El trato que nuestro gobierno dispensa a la República Cooperativa de Guyana se ha convertido, con el tiempo, en un muy liberal dejar hacer y dejar pasar que los guyaneses han aprovechado para irse por la guardarraya y autorizar operaciones de exploración petrolífera en la zona que Venezuela reclama como suya, y que es objeto de un contencioso mal manejado desde la Casa Amarilla, la cual en un “tarde piaste pajarito” expresó su oposición a tales actividades, pues las mismas se practicarían en aguas pertenecientes al territorio disputado.
La reacción no se hizo esperar y el 2 de marzo –aprovechando el creciente desprestigio de Maduro, las evidentes contradicciones en el seno de la FANB y el agotamiento de un canallesco nacionalismo fundado en la idea de que es insustancial que no haya esto o lo otro mientras tengamos patria–, en Georgetown se pusieron duros e hicieron saber, por boca de su canciller, Carolyn Rodríguez-Birkett, que “han solicitado al gobierno de Venezuela que desista de tomar cualquier acción que solo podría resultar en obstaculizar el desarrollo de Guyana y su pueblo y que estaría en incumplimiento del derecho internacional”.
Que el país limítrofe está sacando partido de la caída en picada de la influencia regional del chavismo sin Chávez, lo pone de manifiesto el que Guyana haya informado a la Comunidad del Caribe (Caricom), Unasur, la OEA, la Mancomunidad de Naciones y la Secretaría General de Naciones Unidas sobre la petición venezolana.
La administración socialista, que no vacila en exigir, de modo impertinente, explicaciones a los gobiernos democráticos sobre noticias difundidas en los medios de sus países, pareciera trastabillar ante las presiones del país limítrofe. Frente a una conducta que podrá catalogarse como agresiva, e incluso hostil, Maduro, sus asesores y sus miniburócratas han optado por un fofo accionar que, a juicio del ex director de la Unidad Especial de Guyana de la Cancillería se debe a la “politización” del diferendo territorial, cuyo tratamiento, estima, requiere una política de Estado consensuada”. Tiene en ello mucha razón el almirante (r) Elías Daniels, porque si se hubiese transitado por esa vía, informando oportunamente a la opinión pública, sin excluir a ningún sector de la sociedad, nuestro vecino se lo pensaría dos veces antes de mostrar los dientes.
Y no solo se trata de un proceso de politización del reclamo, sino, sobre todo, de dogmática ideologización que opera a nivel de una burocracia que no sabe cómo reaccionar cuando se presentan situaciones en las que la solidaridad revolucionaria y el internacionalismo proletario no conjugan en absoluto con los intereses nacionales.
De allí tanta dejadez y tanto perder tiempo. De allí, también, que proceda de la forma que lo ha hecho el vecino, pues no se definieron en su momento los alcances de la querella sobre la cuestión petrolera ni se le puso el necesario “parao” cuando clavaron una pica en el Esequibo para seguir robando territorio.
