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colectivos del 23 de enero

La normalización de los colectivos: de la impunidad de Valentín Santana al Estado Mafioso
Durante los ejercicios militares del pasado 25 de febrero, el líder del colectivo La Piedrita –quien tiene tres órdenes de captura, dos de estas por homicidio – estrechó las manos de Érika Farías, Ernesto Villegas, Carolina Cestari y del general de división Fabio Zavarse, sin soltar su arma de fuego. El mensaje de los videos que muestran el momento, de acuerdo con expertos consultados, apuntan a la “lógica del terrorismo de Estado”, que busca sembrar miedo en quienes disienten, y dejan claro que el gobierno apoya la impunidad de los grupos armados

 

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NO USA PASAMONTAÑAS, TAMPOCO VA DE NEGRO, pero sí está armado como el resto del grupo. Valentín Santana lleva unas gafas oscuras que se le incrustan en los ojos y dos prendas rojas que le hacen ver la cara pálida: una boina y una chaqueta marcadas con el símbolo de La Piedrita, el colectivo que lidera en la parroquia 23 de Enero. Del hombro izquierdo, a la altura de la cintura, le cuelga el complemento de su indumentaria: un subfusil Uzi. Así se expone ante una cámara, rodeado de otros paramilitares que exhiben sus fusiles AR15, mientras promete fidelidad a Nicolás Maduro y asegura que siempre defenderá a Venezuela con las armas.

El video de Santana – quien desde hace más de una década tiene tres órdenes de captura emitidas por tribunales , dos de estas por homicidio – circuló el pasado domingo en medio de los Ejercicios de Acción Defensiva Multidimensional Independencia 2018 que se desplegaron en el 23 de Enero, donde hace vida La Piedrita, como una especie de ensayo para impedir una hipotética intervención extranjera. Los colectivos armados fueron parte de esta actividad: tomaron edificios, se subieron a las azoteas, dispararon al aire, izaron banderas. Las autoridades locales gubernamentales no solo lo supieron, sino que también le dieron su visto bueno a los hechos.

Un segundo video muestra este apoyo (minuto 1:02 del video de arriba). Santana grita “Chávez vive, la patria sigue”, con el puño el alto, y comienza el desfile de funcionarios. Allí se ve a la alcaldesa de Libertador, Érika Farías y a la jefa del Distrito Capital y ex ministra de la Suprema Felicidad, Carolina Cestari, desviarse de su recorrido por la zona para estrecharle la mano y besar la mejilla del líder paramilitar que porta un subfusil a la altura de la cintura. También se observa cómo el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral del Distrito Capital (Zodi), general de división Fabio Enrique Zavarse, se devuelven para saludarle y darle palmadas en el hombro a Santana, que apenas se mueve de su sitio. Los cuatro miembros del gobierno, escoltados por guardias nacionales, se detienen al pasar por el territorio de La Piedrita y uno de ellos, el militar Zavarse, hasta se permite una broma: “Por favor, le mandas el video a Julio Borges (ex presidente de la Asamblea Nacional) de mi parte”, le comenta al jefe del colectivo.

“Esa es la normalización de la actuación de estos grupos paramilitares con funcionarios del Estado”, sentenció Inti Rodríguez, coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de la ONG Provea, quien recordó que los colectivos ya han ejecutados labores propias de las fuerzas de seguridad del Estado: han reprimido protestas, han tomado partido en programas de seguridad ciudadana, como lo hicieron en las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), y han participado en operativos de cuerpos especiales como el que cometió la Masacre de El Junquito, donde mataron a Óscar Pérez y a 6 de sus aliados, junto a Heyker Vásquez, quien era líder del colectivo Tres Raíces y funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

Para Rodríguez, el mensaje de ambos videos se basa en la “lógica del terrorismo de Estado” que busca sembrar el miedo en quienes disienten. Relató que al día siguiente de los ejercicios militares, el lunes 26 de febrero en horas del mediodía, esos mismos colectivos hicieron una marcha hasta la sede de la asamblea nacional constituyente y asistieron encapuchados y con armas de fuego. “Ningún cuerpo de seguridad evitó que esto ocurriera”, reclamó.

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El uso de fusiles y subfusiles por parte de estos grupos paramilitares también llamaron la atención del experto. “Las armas sofisticadas que tienen no se le ven a los policías que están en la calle, sino a grupos especiales policiales o militares como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) o las FAES. Eso da cuenta del nivel de penetración que los colectivos tienen en las fuerzas de seguridad y cómo son parte de esa estructura”, enfatizó.

Rodríguez indicó que tal penetración refuerza la construcción del Estado militar y policial, en el cual los ciudadanos cumplen acciones propias de estas fuerzas, que van desde la delación y vigilancia hasta los ajusticiamientos. “Además, se refuerza la tesis del enemigo interno y externo y promueve estas figuras tan peligrosas como los son grupos civiles armados”, acotó.

El Estado mafioso

Hugo Chávez mencionó a Valentín Santana durante una alocución en 2009, justo antes del referéndum aprobatorio de la Enmienda Constitucional que permitió la reelección indefinida del presidente de la República. Pero lejos de hacer una intervención para alabarlo, el entonces jefe de Estado lo criticó duramente por haber amenazado de muerte a Marcel Granier, presidente de las Empresas 1BC, y advirtió que su lugar debía ser la cárcel.

“Él (Santana) dice ser jefe de un grupo llamado La Piedrita (…) y él dice algo mucho más grave: que si ellos consiguen a una persona, y le dan nombre y apellido (dice sin referirse a Granier), lo van a matar (…) Yo hoy llamé a la fiscal de la República para que tome las acciones. Esa persona debe ser detenida porque es un delito estar amenazando de muerte a nadie (sic.). El Estado actuará, ellos deben asumir sus consecuencias, actuaremos con todo el peso de la ley. Este es un criminal”, apuntó Chávez. Pero nada pasó.

Todavía hoy, el líder de La Piedrita sigue libre, pese a que desde 2007 tiene una orden de captura por porte ilícito de arma de fuego, uso de documento falso y homicidio intencional simple, emanada por el juzgado 45to del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en función de control. De acuerdo con una declaración pública de la otrora fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, en su expediente hay otras dos detenciones pendientes, dictadas en 2008 y 2009, por homicidio y lesiones personales.

Pero en esos años, según una nota del diario El Nacional, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no se le había ordenado su búsqueda. Sin embargo, en febrero de 2009, el entonces ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami, había asegurado que las fuerzas de seguridad del Estado estaban detrás del rastro de Santana desde enero de 2008, y no habían logrado dar con su paradero.

La impunidad de Santana es tal que en 2017 lanzó su candidatura a la asamblea nacional constituyente, aunque perdió. En medio de esa campaña, el 20 de julio, distribuyó un video para denunciar que el Cicpc perseguía a los colectivos del oeste de Caracas y los culpaba por la muerte de Xiomara Scott, la mujer que fue asesinada en la avenida Sucre de Catia por pistoleros que atacaron a quienes votaban en la consulta opositora del 15 de julio. Por esos días, vecinos de la zona indicaron que la reacción del líder se debía a que los uniformados habían ingresado a uno de los locales comerciales controlados por su grupo.

“Ya hay dos detenidos, uno es un colectivo de Los Frailes. Le allanaron el local a los compañeros del Frente Miliciano Sucre. ¡Qué eficientes son ellos cuando se trata de los pobres! (…) Ustedes osan a tocar el territorio de La Piedrita y lo más seguro es que me saquen muerto, pero yo no me les voy a arrodillar a ustedes”, advirtió.

Rodríguez sostuvo que, con el paso de los años, los colectivos se fortalecieron y, en la actualidad, no solo tienen armas. “Hoy controlan la venta de comida, que viene de los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), a precios super elevados, controlan territorios y ejercen labores de represión contra adversarios políticos”, insistió.

El director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, apuntó que las relaciones entre el gobierno y estos grupos de civiles armados se inscriben en uno de los conceptos que la organización ha utilizado para definir a quienes hoy están en el poder.

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“Nosotros hemos manejado la teoría del Estado mafioso, donde hay una cantidad de líderes dentro de la estructura gubernamental que están en conjunción con fuerzas delincuenciales (…) Parte del metamensaje del ‘Estado mafioso’ hacia afuera es que está apoyado por personas que no responden ante la ley, en este caso, los colectivos”, afirmó Cedeño, al interpretar el video de Santana al lado de Cestari, Farías, Villegas y Zavarse. “Son tratamientos diferenciados ante la ley que mandan un mensaje que dice que comulgan con esas fuerzas, que ellos tienen su apoyo y que por eso pueden actuar de manera impune”, siguió.

Cedeño distingue a los colectivos deportivos y culturales de grupos armados como La Piedrita, a los cuales identifica como megabandas criminales vinculadas al delito organizado.

“La diferencia con las megabandas está en que estos se autodefinen como colectivos y en las conexiones que tienen con el gobierno, sobre todo con una alcaldía como la de Libertador, que ha sido señalada de bajarles recursos (…)”, recalcó el director de Paz Activa.

El experto también recordó que, desde siempre, los lazos de los funcionarios del Ejecutivo con los colectivos han sido ambiguos. Incluso Hugo Chávez se zafó una vez de la relación con estos grupos en una entrevista concedida a CNN en Español en 2009.

“Yo he repetido que condeno cualquier forma de violencia. Hay un chantaje tremendo de algunos medios de comunicación que son propiedad de la burguesía. Hay un laboratorio que fabrica hechos de violencia y, cuando apenas terminan de ocurrir, de una vez señalan al gobierno”, aseveró cuando le preguntaron sobre los colectivos armados identificados con el oficialismo.

“Es un discurso velado, ambivalente, ambiguo. Ellos (el gobierno) no dicen que los apoyan”, señaló Cedeño, quien recordó que cuando el ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quiso enfrentarlos y recuperar la institucionalidad, lo destituyeron de su cargo. A ese funcionario se le señala de ser el responsable de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el  el edificio Manfreddy de Quinta Crespo, donde José Odreman, líder del 5 de Marzo, y otros cuatro miembros de colectivos del oeste de Caracas fueron asesinados por el Cicpc en octubre de 2014.

La más reciente declaración sobre la cercanía del gobierno y los colectivos la ofreció el pasado jueves, 1 de marzo, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, quien marcó distancia con estos grupos, pese a que participaron en los ejercicios militares del fin de semana.

«La fundamentación de la Revolución Bolivariana está en el pueblo, en la organización popular, en las comunas, en los colectivos para el arte, la música, la política, el deporte y la vida, NO en esas organizaciones que han malinterpretado el mensaje y se hacen llamar colectivos», dijo el el titular de Defensa. Cuatro días antes, sin embargo, Valentín Santana le estrechaba la mano a tres funcionarios del gobierno y al jefe del Zodi Capital, sin siquiera despojarse del subfusil que le cruzaba el torso.

 

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Colectivo Tres Raíces: Ha muerto el león más feroz del 23 de Enero
El vice presidente del colectivo Tres Raíces, Eudi Otaiza, aseguró a Runrun.es que Heyker Vásquez, líder de ese grupo armado, fue víctima de “una ráfaga traidora disparada por los terroristas”
El hombre que cayó durante la Masacre de El Junquito, donde murió Óscar Pérez, fue “invitado” a formar parte de las filas de las FAES desde que estas se crearon el año pasado en medio de las protestas antigobierno. Su “preparación militar” le permitió convertirse en uno de sus jefes
El hecho de que el gobierno haya difundido la imagen de Vásquez con otro nombre responde a una “medida de seguridad” adoptada por el colectivo y acatada por el Ejecutivo

 

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LA TARDE DEL 16 DE ENERO transcurría con tranquilidad en la parroquia 23 de Enero, al oeste de Caracas. Nada irregular se percibía cuando se subía desde la avenida Sucre, por “El Rincón del Taxista”, hasta la salida del Metro en Agua Salud. Tampoco había ruido por la Zona Central, e incluso la “Redoma del 37”, donde se ubica la sede principal del colectivo Tres Raíces, estaba desolada.  A pocos metros de allí, en los alrededores del Bloque 40 de la Zona F, el ambiente cambiaba de forma radical: en uno de los galpones comerciales que funciona como sitio de reuniones del mencionado colectivo había un funeral musicalizado con trova cubana. Los dolientes se veían desde la calle. Eran decenas y muchos de ellos, con sus vestimentas negras, exhibían terciadas sobre su cuerpo armas largas sin ningún pudor. En el estacionamiento, dos camionetas oscuras con las siglas de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales, una división de la Policía Nacional Bolivariana) habían trasladado hasta allí a no menos de 10 de sus funcionarios uniformados, quienes también estaban armados. Todavía no eran las 5:00 pm. Rodeados por esa atmósfera velaron durante 24 horas a Heyker Leobaldo Vásquez Ferrera, funcionario policial y líder del grupo paramilitar (colectivo) Tres Raíces, quien murió el día anterior cuando presuntamente se enfrentaba a Óscar Pérez – el ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que se había revelado contra el gobierno de Nicolás Maduro – y a los seis compañeros con los que este se escondía en un chalet de El Junquito. Cuando sacaron el féretro para llevarlo hasta el Cementerio del Este, los fusiles de sus dolientes dejaron de ser un accesorio: ahí sonaron las ráfagas de disparos en el aire para homenajearlo.

 

  “Ha caído el león más feroz que se ha conocido en el 23 de Enero”, dijo Eudi Otaiza, vice presidente ejecutivo de Tres Raíces, para describir a Vásquez Ferrara, el hombre al que considera todo un icono de lucha dentro de la parroquia. “Su ferocidad no se relacionaba con ser una persona mala, sino que él se caracterizaba por poner en jaque a los enemigos de la comunidad, a los enemigos mismos que fueron los que en un momento pudrieron la zona”, añadió.

Otaiza apuntó que la visión de Vásquez, desde niño, había sido siempre la de tener algún día la fuerza y la valentía de acabar con el narcotráfico de su vecindario. “Y lo logró”, aseguró.

Pero esa ferocidad también se traducía en el poder que detentaba. Vásquez Ferrara era el líder del grupo paramilitar que durante más de una década ha controlado a punta de armas las Zonas E y F del 23 de Enero, además de El Mirador, y que mantiene bajo su poder la distribución de los alimentos a través de la administración de al menos cuatro establecimientos de Mercal. Era precisamente en la Zona F donde, según un vecino del sector, se vendían en horas de la madrugada bultos de alimentos de primera necesidad a revendedores.

Los de Tres Raíces fueron los mismos que, en junio de 2016, encabezaron una manifestación frente la estación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Catia para exigir que liberaran a cinco de sus miembros que habían sido detenidos días antes por este cuerpo policial. Carl Johackson Salazar González, Manuel Augusto Espinoza Amaro, Antonio Rafael Rodríguez Ferrara, Daniel Alfredo Martínez López y Jorge Luis Vásquez Gil eran colectivos y presuntos implicados en el secuestro de un comerciante extranjero. Pero las acciones de esa protesta fueron mucho más allá. Al no haber logrado su cometido, Tres Raíces convocó a los otros colectivos de la parroquia y cerró todos los acceso de la zona, quemó cauchos y paró la actividad del transporte público, al tiempo que pidió la renuncia del entonces jefe de la PNB, Eduardo Serrano, y del jefe de la Estación Policial Sucre (Catia), Marino Ostos. Horas después, las calles fueron reabiertas, los miembros del grupo armado fueron liberados (porque, según la versión oficial, hubo inconsistencia en las actas policiales) y los funcionarios, destituidos. El colectivo Tres Raíces había ganado ese round a un grupo de la PNB.

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“Era tan respetado que las fuerzas policiales lo invitaron a ser parte de ellos y el compañero Heyker Vásquez se formó como policía. Era la persona que sabía de leyes, de tácticas militares, sabía lo que era un daño colateral. Nos explicó muchas cosas y nos guío en el camino”, reveló Otaiza, quien detalló que el líder de Tres Raíces llevaba varios años dentro de las filas de la PNB.

Pero Vásquez no trabajó activamente con los uniformados hasta que se entrenó con las FAES, el grupo que, de acuerdo con Otaiza, surgió por la necesidad de enfrentar los altos índices de inseguridad del país y de “retomar y devolver la paz (que se había instaurado) con las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)”.

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“En ese momento, el diseño (de la nueva división de la PNB), como lo dice en su ley las FAES, era buscar dentro de las fuerzas policiales la preparación y capacitación de sus mejores funcionarios para ir al curso de las Fuerzas de Acciones Especiales. Por supuesto que el compañero Heyker estaba súper capacitado para quedar en el curso y, a través de lo que es su grado de integralidad de conocimientos quedó liderizando el grupo”, contó el vicepresidente de Tres Raíces.

Ese grado de autoridad que ostentaba dentro de las FAES está relacionado con la identidad falsa que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, otorgó a Vásquez Ferrera durante la rueda de prensa en la que difundió quiénes habían sido los nueve caídos durante la operación que mató a Óscar Pérez. Ahí, aunque mostró su foto, lo nombró como el “supervisor jefe” Andriun Domingo Ugarte Ferrera, uno de los dos funcionarios muertos en el presunto enfrentamiento.

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El  cambio de identidad responde, según Otaiza, a una medida de seguridad. “Cuando el compañero Hansin (Dávila) cae, antes de dar la noticia, tuvimos que tomar muchas medidas de seguridad porque nosotros somos asediados por los cuerpos de seguridad. Cuando dicen que caen funcionarios, indicamos nombres y direcciones falsas para poder movilizar a los familiares y resguardar ciertos objetivos de interés de nuestra organización y para que los cuerpos apátridas que siempre nos han atacado tengan ese falso positivo”, apuntó Otaiza. “Todas esas cuestiones, al menos dentro de lo que es el tema militar de nuestra organización, son falsos señuelos que se hacen para nosotros poder seguir articulando dentro de nuestro radio de acción libre de ataques de cualquier enemigo ya reconocido”, recalcó.

La bala traidora

La primera vez que se escuchó el nombre de Heyker en medio de la operación contra Pérez y sus compañeros, fue cuando se viralizó una nota de voz supuestamente grabada por Freddy Bernal, el ministro de Agricultura Urbana, jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). “Hoy ha sido un día importante en la defensa de la revolución bolivariana y socialista. Un grupo de patriotas, como Heyker, han caído en combate como caen los revolucionarios de todos los días, los revolucionarios de siempre, los que son capaces, más allá del discurso, de arriesgar la vida por las ideas y, en este particular, por el legado del comandante Hugo Chávez y de nuestro pueblo”, decía el audio que Bernal habría enviado a sus aliados vía Whatsapp.

Aunque no hubo versión oficial de cómo Vásquez Ferrera murió, Otaiza sostuvo que el líder de Tres Raíces ingresó a la vivienda donde se guarecía Pérez y ahí recibió un balazo. “El compañero Heyker Vásquez cae víctima de una ráfaga cobarde, porque fue de espaldas, de uno de los terroristas que estaba dentro de la casa donde se escondían los allegados a Óscar Pérez y recibe un impacto en el pecho de un AK-47, un arma de guerra que le perfora el chaleco antibalas”, comentó el miembro del colectivo.

Otaiza se contradijo en su propio testimonio, pues afirmó que el ataque se produjo a espaldas de Vásquez Ferrera, pero la bala le llegó al tórax. Por eso, casi de inmediato aclaró que el tiro alcanzó al jefe del colectivo “en combate” cuando apenas se volteó. “El disparo es de frente. Ese es el orificio de una bala calibre .7 62. En la fotografía insana que sacó el Cicpc no voltean al compañero para que no se vea la magnitud de lo que estaba por su espalda”, agregó. Contrario a esta explicación, expertos han apuntado que la herida que se ve en la imagen fue provocada por la salida del proyectil y no por la entrada del mismo. 

La noche de este miércoles, 17 de enero, el diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, dio en su programa de televisión una nueva versión de cómo sucedieron los hechos. Según el parlamentario, fue José Alejandro Díaz Pimentel, uno de los compañeros de Óscar Pérez, quien pidió la presencia de Vásquez Ferrara (a quien Cabello le asigna el cargo de funcionario de inteligencia de la PNB) para negociar su entrega, ya que ambos se conocían porque vivían en el 23 de Enero. “Heyker fue a hablar dos veces con ellos para que se entregaran. Le pidieron cigarros, y Heyker les llevó cigarros, y le dijeron ‘dile a tu jefe que nos vamos a rendir’ (…) Iban entrando en dos vehículos hasta el sitio. Sorpresa. Cuando Heyker se bajó del carro, su mismo amigo Díaz Pimentel, lo mató (…) Y le lanzaron granadas a los vehículos en donde iba la gente que iba a detenerlos”, afirmó el diputado.

Lo que sí reveló Otaiza es que junto a Vásquez Ferrera ingresaron otros miembros de Tres Raíces. No precisó, sin embargo, si estos también pertenecían a las FAES. “Al lado estaban los lugartenientes de nosotros que, en un momento determinado, sacaron al compañero para poder prestarle primeros auxilios. Heyker sale caminando y dice ‘me dieron’. Lo que pasa es que lo lejano, complicado e intrincado de la zona boscosa donde hubo el enfrentamiento, complicó la llegada al centro asistencial”, relató el colectivo. Vásquez Ferrera tardó 45 minutos en arribar al Hospital Miguel Pérez Carreño, ubicado a unos 20 kilómetros de la zona en donde estaba el chalet de Pérez. Hasta allí llegó sin signos vitales.

Con esta historia, Otaiza salió al paso ante las dudas de que la muerte de Vásquez Ferrera hubiera sido como la de Juancho Montoya, el jefe del Secretariado General Revolucionario de Venezuela que cayó en medio de las protestas del 12 de febrero de 2014 por un balazo que le propinó uno de sus compañeros de colectivo, Hermes Barrera.

“La verdadera hipótesis aquí es que el compañero Heiker cayó víctima de una ráfaga traidora disparada por los terroristas. El señalamiento de la Fundación Tres Raíces es que no podemos dejarnos confundir y es un mensaje que se debe hacer público, es el mensaje que se le puede enviar a todos los enemigos, a los que nos adversan, o los que en este momento están celebrando o piensan que ha caído el líder y que la fundación Tres Raíces está vulnerable”, dijo Otaiza con un tono tajante.

Aseveró que con el colectivo no pasará lo mismo que sucedió con Montoya, cuando “todo el mundo se separó y se fracturó”. “La Fundación Tres Raíces viene de más de 15 años de formación político-ideológica. Aquí nosotros sabemos qué es lo que estamos defendiendo y qué estamos jugando y que si aquí, por momentos, cae la bandera en el piso, va a estar el que viene atrás para enarbolarla, enorgullecerla y demostrar que nosotros somos garantes de la explosión del poder popular en la zona y que jamás estaremos ni seremos el eslabón débil de la parroquia 23 de Enero”, insistió.

El historial

Aquella ferocidad a la que apeló Otaiza al hablar de Vásquez Ferrera hace pensar también en las solicitudes de captura por homicidio y extorsión que pesaban sobre el líder caído del grupo paramilitar. De acuerdo con la cuenta  en Twitter @DignidadMP, alimentada por fuentes del Ministerio Público leales a la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, el funcionario y colectivo tenía sobre sus hombros seis investigaciones en curso a raíz de delitos cometidos entre los años 2010 y 2013. No terminó tras las rejas porque las órdenes de detención nunca fueron ejecutadas los organismos de seguridad o porque estas fueron obstruidas por órdenes del Poder Judicial que no permitieron actuar a los jueces de control.

 

Los señalamientos contra Vásquez Ferrera no son negados por Otaiza, quien prefiere responder a ellos con una anécdota. Rememoró que un día acudió junto al líder del colectivo a la sede principal del Cicpc para reunirse con los directivos de ese cuerpo a fin de acordar su actuación en la parroquia. En medio del encuentro, se escuchó una transmisión por radio.

“Ellos decían que había 662 expedientes que acusaban de actos delictivos al compañero Heyker y él contestó que siempre iba a hablar y a denunciar. En ese preciso momento había caído abatido un escolta de Rafael Ramírez en el ‘Árbol de los Peluches’ (en 23 de Enero), y en la transmisión decían que aparentemente lo habia abatido Heyker Vásquez, cuando él estaba sentado ahí con ellos. Y entonces él dijo, ‘ahora ese también me lo pones en ese expediente’”.

Para Otaiza, los delitos por los que señalan a Vásquez Ferreira estaban relacionados simplemente con el lugar en donde ocurrían, justo en el área controlada por Tres Raíces: las Zonas E y F, y El Mirador.

“Si había una denuncia y decían que abatieron a dos personas frente al INCE, donde tiene radio de acción Tres Raíces, inmediatamente se abría un expediente con responsabilidad directa al compañero Heyker Vásquez. Y resulta que eran problemas de narcotráfico de los muchachos de El Plan que bajaban y mataban en el radio de acción de la Fundación. Nosotros no somos omnipotentes ni omnipresentes y ellos esperaban que nosotros no estuviéramos para cometer un acto delictivo”, aclaró.

Pese a los delitos, las acusaciones, las incongruencias, en Tres Raíces despidieron a su líder en Facebook con imágenes y palabras que recordaron su acción en el barrio.Así, rememoraron el Infocentro que fundó, su hacer en el Inces e incluso los cultivos que legó al colectivo y que fueron visitados por Lorena Freitez, la ex ministra de Agricultura Urbana que fue sustituida por Bernal, mientras estaba en el cargo. “Recuerda, compadre, que no te nos fuiste. Reposa en lo alto, león de Tres Raíces”, se lee en la publicación.

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Gobierno tolera negocios de paramilitares para no perder a sus pistoleros
La acción de los colectivos dejó de ser, desde hace años, la “defensa” armada de la revolución
Si bajo el mandato de Hugo Chávez pudieron obtener financiamientos para sus comunas, hoy Nicolás Maduro –en bancarrota– les permiten incluso que “bachaqueen”  alimentos y que sean parte de la “guerra económica” que tanto critica

 

@loremelendez | Especial para Provea

NO SOLO FUNCIONAN COMO GRUPOS DE CHOQUE. No solo controlan territorios e imponen su ley. El poderío de los paramilitares del chavismo, conocidos como “colectivos”, es tal que abarca desde las operaciones con las que amedrentan y asesinan a manifestantes que están en contra del gobierno de Nicolás Maduro, pasando por el manejo de la distribución y comercialización de la comida –mediante el manejo de los Mercal, las Bodegas de la Patria y, ahora, sus propios locales con productos a precios de “bachaqueros”–, hasta las transacciones que les permiten vender armas, largas y cortas, en las cárceles venezolanas.

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Habitantes de zonas como Catia y el 23 de Enero, informes, expertos y una revisión a sus negocios, confirman que se han convertido, con el paso del tiempo, en empresarios que se refugian bajo el velo de sus “fundaciones” para lucrarse. Si en el pasado, esta figura legal les permitió acceder a créditos otorgados por distintos ministerios, hoy le sirve como excusa para hacer justificar sus emprendimientos.

2014, el antecedente

Ocurrió la noche del 19 de febrero de 2014. En una alocución televisada, Nicolás Maduro condenaba la violencia de los últimos días. Las protestas contra su gobierno eran diarias y en distintos puntos del país los ciudadanos exigían su renuncia a la Presidencia de Venezuela. Con las manifestaciones había comenzado a engrosarse una lista de víctimas fatales conformada, en su mayoría, por jóvenes que disentían del chavismo. De los cinco homicidios que habían sucedido en una semana, en al menos 3 habían participado los grupos paramilitares conocidos como “colectivos”. En lugar de rechazar sus actuaciones, Maduro los defendió.

«Yo les doy garantías de que esos colectivos lo que están haciendo es trabajar, producir, organopónicos, cultura. Ellos debieron armarse en el pasado y se han organizado para proteger a su comunidad», justificó.

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Foto: El Carabobeño

Y seguían armados. Ese año, como ningún otro, demostraron que eran el brazo violento de la revolución bolivariana. En tres meses se registraron, de acuerdo con el informe “Relación de los casos de asesinatos y estatus de las causas reportadas al Foro Penal Venezolano (Enero 2016)”, 44 muertes asociadas a las protestas, de las cuales 7 fueron causadas por los colectivos. A manos de ellos cayeron Génesis Carmona, Wilmer Carballo, Daniel Tinoco, Jesús Enrique Acosta Matute, Guillermo Alfonso Sánchez Velásquez, Wilfredo Rey, Jesús Orlando Labrador. Aunque en el documento no se menciona, a Juan Montoya, quien era coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela (que unifica a colectivos de Caracas y Vargas), también lo mató uno de los paramilitares con los que andaba el 12 de febrero: Hermes Barrera, quien luego lo sucedió en su cargo.

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“Los colectivos paramilitares se han convertido en la principal respuesta que el gobierno tiene hacia los manifestantes venezolanos. Con el aval de las autoridades y con el manto de la impunidad a su favor, estos grupos criminales buscan sembrar terror para que los ciudadanos no exijan sus derechos”, advirtió en junio de 2015 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social a través del informe “Manifestantes en la mira de colectivos paramilitares”, un documento en el que también se reveló que estos grupos armados habían ejecutado –solo durante el primer trimestre de 2014– acciones violentas en al menos 437 protestas, lo que se tradujo en 31% del total de las que se registraron en ese momento. Las lesiones por arma de fuego en estos episodios fueron las más comunes.

En 2017 han seguido el mismo camino, pero ahora amparados por el Plan Zamora, que contempla que las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado estén acompañados de la comunidad organizada que, en este caso, son los paramilitares del chavismo. Esta es la razón de la impunidad ante cualquiera de sus actuaciones.

Paramilitares hasta en la sopa

Desde la plaza Pérez Bonalde, en el Bulevar de Catia en Caracas, se ve una cola extensa de más de 100 personas que resisten el sol del mediodía. Esperan que los atiendan en un comercio situado en la avenida Washington, a unos 30 metros de la calle Colombia.

–¿Disculpe, mija, qué están vendiendo? – le dice un hombre, que va con un niño de la mano, a una mujer que está en la formación.

–Tienen harina pan, arroz, azúcar…

–¿En cuánto la harina pan?

– En 10 mil.

El asombro transforma la cara del hombre que, segundos atrás, tenía un semblante apacible, despreocupado. Con los ojos aun abiertos, desorbitados, y una expresión de espanto, repregunta:

–¿10 mil una harina pan?… ¿Esos son los colectivos?

–Sí, los colectivos…

La conversación acaba allí. Pero a lo largo de la cola, la escena se repite con actores distintos justo frente a una pared que rechaza a los «bachaqueros». Hoy, los expendios de alimentos más surtidos de toda Catia tienen los mismos precios y los mismos dueños: los paramilitares del 23 de Enero que han tomado la zona para vigilar y amedrentar a sus habitantes y, ahora, ponerle tarifa al hambre de una comunidad que, como el país, está desabastecida. Hasta allí ha llegado su poder.

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Foto: Lorena Meléndez G.

No es la única forma en la que estos grupos irregulares, que fueron armados con la venia del gobierno del ex presidente Hugo Chávez, han participado en el negocio de la comida. Antes de que instalaran sus tiendas en al menos cuatro puntos distintos de Catia, los colectivos ya habían metido sus tentáculos en los Comités Locales de Alimentación y Producción, mediante la organización y control de los Mercal y las Bodegas de la Patria.

«Ellos no están dentro de los Clap, pero sí tienen los centros de distribución», confirmó un habitante de la zona que declaró en condición de anonimato. Señaló que el Mercal de Cristo Rey está controlado por el colectivo Radio 23, el de la Zona E está en poder de Tres Raíces, el del Bloque 13 es manejado por La Piedrita y Salvador Allende, mientras que el colectivo Montaraz se encarga del que está en las adyacencias del Cuartel 4F.

Un integrante de un colectivo del 23 de Enero confirmó que el grupo al que pertenecía se había apoderado del Mercal más cercano a su zona. «Lo tomamos porque antes aquí había demasiada cola y eso trajo muchos problemas. Además, había muchas irregularidades, se vendían cupos en las colas, desaparecían productos. Esto era un negocio que tenían varios consejos comunales y nosotros acabamos con eso», explicó. Meses después de aquella intervención, llegaron los CLAP. Al final, los del grupo armado permanecieron y siguieron controlando lo que allí se vendía.

Aunque el miembro del colectivo señaló que a los productos básicos sólo se les hacía una auditoría, un vecino afirmó que la mayoría de los colectivos hacía negocios con la mercancía. «Aquella vez que hubo la tranca en el 23 de Enero, los colectivos protestaban en realidad porque los de Tres Raíces estaban detenidos porque les habían descubierto comida», afirmó un residente de la zona. Otro comentó que ese mismo grupo vendía, en horas de la noche, bultos de productos básicos a los revendedores seis veces más de su valor real.

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Otro vecino afirmó que estos mismos grupos se encargaban de eliminar de la lista de beneficiarios de las bolsas de alimentos repartidas por los CLAP a quienes eran simpatizantes de la oposición. «Yo soy del consejo comunal, pero no me dejaron entrar al comité porque sabían que yo era opositor. Luego de que se recogieron las firmas para el revocatorio, los colectivos llegaron amenazando y diciendo que a quien no retirara su firma no le iban a dar su bolsa», recalcó.

Para el comisario Luis Godoy, ex jefe de la División contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el gobierno no actúa porque tiene una intención clara: sabe que si lo hace pierde el control social y político que ha tenido durante años en esos sectores populares en donde hoy mandan los paramilitares.

“El problema es que el Estado entregó el control del Estado a un tercero y lo perdió. Ya ese monstruo no lo pueden controlar”, apuntó.

“Pueden existir, y existen, grupos que se encargan de ayudar a sus comunidades, que están ligados a las misiones y al gobierno nacional, pero existen otros vándalos que el gobierno reconoce y no les pone coto. Son paramilitares, parapoliciales, se les suministraron armas, poder, amedrentan y meten miedo. Son bandas de delincuentes”, recalcó.

Emprendiendo a punta de pistola

“¿Qué tiene de malo ser revolucionario y vivir bien? ¿Qué tiene de malo ser revolucionario y tener una buena panadería, tener un buen local, una zapatería, un buen comercio, una buena farmacia, tener una estética en el edificio, en el barrio? Entendíamos muy bien qué quiso decir Chávez cuando dijo ‘Vivir viviendo’”, cuestionó Robert Longa, líder del colectivo “Alexis Vive”, en un video de su organización, dando una respuesta clara a quienes critican que su grupo maneje dentro de sus predios una panadería, una textilera, una empaquetadora de alimentos, un restaurante y hasta un sistema de televisión por suscripción que brinda servicio a más de 1000 usuarios, un pequeño consorcio que financia las actividades del colectivo en su territorio.

Pero esos son los negocios lícitos. En el centro comercial Ciempiés, totalmente bajo su control, “Alexis Vive” mantiene también un “banco” que ofrece avances de efectivo a partir de 200 mil bolívares, además de un casino con decenas de máquinas y cámaras de seguridad. La rentabilidad de las salas de juego también sedujo a “La Piedrita”, que tiene una en el Bloque 7 del 23 de Enero, y a los Tupamaros, que resguardan otra en Monte Piedad.

A los colectivos también se les ha señalado por comercializar armas con los reclusos. Una nota de Crónica Uno señaló que el arsenal, presuntamente obtenido a través de sus padrinos en el Ejecutivo, abarcaba desde pistolas hasta fusiles y granadas que pueden obtenerse con porte de armas o carnet de funcionarios, o a un precio más bajo si los seriales vienen “sucios”.

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La fuerza de los colectivos está en la ausencia del Estado
Nacieron como organizaciones de lucha social para resolver los problemas de inseguridad, falta de agua y alumbrado en sus comunidades, pero sus objetivos se diversificaron<
Ahora controlan territorios para imponer su autoridad, defienden parcelas políticas y actúan al margen de la ley: extorsionan, secuestran y cobran peaje

 

@nmatamoros

Especial para Provea

(Foto portada: Alexandra Blanco, El Nacional)

LOS MIEMBROS DEL FRENTE MILICIANO SUCRE, formado en 2008 por el militante del PSUV David Delgado, aseguran que son un colectivo de paz que solo quiere depurar de delincuentes al sector Casalta I de Catia, en Caracas. Sin embargo, sus acciones apuntan a otras direcciones, más bien políticas, económicas y de control social. Se instalaron en la zona para controlar el comercio, vigilar a los habitantes y evitar que estos vayan en contra del régimen que defienden.

La última muestra de ese dominio se pudo ver la mañana del 22 de mayo pasado, cuando atacaron a golpes y disparos la manifestación que los estudiantes del plantel La Presentación, de Propatria, habían organizado contra el gobierno. Ese día, el colectivo demostró que las lecciones de los movimientos que los han precedido en distintas zonas de Caracas habían sido aprendidas y puestas en marcha.

Cuando los jóvenes apenas comenzaban a concentrarse, cerca de las 10:30 am, más de 30 motorizados rodearon el centro educativo. Eran hombres y mujeres que vestían chemises y gorras de color negro con las siglas FMS. “Prepárense porque ya le vamos a apagar la candelita”, dijo uno de ellos. Lo siguiente fueron las persecuciones en contra de los protestantes, la destrucción de las pancartas que pedían el cese de la represión, las golpizas, las agresiones, los disparos al aire y el secuestro de dos alumnos a quienes trasladaron a la plaza de Propatria para teñirles el cabello de verde y pedir a sus familiares 300 mil bolívares a cambio de su vida.

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Ese día no hubo policías, ni guardias que intervinieran para liberar a los muchachos. Allí, los colectivos son la ley porque tienen el poder y la anuencia del gobierno para actuar a sus anchas. Según los vecinos, tienen fusiles y hasta uniformes de la Policía Nacional Bolivariana que usan para fraguar delitos como la extorsión que aplican a los comerciantes del sector, so pena de convertirlos en víctimas de secuestro o robos. Han quemado negocios a quienes se resisten a pagarles, montan alcabalas para revisar a los que entran y salen. Nada se les escapa.

El FMS forma parte de los cientos de colectivos que operan en Caracas. Hasta ahora no se ha determinado con precisión cuántos hay, pero una investigación hecha por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en el año 2015, arrojó que existen frentes y secretariados que congregan entre 70 y 100 organizaciones con una estructura bien concebida, como la de una junta de condominio o un consejo comunal con presidentes, vice presidentes y pequeños comités que distribuyen tareas.

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Afianzados en el oeste

Según los cálculos de la ONG, 79% de estos grupos se concentran en el oeste de Caracas, mientras que 21% restante se ubica en el resto del área metropolitana.

La génesis de estos grupos tuvo lugar en la parroquia 23 de Enero, sector que fue el asidero de los líderes de la lucha armada de los años 60 y 70 y donde se conformaron movimientos estudiantiles de izquierda contra las políticas de Rómulo Betancourt. En aquel entonces, defendían la igualdad social y operaban desde la clandestinidad. Sus incursiones dieron paso a la formación de grupos de protesta y de corte cultural, entre ellos La Voz del Mirador, cuyos integrantes tenían formación militar y fueron adiestrados en Cuba.  Sus miembros trabajaban de la mano de una agrupación llamada Las Panteras Negras, cuyo objetivo era formar jóvenes de espíritu revolucionario, a través del adoctrinamiento, bajo la mampara de la organización de actividades recreativas contra las drogas y la delincuencia.

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En esos mismo años, a finales de los 70, nació el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT), luego conocido como Movimiento Revolucionario Tupamaro, una organización de tendencia marxista-leninista –partido político desde 2004– comandada por José Pinto, a la que se relacionó con las protestas estudiantiles de la época y con acciones en contra de varias empresas. Los habitantes contaron que al colectivo lo conforman más de 100 miembros diseminados en Caracas y otras zonas del país. Adquirieron protagonismo durante en febrero de 1989, durante el Caracazo. “Ellos hicieron depuraciones de las bandas, pero a la vez acosaban a los comerciantes, los señalaban de burgueses. Mi compadre en el año de 1994, tuvo que marcharse para Barquisimeto. Los miembros de este grupo controlaban la mercancía que vendía, lo acosaban. No podía subirla de precio pese a la inflación, porque según ellos, atentaba contra los intereses del pueblo”, refirió una vecina.

El 26 de diciembre de 1985 nació el colectivo La Piedrita, comandado por Carlos Ramírez y Valentín Santana, quienes hacían utilizaban los trabajos de limpieza de calle y las campañas contra la inseguridad como excusa para que sus miembros se armaran. El vecino relató que desde su creación reclutaron a jóvenes desde los 15 años para adiestrarlos en el manejo de armas de fuego para defender proyectos y luchas sociales. Actualmente dominan el barrio homónimo en Monte Piedad, donde pintaron un mural que muestra a la Virgen de Coromoto y a Jesucristo empuñando un fusil, e incluso algunas zonas de Catia.  Todos los movimientos de los habitantes de ese sector son grabados con cámaras de seguridad. Nada se hace sin su autorización.

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Foto: Agencias

Bajo la figura de asociaciones civiles que autogestionaban recursos para la construcción de obras y promovían las actividades folclóricas, nacieron en 1993 las agrupaciones Carapaica y la Coordinadora Cultural Simón Bolívar. Sin embargo, en la era Chávez Frías, estas organizaciones se consolidaron no solo en el 23 de Enero, donde hay más de 60 grupos, sino también en otras parroquias de Caracas y algunas regiones del país. Sus miembros trabajan en función de la defensa de un proyecto político. Según Marcos Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, los proyectos y las luchas en función del bien común pasaron a un segundo plano. Sus funciones se centran en controlar y conquistar otros espacios (comunidades, escuelas, hospitales y comercios), bajo la intimidación. “Aunque todavía existen colectivos de corte social, sus acciones son una cortina de humo para que los que están armados operen a su albedrío”.

En Caracas, los grupos colectivos funcionan bajo la figura jurídica de fundaciones y asociaciones civiles que en el año 2000 arroparon a los Círculos Bolivarianos, que en esa época contaban con 2.3 millones de miembros activos. “Ellos constituyeron un solo frente y reciben financiamiento a través del Ministerio de las Comunas como organizaciones civiles de seguridad y defensa. A ellos también los dotan de armamento bélico”, expuso Ponce.

Cabida a ex funcionarios policiales
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A raíz de la eliminación de la Policía Metropolitana, luego de los acontecimientos del 11 de abril de 2002, varios funcionarios que tenían antecedentes fueron incorporándose a esas agrupaciones. Allí vieron una oportunidad para continuar con sus actividades ilícitas. “Hay colectivos como Tres Raíces (23 de Enero), el Frente Francisco de Miranda (Catia) y Alexis Vive (23 de Enero), que captaron a esos agentes y a otros egresados de megabandas para sus negocios turbios, imponer sus normas de convivencia dentro de las comunidades  y defender la frase que tanto cacareaba Chávez en sus discursos: la gestación de una revolución pacífica, pero armada”, indica el sociólogo Luis Cedeño, director del Observatorio Venezolano del Delito Organizado.

Hasta ahora el colectivo más poderoso en armamento es Tres Raíces. Cuenta con 180 miembros y se escuda detrás de una fundación que también tiene una textilera que da empleo a los habitantes de la Zona F del 23 de Enero. Tienen una estación de radio, donde solo se habla del fallecido ex presidente Hugo Chávez y de sus labores sociales. Poseen una lista de los beneficiados del Clap, vigilan la comunidad y manejan varios comercios. Controlan lo que venden, sus horarios, cobran vacuna y secuestran y, según algunos residentes, han asesinado a las bandas que han pretendido irrumpir en su zona. El año pasado, cinco de sus miembros fueron detenidos por Policaracas por haber participado en el plagio de un comerciante nigeriano y, en respuesta al arresto, sus miembros trancaron los accesos al 23 de Enero para exigir su liberación. Los responsables fueron puestos en libertad y el entonces director de Policaracas, Eduardo Serrano, fue destituido por atreverse a atacarlos.

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Según José Amado (nombre ficticio para proteger su identidad), dirigente vecinal de Catia, los miembros del Frente Francisco de Miranda –que superan las 70 personas con edades comprendidas entre 17 y 45 años– se reúnen hasta tres veces a la semana en su centro de operaciones, la sede del antigua economato militar de la avenida Sucre de Catia. Usan de fachada una empresa empaquetadora de alimentos, pero sus espacios son utilizados para prácticas militares, planificación fechorías y sala situacional. Quiénes se han atrevido a retarlos, no pueden pasar por esa sede. Están sentenciados.

 

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Foto: @colectivofms1

A Amado le prohibieron circular por esa zona, no solo porque está identificado con la oposición en la comunidad, sino también porque en 2003 lo golpearon y lo amenazaron con matarlo por criticar al gobierno. Cuenta que la mañana del 3 de mayo de ese año, salió a hacer un recorrido con un periodista para mostrarle 11 obras  que no habían sido concluidas por la Alcaldía de Libertador. Mientras le indicaba al reportero una pantalla atirantada que fue instalada a medias, escuchó unas detonaciones. Cuando volteó para saber la procedencia de los disparos, vio que fueron accionados por un miembro de ese colectivo. Este se le acercó y lo golpeó en la cara. “Quién te crees tú para hablar mal del gobierno. La próxima vez te detono, estás advertido”, le dijo, y luego se aproximó al reportero para amenazarlo: “si sale algo de esto en la prensa, voy por ti. Sé quién eres y dónde trabajas”.

Al igual que Amado, decenas de vecinos le temen al Frente Francisco de Miranda y a otras agrupaciones que han establecido alianzas con esa organización. Suman más de 17 que, a juicio de Amado, se creen dueñas de Catia. Entre ellas están el Frente Defensa Simón Bolívar, Frente Miliciano Sucre, Andrés Eloy Blanco, Emilio Vásquez, Waraira Repano, Sucre 4 y Patriota Vive. “Sus integrantes se dividen los territorios. Cada uno controla una zona. No admiten injerencia de otros grupos, son celosos”, comentó el dirigente.

Invasiones promueven asentamientos en el centro

En 2003 estos grupos amparados por el entonces alcalde Freddy Bernal, crearon células en el centro de Caracas. De acuerdo con el coordinador de la Asociación Civil, Frente Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, las invasiones registradas en varios edificios de la parroquia Candelaria atrajeron delincuentes. La mayoría de los ocupantes son personas con antecedentes penales que formaron colectivos y que, cubiertos bajo el manto de la impunidad, expropian terrenos, extorsionan comerciantes y cometen homicidios. De allí surgió Luchadores de Mi Patria y el Frente Socialista Los Precursores. Años más tarde, nació Escudo de la Revolución y el Frente 5 de Marzo que se ramificó hacia Cotiza, La Pastora, La Yaguara y Catia. Su eje de acción abarcó además los estados Zulia, Vargas y Miranda. Algunos de sus miembros son ex funcionarios de la extinta Policía Metropolitana.

El Frente 5 de Marzo demostró su poder en octubre de 2014, luego de que sus integrantes se enfrentaran contra detectives del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas durante un allanamiento en el Edificio Manfredir de la avenida Baralt. Ellos habían sido acusados por la policía científica de pertenecer a una banda de extorsionadores. Según los vecinos de Quinta Crespo, cobraban vacuna a los comerciantes. Durante el procedimiento murió José Odreman y el líder del Colectivo Escudo de la Revolución, Carmelo Chávez. Las relaciones entre estos grupos con los cuerpos de seguridad se tornaron tensas. Los líderes de estas organizaciones paramilitares exigieron la salida del entonces ministro para las Relaciones, Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. La exigencia fue acatada y, dos semanas después de lo ocurrido en Manfredir, Torres fue destituido. “Con ello quedó demostrado que el gobierno está a merced de estas agrupaciones. Ellos son la autoridad, son los que mandan. No hay fuerza de seguridad que los aplaque”, sentenció el sociólogo Luis Cedeño.

Luego de ese episodio las operaciones del Frente 5 de Marzo continuaron. Además del cobro de vacuna, también dominan el hospital Vargas. Un médico de esa institución cuenta que dos de sus miembros van tres veces a la semana a la sede del centro de salud con la excusa de supervisar las labores de vigilancia de los milicianos. “Van más allá, controlan los insumos y los medicamentos que llegan, sabotean las reuniones que se organizan los sindicatos para buscar mejoras y acosan al personal que no comulga con la revolución”, denunció.

En El Valle controlan obras

En la parroquia El Valle los vecinos afirmaron que en cada sector fue constituido un colectivo para enfrentar las bandas. Sus miembros han ampliado su espectro al control de las construcciones. Por ejemplo, un habitante de la zona reseñó que el grupo Nueva Era actúa como una especie de sindicato, decide a quiénes se van a entregar los contratos para las obras, quienes serán los miembros las cooperativas de mototaxi que prestan servicio en la zona, y cómo se distribuyen los Clap en la avenida Longaray.

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En el barrio El 70 y Zamora, así como en Cerro Grande de El Valle, también ejerce influencia el colectivo Divino Niño. Sus miembros suman más de 20 y se les han adjudicado varios homicidios. Ellos controlan hasta las panaderías. Relató una vecina que el pasado mes de abril del año en curso, mientras hacía la cola para comprar pan a las 7:30am y tres de sus miembros llegaron con chaquetas negras. Se bajaron de sus motos y exhibieron sus armas largas para asustar a los compradores. Uno de ellos dijo: “vamos a repartir solo 50 números y se venderán únicamente tres canillas por persona”. El resto de la producción fue distribuida entre ellos. Nadie se quejó, los fusiles censuraron a los vecinos que habían madrugado para comprar.  “Así pasa con todo, debemos quedarnos callados y aguantar los abusos”, refirió la mujer.

En el Este manejan la venta de comida

Aunque con menor fuerza, los colectivos han ido incursionando en el municipio Sucre, de forma conjunta con las UBCH. Por ejemplo, en La Urbina y El Marqués, el Colectivo Sombra ha ido ganando terreno desde el año 2016, cuando se agudizó el problema de abastecimiento. La mayoría de sus integrantes provienen de los sectores 5 y 24 de Julio de Petare. Según una habitante de La Urbina,  usan franelas y bolsos terciados y desde temprano toman los supermercados. Son los que ordenan las colas para la compra de comida, reparten los números y hasta hacen trabajos de orden público, cuando se forman motines porque alguno se colea. Cargan bolsos terciados, donde guardan sus pistolas y amenazan a quienes los enfrentan. Ellos son los primeros que tienen derecho a comprar para luego vender los productos básicos a precio de bachaquero en los barrios de Petare. Nadie los controla y los gerentes de los establecimientos no pueden hacer nada porque están armados.

Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, las actuaciones de estos grupos al margen de la ley fueron denunciadas en el año 2011 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no hubo pronunciamiento. Este año, a través de un comunicado, San Miguel instó al Ministerio Público a que se investiguen para desarticular su accionar delictivo. A finales de mayo, la fiscal Luisa Ortega Díaz, anunció que se mantienen abiertas 165 averiguaciones contra grupos civiles armados. Aún no ha habido imputaciones y, mientras, continúan sus operaciones sin freno.

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Colectivos dialogan con el gobierno y logran liberación de compañeros detenidos

Concentración en el 23 de Enero

Los colectivos de la parroquia 23 de Enero difundieron un comunicado a través del cual aseguraron que se reunieron con el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, con la intención de mostrar pruebas contra el director de operaciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), general Eduardo Serrano Díaz, a quien acusaron de haber detenido a miembros de los movimientos sociales.

Según el comunicado, en la reunión los colectivos también habrían solicitado la destitución de Serrano Díaz, al que califican «de derecha», y habrían ratificado su «irrestricto apoyo» al presidente Nicolás Maduro.

El texto fue emitido a las 8:55 pm del 6 de junio, una hora después de finalizada una protesta que mantuvo cerradas varias calles del 23 de Enero durante la tarde.