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Cárceles

Los que no se rinden | OVP: En las cárceles también se muere de hambre
Recomiendan aplicar las 122 «reglas de Mandela» para salvar al sistema penitenciario venezolano
Podemos recuperar la independencia de los poderes públicos en Venezuela con ciudadanía activa, resalta el Observatorio Venezolano de Prisiones
«El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones propias del Poder Judicial y liberar presos mediante un acta, violando todo el proceso judicial penal», destaca la abogada Carolina Girón, directora del OVP

@nelapalaciosr

Más de la mitad de las personas privadas de libertad que se mantienen en los centros penitenciarios de Venezuela son procesados, ni siquiera tienen una sentencia firme que confirme su responsabilidad en el delito por el cual se les encarceló. Y más de 400 de ellos son presos políticos.

Y las condiciones en las que están viviendo esas personas en las cárceles no son dignas ni constituyen garantías de salud ni respeto a la vida o derechos humanos, como dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Los presos venezolanos, por solo citar un caso, están desnutridos de manera severa y tal desnutrición los hace presa fácil de cualquier enfermedad. Y con las restricciones de la pandemia Covid19, que ha limitado el acceso de visitas familiares y en consecuencia los privados de libertad no están recibiendo hoy los alimentos que recibían de estos familiares ayer, su situación ha empeorado gravemente en los últimos meses. 

«De los 538 fallecidos entre 2017 y 2019, 134 fueron por cuestiones de salud. Ese número es alarmante. Eso no era así antes. Muchas de esas muertes por cuestiones de salud pudieron haberse evitado con nutrición adecuada o con controles médicos y medicinas e insumos dados oportunamente a los privados de libertad, pero el Estado no les está dando eso», advierte la abogada Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Defensoría del Pueblo es un elefante blanco

¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21?

La Constitución de 1999 tiene un capítulo completo referente a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos (DDHH), lo que significó un gran avance para Venezuela. Se creó la Defensoría del Pueblo, institución que ya venía operando en otros países de la región y con la que Venezuela no contaba para la fecha; sin embargo, con el devenir de los años, la revolución destruyó sus propios postulados de defensa de los ciudadanos y las violaciones a los derechos humanos son inumerables, realmente salen muy mal en la balanza de la justicia.

La Defensoría del Pueblo se convirtió en un elefante blanco que nada hace por la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y se convirtió en un organismo para defender las políticas del régimen de facto, violando lo principal de un estandard internacional en derechos humanos de un organismo público, como son los principios de París, que establecen imparcialidad, autonomía y transparencia.

Más de 2 mil presos han sido liberados por el Poder Ejecutivo en 2020 bajo la figura de “régimen de confianza tutelada” en las cárceles de Venezuela. ¿Por qué consideran que el procedimiento aplicado en estos casos es ilegal?

La figura del Régimen de Confianza Tutelado está previsto en el Código Orgánico Penitenciario en sus artículos 161 al 164 y consiste en la ubicación de un penado en una unidad de producción o área especial “dentro” del recinto penitenciario y lo puede otorgar el Ministerio de Servicios Penitenciarios a aquellos penados que reúnan los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para optar a una de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena. También puede otorgarse a procesados que tengan privados de libertad un tiempo superior al que se requiere para optar al destacamento de trabajo.

En ningún artículo del código se contemplan liberaciones, es decir, los presos no deben salir del recinto penitenciario; según nuestro ordenamiento jurídico, son los jueces los únicos facultados para otorgar medidas alternativas de cumplimiento de pena que puedan cumplirse extra muros, tal como el confinamiento, destacamento de trabajo, redención de la pena por el estudio y el trabajo, entre otras, y estas medidas deben ser procesadas por el juez de ejecución mediante el procedimiento previsto en el COPP y mediante una sentencia ser otorgadas.

El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones propias del Poder Judicial y liberar presos mediante un acta, violando todo el proceso judicial penal

 

El Poder Ejecutivo, en cuanto a liberaciones, tiene facultades para indultar, más no para lo que están haciendo. Estas liberaciones ni siquiera cumplen con lo previsto en el mismo texto del Código Penitenciario y prueba de ello es que el mencionado Código entró en vigencia el 28 de diciembre de 2018 y ese mismo día le fue otorgado a Wilmer Brizuela, conocido como Wilmito (pran de Vista Hermosa), quien ordenó la muerte de la Juez que lo condenó, resultando fallecida la hermana gemela de la Juez. Era una persona que no cumplía los requisitos para ser beneficiario de una medida alternativa de cumplimiento de la pena.

En otro orden de ideas, el Observatorio Venezolano de Prisiones está de acuerdo en que se otorguen medidas alternativas a la privación de libertad, es más, hay muchas personas que cumplen los requisitos para no permanecer en una cárcel, llenan el perfil. Lamentablemente, la justicia ha preferido las medidas privativas antes de otorgar otras medidas, personas que pueden llevar su proceso penal en libertad, hasta que se dicte sentencia. En Venezuela las cárceles están llenas de procesados, hasta Diciembre de 2019, de 40.000 presos a nivel nacional, 26.000 son procesados, más de la mitad, esto no debe ser, el Poder Judicial también tiene responsabilidad en esta situación, el retardo procesal también es una violación de los derechos humanos.

La innombrable

¿Cómo califica la gestión de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela?

No la puedo calificar, no tiene nombre. Para manejar el Sistema Penitenciario se debe estar preparado, con buenas intenciones no se logra nada. Se debe estar calificado a través de tener experticia, gerencia y disposición. Estamos hablando de personas, de seres humanos; sí, cometieron un delito y ya están pagando por ello en un Centro Penitenciario, perdieron el mayor tesoro que es la libertad, ahora le toca al Estado brindar el servicio para su reinserción a la sociedad, con programas de estudio, de trabajo, deportes, cultura, etc. Pero realizar ejercicios y cánticos militares no sirve para su fortalecimiento.

¿Cómo podemos corregir la falta de independencia de poderes en Venezuela?

Ejerciendo ciudadanía, con un país de ciudadanos.

¿Vale la pena seguir luchando por la defensa de los derechos humanos en Venezuela y por qué?

Sí, vale la pena. Los derechos humanos son la punta de lanza de las democracias, somos seres humanos y merecemos respeto de forma integral. Yo creo en las personas y somos las personas las que cambiamos nuestro entorno.



Los venezolanos nos merecemos una mejor dirección política. Los países no se mueren, viven en el corazón de sus ciudadanos, y mientras más y mejor ejerzamos nuestra ciudadanía exigiendo respeto a nuestros derechos, tanto personales como los de nuestro entorno, tendremos un mejor país.

 

 

 

122 «Reglas de Mandela»

¿Cuáles han sido las peores y mejores políticas públicas aplicadas en Venezuela en materia de Servicios Penitenciarios de la administración madurista?

No hay política penitenciaria. Si se abriese paso a un gobierno de transición y una redemocratización de Venezuela próximamente, ¿qué recomendaría usted para recuperar al país en materia de servicios penitenciarios y garantizar el respeto de los derechos humanos en cuanto a prisiones y privados de libertad?

En materia penitenciaria hay mucho escrito, desde 1955 existe un instrumento internacional llamado Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Fueron reformadas en 2015 y en homenaje a Nelson Mandela las denominaron “Reglas Mandela”. Por ahí podemos empezar, sugeriría que las leyeran, ahí están recogidos los estándares mínimos para un Sistema Penitenciario adecuado y justo. Todos deberíamos leerlas. Son 122 reglas, sencillas y de fácil comprensión y ejecución. Con voluntad política, personal debidamente formado y mejora en la infraestructura, se pueden dar los primeros pasos para la optimización del Sistema Penitenciario. Y por supuesto, también involucrando y comprometiendo a todos los poderes públicos en esto.

Los presos no están comiendo

¿Cuál es la situación actual en materia de derechos humanos de la población privada de libertad en Venezuela? Y respecto a la situación que teníamos en 1998, ¿cómo estamos hoy y por qué?

Los problemas en las cárceles no son nuevos. En 1998 había hacinamiento, hubo muchos hechos violentos, muchos murieron dentro las cárceles, la situación no ha cambiado mucho. Durante este tiempo lo que hemos visto es que ahora los presos tienen armas de fuego de alto calibre, un preso maneja la cárcel, por encima de las autoridades y se otorgan títulos a estos presos, los llaman pranes y públicamente manejan bandas delictivas dentro y fuera de las cárceles. En estas dos últimas décadas se pervirtió por completo el sistema penitenciario venezolano. Y en estos últimos tres años las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas, que era lo común anteriormente.

Los presos venezolanos están desnutridos de manera severa, situación alarmante, teniendo en cuenta que la población penitenciaria venezolana oscila entre los 21 y 30 años; la desnutrición los hace presa fácil de cualquier enfermedad, como la tuberculosis, lo que ha ocasionado muchas muertes y las sigue causando. Los presos no están comiendo, la comida que debe llevar el ministerio penitenciario no sabemos dónde está.

Antes del 13 de marzo, cuando se prohibieron las visitas por la pandemia, los familiares les llevaban alimentos a sus seres queridos y medianamente paliaban la situación, con el pasar de los meses la situación se está agudizando en todos los Centros Penitenciarios del país. La situación es alarmante. De los 538 fallecidos entre 2017 y 2019, 134 fueron por cuestiones de salud. Ese número es alarmante. Eso no era así antes. Muchas de esas muertes por cuestiones de salud pudieron haberse evitado con nutrición adecuada o con controles médicos y medicinas e insumos dados oportunamente a esos privados de libertad, pero el Estado no les está dando eso. 

Se perdió la democracia

¿Cómo y cuándo nace la organización OVP?

El Observatorio Venezolano de Prisiones nació el 24 de Septiembre de 2002, día de la Virgen de Las Mercedes, la patrona de los reclusos.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer el OVP y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

El año 2002 marcó un hito en la historia contemporánea de Venezuela, ese año vimos el cambio de estructura gubernamental, el gobierno de la época mostró su verdadera cara y a lo que nos enfrentaríamos en adelante. Se perdió la democracia, en mi opinión.

¿En qué áreas se desempeña la organización?

El OVP trabaja en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El fundador del OVP es Humberto Prado, una persona que siempre ha luchado por los derechos de los presos, los derechos humanos de los presos son su apostolado.

¿Qué servicios ofrece?

Ofrecemos asesoría y acompañamiento a los privados de libertad, así como a sus familiares. Y operamos en todo el país.

¿Con quién tienen alianzas estratégicas el OVP?

Con organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, con las que llevamos casos tanto en el Sistema Universal (ONU) como en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (CIDH y CoIDH).

Los presos sociales no tienen voz

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

En las cárceles no se pagan delitos, se paga el ser pobre, los presos sociales no tienen voz. Es una población despreciada por una gran parte de la sociedad, sobre todo en sociedades donde la violencia es muy marcada.
Los presos están a expensas de un funcionario, de otro preso, de ser pobre.

¿Cuentan con voluntariado?

El OVP cuenta con voluntarios de las universidades públicas, Colegios de Abogados, familiares y amigos.

¿Cómo pueden ayudar al OVP las personas que estén interesadas en hacerlo?

Comunicándose con nosotros a través de nuestros números telefónicos (0212-4833725 y 4824343), la página web oveprisiones.com y nuestras redes sociales @oveprisiones, tanto en Twiter como en Instagram y Facebook.

No somos actores políticos, el OVP defiende derechos humanos

¿Cuáles son los mayores retos y amenazas de la organización?

El mayor reto es coadyuvar para la optimización del sistema penitenciario.
¿Las amenazas? Las que enfrentamos a diario de parte del régimen de facto. El odio contra las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que defendemos derechos humanos, es patente. Nos califican como actores políticos opositores, una aberración, porque los derechos humanos no tienen colores políticos, tienen colores humanos y todo lo que implica el desarrollo del ser humano.

¿Podría darnos detalles de algún caso emblemático del trabajo que han realizado en esta organización?

El descubrimiento de las fosas comunes en la Penitenciaria General de Venezuela, cuya investigación se encuentra paralizada; los adolescentes quemados en el INAM de San Félix y la masacre en la cárcel de Vista Hermosa.

¿Podría compartirnos algún testimonio del que se sienta especialmente orgullosa como miembro del OVP?

Más que un testimonio, son acciones. La sonrisa de una madre cuando su hijo sale de prisión, el agradecimiento por una gestión, por un acompañamiento, por una asesoría. Tal vez sean cosas pequeñas, pero la satisfacción es muy grande y te impulsa a seguir adelante. Cada vez que una buena acción se realizó gracias al granito de arena que pusimos, es una gran satisfacción.


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OVP: 191 presos murieron en calabozos policiales en 2019

 

Carlos Nieto Palma Mar 27, 2020 | Actualizado hace 3 semanas
Hacinamiento carcelario y COVID–19

@cnietopalma

Esta grave pandemia mundial de Covid-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, está generando estragos en el mundo entero y nos tiene a todos nosotros en Venezuela en una cuarentena absoluta y con gran preocupación por sus consecuencias. Por ahora sobra la incertidumbre sobre el futuro de todos. Estoy convencido de que después de que la Covid-19 pase, nuestro país y el mundo no serán los mismos.

Como defensor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, tengo que seguir manifestando mi gran preocupación por lo que podría pasar en las cárceles venezolanas y centros de detención preventiva o calabozos policiales si el coronavirus llegara a estos recintos. Hasta la fecha no ha habido ningún tipo de acciones de prevención por parte del Estado, más allá de la suspensión de las visitas a los reclusos.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Dra. Michelle Bachelet, en un comunicado publicado el pasado miércoles 25, pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o privadas de libertad, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia de la COVID-19.

En su comunicado la Dra. Bachelet expresó: “En muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”.

La situación de las cárceles y calabozos policiales de Venezuela no escapan de esta realidad. En la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad (UVL), logramos documentar en los 238 centros de detención preventiva que monitoreamos en 15 estados de Venezuela, que existe un hacinamiento del 205 %, la cifra se extiende a los más de 500 que hay en todo el país. Estos centros monitoreados tienen una capacidad para 19.091 privados de libertad, siendo su capacidad real para 6448 personas. Aun y cuando no existen cifras oficiales desde hace muchos años, Venezuela tiene en la actualidad un aproximado de 110.000 presos, de los cuales 45.000 están en cárceles dependientes directamente del Ministerio Penitenciario y 65.000 en calabozos policiales.

Con estas cifras es realmente preocupante lo que se está viviendo y creo que es más grave en los calabozos policiales, pues son espacios diseñados para albergar a reclusos de manera transitoria, por lapsos no mayores de 48 horas y que por negligencia e irresponsabilidad de las autoridades penitenciarias se han convertido en cárceles permanentes. Esto hace que el hacinamiento sea mayor y el cumplimiento de las recomendaciones principales para evitar el contagio o transmisión de la Covid-19 sea realmente imposible de cumplir.

En un calabozo policial los presos se turnan para dormir porque no pueden todos acostarse al mismo tiempo, ni a la misma hora, pues todos no caben acostados por falta de espacio, lo cual hace imposible el distanciamiento físico recomendado de 1,50 a 2 metros entre personas. Esto sin sumar las carencias de agua para lavarse las manos, jabón, enfermedades como la tuberculosis, etc., a las cuales no me referiré en esta oportunidad.

Gracias a Dios, hasta ahora no se ha detectado ningún caso de Covid-19 en las cárceles o calabozos policiales de Venezuela. Realmente espero que no suceda, pero, sin necesidad de ser clarividente, las consecuencias que esto tendría en nuestro abarrotado sistema penitenciario serían catastróficas.

Finalizo con algo dicho por la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU: “En relación con las personas detenidas, el Estado tiene el deber específico de proteger la salud física y mental y el bienestar de los reclusos, de conformidad con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (también conocidas como Reglas Nelson Mandela). Las medidas que se tomen en medio de una crisis sanitaria no deberían vulnerar los derechos fundamentales de los reclusos, que comprenden su derecho a la alimentación y el agua potable. También deberían respetarse plenamente las normas que impiden maltratar a los detenidos y que garantizan su acceso a la atención médica y la asistencia letrada”.

cnietopalma@gmail.com

Una Ventana a la Libertad: los centros de atención preventiva son ahora pequeñas cárceles

“Tuberculosis y desnutrición son las principales causas de muerte de los presos en los calabozos venezolanos”, reseña el informe de la ONG Una Ventana a la Libertad, que fue presentado la mañana de este martes 4 de septiembre por su director Carlos Nieto Palma. El reporte evalúa los siete años de gestión de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.

A siete años de la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios, el informe señala que los centros de atención preventiva “se han convertido en pequeñas cárceles, aunque su función es mantener al preso en el recinto sólo 48 horas”. Añadió que los familiares de los presos fallecidos no son respaldados por ningún organismo.

Nieto Palma responsabilizó al ministerio de la crisis que actualmente viven las cárceles y calabozos en Venezuela. Precisó que el equipo de investigación de la ONG desarrolló y dio a conocer un video, de julio de 2018, donde muestra a presos del calabozo del municipio Plaza, en Guarenas, que reflejan el estado de desnutrición que padecen y el estado de las instalaciones, que están repletas de basura y excrementos.

Angélica Lugo, integrante de este equipo de investigación, denunció la extorsión por parte de los funcionarios policiales a los familiares de los presos en cárceles y calabozos en Venezuela. Otro señalamiento apunta a que en las comisarías también hay presos que poseen armas de fuego.

Lugo también señaló que en los calabozos venezolanos los presos poseen teléfonos celulares, pese a que las autoridades niegan su existencia en los recintos penitenciarios. Agregó que, entre otras irregularidades, registran la pernocta de familiares en estos recintos.

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Foro Penal denuncia graves condiciones de presos políticos en cuatro cárceles

El Foro Penal Venezolano denunció que los presos políticos recluídos en cuatro cárceles del país se encuentran sin atención médica, traslados, acceso de sus familiares y abogados, entre otras irregularidades.

La abogada de Foro Penal, Mariana Ortega, denunció que en la cárcel de Santa Ana del Táchira hay presos políticos que están enfermos y no han recibido ni atención médica ni han sido trasladados a centros de salud. Mencionó el caso de Luis Alejandro Mogollón, quien presenta fractura de cráneo y no ha sido examinado por un especialista.

Ortega comentó que en la cárcel militar Ramo Verde hay 60 presos políticos, de los cuales 36 son militares, y recientemente el director fue sustituido tras impedir la violación de derechos humanos de los presos por parte de funcionarios del Estado.

En los calabozos del Sebin en El Helicoide, las personas allí apresadas no han podido tener acceso a sus abogados y familiares, y tampoco han podido comunicarse con ellos. Los funcionarios de la prisión solo han permitido la entrada de alimentos y medicamentos, indicó la abogado.

Asimismo, detalló que en las cárceles mencionadas y en La Pica no se han llevado a cabo los traslados necesarios.

365 presos políticos y de ellos más de 60 son militares

El coordinador de abogados del Foro Penal en Caracas, Jesús Marcano, indicó que el lunes hubo un traslado numeroso de militares a Fuerte Tiuna, tras ser presentados en tribunales militares.

Entre los detenidos se encontraba Johan Barazarte, chofer de María Corina Machado, quien fue detenido el domingo pasado por agentes de la policía politica Sebin en medio de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, confirmaron vocero de la organización opositora Vente Venezuela. Aunque al hombre le fue dictada libertad bajo fianza según informó el director de la organización, Alfredo Romero, la medida no implica su liberación inmediata.

Para este 22 de mayo, el Foro Penal contabiliza 365 presos políticos, y más de 60 son militares.

Huelga de hambre levantada a la fuerza

El coordinador de abogados de Foro Penal, Jesús Marcano, indicó que no han tenido acceso a las mujeres recluidas en El Helicoide que hace días efectuaron una huelga de hambre que habría sido levantada a la fuerza por los funcionarios.

“Tenemos dos días sin comunicación con ellas. Las sacaron de la celda y negociaron con cada una de ellas”, explicaron los abogados. Asimismo, indicó que a familiares y abogadores no se les ha permitido las visitas a las reclusas.

Las mujeres efectuaron una huelga de hambre que comenzó el viernes para exigir respeto a sus derechos humanos y la presencia del fiscal general designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab.

Como manera de negociación les habrían ofrecido traslados, revisión de sus casos y atención médica. Hasta el momento, ninguna de las propuestas se ha materializado, declararon los abogados.

Marcano detalló que solo una mujer, Geraldine Chacón, continuaba en huelga de hambre pues en una primera instancia los funcionarios no tenían como negociar con ella, quien ya posee libertad bajo fianza. Un dato anónimo habría indicado a Foro Penal que hubo una oferta para Geraldine en relación a su libertad, la aislaron de las demás y la pasaron para otra celda, pero desconocen su estado actual

May 19, 2018 | Actualizado hace 6 años

Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), rechazó los hechos de violencia que ocurrieron en el Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara.

Este jueves 17 de mayo se registró un motín en el penal que dejó 11 muertos y 25 heridos.

Hasta el momento solo han identificado a tres de los nueve presos asesinados y a dos custodios. Cuatro de las víctimas recibieron impactos de bala, cuatro heridas por arma blanca y uno falleció tras una severa golpiza.

Hasta el momento tres de los reos han sido identificados como Carlos Luis Vizcaya, Yorvy José Silva Ramos y Darwin Rafael Caro Arteaga. Mientras que los custodios respondían a los nombres de Anderson Rivero y Yender Ramón León Ruiz. Aún falta conocer el nombre de seis.

De acuerdo con información de los familiares, la reyerta la inició un grupo de aproximadamente 70 internos, después de las 3:00 p.m. al culminar la visita. Presuntamente los privados de libertad se encontraban molestos porque desde el martes 15 de mayo fueron trasladados hasta el patio del penal, donde permanecieron por tres días seguidos bajo trato cruel.

Parientes denunciaron que los reclusos no reciben alimentación adecuada ni les dan suficiente agua. Por eso, exigen la destitución de la directora del recinto, Carla Sara.

“He ido a visitar a mi hijo y lo encuentro con los labios pálidos, deshidratado, porque no toma suficiente agua”, contaron al OVP.

Además las mujeres son sometidas a una intensa revisión antes de las visitas. Indicaron que se deben quitar la ropa luego saltar, o “pujar”, hasta que “la custodia quiera”.

Comentaron que el fin de semana del 5 de mayo una mujer se orinó encima, pues los funcionarios no les permitieron utilizar el baño del recinto.

Señalaron que Daniel Mendoza, coordinador de la Dirección de Familia del Ministerio para el Servicio Penitenciario, no dio el trato adecuado a los parientes víctimas, alegando que primero “resolvería” la situación de los custodios.

Desde el OVP se hace un llamado al Estado para que cubra los gastos funerarios de los fallecidos, ya que la mayoría de las familias son de escasos recursos.

Prado recordó que el Estado está obligado a proteger la vida de las personas privadas de libertad, según el artículo 43 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

Familiares de los presos acudieron a El Helicoide                                                                          Foto Cortesía El Pitazo

Carlos D´Hoy

@carlos_dhoy

Un motín se presentó en horas de la mañana del miércoles 16 de mayo en los calabozos de la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que dejó al menos un preso político herido, luego de haber sido agredido por reos comunes.

Informaciones suministradas por familiares de los detenidos señalan que durante las horas de la visita del miércoles un grupo de presos comunes atacó al detenido político tachirense Gregory Sanabria, a quien le propinaron una fuerte golpiza.

Esta situación generó una reacción por parte de los demás presos políticos quienes tomaron las instalaciones de Seguridad y Control de Aprehendidos, en rechazo a la agresión que presuntamente “habría sido ordenada por la directiva de la policía política”.

Los videos filtrados y difundidos a través de las redes sociales permitieron conocer parte de las instalaciones del Sebin, durante los primeros momentos de la protesta, cuando un detenido corre por los pasillos rompiendo los bombillos con una vara.

A través de otro video filtrado, el exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos y Lorent Saleh exigieron “la presencia de alguna autoridad en estas mazmorras donde matan gente y violan los derechos humanos de los venezolanos que estamos acá”.

Denunciaron además que en los mencionados calabozos se encuentran “detenidos menores de edad , presos a los que no se les ha iniciado un juicio, se les han negado traslados a los tribunales, por lo que estamos decididos a resistir hasta donde sea necesario, para que se vea lo que ocurre en “las mazmorras de la dictadura que no sigan asesinado y maltratando a gente”.

Por su parte, la fiscal general de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, se hizo eco de las denuncias formuladas por el diputado Rosmit Mantilla, a través de su cuenta de Twitter, y advirtió que en estos momentos “se estaría gestando otra masacre en Venezuela. La violación de DDHH es generalizada y los venezolanos reclaman que los organismos internacionales actúen ya”.

Organizaciones de Derechos Humanos como Provea, el Observatorio venezolano de Conflictividad Social y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, entre otras, alertaron sobre la situación presentada en la sede policial. Provea, a través de su cuenta en la red social Twitter denunció las agresiones perpetradas contra el preso político Gregory Sanabria y exigió que la Defensoría del Pueblo investigue al, director del Sebin y demás funcionarios responsables de la custodia de los presos políticos recluidos en sedes del cuerpo policial.

A las 5:30 pm un reporte emitido desde el interior del Sebin indicaría que todos los detenidos se encontrarían bien, “no hay nadie lesionado, todos, absolutamente bien en resistencia constitucional”.

Al cierre de la edición el Fiscal General de la República, Tarek William Saab informó que comisionó a fiscales del Ministerio Público quienes se trasladaron a la sede del Sebin e iniciaron negociaciones con el objetivo de lograr una solución al conflicto.

“Manifestamos la voluntad de realizar las respectivas coordinaciones con las autoridades competentes, el sistema penitenciario y de justicia a objeto de resolver la situación planteada”.

El partido Voluntad Popular alertó a Venezuela y a la comunidad internacional sobre “la crítica situación de extrema amenaza y riesgo que viven en este momento los presos políticos que permanecen secuestrados por el régimen en la sede El Helicoide del Sebin”.
La organización política responsabilizó al director del Sebin, Gustavo González López, al ministro de Interior Justicia y Paz Néstor Reverol y al presidente Nicolás Maduro de la integridad física y de la vida de todos los presos políticos.
Pedimos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional mantenerse alerta y vigilante “ante esta nueva arremetida del régimen, que no descartamos sea una represalia directa a la posición firme y contundente, de nuestros presos políticos y de quienes nos oponemos a la dictadura, de no convalidar el fraude en marcha para este 20M”.

Fiscalía emite órdenes de aprehensión por tragedia de Policarabobo

El Ministerio Público emitió cinco órdenes de aprehensión en contra igual número de funcionarios de la Policía del Estado Carabobo por la tragedia ocurrida el pasado miércoles en la que fallecieron 68 personas que se encontraban privadas de la libertad en los calabozos de la sede de la policía regional.

El anuncio lo hizo Tarek William Saab, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, a través de dos tweets publicados en su cuenta de la red social Twitter.

Saab anunció la detención del sub director del organismo policial, José Luis Rodríguez, quien había sido detenido la víspera y prometió que se esclarecerán los trágicos hechos, sancionando a los responsables.

 

Cerca de 80 presos mueren en incendio en calabozos de Policarabobo

Familiares lloraron al no saber qué pasó con sus parientes detenidos   Foto Miguel Gutiérrez EFE

Carlos D´Hoy

@carlos_dhoy

Cerca de 80 reclusos perdieron la vida y más de 30 resultaron heridos, entre ellos dos funcionarios policiales, durante un motín y un incendio que se desató en horas de la madrugada del  miércoles 28 de marzo en los calabozos de la sede de la comandancia de Policía del estado Carabobo, ubicada en la avenida Navas Spinola de la ciudad de Valencia.

Extraoficialmente se pudo conocer que entre los fallecidos se encontrarían 66 hombres y 2 mujeres, cuyas identidades no fueron suministradas por las autoridades. Otras fuentes indican que serían 78 los fallecidos, entre ellos diez mujeres.

Según cálculos de fuentes policiales, el centro de detención preventiva tendría una población de 255 reclusos.

Informaciones extraoficiales señalan que todo comenzó por un motín generado por  un “cambio de gobierno”, o pelea entre grupos rivales por el control de los calabozos. Durante el enfrentamiento se habría provocado un  incendio del cual se perdió el control con las consecuencias conocidas.

El incendio se desató a primeras horas de del miércoles 28 de marzo                                       Cortesía

Otra versión apunta a un intento de fuga. Al parecer los internos habrían provocado el incendio para escaparse, pero no se les permitió salir mientras el fuego se extendía y el humo ahogaba a los detenidos, lo que terminó causando la muerte por asfixia y por quemaduras de quienes se encontraban en los calabozos.

Represión contra familiares y periodistas

Parientes de los reclusos acudieron desde tempranas horas al centro policial con el objetivo de solicitar información sobre la salud de sus familiares, pero ante la falta de respuestas protestaron exigiendo datos  sobre el número de víctimas y su identidad.

La protesta fue disuelta por funcionarios de la brigada de orden público de Policarabobo cuando un grupo de los manifestantes intentó ingresar a la comandancia policial.

Los uniformados además agredieron a los periodistas que cubrían los hechos, e intentaron hacerles borrar el material que había sido grabado durante la jornada.

Familiares de los presos protestaron ante la falta de respuestas             Foto Miguel Gutiérrez EFE

Solicitarán medidas cautelares ante la CIDH

Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los presos que se mantienen en la comandancia de la Policía del Estado Carabobo.

“Informaremos sobre la situación por la que atraviesan los detenidos en ese centro, particularmente sobre los hechos ocurridos la mañana  del miércoles 28 de marzo. Además continuaremos denunciando sobre el hacinamiento que afecta a la población detenida en los centros policiales del país, la falta de atención por parte del gobierno a la situación penitenciaria y sobre el grave retardo procesal que se acerca a 450%”, indicó Prado.

Responsabilizan a ministra Iris Varela

Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, organización dedicada a velar por los derechos de los privados de libertad, responsabilizó a la ministra Iris Varela por  la situación ocurrida en el centro policial de Carabobo.

“Responsabilizamos de manera directa a al Ministerio de Servicio Penitenciario y a su titular por este hecho. Esto lo hemos venido denunciando desde hace varios años”, destacó el activista de DDHH.

Agregó que el caso será denunciado ante el Ministerio Público la próxima semana, debido al feriado decretado por el Ejecutivo nacional, “además notificaremos a los organismos internacionales sobre esta nueva masacre ocurrida en las cárceles venezolanas”.

Nieto Palma señaló que los informes de la ONG sostienen con cifras, la dramática situación que se vive en los calabozos policiales del país. “Lo que ocurrió en Carabobo es una muestra de lo que se padece en toda Venezuela”, dijo.

Aseguró que todas las policías del país se encuentran en caos por la negligencia del ministerio debido a que desde hace varios años prohibió  el ingreso de nuevos reclusos a los centros penitenciarios si no son autorizados por ellos”.

“Hace 11 años prometieron construir nuevas cárceles y no lo hicieron, ahora tenemos esta tragedia en las manos”, sentenció.

Apoyo a patólogos desde Caracas

Comisiones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Caracas (Senamecf) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), integradas por un médico patólogo, un odontólogo forense, un antropólogo y un tanatólogo, se trasladaron hasta Valencia con el objetivo de prestar apoyo al equipo de patólogos en las autopsias correspondientes .