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Carlos Varón

Organizaciones de DD.HH piden sobreseimiento de la causa de los bomberos de Mérida

 

51 organizaciones de derechos humanos venezolanas, así como federaciones y asociaciones de profesores universitarios, suscribieron un comunicado realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) en el que se le solicita al gobierno el sobreseimiento de la causa por la cual los bomberos del estado Mérida, Carlos Varón y Ricardo Prieto, están detenidos desde hace ya un mes.

Transcurridos 33 días de la detención, las organizaciones de derechos humanos hacen la solicitud por considerar que los bomberos no cometieron delito alguno.

Además del sobreseimiento de la causa, las organizaciones y las federaciones y asociaciones de profesores universitarios, piden al Estado que les garantice a Varón y Prieto su integridad física y mental y consideran que la detención y procesamiento de los bomberos vulnera el derecho a la libertad personal, los principios del debido proceso, la libertad de expresión, criminaliza la protesta pacífica, y transgrede el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 7 de la Constitución Nacional.

El pasado 12 de septiembre de 2018 en horas de la noche, Carlos Varón y Ricardo Prieto, fueron detenidos sin orden judicial y sin flagrancia, mientras realizaban labores en la sede del Cuerpo de Bomberos en la población de Apartaderos, municipio Rangel del estado Mérida.

El motivo de la detención fue la difusión en redes sociales de un vídeo en el que se  puede ver a un burro que se pasea por las instalaciones de la sede del Cuerpo de Bomberos de la población de Apartaderos, refiriéndose los bomberos a este animal como si se tratara del presidente Nicolás Maduro, al que se le están informando de la situación de carencia de la sede de bomberos.

Por la sátira, el gobierno privó de libertad a Varón y Prieto y les aplicó la Ley contra el Odio, promulgada por la asamblea Nncional constituyente y rechazada por las organizaciones de derechos humanos de Venezuela, por ser violatoria de los derechos humanos y un mecanismo para criminalizar la libertad de expresión y el derecho a disentir.

 

*Con información de Prensa ODH-ULA

Juez que imputó a bomberos de Mérida se retrata con armas y es militante del Psuv

EL JUEZ CARLOS MÁRQUEZ, QUIEN IMPUTÓ A LOS BOMBEROS DE MÉRIDA, Carlos Varón y Ricardo Prieto por el delito de odio agravado por difundir un video satírico, se define comunista, filosofa sobre la construcción del Estado comunista, alaba al expresidente Hugo Chávez y además es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), según una investigación realizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes.

Márquez, de 52 años de edad, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Los Andes y se desempeña como juez provisorio desde marzo del año 2017. Anteriormente fungía como secretario de Sala de Audiencias del Circuito Judicial Penal del estado Mérida.

En investigación realizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), se conoció que el juez Carlos Márquez se define como comunista en sus redes sociales y además muestra su afecto al Gobierno, como lo demuestran las fotografías que acompañan este texto.

Además, en un artículo publicado en el portal www.aporrea.org el primero de junio de 2017, el juez alaba al ex presidente Hugo Chávez y señala ser pueblo que no acepta que lo dirijan “desde los palacios del Countrie Club (sic) y que aun cuando no tenemos casas lujosas tenemos un comandante decidido en el palacio de Miraflores”.

En su cuenta de Facebook carlos.m.vielma, el juez Carlos Márquez muestra simpatía con el partido de gobierno y hace proselitismo político en sus redes sociales, lo que para el ODH-ULA viola la Constitución, el Código de Ética del juez venezolano y los principios internacionales sobre la independencia judicial.

Para el ODH-ULA resulta paradójico que el juez Carlos Márquez impute a los bomberos de Mérida el delito de odio agravado y en sus redes sociales hace apología de la violencia, fotografiándose con armas y frente a una sede de los colectivos (grupos pro gobierno armados ilegalmente), ubicada en el sector de Santa Juana, de la ciudad de Mérida.

Procesó a los manifestantes del 2017

Según conoció el ODH-ULA, el juez Carlos Márquez saltó a la palestra judicial en el año 2017 porque como juez de control 3 se encargó de imputar, sin que hubiera elementos de convicción, a cerca de 200 ciudadanos, jóvenes y profesores universitarios detenidos durante las protestas del 2017 en Mérida.

Los patrones de actuación del juez Márquez incluyeron diferimientos de audiencias para prolongar la detención y solicitud de medidas de fiadores con la misma intención.

Asimismo, ignoró a la Fiscalía cuando solicitó libertad plena dado que las actas policiales no contenían elementos de convicción para configurar delito.

También se dedicó a amenazar a la Fiscalía por no imputar delito a los detenidos que protestaron contra el gobierno de Nicolás Maduro durante la primera mitad del año 2017.

En ese sentido, el ODH-ULA recordó que el 6 de julio del 2017 los profesores universitarios denunciaron el ensañamiento del juez Carlos Márquez en contra del profesor de la ULA, Rafael Cuevas, detenido el 26 de junio de 2017 por protestar pacíficamente por la crisis económica y política en Venezuela.

Mientras transcurren estos 45 días de la fase de investigación del proceso penal, y en todas sus fases subsiguientes, el ODH-ULA hace un llamado al poder judicial para que no politice la justicia, no criminalice la libertad de expresión y la crítica, e imparta justicia de manera objetiva, imparcial e independiente, como se lo exige la ley venezolana y los tratados internacionales suscritos por Venezuela.

 

 

Este domingo un tribunal dictó privativa de libertad contra los dos efectivos del Cuerpo de Bomberos del estado Mérida que grabaron un video en el que compararon al presidente Nicolás Maduro con un burro.

El periodista de El Nacionalen la entidad, Leonardo León, informó que los bomberos, identificados como Carlos Varón y Ricardo Prieto, fueron acusados por instigación al odio.

Representantes del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes rechazaron la detención de los detenidos. “La proporcionalidad es esencial a la justicia. Libertad para los bomberos Ricardo Prieto y Carlos Varón”, habían expresado durante el juicio.

La asociación civil venezolana que promueve y defiende la libertad de expresión, Espacio Público, hizo la denuncia en su cuenta de Twitter. «La pena de cárcel como castigo a la Libertad De Expresión es desproporcional e innecesaria, contraria a tratados internacionales de DDHH suscritos por Venezuela.»