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Carlos Patiño

Conversaciones sobre el futuro de Venezuela, por Carlos Patiño

“Cuando se juega al juego de tronos sólo se puede ganar o morir. No hay puntos intermedios”.

Canción de Hielo y Fuego; George R. R. Martin


Si analizar posibles escenarios sobre el futuro de Venezuela se hace complejo para los propios venezolanos, lo es aún más para los extranjeros que intentan separar la paja del trigo entre la realidad de los hechos y las distorsiones informativas que promueve el gobierno de facto a través de su aparato de propaganda, con el bonus track del chantaje ideológico.

Ante lo impredecible de una trama que parece escrita por George R. R. Martin, comparto un par de reflexiones que intentan responder algunas preguntas formuladas por amigos de la región: 

¿Es viable un cambio de gobierno en Venezuela? 

El cambio de gobierno en Venezuela es viable y necesario, el actual modelo es insostenible. Para lograr ese cambio es necesario escalar la presión social e internacional, y a su vez, abrir canales de negociación política para la resolución del conflicto. El mecanismo idóneo es la realización de elecciones libres, creíbles e inclusivas, en la línea del Grupo de Contacto Internacional (CGI).

Ahora bien, el hecho de que sea viable, no es garantía de que se concrete. Hablamos de una dictadura represora con diversos intereses que lo atornillan al gobierno, con una lógica militar de avance, repliegue y contrataque; que hará lo posible por permanecer en el poder hasta el último minuto, siempre que permanecer en él tenga menos costo que salir.

¿Qué elementos son necesarios para avanzar en un proceso de transición en Venezuela? 

Es necesario el acompañamiento internacional tanto para el proceso de elecciones como para la transición. Ello requiere distintos tipos de acompañamiento para generar confianza e inclusión, para contener abusos y para fortalecer la economía. La transición en Venezuela no solo debe ser política sino social y económica por la gravedad de la catástrofe humanitaria. Debe incorporarse al debate la noción de “Memoria, Verdad y Justicia”, como mecanismo para conocer la verdad de los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridas, reparar los daños y evitar su repetición.

¿Es inminente una intervención armada en Venezuela?

A corto plazo es poco probable, debido al costo político y económico que ello representa, más allá de las estridentes amenazas del gobierno de Trump. No obstante, a mediano plazo, es una posibilidad en caso de que Maduro insista en mantenerse en el poder y las estrategias de la oposición liderada por Guaidó, que tiene el apoyo popular pero no el poder fáctico, acusen ineficacia o desgaste. Dependerá además de la violencia que use Maduro para sostenerse, del cierre de vías de negociación y deterioro de lo humanitario. A ello habría que agregarle que América Latina no resiste otros 2 millones más de migrantes forzados.

Finalmente, otro escenario no descartable en caso de cierre de una salida negociada a la crisis, es el de focos insurreccionales armados, prolongados en el tiempo. Un conflicto armado interno agudizaría la catástrofe humanitaria responsabilidad de la dictadura.

Carlos Patiño

@carlosdpatino

Prisioneros del gobierno obrero, por Carlos Patiño

“El mago hizo un gesto y desapareció el hambre, hizo otro gesto y desapareció la injusticia, hizo otro gesto y se acabó la guerra. El político hizo un gesto y despareció el mago”

Woody Allen

 

EN AGOSTO del año 2009, Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco (SINTRAFERROMINERA), dirigió una huelga en la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, exigiendo el cumplimiento de la convención colectiva de trabajo. Una vez levantada la huelga y resuelto el conflicto, fue encarcelado y juzgado, para finalmente declararlo inocente.

Transcurrida casi una década desde su primera privativa de libertad, Rubén González fue detenido arbitrariamente por segunda vez el día 29 de noviembre de 2018, imputándole los delitos de ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada. A la fecha, Rubén sigue encarcelado en una prisión militar por el simple hecho de ser consecuente en su lucha por los derechos humanos laborales.

Desde finales de 2018 y con especial encono luego del mega apagón rojo que cubrió de tinieblas a Venezuela por más de 100 horas desde el 07 de marzo de 2019, los trabajadores criminalizados y encarcelados como chivos expiatorios de la mala gestión de la revolución bolivariana. Sólo entre noviembre y diciembre de 2018, un total de 16 sindicalistas de las empresas básicas de Guayana fueron encarcelados y acusados de delitos como: agavillamiento, violación de zonas de seguridad, instigación a delinquir, impedimento y coacción al trabajo, ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada; entre otros.

El 09 de marzo de 2019, en el transcurso del apagón nacional, Ángel Sequea Romero, ingeniero de Corpoelec, fue asesinado en los calabozos del CICPC San Félix. Según declaraciones de Tarek William Saab, la autopsia reveló asfixia por estrangulamiento. Ángel fue detenido una semana antes de su muerte, acusado de supuesto robo de “material estratégico”. Coincidencialmente, dos semanas después, el secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores del Sector Eléctrico del estado Bolívar, (Suteeb) Francisco Alarcón Orozco, fue hallado muerto en su casa colgando de una sábana. El CICPC sospecha “motivos pasionales”.

Otro trabajador de Corpoelec Guayana, Geovanny Zambrano, fue desaparecido forzosamente por uniformados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), entre el 11 y el 12 de marzo, recibiendo privativa de libertad el 18 de marzo de 2019, acusado de los presuntos delitos de asociación para delinquir, fuga de información y sospecha de sabotaje.

La persecución en contra de Zambrano comenzó en febrero de 2019, luego de acompañar unas declaraciones en torno a la crítica situación de la industria eléctrica por falta de mantenimiento y corrupción. Dos días después, los trabajadores que participaron de la rueda de prensa, Damarys Cervantes, Juan Ramón Barrios y el propio Zambrano, recibieron cartas de jubilación “especial”.

Apenas días después del encarcelamiento de Zambrano; Asención María Caraballo y Marlyn de González, trabajadoras de Telemática de Corpoelec, fueron detenidas arbitrariamente y liberadas posteriormente tras más de 10 horas de interrogatorios. En ambos casos, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) incautaron sus computadoras y teléfonos celulares.

Desde el año 1999, desde los tiempos de Hugo Chávez hasta el actual gobierno de facto de Nicolás Maduro; Provea ha registrado aproximadamente 150 sindicalistas sometidos a juicios penales. Casos emblemáticos como los 5 trabajadores de la empresa constructora Xacobeo que construía viviendas en el Fuerte Murachí, que en 2012 fueron sometidos a la justicia militar siendo civiles, dejaban registro de la arremetida que vendría.

Tanto en los gobiernos de Chávez como de Maduro se configuró un andamiaje jurídico para criminalizar el ejercicio de la libertad sindical, el derecho a la manifestación, a huelga y a la opinión. Reglamentos y leyes como el Código Penal, la Ley de Seguridad de la Nación, la Ley Especial contra el Acaparamiento y el Boicot, el Código de Justicia Militar e incluso sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, constituyen un cerco jurídico que obstaculiza y genera riesgos a la libertad de toda persona que se proponga exigir y defender derechos.

Tal como henos expresado antes, el falso gobierno obrero de Nicolás Maduro, no protege ni reivindica sus derechos, sino que persigue, encarcela y condena a los obreros.

 @carlosdpatino
Prisioneros del gobierno obrero, por Carlos Patiño

“El mago hizo un gesto y desapareció el hambre, hizo otro gesto y desapareció la injusticia, hizo otro gesto y se acabó la guerra. El político hizo un gesto y despareció el mago”

Woody Allen

En agosto del año 2009, Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco (SINTRAFERROMINERA), dirigió una huelga en la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, exigiendo el cumplimiento de la convención colectiva de trabajo. Una vez levantada la huelga y resuelto el conflicto, fue encarcelado y juzgado, para finalmente declararlo inocente.

Transcurrida casi una década desde su primera privativa de libertad, Rubén González fue detenido arbitrariamente por segunda vez el día 29 de noviembre de 2018, imputándole los delitos de ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada. A la fecha, Rubén sigue encarcelado en una prisión militar por el simple hecho de ser consecuente en su lucha por los derechos humanos laborales.

Desde finales de 2018 y con especial encono luego del mega apagón rojo que cubrió de tinieblas a Venezuela por más de 100 horas desde el 07 de marzo de 2019, los trabajadores criminalizados y encarcelados como chivos expiatorios de la mala gestión de la revolución bolivariana. Sólo entre noviembre y diciembre de 2018, un total de 16 sindicalistas de las empresas básicas de Guayana fueron encarcelados y acusados de delitos como: agavillamiento, violación de zonas de seguridad, instigación a delinquir, impedimento y coacción al trabajo, ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada; entre otros.

El 09 de marzo de 2019, en el transcurso del apagón nacional, Ángel Sequea Romero, ingeniero de Corpoelec, fue asesinado en los calabozos del CICPC San Félix. Según declaraciones de Tarek William Saab, la autopsia reveló asfixia por estrangulamiento. Ángel fue detenido una semana antes de su muerte, acusado de supuesto robo de “material estratégico”. Coincidencialmente, dos semanas después, el secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores del Sector Eléctrico del estado Bolívar, (Suteeb) Francisco Alarcón Orozco, fue hallado muerto en su casa colgando de una sábana. El CICPC sospecha “motivos pasionales”.

Otro trabajador de Corpoelec Guayana, Geovanny Zambrano, fue desaparecido forzosamente por uniformados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), entre el 11 y el 12 de marzo, recibiendo privativa de libertad el 18 de marzo de 2019, acusado de los presuntos delitos de asociación para delinquir, fuga de información y sospecha de sabotaje.

La persecución en contra de Zambrano comenzó en febrero de 2019, luego de acompañar unas declaraciones en torno a la crítica situación de la industria eléctrica por falta de mantenimiento y corrupción. Dos días después, los trabajadores que participaron de la rueda de prensa, Damarys Cervantes, Juan Ramón Barrios y el propio Zambrano, recibieron cartas de jubilación “especial”.

Apenas días después del encarcelamiento de Zambrano; Asención María Caraballo y Marlyn de González, trabajadoras de Telemática de Corpoelec, fueron detenidas arbitrariamente y liberadas posteriormente tras más de 10 horas de interrogatorios. En ambos casos, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) incautaron sus computadoras y teléfonos celulares.

Desde el año 1999, desde los tiempos de Hugo Chávez hasta el actual gobierno de facto de Nicolás Maduro; Provea ha registrado aproximadamente 150 sindicalistas sometidos a juicios penales. Casos emblemáticos como los 5 trabajadores de la empresa constructora Xacobeo que construía viviendas en el Fuerte Murachí, que en 2012 fueron sometidos a la justicia militar siendo civiles, dejaban registro de la arremetida que vendría.

Tanto en los gobiernos de Chávez como de Maduro se configuró un andamiaje jurídico para criminalizar el ejercicio de la libertad sindical, el derecho a la manifestación, a huelga y a la opinión. Reglamentos y leyes como el Código Penal, la Ley de Seguridad de la Nación, la Ley Especial contra el Acaparamiento y el Boicot, el Código de Justicia Militar e incluso sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, constituyen un cerco jurídico que obstaculiza y genera riesgos a la libertad de toda persona que se proponga exigir y defender derechos.

Tal como hemos expresado antes, el falso gobierno obrero de Nicolás Maduro, no protege ni reivindica sus derechos, sino que persigue, encarcela y condena a los obreros.

/ Carlos Patiño @carlosdpatino

Apuntes sobre la Corte Penal Internacional (I), por Carlos Patiño

“La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera”
Horacio

A partir de la apertura de un examen preliminar por parte de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, en fecha 08 de febrero de 2018, para verificar la “presunta” fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestantes y la encarcelación de miles de miembros de la oposición en Venezuela; se avivó el interés sobre los mecanismos de la Corte y sus alcances.

Lo primero que habría que apuntar es que el examen preliminar no es una investigación plena, sino un paso previo para analizar la información disponible y determinar si existe fundamento razonable para, precisamente, abrir una investigación. Es decir, aún no existe una investigación formal de crímenes de lesa humanidad sino una revisión de indicios que pudieran conducir a la investigación propiamente dicha.

Sin embargo, en un hecho inédito, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú remitieron el 26 de septiembre a la Fiscalía, nuevos informes sobre la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Francia se sumó a la iniciativa el 29 de septiembre y Costa Rica el 16 de octubre; siendo la primera vez que terceros países acusen a otro de crímenes competencia de la CPI.

Pero, ¿qué es la Corte Penal Internacional?

A lo largo de la historia se ha producido una gran cantidad de conflictos armados, a lo interno de un país o entre distintos países, que dieron lugar a la comisión de delitos graves contra la población civil. Ante la impunidad de muchos de estos actos, un número significativo de países acordaron establecer un tribunal internacional independiente y de carácter permanente. Dicho acuerdo, conocido como el Estatuto de Roma, dio origen a la Corte Penal Internacional. El 1 de julio de 2002, la CPI comenzó a funcionar desde La Haya, Países Bajos.

La CPI no juzga toda clase de delitos o de violaciones de derechos humanos, sino solamente los considerados delitos más graves contra la humanidad, conforme a lo previsto en el Estatuto de Roma: el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de agresión y los crímenes de lesa humanidad. Estos últimos, los crímenes de lesa humanidad, serían los susceptibles de investigación en Venezuela, y se refieren a actos perpetrados como parte de una agresión reiterada, generalizada o sistemática contra la población civil, como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, el encarcelamiento, la tortura, la violación, la esterilización forzada, la persecución, el apartheid.
Hay que resaltar que, a diferencia de otras instancias de protección de derechos humanos, la CPI no sentencia al Estado parte, sino que enjuicia y condena a personas, incluyendo a jefes de estado, comandantes militares y a funcionarios de gobierno. En el caso venezolano, los altos funcionarios y la cadena de mando militar en los hechos posteriores a la entrada en vigencia de la Corte (julio 2002), y más específicamente en los hechos de represión durante los ciclos de protestas de 2014 y en la rebelión popular de 120 días de 2017.

Carlos Patiño @carlosdpatino

La condena por reírse, por Carlos Patiño

“El humor sirve para hacer habitable la realidad”.

Antonio Ortuño

“Me acusaron de burlarme del presunto atentado contra Nicolás Maduro y me desalojaron de mi casa…” Así comienza su relato Limbania Ramírez, víctima de la dictadura quien el pasado 06 de agosto fue desalojada arbitrariamente, junto a su familia, del apartamento que le adjudicara la “Misión Vivienda” en el complejo habitacional Ciudad Tiuna, en Caracas.

Por si fuera poco, le incautaron sus enseres y fue despedida el 09 de agosto del ente público donde laboraba, la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica. Su delito: la acusan de haberse “reído” por un grupo de Whatsapp del presunto atentado contra Nicolás Maduro. Ella lo niega.

Esa noche del lunes, dos días después del presunto intento de magnicidio del 04 de agosto, un grupo de civiles armados (colectivos), liderados por la funcionaria Carolina Cestari, jefa de gobierno del Distrito Capital, y por la ciudadana Llanfrancis Colina, conductora del programa de televisión “Zurda Conducta”, la obligaron a salir de su vivienda acusándola de “traidora de la revolución” mientras literalmente la echaban a la calle.

“A mi esposo lo golpearon varias veces por la espalda y lo obligaron a entregarles las llaves. Nos sacaron a patadas. Todo frente al hijo adolescente de mi pareja. Hemos recibido amenazas de muerte. Cuando volvimos al apartamento para buscar las cosas que nos no nos hurtaron, llegó un funcionario del Ministerio de Vivienda y Habitat, y nos advirtió que nos fuéramos, que no se harían responsables de nuestra integridad personal.”

Las organizaciones Provea y Proiuris presentaron el día 10 de octubre una acción de amparo constitucional exigiendo le sea restablecida la situación jurídica infringida, garantizándole su derecho a la vivienda, como primer paso de una serie de acciones que no descartan las instancias internacionales de protección de los derechos humanos.

“Me dejaron sin empleo, sin casa, vulnerable. Tuve que irme al interior del país a casa de unos familiares. Todo esto es injusto ¿qué hice para merecerlo? Ni siquiera soy culpable de lo que se me acusa”.

Para la dictadura de Nicolás Maduro, reírse es un delito. Peor aún: la presunción de una burla. Por supuesto, siempre y cuando se apunte a los impresentables líderes de la revolución bolivariana, pues caso contrario y desde los tiempos de Hugo Chávez, la descalificación personal, las burlas y carcajadas acompañan los chistes malos de los altos funcionarios y “presentadores” de televisión oficial, cuyos dardos envenenados van dirigidos contra todo aquél que se oponga al régimen.

Para desgracia de los operadores de la revolución, la protesta creativa, la resiliencia y el espíritu de lucha seguirán multiplicándose frente a un gobierno cada vez más acorralado por su propia trama de corrupción y violación de derechos humanos. Reírnos del poder es un acto de rebeldía. Las dictaduras no gozan de buen humor.

Carlos Patiño @carlosdpatino

 

Protestas a la deriva, por Carlos Patiño

“La protesta de los pobres la escucha hasta dios, pero no llega al oído del hombre.”

Félecité De Lamennais

El pasado 21 de agosto, en una protesta ciudadana en Caracas, las iniciativas Dale Letra y Piloneras coreaban a capela en la calle:

“No me aumentes el sueldo /

si eso se va a traducir /

en una inflación terrible /

que no nos deja vivir”

Tal vez Venezuela sea el único país donde el anuncio de aumento salarial pone a temblar tanto a empleadores como a trabajadores, pues al hacerse unilateralmente sin diálogo social tripartito, suele disparar los índices de inflación resultando peor el remedio que la enfermedad.

Para quienes aseguran que a pesar de la crisis económica y social “en Venezuela no pasa nada y la gente no reclama”, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante el primer semestre de 2018, el promedio de manifestaciones en el país fue de 30 diarias. Para el mes de julio, el promedio aumentó dramáticamente a 72 diarias, más del doble.

La mayoría se caracterizó por la exigencia de derechos sociales: reivindicaciones laborales, colapso de los servicios básicos, acceso a alimentos y medicinas; siendo las principales modalidades de protesta paros, cierre de vías y concentraciones. Esto, además, antes del anuncio del denominado “Paquetazo Rojo” del viernes 17 de agosto, que según el consenso de expertos y economistas, acelerará aún más el proceso hiperinflacionario.

En pocas palabras, la gente está en la calle expresando su descontento. Entonces ¿Por qué no se nota?

Varias son las razones que invisibilizan la alta conflictividad social. Una de ellas es la cooptación por parte del gobierno de los medios de comunicación. Sin embargo, el principal motivo estriba en la ausencia de una conducción política, no necesariamente partidista, que las articule y les proporcione un objetivo que trascienda el reclamo puntual por el agua, la luz o el Clap; y busque resolver el problema de fondo: la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, exigiendo su renuncia y la realización de elecciones libres y creíbles.

Basta recordar la rebelión popular de 2017, cuando un movimiento de protesta masivo y pacífico, con un mínimo de organización, arrinconó al gobierno durante 4 meses y logró que la comunidad internacional volteara la mirada hacia la dictadura en Venezuela. La revolución bolivariana no pudo sostener la careta democrática que precariamente exhibía hasta ese momento, con su uso excesivo y arbitrario de la fuerza hacia los manifestantes, represión sistemática, paramilitarismo, encarcelamientos, graves abusos y maltratos, entre otras muchas violaciones de la dignidad humana.

He ahí la diferencia entre decenas de revueltas dispersas que aisladamente son controlables e invisibilizadas, a una rebelión organizada que fracture la coalición gobernante. La fábrica de pobreza y represión de Nicolás Maduro exige un liderazgo político a la altura de los tiempos que coordine, entusiasme y le haga frente con un mínimo de estrategia. La gente ya está en la calle.

Carlos Patiño @carlosdpatino

Detenciones arbitrarias y crímenes de lesa humanidad, por Carlos Patiño

“El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”
Fiódor Dostoyevski

A propósito de la detención arbitraria y desaparición forzada del diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, atentando además contra su inmunidad parlamentaria; vale la pena recordar que la implementación de una política sistemática de detenciones ilegales, como sucede en Venezuela, no es sólo una violación de derechos humanos: puede subsumirse en la calificación de “crimen de lesa humanidad”, con todas las consecuencias del caso, según lo prevé el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional.

El artículo 7 del mencionado Estatuto establece:

“Crímenes de lesa humanidad: A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: (…) e.- Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.”

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ha contabilizado al menos 12.320 opositores políticos o personas consideradas como opositoras, o como amenazas para el Gobierno, quienes fueron detenidos arbitrariamente entre enero de 2014 y abril de 2018. De estas personas, más de 7.000 fueron liberadas con la condición de que acaten una serie de medidas que restringían sus libertades. Siguen enfrentando largos procedimientos penales incoados en su contra, en algunos casos ante los tribunales militares.

También alertó que, desde finales de julio de 2017, las fuerzas de seguridad, en particular los servicios de inteligencia, han seguido utilizando las detenciones arbitrarias e ilegales como una de sus principales herramientas para intimidar y reprimir a la oposición política o a cualquier persona que manifieste su disidencia o descontento y que, en consecuencia, sea considerada como una amenaza para el Gobierno. A esto se suma que las condiciones de detención no cumplían las normas internacionales básicas para el trato humano de los detenidos, y que a menudo constituían en sí mismas un trato cruel, inhumano o degradante.

Por otro lado, y confirmando lo anterior, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA), de manera reiterada se ha pronunciado sobre la comisión múltiple de detenciones arbitrarias de personas que forman parte de la oposición política al Gobierno, o bien por el hecho de haber ejercido los derechos a la libertad de opinión, de expresión, de asociación, de reunión o de participación política. Se trata, en opinión del Grupo de Trabajo, de un ataque o práctica sistemática por parte del Gobierno para privar de la libertad física a opositores políticos, particularmente a quienes son percibidos como opositores al régimen, en contravención de normas fundamentales del derecho internacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En el dictamen sobre el caso del preso político Roberto Picón, el GTDA expresó literalmente al gobierno de Nicolás Maduro que “desea recordar que bajo ciertas circunstancias, el encarcelamiento y otras formas de privación grave de la libertad física en contravención de normas internacionalmente reconocidas pueden constituir crímenes de lesa humanidad.”

Es por ello que la Fiscal ante la Corte Penal Internacional no puede obviar esta política sistemática de detenciones arbitrarias de la dictadura, en su evaluación para el examen preliminar sobre la situación de Venezuela.

Carlos Patiño @carlosdpatino

Nos tratan como animales, por Carlos Patiño

“Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales de otros”

Rebelión en la granja; George Orwell

“No va a ser fácil, pendejo –contestó Ramfis-. Antes de irte al infierno, tienes que pasar por el purgatorio

La fiesta del chivo; Mario Vargas Llosa

“Son lo más feo que hay. Es como que te montaras en una jaula ganadera, empuja pa’cá, empuja pa’llá”, fueron las palabras de un joven albañil para el diario El Universal sobre las denominadas “perreras” o camiones de carga que están sustituyendo a los autobuses y camionetas de pasajeros como consecuencia de la tragedia del sector transporte. Otros los llaman “la ruta del chivo” por sus características diseñadas para el traslado de animales.

Ya no se trata sólo de escasez de comida y medicinas. De cortes de agua y luz o de hiperinflación e inseguridad ciudadana. A los logros de la revolución hay que sumarle la crisis del transporte público: aéreo, subterráneo y terrestre. Ni siquiera Ares, el Dios griego de la destrucción y la guerra gratuita fue tan eficiente en su iniquidad.

Nuestros alquimistas bolivarianos quienes como siempre, llevando la contraria, han transformado el oro en chatarra, ahora someten a los más pobres a trasladarse en “perreras de la muerte” que, según cifras de la Asamblea Nacional, en apenas pocos meses han ocasionado 55 muertes y al menos 275 personas heridas; entre ellos embarazadas, ancianos y niños.

Autobuses y camionetas de pasajeros se encuentran en vías de extinción por falta de divisas, escasez de repuestos y de efectivo. El 80% de la flota de autobuses se encuentra paralizada y en la capital el Metro de Caracas está al borde del colapso. Cabría preguntarse qué pasó con el presupuesto de la “Misión Transporte” y el porqué de la existencia de cementerios de buses “Yutong” y unidades de metrobuses. Mientras, los enchufados del gobierno viajan en camionetas blindadas y escoltadas por motocicletas de alta cilindrada ¡Viva el socialismo salvaje!

Esta política de trato inhumano generalizado contra la población ha obligado a cientos de miles a arriesgar su vida. Lo que empezó con una ruta de convoyes militares en las zonas rurales se convirtió en la dantesca escena del traslado de seres humanos hacinados en jaulas de ganado, donde un bache en la vía te puede hacer volar por los aires sin que nadie se haga responsable.

Los venezolanos no somos animales de una granja administrada por la dictadura; somos seres humanos libres e iguales en dignidad y derechos. Por eso indignarse y rebelarse más que un derecho es una necesidad. Luchar contra la tiranía y exigir el cese del maltrato. Sin lugar a dudas, merecemos algo mejor.

Carlos Patiño @carlosdpatino