Jair Bolsonaro y Juan Guaidó el 28FEB19 en Brasilia. Foto: Palacio de Planalto.
@ecotalvora
El ministro de economía de Jair Bolsonaro solicitó a Juan Guaidó el pago de la milmillonaria deuda que el régimen chavista mantiene con el gobierno de Brasil.
Según fuentes consultadas en Brasilia y Caracas, a finales del pasado mes de agosto el Ministerio de Economía dirigido por Paulo Guedes hizo llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño una comunicación dirigida al gobierno de Venezuela. El 03SEP20 la cancillería brasileña Itamaraty envió esa carta, mediante una nota verbal, a la representante diplomática de Guaidó en Brasilia, la embajadora María Teresa Belandria. Itamaraty, de esta manera, ratificaba que a los efectos del gobierno brasileño es Juan Guaidó el jefe del Ejecutivo venezolano y en consecuencia el destinatario de la nota de cobranza emitida por Guedes.
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Desde el año 2018 el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene insolvente en el pago de cuotas de la deuda adquirida con el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social BNDES y con bancos privados brasileños. Oficialmente esta deuda corresponde con adelantos realizados para el pago a los proveedores brasileños de exportación a Venezuela de servicios, aviones y alimentos.
Constructoras y productoras de cárnicos involucradas en el esquema de corrupción de Lava Jato, como la Odebrecht, Andrade Gutierrez y JBS figuran entre los beneficiarios del esquema de “promoción de las exportaciones” direccionado por los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff para respaldar a socios políticos extranjeros. Fue notoria la visita del cogobernante chavista Diosdado Cabello en junio del 2015 a varias ciudades de Brasil, en la cual tras encuentros con Lula da Silva y la para entonces presidenta Dilma Rousseff, concretó acuerdos de suministro de productos cárnicos con la empresa JBS, cuyos dueños atendieron personalmente al jerarca venezolano.
Cuba y Venezuela recibieron financiamiento del BNDES por órdenes de Lula y Rousseff y ahora se encuentra en estado de insolvencia. De acuerdo a la legislación brasileña, el BNDES cobrará al estatal Fondo de Garantía de las Exportaciones las cuotas vencidas y que no sean pagadas por los deudores, por lo cual las insolvencias de Maduro y Raúl Castro están siendo financiadas por el tesoro brasileño.
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Finalizando el mes de agosto de 2020, el Estado venezolano adeudaba poco menos de un mil trescientos millones de dólares al gobierno brasileño. Probablemente el monto de pagos ya vencidos superaba los setecientos millones de dólares para esa fecha.
La deuda que el gobierno Bolsonaro ahora cobra a Guaidó fue adquirida por Hugo Chávez y por Nicolás Maduro.
Los beneficiarios fueron empresas involucradas en esquemas de corrupción que han desatado decenas de procesos judiciales en Brasil incluso sobre el propio Lula da Silva quien ya ha sido encontrado culpable por tribunales de segunda instancia en dos de los juicios que le siguen. Según diversos documentos publicados en el portal del BNDES, el tema de la deuda venezolana ha sido reiteradamente tratado en las instancias directivas y en el comité de auditoría.
Tras la cobranza del ministro Guedes a Guaidó por intermedio de Itamaraty, se han celebrado varias reuniones entre la embajadora Belandria y directivos del BNDES y del Ministerio de Economía. La más reciente, según el portal del BNDES, se habría realizado el 26OCT20, vía teleconferencia, entre Belandria y la directora del área financiera del banco Bianca Nasser. La enviada de Guaidó habría solicitado una relación de los distintos contratos de financiamiento así como los cronogramas de pago.
El gobierno de Jair Bolsonaro es un claro aliado de Guaidó y las gestiones de Guedes parecieran, según una fuente oficial brasileña que sigue el proceso, un trámite formal para cubrir procedimientos legales internos y no una acción deliberada contra el gobierno provisional venezolano. Hasta la fecha el tema ha sido manejado con discreción tanto por la cancillería brasileña como por el “gobierno Guaidó”.
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Fortalecer a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, como una forma de debilitar a la OEA, es uno de los propósitos que la alianza castrochavista continental se ha propuesto como objetivo.
La CELAC fue creada en 2010 impulsada en ese momento por una ola izquierdista que dominaba la escena política continental.
Conceptualmente ha sido presentada como una organización rival de la OEA, en la cual participa Cuba y el gobierno Maduro, y en su constitución fueron expresamente excluidos EE. UU. y Canadá. Al igual que ocurriera con Unasur, la CELAC fue colonizada por los gobiernos de la alianza castrochavista. La organización fue rápidamente perdiendo relevancia y la última cubre presidencial tuvo lugar en República Dominicana el 24ENE17.
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En enero del 2020 México asumió la presidencia pro tempore como un esfuerzo del gobierno de Andrés López Obrador para revivir la instancia que es vista por la izquierda como la contrapartida ante la OEA. El 08ENE20 coincidieron en Ciudad de México los cancilleres de Argentina, Cuba, Nicaragua, del saliente gobierno izquierdista de Uruguay y el alto jerarca chavista Jorge Rodríguez, junto con representantes de otros gobiernos de la región.
Buena parte de las cancillerías del continente ven con desgano a la CELAC. Incluso Brasil y el gobierno transitorio de Bolivia en aquel entonces anunciaron su separación.
Pero el regreso del castrochavismo a la presidencia boliviana y la nueva ofensiva izquierdista en el continente está dando alta prioridad a la reactivación de CELAC. De hecho, la cancillería boliviana emitió el 20NOV20 un comunicado según el cual el nuevo gobierno “retoma” la participación en la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)”.
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El argentino Alberto Fernández está muy activo procurando ganar simpatías hacia CELAC argumentando que la OEA se encuentra paralizada en razón de conflictos ideológicos y políticos. El 19NOV20, Fernández viajó a Uruguay, sin aviso previo a los medios, para un almuerzo con Luis Lacalle Pou, con quien no se había reunido desde que el uruguayo tomara posesión del cargo el 01MAR20. El anfitrión recibió a Fernández en la estancia presidencial de Anchorena donde personalmente preparó el asado con el cual brindó al visitante, quien llegó sin su canciller Felipe Solá. La reunión en espíritu de camaradería había sido convenida entre Fernández y su amigo el canciller uruguayo Francisco Bustillo cuando ambos coincidieron en la toma de posesión de Lucho Arce en La Paz el 08NOV20. No hubo documentos oficiales sobre lo tratado por los mandatarios salvo una genérica declaración de la Casa Rosada. Diversas fuentes aseguran que entre los temas tratados, en la “reunión de amigos”, estaban la reactivación de Celac, así como acordar pasos en común dentro del Mercosur.
La reactivación de Unasur, con la eventual apertura de una oficina en Buenos Aires que reemplace a la antigua sede en Quito, es una idea que está siendo acariciada por la izquierda continental, en un intento de reconstruir el andamiaje que el castrochavismo había logrado controlar.
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En medios diplomáticos sureños se aprecia la falta de un intento de liderazgo regional por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, demasiado comprometido en pugnas intestinas. Ese espacio estaría abierto para el mandatario argentino, una de las cabezas visibles del izquierdista Grupo de Puebla, quien, además, próximamente asumirá la presidencia rotativa del Mercosur. Alberto Fernández y Jair Bolsonaro han pasado un año sin comunicarse directamente. Nunca se han encontrado personalmente y, por el contrario, los medios y las redes sociales han sido escenario para choques de posiciones entre ambos.
Incluso el clan Bolsonaro llegó a plantearse la opción de romper relaciones diplomáticas con Argentina tras conocerse los resultados de las elecciones que dieron el triunfo a Fernández y a Cristina Kirchner.
La primera conversación oficial entre los mandatarios de Argentina y Brasil desde que el argentino tomara posesión del cargo el 10DIC19 fue discretamente negociada por los cancilleres Felipe Sola y Ernesto Araújo y se acordó que fuera una teleconferencia el 30NOV20.
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Tal como lo adelantara el Informe Otálvora del 14NOV20, Joe Biden señaló el 23NOV20 al diplomático Antony Tony Blinken como su futuro secretario de Estado. Blinken, ha hecho carrera en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca y luego de las elecciones del 03NOV20 ha estado atendiendo los enlaces de Biden con mandatarios extranjeros.
El 24NOV20, aún sin haberse iniciado oficialmente la transición, Biden presentó colectivamente a quienes se propone designar como secretarios de Departamento de Estado y de Seguridad Nacional, así como al asesor de Seguridad Nacional, a la directora de Inteligencia Nacional y a la representante permanente ante la ONU.
En su intervención inicial, Biden proclamó que “es un equipo que refleja el hecho de que EE. UU. está de vuelta, listo para liderar el mundo, no para retirarse de él”.
Cada uno de los designados realizó una breve exposición. Antony Blinken afirmó que EE. UU. debe “proceder con iguales medidas de humildad y confianza. Humildad porque, como dijo el presidente electo, no podemos resolver todos los problemas del mundo solos. Necesitamos trabajar con otros países. Necesitamos su cooperación. Necesitamos su asociación. Pero también confianza porque EE. UU. en su mejor momento todavía tiene una mayor capacidad que cualquier otro país del mundo para unir a otros para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo”.
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Son pocas las señales expresas sobre cuál sería la política Biden hacia Latinoamérica. La designación del cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas al frente de la Secretaría de Seguridad Nacional pareciera ser una señal de relevancia para el tema migratorio. En su intervención en la presentación del 24NOV20, Mayorkas dijo que “el Departamento de Seguridad Nacional tiene una noble misión, ayudarnos a mantenernos a salvo y hacer avanzar nuestra orgullosa historia como un país de bienvenida”.
Tanto Blinken así como Jake Sullivan, quien fue indicado como próximo asesor de Seguridad Nacional, se han manifestado en entrevistas de prensa en los últimos años y en foros académicos favorables a la política de sanciones contra el régimen chavista, pero el componente “diplomacia” pareciera que estará fuertemente presente en la política exterior del gobierno Biden.
Artículo publicado inicialmente en Diario Las Américas
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