EN DÍAS RECIENTES EL FISCAL general de Venezuela, Tarek William Saab, tuvo acceso, por una parte, a dos fotos en las que el presidente (e) Juan Guaidó aparece con dos miembros de la banda narcoparamilitar “Los Rastrojos”, cuando cruzaba de Venezuela a Colombia, en febrero pasado, con el propósito de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Por otra parte, el fiscal general venezolano tuvo también acceso al discurso y a los mapas presentados el pasado 11 de septiembre al Consejo Permanente de la OEA por el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo. En tal ocasión, el ministro Holmes reveló, entre otros aspectos, detalles que vinculan al régimen dictatorial venezolano tanto con el ELN como con alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, fugitivos que, días después de ser calificados públicamente por Nicolás Maduro como “líderes de paz” y de anunciar éste que serían bienvenidos en Venezuela, anunciaron su decisión de retomar actividades guerrilleras.
En relación con las dos fotos, el presidente (e) Guaidó ha clarificado públicamente que es enorme el número de personas solicitan tomarse fotografías con él, que no conocía a las personas con quien aparece en dichas fotos, y que no tiene ninguna vinculación con ellas. Lo único que en principio revelan esas fotos es que en determinado momento el presidente (e) Guiadó y esas personas coincidieron en un lugar físico. Sin embargo, el fiscal venezolano anunció inmediatamente que “ante las graves evidencias que se han hecho públicas en las últimas horas, respecto a la vinculación de Juan Guaidó con el grupo narcoparamilitar conocido como Los Rastrojos, el MP informa que ha decidido abrir una investigación penal”. Se trata obviamente de una más entre las acciones infundadas y arbitrarias de persecución política que la dictadura venezolana ha emprendido contra Guaidó, sus familiares y sus colaboradores.
En contraste, ante las gravísimas y fundadas denuncias efectuadas por el ministro Holmes, con pruebas, de la “relación de cooperación entre los grupos armados y el régimen venezolano”, que constituye en sus palabras: “la mayor amenaza para la estabilidad democrática y la seguridad de la región”, y que evidencian la violación por la dictadura venezolana del deber establecido en la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU de “abstenerse de proporcionar apoyo activo o pasivo a las entidades y personas que participen en la comisión de actos de terrorismo”, el fiscal venezolano no ha iniciado absolutamente ninguna investigación.
Tal contradicción y doble estándar del fiscal venezolano ciertamente no sorprende. Al juzgar su actuación en el futuro será importante tener presente sus acciones, y quizás más relevante aun, sus omisiones. La impunidad que ha impulsado y garantizado es inolvidable e imperdonable. La principal labor del fiscal Saab ha sido dar luz verde a las violaciones masivas de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las detenciones arbitrarias y la represión brutal. A ello se suma apoyar, con su inacción, la alianza del régimen de Maduro con el ELN, con alias Iván Márquez, con alias Jesús Santrich, y con sus secuaces.
En lugar de ser parte integrante y fundamental de la dictadura, el fiscal Saab debería orientarse por instrumentos internacionales tales como las Directrices sobre la Función de los Fiscales, aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, conforme a las cuales “los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal”.
* El autor es defensor internacional de derechos humanos, y, entre otros casos, es abogado de Juan Guaidó en casos de derechos humanos ante la OEA y ante la ONU. Las opiniones expresadas acá son exclusivamente del autor.
