El escándalo sobre la corrupción organizada alrededor de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) tiene ribetes inesperados. El juez Sérgio Moro, a cargo de la continuidad judicial de las investigaciones de la Operación Lava Jato que lleva a cabo la Policía Federal (PF), sugiere que la corrupción puede estar conectada con el asesinato, hace 14 años, de Celso Daniel, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Dilma Rousseff y del expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva.
El juez dijo que, presuntamente, parte de pagos que fueron a parar al PT fueron usados para comprar el silencio de una persona que conoce los detalles del asesinato. Daniel ex alcalde de Santo André, suburbio de São Paulo, fue secuestrado en Enero de 2002 y hallado muerto por disparos cinco días más tarde; hubo sentencia de prisión para seis personas, pero desde entonces el casi se ha reabierto y cerrado varias veces.
El Viernes pasado, la PF detuvo a Ronan Maria Pinto, un empresario cuya compañía de autobuses funcionó en Santo André bajo la administración de Daniel. En 2004, Pinto recibió un pago de R$ 6 millones (hoy US$ 1,7 millones) de José Carlos Bumlai, un acaudalado ranchero muy próximo a “Lula” y los investigadores creen que hay una relación entre asesinato de Daniel, el silencio de Pinto y el pago. También fueron detenidos dos ex altos cargos del PT, Silvio Pereira y Delubio Soares, secretario y tesorero, sospechosos de haber recibido de Bumlai contribuciones ilegales a campaña; este empresario ya fue encarcelado el año pasado bajo cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude, con pagos millonarios al PT, con la complicidad de la empreteira Schahin Group.
En Enero, la autoridad fiscal brasileña investigó a 17 bancos, entre ellos Itau Unibanco Holding SA, Itau BBA, Banco Bradesco SA, Banco Santander SA, HSBC Holdings PLC, Deutsche Bank AG y Votorantim, buscando su posible papel como originadores, coordinadores o gestores de préstamos a Schahin; los 17 protestaron al unísono.
