera definitiva. Las víctimas no han tenido acceso al expediente porque se alega que no son parte del proceso, mecanismo utilizado para invisibilizarlas y confiscar sus historias, fortaleciendo así la verdad oficial que se ajusta a los intereses del Poder. Luego de 29 años del Caracazo, en la investigación más resaltada por el Estado, aun no se ha dado la apertura de juicio oral y público. Ocurren decenas de diferimientos en su mayoría por solicitudes de los imputados y solo se utiliza la existencia de este proceso para promoverla el día 27 de febrero de cada año con carácter proselitista. Trabas y obstáculos año tras año lo único que demuestran es que no hay voluntad política para esclarecer los hechos del Caracazo, como tampoco la hay para determinar responsabilidades en centenares de ejecuciones extrajudiciales y torturas que han ocurrido tiempo después.

Las causas estructurales y coyunturales que dieron origen al Caracazo, como la desatención de los gobernantes frente a las graves carencias del pueblo, la frustración, la rabia de la gente, el desabastecimiento y la pérdida de legitimidad de los partidos políticos, entre otras causas, lamentablemente no se han superado, ni siquiera permanecen igual, sino que están peor que hace 29 años.

El no acatamiento de las sentencias de la Corte Interamericana sobre el Caracazo, que entre otras cosas estableció que Venezuela debía adecuar sus planes operativos de control de orden público a los estándares internacionales y no usar las fuerzas militares para estas tareas, así como ofrecer justicia independiente y conclusiva en los casos de violaciones de los derechos humanos, está íntimamente ligado al deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. En la actualidad, no solo se ha desatendido esto, sino que se han profundizado patrones de violencia y de represión que han generado actualmente una grave crisis de derechos humanos como lo ha establecido la Oficina del Alto Comisionado, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

En el caso del Caracazo, después de 29 años, ni siquiera se ha cumplido con el mínimo gesto humanitario de entregar a los familiares de las víctimas los restos debidamente identificados para que cierren su proceso de duelo y retomen su proyecto de vida. Varias mujeres han fallecido en la espera de que el Estado concretara esta legítima petición y sin embargo aún no se han aplicado métodos confiables que permitan dar satisfacción a esta solicitud genuina de las víctimas, la cual es parte de la resolución de la histórica sentencia del Caracazo emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999 y en 2002.

Para todas las víctimas es fundamental el establecimiento de la verdad de lo ocurrido y la aplicación de justicia. Estos elementos son imprescindibles para la reconstrucción de la memoria histórica, para prevenir violaciones de derechos humanos y para evitar que se repitan los crímenes cometidos. La impunidad es el caldo de cultivo de un sistema autoritario que da sostenibilidad a formas, patrones y estructuras que le hacen permanecer y fortalecerse.

Luego del Caracazo, el país ha tenido la oportunidad de analizar en profundidad los hechos que dieron origen a esos graves acontecimientos y lo conducente era ampliar la exigibilidad y el reconocimiento de los derechos humanos, por ello no es aceptable, que hoy en día, 29 años después, la represión y las víctimas vayan en ascenso, al igual que la violencia.

La impunidad institucionalizada e interesada desde el Poder se mantiene frente a graves violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, masacres, las desapariciones forzadas de personas y las torturas.

El legado de los familiares del Caracazo lo resume la frase pronunciada por el padre Pedro Trigo s.j en una homilía durante un aniversario conmemorativo del 27 de febrero: “No dejemos que la violencia tenga la última palabra”. Las víctimas tienen el derecho y el deber, así como la sociedad en su conjunto, de no permitir que la violencia pronuncie la última palabra.  Para COFAVIC, la fuerza que desempeñan las víctimas debe ser desde un papel articulado, independiente, fuera de ideología política y de la polarización.  Desde el dolor y el afecto las víctimas deben promover la reconciliación, pero siempre pasando por la justicia y la verdad, los cuales son dos valores fundamentales que no pueden ser negociados, ni embargables y que son indispensables no sólo para las víctimas sino para toda la sociedad.

Como sociedad estamos obligados a tomar las lecciones del pasado para no repetirlo, por ello el Gobierno, las instituciones públicas, los sectores productivos, los partidos políticos, la sociedad civil, los medios de comunicación, entre otros, debemos actuar con responsabilidad y no contribuir con nuestras acciones u omisiones a la escalada de violencia política y a la profundización del deterioro de las condiciones mínimas para una vida digna que ya han causado estragos en nuestra población. A 29 años del Caracazo nuestras fuerzas de seguridad deben tener muy presente aquellos hechos donde sus actuaciones dejaron centenares de hogares rotos. Las instituciones quedaron impactadas negativamente por décadas en nuestra memoria colectiva. Por más difíciles que sean las circunstancias actuales, los derechos humanos no deben transarse.

Por todo lo anterior, exhortamos al Estado venezolano a:

1. Investigar de manera independiente y conclusiva las gravísimas violaciones de los derechos humanos ocurridas en el Caracazo. En los casos del Caracazo ha prevalecido un grave esquema de impunidad, que irrefutablemente demuestra que luego de 29 años, no se ha establecido una sola condena en contra de los responsables, ni se sabe quiénes dispararon en Catia, El Valle, Petare o La Vega, entre otros sectores humildes, ni quién dio la orden de enterrar los cadáveres en fosas clandestinas y quiénes ejecutaron esa orden. Esas preguntas pareciera que no estuvieron ni están actualmente en la línea de investigación de las autoridades. Esa deuda de la justicia venezolana sigue pendiente por falta de voluntad política, para buscar una respuesta despolitizada que toque todos los intereses que sean necesarios y de satisfacción a la verdad.

1. Identificar bajo métodos confiables e independientes los restos hallados en las fosas clandestinas de La Peste del Cementerio General del Sur y entregárselos a sus familiares. El proceso de exhumación e identificación de los restos de las víctimas del Caracazo que se encontraban en el sector La Peste, iniciado el 21 de septiembre de 2009, luego de más de nueve años, no ha logrado resultados que permitan identificar plenamente los restos hallados en las fosas clandestinas, ni mucho menos la entrega a los familiares de las víctimas. Siete años después de esta segunda exhumación, a pesar de las múltiples expectativas que se sembraron en las víctimas, los familiares del Caracazo carecen de información técnica y precisa de los resultados de este proceso de identificación y aún continúan sin poder participar directamente en el mismo.

1. Adecuar sus mecanismos de control del orden público con los principales estándares de respeto y garantía de los derechos humanos. El Estado venezolano está en la obligación constitucional de armonizar sus planes operativos de control del orden público, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, respetando el debido proceso y las garantías judiciales de todas las personas. El Estado debe dar preeminencia al empleo de técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumpliendo la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.

1. Publicar una lista oficial definitiva de personas asesinadas, desaparecidas y heridas, relativas a los sucesos del Caracazo, como parte del establecimiento de la verdad de lo ocurrido y de la ejecución de garantías de no repetición de estos hechos, el Estado está obligado a hacer públicos los nombres de las víctimas del Caracazo y no hay motivos para seguir ocultando esto.

1. Instamos al Poder Ejecutivo a derogar la Resolución 008610 que autoriza inconstitucionalmente el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones públicas. Todas las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática. Tal y como lo establecen, los artículos 68 y 332 de nuestra Constitución.

1. Tomar medidas de pacificación y de carácter humanitario para disminuir los niveles de polarización y de violencia política. Las instituciones con competencia en materia de derechos humanos deben actuar de manera independiente, sin prejuicios políticos o de otra índole

1. Cesar la represión en contra de los estudiantes, líderes sociales, defensores de derechos humanos y factores políticos y realizar investigaciones de oficio, que sean totalmente independientes, imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas.

Por segundo mes consecutivo la inflación se ubicó por encima de 80%, lo que da pie a proyectar que para cierre de año el alza de precios pudiera ubicarse por encima de 5.000%

De acuerdo con los cálculos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), al inflación de enero 2018 se ubicó en 84,2%, la segunda más alta registrada en el país en su historia reciente, lo que elevó la inflación anualizada a 4.068%.

“Urge parar la hiperinflación y para eso debe desmontarse el control de cambio y parar la impresión de dinero inorgánico”, afirmó el diputado Rafael Guzmán al momento de dar a conocer la información.

Los datos de la AN señalan que en diciembre pasado el alza de precios se ubicó en 85%, apenas por debajo de lo registrado en enero. No obstante, el hecho de que se registre un alza superior a 80% durante dos mese consecutivos permite proyectar que la inflación pudiera superar el 5.000% y acercarse a 10.000% a finales de año, tal como afirman varios análisis de firmas especializadas.

Guzmán señaló que si bien todo el país está en contra del dólar paralelo, el Gobierno es su principal impulsor al no desmontar el control de cambio. “El único responsable de esta tragedia que hoy vivimos es Nicolás Maduro”, dijo.

Venezuela en #hiperinflación. Tasa de inflación oficial de la AN correspondiente a enero de 2018: tasa mensual 84,2%. Tasa de inflación anualizada enero 2018-enero2017: 4068%. Venezuela arruinada. pic.twitter.com/5ZZbvtb7Jj

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) February 7, 2018

EL CENTRO DE DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO ECONÓMICO (Cedice Libertad) rechazó la «orden arbitraria» del gobierno de Nicolás Maduro de bajar los precios en al menos 214 supermercados, lo que perpetua la distorsión económica del país para usar el hambre como mecanismo de control de la ciudadanía.

En el comunicado, el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice afirma que el objetivo de la destrucción del aparato productivo –que genera como consecuencia escasez y desabastecimiento– es el de «subyagar a la ciudadanía a través del hambre».

Cedice consideró que la decisión de la Sundde ignora realidades como la galopante hiperinflación motivada a políticas monetarias y fiscales desordenadas del gobierno nacional. Afirmó que esto «seguramente impedirán a los comercios intervenidos a la renovación de inventarios».

«Tanto las acciones de la Sundde, como los saqueos, son condenables», exclamó el comunicado, describiéndolos como vías express para seguir mutilando el aparato productivo nacional. «Estos hechos hablan de lo que serán los días por venir, en los que la crisis se acentuará».

#COMUNICADO | La orden arbitraria de bajar precios en supermercados
es un paso más para perpetuar la distorsión económica y así utilizar el hambre como mecanismo de control de la ciudadanía. #7Ene #CediceObserva #TuPropiedad pic.twitter.com/IKLjFuZWqH

— Cedice Libertad (@CEDICE) January 7, 2018

*Con información de Nota de prensa

Entregar en sus manos por favor:

Estimado Noamigo/Noenemigo: Solo quiero decir, como para empezar aclarando vainas, que se sepa que no somos ni amigos ni enemigos. Por allí anda un ex hablando de que aquellas personas que le han dado la bienvenida a la política al señor Mendoza somos sus enemigos. No señor, para nada. Luego hizo lo mismito que Falcón: lo invitó a la política pero como outsider. Nosotros lo invitamos como insider. ¿De dónde viene esa propuesta? ¡Es la economía estúpido! (the economy, stupid, fue una frase muy utilizada en la política estadounidense durante la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 contra George H. W. Bush padre, que lo llevó a convertirse en presidente de Estados Unidos).

En ese orden de ideas y analizando algunas encuestas, entre ellas Datanálisis, Venebarómetro y RatioUCAB, podemos observar que entre los principales problemas, miedos, temores y preocupaciones de todos toditos los venezolanos se encuentra el asunto económico, concretamente desabastecimiento de comida, de medicinas y la alta inflación. Más de 75% de los encuestados menciona el problema de los alimentos como el fundamental.

Y es que la procura de la comida es uno de los objetivos fundamentales en la vida. La historia de la humanidad puede muy bien ser descrita como la historia de la búsqueda de la comida; desde las cuevas de los primitivos, recolectando vegetales, pasando por la caza y la pesca, hasta las siembras y cosechas con control electrónico y satelital. Cito a Wikipedia: “Los platos que cocinamos y comemos a diario contienen todos los ingredientes de nuestro pasado y nuestro presente: nuestra identidad, nuestro lugar en la sociedad y el lugar de nuestra sociedad en el mundo. El prestigioso historiador de origen español Felipe Fernández-Armesto, profesor en la Universidad de Oxford y autor de la magistral obra Civilizaciones, nos ofrece esta fascinante Historia de la comida, que aborda este suculento tema desde la perspectiva de la cultura, la sociología, la gastronomía y la relación con el entorno; en suma, una historia global que abarca más de medio millón de años (medio millón, 500.000 años, vergación). A modo de hilo conductor, Fernández-Armesto distingue ocho grandes revoluciones en la historia de la comida, desde que la aparición de la cocina separó el camino de la humanidad del de otras especies animales, hasta la más reciente, cuando la industrialización ha transformado el modo como la comida se obtiene, se consume y se imagina, pasando por el desarrollo del pastoreo, la invención de la agricultura o el aumento de las desigualdades, que hizo de la comida un indicador social”.

Suficiente explicación. Al buen entendedor pocas palabras. El gobierno venezolano sabe lo mismo que nosotros… pero tiene el poder. Sabe que quien controle la comida puede controlar voluntades, y ellos lo hacen sin escrúpulos, en forma chantajista, ventajista, corrupta, con violencia y extorsión, con manipulación social y policial, en fin, y bajo los sabios consejos de cubanos y chinos se apropiaron de todo el sistema de distribución de la comida entre las grandes mayorías mediante el sistema CLAP. Mecanismo parapolicial que perfeccionan cada día más.

Allí están los resultados de la elecciones de gobernadores y alcaldes (claro, a sabiendas de la gigantesca estupidez de AD, VP y PJ de llamar falsamente a la abstención, pues llevaban candidatos a montón). Eso les da un poder enorme, tal como lo describe Fernández-Armesto cuando se trata de la lucha del hombre por el alimento. Para las grandes mayorías el gobierno es garantía de su alimento. Y esa garantía se traduce en votos. Mientras haya más desabastecimiento y más inflación, el gobierno tendrá mayor poder para manipular voluntades y conciencias. Diría la señora aquella, una tendencia irreversible.

Una familia pobre frente a la opción de una propuesta política opositora, de una esperanza, de una promesa de un lado y del otro una caja CLAP no tiene precisamente libertad de elegir. Milton Friedman, en su libro Libertad de elegir, dice que la característica principal de una economía de mercado es que todo intercambio es llevado libremente por las dos partes, sabiendo que obtendrán un beneficio de este. En Venezuela no existe una economía de mercado sino una economía estatizada y bajo control de gobierno. Una especie de ensayo comunistoide. No hay equilibrio en el intercambio. Todo el “bairgaining power” está de un solo lado.

Así que el problema fundamental a dilucidar en las próximas elecciones presidenciales no son las tesis socialdemócratas, ni los principios socialcristianos, ni la descentralización, ni el equilibrio de poderes. El Rerum Novarum no es precisamente la preocupación de millones de venezolanos que sufren la dieta Maduro, muchísimo menos de aquellos que escarban la basura en busca de alimentos.

Se trata de saber quién me ofrece un futuro más seguro justamente en lo relativo a la comida. Para mis hijos, para mis padres, para mí, para mis amigos. El debate es la comida. Y allí es donde calza usted, Sr. Mendoza, al representar un camino seguro hacia el abastecimiento (sin demeritar para nada sus ventajas competitivas y comparativas como gerente exitoso). Garantía y seguridad alimentaria.

Usted no aparece mal en las encuestas, sobre todo sabiendo que no ha entrado en el ruedo de la política con todas las harinas, quise decir, con todos los hierros. Usted ha hecho unas cuantas apariciones en público: televisión, conversaciones con el presidente Maduro, visitas a juegos de beisbol, de básquet. Seguramente hechos sin intenciones de campaña electoral, pero como usted no es ciego, ni sordo, ni mudo alguna idea tendrá de su fuerza como líder de masas.

Usted tiene un tremendo compromiso. Frente a su país y frente a la historia. El gobierno que sabe de su potencialidad como candidato o como figura comprometida con algún candidato, amenaza con expropiarle sus empresas (recuerde además que ser gerente exitoso en el mundo privado no es garantía de ser un buen gobernante, tiene que entender la necesidad de contar con respaldo político, es decir, con líderes partidistas y partidos políticos). Ese es un riesgo cierto. No son conchas de ajo lo que usted arriesga si entra en el mundo político. Es una decisión parecida a la de Sofía, personaje de aquel libro de William Styron que fue llevado al cine. Cualquier decisión que tome tiene penalidades y costos. Pero no tomarla tiene peores consecuencias. En resumen; las presidenciales de 2018 se resumen en una batalla: el CLAP y la tarjeta de la patria contra la harina PAN y la margarita Mavesa. ¿A quién apuesta, querido lector?

@eduardo_semtei

El Nacional

Por Aram Barra

@arambarra

América Latina tiene un problema de armas. Una gran mayoría de los homicidios en la región se cometen con armas de fuego. Una parte importante de ellas son ilegales, pero también hay muchas que son legales. La mezcla entre mal control de armas por parte del Estado y la normalización de la resolución violenta del conflicto han llevado a nuestra región a ser una de las más letales del planeta.

En ese sentido, vale la pena revisar tres experiencias de control de armas en la región y los impactos que han tenido en la violencia de esas localidades. Les invito entonces por un viaje por Brasil, El Salvador y Colombia.

En Brasil… En diciembre de 2003, después de una intensa presión y movilización popular, el Congreso Nacional de Brasil aprobó la Ley 10826 —conocida como el Estatuto de Desarme— para reforzar el control sobre las armas en circulación en el país. Los resultados se dieron de inmediato: cinco mil vidas salvadas durante el primer año en vigor de la ley, lo que significó una disminución de la tasa de homicidios en Brasil por primera vez en más de una década.

Dentro de las medidas principales se encuentran: la edad mínima para adquirir armas se elevó a los 25 años; se prohibió el porte de armas para civiles; se introdujeron controles de antecedentes; se definieron siete requisitos mínimos para la compra de un arma; se endurecieron las penas por delitos cometidos con armas de fuego; se impusieron controles a la importación de armas de fuego, y se integraron las dos principales bases de datos sobre armas de fuego en el país.

Como lo señalan Robert Muggah y Daniel Cerquira, recientemente hay sectores que pretender revertir varias de las disposiciones del Estatuto, reduciendo la edad mínima de compra de 25 a 21 años, aumentando la cantidad de municiones al año –de 50 a 100, y permitiendo a los ciudadanos el porte– en espacios y vías públicas. Lo anterior bajo el argumento de protección de los “ciudadanos de bien” y la posibilidad de autodefensa.

En El Salvador… El Proyecto fue desarrollado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en coordinación con las alcaldías de San Martín e Ilopango, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Defensa Nacional. Esta iniciativa tuvo los siguientes componentes: restricción de la portación de armas en los espacios públicos; aumento de la fiscalización policial; campaña de divulgación y comunicación masiva; una estrategia de recolección de armas entregadas voluntariamente, y colaboración más estrecha entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía.

En San Martín el proyecto logró aprobar dos ordenanzas pioneras de regulación de armas de fuego en los espacios físicos e incrementar ostensiblemente (entre un 69% y un 102%) el decomiso de armas de fuego por parte de la Policía. En el periodo de instrumentación del proyecto, los homicidios disminuyeron en un 49% y el número de delito cometidos con armas de fuego bajo un 24%.

En Colombia… En las ciudades de Cali (1993-94) y Bogotá (1995-97) se establecieron prohibiciones para el porte de armas en determinadas fechas, incluyendo fines de semana, días de pago, feriados y días de elecciones. Las evaluaciones muestran que durante los días de intervención el número de homicidios fue significativamente menor a los días de no intervención. Se logró una reducción de los homicidios del 14% en Cali (entre 1993 y 1995) y en Bogotá del 13% (entre 1995 y 1997).

Analizando el caso de Bogotá en el periodo de 1989-1999, Llorente et.al (2000) mostraron que en el mejor de los casos el aporte positivo de la prohibición al porte de armas fue del 14% en la reducción de la tasa de homicidios, un efecto limitado teniendo en cuenta que entre el 70% y 80% de los homicidios se cometían con armas de fuego. Los autores atribuyen este comportamiento a la ausencia de una estrategia policial focalizada para aplicar la norma.

Hasta ahí tres experiencias en América Latina de control de armas. Aunque distintos, el ejercicio apunta a una conclusión importante: reducir la disponibilidad y acceso a las armas de fuego puede contribuir a reducir la violencia letal. El control de armas debe ser una política dentro de un abanico más amplio que incluya la prevención basada en evidencia, el aumento de la judicialización de casos de homicidios y políticas integrales de alcohol y drogas, de lo que he escrito en otro momento.

*Este artículo fue publicado en el portal Mexican Times

* Aram Barra es internacionalista por la UDLA México y maestro en política y administración pública por New York University y University College London. Actualmente se desempeña como consultor independiente en temas de salud, seguridad y derechos humanos.

El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, indicó este martes que la política de control de precios «es negativa, va destruyendo la producción nacional, no puedes obligar a nadie a producir a pérdida”.

Larrazábal ratifico que las medidas reiterativas que toma el gobierno que aumentan las estructuras de costos “sin materias primas ni insumos,cada día se produce menos y se aumentan los costos y el precio se mantiene congelado, el resultado final es que se deja de producir y empieza el desabastecimiento”.

Aseguró que la inflación continuará mientras se sigan tomando medidas que le suenen bien a la gente. “La solución no es por la vía de los controles, eso está demostrado en todos los países del mundo”.

Considera positivo el acuerdo alcanzado entre gobierno y Fedenaga. “El viernes se anuncio este acuerdo de ajustar el precio a Bs. 42 mil el kilo (de carne) y se dejan algunos cortes liberados, lo cual es una avance y habrá que ver cómo se comporta este en el tiempo”.

Gobierno solicitó a INTERPOL orden de captura para Ortega Díaz y Ferrer

Nicolás Maduro aprovechó ayer la conexión con diversas partes del mundo, en un intento por desmontar “la falsedad, la mentira” que se dice contra su gobierno, para hacer tres peticiones.

“Venezuela solicitará ante la Interpol un código rojo -orden de captura internacional- para la ex fiscal y Ferrer”, afirmó sobre la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que lo vincula con corrupción en el caso Odrebreth y de ser un dictador. Maduro cree que a Ortega Díaz le pasará como a Pedro Carmona y a Carlos Ortega: “¿Qué puede hacer contra nosotros? Quedará en el basural de la historia. Los traidores se secan. Ella me pidió perdón pero ya estaba quebrada moralmente.”

Al Papa le rogó: “Ayude al diálogo respetuoso, a la verdad. A impedir que Trump lance sus tropas e invada. Ayude contra la amenaza militar de Estados Unidos. No nos abandone, no permita que nos desaparezcan como pasó con 30.000 personas en Argentina. Soy víctima de (Mauricio) Macri y de su obsesión, de su prepotencia y agresividad e intervencionismo. Soy víctima de Michel Temer”.

Durante la rueda de prensa internacional trató de posicionar la tesis de que los estadounidenses invadirán el país y aplicarán sanciones. Por ello anunció: “Tengo preparado un conjunto de decisiones para defendernos del bloqueo comercial, petrolero y financiero que decretará Trump. La persecución financiera la enfrentaremos y venceremos. No le tengo miedo a eso”. Sin embargo, instó a Trump a mantener relaciones con su gobierno. “Presidente, usted y yo deberíamos hablar por teléfono”.

A pesar del cuestionamiento por su actitud dictatorial que hacen países del sur, aseguró que seguirá en el Mercosur y atacó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que pide la restitución de la Constitución. “Su único logro es la paz con las FARC gracias a ‘Madurito’ y al comandante infinito. Colombia es centro de conspiración militar y financiera, eso es lamentable. Mauricio Macri: si quieres la joya de la Orden del general San Martín, ven a quitársela al pueblo”.

Al tocar el tema del diálogo con la oposición, respondió que continúa en “secreto” y que la comisión de la verdad de la ANC hará sesiones públicas con sectores políticos, sociales y económicos con el apoyo de la Celac y de países del mundo. “Esa comisión establecerá sanciones a quienes promovieron la violencia. El ‘pichón de Hitler huele a calabozo”, manifestó. Maduro ha calificado al diputado de Voluntad Popular Freddy Guevara con ese mote.

Aunque los comicios están en la Constitución, dijo que ahora dependerán del Poder Electoral y la constituyente. “En 6, 7 u 8 semanas habrá elecciones de gobernadores. El CNE lo anunciará pronto. Habrá elecciones en 23 estados, como en 2004, 2008, 2012. Estaban retardadas y la ANC las adelantó. Las elecciones a gobernadores se realizan como un clavel cada 4 años”, expresó, sin mencionar que fueron suspendidas en 2016 por órdenes de Miraflores. Agregó que “la elección de alcaldes, en 335 municipios, dependerá del Poder Electoral y la constituyente que dirán la fecha. El próximo año, por esta fecha, estaremos en campaña presidencial que vamos a ganar. No nos dejaremos quitar el poder político por la oligarquía”. (El Nacional)

Ortega Díaz: Tarek William Saab posee seis expedientes por corrupción

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, denunció este miércoles en la cumbre de fiscales celebrada en la ciudad de Brasilia que Tarek William Saab posee seis expedientes por corrupción en Venezuela, relacionados con el desfalco de Pdvsa.

“Podrán haber destruido los expediente, pero las copias verificadas están en mi poder”, dijo Ortega Díaz.

La fiscal aseguró que el banco UBS, donde según su esposo habría abierto una cuenta en dólares en las Bahamas, no existe en dicho país.

Solicitó la ayuda de sus colegas fiscales para que tomen medidas sobre los casos de corrupción que hay en Venezuela.

En su intervención en la cumbre de fiscales del Mercosur, exigió al gobierno venezolano respetar la constitución y permitir la apertura de un canal humnaitario.

“El pueblo venezolano sigue sin alimento, si medicinas ni justicia. No es extraño ver en Venezuela personas comiendo de la basura”.

Agregó que colaborará con la comunidad internacional para combatir la delincuencia organizada.

Ortega agradeció a sus colegas y procuradores por permitirle participar en la reunión e hizo un llamado a los venezolanos para que continúen “luchando y no perder la esperanza. Vamos a salir victoriosos”. ( El Nacional)

Pdvsa destinará 132.000 barriles diarios al pago de deuda con Rosneft

La petrolera rusa Rosneft ha venido aprovechando las necesidades de recursos líquidos del gobierno de Nicolás Maduro para mejorar su posicionamiento y apostar agresivamente al incremento de su volumen de negocios en Venezuela. No conforme con participar en varias empresas mixtas con Pdvsa, la compañía rusa reforzó la alianza con el país al otorgar préstamos a cambio de envíos de petróleo a futuro.

En el más reciente informe de Carpe Diem Comunicaciones, el economista Leonardo Vera recordó que en abril de este año Rosneft aceptó otorgar un préstamo de 1,02 millardos de dólares a Pdvsa. Y el año pasado prestó 1,5 millardos de dólares, cuando la estatal puso 49,9% de las acciones de su filial en Estados Unidos, Citgo.

Además, según informó hace pocas semanas el asesor de la Presidencia de la empresa, Alexander Krastilevsky, Rosneft adelantó al gobierno nacional 6 millardos de dólares que están siendo pagados con intereses y a un plazo que vence a finales de 2019. Krastilevsky señaló que el repago (en envíos de petróleo y productos derivados) se ha venido haciendo sin contratiempos, acumulando hasta el momento 743 millones de dólares de principal y 489 millones de dólares por concepto de intereses.

Vera afirmó que en un escenario donde la deuda con Rosneft se acerque a los 5 millardos de dólares, Pdvsa deberá destinar, al precio del crudo actual, cerca de 132.000 barriles de petróleo diarios de aquí hasta el cierre de 2019 para cancelar esa deuda. “En consecuencia, el volumen de los barriles generadores de caja de Venezuela se ve afectado significativamente cuando esta deuda a corto plazo con Rosneft es tomada en cuenta”.

Otras vías. Vera aseguró que eventualmente Pdvsa pudiera apelar a otras fórmulas para pagarle a Rosneft o aumentar el financiamiento, bien sea cediendo aún más participaciones en proyectos petroleros, o cediendo parte de la comercialización de crudos al mercado internacional.

Reportes comerciales de Pdvsa indican que Rosneft ya está comercializando (o revendiendo) cerca de 225.000 barriles diarios de crudo venezolano en los mercados internacionales, lo que representa cerca de 14% de las exportaciones totales del país.

Vera aseguró que los volúmenes crecientes de crudo que Rosneft recibe para la comercialización, han puesto a la petrolera en posesión de numerosos acuerdos de oferta y la han convertido en un importante intermediario entre refinerías que antes compraban directamente a Venezuela.

“Por lo demás, para Pdvsa encontrar en empresas como Rosneft la posibilidad de ir desviando la comercialización de crudo hacia los mercados asiáticos es un asunto estratégico de vital importancia, dada la amenaza creciente de sanciones comerciales por parte del gobierno de los Estados Unidos”, dijo. (El Nacional)

Comisión de Economía afina control de precios

La Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) afina las estrategias para combatir los altos niveles de inflación de Venezuela, entre las que destaca la propuesta de un sistema funcional de control de precios, según aseguró el constituyente Gerson Hernández.

Hernández aclaró que existe una inflación inducida que conduce a la malversación de los precios. Para atacar este problema, la comisión ha considerado, tras reuniones y conversaciones con diversos sectores de la economía venezolana, que abordarán el dólar paralelo y evaluarán los mecanismos de control y supervisión de precios para que “estén más ajustados a la realidad, y no se conviertan en una escapatoria para los sectores empresariales que no cumplen con los reglamentos”.

Adicionalmente adelantó, como representante de la Cámara Bolivariana de Construcción, que desarrollan un programa de agricultura a nivel nacional llamado “Rebelión Productiva”. (El Mundo)

La célula preparaba explosivos para atentar en la Sagrada Familia de Barcelona

Los autores de los atentados de Cataluña de la pasada semana planeaban atentar contra la Sagrada Familia y otros monumentos e iglesias de Barcelona (noreste), informaron hoy fuentes jurídicas.

Estos datos fueron obtenidos de la declaración realizada a la Policía catalana por el presunto terrorista que resultó herido en la explosión de la casa de Alcanar (provincia de Tarragona), donde los yihadistas manipulaban los explosivos para los atentados. (Agencia EFE)

El primer vicepresidente de Consecomercio, Alfonso Riera, afirmó este viernes que en Venezuela han desaparecido más de 5oo mil empresas porque es el país con mayor complicaciones para ejercer la actividad empresarial, “solamente constituir una empresa te lleva mínimo 6 meses por todos los registros y procesos para activar la empresa” recalcó.

Es imposible para una empresa cumplir con el denominado “descontrol de los controles (…) están invertidos los valores porque la informalidad es mucho más sencilla y menos perseguida que la formalidad empresarial” destacó Riera en el programa A Tiempo de Unión Radio.

“En Venezuela ya no hay inventarios solo productos en los anaqueles porque la norma es totalmente confusa no determina cuando termina el inventario y cuando empieza el acaparamiento con una total discreción de la participación aunado a consecuencias que te pueden llevar a la cárcel” aseguró.

Riera remarcó la escasez productiva en Venezuela, “aquí no se importa porque no se dan divisas, el gobierno tiene monopolizado el control de las divisas, esto genera que el comerciante no tenga nada para vender”.

Por otra parte el vicepresidente criticó que el gobierno no publique los índices inflacionarios y “si no se incentiva el ingreso las consecuencias van a ser los cierres de las empresas” sentenció.