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Maduro: Hemos logrado contener la pandemia
Maduro explicó que los casos positivos de este lunes están relacionados con una empresa de seguridad que presta servicios de escoltas.

“La vida no será igual después de la pandemia, por mucho tiempo, hasta que se descubra la vacuna”, así lo dijo la noche de este lunes 13 de abril Nicolás Maduro, quien agregó:

“Hemos logrado contener la pandemia en un 95% en Venezuela”.

En un acto por el aniversario de la Milicia Bolivariana, Nicolás Maduro se refirió a los casos detectados este lunes de Covid-19. La mayoría de los casos son comunitarios, contagiados en el ambiente laboral y están siendo trasladados a clínicas privadas para su tratamiento médico.

Maduro explica que los casos positivos de este lunes están relacionados con una empresa de seguridad que presta servicios de escoltas. “Esta empresa de seguridad es un foco laboral peligroso, se le debe pasar prueba al presidente de esa empresa hasta el último obrero”, agregó el Mandatario.

Asimismo en este caso, el gobernante, exhortó a esta empresa de seguridad aportar los nombres de los gerentes que optaron por sus servicios pues esto es de interés para cortar la cadena de propagación del virus. “Es un caso de salud pública. Si es necesario que el Fiscal General –Tarek William Saab-, tome acciones para este caso; pero no se puede ocultar ningún nombre y ningún apellido”, acentuó.

“Si nosotros no cortamos lo focos como fuente de transmisión no vamos a poder pasar al próximo paso de control de la pandemia. Estamos de la contención a la ruptura de las cadenas de transmisión”, aseveró Maduro.

Puntualizó que los pasos para superar la pandemia son: la contención, el corte de la cadena de transmisión y control de la pandemia del Covid-19; para lograr así la normalización paulatina de la vida nacional.

“Venezuela ha logrado contener la pandemia un 95% y está avanzando en cortar la cadena de transmisión”, aseveró.

Maduro anunció, igualmente, que este miércoles 15 de abril se llevará a cabo una jornada nacional de limpieza y desinfección por parte de la misión “Venezuela Bella”.

Por último, felicitó al pueblo venezolano por su ejemplo de disciplina y conciencia nacional. “Quiero agradecer al pueblo de Venezuela el acatamiento de la cuarentena y debemos ir renovando la cuarentena todos los días en la familia, en la comunidad”, acotó.

TIZIANA POLESEL, PRIMERA vicepresidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) y Ricardo Cusanno, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) ratificaron su rechazo a los controles de precios que planea el gobierno debido a que generan más escasez. 

En entrevista a Román Lozinski en el circuito Éxitos de Unión Radio, Polesel destacó que la mayoría de los trabajadores se alegró porque Nicolás Maduro no anunció el pasado fin de semana el aumento del salario mínimo “porque saben lo que sucede cuando empiezan los aumentos y los controles de precios”.

Polesel advirtió que las perspectivas del sector comercial para el último trimestre de 2019 son  negativas. “Será un final de año complicado, muy complejo porque no hay confianza”.

Por su parte, Ricardo Cusanno, advirtió que se debe tomar en cuenta los factores económicos de la empresa privada y del mundo sindical. “Es inviable que no haya un poco de sensatez para entender que el país necesita un pacto de gobernabilidad”.

Insistió en que el país debe reinstitucionalizarse bajo el respeto de la Constitución para que se genere confianza y retorne la inversión. “No hay ningún tipo de voluntad política para solucionar la situación”.

 

*Con información de Unión Radio

EL CITIBANK TOMÓ CONTROL de oro venezolano, luego de que el Banco Central (BCV) del país no recomprara este mes el metal que garantizaba un préstamo, y ahora planea venderlo y depositar el excedente en una cuenta bancaria, según fuentes conocedoras de la operación.

Venezuela ha recurrido al oro de sus reservas para obtener efectivo, ya que viene sufriendo desde 2015 una caída sostenida de sus ingresos petroleros, su mayor fuente de divisas, en medio de una profunda crisis económica. Sin embargo, a partir de 2017 sólo ha podido recuperar parcialmente los lingotes en juego.

Bajo los términos de la operación acordada con Citibank en 2015, Venezuela debía pagar antes del 11 de marzo de 2019 1.100 millones de dólares del préstamo total de 1.600 millones para recuperar parte del oro en una recompra, dijeron cuatro fuentes, que pidieron el anonimato. El monto restante vence el año que viene.

 

Puede leer más del especial de Oro de RunRunes: Fuga del oro venezolano, la ruta de un saqueo oficial

 

Citibank tiene planeado vender el oro en garantía -equivalente a 1.358 millones de dólares- para cobrarse el primer tramo adeudado, y depositar unos 258 millones restantes en una cuenta en Nueva York, de acuerdo con dos de las fuentes.

La capacidad de pago del gobierno socialista de Nicolás Maduro se ha complicado no sólo por la situación económica, sino también por una serie de sanciones financieras de Estados Unidos y países de Europa que no lo reconocen como mandatario legítimo después de haber ganado su reelección en cuestionados comicios.

En la peor crisis política del país petrolero en décadas, el opositor Juan Guaidó, jefe del parlamento, fue proclamado en enero presidente interino invocando artículos de la Constitución tras acusar a Maduro de ilegitimidad. Estados Unidos y decenas de naciones lo reconocieron y piden a Maduro dejar el poder.

Como parte de los intentos de Guaidó y su entorno de tomar control de los activos de Venezuela en el exterior, pidieron en febrero a Citibank un periodo de gracia de 120 días antes de la fecha de la recompra. Pero tres de las fuentes, del entorno de Guaidó, dijeron que el banco no respondió al pedido.

“El acuerdo para esta recompra de oro ya se venció y el BCV no cumplió”, apuntó una de las fuentes consultadas.

 

Aquí puede leer cómo se llevan el oro de Venezuela: Más de 73 toneladas de oro de Venezuela salieron en 33 vuelos rumbo a Dubai y Turquía en 2018

 

Una cuarta fuente del gobierno venezolano familiarizada con la operación confirmó que el Banco Central no transfirió el dinero este mes para cumplir con el acuerdo con Citibank.

En un informe presentado al regulador estadounidense en febrero, Citibank había dicho que el acuerdo con Venezuela le dio “toda la propiedad y derechos legales sobre el oro por los 1.600 millones de dólares”.

El Banco Central no respondió de inmediato a una solicitud de información sobre este caso y Citibank declinó comentar.

 

¿Imposibilidad o estrategia?

En otro acuerdo similar con el Deutsche Bank, el Banco Central venezolano había pagado a fines del 2018 unos 700 millones de dólares en busca de recuperar los lingotes en garantía para unos préstamos.

El oro en respaldo para esa operación fue depositado en el Banco de Inglaterra. Aunque los lingotes volvieron a registrarse como reservas de Venezuela, quedaron detenidos en la entidad inglesa pese a los pedidos de la autoridad monetaria venezolana para repatriarlos.

Debido a esta experiencia, las fuentes creen que hay pocos incentivos para que el Banco Central venezolano recompre el oro al banco estadounidense.

Guaidó ya ha tomado control de un complejo refinador de la estatal PDVSA en Estados Unidos, Citgo, y busca congelar cuentas bancarias y barras de oro en el exterior propiedad de Venezuela.

Citgo, el principal activo de Venezuela en el exterior, sirve de garantía de un bono de PDVSA y de un préstamo de la petrolera rusa Rosneft.

Por eso los asesores de Guaidó estudian pagar en las próximas semanas 72 millones de dólares en intereses del bono PDVSA 2020 y así evitar un embargo sobre Citgo, dijeron las fuentes del entorno de Guaidó, sin aclarar de dónde provendría el dinero.

 

Abriendo el paraguas

Frente a la posibilidad que contemplan de que pueda ocurrir una transición política, el equipo de Guaidó ha tenido reuniones preliminares con asesores legales en Estados Unidos para un eventual proceso de reestructuración de la deuda externa y estar preparados ante cualquier acción hostil de los acreedores, según dos de las fuentes opositoras.

La intención es estar listo para negociar no sólo con tenedores de bonos venezolanos, sino también con gobiernos prestamistas como los de China y Rusia, y con empresas afectadas por la ola de nacionalizaciones bajo el chavismo.

Venezuela enfrenta incumplimientos de bonos por unos 60.000 millones de dólares desde el 2017. Pero además firmas como Conoco y Crystalex reclaman millonarias indemnizaciones tras la decisión del fallecido presidente Hugo Chávez, que antecedió a Maduro, de excluirlas de proyectos petroleros y mineros.

“Queremos abordar la deuda de manera integral. Calculamos que alcanza unos 200.000 millones de dólares”, apuntó una de las fuentes del entorno de Guaidó, a quien Maduro considera un títere de Estados Unidos, país al que acusa de querer sacarlo del poder para apoderarse de las riquezas petroleras.

 

El llamado Convenio Cambiario Número 1 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.405 del 7 de  septiembre de 2018 y emitido por el Banco Central de Venezuela que supuestamente iba a desregularizar el mercado cambiario y desmontar los controles y demás obstáculos para la libre convertibilidad del bolívar con otras monedas, lejos de lograr tal objetivo lo que hizo fue enredar, dificultar mucho más ese mercado pues le otorgó a un sinfín de organismos facultades de control y evidentemente de penalización de las operaciones regulares relacionadas con las divisas, veamos las entidades reguladoras y supervisoras :

Primero: El Banco Central de Venezuela  lo puede todo. Vender, comprar, suspender, anular, autorizar. Además es el ente centralizador con poderes extraordinarios.

Segundo: El Ministerio de Finanzas, o como dice la misma Gaceta Oficial, el ministerio del poder popular que exista en ese momento y que se encargue de las finanzas de la Nación.

Tercero: El recién creado Sistema de Mercado Cambiario que nadie sabe dónde queda, cuáles son sus funciones específicas, quién lo administra, en fin,  no se sabe nada, pero de que vuelan, vuelan.

Cuarto. La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario SUDEBAN.  Que tiene poder para hacerlo todo, seguro que lo hará, y seguro que lo hará muy mal.

Quinto: La Superintendencia Nacional de Valores SUNAVAL. Con muchísimas competencias.

Sexto. El SENIAT

Como verán amigos lectores el mercado cambiario está lejos de ser liberado considerando la existencia de   6 organismos vigilantes, reguladores, con capacidad para multar, clausurar e iniciar procedimientos administrativos y penales. Un mercado con 6 organismos reguladores será cualquier cosa menos uno de libre competencia.

Ahora vamos a examinar algunos de los artículos del Convenio Cambiario Número 1.

Toda la convertibilidad está centralizada en el Banco Central de Venezuela que mal podría  jugar ese papel en un mercado de cambio libre. Existen unas 2.500 oficinas y sucursales bancarias perfectamente equipadas como para diversificar y hacer màs competitivo el mercado cambiario. Si a ello le sumamos unas 500 posibles oficinas de casas de cambio que podrían operar, llegamos a 3.000 locales en todo el territorio.   La centralización en el BCV para nada contribuye a la eficiencia y transparencia del mercado. Por el contrario, estimula la selección adversa y la formación de precios especulativos. Algo aún peor, sigue el sistema de subastas de DICOM una contradicción brutal a la idea publicitada de eliminación del control de cambios.

En el DICOM hay unas 600.000 personas naturales inscritas y 40.000 personas jurídicas.  Si se liquidasen 500.000 dólares en una subasta, siendo totalmente “distributivos” a cada venezolano inscrito le correspondería menos de un billetico de 1 dólar.  Además el precio de Dicom se establece primero y luego se adjudica aparentando un equilibrio estable del cambio. Esa combinación entre el Banco Central de Venezuela y del Ministerio de Finanzas representan un teatro competitivo según el cual el dólar baja o sube en cada subasta en unos 10 o 20 céntimos.  El gobierno pretende mostrar que la tasa de cambio no presenta características de inestabilidad y que el dólar paralelo no existe. Por cierto la divisa yankee se cotiza a 100 soberanos o 10 millones fuertes en los mercados paralelos y en el DICOM a 60 soberanos o 6 millones fuertes. ¿Si usted tuviera un billete de 100 dólares, dónde lo vendería?

Siguiendo con nuestros comentarios; entre otras competencias el BCV decide que cantidad de divisas pueden venderse en el mercado venezolano o eufemísticamente en el Sistema de Mercado Cambiario.

Los exportadores están obligados  a declarar por ante el BCV el monto de sus negocios en el exterior y de las divisas recibidas. Nuevo elemento que oscurece la competitividad y debilita la actividad exportadora.  

Parece entenderse, aunque no está muy claro, que solo el BCV podrá publicar en su página WEB las cotizaciones, y de tal manera se consolidada o se perpetúa  la absurda prohibición de que otras páginas como @DolarToday, @TheAirTM, @DolarTrue, @BolìvarCùcuta y @BTC_Play entre otros, igual para la página màs usada en la actualidad, pues es un promedio de todas las anteriores @MonitorDolarVe; puedan cumplir con su rol de darle transparencia, eficiencia e información al mercado de divisas, a  los demandantes y a los oferentes para tomar decisiones en forma racional. Resulta mucho màs operativo y beneficioso para los agentes económicos que los precios de venta y compra de divisas por parte de bancos y casas de bolsa se publiquen en sus respectivas páginas electrónicas, es sus sitios Webs para que demandantes y oferentes puedan seleccionar los niveles de precios màs convenientes. Si el banco A ofrece para la venta el dólar a 700 bolívares del llamado soberano y el banco B lo cotiza en 650, desde luego que los agentes económicos comprarán el dólar a 650 lo que incentivaría el mercado hacia un precio de equilibrio entre oferta  y demanda.

Las personas naturales y jurídicas del sector privado están obligadas por ley a que sus operaciones de compra o venta de divisas se hagan a través del sistema regulado y administrado por el BCV.   Y paradójicamente, no sabemos exactamente qué quiso decir el gobierno con esta disposición; los participantes en compra y venta de divisas no podrán conocer las cotizaciones sino luego de realizada la operación de compra y venta.

Parece deducirse, no está claro, que oferentes y demandantes privados, al menudeo o al por mayor como dice la misma gaceta, no pueden transar directamente unos con otros en forma libre, competitiva y sin controles excesivos.

Reza la gaceta que bancos, seguros y empresas del mercado de valores no pueden hacer cotizaciones de demanda, es decir, no hay cambio libre, sigue vigente la vigilancia. Tienen que buscar autorización del Banco Central. El mismo sistema de control de cambios con otro nombre.

Dice la gaceta más adelante que el diferencial cambiario entre el precio de compra y de venta de divisas debe traspasarle el Sistema de Mercado Cambiario que como dijimos es un entelequia. Los bancos tienen otra limitante pues solo pueden intermediar operaciones hasta por 8.500 euros, nueva argumento para desmentir que se haya desmantelado el control de cambios. Los exportadores por su parte están obligados a venderle el 20% de las divisas obtenidas al Banco Central de Venezuela en condiciones y a precios que no surgen precisamente de los procesos de oferta y demanda. Por su parte los operadores cambiarios están obligados a venderle al mismo BCV el 75% de las divisas adquiridas de turistas internacionales, cercenando de esta manera la expansión  y recuperación de la industria turística, por cierto, esa disposición es nueva, hasta ahora no tenían obligación alguna, es decir, ahora hay más control y más restricciones.

No nos queda sino afirmar que no solo está inmutable  el control de cambios supuestamente derogado sino que hay más controles que antes.  En ese marco la oferta de divisas seguirá siendo deficitaria y los mercados paralelos  marcarán como ahora los precios competitivos. Finalmente podemos afirmar que no hay oferta de divisas suficiente para satisfacer la demanda.  Las importaciones de bienes y servicios fueron para los años 2018E, 2017, 2016, 2015

16.500, 16.328, 21.771, 45.074  millones de dólares, observándose una caída catastrófica.  Solo para cubrir el nivel de importaciones necesarias para el funcionamiento de la economía venezolana (alimentos, servicios, repuestos, maquinarias, medicinas etc.) hace falta una disponibilidad de unos 15.000 millones de dólares adicionales a la existencia real y efectiva solo para 2018 y esos fondos simplemente no existen ni el gobierno tiene forma de financiarse al tener todos los mercados cerrados.  El famoso préstamo chino de 5 mil millones de dólares no solo es insuficiente sino que está amarrado a inversiones petroleras controladas por los banqueros asiáticos. Un sistema cambiario donde no hay posibilidad de cubrir la demanda y además se encuentra híper regulado no es el mejor ejemplo de un mercado de libre competencia y de libertad cambiaria. Así que larga vida el sistema paralelo y el llamado dólar negro

Corolario: Quien sea el que haya redactado ese convenio cambiario no tenía ni idea de lo que significa desmontar el control de cambios.

 

@eduardo_semtei

La nueva clase, por Armando Martini Pietri

 

Así llamó Milovan Đilas o Djilas político, revolucionario, escritor yugoslavo, militante comunista, combatiente del movimiento partisano contra la invasión nazi-fascista, y líder del gobierno comunista de Yugoslavia tras la Segunda Guerra Mundial. En un estudio sobre la clase socio-económica de comunistas que iba surgiendo y consolidándose en los países controlados por el comunismo y el régimen soviético. Un análisis del sistema comunista en un libro de teoría política sobre el concepto de la nueva clase. Propuso que oficiales del partido-estado formaran una clase que “usa, disfruta y dispone de la propiedad nacionalizada”

En Venezuela ha surgido, y se consolida, una nueva clase. Sin considerar la parte moral, ética. Son casi todos más jóvenes, mucho más ricos, beneficiarios del poder y de veinte años de complicidad no sólo de la dirigencia chavista civil y militar, sino también nacional y de cierta oposición que, de una u otra manera, ha sido privilegiada y beneficiaria.

El principal inconveniente de esa nueva clase con elegantes oficinas, lujosos autos, confortables apartamentos y casas alrededor del mundo, es qué harán con su dinero no siempre bien habido. Además de lo estricto de las sanciones estadounidenses y europeas, que conforman una firme y eficiente estrategia que muerde feroz e implacable en todos los vericuetos financieros, complicándose la permanente caída económica de su propio Gobierno, torpe, incompetente y desconcertado, empieza a afectarlos. Sin contar los fondos congelados, y vigilancias impuestas a los bancos; ¿de qué sirve guardar millones en cuentas que no pueden ser movilizadas en el extranjero, y en los escondrijos locales se deprecian aceleradamente?

El dinero, y la riqueza actual en general, no son bienes pasivos. Son “activos”, es decir, inquietos, deben movilizarse, usarse. Los vehículos se desgastan y corroen, la angustia cansa, los modales se descuidan y los inmuebles cerrados se deterioran.

Estas líneas no están escritas con gusto, por el contrario, a mucho desagrado, pero con realismo y crudeza, la transición viene sin duda, pero no podrá ser de sólo venganza sino de acuerdos. Habrá castigos, ciertamente, pero también arreglos perversos. Tendrá y se hará justicia, pero no faltaran los pañuelos en la nariz. Ya la economía no es sólo una desgracia para las clases medias y trabajadores, también un enorme riesgo para los que disfrutan de prebendas e inmunidades que se van quedando sin países a los cuales viajar para contar y usar su fortuna, sin oportunidades para transformarlo. Quizás ya no para ellos, pero sí para sus hijos.

¿Dónde están ahora aquellos míticos capos narcotraficantes, mafiosos, ladrones, delincuentes? Muertos o escondidos, pero sus hijos no tienen cuentas pendientes -que se sepa- con la justicia y se han convertido, muchos de ellos, en apacibles empresarios e inversionistas. Que nos guste o no es otra cosa, pero más allá de justicia y venganza, castigo y ajuste de cuenta, está apareciendo y afianzándose una nueva clase mejor preparada -la mayoría, incluso provenientes de colegios y universidades privadas de alto nivel y por encima de toda sospecha-, tienen mucho dinero disponible y a disposición.

Fortuna que necesita el país, pero también el régimen del cual en buena parte ha salido, y que ninguno de los miembros de esa nueva clase está dispuesto a entregar -devolver- al tesoro público. Pero sí a inversiones, apruebe o no, le interese o no, lo comprenda o no el madurismo que, al mismo tiempo, sigue siendo incapaz de resolver nada, requiere y precisa que alguien ponga dinero en el desierto que él mismo ha creado y amplía cada vez que inventa una ocurrencia.

Pero esa nueva clase -igual que los empresarios y emprendedores que siguen quedando en el país- demandan ajustes importantes que el Gobierno tendrá que ingeniárselas para hacer. La nueva clase sí sabe qué hace falta y urge hacerse, cómo hay que manejar ese timón que en este momento gira alocado sin timonel.

Nuevas normas, nuevo control creciente de la seguridad ciudadana, diferente filosofía económica para un régimen que ni siquiera es ya capaz de cumplir promesas delirantes tras un cambio ilógico e irracional de su moneda, porque ahora los precios, salarios y prestaciones se miden en menos unidades pero cuestan mucho más, no hay quien corrija una navegación que entrompa las olas porque ni sabe ni se le ocurre subirlas y bajarlas en diagonal, no hay empresario opositor ni oficialista ni eficiente ni sinvergüenza que pueda poner ni un soberano en ese mar sin capitán ni tripulación.

La nueva clase está entre dos paredes demasiado altas. Sanciones y amenazas en el extranjero, y los errores del Gobierno. En otras latitudes quizás puedan llegar a ciertos acuerdos cooperantes que les permitan movilizar parte de sus dineros. En el país necesitan una economía que les permita poner a funcionar adecuadamente su patrimonio.

Por allí parece venir una transición, luce inevitable y se percibe que no será como políticos y analistas superficiales, adjetivadores de micrófonos y columnas periodísticas, anuncian. El detalle es que los venezolanos de hoy, la mayoría, no son los mismos ni interpretan igual que hace veinte años. Ya no tienen ni mastican ilusiones, ahora quieren y exigen realidades.

 

@ArmandoMartini 

Transparencia Venezuela: Erradicar la corrupción exige una reingeniería en el sistema de justicia, contraloría y policías

Mientras los países de América Latina trabajan hacia políticas de gobierno abierto y lucha anticorrupción, en Venezuela la corrupción está institucionalizada, el gobierno domina la estructura del sistema de justicia y anula todo tipo de fiscalización y sanción. Transparencia Venezuela arroja luces sobre las áreas de mayor riesgo en esta materia, a través del registro de los casos más sobresalientes en 2017, que evidencian que “la justicia venezolana requiere una  reingeniería gigantesca”, a juicio de Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de esta organización.

En la Asamblea Anual de Transparencia Venezuela 2018, en la que la organización presentó su rendición de cuentas,  Mercedes De Freitas, dio a conocer el Informe Corrupción 2017. Se trata de una selección de casos que refleja cómo funciona la opacidad, la impunidad, el control político sobre los poderes públicos que constitucionalmente deben  ser autónomos e independientes, para que puedan ejercer los contrapesos necesarios para lograr las sanciones de ley. Son irregularidades al más alto nivel  que impactan la cotidianidad de los venezolanos, deteriorando cada vez más su calidad de vida.

De Freitas explicó que los casos fueron seleccionados por “el alto perfil de las personas involucradas, por el impacto político y en la vida del país en general y por los montos que estaban relacionados”.

“El drama de este país es la corrupción. La crisis es la corrupción”, apuntó la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Manifestó que lo que ocurre va más allá de las irregularidades de mediana monta. Señaló que la revisión de estos casos, aunque no es una exploración exhaustiva, deja en evidencia que en Venezuela está instaurada la “gran corrupción”.

Al profundizar sobre este aspecto, señaló que nuestro país cumple con todos los elementos que definen a la gran corrupción: participación de funcionarios de gobierno de alto nivel, irregularidades que impactan a grandes sectores de la población (que no reciben beneficios sociales, no pueden acceder a buenos servicios o son víctimas de injusticia y represión),  redes de corrupción que traspasan las fronterasvinculadas con grupos que facilitan el blanqueo del dinero y legalización de bienes producto de la corrupción,  y la más absoluta impunidad a través  del control del sistema de justicia.

“Para atacar la corrupción no basta con decisiones locales, regionales, ni siquiera en el ámbito nacional. Para resolver estos casos haría falta un esfuerzo entre varios países. Un órgano que quiera luchar contra la corrupción en Venezuela debe tener relación con los países donde debe estar el dinero producto de la corrupción. Debería tener relación formal con las fiscalías de otros países, debería tener apoyo de los órganos de control de los espacios financieros donde se mueve el dinero”

De Freitas sostiene que para logar ese “task force”, es necesario “un trabajo de recomposición de los órganos de justicia y de control. Es decir, la justicia venezolana requiere una  reingeniería gigantesca para lograr autonomía, independencia, capacidades y recursos”.

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela  dice que es urgente pensar en un órgano antiimpunidad y anticorrupción en Venezuela e insiste en que debe existir una relación estrecha con las instituciones internacionales que fiscalizan los espacios donde se maneja el dinero.

Plantea que es necesario ser muy eficiente en el manejo del dinero público. “Nosotros necesitamos tener claridad de cómo es la distribución del gasto para ver si de verdad se está invirtiendo en lo que se requiere, para atender a los que más lo necesitan con efectividad, con eficiencia”.

“No puede ser que esté recibiendo CLAP gente que gana en dólares. No puede ser que esté recibiendo esa bolsa una gente que tenga un sueldo que puede comprar sus alimentos cuando hay gente que no recibe CLAP y se está muriendo de hambre”, acotó De Freitas.

Advirtió que la falta de pulcritud en la administración del dinero del Estado impacta en la economía del país. “Si esto no se aclara no vamos a poder negociar la deuda, inversiones,  préstamos, ni cooperación internacional”, sostiene, al tiempo que señala que hasta la posibilidad de recibir ayuda humanitaria está en juego, por la desconfianza que genera el alto gobierno a nivel internacional.

 

Advierten sobre endurecimiento de leyes de inmigración en EEUU

Una investigación realizada por CNN advierte sobre el endurecimiento de las leyes de inmigración sin la aprobación del Congreso. Según el portal de noticias cnnespanol.cnn.com, el gobierno de Donald Trump no necesita al Congreso para aprobar una ley o crear una regulación general para revisar el sistema de inmigración de Estados Unidos – “ya lo está haciendo a través de pequeñas medidas que conforman un cambio dramático”.

Mientras que el gobierno continúa presionando al Congreso para que le otorgue nuevas facultades más amplias, la semana pasada por sí sola ilustra cuán substancial es el cambio que se encuentra en marcha, con cada una de estas medidas independientes sumándose a un esfuerzo que podría tener efectos decisivos en cómo Estados Unidos recibe y evalúa a los inmigrantes.

Estas son algunas de las medidas que el gobierno ha tomado en el transcurso de una semana:

El secretario de Justicia Jeff Sessions reabrió sigilosamente un precedente en una corte de inmigración que él podría anular por sí solo, sobre si el gobierno necesita suspender el proceso de deportación hasta que un inmigrante termine de demandar legítimos reclamos para permanecer en Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió no extender los permisos de trabajo y protecciones para aproximadamente 840 liberianos que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante al menos 16 años, y en algunos casos durante décadas. Presidentes anteriores habían extendido los permisos por motivos humanitarios.

El Departamento de Comercio añadirá una pregunta sobre ciudadanía en el Censo de 2020, una medida que los críticos temen que pueda afectar el conteo en comunidades de inmigrantes y termine costándoles a diversos estados y localidades representación en el Congreso y recursos federales.

La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas anunció que no volvería a suspender la detención de inmigrantes embarazadas, allanando el camino para que más mujeres embarazadas permanezcan bajo custodia mientras esperan un proceso de deportación.

El Departamento de Estado hizo avances para requerir a todos los solicitantes de visa y residencia legal en Estados Unidos la presentación de un historial de cinco años de sus redes sociales, e mail y teléfono junto con sus solicitudes.

El Departamento de Seguridad Nacional adelantó una política que expandiría sustancialmente el tipo de programas de gobierno que podrían perjudicar una solicitud de permanencia en Estados Unidos – sesgando potencialmente el sistema de inmigración a favor de los inmigrantes de mayores ingresos.

El Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con la localidad de West Palm Beach sobre las políticas de ciudades santuario que aclara cuánto pueden cooperar los funcionarios locales con las autoridades federales de inmigración.

Trump está analizando si puede construir su prometido muro fronterizo -aun cuando el Congreso ha rechazado sus solicitudes de fondos para hacerlo- utilizando recursos del ejército.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía emitió un memorando que podría restringir las capacidades de los empleadores para asegurar visas para trabajadores extranjeros altamente calificados.

Y eso fue solo en una semana.

Cofavic: A 29 años del Caracazo La impunidad interesada tiene una función política

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La impunidad tiene una función política, la cual en el caso del Caracazo ha sido emblemática porque envía el mensaje de que los agresores nunca van a ser procesados, enjuiciados, castigados, ni en casos del pasado, ni del presente. Los presuntos responsables se mantienen protegidos por el Poder como un mecanismo que promueve el miedo colectivo, inmoviliza e impulsa la desesperanza, anula al otro y rompe el tejido social.

COFAVIC es la expresión genuina de la voz de las víctimas desde una perspectiva independiente. Nace a partir del encuentro de un grupo de mujeres que, unidas en el dolor, coincidieron en tribunales, en la morgue y en los hospitales y que al compartir sus historias se dieron cuenta que las mismas no eran únicas ni aisladas. Ya unidas y organizadas sumaron voces para buscar en colectivo, justicia y el establecimiento de la verdad de lo ocurrido. Estas son las mismas mujeres que han acompañado a las víctimas de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ocurridas en hechos ilustrativos como los de noviembre de 1992, los deslaves de Vargas de 1999 y las protestas de 2014 y 2017, entre otros. Esa lucha del Caracazo no pertenece sólo al pasado, sino que se ha mantenido en el presente y compromete seriamente nuestro futuro, si no cambian las razones de origen y la impunidad que ha prevalecido de manera interesada y sostenida. Ellas han dicho al país que hay una verdad distinta a la verdad oficial que se ha querido promover y matizar de acuerdo con quienes detenten el poder.

Luego de 29 años de la masacre del Caracazo nadie ha sido condenado por esos hechos de manera definitiva. Las víctimas no han tenido acceso al expediente porque se alega que no son parte del proceso, mecanismo utilizado para invisibilizarlas y confiscar sus historias, fortaleciendo así la verdad oficial que se ajusta a los intereses del Poder. Luego de 29 años del Caracazo, en la investigación más resaltada por el Estado, aun no se ha dado la apertura de juicio oral y público. Ocurren decenas de diferimientos en su mayoría por solicitudes de los imputados y solo se utiliza la existencia de este proceso para promoverla el día 27 de febrero de cada año con carácter proselitista. Trabas y obstáculos año tras año lo único que demuestran es que no hay voluntad política para esclarecer los hechos del Caracazo, como tampoco la hay para determinar responsabilidades en centenares de ejecuciones extrajudiciales y torturas que han ocurrido tiempo después.

Las causas estructurales y coyunturales que dieron origen al Caracazo, como la desatención de los gobernantes frente a las graves carencias del pueblo, la frustración, la rabia de la gente, el desabastecimiento y la pérdida de legitimidad de los partidos políticos, entre otras causas, lamentablemente no se han superado, ni siquiera permanecen igual, sino que están peor que hace 29 años.

El no acatamiento de las sentencias de la Corte Interamericana sobre el Caracazo, que entre otras cosas estableció que Venezuela debía adecuar sus planes operativos de control de orden público a los estándares internacionales y no usar las fuerzas militares para estas tareas, así como ofrecer justicia independiente y conclusiva en los casos de violaciones de los derechos humanos, está íntimamente ligado al deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. En la actualidad, no solo se ha desatendido esto, sino que se han profundizado patrones de violencia y de represión que han generado actualmente una grave crisis de derechos humanos como lo ha establecido la Oficina del Alto Comisionado, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

En el caso del Caracazo, después de 29 años, ni siquiera se ha cumplido con el mínimo gesto humanitario de entregar a los familiares de las víctimas los restos debidamente identificados para que cierren su proceso de duelo y retomen su proyecto de vida. Varias mujeres han fallecido en la espera de que el Estado concretara esta legítima petición y sin embargo aún no se han aplicado métodos confiables que permitan dar satisfacción a esta solicitud genuina de las víctimas, la cual es parte de la resolución de la histórica sentencia del Caracazo emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999 y en 2002.

Para todas las víctimas es fundamental el establecimiento de la verdad de lo ocurrido y la aplicación de justicia. Estos elementos son imprescindibles para la reconstrucción de la memoria histórica, para prevenir violaciones de derechos humanos y para evitar que se repitan los crímenes cometidos. La impunidad es el caldo de cultivo de un sistema autoritario que da sostenibilidad a formas, patrones y estructuras que le hacen permanecer y fortalecerse.

Luego del Caracazo, el país ha tenido la oportunidad de analizar en profundidad los hechos que dieron origen a esos graves acontecimientos y lo conducente era ampliar la exigibilidad y el reconocimiento de los derechos humanos, por ello no es aceptable, que hoy en día, 29 años después, la represión y las víctimas vayan en ascenso, al igual que la violencia.

La impunidad institucionalizada e interesada desde el Poder se mantiene frente a graves violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, masacres, las desapariciones forzadas de personas y las torturas.

El legado de los familiares del Caracazo lo resume la frase pronunciada por el padre Pedro Trigo s.j en una homilía durante un aniversario conmemorativo del 27 de febrero: “No dejemos que la violencia tenga la última palabra”. Las víctimas tienen el derecho y el deber, así como la sociedad en su conjunto, de no permitir que la violencia pronuncie la última palabra.  Para COFAVIC, la fuerza que desempeñan las víctimas debe ser desde un papel articulado, independiente, fuera de ideología política y de la polarización.  Desde el dolor y el afecto las víctimas deben promover la reconciliación, pero siempre pasando por la justicia y la verdad, los cuales son dos valores fundamentales que no pueden ser negociados, ni embargables y que son indispensables no sólo para las víctimas sino para toda la sociedad.

Como sociedad estamos obligados a tomar las lecciones del pasado para no repetirlo, por ello el Gobierno, las instituciones públicas, los sectores productivos, los partidos políticos, la sociedad civil, los medios de comunicación, entre otros, debemos actuar con responsabilidad y no contribuir con nuestras acciones u omisiones a la escalada de violencia política y a la profundización del deterioro de las condiciones mínimas para una vida digna que ya han causado estragos en nuestra población. A 29 años del Caracazo nuestras fuerzas de seguridad deben tener muy presente aquellos hechos donde sus actuaciones dejaron centenares de hogares rotos. Las instituciones quedaron impactadas negativamente por décadas en nuestra memoria colectiva. Por más difíciles que sean las circunstancias actuales, los derechos humanos no deben transarse.

Por todo lo anterior, exhortamos al Estado venezolano a:

  1. Investigar de manera independiente y conclusiva las gravísimas violaciones de los derechos humanos ocurridas en el Caracazo. En los casos del Caracazo ha prevalecido un grave esquema de impunidad, que irrefutablemente demuestra que luego de 29 años, no se ha establecido una sola condena en contra de los responsables, ni se sabe quiénes dispararon en Catia, El Valle, Petare o La Vega, entre otros sectores humildes, ni quién dio la orden de enterrar los cadáveres en fosas clandestinas y quiénes ejecutaron esa orden. Esas preguntas pareciera que no estuvieron ni están actualmente en la línea de investigación de las autoridades. Esa deuda de la justicia venezolana sigue pendiente por falta de voluntad política, para buscar una respuesta despolitizada que toque todos los intereses que sean necesarios y de satisfacción a la verdad.

 

  1. Identificar bajo métodos confiables e independientes los restos hallados en las fosas clandestinas de La Peste del Cementerio General del Sur y entregárselos a sus familiares. El proceso de exhumación e identificación de los restos de las víctimas del Caracazo que se encontraban en el sector La Peste, iniciado el 21 de septiembre de 2009, luego de más de nueve años, no ha logrado resultados que permitan identificar plenamente los restos hallados en las fosas clandestinas, ni mucho menos la entrega a los familiares de las víctimas. Siete años después de esta segunda exhumación, a pesar de las múltiples expectativas que se sembraron en las víctimas, los familiares del Caracazo carecen de información técnica y precisa de los resultados de este proceso de identificación y aún continúan sin poder participar directamente en el mismo.

 

  1. Adecuar sus mecanismos de control del orden público con los principales estándares de respeto y garantía de los derechos humanos. El Estado venezolano está en la obligación constitucional de armonizar sus planes operativos de control del orden público, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, respetando el debido proceso y las garantías judiciales de todas las personas. El Estado debe dar preeminencia al empleo de técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumpliendo la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.

 

  1. Publicar una lista oficial definitiva de personas asesinadas, desaparecidas y heridas, relativas a los sucesos del Caracazo, como parte del establecimiento de la verdad de lo ocurrido y de la ejecución de garantías de no repetición de estos hechos, el Estado está obligado a hacer públicos los nombres de las víctimas del Caracazo y no hay motivos para seguir ocultando esto.

 

  1. Instamos al Poder Ejecutivo a derogar la Resolución 008610 que autoriza inconstitucionalmente el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones públicas. Todas las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática. Tal y como lo establecen, los artículos 68 y 332 de nuestra Constitución.

 

  1. Tomar medidas de pacificación y de carácter humanitario para disminuir los niveles de polarización y de violencia política. Las instituciones con competencia en materia de derechos humanos deben actuar de manera independiente, sin prejuicios políticos o de otra índole

 

  1. Cesar la represión en contra de los estudiantes, líderes sociales, defensores de derechos humanos y factores políticos y realizar investigaciones de oficio, que sean totalmente independientes, imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas.