Carlos Patiño

“Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales de otros»

Rebelión en la granja; George Orwell

“No va a ser fácil, pendejo –contestó Ramfis-. Antes de irte al infierno, tienes que pasar por el purgatorio

La fiesta del chivo; Mario Vargas Llosa

“Son lo más feo que hay. Es como que te montaras en una jaula ganadera, empuja pa’cá, empuja pa’llá», fueron las palabras de un joven albañil para el diario El Universal sobre las denominadas “perreras” o camiones de carga que están sustituyendo a los autobuses y camionetas de pasajeros como consecuencia de la tragedia del sector transporte. Otros los llaman “la ruta del chivo” por sus características diseñadas para el traslado de animales.

Ya no se trata sólo de escasez de comida y medicinas. De cortes de agua y luz o de hiperinflación e inseguridad ciudadana. A los logros de la revolución hay que sumarle la crisis del transporte público: aéreo, subterráneo y terrestre. Ni siquiera Ares, el Dios griego de la destrucción y la guerra gratuita fue tan eficiente en su iniquidad.

Nuestros alquimistas bolivarianos quienes como siempre, llevando la contraria, han transformado el oro en chatarra, ahora someten a los más pobres a trasladarse en “perreras de la muerte” que, según cifras de la Asamblea Nacional, en apenas pocos meses han ocasionado 55 muertes y al menos 275 personas heridas; entre ellos embarazadas, ancianos y niños.

Autobuses y camionetas de pasajeros se encuentran en vías de extinción por falta de divisas, escasez de repuestos y de efectivo. El 80% de la flota de autobuses se encuentra paralizada y en la capital el Metro de Caracas está al borde del colapso. Cabría preguntarse qué pasó con el presupuesto de la “Misión Transporte” y el porqué de la existencia de cementerios de buses “Yutong” y unidades de metrobuses. Mientras, los enchufados del gobierno viajan en camionetas blindadas y escoltadas por motocicletas de alta cilindrada ¡Viva el socialismo salvaje!

Esta política de trato inhumano generalizado contra la población ha obligado a cientos de miles a arriesgar su vida. Lo que empezó con una ruta de convoyes militares en las zonas rurales se convirtió en la dantesca escena del traslado de seres humanos hacinados en jaulas de ganado, donde un bache en la vía te puede hacer volar por los aires sin que nadie se haga responsable.

Los venezolanos no somos animales de una granja administrada por la dictadura; somos seres humanos libres e iguales en dignidad y derechos. Por eso indignarse y rebelarse más que un derecho es una necesidad. Luchar contra la tiranía y exigir el cese del maltrato. Sin lugar a dudas, merecemos algo mejor.

Carlos Patiño @carlosdpatino

“De esa manera estamos hechos, mitad indiferencia mitad ruindad»

Ensayo sobre la ceguera; José Saramago

“Yo tengo más de 30 años viendo pacientes con VIH y durante mis primeros 10 años como médico veía cómo morían todos porque no había antirretroviral. Ahora ni cuando hay recaídas hay medicamentos para infecciones oportunistas. Puedo decir que estamos peor que hace 20 años”. Este testimonio de la infectóloga Miriam Sotolongo, del Hospital Chiquinquirá del estado Zulia, resume la magnitud de la crisis de salud en el país: la gente está, literalmente, muriendo por acción u omisión del Estado.

En el año 1989, Provea comenzó a publicar su Informe Anual. Luego de 29 años ininterrumpidos, el informe correspondiente a 2017 registró los peores indicadores en materia de derechos humanos. La emergencia humanitaria compleja, la violencia institucional y la inseguridad han convertido el derecho a la vida en el derecho más violentado en Venezuela.

El informe señala los casos de víctimas cuya salud se deteriora irreversiblemente por hambre y falta de medicamentos o por no recibir atención médica oportuna y adecuada; la violencia institucional bajo la modalidad de ejecuciones policiales o militares, así como por el uso excesivo de la fuerza, y muerte por la acción de la delincuencia. Todo ello ha exacerbado la migración forzada de venezolanos, muchos de ellos en el extranjero en situación de vulnerabilidad.

De los primeros años de la revolución se solía decir que era excluyente en lo político pero incluyente en lo social. Sin embargo, la realidad palpable es que el gobierno de Nicolás Maduro es doblemente excluyente en lo social y en lo político, afianzando las desigualdades, aumentando la discriminación para el acceso de alimentos a través de los Clap y el carnet de la patria, y reduciendo a su mínima expresión el derecho a la participación en los asuntos públicos.

Para 2017 Provea registró 9662 denuncias del derecho a la salud, fallas en los sistemas operativos de los hospitales públicos de entre 50% y 90%, así como muertes por privación prolongada y absoluta de medicinas. Por otro lado, 8.2 millones de venezolanos ingirieron dos o menos comidas al día, y se documentó un aumento del 100% en las cifras de desnutrición aguda en menores de 5 años (de 8% en 2016 a 16% en 2017).

A lo anterior se suma que el índice de inflación cerró en 2.616% y el trabajo formal asalariado perdió espacio como principal fuente de ingresos. En lo colectivo, Maduro socavó las garantías para el ejercicio de la libertad sindical, la huelga, el diálogo social tripartito y la negociación colectiva. Estas cifras se han agravado durante el primer semestre de 2018; por lo que no cabe duda que toda posibilidad de mejora de las condiciones de vida de los venezolanos pase inexorablemente por la salida del poder de Nicolás Maduro y su máquina trituradora de la dignidad humana.

Carlos Patiño @carlosdpatino

Lo han venido señalando varias organizaciones de derechos humanos y expertos independientes. Primero, como una alerta de algo poco conocido, que se confundía con “crisis” sin ser sinónimos. Luego, un aluvión de información y debate puso el término en la agenda de la sociedad civil, en procura de explicación de una catástrofe inédita, aunque en progresivo desarrollo desde años atrás. Una que requiere soluciones urgentes.

La expresión no es otra que la denominada “Emergencia Humanitaria Compleja” que azota a los venezolanos con mayor crudeza desde el 2016. Si de algo debemos estar al tanto es que la grave situación de pobreza, escasez de alimentos y medicinas, está calificada como violación de derechos humanos y enmarcada en una determinada caracterización internacional.

En efecto, la Emergencia Humanitaria es un tipo de crisis, pero con características propias que la definen y diferencian. Por ello no es igual hablar de crisis humanitaria en sentido amplio, que de emergencia humanitaria compleja como realidad específica.

Lo primero que hay que tener en cuenta para diferenciarlas es que la crisis humanitaria es una situación excepcional de pérdidas o daños a la vida de las personas, que sobrepasa las capacidades de respuesta del Estado, por causa de un conflicto armado o desastres naturales. La emergencia humanitaria tiene las mismas consecuencias que la crisis en la vida de las personas, pero en cambio, su origen no es una guerra o conflicto bélico, ni un desastre natural.

La emergencia humanitaria se origina por procesos de inestabilidad de orden político, abuso de poder y violaciones de derechos humanos, que inciden en lo social, y que pudieran conducir a conflictos civiles. En el caso de Venezuela, la dictadura ha dirigido sus políticas al quiebre de las instituciones del Estado y el orden democrático del país con el objetivo de mantener el control absoluto del poder, provocando profundos y masivos daños a la vida y al bienestar social de la gente.

En este proceso ha operado una combinación de factores o causas que a través del tiempo y de manera deliberada, han conducido a la cooptación institucional, la destrucción de capacidades y hundimiento sistémico o estructural en los planes políticos, económicos y sociales.

¿Y por qué diversos organismos internacionales han tardado en reconocer expresamente la emergencia humanitaria en Venezuela? Entre otras cosas, porque el caso venezolano es inédito. Esto lo ratifica el líder polaco y premio Nobel Lech Walesa, cuando declaró que el caso venezolano “no se puede comparar a otro y el mundo no lo entiende”. En pocas palabras, al mundo le ha costado entender lo que aquí sucede por atípico, y recién empezó a asimilarlo luego de la rebelión popular de 2017.

Más grave aún es que el Estado restrinja el acceso humanitario que pueda brindar la comunidad internacional con el burdo argumento de una invasión. La acción humanitaria, que debe cumplirse con controles estrictos, garantías y estándares internacionales, no puede además usarse como sustituto de la acción política.

El gobierno no puede excusarse en la supuesta acción de terceros para incumplir sus obligaciones de salud y alimentación de la población. ¿Dónde quedó el discurso de soberanía alimentaria y desarrollo endógeno? Pareciera que la verdadera inversión fue en publicidad y propaganda. Y en estructuras clientelares y corruptas.

Nos toca seguir documentando y difundiendo la realidad que la dictadura pretende silenciar con represión y mordaza a la libertad de expresión: una catástrofe traducida en inseguridad alimentaria, epidemias, desplazamientos y migración forzada, daños a la salud y pérdida de vidas. El gobierno de Nicolás Maduro es responsable del inmenso sufrimiento humano de los venezolanos, víctimas de su indolencia y políticas degradantes. La situación es insostenible.

“¡¡Hasta cuando Maduro joroba el pueblo!!”
Provea, vía twitter

El 20M fue un gran acto de desobediencia civil, de rebelión silenciosa que recuerda la consulta popular plebiscitaria del 16 de julio de 2017. La gente se abstuvo de convalidar el simulacro electoral que desde su ilegitimidad de origen “Constituyente”, ha pretendido perpetuar con un barniz de “legalidad” a la dictadura en el poder. El gigantesco fraude fue desconocido por diferentes actores de la comunidad internacional, quienes han anunciado el aumento de sanciones diplomáticas.

Las cifras divulgadas por el Consejo Nacional Electoral no se corresponden con la realidad. El 48% de participación anunciado contradice el de otras fuentes de monitoreo como Meganalisis, que arroja una abstención del 82,6%. Las irregularidades están bien documentadas en el “Reporte Veeduría Ciudadana 20M” de la Red Electoral Ciudadana, que señala:

El 86% de cierres de centros en horas nocturnas, mucho después de la hora de cierre legal; 53% de centros electorales sin testigos; 58% de violación a la normativa de voto asistido; 79% de propaganda electoral a menos de 200 metros de distancia y 35% de propaganda electoral dentro del centro; pero además afuera del 68% de los centros de votación exigieron el denominado “Carnet de la Patria”. Ello sumado a un 80% de excesos en funciones de los coordinadores de centros.

La terquedad del gobierno de mantenerse a la fuerza en el poder a pesar de la crisis política, económica y social en la que ha sumido a Venezuela, cerrando los caminos institucionales, pacíficos y democráticos; incita a que parte de la población, incluyendo las Fuerzas Armadas, consideren vías insurreccionales fuera de la Constitución o intervenciones militares de países extranjeros con consecuencias impredecibles.

Ante este escenario, vale la pena revisar los estudios divulgados por el politólogo John Magdaleno, quien revela que, de 61 transiciones evaluadas, en 70% se registraron protestas masivas (las más eficaces fueron no violentas) y en 49% elecciones. Apenas en 28% hubo presión internacional significativa y sólo 25% se resolvieron por una intervención externa.

Esa protesta pacífica, masiva y articulada que se revela como el método más eficaz para lograr una transición política (recordemos que mucha de la presión internacional actual lo debemos a la rebelión popular de 2017), debe venir acompañada de un objetivo consensuado y legítimo. La buena noticia es que sí existe una vía constitucional, viable, pacífica y alejada de golpes de Estado e intervenciones extranjeras: la renuncia del Presidente prevista en el artículo 233 de la Carta Magna.

Desde el movimiento de derechos humanos hemos alentado la conformación de un gran movimiento nacional, que incluya a todos los sectores, para exigir la renuncia de Nicolás Maduro y aplicar lo establecido en el artículo 233 de la Constitución Nacional, y en consecuencia, anunciar la convocatoria de elecciones libres y democráticas, con plenitud de garantías e igualdad de condiciones. La solución a la crisis venezolana debe darse con la participación activa del pueblo organizado y en el marco de la Constitución de 1999. La dictadura promueve la desunión y la desesperanza porque sabe que un pueblo unido, organizado y con un fin común, es capaz de generar los cambios que se proponga.

Carlos Patiño
@carlosdpatino

“Un inmigrante será siempre un inmigrante”

West Side Story

Las elecciones del 20 de mayo no serán libres ni creíbles. Habrá gente que irá a votar, pero no a elegir. El proceso fue diseñado para garantizar la continuidad de la dictadura con un maquillaje seudo democrático. El descomunal fraude a materializarse ese día será un nuevo disparador del éxodo masivo de venezolanos: Sólo en los últimos 2 años, se calcula que más de 1.2 millones de personas han emigrado a raíz de la grave crisis económica, la falta de seguridad y la escasez de alimentos y medicinas. La simulada “reelección” por 6 años de Maduro acelerará la estampida.

Desde 2013 Provea encendió las alarmas sobre los crecientes índices de pobreza, escasez de comida e insumos médicos. Para 2016 la ONG caracterizó al gobierno de Maduro de dictadura moderna y también de fábrica de pobreza. Una combinación terrible. En vista del descontento social, la gente tomó las calles en 2017 para exigir sus derechos y al igual que en 2014, pero con mayor saña, el gobierno recurrió a la represión sistemática con la intención de frenar las manifestaciones.

Entre las principales causas de la migración forzada, la violencia e inseguridad siempre ha destacado. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, Caracas se ubicó en el 2017 en el puesto número 1 de las ciudades más peligrosas del mundo, con un total de 130,35 homicidios por cada 100.000 habitantes. De las 10 ciudades más peligrosas del planeta, 4 estarían en Venezuela: Caracas, Maturín, Ciudad Guayana y Valencia.

Sin embargo, a partir de 2015, la crisis económica y social se encumbró como la principal motivación de movilidad de los venezolanos. Para el 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una hiperinflación superior al 10.000%, mientras los rezagados salarios se diluyen como sal en el agua. Aunado a ello, cada día se agravan las violaciones masivas y sistemáticas del derecho a la salud. El país se encuentra en una emergencia humanitaria compleja producto de políticas del gobierno dirigidas al quiebre de las instituciones del Estado y el orden democrático del país, que están provocando profundos y masivos daños a la vida y al bienestar social de los ciudadanos.

La escasez de medicamentos e insumos médicos se calcula en un 90%. Estudios de la encuesta Encovi señalan que 8,2 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día, y las comidas que consumen son de mala calidad; 9 de cada 10 venezolanos no cuenta con ingresos suficientes para pagar sus alimentos. Además, se estima que un 60% de la población habría perdido cerca de 11 kilogramos de peso en 2017.

La crisis migratoria genera una serie de nuevos retos en términos de DDHH. La gran mayoría huye, con preferencia, hacia los países fronterizos o cercanos. La región no está preparada para la diáspora y se pronostica que después de la elección del 20 de Mayo habrá otro pico fuerte de gente despidiéndose del país para procurarse mejores condiciones de vida e incluso su supervivencia. Los países de América Latina y las organizaciones internacionales requieren de un plan de acción urgente que garantice los más altos estándares de protección en materia de derechos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo; al igual que la garantía de sus derechos económicos y sociales.

“No sea ingenuo pues, Chacaltana. No vea caballos donde sólo hay perros”

Abril Rojo; Santiago Roncagliolo

La historia de nuestros abriles comienza con un grito de independencia. El 19 de abril de 1810 fue destituido el Capitán General Vicente Emparan, impuesto por la Junta Suprema de España, dando inicio al movimiento independentista que libraría a Venezuela del dominio español.

El siglo XXI nos trajo abriles convulsos. Las protestas de oposición y la huelga general de 2002 culminaron en una inmensa marcha el 11 de abril que, desviada al Palacio de Miraflores, colisionó con una concentración de simpatizantes de Hugo Chávez, enfrentamiento que causó muertos en ambos bandos; culminando en un confuso vacío de poder que terminó en golpe de estado y en la resurrección política del depuesto Presidente.

Un 14 de abril daría inicio a la etapa más funesta de nuestra historia republicana: la llegada al poder de Nicolás Maduro. Las sobrevenidas elecciones de 2013 por razón de la muerte de Hugo Chávez se convocaron en los 30 días siguientes al fallecimiento presidencial. Maduro ganó los comicios con el 50.61 % de los votos, una diferencia de apenas el 1,77 % sobre el candidato opositor Henrique Capriles; elección cuestionada por la desigualdad mediática y el ventajismo oficial.

Las protestas por el recuento de los votos dejaron 7 muertos, 61 heridos y 135 detenidos. El prólogo del gobierno de Maduro sería el teaser de su gestión. Tan solo un año después, para abril de 2014, se contabilizaron 44 muertos en las protestas de calle que durante dos meses exigieron “la salida” de Nicolás Maduro del poder. Según cifras del Foro Penal, 63% de ellas fueron causadas por balas o perdigones, 20 de los autores materiales fueron civiles, entre ellos 10 pertenecientes a colectivos, y 7 fueron funcionarios de seguridad del Estado.

Así llegamos al 01 de abril de 2017, fecha de inicio de la primera rebelión popular del siglo XXI contra la dictadura. En más de 100 días aumentó el rojo de la temperatura, de la sangre y de la represión del partido del partido rojo. La cifra de muertes, que varía según la fuente, estaría entre 124 y 158 caídos víctimas de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, la intervención de civiles armados (colectivos paramilitares) y episodios de violencia en las manifestaciones.

Abril de 2018 nos deja otra estela de muertes dramáticas también responsabilidad del Estado por acción u omisión: muertes por hambre y enfermedad, víctimas de la emergencia humanitaria compleja que castiga al pueblo venezolano por la ambición, irresponsabilidad e indolencia de unos pocos. También fue el mes de las protestas en Nicaragua, como un eco de la rebelión venezolana: resistencia, represión y muerte.

Tarde o temprano todo ciclo se cierra y regresa al punto de origen. Los próximos abriles deberían dejar de teñirse de rojo y volver al grito de independencia: Venezuela libre de tiranías.

“Aquí cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana”.

Los corruptores; Jorge Zepeda Patterson

El compromiso de la VIII Cumbre de las Américas es elocuente: “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. En el documento, los Jefes de Estado acordaron fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción en el hemisferio, brindar garantías de acceso a la información, promover la cooperación jurídica internacional; así como el combate al cohecho, al soborno, al crimen organizado y al lavado de activos.

Es evidente la influencia del escándalo transnacional de Odebrecht en la resolución de la Cumbre. Por solo mencionar dos de los casos más sonados: Pedro Pablo Kuczynski ofreció su renuncia a la presidencia de Perú después de la difusión de un video de compra de votos para frenar su destitución en el Congreso; seguido del fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil  en contra del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien a pesar de liderar las encuestas presidenciales, probablemente conocerá los resultados en prisión.

Algunos sectores políticos han calificado las recientes acciones contra la corrupción de excesivas, violatorias del estado de derecho y desestabilizadoras al provocar destituciones, dimisiones presidenciales, inhabilitaciones y hasta cárcel. Sin negar las arbitrariedades procesales que se deban corregir, estas medidas y los precedentes que sientan están más cerca del ideal de justicia que tolerar la impunidad de los poderosos, por muy populares que sean. Lo que no debe convertirse en una versión de la “lucha contra el terrorismo” en cuanto a violaciones del debido proceso y la presunción de inocencia.

A pesar de que la última encuesta de Latinobarómetro establece que en promedio, apenas el 30% de los habitantes de la región dicen estar satisfechos con el funcionamiento de la democracia, principalmente por insatisfacción de derechos económicos, sociales y de acceso a la justicia; países en dictadura como Venezuela, con instituciones cooptadas o sometidas por el partido de gobierno, son ajenos a la cruzada anticorrupción que surca el continente a pesar de las recurrentes denuncias y los señalamientos.

La Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, solicitó desde Colombia la captura internacional de Nicolás Maduro por presunto recibimiento de pagos de sobornos de manos de la constructora Odebrecht. Sin embargo, la dictadura en Venezuela ha impuesto una institucionalidad paralela a través de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), desestimando las iniciativas de la fiscal general y del Tribunal Supremo en el exilio designado por la Asamblea Nacional; por lo que la incidencia de estos órganos, producto del choque de poderes, entran más en el espectro político que en el terreno jurídico.

El gobierno es el responsable de la pobreza y la emergencia humanitaria compleja, ocasionada en gran medida por la corrupción. En la experiencia venezolana, a menos  democracia, más impunidad y corrupción; a más dictadura, mayor violación de los derechos humanos, en especial los económicos y sociales.

El rescate de la democracia no solo implica un cambio de presidente: pasa por la construcción de instituciones sólidas, con independencia de los poderes públicos, la garantía de los derechos humanos, el fortalecimiento de la sociedad civil y la dignificación de la función pública. Pese a las turbulencias políticas, es innegable que la democracia es vital para hacer justicia.

Las organizaciones de la sociedad civil continúan su labor de documentación, registro y difusión de los atropellos del gobierno; a la vez que siguen expectantes ante los procesos judiciales en tierras vecinas. Por los momentos, en Venezuela, los lobos de la corrupción siguen cuidando el rebaño. 

Carlos Patiño

@carlosdpatino