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Censura en Venezuela

Inventario sobre la censura en Venezuela en dos décadas de chavismo
El libro “20 años de censura en Venezuela (1999-2018)” escrito por el periodista e investigador Andrés Cañizález fue presentado el 26 de noviembre en la Feria del Libro de la Universidad Católica Andrés Bello

El historiador Tomás Straka lo definió como una suerte de “inventario” que ayuda a hacer un balance “de cómo han sido las cosas en Venezuela”. De esa forma presentó el libro “20 años de censura en Venezuela (1999-2018)”, escrito por el periodista e investigador universitario Andrés Cañizález.

Straka y Cañizález estuvieron este 26 de noviembre en la Feria del Libro de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, en el lanzamiento del libro editado por Alfa.

“Leer el libro es abrumador. Para quienes hemos seguido de cerca este proceso político hemos estado en una suerte de vorágine de acontecimientos en estos 20 años. Han sido tantas cosas que a veces eso nos impide recordar cada uno de los principales acontecimientos. Los arboles no nos permiten ver el bosque”, sostuvo Straka al resaltar aspectos del libro.

El texto recoge casos emblemáticos de censura en Venezuela a lo largo de las dos primeras décadas del chavismo, a partir del 2 de febrero de 1999 cuando Hugo Chávez asumió la presidencia por primera vez. La tesis del autor es que la censura es intrínseca al chavismo, tal como sucede con cualquier régimen que intente perpetuarse en el poder.

“Este libro que es una especie de gran crónica de la censura en Venezuela bajo el chavismo, nos permite tener un claro y documentado panorama del problema”, recalcó Straka.

Cañizález, por su parte, resaltó su interés en dejar documentada la historia reciente de Venezuela y sensibilizar a la sociedad. “La censura no es un problema sólo de periodistas o editores, la sociedad, que deja de saber o de acceder a información, es la gran perdedora”, aseveró.

El libro incluye una “cronología mínima” de la censura en Venezuela que se inicia el mismo 2 de febrero de 1999, ya que ese día Chávez de forma inédita ofreció una serie de cadenas nacionales de radio y televisión, que en su conjunto superaron las 8 horas de transmisión. La cronología de ese período concluye el 28 de enero de 2019 cuando dejó de transmitirse, por presiones oficiales, el emblemático programa radial de César Miguel Rondón.

El libro está a la venta por la red mundial de las tiendas Amazon: https://www.amazon.com/a%C3%B1os-censura-Venezuela-1999-2018-Spanish/dp/8412077369

Administración de Guaidó crea aplicación para combatir la censura y fake news

EL CENTRO DE COMUNICACIÓN NACIONAL estrenó una aplicación para combatir la censura y los fake news en Venezuela, la cual estará disponible dentro y fuera del país.

Esta aplicación es totalmente gratuita y permite a los ciudadanos acceder a las noticias e informaciones que difunde los funcionarios del gobierno interino de Juan Guaidó.

De acuerdo con el CCN, la aplicación del CNN está disponible en los sistemas Android e iOS.

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Vale recordar que el Centro de Comunicación Nacional surgió en abril de este año, con el objetivo de que haga frente a la “política de hegemonía” del régimen de Nicolás Maduro.

*Con información del Centro de Comunicación Nacional

Liberan a periodista Mario Peláez después de imputarlo por

 

EL PERIODISTA MARIO PELÁEZ, QUIEN SE ENCONTRABA DETENIDO desde el pasado 27 de febrero, fue liberado este domingo con régimen de presentación cada ocho días, luego de ser imputado por “instigación al orden público”.

La información fue suministrada por el Sindicato Nacional de Periodistas (SNTP) en su cuenta de Twitter, por donde había denunciado su detención y responsabilizaba al Gobierno por su integridad y la de sus acompañantes quienes fueron despojados de sus teléfonos celulares y fueron entregados al Sebin.
Junto al comunicador social fueron arrestados Juan Bautista Mata, Nilson Torres y Victor Cirios, cuando volvían de Colombia donde Peláez cubrió el fallido ingreso de ayuda humanitaria del pasado 23 de febrero. A estos ciudadanos les dictaron la misma medida sustitutiva.
El SNTP también denunció que después de 72 horas detenido “fue presentado en un tribunal con competencia en delitos económicos” y la jueza había declinado la causa, siendo llevado después a “un tribunal contra el terrorismo”, ante la misma jueza de la causa del diputado Juan Requesens.
“No hay nada en las actas que comprometa o vincule al periodista Mario Peláez con actos de terrorismo. Que sepa el mundo que Nicolás Maduro ensaya una nueva forma de acoso y silenciamiento contra la prensa”, escribió el SNTP en la referida red social antes de que fuera dictada la sentencia.

Periodista de Margarita detenido en la frontera colombiana aparece en El Helicoide

 

 

EL GREMIO PERIODÍSTICO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA alertó este viernes sobre la detención en El Helicoide del periodista Mario Alexander Pelaez Blondell, jefe de Redacción del Diario Caribazo.

El comunicador se encontraba desaparecido desde el pasado miércoles. Había viajado a Colombia por tierra para cubrir el evento musical “Venezuela Aid Live” y publicar información inédita en el periódico propiedad de su familia, y del cual es periodista y jefe de redacción, sin embargo no pudo regresar.
Hasta hoy viernes fue que se conoció su paradero, afirmando sus familiares que se encuentra en El helicoide en Caracas. Se desconoce si hubo presentación ante los tribunales o cuáles serían los cargos que se imputan para estar privados de libertad, así como su condición física y de salud.
Lo que hasta el momento ha trascendido, es que el periodista, junto a dirigentes políticos del estado Nueva Espata, regresaban por la frontera de Colombia cuando fueron detenidos.

Periodista de Margarita detenido en la frontera colombiana aparece en El Helicoide

Feb 26, 2019 | Actualizado hace 11 meses
Jorge Ramos: Mi fallida entrevista con Maduro

EL PERIODISTA DE UNIVISION NOTICIAS CUENTA LO QUE OCURRIÓ EN EL PALACIO DE MIRAFLORES. “Le mostré un video, que yo grabé en mi celular, de unos muchachos comiendo de la basura de una camión. Ahí se terminó la entrevista. Se levantó, trató de tapar las imágenes en mi ipad y se fue. Le dije que eso es lo que hacían los dictadores, no los demócratas”.

 

 

Acabo de llegar al hotel en Caracas. No tengo celular. Me lo confiscaron. Estoy bien al igual que todo el equipo. Pero pasamos momentos muy tensos.

Llegamos a Caracas el sábado para entrevistar a Nicolás Maduro. Su ministro de comunicaciones, Jorge Rodríguez, había sido el contacto e inmediatamente nos enviaron los permisos para entrar a Venezuela.

La entrevista comenzó tres horas después de lo planeado. Empecé preguntándole a Maduro cómo llamarlo, ya que millones de venezolanos no lo consideran el presidente legítimo de Venezuela. Le mencioné que muchos lo llaman “dictador” y que Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, lo considera un “usurpador”.
Jorge Ramos: Mi fallida entrevista con Maduro
Espacio Público: En enero de 2019 se registraron 131 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela

 

LOS CASOS DOCUMENTADOS EN EL MES DE ENERO DE 2019 que muestran violaciones a la libertad de expresión no son eventos aislados. En Venezuela hay una política de Estado, en la que concurren diversos poderes y autoridades para restringir la libre circulación de la información de las ideas.

La política estatal restrictiva se expresa en una recurrente descalificación de los medios y periodistas; ataques violentos impunes contra reporteros en las calles; violencia institucional con la apertura de procesos administrativos, judiciales y exhortos para prohibir a conductores de radio la cobertura de determinados temas.

Un patrón de esta política estatal es la utilización de las diversas herramientas en momentos de alta tensión política y grandes manifestaciones en las calles. En estos momentos se aplican con mucha fuerza los diversos dispositivos restrictivos y se evidencia con claridad la naturaleza antidemocrática de la élite gubernamental.

La política restrictiva es acumulativa: las nuevas limitaciones se suman a las que impusieron en otros momentos. Por ejemplo se suman nuevos canales de TV internacionales a los que se les impide su difusión en las cableoperadoras, se suprimen medios regionales y se obliga a suspender programas de radio de opinión o informativos.

En enero de 2019 se registraron 69 casos, que se tradujeron en 131 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela; en su mayoría impedimentos de cobertura de calle, detenciones/retenciones arbitrarias y censura, a través de la prohibición o restricción en la difusión de información. De los 92 afectados(as), el 51% son periodistas y reporteros. Los datos revelan un incremento inusual para el primer mes del año, lo que indica un periodo de alto conflicto social y político. Los elevados niveles de represión en pocos días de manifestaciones, en relación a ciclos de protesta en años anteriores, multiplicaron las restricciones en la búsqueda y difusión de información.

Censura en Internet

Las últimas semanas de enero revelaron el alcance y la voluntad autoritaria del  gobierno, en una nueva fase de represalia contra quienes manifiesten públicamente su crítica o disenso. En este período hay decenas de personas asesinadas por cuerpos de seguridad que usaron armas de fuego en el contexto de manifestaciones.

Los sectores populares padecen las consecuencias de haber protestado en sus localidades: allanamientos, robos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales. Durante la noche las personas fueron testigos de gritos de rebeldía y hartazgo contra un gobierno intransigente, que ignora y criminaliza el clamor popular.  Hubo una arremetida desproporcionada de funcionarios civiles y militares contra zonas residenciales, que terminaron en daños a la propiedad privada, encarcelamiento o muerte.

La principal proveedora de Internet en el país, la estatal Cantv, bloqueó el acceso a Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Periscope, e incluso las búsquedas de Google los días de protestas contra Maduro. El 12 de enero bloquearon toda la enciclopedia Wikipedia ante una “guerra de edición” del perfil de Juan Guaidó, donde le colocaron el título de Presidente Encargado; y posteriormente tumbaron el Internet durante una declaración de Guaidó el 27 de enero.

El 21 de enero un grupo de efectivos de la GNB se rebeló contra Maduro tomando el comando ubicado en Cotiza, Caracas; en los videos que circularon por redes sociales se veía a uno de ellos pidiendo apoyo a la gente. Las personas que viven cerca del comando salieron a protestar apoyando a los militares, a pesar de ser una zona de bajos recursos sometida a la dependencia de los bonos de los programas sociales del Estado, como la caja de alimentos comprada a una mínima porción de su valor y distribuida por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

La información circuló rápidamente por las redes sociales hasta que iniciaron las denuncias de bloqueos. La organización NetBlocks registró ese día restricciones de acceso a Twitter e Instagram principalmente aplicadas por Cantv, pero no excluyentes a otras operadoras. Las causas técnicas concuerdan con los controles aplicados para filtrar el contenido de Internet, mientras la ciudadanía buscaba información sobre la protesta y la posterior represión en Cotiza.

Días antes y sucesivos se registraron más bloqueos de redes, principales plataformas de transmisión de medios digitales, los únicos que difunden en vivo los hechos noticiosos, ante el silencio impuesto por la censura y autocensura en los medios tradicionales. En las últimas dos semanas de enero se registraron al menos tres bloqueos masivos (de dos o más redes), con sucesivas interrupciones, alternadas, que derivan accesos ralentizados.

El Estado vs. periodistas

El impedimento de cobertura o represalias contra reporteros por intentar buscar y difundir información se tradujo en 18 detenciones de periodistas locales y corresponsales internacionales. Las detenciones y las pretendidas requisas duraron 15 horas, algunos periodistas fueron esposados a sillas, sometidos a interrogatorios y revisión de equipos. Detenciones que en algunos casos constituyeron inicialmente desapariciones forzadas, al desconocerse los paraderos por varias horas. La falta de acreditaciones no fue una excusa pues los corresponsales de la agencia EFE ingresaron al país en condición de periodistas, y aun así fueron privados de libertad.

12 periodistas, locales y extranjeros fueron detenidos entre el 25 y 31 de enero; para un total de 20 reporteros y trabajadores de la prensa detenidos durante el mes de enero. Un docena de detenciones que representa el doble de personas privadas de libertad en un mes, en promedio, durante el 2017, el año con mayor cantidad de casos documentados desde 2002.

La escalada en la violencia contra periodistas se inició con la detención de Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol, y Osmary Hernández de CNN, en las adyacencias de la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin), cuando reportaban la captura del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el domingo 13 de enero.

A medida que transcurrió el mes, el asedio a la prensa continuó, impidiendo que se reportara lo que estaba ocurriendo. El 26 de enero, el periodista chileno, José Antonio Mene fue amenazado por efectivos militares que resguardan los alrededores del Palacio de Miraflores, cuando éste recogía testimonios de simpatizantes del gobierno que se encontraban en la vigila convocada por Nicolás Maduro. Mene denunció a través de su cuenta en Twitter que funcionarios de la Fanb, lo amenazaron con retenerle el pasaporte a pesar de que no había comenzado a grabar.

El punto más álgido se vivió entre el 30 y 31 de enero, cuando un total de 12 trabajadores de la prensa fueron detenidos mientras realizaban trabajo periodístico en distintos sucesos.  Rodrigo Lópes, enviado especial del Grupo RBS de Brasil, Maiker Yriarte (TV Venezuela) y Ana Rodríguez (VPI Tv), los chilenos, Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, de la Televisión Nacional de Chile (TVN), el fotográfo, Leonardo Muñoz, el motorizado, José Salas,  la periodista colombiana, Mauren Barriga, el español Gonzalo Domínguez, todos empleados de la agencia internacional EFE y los franceses; Pierre Caillet y Baptiste des Monstiers, junto al venezolano Rolando Rodríguez, fueron víctimas de tratos crueles inhumanos mientras permanecieron a manos de funcionarios de seguridad del Estado.

Cobertura limitada

Encender la radio o la televisión para informarte mientras preparas el desayuno, arreglas la casa, vas o vienes del trabajo son rutinas que han perdido sentido en la cotidianidad venezolana pues la información no circula por los canales de más fácil y extendido acceso. Las emisoras de radio y los canales de televisión nacional abierta están sometidos a una coerción institucional sistemática; medidas administrativas formales o informales que afectan el normal y libre desempeño de los medios de comunicación.

Estas acciones derivan en el cierre de espacios, la supresión de contenidos políticos, las variaciones de las líneas editoriales tras los exhortos, llamados o incluso sanciones de Conatel, que genera inhibición por temor en aquellos que aún se mantienen al aire. Por ejemplo, las noticias y análisis sobre la concentración que convocó el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para el 23 enero no pudieron escucharse en la radio, ni verse en la televisión.

La televisión abierta conserva una programación noticiosa, sin embargo perdió la prontitud e inmediatez que caracterizó a la cobertura de noticias. No se realizan  transmisiones en vivo, lo que resta una de las cualidades de mayor relevancia para el interés de las audiencias, esto se suma a las serias limitaciones en la variedad y novedad de otros tipos de contenidos (educativos, culturales o entretenimiento en general).

La fuente política es una de las más afectadas. Se priorizan los discursos y posturas oficiales o de altos funcionarios, respecto a otros sectores, específicamente frente a figuras de oposición, aun cuando estos lleven a cabo movilizaciones masivas o pronunciamientos de valor noticioso. En la mayoría de los casos, las movilizaciones opositoras no cuentan con coberturas inmediatas o continuas, que permitan seguir el curso de los acontecimientos.

La censura no sólo obstaculiza el derecho a estar informado, sino que le impide al ciudadano tomar otras decisiones, como por ejemplo si va o no a salir de su casa, la ruta que tomará al buscar a su hijo al colegio, entre otras. Pero no sólo la esfera particular se ve afectada, los medios de comunicación también fueron víctimas de la hegemonía comunicacional que desde 2008 es intención y práctica de quienes ejercen el poder.

Una semana antes de la primera jornada de protestas masivas que convocó el actual líder del hemiciclo, Juan Guaidó, afirmó que Conatel había prohibido mencionar su nombre en los medios de comunicación, razón por la cual perdió varias entrevistas; lo que ocurrió siete días después confirma la presión por invisibilizar la ruta propuesta por la AN ante la crisis política que vive el país.

El 31 de enero, Espacio Público realizó un monitoreo de cobertura en medios tradicionales, radio FM y televisión nacional abierta con noticieros regulares, entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 pm, durante el desarrollo de una manifestación opositora convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Tradicionalmente, los noticieros se transmiten en tres cortes diarios, entre ellos la emisión meridiana que puede variar entre las 11:00 am y la 1 de la tarde. De 378 consultas cada 15 minutos en 42 emisoras del circuito FM, solo en dos oportunidades se estaba haciendo cobertura de la movilización opositora. A nivel de televisión, de los cinco canales monitoreados y 45 consultas realizadas, en una se hizo referencia al evento de oposición.

Existe cobertura de fuentes alternas al oficialismo pero no son reseñadas al momento o durante su desarrollo. Aun así, el tiempo para las transmisiones, horas después de los hechos, es corto en comparación con las fuentes oficiales que, además de la cobertura directa del medio, cuentan con la retransmisión del canal del Estado. Esto deriva en una especie de “autocadena”, en la que medios de señal abierta se unen a la señal del canal estatal, incluso por períodos prolongados en términos del tiempo promedio de notas periodísticas audiovisuales.

En el estado Zulia, al occidente del país, funcionarios de la DGCIM y el SEBIN rompieron todo lo que pudieron a su paso el 23 de enero mientras “retiraban” los transmisores de Global TV y Aventura TV. Desde los medios se transmitió la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado; así como las incidencias de las manifestaciones de oposición que se dieron el 23 de enero. Los funcionarios también destruyeron las conexiones a internet y se robaron varios equipos, lo que dejó fuera del aire al canal Aventura TV, que funcionaba en la misma oficina.

Nueve medios o programas salieron del aire en un mes, lo que supera el total de cierre de medios en 2014 (6), así como los cierres mensuales en promedio, durante el 2017 cuando desaparecieron 61 medios de comunicación. Estas cifras incluyen la salida del aire del espacio radial que César Miguel Rondón dedicaría a revisar lo acontecido el 23 de enero, irregularidad que llevó al comunicador a retirarse del programa cinco días después por “censura pura”.

En un ecosistema de medios con estas severas restricciones toda reducción tiene una mayor relevancia ante las escasas posibilidades para acceder a la información. A pesar de ello la sociedad genera mecanismos alternos de comunicación para desplegar el ejercicio de otros derechos como el de asociación o el de manifestación, lo que se hace evidente en la gran capacidad de movilización que se observa en las recientes marchas y concentraciones en contra de Maduro.

Google lanza

 

GOOGLE LANZÓ UNA HERRAMIENTA DESTINADA A COMBATIR LA CENSURA a la prensa en todo el mundo. La aplicación se probó primero en Venezuela, donde los periodistas dicen que luchan contra un gobierno empeñado en enterrar reportes que exponen corrupción y abusos de derechos humanos en internet.

En los últimos años, los adictos a las noticias que quieren acceder a cibersitios independientes del país se han topado con un mensaje en sus pantallas que les advierte de que no existen, un problema que la mayoría achaca a las medidas del gobierno para bloquear el acceso a información crítica.

“Es muy difícil hacer llegar las noticias a la gente”, señaló Melanio Escobar, un periodista y activista social venezolano que probó la aplicación Intra para Google antes de su lanzamiento este mes. “Promovemos esta y otras herramientas, pero no es fácil”.

El gobierno controla internet como propietario de CANTV, el mayor proveedor del servicio en el país con más de 2,5 millones de clientes y, según Escobar, empresas privadas más pequeñas siguen sus directrices para mantenerse en el negocio.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, un grupo que aboga por la libertad de prensa, apuntó que desde 2014 los cibersitios informativos críticos con el gobierno reciben cada vez más ataques. En agosto, una prueba de cuatro días intentado acceder a 53 webs cientos de veces al día, se detectó que casi la mitad de ellas estaban bloqueados, según los investigadores. El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a una petición de comentarios para este reporte.

Intra, una aplicación disponible solo para Android, está diseñada para sortear esta táctica conectando los celulares de los usuarios directamente a servidores de Google que acceden al sistema de nombres de dominio, una especie guía telefónica de internet. Esto evita cualquier bloqueo impuesto por las empresas de internet locales y complica que gobiernos y otros interlocutores bloqueen la entrada a ciertas páginas.

La nación petrolera está sumida en una profunda crisis política y económica tras dos décadas del gobiernos socialistas, y el ejecutivo del presidente Nicolás Maduro bloqueó o cerró medios de la oposición a los que a menudo acusa de recibir señales de Estados Unidos y otros actores extranjeros que conspiran para derrocarlo.

Los periodistas venezolanos trabajan bajo la amenaza de condenas de cárcel o demandas, lo que llevó a muchos a salir del país por su seguridad personal. Una Asamblea Constitucional progubernamental creada el año pasado para sortear al parlamento, en manos de la oposición, aprobó una ley que decreta penas de hasta 20 años de prisión por publicar material considerado perjudicial.

Jared Cohen, fundador y director general de Jigsaw, una unidad de la empresa matriz de Google, señaló que su equipo creó la aplicación a partir del diálogo abierto con periodistas y expertos en tecnología venezolanos sobre los obstáculos que enfrentan para publicar su trabajo. Intra se lanzó para todo el mundo el 3 de octubre tras varios meses de pruebas en Venezuela.

Cohen, un exdiplomático estadounidense que asesoró tanto a Condoleezza Rice como a Hillary Clinton en cuestiones de libertad de expresión durante sus etapas como secretarias de Estado, dijo que él y su equipo de ingenieros vieron oportunidades de usar el programa en todo el mundo.

“No construimos Intra para Venezuela”, apuntó Cohen. “Pero las ideas salieron de nuestro trabajo con reporteros venezolanos”.

La app funciona en los dispositivos Android antiguos que todavía usan miles de millones de personas en todo el mundo, ampliando las protecciones incluidas en los últimos modelos.

Desde su lanzamiento, Intra ha sido descargada 130.000 veces en todo el mundo, según Jigsaw. Venezuela está entre los tres países con más usuarios, agregó la empresa, que no identificó a los otros dos.

China está considerado el país que menos respeta la libertad en internet en el mundo, seguido de Siria y Etiopía, mientras que Venezuela está entre los 30 considerados “no libres” por las acciones de su ejecutivo contra sus críticos en redes sociales, según un reporte sobre la libertad de prensa publicado en 2017 por Freedom House, un grupo con sede en Washington.

La manipulación de los nombres de dominio se ha empleado, junto con otras técnicas de alto nivel, para restringir el acceso a webs como El Pitazo y Armando.info, creadas por periodistas que en su día trabajaban para diarios independientes que fueron adquiridos por empresarios progubernamentales.

El último periódico opositor del país, El Nacional, también ha sufrido bloqueos constantes, como el cibersitio de la filial de CNN en español.

“Nuestro periodismo de investigación y de denuncia (contiene) elementos que, a nuestro entender, significan para el gobierno situaciones muy incómodas”, apuntó César Batiz, director de noticias de El Pitazo.

En un primer momento, Batiz intentó confundir a los censores cambiando el dominio: usó elpitazo.info e incluso elpitazo.ml, el código de internet para Mali, África, además de elpitazo.com.

El cibersitio sufrió un importante revés tras un reporte de septiembre de 2017 que acusaba al jefe del partido socialista, Diosdado Cabello, de utilizar a sus primos como la cara de negocios ilícitos.

Las 70.000 visitas diarias del sitio se desplomaron hasta apenas 11.000 al día siguiente, apuntó Batiz.

Por el momento, la app no ha calado en una gran cantidad de lectores, señaló Batiz, aunque su web anima a descargarla con enlaces de Twitter en sus historias e incluso a través de mensajes de audio en WhatsApp. El medio está intentando reconstruir su base de lectores, que confían en los reportes elaborados por una red de 70 periodistas en todo el país.

“Si bien el bloqueo nos ha disminuido audiencia en la página web nosotros hemos ganado en reconocimiento porque la gente sabe reconocer quienes están luchando por la defensa por los derechos humanos y las libertades democráticas”, declaró. “Eso es lo que queremos hacer.”

Espacio Público: 17 personas han sido detenidas por tuitear en Venezuela

ESPACIO PÚBLICO, ONG QUE PROMUEVE Y DEFIENDE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, señaló este sábado que varios venezolanos fueron privados de libertad por expresarse en Twitter.

La ONG detalló a través de una serie de tuits en su cuenta en la red social del pajarito azul, @espaciopublico, que al menos 17 personas han sido detenidas por publicaciones en la red social. Nueve de ellas en el año 2014, una en el 2015, cinco en el 2016 y una en 2017 y otra en 2018. De los detenidos 12 son hombres y cinco son mujeres.

 

Resaltó que entre las principales razones están: “Dirigir mensajes sobre y a distintos funcionarios del gobierno” y “criticar la situación del país en tono demandante, irónico, cuestionador y hasta retador”.

La ONG puso de ejemplo el caso de Pedro Jaimes Criollo, quien fue detenido el 10 de mayo por publicar los datos de la ruta del avión presidencial, una información que es publica en internet.