Catatumbo

GRUPOS ARMADOS HAN COMETIDO abusos aberrantes contra civiles colombianos y venezolanos en su disputa por el control territorial en el Catatumbo, en el noreste de Colombia, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. 

El informe de 69 páginas, “La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia”, documenta asesinatos, desapariciones, crímenes de violencia sexual, reclutamiento de niños como soldados y desplazamiento forzado cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y un grupo que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los grupos armados intentan controlar a la población a través de amenazas, incluso contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Varios de ellos han sido asesinados. Las víctimas de estos aberrantes abusos incluyen a venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria en su país.

“Mientras los grupos armados se disputan el vacío que dejaron las FARC en el Catatumbo, cientos de civiles han quedado en el medio de un conflicto brutal”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los venezolanos en el Catatumbo están atrapados en una encrucijada entre la guerra en Colombia y la desesperación por salir de la emergencia humanitaria en su país”.

La violencia y los abusos han aumentado en el Catatumbo desde que las FARC se desmovilizaron en 2017 como parte de su acuerdo de paz con el gobierno. Las autoridades colombianas no han tomado medidas adecuadas para cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a la población civil y asegurar que las víctimas reciban justicia.

En abril de 2019, Human Rights Watch adelantó una investigación en terreno en el Catatumbo. En total, recogimos testimonios de más de 80 personas, incluidas víctimas y familiares de víctimas, líderes sociales, representantes eclesiásticos, funcionarios de derechos humanos, autoridades locales, funcionarios judiciales y miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en la zona. 

Human Rights Watch también tuvo acceso a informes y estadísticas oficiales, publicaciones de organizaciones no gubernamentales e internacionales, y testimonios tomados por funcionarios públicos a aproximadamente 500 víctimas de abusos cometidos por grupos armados. Es altamente probable que la cantidad total de casos sea incluso mayor a la registrada por las autoridades, debido al temor de las víctimas a sufrir represalias de grupos armados si denuncian los abusos y al temor de las víctimas venezolanas a ser deportadas.

“Los que están en el conflicto no están sufriendo lo que nosotros, como campesinos…, estamos sufriendo”, dijo a Human Rights Watch un maestro de escuela rural que perdió un pie cuando una mina antipersonal explotó a pocos metros de su escuela. “Nosotros somos los que estamos pagando un conflicto que iniciaron ellos”. 

Los escasos controles migratorios y la posibilidad de trabajos mejor pagos atraen a los venezolanos a la zona fronteriza del Catatumbo. Al menos 25.000 venezolanos viven en esta región, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Varios venezolanos vulnerables y a menudo indocumentados han sido víctimas de desplazamiento forzado, asesinato y reclutamiento de menores por parte de grupos armados. 

En el Catatumbo, más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares desde 2017, la mayoría durante 2018, según estadísticas gubernamentales. Muchos han sufrido abusos que constituyen desplazamiento forzado con arreglo al derecho internacional humanitario. Muchos civiles debieron desplazarse luego de que grupos armados los amenazaran tras acusarlos de haber cooperado con otros grupos armados o con el gobierno. Otros han huido tras haber sido amenazados por negarse a unirse a un grupo armado. 

OCHA reportó que 109 personas que consideraba civiles fueron asesinadas por grupos armados en el Catatumbo en 2018. Los grupos armados han asesinado a nueve defensores de derechos humanos en la zona desde 2017, según la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

“Los líderes sociales desempeñan un rol fundamental al ser la voz víctimas de graves vulneraciones y abusos y contribuir a instaurar el estado de derecho en zonas remotas de Colombia”, expresó Vivanco. “El gobierno colombiano debería redoblar sus esfuerzos para protegerlos y asegurarse de que los responsables de estos homicidios rindan cuentas ante la justicia”.

Los grupos armados en el Catatumbo también han cometido secuestros, desapariciones y crímenes sexuales.

Los grupos han obligado, con amenazas, a niños de apenas 12 años a sumarse a sus filas. En algunos casos los niños se unieron a los grupos por promesas de dinero. Human Rights Watch tuvo acceso a testimonios sobre una decena de casos de familias que se desplazaron después de que un grupo armado intentara reclutar a uno de sus hijos o amenazara con hacerlo. 

Los grupos armados también han sembrado minas antipersonales en zonas rurales del Catatumbo, donde las FARC habían usado minas en el pasado. Cuatro personas han muerto y 65 resultaron heridas debido a minas terrestres antipersonales en el Catatumbo desde 2017.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han logrado que se investiguen y castiguen los abusos cometidos por grupos armados. Hasta abril de 2019, la Fiscalía tenía más de 770 procesos por homicidios cometidos en el Catatumbo desde 2017. Por estos casos, había 61 condenas. Solo dos miembros de grupos armados fueron imputados de homicidio, según la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía no ha imputado a nadie por amenazas, reclutamiento de menores o desapariciones cometidas en el Catatumbo desde 2017. Dos miembros de grupos armados han sido imputados por desplazamiento forzado, pero ninguno ha sido condenado, y hay más de 480 procesos abiertos por este delito.

La asistencia a los desplazados, contemplada en el derecho colombiano, ha sido lenta e insuficiente, según actores humanitarios en la región. Cientos de civiles han vivido en albergues temporarios improvisados por las comunidades. Algunos albergues no tenían muebles ni agua corriente. Las autoridades tampoco han abordado adecuadamente los riesgos y amenazas a los derechos humanos identificados por la Defensoría del Pueblo en sus “alertas tempranas”. 

En octubre de 2018, el gobierno colombiano creó una Fuerza de Despliegue Rápido con el fin de llevar 5.600 militares más al Catatumbo. Residentes, funcionarios de derechos humanos y actores humanitarios han denunciado comportamientos abusivos por parte de la fuerza pública en la zona. Los soldados acusan a los civiles de ser cómplices de guerrillas y los interrogan en retenes militares. Estas situaciones exponen a los civiles a represalias por parte de grupos armados. En abril de 2019, un soldado mató a un exmiembro de las FARC desmovilizado.

Para cumplir con sus obligaciones conforme al derecho internacional y al derecho colombiano, las autoridades colombianas deberían adoptar estrategias de seguridad respetuosas de los derechos humanos que estén destinadas a proteger a la población civil. También deberían aumentar los esfuerzos y capacidades para investigar abusos cometidos por grupos armados y procurar obtener asistencia internacional para los desplazados. Asimismo, el gobierno debería llevar a cabo una evaluación exhaustiva para determinar el número de venezolanos que viven en el Catatumbo y sus necesidades, y asegurarse de que todos los venezolanos puedan trabajar legalmente en Colombia, incluso en zonas más seguras del país.

“Las medidas del gobierno para aumentar la presencia de la fuerza pública en el Catatumbo deben estar acompañadas de acciones más integrales para proteger y defender los derechos de los campesinos y venezolanos que viven allí”, expresó Vivanco. “Estas medidas deberían incluir aumentar las capacidades para adelantar investigaciones penales y redoblar la asistencia humanitaria para las víctimas”. 

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, Iván Duque, activó el domingo 28 de octubre en el departamento de Norte de Santander la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) Número 3, compuesta por 3.000 hombres, con el objetivo de luchar contra los grupos armados ilegales en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, una de las más convulsas del país.

“Trabajamos en cooperación, la justicia y la seguridad para que en el Catatumbo demos por terminado el flagelo de la violencia y no se vuelvan a sentir los violentos con el derecho de intimidar a los ciudadanos”, manifestó Duque durante la ceremonia llevada a cabo en Ocaña, la ciudad más importante de esa región fronteriza con Venezuela.

En la zona del Catatumbo operan distintos grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y bandas criminales que se disputan los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico.

Esa región, una de las zonas más pobres y olvidadas de Colombia, está conformada por los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

El jefe de Estado señaló que esa Fuerza de Despliegue Rápido se sumará al trabajo que vienen haciendo el Ejército, la Policía y la Fiscalía para derrotar la violencia y lograr que en la región “se imponga” la Constitución.

Duque detalló que los integrantes de la Fudra Número 3 lucharán contra las bandas criminales y de narcotráfico con “capacidad ofensiva” y “disuasiva”, gracias a su destreza para “moverse con facilidad” y operar respetando los derechos humanos.

“Por eso venimos al Catatumbo, a honrar la palabra y a decirles a ustedes que con su trabajo y abnegación vamos a devolverle la paz a cada rincón de esta región, vamos a derrotar con disuasión, con la capacidad ofensiva, a aquellos que quieren estar en la ilegalidad”, agregó el mandatario.

A través de un comunicado, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en Colombia alertó este lunes de un nuevo desplazamiento masivo en el Catatumbo, región selvática fronteriza con Venezuela.

«Desde el 11 de julio, enfrentamientos entre los grupos armados no estatales Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) han desencadenado el desplazamiento masivo de 173 personas», indicó el organismo.

Los pobladores, que conforman 39 familias, pertenecen a la aldea Vijagual, en el municipio de Teorama, y a San Juan y Monteverde, de San Calixto, ambos en el departamento de Norte de Santander.

Los enfrentamientos han dejado «cuatro civiles heridos, que fueron trasladados al hospital del municipio de Ocaña, entre ellos una mujer y una menor de edad», precisó la OCHA.

En el informe se aseguró que la mayoría de desplazados se han alojado en viviendas de familiares y conocidos en el corregimiento de San Pablo, de Teorama.

El Catatumbo es una de las zonas más pobres y olvidadas de Colombia y la conforman los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

Esa extensa región selvática es una de las más convulsas del país por la presencia de diferentes grupos guerrilleros, bandas criminales y narcotraficantes; además es una de las áreas con más cultivos de coca en Colombia.

El Gobierno colombiano aseguró que ha entregado 27 toneladas de ayuda humanitaria en la región fronteriza con Venezuela de El Catatumbo, cuyos habitantes están sitiados por enfrentamientos entre las guerrillas del ELN y el EPL por el control de las rutas del narcotráfico.

Así lo aseguró el Ministerio del Interior en un comunicado en el que añade que la entrega de ayudas humanitarias ha estado acompañada de asistencia médica por parte del Instituto Departamental de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “logrando una intervención integral en los diferentes refugios”.

Asimismo, por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se han recibido 2.500 paquetes de ayudas que incluyen mercados, elementos de aseo, frazadas y colchonetas, entre otros.

La información detalla que 1.000 de esas ayudas tendrán como centro de distribución el municipio de Ocaña y las otras 1.500 ayudas tendrán como punto de distribución Tibú.

Del Catatumbo, con una población cercana a las 250 mil personas, forma parte del departamento de Norte de Santander y está integrado por los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, aunque en algunos documentos oficiales se incluye también a Ocaña y Ábrego.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado por el Gobierno como una banda criminal iniciaron hace varias semanas combates en el selvático Catatumbo.

Los enfrentamientos entre el ELN y el EPL han provocado, según la oficina de la ONU en Colombia, el desplazamiento de 2.819 personas y que otras 144.000 sufren “graves restricciones de acceso a servicios, bienes básicos y limitaciones a la movilidad”.

El problema se agravó por el “paro armado” decretado el pasado 15 de abril por el EPL, con el que han restringido mediante amenazas el desplazamiento de vehículos por carreteras, la movilidad de las personas y el comercio sufre una parálisis.

Este miércoles fueron publicados en Gaceta Oficial los decretos de Estado de Excepción en varios municipios de los estados Zulia y Apure.

Según indica la Gaceta 40.746, la Presidencia de la República decidió decretar el Estado de Excepción en los municipios Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, Jesús Enrique Lossada y Las Cañada de Urdaneta (Decreto 2.013) y los municipios Catatumbo, Jesús María Semprún y Colón del Zulia (Decreto 2.014) del Zulia.

De igual manera, dictó la medida también el municipio Páez (Decreto 2.015) y los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo (Decreto 2.016) del estado Apure.

Por otra parte, en la Gaceta de este miércoles varias resoluciones conjuntas de los ministerios de Interior, Justicia y Paz y de la Defensa ordenan al CEOFAN que gire las instrucciones para que se restrinja el desplazamiento fronterizo terrestre, marítimo y aéreo en los municipios en los cuales se decretó el Estado de Excepción.

Vía La Nación

Al menos 10 horas le llevó al Cicpc, delegación de San Carlos del Zulia, el rescate de los cadáveres, que fueron posteriormente trasladados a la morgue del hospital de Santa Bárbara del Zulia, donde familiares reconocieron e identificaron a cuatro de ellos.

Desde el sábado se especuló que se trató de un enfrentamiento entre los grupos paramilitares Águilas Negras y Los Urabeños, e incluso se mencionó que los autores fueron integrantes de una columna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc,  que opera en el sur del Lago; sin embargo, fuentes ligadas  a la investigación revelaron que  las víctimas supuestamente  pertenecían a Los Rastrojos y que los victimarios son de Los Urabeños.

La fuente calificó el hecho como una emboscada y no un enfrentamiento, como se manejó inicialmente, pues en Caño Motilón los asesinos  hasta tuvieron  tiempo de “apilar” seis de los cadáveres, una vez les dispararon. A los otros dos hombres los degollaron el mismo sábado en la mañana, pero en el sector Río Chico, vía El Guayabo.

Es más, no descartan que pudieran ser más de ocho los cadáveres que los asesinos dejaron esparcidos a lo largo del sur del Lago; desde horas de la mañana del sábado hablan hasta de 30.

En este sentido, en Táchira, comisiones mixtas  del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc-La Fría, Ejército, Sebin y Guardia Nacional, hacia el mediodía  del mismo sábado iniciaron el rastreo en busca  de supuestos cadáveres entre Tres Islas y Río Grita, una vez que los moradores aseguraron que hubo varios muertos,  luego de una acción bélica registrada en la zona montañosa.

Se creía que, de haber ocurrido una masacre de este lado del Táchira, los autores de la misma pudieron trasladar los cadáveres hasta Colombia, práctica que han puesto de manifiesto últimamente los grupos irregulares.

Al menos 10  horas le llevó al Cicpc, delegación San Carlos del Zulia, el rescate de los cadáveres, que fueron posteriormente trasladados a la morgue del hospital de Santa Bárbara del Zulia, donde familiares reconocieron e identificaron a cuatro de ellos.

José Francisco Calderón, de 24 años de edad, nativo de Puerto Santander, obrero de una finca en El Guayabo, uno de los dos degollados; el segundo permanece sin identificar. Entre los acribillados reconocieron a Guillermo León Troche, de 45 años de edad, natural del Cauca, residía en El Guayabo; Jesús Manuel Cuadrado, de 27 años, del departamento del Cauca, vivía en El Guayabo desde hace  dos meses, y Carlos Abril, de 33 años de edad, oriundo de San Martín, departamento del Meta, en Colombia, dos años residenciado en El Guayabo.

Dados de baja “comandante Juan”

y  alias “Balín” de Los Rastrojos

Mientras las autoridades del estado Zulia se encargan de las investigaciones y tratan de identificar al total de los fallecidos, confirmar el móvil  y la autoría de la matanza, fuentes policiales del Táchira aseguran que entre los muertos se encuentran  el “comandante Juan”,  máximo cabecilla de Los Rastrojos (una vez fue detenido en Colombia el anterior, conocido como  “Chucho Tony), y uno de sus lugartenientes o escoltas, conocido con el alias de “Balín”.

Se dice que seis de las víctimas fueron torturadas, previamente a ser acribilladas y sus cuerpos apilados, uno sobre otro, todas ellas sorprendidas por integrantes de Los Urabeños el sábado en la mañana, cuando se movilizaban en motocicletas por Caño Motilón.

Tras asesinarlos, los despojaron de sus motocicletas y, supuestamente, de las armas que portaban. En el sitio colectaron entre las evidencias, específicamente entre las ropas de uno de los muertos, la credencial de un militar de nacionalidad  colombiana, del cual  investigan si participó en la balacera, si se lo llevaron como rehén o realmente le pertenecía a esa persona.

Información extraoficial indica que otros cuerpos fueron hallados, pero en tierras colombianas, y que estos pudieran estar implicados con la masacre registrada en el estado Zulia; sin embargo, esta información no se confirmó.

“Por el punto donde se hallaron y la forma en que los mataron, hablamos de grupos armados rebeldes. Las heridas de alto calibre son hechas por armas que los irregulares usan. Los cuerpos presentaron heridas de arma larga que, según las primeras pesquisas, fueron provocadas por AK 47. Los asesinados llevaban una vestimenta similar, que consistía en botas de caucho y armillas verdes militares. Estaban maniatados con tirro y colocados muy cerca uno de otro”, detalló la fuente.

El diario Noticia Al Día aseguró que los muertos “no vestían prendas militares, pero presuntamente pertenecían a un grupo armado dedicado al cobro de “vacuna” a productores de los municipios Catatumbo y Jesús María Semprún, en la frontera con Colombia”.

Mientras que personeros colombianos  y venezolanos no se habían pronunciado hasta ayer sobre la masacre, los pocos familiares que llegaron a la morgue zuliana para reclamar a sus parientes manifestaron su consternación y clamaron justicia.

Intención de Los Urabeños:  apoderarse de toda la zona

De Los Urabeños, según indican fuentes confiables, son más de 300 los hombres que en Táchira, al mando de alias “Cepillo” y “Nacho”,  estarían dispuestos a tomar toda la zona  norte del estado, aun pasando sobre las autoridades, en lo que mayormente comprende el municipio García  de Hevia, que limita con Colombia.

Mientras se dedican a cometer las acciones delictivas que les provoca, incluso aseguran los moradores que en horas nocturnas, entre Tres Islas y Boca de Grita, instalan retenes o “puntos de control” móviles, de los que se han valido para detener a un nutrido grupo de personas, que aún permanece retenido.

Garantizan que, fuertemente armados, los insurgentes se encuentran “enconchados” en una finca denominada  “El 16”, en Tres Islas, situación que mantiene en vilo a los moradores de la zona, pues impunemente de allí salen a delinquir  en cualquier localidad y regresan, sin que las autoridades policiales y militares hayan hecho nada por proteger a la comunidad, evitando su impune accionar.