LA EXPERIENCIA TRÁGICA VIVIDA POR VENEZUELA, que se inicia, no hay que olvidarlo, con la deliberada y a la vez zorruna conspiración para destruir su orden constitucional y democrático, en 1999, a buen seguro será objeto de estudio cuidadoso por los centros académicos occidentales. Todavía más cuanto que, la cuestión, de modo igualmente inédito e inesperado, rompiendo con una tradición de casi 73 años, ingresa como tema al Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 26 de enero.

América Latina construye una doctrina democrática a profundidad y propia, más allá de sus realidades y vivencias, entre dictaduras y dictablandas, mientras Europa la focaliza en el campo electoral y del Estado de Derecho.

La ONU, evitando en lo posible hablar de la democracia, atiende a los derechos humanos como si fuesen un dato aislable y más allá de la aislada Declaración de Viena de 1993. Con mucha timidez trabaja sobre los estándares de las observaciones electorales después de la caída del Muro de Berlín, para la construcción de las llamadas “democracias nuevas”.

Siempre prevenida por lo que más le preocupa y es música angelical para las dictaduras de derechas o de izquierdas, privilegia el respeto por cada Estado de la soberanía nacional y el deber de No intervención en los procesos electorales de los otros Estados”. La Agenda de la ONU para el 2030, en sus 40 páginas profusas, menciona a la democracia una sola vez, como aspiración.

Desde 1948, cuando se crea a la OEA como club para las democracias de las Américas y se fija un cordón sanitario a las dictaduras militares, o a partir de 1959, cuando la Declaración de Santiago de Chile se adelanta para decir que la democracia no sólo son elecciones libres e implica elementos interdependientes (derechos humanos, justicia social, alternabilidad en el poder, libertad de prensa, pluralismo político, elecciones justas y competitivas, separación de poderes, imperio constitucional, etc.), la región pone su énfasis final en lo inexcusable: Antes que sistema político que organiza el poder del Estado, la democracia es un derecho humano de los pueblos que los gobiernos deben garantizar. Así lo refrenda en la actual Carta Democrática Interamericana, desde 2001.

El proceso inédito que hoy tiene lugar para el restablecimiento de las libertades y con ello frenar en seco los efectos sociales devastadores del hambre y la represión causados por el usurpador del poder en Venezuela, Nicolás Maduro, en su momento hará correr ríos de tinta para sistematizar sus enseñanzas novedosas.

Lo de Venezuela rompe el molde previsto incluso por la Carta Democrática, que se limita a prevenir – era el caso de Fujimori en Perú – que gobernantes electos degeneren en dictadores o autócratas.

Douglas Farah, profesor de la National Defense University, en DC, refiere, al efecto, que “al final de cuentas estamos en presencia de estados criminalizados”, no meras democracias deficientes o simples dictaduras civiles o militarizadas que se esconden tras el velo de la democracia.

No estamos hablando de un ministro corrupto, dice Farah. “No estamos hablando del jefe emigración que deja pasar personas, o un jefe de policía que haga tal cosa; si no que estamos hablando de decisiones tomadas en la casa presidencial, como lo hizo el señor Hugo Chávez, como lo hace el señor Evo Morales, como lo hizo el señor Rafael Correa, como lo hace el señor Daniel Ortega hoy en día y el señor Sánchez Cerén en El Salvador. Toman las decisiones de aliarse y buscar al crimen transnacional como instrumento de política, para sobrevivir”. Es lo ominoso, lo no visto antes, lo propio del siglo XXI.

Manipulándose a la democracia, arguyéndose el desencanto con la misma – obviándose que no es con ella sino con los políticos desleales a ella el desencanto – se han construido Estados criminales como Venezuela, sostenidos sobre el silencio y la tácita complicidad de muchos miembros de la comunidad internacional.

Lo cierto es que, ante ese fenómeno perverso, de suyo imbatible en apariencia pues se oculta tras el telón de la democracia para extirpar y vaciar de todo sentido a la dignidad de la persona humana y ejecutar crímenes transnacionales como el tráfico de drogas, el lavado de dineros sucios, el terrorismo deslocalizado, emerge ahora una lucha constitucional y democrática, imaginativa, heterodoxa. La conduce una nueva generación, la de 2007, que obvia la violencia y pone en marcha las estructuras de control y judiciales nacionales e internacional que no han sido cooptadas por el crimen, y comienza a lograr resultados.

Si el holocausto marca una ruptura con la tradición jurídica internacional clásica, situando a los derechos humanos, entre éstos “el derecho a la democracia” como exigencia de orden público a la que no puede oponerse arbitrariamente la soberanía del Estado [abundo al respecto en mi libro de 2008 y en mi Digesto de la democracia, de 2014], el tácito reconocimiento de la democracia como tema del orden público global, al debatírsele en el Consejo de Seguridad de la ONU, fija otro parteaguas histórico.

Cabe decir, en buena lid, que las puertas de ese impenetrable cenáculo de élites universal logran abrirse, al principio, por acción de los propios venezolanos, al pedir se use, antes de la reunión última y formal del Consejo, la modalidad ad hoc e informal conocida como la Fórmula Arria.

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El título en afirmativo sugiere una aparente herejía. Sobre todo, si se observa que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 consagra que toda voluntad popular se expresa a través del voto. La democracia es voto o no es tal. Pero una apreciación tan simple como ésta, que nos empuje hacia el camino del fundamentalismo electoral, es capaz de llevar hasta el cementerio, en las urnas de votación, los despojos de una democracia cuyo actual entendimiento causa mucho desencanto; ese que inunda a nuestras sociedades contemporáneas al verse invertebradas, con sus texturas rotas, sin partidos que las interpreten, en medio de la desterritorialización de la política y la liquidez de las solidaridades.

Si no que lo digamos los venezolanos, víctimas de los apologetas de la narco-revolución que nos mantiene bajo secuestro y de los viudos del siglo XX. En 18 años hemos sido llamados a unos 22 actos comiciales – referendos incluidos – dentro un jolgorio de populismos, chantajes, manipulaciones e intoxicación publicitaria inenarrables, que le han negado al país su sosiego. Ha carecido éste de la calma para conocer las virtudes de la gobernanza, menos para elaborar juicios conscientes sobre la realidad que le ayuden a alcanzar, en suma, esa otra variable que, junto a la de la legitimidad, demanda la misma democracia, a saber, la de su eficacia como orden realizador de los derechos fundamentales.

El reduccionismo electoral hoy atrapa a muchos. A gobernantes y gobiernos que se dicen democráticos y se encuentran obligados por la Carta Democrática Interamericana, pero olvidan que la democracia es algo más, mucho más que el acto de elegir. Y al reducirla al voto nada les cuesta, sean líderes de la izquierda o de la derecha posdemocrática, consagrar con éste sus reelecciones a perpetuidad, prosternar el principio de la alternabilidad y la sana sucesión de los liderazgos. La alternancia, de origen muy antiguo, impone la rotación de cargos, su ejercicio temporal, para que todos y no unos pocos, tengan la posibilidad de ser electos, y para que los gobernantes y las direcciones políticas pasen y aprendan también a ser gobernados o dirigidas.

El voto como trampa es el mecanismo que usan las dictaduras y los despotismos partidarios del siglo XXI para afirmarse y es, cuando menos, una liberalidad “gattopardiana” que pactan los blandos de aquéllas con los oportunistas de la política. La inflación de los comicios y su realización cotidiana, como si viviésemos en una suerte de democracia de casino, ocurre deliberadamente. Es su propósito, repito, robarle tiempo al escrutinio de la opinión, a la deliberación previa y popular sobre lo que conviene o no decidir; a la consideración de lo que piensa, siente y aspira la gente de a pie. Atrás quedan, muy atrás, los momentos en que las elecciones tenían lugar juntas – las nacionales, las regionales, las municipales – cada cuatro, cinco, o seis años, por suponerse el acuerdo entre los electores sobre lo esencial, sobre lo que los integra en valores y como partes de una sociedad con mínimos constitucionales indiscutibles.

La experiencia de la democracia es milenaria, en tanto que la democracia electoral sólo frisa dos centurias. Cuando la imaginan los revolucionarios americanos y franceses no existían partidos y tampoco medios de comunicación comerciales. Y cuando aquéllos emergen hacen del voto una selva salvaje de intereses en pugna, que le abre las compuertas al fascismo y al comunismo. Hasta que ven su momento de oro, cuando la esfera pública la copan en alianza con la sociedad civil, como mediadores frente al gobierno y los parlamentos. Unos y otros se ganan la confianza del pueblo y éste confía en los políticos. Pero desde los años ’80 del pasado siglo, más ahora, en plenitud del siglo XXI, el pueblo, incluso el instruido, se somete al dominio de los medios y a través de las redes sociales ponen contra las cuerdas a los gobiernos y los partidos, molesto, indignado, frustrado. Y los últimos, como suerte de fantasmas de una democracia paleontológica que intentan resucitar, caen víctimas del mercado electoral y se contaminan de narcisismo digital. Tratan al elector como una pieza de caza, un trofeo para los más habilidosos.

“Todo lo que hagas por mí sin mí será contra mí”, reza la frase que venida desde el África Central se le atribuye a Gandhi y recuerda Van Reybrough, filósofo de Lovaina, para señalar que la crisis contemporánea de la democracia no es la de la democracia representativa. Hace crisis la democracia representativa electoral, pues si optar por las elecciones fue la vía adecuada para incorporar a poblaciones analfabetas y en geografías extensas a fin de legitimar a los gobernantes a través de ese medio o método eficaz, en la sociedad de la información y a la luz de los deslaves populares que mal pueden contener los Estados y sus partidos, la cuestión es radicalmente distinta.

El escrutinio de un pueblo que puede pensar si se le deja pensar y decidir, sobre ideas o aspiraciones, antes que validar tarjetas de partidos o fotografías de candidatos, tuvo su destello feliz el pasado 16 de julio en Venezuela, con la consulta popular que organizaran los huérfanos de la política a fin de rechazar el golpe constituyente. No obstante, los mismos partidos y sus líderes, en el poder o aspirándolo, preocupados por la experiencia y los mandatos de ésta prefirieron volver a la elección clásica, a sus urnas, rescatando ese dogma de fe donde la libertad es anhelo, la igualdad una quimera, y la razón un imposible.

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El Consejo Permanente de la OEA convocó este miércoles a los cancilleres del continente para que analicen la crisis venezolana, mientras decenas de miles de manifestantes protestaban en Caracas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Un total de 19 países votaron a favor de esta medida, aunque aún no se ha definido fecha ni lugar de la reunión.

Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, dijo antes de la votación que este encuentro no forma parte del procedimiento estipulado en la Carta Democrática Interamericana como paso previo para una posible suspensión de un Estado miembro donde haya ocurrido una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático.

Por su parte, el viceministro venezolano Samuel Moncada rechazó la resolución alegando que representa una intromisión en asuntos internos. “Ayuda forzada no es ayuda, es imposición”, dijo.

El gobierno de Nicolás Maduro amenazó con abandonar la OEA tras casi un mes de protestas que han dejado 29 muertos.

Antes de la reunión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, Caracas rechazó la convocatoria y advirtió que, de concretarse el encuentro de cancilleres sin su aval, iniciaría el proceso de retiro de la organización.

No obstante, el jurista venezolano Gerardo Fernández afirmó que para Venezuela es «inviable» salir de la OEA debido a que muchos de los derechos fundamentales contemplados en la carta del organismo forman parte del «derecho interno, con rango constitucional» y desacatarlos implicaría un «fraude constitucional».

Asimismo, el académico Carlos Romero indicó que una medida de ese tipo traería para Venezuela una “mayor profundización” de la crisis debido a que implicaría un “aislamiento” diplomático-político de América Latina y el Caribe.

Las acciones de las autoridades venezolanas también han sido cuestionadas por organizaciones como Amnistía Internacional que denunció el miércoles que en Venezuela se utiliza el sistema de justicia de «manera ilegal para incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente».

La canciller venezolana Delcy Rodríguez anunció en su cuenta de Twitter que el 2 de mayo se realizará en San Salvador una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la que Caracas denunciará la «violencia opositora» generada durante las protestas de las últimas semanas.

LA SESIÓN QUE TANTO HA IRRITADO a la ministra Delcy Rodríguez fue convocada para hoy miércoles. Aquí se va a considerar el caso Venezuela y por eso el nerviosismo de Maduro y sus adláteres.

La misión de Argentina ante la OEA pidió convocar lo que se conoce como una «Sesión Protocolar», y que está contemplada en el artículo 38 del Reglamento del Consejo Permanente de la OEA, pues quieren que este jueves la organización reciba al presidente Mauricio Macri quien llega mañana a Washington como parte de su visita oficial con el presidente Donald Trump.

El foco de la reunión de hoy sería mostrar el rechazo de los países miembros a las acciones que se han tomado contra marchas y protestas pacíficas en Venezuela. Además, se informó que Bahamas se suma al grupo que la solicita.

Los líderes opositores están enfocados en la sesión de la Asamblea General de junio donde se buscará invocar la Carta Democrática Interamericana.

La propaganda oficial del régimen venezolano aprovecha cualquier coyuntura dentro de la OEA para tratar de sembrar desánimo y desconcierto entre los demócratas venezolanos.

 

 

El pasado 31 de marzo, ante el autogolpe perpetrado por Nicolás Maduro a través de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los 20 Estados miembros de la OEA que el 28 de marzo habían emitido una Declaración sobre Venezuela (Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay), solicitaron a la Presidencia del Consejo Permanente de la OEA –que en ese momento estaba en manos del Representante de Belice, Embajador Patrick Andrews–, una sesión extraordinaria con carácter de urgencia para el lunes 3 de abril con el propósito de “considerar los sucesos recientes de Venezuela”.

Empero, llegado el día, el Representante de Bolivia, Embajador Diego Pary Rodríguez, alegó que el “impasse entre poderes en Venezuela” había sido subsanado tras el paso atrás dado por el régimen de Maduro a raíz de la declaración de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, que le llevó a la convocatoria del Consejo de Defensa de la Nación y a la revisión parcial de las sentencias del TSJ. En consecuencia, desconvocó la reunión del Consejo Permanente y convocó a una reunión informal para tratar este asunto a la misma hora en otro salón.

El Representante de México, Embajador Luis Alfonso de Alba, acompañado de otras delegaciones, protestaron por lo que consideraron “un abuso” de parte de Bolivia. En consecuencia, dado que el Consejo Permanente había sido convocado en tiempo y forma, siguiendo el Artículo 37 literal B de su Reglamento, los Estados miembros decidieron reunirse en el lugar y hora acordada. Ante el persistente boicot de los Representantes de Bolivia y Haití, a la sazón Presidente y Vicepresidente del Consejo Permanente, hicieron uso del Artículo 6 del Reglamento, que establece que en caso de sus ausencias asuma la Presidencia el representante de mayor antigüedad. Por tanto, el Representante de Honduras, Embajador Leonidas Rosa Bautista, asumió la Presidencia en forma accidental.

Una vez constituida la sesión, el Representante de México señaló que el comportamiento del Embajador Pary sentaba “un precedente muy peligroso y es motivo de alta preocupación para mi país. Hay dos funciones distintas: la de Presidente y la de Representante nacional. Confiamos en que Pary sabrá ejercer con independencia y autonomía su función de Presidente”. En la misma línea, el Representante de Colombia, Embajador Andrés González Díaz, subrayó que la convocatoria era “absolutamente válida, los Estados miembros tenemos derecho a reunirnos y debatir”. En todo caso, los Estados miembros no estaban dispuestos a dejar pasar impunemente el “Madurazo”, ya que suponía hacerse la vista gorda de un autogolpe que traía muy malos recuerdos a la región, desde el golpe de Bordaberry en Uruguay en 1973 hasta el “Fujimorazo” en Perú en 1992 y el “Serranazo” en Guatemala en 1993.

Aunque se constató que existía quórum, la Presidencia decidió suspender por 15 minutos la sesión para informarle al resto de las delegaciones e instarlas a asistir. Pasado el receso, se le dio la palabra a la Canciller de Argentina, Susana Malcorra, como una cortesía dado su rango, quien procedió a exponer la gran preocupación respecto a la crisis venezolana existente entre los Estados Partes del MERCOSUR, en su calidad de Presidente Pro-Témpore de este mecanismo de integración. Explicó que, el pasado sábado 1 de abril, se había realizado una Reunión de Cancilleres del MERCOSUR en Buenos Aires, la cual decidió aplicar ante los sucesos ocurridos en Venezuela, la cláusula democrática contenida en el Protocolo de Ushuaia. En este sentido, los Estados Partes mantendrían consultas entre sí y con el gobierno venezolano para “restablecer la plena vigencia de las instituciones democráticas”. Asimismo, se instruyó a la Presidencia Pro-Témpore argentina a “iniciar las consultas indicadas con todas las partes venezolanas involucradas”. Aunque podría asumirse en teoría, que el problema había sido resuelto, porque Nicolás Maduro había instruido al TSJ a revisar las sentencias; en palabras de la Canciller Malcorra: “Esto demostró no solamente una injerencia del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo sino que comprobó la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Lo cual es la prueba evidente de que las instituciones democráticas no están funcionando en Venezuela”.

La intervención de la Canciller Malcorra fue saboteada por la súbita incorporación del Representante de Bolivia quien pidió un punto de orden y habló de “golpe institucional” por haberse reunido el Consejo Permanente sin su presencia. El Representante de Honduras le explicó la normativa aplicada. El Representante Alterno de Venezuela, Samuel Moncada, respaldó los argumentos bolivianos sobre la “ilegalidad” de la sesión extraordinaria y pasó de allí a denunciar con cinismo un supuesto “golpe de Estado en la OEA”, obviando olímpicamente que el Consejo Permanente se había reunido muy a su pesar para tratar el “Madurazo”. El Representante de Nicaragua, Embajador Denis Moncada, intervino como el otro escudero de la ALBA –nótese, en cambio, la actitud cauta que ha tenido Ecuador– para intentar continuar con el lamentable espectáculo. La Representante de Canadá, Embajadora Jennifer May Loten, afirmó que la sesión estaba ajustada al Reglamento y que debía seguirse tratando el tema de fondo. Llamados al orden, la Canciller Malcorra apenas pudo culminar su discurso diciendo “que el proceso progresivo de aplicación de la cláusula democrática del MERCOSUR está en línea con la Carta Democrática Interamericana”.

A partir de allí, Moncada apeló a la histeria, en lugar de la diplomacia.  Arremetió contra la Canciller Malcorra y contra la “facción minoritaria” que desconocía a su juicio los principios de la organización. Prosiguió con improperios contra los gobiernos de México, Colombia y Paraguay. El Representante de México le señaló con agudo sarcasmo que “el Representante Permanente Alterno de Venezuela, tengo entendido que es eso” mostraba un lenguaje impropio y un amplio desconocimiento de la normativa de la organización. El Representante de Colombia le increpó “usted tiene la habilidad de ocultar su condición de diplomático”. El Representante de Argentina, Embajador Juan José Arcuri, exigió respeto a su Canciller, y visiblemente molesto sentenció “la grosería aquí prevalece”, para a renglón seguido mandar a callar al Representante venezolano que le interrumpía constantemente. La Representante de Paraguay, Embajadora Elisa Ruiz Díaz, desafió a Moncada señalando que en su país se respetaban los derechos humanos y no existían presos políticos. Visto que no podían detener la sesión, Moncada flanqueado por sus escuderos se retiraron en “protesta”. En lugar de hacernos más dignos, todo este episodio constituyó una auténtica vergüenza para el pueblo venezolano.

Acto seguido, con un quórum de 21 delegaciones, procedió a discutirse un proyecto de resolución que venía siendo considerado en los pasillos, el cual finalmente quedó aprobado por consenso según el Artículo 67 del Reglamento. Se produjo así un punto de inflexión en la OEA respecto a la crisis venezolana, ya que en el marco del Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, se hizo una apreciación colectiva de la situación, se concluyó que existe una “alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela”, y se estimó conveniente adoptar la Resolución 1078. En términos más llanos, se decidió empezar a aplicar formalmente la Carta Democrática Interamericana al gobierno venezolano como proceso gradual que inicia por gestiones diplomáticas. El gobierno de Maduro ha visto así reducido su margen de maniobra y prestigio internacional, ya que esto supone un reconocimiento formal de la falta de normalidad democrática en Venezuela; en tanto que una amplia mayoría de Estados del Hemisferio que representan el 90% de su población y territorio, lo perciben claramente como una autocracia. Ergo, ayer  también presenciamos una clara sanción moral y política al gobierno venezolano tras el “Madurazo”.

Más específicamente, la Resolución 1078 estipula un conjunto de acciones enmarcadas en los supuestos del Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Veamos: 1) “Urgir al gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional”; es decir, los Estados miembros hacen responsable al gobierno venezolano por todo lo ocurrido y por eso le solicitan subsanar la situación, al tiempo que piden finalizar el “desacato” de la Asamblea Nacional declarado por el TSJ que ha derivado en una suerte de tutelaje judicial sobre el Poder Legislativo, un  atropello a la inmunidad parlamentaria y una usurpación de funciones; 2) “Mantenerse dispuesto a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático y al Estado de Derecho”, es decir, mantener su fraternal ofrecimiento a apoyar diplomáticamente una nueva etapa de diálogo y negociación en Venezuela para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático mediante el respeto a la separación de poderes, la fijación de un cronograma electoral, la liberación de los presos políticos y la garantía del pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales; 3) “Seguir ocupándose de Venezuela y emprender, en la medida que sea necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial”; es decir, mantienen el monitoreo sobre la crisis venezolana y en el marco de lo dispuesto en el Artículo 20  de la Carta Democrática Interamericana dejan la puerta abierta a emprender gestiones diplomáticas más activas, incluso convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en caso de seguirse deteriorando la situación en el país.

El gobierno venezolano reaccionó emitiendo un Comunicado que “denuncia ante la Comunidad Internacional la grave alteración del orden institucional de la OEA”. El Mundo al revés. Un intento de desvirtuar la realidad a golpe de retórica que está destinado al fracaso. Asimismo, en cadena nacional, Nicolás Maduro gritó “¡Vade retro OEA! Saca tus manos, inmundas y llenas de sangre, de Venezuela” y “la derecha continental ha convertido la OEA en un tribunal de inquisición contra Venezuela”. Empero, no se atrevió a la ruptura definitiva. Bien sabe que no tiene fuerzas suficientes, y que esta coyuntura en nada se asemeja a la vivida por Cuba en 1962. Meros chillidos de fiera herida, que además se sabe acorralada.

En todo caso, se ha iniciado oficialmente un pulso largo y complicado entre la OEA que ha decidido aplicar la Carta Democrática Interamericana –acompañada del MERCOSUR que ha decidido aplicar el Protocolo de Ushuaia– y el régimen de Maduro. Se ha terminado el silencio y la indiferencia. Una amplia mayoría de Estados miembros han despejado el camino para que la OEA se ocupe a fondo del tema, y las discrepancias de enfoque cada vez son menores. Ergo, estamos ante una coyuntura internacional muy favorable para la redemocratización de Venezuela, la cual no debe ser desaprovechada. ¿Y usted qué opina?

 

 

@kenopina

Doctor en Ciencias Políticas, MBA en Energía e Internacionalista. Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI).

Traducido por Runrun.es

Las relativamente buenas noticias de Venezuela, que está soportando la peor crisis política, económica y humanitaria que el hemisferio occidental ha visto en el último siglo, es que las naciones latinoamericanas finalmente están demostrando voluntad para dirigirse al presidente Nicolás Maduro por sus abusos de poder. Aún mejor, a pesar de sus declaraciones sobre el imperialismo yanqui y los insultos groseros lanzados a sus vecinos más cercanos, el régimen está demostrando un temor saludable de convertirse en un paria regional.

Pocos días después de que 14 miembros de la Organización de Estado Americanos publicara una carta dirigida al gobierno de Maduro pidiendo la restauración del poder de la Asamblea Nacional elegida, el Tribunal Supremo controlado por el régimen emitió una decisión la semana pasada despojando al parlamento de toda la autoridad que le quedaba. La reacción internacional fue inmediata: el gobierno de Maduro fue denunciado por países a lo largo del hemisferio, y Colombia, Chile y Perú retiró a sus embajadores de Caracas. Veinte miembros de la OEA pidieron el lunes una reunión de emergencia del Consejo Permanente, que aprobó una resolución pidiendo «medidas que permitan el regreso del orden democrático» en Venezuela.

La presión tuvo un efecto claro. Se abrieron fisuras en el régimen: la Fiscal General tuvo una rueda de prensa para llamar a la sentencia «una ruptura del orden constitucional». De acuerdo al Wall Street Journal, Maduro estuvo bajo la presión del jefe de las Fuerzas Armadas. Finalmente, el presidente se vio obligado a celebrar una reunión a medianoche del Consejo de Seguridad Nacional, después de lo cual pidió al Tribunal que revisara su decisión. El sábado el TSJ cumplió, a costa de demostrar más claramente que nunca que no forma parte de un poder judicial independiente, sino que simplemente es un instrumento del régimen autoritario fundado por Hugo Chávez.

En realidad, la sentencia original no cambió mucho. El TSJ ya había anulado todas las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional desde que la oposición ganó dos tercios de sus escaños a finales de 2015. Maduro ha estado gobernando por decretos. El principal impulso de la última decisión no fue el golpe de gracia de la Asamblea Nacional, sino una decisión relacionada a ello que autorizó al Presidente a firmar acuerdos petroleros con inversionistas extranjeros sin revisión. Maduro está desesperadamente buscando un rescate antes de que deba hacer un grande pago de deuda que debe este mes, y esa porción de la sentencia judicial no se revirtió.

 

Sin embargo, es alentador que los vecinos de Venezuela se acerquen a defender su moribunda democracia. Los miembros de la OEA, incluido Venezuela, son signatarios de un tratado de 2001 que los compromete al gobierno constitucional, la libertad de expresión y las elecciones regulares; la Carta Democrática Interamericana pide acciones colectivas cuando se violan esas normas. Sin embargo, mientras Almagro ha pedido acciones contra el gobierno de Maduro por más de un año, la mayoría de los gobiernos –incluido el de Estados Unidos– han preferido esconderse detrás de los insospechados llamados a un «diálogo» entre el régimen y su oposición.

El Departamento de Estado reiteró esa convocatoria de diálogo la semana pasada y descartó la posibilidad de actuar en el corto plazo para suspender la adhesión de Venezuela a la OEA, como propugna el Sr. Almagro. Más tarde ese mismo día llegó el golpe de Caracas contra la Asamblea Nacional. Lo que siguió debería ser una lección para el gobierno de Trump: Sólo una presión externa concertada, no más diálogo vacio, puede rescatar a Venezuela.

 

 

 

La Organización de Estados Americanos ponderará este lunes si declara a Venezuela en violación de su orden constitucional en virtud de la Carta Democrática Interamericana, y activa mecanismos para presionar al país a convocar elecciones y liberar a los presos políticos.

Por tercera vez en una semana, los 34 Estados del Consejo Permanente convendrán en la sede del organismo continental, en Washington, para discutir la crisis institucional en el país suramericano, en una sesión de embajadores prevista a las 14H00 locales (18H00 GMT).

A Venezuela le han llovido condenas de la comunidad internacional, luego de que el máximo tribunal se abrogó facultades legislativas y retiró la inmunidad a los parlamentarios, en dos fallos de mediados de la semana pasada, luego anulados.

La OEA debatirá un proyecto de resolución presentado por 13 países, a fin de declarar las sentencias «una violación del orden constitucional» y resolver implementar «mecanismos interamericanos» para la «preservación de la democracia» en Venezuela, conforme a la Carta Democrática Interamericana.

Pero podría además elevar el tenor de situación y convocar esta semana una reunión de cancilleres, como anunció el sábado el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, para «tomar una posición sobre la Carta Interamericana», según el diario El Comercio.

Creada por el consenso de la OEA en 2001, la Carta Democrática Interamericana fija mecanismos graduales para intervenir en un Estado miembro, en caso de «una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».

En caso extremo podrían terminar con la suspensión del país de la OEA. La presión se incrementa hacia el gobierno de Caracas luego de que Uruguay se uniera el sábado a los gobiernos más críticos de Argentina, Brasil y Paraguay en un pronunciamiento de Mercosur, exhortando a Venezuela a garantizar la separación de poderes y a respetar el cronograma electoral previsto.

En respuesta, el presidente Nicolás Maduro advirtió el domingo que Venezuela «no se deja ni se dejará» agredir jamás por la OEA ni el Mercosur.

La confusión se desató en Venezuela desde que los magistrados se adjudicaran las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y retirara la inmunidad de los diputados, en dos sentencias dictadas a mediados de la semana pasada.

Tras un fuerte rechazo internacional y la presión de la oposición que denunció un «golpe de Estado», el máximo tribunal anuló esos fallos, no antes de un pacto entre los poderes públicos al que no acudió la cabeza del parlamento opositor.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien denunció las sentencias como un «autogolpe», criticó la marcha atrás del tribunal, señalando que «de una ruptura institucional no se sale con más alteración del orden constitucional».

Almagro dio un ultimátum a Venezuela: o convoca a elecciones generales en un mes o debe ser suspendida de la OEA. Pero la decisión corresponde únicamente a los países, no al secretario general.

Búsqueda de mayoría

La aprobación de la resolución, respaldada entre otros por Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, constituiría el paso más drástico de la comunidad continental desde el inicio de la crisis institucional venezolana hace un año.

Al igual que con la resolución, una reunión de cancilleres debe ser aprobada por una mayoría al menos de 18 países. Al menos 20 gobiernos proponen algún tipo de rol mediador de la OEA en la crisis, frente al rechazo rotundo de Caracas, que denuncia un intento de injerencia liderado por Estados Unidos.

Varios de esos países llaman a Venezuela a liberar sus presos políticos y a fijar un calendario de elecciones, que incluya los comicios regionales suspendidos indefinidamente el año pasado.

En declaración a la ONG Venezuelan American Leadership Council, el embajador mexicano ante la OEA, Luis Alfonso de Alba, dijo que podrían ajustar el texto «si fuera necesario» para ampliar el banco de apoyo.

Queda por ver si logran convencer a algunos países del bloque Caribe que apoyaron la convocatoria como Bahamas, Barbados, Belice o Jamaica a unirse en la resolución.

Esa posibilidad señala la erosión de los apoyos de Venezuela en la OEA, donde por años la mayoría de las islas caribeñas, a las que el gobierno de Caracas suministra petróleo en condiciones preferenciales, impedía bloquear cualquier debate adverso en el organismo.

«Dentro de ese foro en particular pero también regionalmente, Venezuela está siendo, y cada vez más claramente, aislada», dijo un alto funcionario del Departamento de Estado.

 

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, anunció que habrá un Consejo Permanente extraordinario de la Organización de Estados Americanos sobre Venezuela el próximo lunes o martes y pidió a los Estados miembros que declaren que en su país «se rompió el hilo constitucional».

En declaraciones a los medios tras reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Washington, Capriles pidió una declaración el lunes que «reconozca esa ruptura» porque en Venezuela «se dio un golpe de Estado» con la sentencia por la que el Tribunal Supremo asumió ayer las facultades de la Asamblea Nacional.

El dos veces candidato presidencial aseguró que apoya «toda sanción» al Gobierno de Venezuela, incluida su suspensión de la OEA, si no se anula esa sentencia contra el Parlamento, de mayoría opositora.

Tras su anuncio, fuentes diplomáticas confirmaron a EFE que un grupo amplio de países pedirá formalmente a la Presidencia del Consejo una sesión extraordinaria sobre Venezuela para el lunes.

Almagro ya solicitó por su cuenta de manera formal a la Presidencia del Consejo que se convoque una sesión urgente sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

Capriles explicó que pide a la OEA lo mismo que a Mercosur (que este sábado celebrará una reunión de cancilleres sobre Venezuela) y a las Naciones Unidas, que declaren que en Venezuela «se rompió el hilo constitucional» y apoyen la convocatoria de elecciones generales para «restituir ese orden».

«Queremos resolver la crisis política votando», afirmó, para añadir que «es una hora decisiva en la región» porque los países deben situarse «o con la democracia» o del lado «del dictador».

Capriles indicó que, hasta ahora «se entorpecía» el trabajo de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora desde enero de 2016, pero que con la sentencia del Supremo «se pasó la última raya» porque «anula» al poder legislativo.

Ahora está en manos de la Presidencia de turno del Consejo decidir si se convoca esa reunión y cuándo, una responsabilidad que tiene Belice pero a partir de mañana será de Bolivia, gran aliado de Venezuela y que se opone a que haya sesiones sobre el país sin el beneplácito de su Gobierno.

No obstante, la Presidencia del Consejo es un puesto de carácter protocolario que cambia cada tres meses y, de haber los votos, no podría negarse a que se celebrara la reunión, aunque sí podría intentar retrasar los procesos con mecanismos formales, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.