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Carlos Rotondaro

Carlos Rotondaro: “La crisis venezolana no es un problema de divisas sino de indolencia”

EL EX PRESIDENTE del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Carlos Rotondaro, quien se encuentra en Colombia a la espera de un asilo político, manifestó su disposición a denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.

“Unas de las ideas es asumir la responsabilidad y llevar la situación de Venezuela ante cualquier instancia”, indicó el efectivo castrense, quien también se dio a conocer su situación en la Fuerza Armada Nacional (FAN) donde continúa apareciendo como miembro activo. “Mientras tú no arremetas contra el régimen y no digas nada, todo pasa por debajo de la mesa”, indicó.

Asimismo, señaló que su salida de Venezuela tuvo que ser de manera clandestina ya que su documento de identidad se encuentra bloqueado en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), con una orden de captura.

Durante una entrevista con la cadena colombiana NTN24, Rotondaro reveló que Tareck El Aissami, tiene “mucha incidencia” en las decisiones de Nicolás Maduro, por lo que aclaró que diversos son los grupos que ostentan el poder en Venezuela.

Igualmente, reconoció al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el jefe de estado encargado de Venezuela. “También lo acompaño en su propuesta a un gobierno de transición que en muy poco tiempo nos lleve a unas elecciones en igualdad de condiciones para todos los actores”.

De la misma manera, realizó un llamado a la Fuerza Armada Nacional a colocarse del lado correcto de la historia. “Debemos colocarnos del lado del pueblo”.

“Nosotros somos leales a la patria, pero no podemos ser leales a un gobierno que le echa la culpa a otros de su incapacidad”, expresó.

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

Con respecto a su gestión como presidente del Instituto Venezolano de los Seguros sociales, Rotondaro reveló que la crisis de salud que existe en el país es más un “problema de indolencia” por parte de los dirigentes del “régimen”.

“No es un problema de divisas, es un problema de querer hacer las cosas, es un problema de indolencia”, expresó, al tiempo que señaló al ex ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, de querer alterar el plan de compras que presentó para el IVSS.

“Yo le dije que si él quería sacar partido de eso, que le pidiera al presidente de la República me removiera como director del IVSS y que él pasara a encargarse del instituto”.

De la misma manera, dio a conocer que durante la gestión de Luis López, como ministro de Salud, le solicitó esconder los medicamentos para que fueran usados en épocas electorales. “Nos decían que era preferible que muriera un paciente en el interior. Que había que guardar medicamentos para épocas electorales”, agregó.

De la misma manera, indicó que coloca a disposición de la justicia toda su gestión como presidente del IVSS, ante los cargos de corrupción que se le imputan. “Yo estoy tranquilo, estoy satisfecho de lo que hicimos en el IVSS durante estos 10 años”, sumó.

Rotondaro instó a los venezolanos a exigirle al “régimen de Maduro” que les garantice sus tratamientos “La prioridad debe estar para la atención de las necesidades del pueblo, no para los intereses personales ni particulares”.

Solicitan a Dominicana investigar procedencia de fondos para construir clínica vinculada al expresidente del IVSS

EL DIPUTADO A LA ASAMBLEA NACIONAL, José Manuel Olivares, solicitó a República Dominicana investigar y verificar la procedencia de fondos para la construcción de una clínica presuntamente propiedad del expresidente del Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS), Carlos Rotondaro.

Mediante un comunicado, el parlamentario señaló que el pasado mes de julio entregó a la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, la denuncia, en la cual solicita la verificación de los fondos utilizados por el funcionario para construir una clínica en el centro de la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana.

“Jugaron con la vida de los  venezolanos, nos llevaron hasta este punto en el que no hay medicamentos de ningún tipo. El Ivss no tiene ningún tipo de tratamiento de alto costo para enfermos crónicos o pacientes con cáncer. Utilizaron el dinero de la nación de cada venezolano para enriquecerse y desviar los fondos a otros países”, indicó.

Olivares informó que hace pocos días, una clínica de alto nivel fue inaugurada en el país caribeño por la red de empresas Net Medical Dominicana, vinculada a Rotondaro.

“Desde la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional solicitamos al gobierno de República Dominicana y a las instancias permanentes que se investigue la procedencia de los fondos para la construcción del Centro Metropolitano de Medicina Avanzada (Cemav), ya que pudiese estar financiada por los recursos de todos los venezolanos que mueren todos los días por la crisis del sector salud”, sentenció.

 

 

 

Nuera de Cilia Flores asume la presidencia del IVSS

La presidenta del Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inass) y jefa de la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela (GMAMV), Magaly Gutierrez Viña, fue designada como presidenta de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Gutierrez Viña sustituye al actual Ministro de Salud, Luis López, quien venía ejerciendo el cargo paralelo desde noviembre de 2017, cuando fue destituido el militar Carlos Rotondaro, acusado de casos de corrupción dentro del IVSS.

Gutiérrez Viña, nuera de la primera dama Cilia Flores, está a cargo de la misión y el ente para los adultos mayores desde junio de 2014, cuando sustituyó a su madre, Magaly Viña Castro, quien ocupaba los mismos cargos desde 2013.

Aunque el cambio no ha sido oficializado en Gaceta, la cuenta del INASS confirmó la información a través de Twitter este martes 19.

 

 

Como respuesta a las elecciones presidenciales “ilegítimas y antidemócratica” realizadas el pasado 20 de mayo, Canadá anunció este miércoles nuevas sanciones a funcionarios en el gobierno venezolano y allegados.

La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, indicó que los individuos agregados son responsables “del deterioro de la democracia en Venezuela”.

Con esta nueva medida, Canadá agrega 14 nombres de funcionarios y allegados a su lista de sancionados con lo que suma 70 en total desde septiembre de 2017.

“Estas sanciones son un claro mensaje que el comportamiento antidemocrático del regimen de Maduro tiene consecuencias. El anuncio de hoy es evidencia de nuestro compromiso para defender la democracia y los derechos humanos en el mundo y nuestro rechazo a las fraudulentas elecciones presidenciales en Venezuela. Canadá está determinada a apoyar al pueblo de Venezuela en su búsqueda de un futuro más pacífico, democrático y próspero”, afirmó Freeland.

Entre los integrantes de la nueva lista está la primera dama, Cilia Flores, que no estaba en ninguna lista hasta el momento; la alcaldesa del Municipio Libertador, Erika Farías; la vicepresidenta de la ANC, Tania Díaz; y los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo Electoral.

Las medidas en contra de estos individuos incluyen el congelamiento de activos de los funcionarios y la prohibición de que los canadienses hagan negocios con ellos.

 

 

Lista completa de los 14 nuevos nombres de los funcionarios agregados a la lista de sancionados por el gobierno de Canadá:

Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ, Vicepresidenta de la ANC

Fidel Ernesto VÁSQUEZ IRIARTE, Director General de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República

Carolys Helena PÉREZ GONZÁLEZ, Subsecretaria de la ANC

Cilia Adela FLORES DE MADURO, Primera Dama y Constituyentista

Erika del Valle FARÍAS PEÑA, Alcaldesa del Municipio Libertador

Ramón Darío VIVAS VELASCO, Constituyentista

Christian TYRONE ZERPA, Magistrado de la Sala Electoral del TSJ

Fanny Beatriz MÁRQUEZ CORDERO, Magistrada de la Sala Electoral TSJ

Malaquías GIL RODRÍGUEZ, Magistrado de la Sala Electoral del TSJ

Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE, Primera Vicepresidenta del TSJ

Jhannett María MADRIZ SOTILLO, Magistrada de la Sala Electoral del TSJ

Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS, Rector Suplente del CNE

Xavier Antonio MORENO REYES, Secretario General del CNE

Carlos Alberto ROTONDARO COVA, Militar y expresidente del IVSS

 

@boonbar

En el aeropuerto de Ezeiza, que sirve a la ciudad de Buenos Aires en Argentina, las autoridades aeroportuarias retuvieron  90 mil euros en efectivo que intentó ingresar a ese país una contratista del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

 Se trata de Isabel Rangel Baron, copropietaria de un grupo de empresas que durante más de una década fueron beneficiadas con contratos millonarios adjudicados directamente por la administración  del general Carlos Rotondaro en el Seguro Social para la importación de insumos médicos.

Rotondaro, quien fue destituido de la presidencia del IVSS en noviembre de 2017 luego de una década en el cargo,  ha sido sancionado dos veces este año tanto por el gobierno de Estados Unidos (19 de marzo) como por el de Panamá (30 de marzo). En el primer caso, por sus manejos en el Seguro Social ante la crisis sanitaria de Venezuela y, en el segundo, fue incluido en una lista junto con otros 54 funcionarios venezolanos por el riesgo de blanqueo de capitales.

 Rangel Baron aterrizó el 24 de marzo de 2018 en Ezeiza en un vuelo proveniente de Caracas portando 90 mil euros en billetes, cantidad de divisas que sobrepasa 9 veces  el valor equivalente a  los 10 mil dólares en efectivo que toda persona que entra al territorio argentino debe declarar ante las autoridades aduanales. Fuentes judiciales afirman que la viajera, que no declaró el dinero, afirmó que planeaba hacer escala en Buenos Aires para “visitar a un hijo antes de continuar su trayecto a España”.

 A la empresaria venezolana le dictaron prohibición de salida del país y el dinero retenido fue puesto en custodia del Banco Central de Argentina mientras el Ministerio Público decidía si se había cometido un delito penal cambiario o hubo indicios de lavado de dinero. El fiscal designado para este caso, Leonel Gómez Barbella, consideró que el caso no ameritaba abrir una investigación por legitimación de capitales y decidió que hubo infracción fiscal, lo que implicaría una sanción administrativa.

 El fiscal Gómez Barbella es miembro de la agrupación Justicia Legítima, movimiento judicial cercano al kirchnerismo creado en 2012. Formado por jueces y fiscales afines al gobierno de la expresidenta Cristina Fernández, ha sido identificado por la prensa argentina como el ala judicial que apoyó las políticas del kirchnerismo.

 Al cabo tres meses de investigaciones en el Banco Central, le corresponderá a Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora (que atiende la periferia de Buenos Aires, de la que depende el aeropuerto de Ezeiza) dictar conclusiones y sentencia, consistente en la posible confiscación de los 90 mil euros  y pago de una multa.

 

Wall Street Journal: Venezolanos mueren mientras Maduro se niega a aceptar ayuda humanitaria

En español, el nombre de Calabozo, esta ciudad en las abrasadoras llanuras centrales de Venezuela significa mazmorra. Para Marta Solórzano, receptora de un riñón trasplantado, estar allí se transformó en una sentencia de muerte, publica The Wall Street Journal.

Con el sistema de salud estatal de Venezuela en ruinas y la economía del país colapsando, el año pasado el gobierno dejó de suministrar las pastillas que Solórzano necesitaba para mantener el funcionamiento de su órgano, dijeron su familia y su médico.

Sin la medicina, la ex conserje de 50 años sufrió fatiga crónica y dolor debilitante durante meses mientras su cuerpo rechazaba el riñón, dijo su esposo, Enzo Array. Ella murió el 4 de marzo.

“Mi mundo me ha sido arrebatado”, dijo Array durante una reciente visita a su tumba, donde su nombre había sido grabado en un palo en una capa de cemento. “Culpo al gobierno”, dijo.

Con el sistema de salud estatal de Venezuela en ruinas y la economía del país colapsando, el año pasado el gobierno dejó de suministrar las pastillas que Solórzano necesitaba para mantener el funcionamiento de su órgano, dijeron su familia y su médico.

Sin la medicina, la ex conserje de 50 años sufrió fatiga crónica y dolor debilitante durante meses mientras su cuerpo rechazaba el riñón, dijo su esposo, Enzo Array. Ella murió el 4 de marzo.

“Mi mundo me ha sido arrebatado”, dijo Array durante una reciente visita a su tumba, donde su nombre había sido grabado en un palo en una capa de cemento. “Culpo al gobierno”, dijo.

El régimen socialista del presidente venezolano Nicolás Maduro, prohíbe la mayoría de las donaciones humanitarias internacionales, incluidas las contribuciones de medicamentos que salvan vidas, excepto de unos pocos aliados restantes como Rusia. El líder autoritario y sus lugartenientes han negado que el país se encuentre en una crisis humanitaria y consideran que la ayuda internacional es parte de una estratagema de los rivales estadounidenses y políticos para manchar al gobierno y abrir la puerta a la intervención extranjera.

“De ninguna manera vamos a permitir que esta derecha imponga una supuesta ayuda humanitaria cuando nuestro pueblo ya está siendo atendido por el presidente Maduro”, dijo el ministro de Salud de Venezuela, Luis López, en diciembre.

La salud pública se ha deteriorado drásticamente en lo que solía ser una de las naciones más ricas de América Latina. La tasa de mortalidad infantil en Venezuela fue más alta que en Siria en 2016, según cifras del Ministerio de Salud. Los casos de difteria y malaria, enfermedades controladas por la mayoría de las naciones latinoamericanas, han aumentado en medio de la falta de vacunación, dijo el ministerio.

“La situación es complicada, creo que es un punto en el que todos estamos de acuerdo debido a los problemas sociales, políticos y económicos”, dijo José Moya, un médico peruano que es el representante en Venezuela de la Organización Panamericana de la Salud, una rama de la Organización Mundial de la Salud. “Esto realmente ha afectado la compra de suministros, el funcionamiento de los hospitales, [y] está afectando la disponibilidad de medicamentos”.

En marzo, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carlos Rotondaro, ex jefe del Instituto de Seguridad Social del gobierno, que es responsable de proporcionar medicamentos para enfermedades crónicas. EEUU dijo que el mal manejo de la atención médica por parte de él y otros ha contribuido a los brotes de enfermedades que alguna vez fueron controladas, como la difteria y el sarampión. Rotondaro no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Carlos Rotondaro

“Tenemos una escasez de casi el 100% de los medicamentos y lo que está disponible, las personas no pueden pagar”, dijo Feliciano Reyna, jefe de un grupo de defensa de la salud con sede en Caracas, Acción Solidaria, que ha tratado de abrir el país a la asistencia médica internacional. “Estamos viendo más y más muertes y sufrimiento”.

Los pacientes con trasplantes son particularmente vulnerables debido al riesgo de que sus cuerpos rechacen los nuevos órganos, un resultado que los medicamentos supresores del sistema inmune pueden ayudar a prevenir. Hay aproximadamente 3.500 pacientes trasplantados en Venezuela, la mayoría de ellos receptores de riñón, según grupos defensores de la salud.

El programa de trasplante del gobierno fue suspendido a mediados de 2017 debido a problemas financieros, dejando a 5.000 pacientes que esperan nuevos riñones en el limbo, dicen los grupos de defensa.

Sin fármacos anti-rechazo, un órgano puede deteriorarse en tan solo 48 horas. Un paciente rechaza un órgano trasplantado cada dos días en Venezuela, según Codevida, el organismo de salud con sede en Caracas.

La malnutrición ahora común en Venezuela significa que los pacientes también enfrentan mayores riesgos de rechazo de órganos, dijo el Dr. Luis Hernández, un nefrólogo del Hospital Universitario de Caracas.

“Tenemos que ayudar a la gente”, dijo el Dr. Hernández, quien dijo que ha pedido al gobierno que acepte la ayuda internacional.

En enero, la Organización Panamericana de la Salud dijo que ayudó a Venezuela a comprar 135,000 píldoras del tacrolimus inmunosupresor con un descuento. Pero eso cubre solo uno de los varios medicamentos que los médicos recetan a los pacientes de trasplante, activistas

La señora Vicuña, arriba a la izquierda, y su hermana Carmen empeñaron su cama y televisión para pagar un paquete de las píldoras que toma Moravia Vicuña.

El año pasado, la Organización Panamericana de la Salud firmó un acuerdo con el Instituto de Seguridad Social de Venezuela que le permite comprar medicamentos inmunosupresores con descuento. Se espera que aproximadamente 500,000 píldoras de otro medicamento inmunosupresor llamado micofenolato se entreguen en abril, dijo el Dr. Moya de la OPS.

Además, la OPS ha utilizado sus propios fondos para comprar medicamentos para Venezuela, dijo el Dr. Moya, aunque reconoce que el suministro es insuficiente para pacientes trasplantados. “Son cantidades que garantizan unas semanas, meses de tratamiento, así que tenemos que seguir trabajando para obtener el medicamento”, dijo.

Moya dijo que su oficina ha estado en contacto con naciones extranjeras que han expresado interés en proporcionar apoyo a través de la OPS para suministrar más medicamentos inmunosupresores. Los donantes individuales también quieren ayudar, incluidas personas asociadas con una federación que organiza competiciones atléticas en todo el mundo para receptores de trasplantes.

Rodolfo Wetzel, ex presidente de un grupo de atletas de trasplantes en Argentina, dijo que tiene cerca de 50 cajas de medicamentos inmunosupresores listos para su entrega. En Bulgaria, Stoyanka Ananieva, ex miembro del consejo de la federación, cuya hija recibió un trasplante de riñón, dijo que está recogiendo medicamentos que quiere enviar a Venezuela. Pero dicen que no han enviado las drogas por temor a que los materiales puedan ser incautados por el gobierno venezolano en los puertos. Los paquetes pequeños que ingresan con viajeros individuales no son suficientes para satisfacer la demanda, dicen los activistas. “Es una situación de impotencia”, dijo Wetzel.

Los pacientes de todo el país están improvisando, toman medicamentos caducados o esperan donaciones de las píldoras no utilizadas por la gente que muere. Debido a la escasez de esteroides, que los pacientes de trasplantes también suelen tomar, algunos recurren a los esteroides que los veterinarios recetan para mascotas domésticas.

Durante meses, Moravia Vicuña, de 56 años, ha estado tomando solo uno de los tres medicamentos inmunosupresores que le recetaron. Recientemente, ella tenía menos de 10 pastillas. Dijo que ella y su hermana mayor, Carmen, empeñaron su cama y la televisión para pagar su último paquete de píldoras, que toma solo una de las cuatro veces al día que los médicos recomiendan. “Estoy tan preocupada que no puedo dormir “, dijo Vicuña, que vive en un pueblo no muy lejos de Calabozo. “Solo quiero vivir, eso es todo”.

En una funeraria en un pueblo cercano, Rafael Funes, de 48 años, estaba haciendo los arreglos para el entierro de su esposa de 40 años, Luz Marina Martínez. Pasó un mes sin pastillas para su riñón donado, dijo. Él contó cómo en el hospital, su esposa también necesitaba sangre con urgencia. Funes reunió a los donantes, pero las enfermeras no tenían equipo para recibir sangre donada. Murió poco después. “Es solo crueldad”, dijo Funes, rompiendo a llorar.

Calabozo es un páramo de proyectos de construcción paralizados y pastos no utilizados. Residentes hambrientos y sin empleo han decidido robar cableados de cobre y cables de fibra óptica para venderlos como chatarra. En un día reciente, no había electricidad en la ciudad y el único centro de diálisis de la región, alimentado por un generador de combustible, apenas funcionaba.

La hiperinflación significa el personal del centro gana un par de dólares al mes y el centro se esfuerza por comprar los tubos de luz ultravioleta de $ 100 que se usan para desinfectar el agua necesaria para la diálisis, dijo la Dra. Raquel Parra, nefróloga del centro. Sin acceso a los antibióticos, dijo, los pacientes a menudo mueren de infecciones.

“Mucha gente dice que es debido a la guerra económica”, dijo el Dr. Parra, aludiendo a la afirmación del gobierno de una conspiración internacional. “Todo lo que sé es que necesitamos ayuda ahora”. Dos meses antes de su muerte, la Sra. Solórzano comenzó a viajar a Caracas para recibir tratamiento, dijo su esposo, el Sr. Array. Pero el ómnibus accidentado de 200 millas recorre carreteras que se desmoronaban se volvió demasiado doloroso, por lo que pasó las últimas semanas de su vida en Caracas, dijo.

El Sr. Array, un albañil desempleado, dijo que tuvo que pedir un préstamo de amigos para pagar el funeral de su esposa. “No quiero que destruyan a otras familias como si hubieran destruido la mía”, dijo. “Por favor, señor presidente, necesitamos esa ayuda humanitaria. Por favor, abra esa puerta. “Dolientes en el funeral de la Sra. Martínez en su ciudad natal.

EEUU agrega a cuatro funcionarios venezolanos a la lista OFAC

 

La tarde de este lunes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó a su lista de sancionados a cuatro funcionarios activos o anteriores del gobierno venezolano por la mala gestión económica y la corrupción «endémica que tienen sido las características definitorias del régimen de Maduro», asegura.

En la nota de prensa, la OFAC explica que «las acciones del gobierno venezolano han hecho que la moneda venezolana carezca de valor a través de la hiperinflación, convirtieron alimentos y medicinas en productos raros a través de controles de precios y desencadenaron una crisis humanitaria».

El Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, hizo mención a la Orden Ejecutiva firmada hoy por el presidente Donald Trump en el que le prohibía a entidades americanas cualquier tipo de transacción con el Petro,  la criptomoneda creada por el gobierno venezolano.

«El presidente Maduro diezmó la economía venezolana e impulsó una crisis humanitaria. En lugar de corregir el rumbo para evitar más catástrofes, el régimen de Maduro intenta eludir las sanciones a través de la moneda digital Petro, una estratagema que la Asamblea Nacional democráticamente electa de Venezuela ha denunciado y el Tesoro ha advertido a las personas estadounidenses que eviten «, dijo el Secretario Mnuchin.

En esta oportunidad, los cuatro funcionarios venezolanos señalados fueron:

  • Américo Alex Mata García, Director Suplente en la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat
  • Willian Antonio Contreras, Superintendente Nacional de la SUNDDE
  • Nelson Reinaldo Lepaje Salazar, Jefe de la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela
  • Carlos Alberto Rotondaro Cova, expresidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS).

Esto significa que ninguna persona o entidad americana podrá tener relación con los individuos señalados y si tienen bienes o activos en suelo estadounidense serán congelado.

«Hoy participé en una reunión importante en Argentina con mis homólogos de la región y Europa, donde discutimos cómo lograr nuestros objetivos compartidos de restaurar la democracia venezolana, combatir la cleptocracia del régimen de Maduro y responder a la crisis humanitaria causada por la política económica de Maduro», explicó el Secretario Mnuchin.

Con esta acción, ya serían 56 los oficialistas sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Destituyen al presidente del IVSS Carlos Rotondaro

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El presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Carlos Rotondaro, fue destituido este miércoles y en su lugar fue apuntado el actual ministro de Salud, Luís Salerfi López.

La decisión se conoció a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria N. 6.341, específicamente en el decreto N. 3.172, que nombra directamente al ministro como «Presidente de la Junta Directiva del IVSS en condición de Encargado».

Rotondaro ocupa la presidencia del IVSS desde hace 10 años. El militar fue sustituido de la presidencia brevemente entre 2009 y 2010, cuando asumió el ministerio de Salud.

En el IVSS Rotondaro deja varias cuentas pendientes, entre ellas los contratos a dedo que asignó a una red de empresas controlada por una familia zuliana, quienes recibieron más de 455 millones de dólares preferenciales.

El Seguro Social también enfrenta una grave escasez de medicamentos a nivel nacional que ha llevado a activistas de la salud, sociedad civil y a la Asamblea Nacional a declarar una emergencia humanitaria en Venezuela.

Título de caja

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