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El tercer informe de la misión de la ONU cita 9 trabajos de RunRun.es que describen las violaciones a los Derechos Humanos en el Arco Minero del Orinoco entre 2016 y 2022

De los 20 medios de comunicación privados venezolanos mencionados en el documento, la mitad de ellos fueron bloqueados de las operadoras de internet venezolanas por petición del Estado solo en 2021

Por tercera vez consecutiva, los medios de comunicación privados y las Organizaciones No Gubernamentales venezolanos tomaron un papel definitivo en el registro, documentación, verificación y difusión de casos relacionados a las violaciones de Derechos Humanos para alimentar las conclusiones de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, en las que se menciona a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a otros dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) de orquestar las torturas, ataques y masacres a civiles y disidentes políticos venezolanos desde el 2014. 

«Las investigaciones de la Misión muestran que los actos de violencia documentados no fueron realizados al azar por individuos desconectados, que actuaron solos dentro del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar). Por el contrario, el Sebin y la Dgcim fueron parte de una maquinaria diseñada y desplegada para ejecutar el plan del gobierno para reprimir la disidencia y cimentar su propio control del poder. Este plan fue orquestado al más alto nivel político, encabezado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades», declaró Martha Valiñas, presidenta de la Misión en la presentación del documento.

#ÚLTIMAHORA La ONU concluye que las torturas en la DGCIM y el SEBIN no son actos aislados, sino parte de una "maquinaria" y "un plan del gobierno para reprimir la disidencia", que fue "orquestado" por Nicolás Maduro https://t.co/WRC86gqzT7 pic.twitter.com/qKvPI4vbku

— Monitoreamos (@monitoreamos) September 20, 2022

En su tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, publicado el 20 de septiembre del 2022, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU actualizó su investigación sobre la violación sistemática de los Derechos Humanos en el país.

En este caso, destaca el rol del periodismo de rigor en la documentación en dos temáticas: las historias de las víctimas de los crímenes y torturas cometidos por autoridades y funcionarios del Estado venezolano y la acción de los grupos armados junto a la violación de los Derechos Humanos a las poblaciones indígenas como consecuencia del Arco Minero del Orinoco. 

«La Misión lamenta que, transcurridos tres años de su mandato, el Gobierno venezolano aún no haya permitido a sus miembros visitar el país», se lee, una vez más, en el informe. 

La ONU también denunció que no obtuvo ningún contacto con la administración pública venezolana, quien no respondió «a ninguna de las diez cartas que la Misión le envió entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022». 

Frente a la falta de cooperación del gobierno de Maduro, la ONU contrastó 246 entrevistas en este ciclo con reportes de medios de comunicación venezolanos y ONG nacionales y regionales. 

«Los medios  de comunicación independientes y las ONG, como referente de la generación de información de primera mano dentro de Venezuela, se convirtieron en un insumo vital para La Misión», aseveró Andrés Cañizález, periodista, académico y director de la ONG Medianálisis, dedicada a la defensa de la libertad de expresión.

«Con las limitaciones del caso, porque la repercusión sobre el informe es limitada para cierta parte de la población, ya que el periodismo independiente y la sociedad civil venezolana informa de estos casos a un sector anclado de la sociedad venezolana, la que se puede informar, la que puede conectarse a una red eléctrica y de internet medianamente estable», agregó. 

Una mina de violaciones a los Derechos Humanos

Entre los tres documentos que publicó la Misión de la ONU el 20 de septiembre se registran alrededor de 216 menciones a trabajos de medios de comunicación privados, de los cuales 24 nombran a Runrun.es. 

Los informes toman como referencia a 9 trabajos de investigación que realizó Runrun.es entre 2016 y 2022. La mayoría de ellos se enfocan en el registro de las violaciones a los Derechos Humanos y la corrupción estatal en el Arco Minero del Orinoco, un proyecto de intervención territorial de industrias extractivas en el sur de Venezuela auspiciado por el gobierno de Nicolás Maduro desde 2016. 

A través de distintos proyectos periodísticos, Runrun.es viene reportando casos de corrupción empresarial e invasiones de territorios indígenas desde el inicio del proyecto del Arco Minero. 

Junto a la plataforma Connectas, se documentó el contrabando de oro entre empresas estatales, extranjeras y grupos criminales armados. 

El intercambio ilegal de metales preciosos en el Arco Minero del Orinoco generó múltiples enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del estado y las guerrillas; mientras tanto, las poblaciones indígenas del norte del estado Bolívar se encontraban en el fuego cruzado. 

El informe relata que los cuerpos de seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) «provocaron enfrentamientos con “sindicatos” en las minas. (…) Los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad del estado y los grupos armados criminales continuaron en el marco de la operación Manos de Metal, que fue anunciada por Tareck El Aissami el 8 de junio de 2018. Según el anuncio oficial, esta operación estaba encaminada a “atacar las mafias de contrabando de extracción de metales” . Se emitieron órdenes de captura contra los cabecillas de distintos “sindicatos” y 28 presuntos líderes de alto perfil del tráfico ilegal de oro».

Runrun.es continuó la documentación de los enfrentamientos entre guardias nacionales venezolanos y las ejecuciones extrajudiciales en la zona. 

Masacres en la selva

Gracias a la recopilación de testimonios, se pudo constatar que desde el 2015 los asesinatos a los mineros en el estado Bolívar son una constante.

Investigaciones de Runrun.es confirman un mínimo de 11 personas ejecutadas de manera extrajudicial por su relación con las minas de la zona antes de la Masacre de Tumeremo, cuando asesinaron a un mínimo de 17 civiles en un enfrentamiento armado en marzo de 2016. 

Runrun.es relató las experiencias de los habitantes del municipio Sifontes del estado Bolívar. Algunos afirmaban que las ejecuciones eran un hecho recurrente. El tercer informe de la ONU constató, a través de entrevistas a testigos de las masacres y con antiguos funcionarios venezolanos, que todos esos hechos fueron desamparados por el Estado venezolano. 

Del mismo modo, en febrero 2018, la cobertura de Runrun.es sobre las ejecuciones en Cicapra, otro poblado del estado Bolívar, ayudó a contrastar a las entrevistas consultadas por la Misión de la ONU y a corroborar que el operativo no fue un enfrentamiento, sino una orden militar sin registros que mató 18 civiles. 

Registro de la resistencia

En el marco de esos enfrentamientos, también se documentó cómo los liderazgos indígenas de la región han tenido que encarar a las relaciones coercitivas con el Estado venezolano para mantener su integridad.

Los testimonios tanto de los medios de comunicación cómo los que recopiló la ONU establecen que el Estado mantiene una violación constante a la población indígena venezolana desde 2001, como mínimo. 

«La creación de cuerpos de seguridad indígena responde también a la falta de respuesta de las autoridades ante los abusos de poder y violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Los líderes y lideresas de las comunidades pemón presentaron frecuentemente denuncias ante diversas autoridades, tal como las comandancias militares de las REDI y ZODI y el ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Sin embargo, la mayoría de estas denuncias no recibieron respuesta», establece el informe. 

Dentro de las denuncias relatadas en la Misión de la ONU se encuentra el caso del asesinato a Zoraida Rodríguez, de 46 años, y el ataque a miembros de la Guardia Territorial Pemón de Santa Elena de Uairén por parte de fuerzas militares venezolanas el 22 de febrero de 2019. Ese día, el proyecto periodístico Monitor de Víctimas documentó que los cuerpos de seguridad impedían el paso de la ayuda humanitaria que concedió la Guardia Territorial Pemón en la frontera con Brasil. Los militares abrieron fuego contra los civiles. 

La Misión de la ONU informó que la reconstrucción de ataques militares a comunidades indígenas en la frontera entre Brasil y Venezuela se valió casi exclusivamente de las entrevistas recopiladas por el grupo de investigación y los reportes de la prensa independiente. 

«En las investigaciones llevadas a cabo por la Misión con respecto al caso ocurrido en Ikabarú (el 22 de noviembre de 2019), se dio seguimiento al incidente a través de un estudio comparado de fuentes abiertas de información», se lee en el punto número 357 del tercer informe de la ONU. «Al no poder entrar en territorio venezolano, y al haber ocurrido el caso en un área remota del territorio venezolano, la Misión se encontró con importantes retos para entrevistar a personas que hubieran vivido de primera mano el incidente violento que se refleja. Sin embargo, la Misión encontró múltiples fuentes abiertas de información que se referían a los hechos en la comunidad de Ikabarú como uno de los casos emblemáticos con delitos ocurridos en el marco de operaciones violentas para obtener control territorial en áreas mineras del municipio de Gran Sabana».

El registro de los testimonios de las víctimas por parte de la prensa venezolana, así como la descripción de los hechos, facilitó a la ONU a reconstruir el asesinato de 8 personas en la comunidad pemón de Ikabarú, ubicada en el estado Bolívar, y establecer las bases de una ejecución extrajudicial por parte del Estado venezolano con el objetivo de anexar el territorio al Arco Minero del Orinoco pese a no pertenecer al proyecto. 

De una zona industrial a una zona de torturas

El otro tema determinante en los tres documentos que conforman el tercer informe de la ONU es el registro sistemático de centros de tortura y represión por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). 

La Misión de la ONU pudo localizar 17 puntos de tortura en Caracas y Miranda, cuya sede principal se encuentra en Boleíta Norte (municipio Sucre, Miranda). Debido a las restricciones del Estado Venezolano de brindar información, la ONU reconstruyó una línea de tiempo de las actividades de la Dgcim para convertir un edificio comercial en una sede policial donde se ejecutan violaciones a los Derechos Humanos. 

Un reportaje de Runrun.es relata a través de distintos testimonios cómo los miembros de la Dgcim ocuparon en 2019 una zona industrial y residencial de la Gran Caracas sin el conocimiento de sus vecinos. 

Desde esa sede, la ONU pudo constatar que los presos políticos y civiles del Estado venezolano eran despachados a distintas «casas de seguridad» para ser torturados antes de regresar a Boleíta Norte y continuar sus procesos de detención arbitraria.

Frente a la censura 

De los 20 medios de comunicación privados venezolanos mencionados en el tercer informe de la ONU, 11 de ellos fueron bloqueados de las operadoras de internet venezolanas por petición del Estado solo en 2021, según el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) y la ONG VE Sin Filtro. 

De acuerdo con los datos de VE Sin Filtro, desde 2014 la censura en internet contra medios de comunicación ha crecido de manera exponencial.

«En Venezuela, los medios de comunicación independientes se han convertido en las referencias directas de las realidades a las cuales la Misión de determinación de Hechos no ha podido tener acceso debido a que no ha podido entrar al país», aseveró Marianela Balbi, directora ejecutiva del IPYS. «Desde el periodismo se está desmontando diariamente el discurso oficial, que el aparato de la propaganda gubernamental se empeña en poner en la opinión pública a través de los medios públicos, paraestatales y progubernamentales, y de la maquinaria de desinformación que activa para intoxicar el discurso público que se expresa en las redes sociales». 

«Por estas razones, periodistas y defensores de derechos se han convertido en el blanco de los ataques desde los servicios de seguridad y las instituciones públicas. Detrás de las graves denuncias del informe de la ONU está la acción sostenida, rigurosa y valiente de los medios independientes y las ONG en Venezuela», agregó. 

Andrés Cañizález afirmó que, debido a la reducción del ecosistema de medios en los últimos años, el impacto interno de la prensa independiente venezolana es reducido; pero, a largo plazo, los registros son un papel clave para la comunidad internacional y los procesos de justicia frente a las instituciones multilaterales.

«Mi percepción es que no tenemos una opinión pública como lo establecen las democracias modernas, donde se contrasta el pensar de la población a través de encuestas y se contrasta con la prensa nacional. Ese fenómeno está muy reducido en Venezuela», explicó Cañizalez. «Yo creo que, en el corto plazo, estos informes tienen un impacto limitado mientras el chavismo siga en el poder y se mantenga como está ahora, pues va a tener bastante control de la narrativa de lo que se habla en el país. Pero creo que en el mediano y en el largo plazo estos informes van a ser sustantivos vitales no solo en la discusión pública, sino en el restablecimiento de un sistema de justicia y de Estado de Derecho en Venezuela».

Tanto Andrés Cañizález como Marianela Balbi reflexionaron que la documentación de la violación a los Derechos Humanos en Venezuela son primordial para construir una memoria colectiva y para «rendir cuentas al gobierno» en un futuro.

El tercer informe de la ONU cita a 46 medios de comunicación privados nacionales e internacionales. Dentro de ese grupo también destacan las menciones a medios privados con injerencia nacional como El Correo del Caroní, Efecto Cocuyo, Crónica Uno, Tal Cual, El Pitazo y Armando.Info, entre otros. Todos esos medios han sufrido bloqueos en sus páginas web desde el 2017 hasta ahora. 

La Misión de la ONU también recopiló el trabajo de denuncia, análisis y documentación de las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Las ONG venezolanas que tuvieron una participación prominente en el informe fueron SOS Orinoco, el Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Provea y La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU), entre otras.   

«Ante la inacción de las autoridades y de las instituciones públicas, los medios son el primer testigo, el primer relator de esta historia reciente para que no se continúe imponiendo la sombra de la impunidad.  Pero claro, esto ocurre en una sociedad democrática y abierta, y esa no es la sociedad que tenemos en Venezuela», concluyó Balbi.

Los documentos del tercer informe de la ONU pueden descargarse al hacer clic en este texto resaltado.

 

La Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional (AN) manifestó este miércoles su rechazo la eliminación del canal CNN en Español de las operadoras de cable que operan en el país, medida que calificó de “arbitraria y antidemocrática” y que afecta “gravemente el derecho humano que tienen los venezolanos a estar informado».

Mediante un comunicado también cuestiona el apremio con el que actuó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). «Que haya cumplido esta instrucción con tanta celeridad, ya es una clara evidencia de la partidización de un órgano regulador que por naturaleza debe ser independiente», fustigó.

Señalaron que quienes integran el directorio de Conatel tienen una marcada «militancia partidista» y que su designación fue hecha «para silenciar las voces que denuncian en Venezuela y el mundo la gravedad de la crisis» que se vive en el país.

Advierte que la nueva medida «no puede ser vista como un simple hecho de censura, no es un hecho aislado», recordando que en el año 2014 fue eliminado el canal NTN24 de las parrillas de programación por suscripción, al igual que el de Rctv, canal «que salió del aire por orden presidencial en 2007».

Un directivo de Epalisticia relata cómo se concretó el traspaso, a un grupo inversor «extranjero», de la empresa editorial con más de 105 años de historia

 

@albertoyajure

JOSÉ LUIS BASANTA ES CONSEJERO DELEGADO de Epalisticia, la empresa que adquirió recientemente el diario venezolano El Universal. Nacido en Galicia, fue criado en la ciudad de Lugo. Es licenciado en derecho, aunque admite que jamás ha litigado un caso. Además, es gestor de inversiones extranjeras en España y ha coordinado operaciones financieras en México. Destaca por ser el representante de los intereses del grupo farmacéutico mexicano Landsteiner Scientific en una firma de investigación instalada en Sevilla. También es socio en la consultora Alter Capital, que opera en el mismo departamento en Madrid donde Epalisticia tiene su domicilio fiscal.

Su oficina es de estilo minimalista, contiene estrictamente lo esencial. Está coronada por un gran escritorio en madera rústica, hay en él algunos libros, equipos, dos esculturas asiáticas y una amplia ventana que va de pared a pared. Basanta no ocupa su sillón de trabajo. Responde, distendido, desde una silla para visitantes. Se excusa cuando va a encender un cigarrillo. No rechaza ninguna pregunta, aunque contesta solo lo que asegura que le está permitido. Lo que dice parece tan relevante como lo que calla.

-¿Cómo explica que una empresa inmobiliaria como Epalisticia, constituida hace un año con un capital de 3.500 euros haya comprado un diario con más de 105 años de historia por varios millones de euros?

Nos ha sorprendido mucho el sesgo en algunas informaciones. Por ejemplo, el tema del capital social. Epalisticia es una expiry, un vehículo especial de inversión. Es un nombre técnico. Dicho de otra forma: Son sociedades que se constituyen para realizar determinadas operaciones. Lo cual no necesariamente constituye que sea ilegal, que sea opaco. Es muy frecuente. Y hay múltiples razones para ello. En unos casos se debe a que una empresa diversifica sus actividades y no quiere que se contaminen unas con otras. Incluso para evitar riesgos: si algo sale mal, se evita que se contaminen otras líneas de negocio. En ocasiones se emplean para establecer sociedades en países con un régimen jurídico específico. En este caso, Epalisticia se constituye como una sociedad limitada, por lo tanto se constituyó con un capital mínimo.

-¿Por qué desde España?

Porque es uno de los pocos países europeos que tiene un tratado bilateral vigente de protección de inversiones. ¿Quiere decir esto que no se hayan expropiado compañías españolas en Venezuela? Sí, y conozco historias verdaderamente sangrantes. Pero ese mecanismo también te permite reclamar. Y en la mayoría de los casos cuando se trata de conglomerados de cierta importancia, han logrado reclamar. Y uno de los ejemplos es el Grupo Santander. Esto responde a este principio: ‘vamos a protegernos’.

-¿Con qué propósito se compra El Universal?

El Universal es una gran marca, de atributos. Y eso se ha construido en 105 años de historia. Ha tenido una política de objetividad. Habrá quien no esté de acuerdo con su línea editorial, habrá quien no. Por lo que yo he podido ver es que ha mantenido una postura objetiva y critica con gobiernos de derecha y de izquierda. Supongo que eso lleva a mantener a sus lectores vinculados e interesados en sus contenidos. Los inversores decidieron apostar por medios en diversos puntos de Latinoamérica. Cuando vinieron a verme, ya ellos traían la oferta de El Universal.

-¿Quiénes vinieron a verle?

Los inversores.

-¿Y quiénes son los inversores?

No puedo decirlo. Hay unas cláusulas de confidencialidad. Y yo estoy obligado a cumplirlas. Lo que sí puedo decir, taxativamente, es que no soy accionista, no tengo participación, ni he comprado ningún periódico. Ni yo, ni mis socios. Ni Eduardo, ni José Antonio. Somos tres profesionales a quienes se nos ha contratado para hacer una gestión técnica, sobre todo económica y de empresa. Ninguno de nosotros es gente del periodismo. Yo no conozco una redacción.

-¿Los inversores llegaron con la propuesta de la compra?

Si, a ellos ya les habían presentado la posibilidad de comprar El Universal.

-¿La familia Mata?

Entiendo que sí.

-¿De dónde vinieron los compradores?

Son internacionales. De varios países.

-¿De cuántos países?

Eso no lo puedo revelar.

-¿Sabía Usted que la legislación venezolana prohíbe extranjeros tener participación en medios de comunicación?

Yo vi un informe sobre el particular. Entendemos parte del revuelo por la compra. La experiencia que hay en Venezuela en este sentido no es nada buena, por Globovisión y la Cadena Capriles. Pero aquí a lo mejor estamos pagando todos justos por pecadores. Este grupo de señores se ha reunido para hacer esta primera inversión. Pero se están negociando más operaciones, no solo en Venezuela.

-¿Hay al menos un venezolano en ese grupo?

Pues creo que sí. Debe haber alguno. Ahí sí me pillas porque las nacionalidades exactas de los pasaportes no las sé con exactitud.

-¿De cuánto dinero fue la operación?

Eso no lo puedo decir, porque está sometido a cláusulas de confidencialidad suscritas entre las partes. Lo que sí te puedo decir es que no fueron 90 millones de euros, ni 140 millones de dólares. Ni tan siquiera la mitad. Es que no sé de dónde salió esa cifra. No fue ni la mitad de 40 millones de euros.

-¿Valía tan poco el diario?

Pues sí, valía muy poco. El periódico perdía dinero, mucho dinero. Perdió dinero por varios años. Me han preguntado si es por causa del acoso. Ahí se puede teorizar todo lo que se quiera. El problema del papel no ha ayudado, es una espada de Damocles que tenemos encima, un tema que nos va a dar más guerra y estamos conscientes de ello. El otro es la situación económica del país, el deterioro. Un medio depende de la publicidad, y los anunciantes se han retirado. La reducción de cuerpos del periódico tampoco ha ayudado. Este es un problema que padecen El Nacional, El Universal y estoy seguro que otros medios. Ahora, si me preguntan si lo han padecido otros medios con línea editorial cercana al Gobierno, pues eso no lo sé.

-¿Lo saben los inversores?

Ellos saben que tienen un problema con el papel. Lo entienden. No sabría decir si es un problema de todos los medios o si son únicamente los que mantienen posición crítica frente el Gobierno.

-¿Usted se ha reunido con los ejecutivos del diario?

Sí, con algunos de ellos.

-¿Ha estado con el director, Elides Rojas?

No, con Elides no me he reunido. Pero sí he sostenido conversaciones con ejecutivos del área de finanzas, de operaciones y del área comercial. Es a lo que me dedico, a la revisión y evaluación económica de las empresas. Me ha tocado hacer mucho análisis numérico, de información que me han ido facilitando. Es para lo que me llamaron, para valorar la marca.

-¿Estas reuniones tomaron lugar aquí en Madrid o en Caracas?

Hubo una allí, en Caracas.

-¿Cuántas veces ha estado usted en Venezuela?

Una sola vez.

-¿Y cuál es la situación del diario?

Bueno, habrá gente que diga que una marca vale lo que vende, hay otros que te dicen que su valor está en las potencialidades. Yo creo que en este caso el valor está en ese punto medio. No es solo lo que vende, sino lo que se puede sacar de ello. El caso de El Universal es que pierde dinero, tiene una situación financiera complicada, lo cual implica no solo el desembolso de la compra, sino que habrá que inyectar dinero.

-Y en este marco ¿dónde están las potencialidades?

El Universal tiene una ventaja sobre otros medios. Y no quiero que esto se tome como un comentario clasista, pero puede preciarse de tener entre sus lectores a los sectores de la población más formados e ilustrados del país. No hablo de dinero y clases sociales, hablo de formación académica. Fue el primer diario en Venezuela que tuvo su edición en Internet. Fue el primero en lanzar una aplicación para descarga de contenidos en dispositivos móviles. Claramente la apuesta es al mundo digital. Que es de donde provienen —y esto sí lo puedo decir—varios de los accionistas. Es de lo que más conocen.

-¿Los compradores tienen experiencia en medios?

Sí.

-¿Digitales?

Sí. Sobre todo en digitales. Tienen experiencia en nuevas tecnologías y de la información.

-¿Cuándo se firmó la operación?

Hace meses. Como en toda operación de este tipo, hubo varias fases. Se susccriben preacuerdos, hay una verificación de toda la información, luego la ampliación de los datos. Al final la realidad de lo que se compra —y quien diga lo contrario miente— se conoce solo cuando te haces con el control de la compañía.

-¿La transacción se firmó en Madrid o en Caracas?

Se firmó aquí, en Madrid. Hace unas cuantas semanas.

-¿Cuánto tiempo pasó desde que los accionistas llegaron con la oferta hasta que se firmó la venta?

Meses tal vez.

-¿Llegaron con la oferta a principios de año?

Sí.

-¿Epalisticia se creó para comprar este medio?

Sí.

-Entonces la información no concuerda. Es decir, si los accionistas acudieron a usted a principios de año, ¿cómo explica que se haya creado Epalisticia para ese fin si se constituyó el año pasado?

Es muy sencillo. Son sociedades que existen, que están vacías, sin actividad, y las compras.

-¿Una empresa vacía?

Es una manera de decirlo. Esto es muy frecuente. Es una empresa que ya estaba constituida, no tiene nada de extraño. Están en muchos sitios y esto agiliza mucho los trámites. Se compra la sociedad y ya está. Quizá genere más suspicacia —a mí me da qué pensar— cuando te encuentras con una empresa constituida hace más de 10 años, que está muerta de la risa durante todo ese tiempo, y de repente aparece por allí en la vida. Pero cuando es una empresa creada, digamos, el año pasado, son generalmente firmas que sirven como vehículos especiales. Sale más rápido, todo está en regla y pim-pum-pam. En las negociaciones estuvieron los abogados de las partes. Intervinieron muchos profesionales en las distintas fases, coordinando. Algunas veces hay caos. Te aseguro que los últimos días fueron de infarto porque siempre falta algo. Y aquí participaron los abogados de las partes, que por supuesto, tampoco puedo decir quiénes son.

-¿Quiénes están detrás de Tecnobreaks Inc?

Tecnobreacks Inc son los accionistas, es el poll de inversores. Lo ratifico, sin que quede ninguna duda, yo no tengo ni la más mínima participación en Tecnobreaks Inc. Así como tampoco la tienen Eduardo [López de la Osa], ni José Antonio [de la Torre]. Es que yo he estado en Galicia el fin de semana pasado y me ha llamado algún amigo preguntando: ‘¿te habéis comprado un periódico?’. Y he tenido que responder: ‘No, ha sido para unos clientes’. Otro cliente incluso me llamó riéndose y me ha preguntado: ‘¿Dónde tenías los 90 palitos?’. Yo no tengo 90 millones. No me va mal en la vida, no lo voy a negar, pero no tengo esa cantidad dinero.

-Todavía inquieta que una empresa sin nada detrás, como Tecnobreaks Inc, haya comprado un diario tan importante en Venezuela como El Universal.

Yo supongo que cuando llegue el momento ellos [los compradores] decidirán si se dan a conocer. Le digo: El proyecto es más amplio. Estamos en la búsqueda de otro tipo de inversiones. Y no solo en Venezuela.

-¿Cómo conoció a los ejecutivos de Epalisticia, es decir, a José Antonio de la Torre y a Eduardo López de la Osa?

A José Antonio lo conocí porque en la última empresa en la que trabajé hicimos alguna desinversión en México para invertir aquí en España. Allí lo conocí. Hacemos cosas en conjunto. José Antonio siempre se ha movido bien en la zona de Andalucía y siempre nos presenta oportunidades. Eduardo y yo somos amigos de hace muchos años. Es la primera vez que los tres hacemos algo en conjunto.

-¿Cómo llegan los inversores a usted?

Yo creo que a mí llegaron por equivocación.

-¿Por qué lo dice?

Porque mi especialidad es México.

-¿Cómo responde a quienes ven esto como una operación con poca transparencia? Que no se sepa quiénes son los compradores o nuevos dueños de un diario centenario como El Universal.

Y yo pregunto: ¿cabría la posibilidad de que a lo mejor estos inversores quieran mantener el anonimato para protegerse? Esta es una teoría que nadie ha explorado. No digo que lo sea, pero es una cuestión que valdría la pena preguntarse. Yo tengo experiencia en México y usted no sabe la cantidad de empresas que cambian allí de manos y no se entera nadie. El motivo es muy sencillo: por seguridad. El hecho de que se venda una compañía implica que hay caja, y si hay caja, te conviertes en un objetivo. No le estoy diciendo que este sea el caso, pero puede haber represalias políticas, económicas, o incluso por la inseguridad. Pueden ser muchas cosas. No necesariamente la opacidad, en el sentido de quien está detrás, indica que haya ilegalidad.

-¿La decisión de colocar en la presidencia a Jesús Abreu Anselmi fue de los compradores?

Sí. Fue de los inversores después de solicitar una serie de perfiles, los cuales se encargaron a una firma internacional. Se pidieron candidatos. Se necesitaba a alguien que se hiciera cargo de esto,  gente de confianza, con algunos requisitos, que tuviesen ciertos atributos. Me podrán creer o no, pero una de las cualidades que más se pidió, encarecidamente, fue la independencia. Y hay quien piense: ‘sí, pero le vinculan a…’. Bueno, es que en la prensa venezolana a todo el mundo lo vinculan a alguien. [Abreu] Nos pareció una persona interesante a todos. Obviamente que nos preguntaron nuestra opinión, porque estamos allí para asesorar. Querían saber qué pensábamos de él, por su experiencia en Estados Unidos, como académico durante muchos años en una universidad. En muchos sentidos nos pareció la persona adecuada. El tiempo nos dirá si hemos acertado o no.

-¿Ha conversado con él?

Sí, claro. La verdad creo que hay sintonía porque los dos somos muy técnicos, conocemos el área financiera. Él mismo lo dijo: ‘vengo a poner a esta empresa en beneficios, a hacerla funcionar. No vengo a elegir la línea editorial’.

-Que usted sabe que le preocupa a mucha gente… el tema de la línea editorial.

Obviamente. Y es lógico.

-¿Qué papel tiene la otra empresa, Gallaecia, en la junta directiva de Epalisticia?

Esa empresa es mía. Simplemente es la empresa a través de la cual facturo y presto servicio. Es solo mía, no tengo socios allí. Tengo algún personal, pero es una empresa pequeñita de asesoramiento. Tengo un barco también, que es bastante conocido en el circuito de regatas.

-¿Con qué capital se pagó la transacción?

El capital es extranjero. Lo que quiere decir que está debidamente declarado ante las autoridades españolas.

-¿Y no han visto problema con la legislación que, le repito, prohíbe a extranjeros tener participación accionaria en medios de comunicación?

Eso es un tema de abogados. Yo le he dado dos lecturas. Una cerrada y otra más abierta. La primera dice que no puede haber extranjeros en el accionariado y la otra dice que no puede existir una concentración de medios. Como le digo, es un tema para los abogados. Pero es que El Universal ya tenía accionistas extranjeros. Esto está en registros públicos. Son datos que se pueden verificar.

-¿Por qué la familia Mata querría deshacerse del medio?

Esta es solo una opinión, no lo sé con certeza. Perder dinero no le hace gracia a nadie. Más cuando es continuado. Yo he atendido a muchas empresas familiares, y en mi experiencia, me he encontrado muchas veces con gente que decide tirar la toalla. En México me ha pasado. Incluso con negocios que van bien. Llega un momento en el que te dicen ‘lo cogí de mis padres, ya he hecho bastante. Prefiero coger el dinero y dedicarme a invertirlo en otras cosas que me den menos guerra’. Toda actividad que no es financiera, pura y dura, implica que hay que estar allí. Supongo que conoce el refrán español de ‘el que tiene tienda que la atienda, si no que la venda’. Esto les cansa. Repito, no puedo asegurar que este sea el caso [de la familia Mata].

-¿Conoce usted a los inversores?

Por supuesto. Jamás se negocia una operación sin conocer a los inversores y sin tener claro el origen del dinero. Esas son las reglas en esta casa. Es casi religión. No es que aquí llega cualquiera por la puerta y te hace un planteamiento. Igual como tengo la responsabilidad de guardar la identidad de los accionistas, por cláusulas de confidencialidad, la ley también me impone que yo debo hacer mis averiguaciones y mi verificación del dinero que voy a coger.

-¿Hay alguna vinculación familiar entre los compradores?

Creo que sí. Creo que hay un cuñado ahí.

-¿Por qué se decide entonces comprar un diario que está en esas condiciones?

A ver, el diario valía poco por la situación financiera. Pero es una gran marca. Ahora hay que hacer lo que hay que hacer. Y hay que inyectarle dinero. Esos planes estratégicos requieren inversión. Es una inversión en tu propio medio. Se ha comprado a buen precio, a un precio razonable. Y a partir de allí hay que intentar que crezca.

-¿El Universal va a conservar su línea editorial y a todos los columnistas?

Sí. A todos. Internos y externos. Los directivos están ratificados en sus cargos. Es que usted compra un refresco y lo cambia  y ya no es el mismo producto. Tocar a Nelson Bocaranda o a Luis Vicente León es tocar la esencia de la marca. ¿Cree usted que nuestros lectores seguirían siendo fieles? Hay otros más, pero estos dos son los que más he seguido. Además, hay un compromiso público. Elides [Rojas] se reunió con Jesús Abreu y le planteó algunos puntos, entre los que estaban el mantenimiento de la línea editorial, de la libertad de opinión, y otras cosas.

-¿Le inquieta a los compradores la situación del país?

Hay que pensar que —por parte de estos inversores— también hay una apuesta por un cambio. Se compró en baja para que luego la cosa vaya en alta. Venezuela tiene todas las condiciones para ser un país económicamente boyante. ¿Cuánto puede tardar esto? No lo sabemos. ¿Cómo puede producirse este cambio? Esperemos que pacíficamente. Se está apostando por el futuro del país. En nuestros columnistas hay gente que cree en esto. Y hay para todos los gustos. Algunos lo ven de una manera, otros lo ven de otra. A mí me parece particularmente brillante uno de los columnistas, que es Nelson Bocaranda. No le conozco, pero me parece brillante.

-¿Abreu sabe quiénes son los compradores?

Sí, lo sabe.

-¿El director, Elides Rojas, sabe quiénes son los compradores?

No. Bueno, vamos a ver. La empresa no se lo ha dicho. Al menos no a través de mí.