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El Mañanero del #2Oct: las ocho noticias que debes conocer

Desde el mañanero del 2 de octubre del 2023 Runrun.es te informa:

El año escolar 2023-2024 comienza este 2 de octubre, y la ministra de educación en Venezuela, Yelitze Santaella, descartó la posibilidad de aumentar el salario de los docentes a corto plazo, en un contexto donde el ingreso mínimo no supera los 130 bolívares, equivalentes a 3,78 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela para el día de hoy. 

El 29 de septiembre, durante el programa «A Pulso» del canal estatal Venezolana de Televisión, los docentes le preguntaron a través de las redes sociales sobre un posible aumento salarial y la mejora de las instalaciones educativas. Santaella respondió que el sector educativo «debe tener fe, tengan esperanza».

«Estaremos dando respuesta cuando haya condiciones económicas en este país», dijo la ministra. 

La DAET, aunque se vista de seda, FAES se queda

Excarcelan a ocho presos políticos vinculados a la «Operación Armagedón»

Déficit de ambulancias: otro servicio público en emergencia

Exviceministro de energía venezolano suma 16 investigaciones por corrupción en Europa

El preso político Igbert Marín Chaparro sigue en protesta para exigir sus DDHH

Jubilados de CVG denuncian que no se cumplen acuerdos sobre sus prestaciones

Asdrúbal Oliveros: 16 % del PIB de Venezuela proviene de «actividades ilícitas»

Ministra de educación descarta aumento salarial para los docentes en el inicio del año escolar 2023-2024

«De 24 horas del día tenemos solo seis horas con electricidad y a veces llega demasiado bajito el voltaje. Se va y llega la luz, se queman bombillos y aparatos. Esto es grave y no hay a quién reclamarle», denunció Carmen Díaz, presidenta de la Cámara de Comercio del municipio Libertador del Táchira, al medio El Pitazo.

Gracias por leer el mañanero de Runrun.es  del 2 de octubre de 2023

INVESTIGACIÓN | Los reportes secretos de la corrupción, el fondo sin fondo de Venezuela y Argentina

La sintonía política entre los expresidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez quedó plasmada en julio de 2004, cuando firmaron un convenio bilateral por el cual Argentina podía comprar combustible venezolano a bajo precio y depositar sus pagos en un fondo común que llamaron fideicomiso bilateral. Los empresarios argentinos exportarían distintos productos que necesitara Venezuela y se les pagaría con el dinero del fideicomiso.

En los papeles era un negocio para todos. En la realidad, el acuerdo alcanzó dimensiones multimillonarias y resultó una llave de oro para unos pocos oportunistas.  

Empresarios de ambas orillas se hicieron millonarios con la venta de productos con sobreprecios a empresas públicas venezolanas, ante la vista gorda de los funcionarios que facilitaron las herramientas financieras estatales.

Esos contratos de compra-venta son aún hoy investigados por la justicia argentina, con sospechas de que contribuyeron a desfalcar el patrimonio público en Venezuela, en medio de la emergencia humanitaria compleja que ya empezaba a padecer ese país.

Opacidad profunda entre Venezuela y Argentina 

Una alianza periodística integrada por Transparencia Venezuela y el CLIP, con el apoyo de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Infobae y TalCual, tuvo acceso a una filtración anónima de reportes de la Unidad de Información Financiera de Argentina. Estos documentos revelan los millonarios movimientos de dinero realizados por empresarios luego de vender productos a Venezuela mediante este fideicomiso bilateral.

Por primera vez, esta investigación periodística detalla con ejemplos concretos, cuánto dinero ganaron, cómo ocultaron esos activos, en qué bienes invirtieron y, en muchas ocasiones, cómo aprovecharon el sinceramiento fiscal abierto por Argentina en 2016 para blanquear sus fondos sin dar explicaciones sobre su origen.  

Los reportes, hasta ahora desconocidos, explican cómo los nuevos «bolichicos argentinos» usaron sociedades offshore y otras maniobras financieras para desviar los fondos públicos venezolanos a la compra de distintos bienes, como propiedades, vehículos de lujo y hasta embarcaciones en Miami.

Mientras se sellaban estos negocios, la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina alertó sobre decenas de transferencias bancarias a contramano, es decir, desde cuentas bancarias vinculadas a los empresarios argentinos hacia sociedades en paraísos fiscales, cuyos beneficiarios finales eran venezolanos. Las autoridades sospechaban que estas transferencias podrían esconder coimas.

Los informes ahora revelados exponen el bloqueo del gobierno de Venezuela sobre las causas judiciales abiertas en Argentina, que demora el trámite de los expedientes. A pesar de contar con información precisa sobre balances, contratos y hasta cuentas bancarias, los tribunales argentinos prácticamente no han avanzado en los últimos años en acusaciones concretas contra ninguno de los empresarios.

Aunque existen decenas de casos que huelen a corrupción dentro de este acuerdo, esta investigación periodística expone cuatro ejemplos representativos de posibles delitos que se publicarán entre este domingo 10 de septiembre y el miércoles 13 de septiembre.

Se revela por primera vez que Baldric SA, una empresa de fachada creada por un venezolano en Argentina ganó un contrato a medida por casi US$ 8 millones para reactivar un frigorífico en Machiques de Perijá que nunca repuntó. Esta investigación le da una segunda vida al ya conocido caso de «la embajada paralela» en Caracas, a través de los opacos movimientos de fondos de Ascensores Servas SA. Se completa, por primera vez, la ruta del blanqueo de unos hermanos de Tucumán, que multiplicaron sus bienes por sus negocios con el Estado venezolano. Y, por último, se reconstruye la historia de un empresario venezolano, que infló exportaciones de alimentos desde Argentina para obtener divisas preferenciales, según las autoridades de ese país.

Lea el especial completo haciendo clic en la imagen

Venezuela y Argentina. Un fondo sin fondo. Corrupción

AP: Luisa Ortega Díaz fue mencionada en un caso de sobornos que se investiga en Miami
Las fuentes acordaron dar los detalles solo si no citan su nombre «porque se suponía que no iban a discutir la investigación, que aún está en curso»

La fiscal general destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz, fue mencionada en un caso de sobornos que investiga una corte federal de Miami, Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, Ortega Díaz fue implicada en un caso que involucra a un venezolano que se declaró culpable de pagar $1 millón en sobornos, dos personas familiarizadas con el caso. 

Aunque, según la publicación, Ortega Díaz no se menciona por su nombre, al declararse silenciosamente culpable el lunes de un solo cargo de conspirar para defraudar a EEUU, el empresario Carlos Urbano Fermín admitió haber pagado alrededor de un millón de dólares en sobornos a un “fiscal de alto rango” en Venezuela como “seguro” contra cualquier investigación sobre su extenso contratos de construcción con el gigante petrolero estatal PDVSA.

Según dos personas familiarizadas con el caso citadas por AP, ese funcionario venezolano anónimo es Ortega Díaz. Estas fuentes acordaron dar los detalles solo si no citan su nombre «porque se suponía que no iban a discutir la investigación, que aún está en curso».

 

Tras conocerse esta información, según AP, Ortega Díaz no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero el año pasado, cuando acusaron a Fermín, dijo que las acusaciones de soborno fueron motivadas por el arresto del hermano del empresario en Venezuela y fueron «un intento del gobierno de Maduro de forzar una confesión y empañar su reputación».

Vale recordar que Ortega Díaz rompió con el gobierno de Nicolás Maduro en 2017 por lo que llamó el descenso del país a la dictadura cuando el oficialista desmanteló la Asamblea Nacional controlada por la oposición y creó la Asamblea Nacional Constituyente.

*También puede leer: ¿Por qué el alza del costo de la vida en dólares preocupa más que la inflación en bolívares?

Con los 70 bienes confiscados a Andrade en Miami se cubrirían  medicamentos por un año para el VIH en Venezuela

La corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, autorizó el pasado 19 de noviembre la incautación de bienes pertenecientes al extesorero venezolano Alejandro Andrade. Las casas, autos, relojes y caballos suman en promedio 33 millones de dólares, según una revisión realizada por Runrun.es en páginas especializadas en venta de estos bienes como zillow.com, kbb.com, chrono24.com y consultas con expertos veterinarios de caballos de salto.

De acuerdo con el Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria, realizado por el Gobierno Bolivariano de Venezuela y la Organización Mundial de la Salud en junio de 2018, con 33 millones 700 mil dólares se podrían realizar las acciones necesarias por un año para garantizar, en el caso del VIH, “la continuidad del acceso a servicios de salud esenciales, integrales y efectivos, medicamentos y seguimiento de laboratorio adecuado desde una perspectiva de salud pública, y minimizar el riesgo de aparición y transmisión de la resistencia”.

Con lo incautado, Venezuela podría ofrecer tratamiento contra el VIH por un año a los 120 mil personas que viven con el virus según las últimas estimaciones realizadas en 2016.

 

Alejandro Andrade fue  acusado formalmente por lavado de dinero según el expediente CASE NO. 18-cr-80054-ROSENBERG a petición de la Fiscalía de Estados Unidos. Andrade habría admitido su culpabilidad el 22 de diciembre de 2017 y su sentencia está programada para el próximo martes 27 de noviembre.

Entre los bienes incautados por el Departamento de Justicia norteamericano destacan 35 relojes que rondan entre los 5 mil y 400 mil dólares. El más costoso es el Greubel Forsey GF GMT WG de 390 mil dólares. Según la descripción en chrono24.com este reloj se caracteriza por tener una “caja de oro blanco pulido y cepillado de 18 kilates. Marcador de hora árabe en oro blanco pulido. Agujas de hora y minutos de oro blanco pulido con puntas de flecha luminosas.”

En total, los 35 relojes suman en promedio $1,614,453. Con esto se podría cubrir los medicamentos de la malaria por dos años en el país, según las cifras obtenidas del  Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria

 

Andrade admitió en corte que recibió 1000 millones de dólares en sobornos de empresarios para favorecer en la compra de dólares a tasa preferencial.

Las riendas del tesorero

Andrade se unió al poder como parte del anillo de seguridad del ex presidente Hugo Chávez e inició su vida pública como subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente. También fue viceministro y llevó las riendas del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), del Fondo Único Social, del Banco de Venezuela, así como de la tesorería nacional.

El ex teniente compartió prisión con Chávez en Yare, por haber participado en el golpe de 1992. Según un perfil escrito por Juan Carlos Zapata en la web alnavio.com, en la cárcel solían discutir sobre política y jugar chapita. “En uno de aquellos encuentros, una de las chapas impactó en el ojo izquierdo de Andrade, dejándolo tuerto. El responsable del lanzamiento fue Hugo Chávez. Desde entonces se dijo que esto generó un sentimiento de culpa que se convirtió en apego y solidaridad. De allí también devino una relación que resultó más que cómplice en múltiples aspectos”.

La afición por la equitación de Andrade comenzó cuando estaba en el Ejército. Su hijo, Emanuel, es jinete de competencias y ha representado a Venezuela en torneos internacionales. Al extesorero le fueron incautados 17 caballos. Según  expertos veterinarios, los precios de cada animal pueden rondar los 150 mil dólares.

“Empecé a montar a los siete años en mi país…aproximadamente monto seis caballos al día máximo para hacer un buen trabajo. No es usual a mi edad saltar tan grande pero creo que el sistema que me implantaron desde muy pequeño con caballos muy buenos y los mejores entrenadores del mundo ayudaron a que ese proceso se adelantara”, explica Emanuel Andrade en una entrevista a Electro Time TV en el Winter Equestrian Festival de 2016 en Florida.

Esta semana la Fiscalía norteamericana también acusó a Raúl Gorrín, presidente del canal de televisión Globovisión y dueño de Seguros La Vitalicia, como parte involucrada en los actos de corrupción en la tesorería de Venezuela y en el lavado de activos en Estados Unidos. A Gorrín le fueron incautados 24 bienes ubicados en Florida y Nueva York valorados en más de 77 millones de dólares, según revisión realizada por Runrun.es en Zillow, compañía de bases de datos inmobiliarias en línea.

Suspenden por corrupción proyectos de constructoras brasileñas en Venezuela

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La operación «Lava Jato» (lavadero de autos), que investiga desde hace más de dos años la trama de corrupción más grande de la historia de Brasil, ha obligado a suspender proyectos de infraestructura previstos en seis países de Latinoamérica, según un informe divulgado el 11 de diciembre por el Grupo de Diarios América (GDA).

A raíz de las denuncias contra las empresas implicadas en la red corrupta, entre las que se encuentran las principales constructoras del país carioca, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) suspendió la financiación de 3.600 millones de dólares para 16 obras en Latinoamérica.

Esos proyectos de infraestructura se iban a realizar en Argentina, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Guatemala y Honduras, de acuerdo a las investigaciones del GDA, compuesto por once de los diarios más relevantes de la región.

Las obras en cuestión estaban en manos de las constructoras Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão y OAS, las cinco investigadas por la «Lava Jato” por su implicación en un macroesquema de pago de sobornos a políticos cambio de la obtención de contratos y otros favores.

Venezuela es el país más afectado, pues se tendrán que renegociar cinco proyectos: La línea 2 del Metro de Los Teques, la línea 5 del Metro de Caracas, la siderúrgica Nacional Abreu de Lima en Bolívar, el proyecto de saneamiento de la cuenca del río Tuy y el Astillero del Alba (Astialba).

Desde 2000 los gobiernos venezolanos entregaron 42 proyectos a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao. Odebrecht, que lidera con 32 contratos, ha recibido en 16 años 40,9 millardos de dólares (81,80% del total).

El Bndes financia estos proyectos en el país por 2.734 millones de dólares. De las 42 obras, 14 están a menos de 30% de su ejecución según el Registro Nacional de Contratistas. Destacan tres de Odebrecht: el tramo San Antonio-La Rinconada del Metro de Los Teques, 0% de avance; el proyecto de desarrollo agrario Guamare-Masparro, en Barinas y Portuguesa, 0,70% de avance; y la estación Miranda II y los talleres de la Línea 5 del Metro de Caracas, con solo 5,79% de realizado.

El Astialba es un proyecto de fábrica donde se planeaba construir embarcaciones petroleras con capacidad para 400 mil toneladas de peso muerto, iba a ser edificada a través del acuerdo suscrito por Petróleos de Venezuela y la empresa brasileña Andrade Gutiérrez

La obra surgió del acuerdo de cooperación suscrito en junio de 2008 por el difunto presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, y su homólogo brasileño para el momento, Luis Inácio Lula da Silva, durante el IV Encuentro Binacional Venezuela–Brasil celebrado en Caracas.

Junto a las del resto de los países implicados en el caso, esas construcciones suman en total 5.700 millones de dólares, lo que representa el 58 % del valor destinado por el banco de fomento de Brasil para financiar servicios de ingeniería en la región entre 2003 y 2015.

No obstante, el Bndes, ya anunció el pasado 11 de octubre la suspensión del pago de cuotas de préstamos concedidos a las constructoras investigadas por corrupción y se reservó el derecho de cancelar los contratos unilateralmente si se hallan irregularidades.

Tras más de dos años de investigación, la “Lava Jato” ha detenido a decenas de personas, en su mayoría altos ejecutivos de empresas constructoras, así como directivos de Petróleo Brasileiro (Petrobras), la petrolera estatal eje de la trama, y varios políticos.

Gobierno Nacional solicita a EEUU la extradición de Isea

rafael isea ex gobernador aragua extradicción

El gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, pidió al gobierno de Estados Unidos la extradición del exgobernador de Aragua, Rafael Isea.

Durante el acto de juramentación de precandidatos a elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, pide que el exfuncionario oficialista responda ante la justicia venezolana por los casos de corrupción y narcotráfico durante su gestión de gobierno.

“Miserable servidor de los intereses del imperio, prófugo de la justicia que está siendo investigado por narcotráfico y corrupción. Él es un traidor al comandante Hugo Chávez y del pueblo de Aragua”, dijo durante el evento, que se realizó en el Monumento de La Juventud, en La Victoria.

El Aissami también solicitó la extradición del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, presuntamente vinculado con el empresario Walid Makled.

Por caso de corrupción renuncia la ministra de Sanidad de España

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El juez Pablo Ruz propuso juzgar a 43 imputados en un caso de corrupción, entre ellos tres ex tesoreros del Partido Popular (en el Gobierno), en un auto en el que ha incluido a la ministra de Sanidad como responsable civil por los regalos que recibió su ex esposo

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, Ana Mato, presentó su dimisión, después de que un juez considerara que pudo beneficiarse indirectamente y a través de su ex marido Jesús Sepúlveda, ex alcalde de la localidad de Pozuelo, de un entramado de corrupción.

El juez Pablo Ruz propuso juzgar a 43 imputados en un caso de corrupción, entre ellos tres ex tesoreros del Partido Popular (en el Gobierno), en un auto en el que ha incluido a la ministra de Sanidad como responsable civil por los regalos que recibió su ex esposo.

En un comunicado con el membrete del Ministerio, Mato afirma que «en ningún caso» el magistrado le imputa «ningún delito» ni tampoco le atribuye «responsabilidad penal alguna».

«No quiero, bajo ningún concepto, que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al Gobierno de España, a su Presidente (Mariano Rajoy) ni tampoco al Partido Popular», manifiesta Mato.

A su juicio, el juez Ruz se limita a comunicarle la resolución «a efectos meramente civiles como consecuencia» de su situación familiar «en el momento en el que supuestamente se produjeron los hechos» y en el que estaba casada con Sepúlveda.

La ahora ex ministra agradeció al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su confianza en ella, así como a los miembros del Consejo de Ministros y a todos los compañeros de su partido. Las asociaciones judiciales explicaron que la citación a Mato en el auto del juez sobre la trama de corrupción como «partícipe a título lucrativo» significa que no tiene responsabilidad penal en los hechos, pero si la puede tener civil si se ha beneficiado de fondos de origen ilícito.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, explicó que la inclusión de Mato como responsable civil, por considerar que se benefició de los regalos que supuestamente recibió de la trama corrupta su exmarido, significa que aunque «ignoraba el delito» ha podido tener «alguna ventaja de él».

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dijo que comparte el criterio del juez Ruz. Mato presentó su dimisión después de que varios líderes de la oposición pidieran hoy su salida del Gobierno tras conocer el auto del juez y ante el debate previsto para este martes en el Congreso de los Diputados sobre corrupción.