Caso Odebrecht

En un acto simbólico, un grupo de jueces venezolanos exiliados impuso el miércoles una sentencia de más de 18 años de prisión al presidente Nicolás Maduro tras procesarlo por hechos de corrupción y lavado de dinero vinculado con la constructora brasileña Odebrecht, acusada de sobornos millonarios en varios países de la región.

El juicio, empero, no tiene transcendencia legal puesto que esos jueces no son reconocidos por las autoridades de Venezuela. La sentencia se enmarca en una estrategia política opositora que, según sus promotores, apunta a poner en conocimiento de los venezolanos y la comunidad internacional los supuestos crímenes cometidos por Maduro y su gobierno socialista.

El llamado «Tribunal Supremo de Venezuela en el Exilio» –reunido simultáneamente en Miami y la capital de Colombia– determinó que el mandatario venezolano es culpable de los delitos de «corrupción propia y legitimación de capitales”, lo cual habría “comprobado con plenas pruebas” la comisión de los hechos punibles y la responsabilidad de Maduro.

El fallo leído por el juez ponente, Rommel Gil, señaló que no se trata de un juicio político. “Este es un juicio legítimo” y ordena librar orden de captura internacional contra Maduro.

Luisa Ortega Díaz, la exfiscal general de Venezuela depuesta de su cargo el año pasado tras romper con el gobierno de Maduro, acusó al mandatario de pedirle a Odebrecht cincuenta millones de dólares para su campaña presidencial en el 2013.

Ortega Díaz suministro a los jueces en el exilio una serie de documentos y testimonios de ejecutivos de la empresa constructora, los cuales implicarían a Maduro en delitos de corrupción y lavado de dinero.

Según Ortega –que también fungió como la fiscal encargada de comprobar que Maduro habría cometido actos de corrupción– a cambio de los 35 millones de dólares que finalmente recibió, Maduro le prometió a Odebrecht contratos para obras públicas en Venezuela, así como ayuda para gestionar pagos atrasados de decenas de millones de dólares.

Los jueces también ordenaron notificar a las organizaciones multilaterales y regionales para que tomen las previsiones en el entendido que Maduro “no es presidente legítimo de Venezuela y está detentando ilegalmente la presidencia del Estado venezolano”. En consecuencia, los tratados suscritos por el gobernante “no serán legítimos ni válidos” y “menos comprometen a la república”.

El tribunal en el exilio está integrado por abogados que huyeron de Venezuela el año pasado luego de que la Asamblea Nacional de mayoría opositora los nominara al Tribunal Supremo de ese país. Maduro los acusó de traición y podrían ser encarcelados si regresan.

En Venezuela siguen en funciones el Tribunal Supremo de Justicia, elegido por los aliados políticos de Maduro en 2015, quienes declararon sin efecto el nombramiento de sus sucesores amparados en una sentencia en la que la Sala Electoral de la Corte suspendió en diciembre de ese año a cuatro diputados, tres de ellos opositores, por supuestas irregularidades en su elección. Desde entonces el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato y en consecuencia considera nulos todos sus actos.

Pese a que varios países de la región han permitido que los jueces exiliados realicen actos y conferencias en su territorio, ninguno ha dado su reconocimiento de manera clara y determinante al tribunal. Éste sólo ha sido reconocido por la Organización de Estados Americanos, donde su secretario general acusa a Maduro de haberse convertido en un dictador.

Las declaraciones del expresidente de Odebrecht Venezuela Euzenando Azevedo sobre el caso de la constructora brasilera en el país apuntan a que tanto políticos del oficialismo como de la oposición recibieron fondos para campañas electorales, lo que en medio de las múltiples acusaciones internacionales por corrupción llevan a preguntarse cuán legales son tales aportes.

La constructora brasileña está acusada de pagar cerca de 788 millones de dólares en sobornos en diez países latinoamericanos y dos africanos a cambio de aproximadamente 100 proyectos entre 2001 y 2016.

Para la politóloga Carmen Beatriz Fernández, todo lo que tiene que ver con Odebrecht “suena como algo muy negativo y corrupto, y pareciera que todo es lo mismo, pero no lo es”. Así, diferencia tres tipos distintos de operaciones de Odebrecht en Venezuela. En primer lugar, la corrupción en las obras y contrataciones con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro; segundo, el uso de la maquinaria electoral de la constructora en las campañas presidenciales del oficialismo y, por último, los aportes a partidos políticos.

¿Aportes ilegales?

Azevedo, en videos de sus delaciones de 2016 ante la fiscalía de Brasil, publicados recientemente por Armando.Info, afirmó haber dado dinero para las campañas electorales tanto del chavismo como la oposición.

Desde Antonio Ledezma, Henrique Capriles, Carlos Ocariz, Pablo Pérez, Manuel Rosales, hasta Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Giancarlo Di Martino, Elías Jaua y Diosdado Cabello recibieron dinero como candidatos, según Azevedo.

La legalidad de las contribuciones extranjeras a campañas electorales cae en el vacío que dejó la reforma a la Constitución Nacional en 1999, que prohibió el financiamiento público de organizaciones políticas. Esto fue un “retroceso gigante y una limitación importante para garantizar la equidad de los partidos”, comentó la directora del capítulo venezolano de Transparencia Internacional, Mercedes De Freitas.

Constitución Nacional, art. 67:

» (…) No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado. La ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas (…)»

La directora añadió que, al no permitir que el Estado financie a los partidos políticos, “solo se pueden lanzar los millonarios o los corruptos”, quienes pudiesen tener suficiente dinero para costear el proceso.

Las demás legislaciones disponen el financiamiento extranjero como un hecho ilegal. La Ley de Partidos Políticos no permite donaciones o subsidios extranjeros directamente a las organizaciones, pero las contribuciones a campañas no están explícitamente prohibidas. Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) emitida en el 2002, sí prohíbe la propaganda electoral que sea financiada con fondos de origen extranjero y fondos privados no debidamente declarados.

Ley de Partidos Políticos, art. 25:

Son obligaciones de los partidos políticos: (…) 4. No aceptar donaciones o subsidios de las entidades públicas, tengan o no carácter autónomo; de las compañías extranjeras o con casa matriz en el extranjero; de empresas concesionarias de obras públicas o de cualquier servicio de bienes propiedad del estado; de Estados extranjeros y de organizaciones políticas extranjeras”.

 
Ley Orgánica del Poder Electoral, art. 75. 

«No se permitirá la propaganda electoral que: (…) 13. Sea financiada con fondos públicos distintos a lo previsto en estas normas. 14.Sea financiada con fondos de origen extranjero. 15.Sea financiada con fondos privados no declarados al Consejo Nacional Electoral y al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) (…) «

Para que los aportes a campañas puedan ser considerados como ilegales, primero se debe verificar que hayan sido emitidos como sobornos para conseguir contrataciones públicas o algún beneficio por parte del político receptor. Además, De Freitas considera que se debe verificar que los comentarios de Azevedo sean verdaderos.

En las investigaciones a Odebrecht de Transparencia Venezuela no se han encontrado contratos con la Gobernación de Miranda durante el periodo en que Capriles estaba al mando, aseguró De Freitas. La organización no menciona las contribuciones a campañas.

Contrataciones corruptas

“Hay delitos que, por su impacto sobre la población, merecen prioridad en las investigaciones y las sanciones. Esos son los casos que no conocemos de los 40 contratos firmados con el gobierno, de los cuales solo sabemos el monto de la mitad”, comentó la directora de Transparencia Venezuela.

La ONG ha investigado las contrataciones públicas de Odebrecht y encontrado que tan solo la mitad de ellas suman 29.974 millones de dólares, a pesar de que solo un tercio de las obras no hayan sido culminadas.

La investigación del capítulo local de Transparencia Internacional también encontró indicios de sobreprecios, tráfico de influencias, y en otros ni siquiera halló información, que por ley debe ser de conocimiento público.

El grupo Odebrecht pagó 98 millones de dólares en sobornos –la más alta cifra que la constructora desembolsó por este concepto en la región, después de Brasil– a funcionarios del gobierno en Venezuela y trabajadores intermediarios entre 2006 y 2015 a cambio de adquirir o mantener contratos de obras públicas.

Pero, a diferencia del resto del continente, donde funcionarios de todo nivel, incluyendo presidentes y expresidentes, han sido juzgados y encarcelados por aceptar dinero corrupto, en Venezuela ningún alto funcionario, ni las instancias judiciales, han abierto una investigación sobre el caso o si quiera se han pronunciado al respecto.

Maquinaria electoral

Las campañas presidenciales de Hugo Chávez en 2012 y de Nicolás Maduro en 2013 tuvieron un componente característico, el apoyo de Odebrecht y el entonces presidente de Brasil, Lula Da Silva.

Fernández resaltó que para sostener el modelo de negocio de corrupción de Odebrecht en la región, debió apoyarse en un “imperio del marketing político”, con el que Lula ayudaba a sus amigos del Foro de São Paulo.

“Aquí entró Dilma, Alejandro Toledo de Perú. Entró en su momento la presidenta Bachelet y otros candidatos. En ese mismo esquema entraba el apoyo técnico de un conglomerado muy bueno. Eso es una incidencia que en algunos países ha sido muy grave”, aseguró Fernández.

Varios ejecutivos de Odebrecht, interrogados en el marco de investigaciones internacionales, confesaron haber aportado dinero para las campañas de Chávez y Maduro, específicamente con pagos al publicista Joao Santana, quien además de haber ideado la insignia de la última campaña de Chávez que lo llevó a la reelección, también ayudó a al menos otros cuatro candidatos en el continente.

Durante la campaña presidencial de Maduro en 2013, Odebrecht le habría otorgado 35 millones de dólares, y a cambio el mandatario habría ordenado pagos extraordinarios de hasta 4.000 millones de dólares para obras de Odebrecht, según el diario brasilero Estadao.

@Mpaolams

El proyecto colaborativo «Investiga Lava Jato» sobre el escándalo de corrupción de Odebrecht, en que participó la periodista de investigación de Runrun.es Lisseth Boon, fue galardonado con el premio por Reportaje Investigativo 2018 de la fundación TRACE en Estados Unidos.

«Una colaboración ejemplar y ambiciosa de 20 periodistas de investigación de una docena de medios de América Latina y África expuso nuevos detalles sobre la compañía en el centro del escándalo de Lava Jato», dijeron los jueces sobre el reportaje supervisado por la sala de redacción sin fines de lucro Convoca.

Los jueces alabaron la investigación por su increíble amplitud, y por demostrar cómo la constructora brasileña recaudó más de USD 6 mil millones por proyectos en siete países donde pagaba sobornos a funcionarios locales.

Los integrantes del equipo de investigación internacional son Emilia Delfino, de Perfil (Argentina); Ginna Morelo, Esteban Ponce de León, Óscar Agudelo de Colombiacheck (Colombia); Christian Zurita de Mil Hojas (Ecuador), Jimmy Alvarado de El Faro (El Salvador); Daniel Villatoro de Plaza Pública (Guatemala); Daniel Lizárraga, Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción (México); Adérrito Caldeira de Jornal Verdade (Mozambique); Sol Lauría (Panamá); Oscar Libón, Miguel Gutiérrez, Mariana Quilca de Convoca (Perú); y Lisseth Boon de Runrun.es y Jesús Yajure de El Pitazo (Venezuela).

«Investigar la red de corrupción de las empresas de construcción brasileñas requirió un trabajo transfronterizo, colaborativo, persistente y efectivo. El equipo de Investiga Lava Jato trabajó en conjunto para contribuir a exponer la corrupción y explicar a las personas cómo los sistemas corruptos afectan sus vidas. Nos sentimos honrados de tener nuestro trabajo fue reconocido por el premio 2018 «, dijo Milagros Salazar, directora de Convoca.

El premio también fue otorgado a Kelly Carr y Jaimi Dowdell, reporteros independientes que escriben para The Boston Globe, por su investigación «Secrets in the Sky», que detalla los fallos del registro de aviones y pilotos estadounidenses por parte de la Administración Federal de Aviación.

«Comenzaron con una pequeña parte de una historia sobre un fatal accidente de avión privado en Venezuela. Al final, estos reporteros independientes habían viajado por todas partes para producir una historia fascinante sobre un enorme vacío regulatorio en los procedimientos de registro de aeronaves que ha permitido a los traficantes de drogas, políticos corruptos y terroristas potenciales registrar en secreto aviones privados en los Estados Unidos y operarlos con poco riesgo de escrutinio. Es aterrador y está bellamente escrito», dijeron los jueces.

«Desentrañar la corrupción comercial es un trabajo difícil y, a menudo, peligroso para los periodistas de investigación», dijo la presidenta de TRACE, Alexandra Wrage. «Estamos encantados de honrar a los destinatarios que lo merecen y de felicitar no solo a aquellos que han ganado, sino a todos los periodistas de todo el mundo que descubren la corrupción».

La Fundación TRACE es una organización sin fines de lucro que fue establecida para promover, apoyar y financiar investigaciones, periodismo de investigación, publicaciones, videos y proyectos relacionados que fomentan una mayor transparencia comercial y promueven la educación contra el soborno. El premio 2018 fue entregado en el museo especializado en periodismo Newseum, en Washington D.C.

Los tentáculos de Odebrecht, la constructora brasileña que ha protagonizado la mayor trama de sobornos conocida, llegan de Venezuela a España. La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace meses una trama de blanqueo de capitales que tendría su origen en sobornos entregados por Odebrecht a familiares de Diosdado Cabello, exnúmero dos de Hugo Chávez, expresidente de la Asamblea Nacional, exministro de Obras Públicas con Hugo Chávez y exgobernador del estado de Miranda.

La investigación la inició la Fiscalía de Venezuela durante el mandato de Luisa Ortega, que huyó del país el pasado mes de agosto perseguida por el chavismo y se encuentra refugiada en Colombia. En julio de 2017, el fiscal Pedro Alexander Lupera, había remitido una comisión rogatoria a España para comprobar si empresas de dos primos de Diosdado Cabello vinculados a Odebrecht se usaron para canalizar los sobornos. La comisión rogatoria, a la que ha tenido acceso ABC, argumenta que Odebrecht «ha establecido relaciones comerciales con la empresa TSE Arietis y esta a su vez se encuentra relacionada con empresas constituidas en Madrid, cuya legalidad y transparencia en cuanto a los contratos se encuentra en revisión por este Despacho Fiscal».

Entre los contratos que Odebrecht logró del chavismo está el de la construcción de la línea 2 del Metro de Los Teques, capital del estado de Miranda. Comenzó a construirse en 2007, cuando Cabello era el gobernador del estado. La constructora brasileña subcontrató a TSE Arietis, controlada por sus primos Luis Alfredo y Jerson Jesús Campos Cabello. TSE está vinculada a tres empresas españolas, controladas por Luis Alfredo Campos Cabello: Inversiones Oportunidades y Negocio SL –que explota una gasolinera en Alcobendas (Madrid)–, Bengoechea Inversiones y Patrimonios S.L. –dedicada a la compra-venta de bienes muebles y a la asesoría financiera– y Depósito y Stockage JJ, una empresa de almacenes. Solo la mercantil de la gasolinera cuenta con un capital de dos millones de euros. ABC ha intentado sin éxito recabar la versión de Luis Alfredo Campos Cabello. En sus empresas confirman que está «en Venezuela» y descartan que vayan a atender a este diario.

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La exacerbación de la podredumbre, de la corrupción y el acusado entendimiento de parte de las élites políticas latinoamericanas – arguyendo necesidades de paz y gobernabilidad – con las manifestaciones más perversas de la criminalidad transnacional contemporánea: el narcoterrorismo y el lavado de los dineros sucios, está produciendo un hartazgo en nuestras sociedades. Acaso algo bueno podrá salir de ello, en revancha. La perspectiva es hoy más clara y rasgadora que en el pasado reciente, sin lugar a duda, pues hasta ayer se creía que todo se reduce a la corrupción de siempre.

Lo paradójico es que quienes, a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, asumen las banderas de lucha contra la falta de probidad y el reclamo por la rendición de cuentas de parte de los funcionarios del Estado – lo que en el pasado se conoce como el juicio de residencia – llevando a los políticos ante el patíbulo de la opinión pública, al término son hoy los realizadores del matrimonio diabólico de la misma política, en nombre de la anti-política, con el mundo del narcotráfico y el crimen globalizado.

Se trata de los marxistas y sus usufructuarios de circunstancia – los de siempre y en toda hora, en gobiernos de cualquier signo – y que, a conveniencia, viudos del cambio de la historia ocurrido junto con la caída del Muro de Berlín, huérfanos y discriminados como se dicen, mutan a propósito en socialistas del siglo XXI. Ahora se diluyen – bajo la escuela de los Zapateros y los Samper – tras el telón del “progresismo” o del humanismo socialista, luego de quedar todos al desnudo con los escándalos de Lula da Silva en Brasil, la Kirchner en Argentina, la macabra pareja nicaragüense de los Ortega, Morales y sus socios-listos, Maduro y sus socios de cartel en Venezuela, y párese de contar.

El caso es, que hasta finales del pasado siglo el problema, que efectivamente lo es y lo repito, se limita a la corrupción administrativa, al peculado o la desviación de dineros del tesoro público para asuntos distintos de los preestablecidos por la ley: Una enfermedad que carcome en la propia región desde las guerras de Independencia, cuando Bolívar y Páez, desde Venezuela y como molde, ofrecen a los suyos, a sus soldados, repartirles liberalmente los bienes del gobierno si logran la victoria.

De la corrupción me hablan, en efecto, los imberbes soldados quienes participan de las asonadas de 1992 en calidad de “bolivarianos” y quienes, ante mi reclamo, así se justifican. Buscan resquicios constitucionales para encubrir la felonía. No por azar – es lo que importa subrayar y reitero en varios de mis libros (De la revolución restauradora a la revolución bolivariana, 2009; El problema de Venezuela, (2016); Civilización y barbarie, 2018 – la impudicia del comportamiento virreinal de quienes en nombre de la anti-política se hacen del poder público venezolano, una vez alcanzado frenan la simulación. La codicia es más fuerte y ser simples corruptos no les basta.

Tanto que, desde el primer día de su elección, cuando asume como presidente electo el pacato comandante de Sabaneta de Barinas, Hugo Chávez Frías, lo primero que hace es ordenar se le fabrique su banda presidencial en Madrid, por la misma firma que elabora la de los reyes españoles. Era un primer síntoma, un mal signo. Pero ello es “peccata minuta”. No pasan meses sin que llegue lo insólito e inédito, el pacto con las FARC de agosto de 1999 para hacer del Estado venezolano domicilio del crimen de narcotráfico y el tráfico de armas a nivel global. Lo que conlleva a un predicado hoy manifiesto: el marxismo tropical y militarista asume el poder para no dejarlo o abandonarlo jamás.

No se trata de lo que repite el dictador Juan Vicente Gómez durante la primera mitad del siglo XX: ¡De aquí no me saca sino Dios! Es que el Estado es en lo adelante el articulador del mal absoluto, y por ello sorprende que, quienes desde la acera de la política vuelven ahora por sus fueros, para expulsar del poder regional a las manifestaciones de la anti-política vestidas de socialismo, creen que el asunto es político, como la corrupción, y nada más, que urge cauterizar otra vez, y nada más.

Extraña, por ende, que en la medida en que el escándalo de la ODEBRECHT – trasnacional brasilera de las “mermeladas”, dirían los neogranadinos – cubre a la región y remueve gobernantes beneficiados de sus coimas, en otra aparente operación anti-política, todos a uno, políticos y antipolíticos no mencionen lo vertebral y que le ha dado muerte a la política dejando a nuestras sociedades sin tejidos, haciéndolas líquidas, sometiéndolas a la inopia, a saber, el dominante de las drogas y sus negocios.   

Siendo así, cuando se aprecia que algunos políticos le sirven la mesa a las prácticas anti-políticas del narco-poder, para forzar un juego de alternabilidades simuladas, uno se harta y hasta se dice ¡que se vayan todos, políticos y antipolíticos, y que el último apague la luz, para que otra luz renazca!

correoaustral@gmail.com

El Tribunal Supremo en el exilio admitió hoy a trámite una solicitud de la exfiscal general Luisa Ortega para que determine si Nicolás Maduro debe ser juzgado penalmente por presuntos delitos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht.

La decisión fue anunciada al término de una reunión de la Sala Plena del TSJ celebrada hoy en Coral Gables, ciudad aledaña a Miami, para evaluar la petición de «antejuicio de mérito» planteada por Ortega, que también está exiliada.

Participaron en la reunión ocho magistrados del TSJ en el exilio radicados en Florida, además de otros conectados vía telefónica o internet desde Panamá, Colombia y Chile, que decidieron admitir a trámite la solicitud.

Sobre la petición para que se detenga a Maduro y se pida a Interpol orden de captura en su contra, el TSJ en el exilio anunció que «se reserva el derecho de pronunciarse» sobre esas medidas, cuando decida sobre «la existencia o no de méritos para el enjuiciamiento de quien ejerce el cargo de Presidente de la República de Venezuela».

En su petición, la exfiscal Ortega considera que hay «mérito para iniciar causa penal» contra el presidente Maduro, «con ocasión a la presunta participación en hechos de corrupción que surgen de una investigación preliminar iniciada por la Fiscalía General de la República en el año 2015».

Esa investigación está referida a irregularidades en la ejecución de una obra de infraestructura en el Estado Zulia conocida como el Segundo Cruce sobre el Lago de Maracaibo.

Como resultado de esas pesquisas se obtuvo información acerca de contrataciones de obras con Odebrecht por una suma de 2,5 billones (millones de millones) de dólares que «no han sido culminadas y otras que jamás se llegaron a ejecutar en el país».

La exfiscal general indica además que hay pruebas de que Nicolás Maduro, cuando era canciller, recibió «grandes cantidades de dinero en dólares» para el pago de las campañas presidenciales de Hugo Chávez y luego para el pago de la suya propia, tras la muerte del líder bolivariano en 2013.

«Todo por instrucciones del fallecido presidente Hugo Chávez Frías y con la complacencia del Gobierno brasileño presidido por el señor (Luiz Inacio) Lula Da Silva», señala Ortega.

Según dice Ortega, la Fiscalía concluyó que «se conformó una red de corrupción con altos funcionarios del Estado Venezolano, los cuales identifica con prácticas que van desde el cobro de vacunas, sobornos y comisiones, penetrando así gran parte de la estructura gubernamental que influyó en forma decisiva en el destino de Venezuela».

Miguel Ángel Martín, presidente del alto tribunal nombrado por la Audiencia Nacional venezolana, que se define como «legitimo» y cuyos miembros están exiliados en EE.UU. y otros países, dijo a Efe que Maduro y el actual fiscal general venezolano, Tarek Saab, van a ser notificados inmediatamente para que el primero comparezca a una audiencia oral y pública fijada para el 3 de abril en EE.UU.

Preguntado por Efe por el lugar donde se celebrará tal audiencia Martín dijo Efe que aun no se ha determinado.

Para Miguel Ángel Martín, el objetivo es «dar derecho de palabra a cada parte».

Después de esa audiencia, el tribunal tiene 30 días para tomar una decisión sobre la solicitud de Ortega, explicó.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil aprobó este viernes incluir al presidente de ese país Michel Temer dentro de las personas que serán investigadas por asociación ilícita en el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

La justicia se encargará de investigar la existencia de una supuesta transferencia de dinero por parte de Odebrecht al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) en 2014, durante la campaña presidencial, por un monto de 10 millones de reales brasileños (3 millones de dólares), acción que se había acordado durante una cena entre Temer y representantes de la constructora.

En junio pasado, el fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, denunció que el mandatario brasileño recibió entre los meses de marzo y abril un monto de 500.000 reales (150.000 dólares). No obstante, fue absuelto por el Tribunal Supremo Electoral del país por supuestos hechos de corrupción durante la campaña de 2014.

Más información en Tal Cual.

Luego que la oposición no lograra los votos necesarios para declarar la vacancia del mando, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se salvó  de ser destituido por el Congreso por mentir sobre sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, .

“No ha sido aprobado el pedido de vacancia por causal de incapacidad moral permanente”, dijo el presidente del Congreso, el opositor Luis Galarreta, tras la votación, que arrojó 79 votos a favor de la destitución, 19 en contra y 21 abstenciones.

La oposición necesitaba 87 votos para declarar la vacancia presidencial.

“Peruanos. Mañana empieza un nuevo capítulo en nuestra historia: reconciliación y reconstrucción de nuestro país. Una sola fuerza, un solo Perú”, escribió Kuczynski en Twitter tras la votación al término de una sesión parlamentaria de 14 horas.

“Mi expectativa es empezar a vivir otra vez en reconciliación nacional, en un espacio de paz por el bien de nuestros pobladores, porque cada poblador quiere vernos trabajar juntos”, dijo la segunda vicepresidenta peruana, Mercedes Aráoz.

“El peligro no ha pasado. Esto debe asumirse con humildad y sentido autocrítico. No hay tiempo para celebrar, es tiempo de trabajar”, dijo el expresidente Ollanta Humala, bajo prisión preventiva por el caso Odebrecht.

Humala es acusado de recibir tres millones de dólares para su campaña electoral de 2011

La oposición acusaba al presidente de haber mentido sobre sus vínculos con Odebrecht.

El mandatario y de su abogado presentaron sus descargos durante más de dos horas y luego se inició el debate de los legisladores.

“Es un triunfo de la corrupción, porque lo que han hecho los parlamentarios que han votado a favor es avalar que el presidente pueda cobrar dinero de Odebrecht. La lucha contra la corrupción va retroceder”, dijo el legislador Mauricio Mulder, del partido Aprista.