En la billetera de un niño venezolano mayor de 9 años de edad, además de la imagen de algún superhéroe o el logo de un equipo deportivo, puede haber algo de dinero, un carnet estudiantil, fotos familiares y la cédula de identidad. En la de Andrés, ya con 11 años de edad, no hubo chance de meter este último documento.
La familia de Andrés se fue a Canadá en septiembre de 2013 huyendo de la inseguridad que los mantenía presos en su casa en Caracas. Valentina Mujica, su madre, cambió las clases que daba en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela por atender llamadas en un call center y enseñar español. Vive en las afueras de Toronto con sus dos hijos y su esposo. Se mudaron cuando faltaban dos meses para que Andrés cumpliera 9 años y, a pesar de que su mamá insistió en tramitar su cédula en el Saime antes de partir, fue imposible. Ahora es un venezolano encerrado en otro país. Su pasaporte se venció y sin la cédula no hay forma de renovarlo. No puede salir de Canadá, mientras no tenga el documento venezolano u obtengan la ciudadanía, que podrían solicitar a partir del próximo año.
La burocracia venezolana para los trámites es algo que el gobierno también lleva a sus consulados. Y la cédula se ha convertido en una alcabala en la vida del venezolano, viva en el país o se haya marchado. No tener el carnet laminado en el exterior puede implicar no poder viajar por la imposibilidad de renovar el pasaporte en los consulados. Y para quienes siguen en el país el documento es indispensable para asegurarse provisiones alimentarias.
Daniela Mujica emigró con la intención de tener una mejor calidad de vida. Reside en Barcelona, España, con su hijo y su esposo. Después de ocho años su hijo se convirtió en un indocumentado. Tiene 14 años de edad y el pasaporte vencido. El consulado en Barcelona no le permite tramitar la cédula de identidad. Al emigrar no tenía edad suficiente para solicitarla y ahora la única solución es viajar a Venezuela para obtenerla.
“Mi situación económica no es tan buena y no tengo tanto dinero como para gastarme casi 3.000 euros en boletos de avión ida y vuelta para poder realizar un viaje con mi hijo a Caracas, sacarle la cédula de identidad por primera vez y, posteriormente, solicitar la renovación del pasaporte”, lamenta Daniela Mujica, mientras su hijo camina por las calles de Barcelona sin reconocimiento jurídico de su país natal. Su condición de venezolano está vencida.
Emigrar implica sacrificios. Mucho más para el que incluye a sus hijos en el plan. Al cumplir 9 años de edad en tierras extranjeras los niños venezolanos empiezan a engrosar una lista de discriminados difícil de cuantificar. Quedan en un limbo jurídico sin protección.
Ni la Ley Orgánica de Identificación Civil ni la página web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) mencionan el derecho de los niños venezolanos mayores de 9 años que están en el extranjero de obtener la cédula de identidad. La legislación venezolana, como la de casi todos los países, establece que el pasaporte es el documento de identificación de los ciudadanos en el extranjero y es el requisito indispensable para realizar trámites de regularización de su residencia legal en otros países. Pero la obligatoriedad de tener la cédula para poder renovar el pasaporte vulnera el derecho de los niños de estar identificados, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y también los hace violar las leyes de otras naciones.
“De entrada es una discriminación por un vacío operativo que generan los sistemas implantados en el Saime. El artículo 22 de la Ley de Identificación Civil dice que los niños tienen derecho de obtener documentos públicos de identificación. Los niños no pueden estar sin documentación, menos si se encuentran en el exterior. El Estado no puede darles la espalda”, asegura el abogado Carlos Trapani, que trabaja con Cecodap, ONG de promoción de derechos del niño y el adolescente.
Cada país tiene sus normativas para los extranjeros que residen en su territorio. En el caso de Valentina Mujica y Daniela Mujica, los gobiernos de sus países de residencia les permiten a sus hijos acceder a servicios de salud y educación; sin embargo, esto no elimina el estatus de indocumentados que ahora poseen y que les impide pisar un aeropuerto internacional. “Mi problema con Andrés es que no puedo salir de Canadá con él, si se nos presenta una emergencia que nos obligue a salir de acá se nos complica”, señala Valentina Mujica.
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