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Cárceles

Ago 25, 2020 | Actualizado hace 1 mes
Coronavirus sin barrotes
Sin atención médica, sin tapabocas, sin comida, sin antibacterial, sin respiradores, ni distanciamiento social, los reos latinoamericanos enfrentan con la pandemia la agudización de las violaciones a los Derechos Humanos que ya padecían. La covid-19 desnuda las entrañas de los sistemas penitenciarios que no garantizan asistencia sanitaria ni celeridad en los procesos judiciales. En Venezuela la información sobre la situación en las prisiones es escasa

 

Por CONNECTAS 
Ilustración: Juan García

 

Las cárceles de América Latina viven una agudización del hacinamiento tras la llegada del nuevo coronavirus. Medidas como suspender las visitas y el ingreso de alimentos, así como los encuentros conyugales y los procesos judiciales, llevó a que los más de un millón setecientos mil reos que hay en la región quedaran aislados de la poca interacción que tenían.

“Ese virus nos jodió, nos dejó sin familia. Que te quiten la visita es la peor desgracia de un preso”, relata Luis, uno de los 2.020 beneficiados con medidas de excarcelación en Venezuela. Logró salir del Centro Penitenciario de Los Llanos Occidentales (Cepello), en Venezuela, luego de un motín ocurrido el primero de mayo, en el que murieron 47 reos.

La directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, Erika Guevara, le da la razón. Asegura que dentro de las penitenciarías de la región no existen condiciones adecuadas para sobrellevar la COVID-19. “No hay lo mínimo y básico: agua potable, productos sanitarios, limpieza individual, desinfección de las instalaciones”, comenta la experta.

Miembros de la Comunidad de Periodistas de CONNECTAS realizaron un detallado monitoreo de prensa y reportes oficiales de 37 países de la región para esta entrega del especial #HuellasDeLaPandemia. Se contabilizaron al menos 11.680 contagios y 431 muertes por COVID-19 dentro de los reclusorios del continente hasta el 15 de julio, con una tasa de 24,8 presos muertos por cada 100.000 privados de libertad.

 

 

Las cifras corresponden a 23 países, pues 14 naciones adicionales que se revisaron no están informando del efecto de la COVID-19 en sus prisiones.

Venezuela: calabozos policiales y presos políticos

En el caso de Venezuela, la información sobre la COVID-19 en las prisiones ha sido parcial. Las autoridades del Ministerio de Servicio Penitenciario no han reportado contagios en las cárceles, que albergan unos 57.096 presos.

Sin embargo, la inexistencia de casos del virus llama la atención, pues se trata de recintos con más de 130 por ciento de hacinamiento, sin asistencia médica, ni alimentación adecuada. En julio de 2020, la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Carolina Girón, denunció las graves consecuencias de la falta de atención a la población penitenciaria. “El aumento de las muertes causadas por enfermedades relacionadas con la desnutrición (en prisiones) es palpable. 63,46 por ciento de las muertes en 2019 estuvieron relacionadas con falta de tratamientos, alimentos y cuidados no otorgados por el Estado”, detalló.

En paralelo, hay reportes de que la COVID-19 sí llegó a los llamados centros de detención preventiva (calabozos en delegaciones policiales), que no son administrados por el despacho de prisiones del Ejecutivo. Se han conocido 48 casos de coronavirus hasta el 17 de agosto en los recintos que tienen aproximadamente 62.000 reos, según la ONG Una Ventana a la Libertad: 43 en centros de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Comando Nacional Antisecuestros de la Guardia Nacional (Conas) en el estado Nueva Esparta y cinco en calabozos de la policía judical (Cicpc) en Barinas.

“Decir coronavirus es como nombrar al demonio. Aquí en la celda uno está asustado. Porque siguen llegando nuevos y aunque no tengan nada, ellos pueden traer el virus… Nosotros queremos que nos apliquen un plan cayapa (mecanismo de juicios exprés en Venezuela), que nos dejen salir, que nos lleven para los tribunales. Pero aquí encerrados, metiendo a más gente, esos nos van a traer el virus y nos vamos a morir. Porque si se mueren los que no están presos, para nosotros no queda más nada”, dice Carlos desde un centro de detención preventiva del estado Vargas.

 

Esta situación ha llevado a que comiencen a anunciarse algunas liberaciones de detenidos en estos centros. Pero la medida, que ha sido una de las más recomendadas por expertos y defensores de derechos humanos para frenar la pandemia en las prisiones, ha despertado algunas controversias. La falta de claridad en los términos y condiciones de estas excarcelaciones ha generado desconfianza entre la población y miembros de las instituciones judiciales.

“A mí me dijeron que fuera a presentarme en un tribunal, pero no he ido porque por lo del virus los tribunales están cerrados. Así que lo dejaré para cuando esto termine. De resto, me dijeron que viviera mi vida normalito y que no volviera a caer en malos pasos. Yo para Tocuyito no vuelvo, haya o no coronavirus”, sentenció Manuel, uno de los presos liberados en Venezuela, donde 3,5 por ciento de la población penitenciaria quedó en libertad.

 En el caso de Venezuela, las liberaciones se otorgaron bajo el régimen de confianza tutelado, según el cual, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios estaría en la obligación de hacer seguimiento a cada caso y de emitir informes sobre el estatus de cada uno de los beneficiados con la medida, pero el despacho ministerial venezolano, no tienen esa capacidad. No parece haber ninguna supervisión sobre los presos excarcalados debido a la pandemia.

Por otra parte, Venezuela tiene entre su población penal más de 400 detenidos -según registros de la ONG Foro Penal- que son considerados presos políticos. En El Helicoide, uno de los recintos donde permanecen muchos de estos privados de libertad, ya se reportó el caso de un fallecido por COVID-19, mientras que también hay denuncias de contagios en la cárcel de Ramo Verde, donde están recluidos militares y policías.

Insalubridad y hacinamiento potencian el virus

La desesperación de los reos demandando atención médica, medidas sanitarias básicas y alimentos bajo la pandemia es una constante en una región que por años ha condenado a su población carcelaria al hacinamiento -que sobrepasa el 120 por ciento- y el abandono. La ansiedad entre los reclusos aumenta ante la incertidumbre y las imágenes de sus compañeros de celda muertos.

“El Gobierno optó por encerrarnos a cada uno en nuestras celdas, hay muchos casos y no se nos dice nada. El virus ya entró al centro penitenciario La Joya”, denuncia Francisco, quien enfrenta la pandemia en esa prisión panameña, donde está recluido por robo agravado. “No nos dan mascarillas, no nos dan ningún artículo de aseo… No nos dejan entrar gel alcoholada. Nos oprimen, nos oprimen…”, describe. Lea acá la historia. 

Para María Luisa Romero, experta independiente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, las características propias del encarcelamiento, agudizadas por el hacinamiento, dificultan la toma de medidas recomendadas para “aplanar la curva”.

“En centros sobrepoblados resulta imposible la distancia física. Hasta lavarse las manos es un lujo: en muchos centros escasea el agua, en muchos más escasea el jabón y se prohíbe el alcohol en gel por seguridad. Tampoco funciona el aislamiento como se implementa para la población general; por un lado no hay suficiente espacio, por el otro, aunque los detenidos no reciban visitas, en las cárceles a diario entran y salen un sinnúmero de funcionarios”, analiza la experta en un artículo publicado en Open Democracy.

El limbo del retorno

El limbo del retorno

La situación es todavía más grave en casos como los de Pablo, un preso de nacionalidad peruana, que tiene 40 años de edad, de los cuales los últimos 15 años los ha pasado en prisión. Está en la cárcel San Pedro en Bolivia y sobrevive con ocho bolivianos al día (cerca de un dólar) en alimentos de muy baja calidad. Como en otras cárceles de la región, muchos internos se alimentaban principalmente de los insumos que llevaban familiares; pero ahora están prohibidas las visitas. “Me da más miedo morir de hambre que infectado por el coronavirus”, asegura Pablo.

 Esta realidad, junto con los abusos de la fuerza pública y el miedo al contagio, ha causado una estallido de motines, fugas y protestas; acciones de inconformidad en las prisiones de casi toda la región. El registro de prensa levantado por CONNECTAS arrojó más de un incidente por semana en las prisiones latinoamericanas desde la llegada de la COVID-19, con un balance de 91 reclusos muertos y 309 heridos en hechos de violencia.

Esta crisis en las cárceles podría ser lo que detone la urgencia por implementar las aplazadas reformas a la justicia penal y a los sistemas penitenciarios de los países de la región, caracterizados por un retardo crónico en los procesos judiciales. Vea acá la historia.

“La pandemia nos está revelando que los Estados tienen que hacer una profunda reflexión sobre sus políticas de justicia penal en las cuales recurren de manera primordial a la prisión como una medida de prevención y sanción (…) y esto los debe obligar, una vez pasada la crisis, a entrar en procesos profundos de reforma penal”, explica Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La corta experiencia de cuatro meses de pandemia y las medidas adoptadas hasta la fecha apuntan a la necesidad de crear sistemas judiciales más eficientes y ágiles en la región. Nunca habían sido más urgentes que en esta difícil coyuntura. Como concluye José Miguel Vivanco en entrevista para esta nota: “los gobiernos y los jueces deben actuar con urgencia. Es una cuestión de vida o muerte”.

Para conocer más del especial #HuellasDeLaPandemia ingrese acá.

 

 

Los que no se rinden | Una Ventana a la Libertad: Mueren más presos por tuberculosis que por riñas
Desde 1997 la ONG se encarga de brindar apoyo a los reclusos y sus familiares 

@franzambranor

En octubre de 1996, 29 presos murieron calcinados en la extinta cárcel de La Planta en Caracas. Funcionarios de la Guardia Nacional arrojaron dos bombas lacrimógenas al interior de una celda lo que originó el incendio. La masacre hizo que Carlos Nieto Palma, junto a Elio Gómez Grillo, Flor Isava, Libia Montes y Carol Carrera fundaran el 10 de diciembre de 1997, la ONG Una Ventana a la Libertad.

“En ese momento no había una organización que se dedicara al tema carcelario  yo ya estaba involucrado en eso. Lo de La Planta fue el detonante, nos conmovió bastante”, dijo Nieto Palma.

El director de Una Ventana a la Libertad señaló que durante el segundo mandato del presidente Rafael Caldera, la situación carcelaria era realmente precaria, pero que las relaciones con el alto gobierno y las ONG eran de respeto mutuo. “El ministro de Justicia era Hilarión Cardozo y siempre hubo buen trato, pese a las denuncias que hacíamos”.

En su informe correspondiente a 2019, Una Ventana a la Libertad reportó 192 muertes de reclusos en calabozos. 46 perdieron la vida por enfermedades, 40 por violencia entre reclusos, 16 por abuso policial, 34 en fugas y 21 por otras causas.

¿En qué ha cambiado el sistema penitenciario desde entonces?

Carlos Nieto: En aquel momento era muy mala, las cárceles eran terribles. Actualmente el sistema penitenciario de Venezuela es tal vez uno de los peores del continente, yo diría que del mundo. Jamás me imaginé que la situación fuera más terrible de lo que era antes, hoy en día mueren más presos por tuberculosis y por desnutrición que por riñas y peleas.

¿Cual es el rol de Una Ventana a la Libertad?

CN: Monitorear la situación de las cárceles, presentar denuncias, asesoría jurídica a los familiares, damos talleres en derechos humanos a personas privadas de libertad. La mayoría de la gente cree que los presos no tienen derecho y si los tienen. 

¿Cuál es la realidad de los centros de detención preventiva en este momento?

CN: Los centros de detención preventiva o calabozos policiales cumplían la función de albergar a los presos por un lapso no mayor a 48 horas, eso se cumplia antes, pero ahora se han convertido en pequeñas cárceles que alojan incluso a más detenidos que las cárceles normales, que según la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, son 44 en todo el país.  

¿Cómo hacen para monitorear las cárceles en el interior del país?

CN: Somos un equipo de 32 personas, 19 de ellos son investigadores que están desplegados en 17 estados de Venezuela. En enero de 2021 pensamos agregar dos estados más.

¿Cual es el tipo de persona que se acerca a su organización?

CN: 97% de los presos en Venezuela son pobres. Nosotros atendemos a sus familiares, les brindamos asesoría jurídica. Ellos no tienen cómo pagar un abogado, a veces ni siquiera tienen el pasaje para trasladarse al centro de reclusión. Hay un fenómeno y es que la mayoría de los familiares que solicitan ayuda para un preso son mujeres, los hombres se involucran muy poco en esos menesteres. 

¿Tienen algún tipo de alianzas? 

CN: Alianzas como tal no, pero hemos contado con la colaboración de la Cruz Roja Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

¿Cuál es el objetivo principal de Una Ventana a la Libertad? 

CN: Que las cárceles se conviertan en centros de reeducación, que se humanicen las prisiones y los presos puedan vivir como personas.

¿Cuál es la principal amenaza sobre ustedes? 

CN: Estamos en un régimen al que solo le gusta escuchar lo que ellos quieren. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela me ha hecho amenazas públicas. A uno lo pueden meter preso, obligar a exiliarse o incluso amedrentar a tu familia. Diosdado Cabello en su programa de TV ha dicho mentiras sobre mí.   

En el portal de Una Ventana a la Libertad destaca un informe sobre la salud de los reclusos en los centros de detención preventiva donde se especifica el riesgo que corren los reos por el brote de coronavirus en Venezuela. Durante mayo de 2020 UVL monitoreo 57 centros de detención preventiva donde se encontraron 941 casos de desnutrición, 188 padecen de tuberculosis y 10 de VIH.

Los que no se rinden | OVP: En las cárceles también se muere de hambre
Recomiendan aplicar las 122 “reglas de Mandela” para salvar al sistema penitenciario venezolano
Podemos recuperar la independencia de los poderes públicos en Venezuela con ciudadanía activa, resalta el Observatorio Venezolano de Prisiones
“El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones propias del Poder Judicial y liberar presos mediante un acta, violando todo el proceso judicial penal”, destaca la abogada Carolina Girón, directora del OVP

@nelapalaciosr

Más de la mitad de las personas privadas de libertad que se mantienen en los centros penitenciarios de Venezuela son procesados, ni siquiera tienen una sentencia firme que confirme su responsabilidad en el delito por el cual se les encarceló. Y más de 400 de ellos son presos políticos.

Y las condiciones en las que están viviendo esas personas en las cárceles no son dignas ni constituyen garantías de salud ni respeto a la vida o derechos humanos, como dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Los presos venezolanos, por solo citar un caso, están desnutridos de manera severa y tal desnutrición los hace presa fácil de cualquier enfermedad. Y con las restricciones de la pandemia Covid19, que ha limitado el acceso de visitas familiares y en consecuencia los privados de libertad no están recibiendo hoy los alimentos que recibían de estos familiares ayer, su situación ha empeorado gravemente en los últimos meses. 

“De los 538 fallecidos entre 2017 y 2019, 134 fueron por cuestiones de salud. Ese número es alarmante. Eso no era así antes. Muchas de esas muertes por cuestiones de salud pudieron haberse evitado con nutrición adecuada o con controles médicos y medicinas e insumos dados oportunamente a los privados de libertad, pero el Estado no les está dando eso”, advierte la abogada Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Defensoría del Pueblo es un elefante blanco

¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21?

La Constitución de 1999 tiene un capítulo completo referente a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos (DDHH), lo que significó un gran avance para Venezuela. Se creó la Defensoría del Pueblo, institución que ya venía operando en otros países de la región y con la que Venezuela no contaba para la fecha; sin embargo, con el devenir de los años, la revolución destruyó sus propios postulados de defensa de los ciudadanos y las violaciones a los derechos humanos son inumerables, realmente salen muy mal en la balanza de la justicia.

La Defensoría del Pueblo se convirtió en un elefante blanco que nada hace por la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y se convirtió en un organismo para defender las políticas del régimen de facto, violando lo principal de un estandard internacional en derechos humanos de un organismo público, como son los principios de París, que establecen imparcialidad, autonomía y transparencia.

Más de 2 mil presos han sido liberados por el Poder Ejecutivo en 2020 bajo la figura de “régimen de confianza tutelada” en las cárceles de Venezuela. ¿Por qué consideran que el procedimiento aplicado en estos casos es ilegal?

La figura del Régimen de Confianza Tutelado está previsto en el Código Orgánico Penitenciario en sus artículos 161 al 164 y consiste en la ubicación de un penado en una unidad de producción o área especial “dentro” del recinto penitenciario y lo puede otorgar el Ministerio de Servicios Penitenciarios a aquellos penados que reúnan los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para optar a una de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena. También puede otorgarse a procesados que tengan privados de libertad un tiempo superior al que se requiere para optar al destacamento de trabajo.

En ningún artículo del código se contemplan liberaciones, es decir, los presos no deben salir del recinto penitenciario; según nuestro ordenamiento jurídico, son los jueces los únicos facultados para otorgar medidas alternativas de cumplimiento de pena que puedan cumplirse extra muros, tal como el confinamiento, destacamento de trabajo, redención de la pena por el estudio y el trabajo, entre otras, y estas medidas deben ser procesadas por el juez de ejecución mediante el procedimiento previsto en el COPP y mediante una sentencia ser otorgadas.

El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones propias del Poder Judicial y liberar presos mediante un acta, violando todo el proceso judicial penal

 

El Poder Ejecutivo, en cuanto a liberaciones, tiene facultades para indultar, más no para lo que están haciendo. Estas liberaciones ni siquiera cumplen con lo previsto en el mismo texto del Código Penitenciario y prueba de ello es que el mencionado Código entró en vigencia el 28 de diciembre de 2018 y ese mismo día le fue otorgado a Wilmer Brizuela, conocido como Wilmito (pran de Vista Hermosa), quien ordenó la muerte de la Juez que lo condenó, resultando fallecida la hermana gemela de la Juez. Era una persona que no cumplía los requisitos para ser beneficiario de una medida alternativa de cumplimiento de la pena.

En otro orden de ideas, el Observatorio Venezolano de Prisiones está de acuerdo en que se otorguen medidas alternativas a la privación de libertad, es más, hay muchas personas que cumplen los requisitos para no permanecer en una cárcel, llenan el perfil. Lamentablemente, la justicia ha preferido las medidas privativas antes de otorgar otras medidas, personas que pueden llevar su proceso penal en libertad, hasta que se dicte sentencia. En Venezuela las cárceles están llenas de procesados, hasta Diciembre de 2019, de 40.000 presos a nivel nacional, 26.000 son procesados, más de la mitad, esto no debe ser, el Poder Judicial también tiene responsabilidad en esta situación, el retardo procesal también es una violación de los derechos humanos.

La innombrable

¿Cómo califica la gestión de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela?

No la puedo calificar, no tiene nombre. Para manejar el Sistema Penitenciario se debe estar preparado, con buenas intenciones no se logra nada. Se debe estar calificado a través de tener experticia, gerencia y disposición. Estamos hablando de personas, de seres humanos; sí, cometieron un delito y ya están pagando por ello en un Centro Penitenciario, perdieron el mayor tesoro que es la libertad, ahora le toca al Estado brindar el servicio para su reinserción a la sociedad, con programas de estudio, de trabajo, deportes, cultura, etc. Pero realizar ejercicios y cánticos militares no sirve para su fortalecimiento.

¿Cómo podemos corregir la falta de independencia de poderes en Venezuela?

Ejerciendo ciudadanía, con un país de ciudadanos.

¿Vale la pena seguir luchando por la defensa de los derechos humanos en Venezuela y por qué?

Sí, vale la pena. Los derechos humanos son la punta de lanza de las democracias, somos seres humanos y merecemos respeto de forma integral. Yo creo en las personas y somos las personas las que cambiamos nuestro entorno.



Los venezolanos nos merecemos una mejor dirección política. Los países no se mueren, viven en el corazón de sus ciudadanos, y mientras más y mejor ejerzamos nuestra ciudadanía exigiendo respeto a nuestros derechos, tanto personales como los de nuestro entorno, tendremos un mejor país.

 

 

 

122 “Reglas de Mandela”

¿Cuáles han sido las peores y mejores políticas públicas aplicadas en Venezuela en materia de Servicios Penitenciarios de la administración madurista?

No hay política penitenciaria. Si se abriese paso a un gobierno de transición y una redemocratización de Venezuela próximamente, ¿qué recomendaría usted para recuperar al país en materia de servicios penitenciarios y garantizar el respeto de los derechos humanos en cuanto a prisiones y privados de libertad?

En materia penitenciaria hay mucho escrito, desde 1955 existe un instrumento internacional llamado Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Fueron reformadas en 2015 y en homenaje a Nelson Mandela las denominaron “Reglas Mandela”. Por ahí podemos empezar, sugeriría que las leyeran, ahí están recogidos los estándares mínimos para un Sistema Penitenciario adecuado y justo. Todos deberíamos leerlas. Son 122 reglas, sencillas y de fácil comprensión y ejecución. Con voluntad política, personal debidamente formado y mejora en la infraestructura, se pueden dar los primeros pasos para la optimización del Sistema Penitenciario. Y por supuesto, también involucrando y comprometiendo a todos los poderes públicos en esto.

Los presos no están comiendo

¿Cuál es la situación actual en materia de derechos humanos de la población privada de libertad en Venezuela? Y respecto a la situación que teníamos en 1998, ¿cómo estamos hoy y por qué?

Los problemas en las cárceles no son nuevos. En 1998 había hacinamiento, hubo muchos hechos violentos, muchos murieron dentro las cárceles, la situación no ha cambiado mucho. Durante este tiempo lo que hemos visto es que ahora los presos tienen armas de fuego de alto calibre, un preso maneja la cárcel, por encima de las autoridades y se otorgan títulos a estos presos, los llaman pranes y públicamente manejan bandas delictivas dentro y fuera de las cárceles. En estas dos últimas décadas se pervirtió por completo el sistema penitenciario venezolano. Y en estos últimos tres años las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas, que era lo común anteriormente.

Los presos venezolanos están desnutridos de manera severa, situación alarmante, teniendo en cuenta que la población penitenciaria venezolana oscila entre los 21 y 30 años; la desnutrición los hace presa fácil de cualquier enfermedad, como la tuberculosis, lo que ha ocasionado muchas muertes y las sigue causando. Los presos no están comiendo, la comida que debe llevar el ministerio penitenciario no sabemos dónde está.

Antes del 13 de marzo, cuando se prohibieron las visitas por la pandemia, los familiares les llevaban alimentos a sus seres queridos y medianamente paliaban la situación, con el pasar de los meses la situación se está agudizando en todos los Centros Penitenciarios del país. La situación es alarmante. De los 538 fallecidos entre 2017 y 2019, 134 fueron por cuestiones de salud. Ese número es alarmante. Eso no era así antes. Muchas de esas muertes por cuestiones de salud pudieron haberse evitado con nutrición adecuada o con controles médicos y medicinas e insumos dados oportunamente a esos privados de libertad, pero el Estado no les está dando eso. 

Se perdió la democracia

¿Cómo y cuándo nace la organización OVP?

El Observatorio Venezolano de Prisiones nació el 24 de Septiembre de 2002, día de la Virgen de Las Mercedes, la patrona de los reclusos.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer el OVP y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

El año 2002 marcó un hito en la historia contemporánea de Venezuela, ese año vimos el cambio de estructura gubernamental, el gobierno de la época mostró su verdadera cara y a lo que nos enfrentaríamos en adelante. Se perdió la democracia, en mi opinión.

¿En qué áreas se desempeña la organización?

El OVP trabaja en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El fundador del OVP es Humberto Prado, una persona que siempre ha luchado por los derechos de los presos, los derechos humanos de los presos son su apostolado.

¿Qué servicios ofrece?

Ofrecemos asesoría y acompañamiento a los privados de libertad, así como a sus familiares. Y operamos en todo el país.

¿Con quién tienen alianzas estratégicas el OVP?

Con organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, con las que llevamos casos tanto en el Sistema Universal (ONU) como en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (CIDH y CoIDH).

Los presos sociales no tienen voz

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

En las cárceles no se pagan delitos, se paga el ser pobre, los presos sociales no tienen voz. Es una población despreciada por una gran parte de la sociedad, sobre todo en sociedades donde la violencia es muy marcada.
Los presos están a expensas de un funcionario, de otro preso, de ser pobre.

¿Cuentan con voluntariado?

El OVP cuenta con voluntarios de las universidades públicas, Colegios de Abogados, familiares y amigos.

¿Cómo pueden ayudar al OVP las personas que estén interesadas en hacerlo?

Comunicándose con nosotros a través de nuestros números telefónicos (0212-4833725 y 4824343), la página web oveprisiones.com y nuestras redes sociales @oveprisiones, tanto en Twiter como en Instagram y Facebook.

No somos actores políticos, el OVP defiende derechos humanos

¿Cuáles son los mayores retos y amenazas de la organización?

El mayor reto es coadyuvar para la optimización del sistema penitenciario.
¿Las amenazas? Las que enfrentamos a diario de parte del régimen de facto. El odio contra las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que defendemos derechos humanos, es patente. Nos califican como actores políticos opositores, una aberración, porque los derechos humanos no tienen colores políticos, tienen colores humanos y todo lo que implica el desarrollo del ser humano.

¿Podría darnos detalles de algún caso emblemático del trabajo que han realizado en esta organización?

El descubrimiento de las fosas comunes en la Penitenciaria General de Venezuela, cuya investigación se encuentra paralizada; los adolescentes quemados en el INAM de San Félix y la masacre en la cárcel de Vista Hermosa.

¿Podría compartirnos algún testimonio del que se sienta especialmente orgullosa como miembro del OVP?

Más que un testimonio, son acciones. La sonrisa de una madre cuando su hijo sale de prisión, el agradecimiento por una gestión, por un acompañamiento, por una asesoría. Tal vez sean cosas pequeñas, pero la satisfacción es muy grande y te impulsa a seguir adelante. Cada vez que una buena acción se realizó gracias al granito de arena que pusimos, es una gran satisfacción.


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OVP: 191 presos murieron en calabozos policiales en 2019

 

Hacinamiento carcelario y COVID–19, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

Esta grave pandemia mundial de Covid-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, está generando estragos en el mundo entero y nos tiene a todos nosotros en Venezuela en una cuarentena absoluta y con gran preocupación por sus consecuencias. Por ahora sobra la incertidumbre sobre el futuro de todos. Estoy convencido de que después de que la Covid-19 pase, nuestro país y el mundo no serán los mismos.

Como defensor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, tengo que seguir manifestando mi gran preocupación por lo que podría pasar en las cárceles venezolanas y centros de detención preventiva o calabozos policiales si el coronavirus llegara a estos recintos. Hasta la fecha no ha habido ningún tipo de acciones de prevención por parte del Estado, más allá de la suspensión de las visitas a los reclusos.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Dra. Michelle Bachelet, en un comunicado publicado el pasado miércoles 25, pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o privadas de libertad, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia de la COVID-19.

En su comunicado la Dra. Bachelet expresó: “En muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”.

La situación de las cárceles y calabozos policiales de Venezuela no escapan de esta realidad. En la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad (UVL), logramos documentar en los 238 centros de detención preventiva que monitoreamos en 15 estados de Venezuela, que existe un hacinamiento del 205 %, la cifra se extiende a los más de 500 que hay en todo el país. Estos centros monitoreados tienen una capacidad para 19.091 privados de libertad, siendo su capacidad real para 6448 personas. Aun y cuando no existen cifras oficiales desde hace muchos años, Venezuela tiene en la actualidad un aproximado de 110.000 presos, de los cuales 45.000 están en cárceles dependientes directamente del Ministerio Penitenciario y 65.000 en calabozos policiales.

Con estas cifras es realmente preocupante lo que se está viviendo y creo que es más grave en los calabozos policiales, pues son espacios diseñados para albergar a reclusos de manera transitoria, por lapsos no mayores de 48 horas y que por negligencia e irresponsabilidad de las autoridades penitenciarias se han convertido en cárceles permanentes. Esto hace que el hacinamiento sea mayor y el cumplimiento de las recomendaciones principales para evitar el contagio o transmisión de la Covid-19 sea realmente imposible de cumplir.

En un calabozo policial los presos se turnan para dormir porque no pueden todos acostarse al mismo tiempo, ni a la misma hora, pues todos no caben acostados por falta de espacio, lo cual hace imposible el distanciamiento físico recomendado de 1,50 a 2 metros entre personas. Esto sin sumar las carencias de agua para lavarse las manos, jabón, enfermedades como la tuberculosis, etc., a las cuales no me referiré en esta oportunidad.

Gracias a Dios, hasta ahora no se ha detectado ningún caso de Covid-19 en las cárceles o calabozos policiales de Venezuela. Realmente espero que no suceda, pero, sin necesidad de ser clarividente, las consecuencias que esto tendría en nuestro abarrotado sistema penitenciario serían catastróficas.

Finalizo con algo dicho por la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU: “En relación con las personas detenidas, el Estado tiene el deber específico de proteger la salud física y mental y el bienestar de los reclusos, de conformidad con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (también conocidas como Reglas Nelson Mandela). Las medidas que se tomen en medio de una crisis sanitaria no deberían vulnerar los derechos fundamentales de los reclusos, que comprenden su derecho a la alimentación y el agua potable. También deberían respetarse plenamente las normas que impiden maltratar a los detenidos y que garantizan su acceso a la atención médica y la asistencia letrada”.

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Una Ventana a la Libertad: los centros de atención preventiva son ahora pequeñas cárceles

“Tuberculosis y desnutrición son las principales causas de muerte de los presos en los calabozos venezolanos”, reseña el informe de la ONG Una Ventana a la Libertad, que fue presentado la mañana de este martes 4 de septiembre por su director Carlos Nieto Palma. El reporte evalúa los siete años de gestión de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.

A siete años de la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios, el informe señala que los centros de atención preventiva “se han convertido en pequeñas cárceles, aunque su función es mantener al preso en el recinto sólo 48 horas”. Añadió que los familiares de los presos fallecidos no son respaldados por ningún organismo.

Nieto Palma responsabilizó al ministerio de la crisis que actualmente viven las cárceles y calabozos en Venezuela. Precisó que el equipo de investigación de la ONG desarrolló y dio a conocer un video, de julio de 2018, donde muestra a presos del calabozo del municipio Plaza, en Guarenas, que reflejan el estado de desnutrición que padecen y el estado de las instalaciones, que están repletas de basura y excrementos.

Angélica Lugo, integrante de este equipo de investigación, denunció la extorsión por parte de los funcionarios policiales a los familiares de los presos en cárceles y calabozos en Venezuela. Otro señalamiento apunta a que en las comisarías también hay presos que poseen armas de fuego.

Lugo también señaló que en los calabozos venezolanos los presos poseen teléfonos celulares, pese a que las autoridades niegan su existencia en los recintos penitenciarios. Agregó que, entre otras irregularidades, registran la pernocta de familiares en estos recintos.

Continúa leyendo en El Pitazo

Foro Penal denuncia graves condiciones de presos políticos en cuatro cárceles

El Foro Penal Venezolano denunció que los presos políticos recluídos en cuatro cárceles del país se encuentran sin atención médica, traslados, acceso de sus familiares y abogados, entre otras irregularidades.

La abogada de Foro Penal, Mariana Ortega, denunció que en la cárcel de Santa Ana del Táchira hay presos políticos que están enfermos y no han recibido ni atención médica ni han sido trasladados a centros de salud. Mencionó el caso de Luis Alejandro Mogollón, quien presenta fractura de cráneo y no ha sido examinado por un especialista.

Ortega comentó que en la cárcel militar Ramo Verde hay 60 presos políticos, de los cuales 36 son militares, y recientemente el director fue sustituido tras impedir la violación de derechos humanos de los presos por parte de funcionarios del Estado.

En los calabozos del Sebin en El Helicoide, las personas allí apresadas no han podido tener acceso a sus abogados y familiares, y tampoco han podido comunicarse con ellos. Los funcionarios de la prisión solo han permitido la entrada de alimentos y medicamentos, indicó la abogado.

Asimismo, detalló que en las cárceles mencionadas y en La Pica no se han llevado a cabo los traslados necesarios.

365 presos políticos y de ellos más de 60 son militares

El coordinador de abogados del Foro Penal en Caracas, Jesús Marcano, indicó que el lunes hubo un traslado numeroso de militares a Fuerte Tiuna, tras ser presentados en tribunales militares.

Entre los detenidos se encontraba Johan Barazarte, chofer de María Corina Machado, quien fue detenido el domingo pasado por agentes de la policía politica Sebin en medio de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, confirmaron vocero de la organización opositora Vente Venezuela. Aunque al hombre le fue dictada libertad bajo fianza según informó el director de la organización, Alfredo Romero, la medida no implica su liberación inmediata.

Para este 22 de mayo, el Foro Penal contabiliza 365 presos políticos, y más de 60 son militares.

Huelga de hambre levantada a la fuerza

El coordinador de abogados de Foro Penal, Jesús Marcano, indicó que no han tenido acceso a las mujeres recluidas en El Helicoide que hace días efectuaron una huelga de hambre que habría sido levantada a la fuerza por los funcionarios.

“Tenemos dos días sin comunicación con ellas. Las sacaron de la celda y negociaron con cada una de ellas”, explicaron los abogados. Asimismo, indicó que a familiares y abogadores no se les ha permitido las visitas a las reclusas.

Las mujeres efectuaron una huelga de hambre que comenzó el viernes para exigir respeto a sus derechos humanos y la presencia del fiscal general designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab.

Como manera de negociación les habrían ofrecido traslados, revisión de sus casos y atención médica. Hasta el momento, ninguna de las propuestas se ha materializado, declararon los abogados.

Marcano detalló que solo una mujer, Geraldine Chacón, continuaba en huelga de hambre pues en una primera instancia los funcionarios no tenían como negociar con ella, quien ya posee libertad bajo fianza. Un dato anónimo habría indicado a Foro Penal que hubo una oferta para Geraldine en relación a su libertad, la aislaron de las demás y la pasaron para otra celda, pero desconocen su estado actual

May 19, 2018 | Actualizado hace 2 años

Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), rechazó los hechos de violencia que ocurrieron en el Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara.

Este jueves 17 de mayo se registró un motín en el penal que dejó 11 muertos y 25 heridos.

Hasta el momento solo han identificado a tres de los nueve presos asesinados y a dos custodios. Cuatro de las víctimas recibieron impactos de bala, cuatro heridas por arma blanca y uno falleció tras una severa golpiza.

Hasta el momento tres de los reos han sido identificados como Carlos Luis Vizcaya, Yorvy José Silva Ramos y Darwin Rafael Caro Arteaga. Mientras que los custodios respondían a los nombres de Anderson Rivero y Yender Ramón León Ruiz. Aún falta conocer el nombre de seis.

De acuerdo con información de los familiares, la reyerta la inició un grupo de aproximadamente 70 internos, después de las 3:00 p.m. al culminar la visita. Presuntamente los privados de libertad se encontraban molestos porque desde el martes 15 de mayo fueron trasladados hasta el patio del penal, donde permanecieron por tres días seguidos bajo trato cruel.

Parientes denunciaron que los reclusos no reciben alimentación adecuada ni les dan suficiente agua. Por eso, exigen la destitución de la directora del recinto, Carla Sara.

“He ido a visitar a mi hijo y lo encuentro con los labios pálidos, deshidratado, porque no toma suficiente agua”, contaron al OVP.

Además las mujeres son sometidas a una intensa revisión antes de las visitas. Indicaron que se deben quitar la ropa luego saltar, o “pujar”, hasta que “la custodia quiera”.

Comentaron que el fin de semana del 5 de mayo una mujer se orinó encima, pues los funcionarios no les permitieron utilizar el baño del recinto.

Señalaron que Daniel Mendoza, coordinador de la Dirección de Familia del Ministerio para el Servicio Penitenciario, no dio el trato adecuado a los parientes víctimas, alegando que primero “resolvería” la situación de los custodios.

Desde el OVP se hace un llamado al Estado para que cubra los gastos funerarios de los fallecidos, ya que la mayoría de las familias son de escasos recursos.

Prado recordó que el Estado está obligado a proteger la vida de las personas privadas de libertad, según el artículo 43 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

Familiares de los presos acudieron a El Helicoide                                                                          Foto Cortesía El Pitazo

Carlos D´Hoy

@carlos_dhoy

Un motín se presentó en horas de la mañana del miércoles 16 de mayo en los calabozos de la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que dejó al menos un preso político herido, luego de haber sido agredido por reos comunes.

Informaciones suministradas por familiares de los detenidos señalan que durante las horas de la visita del miércoles un grupo de presos comunes atacó al detenido político tachirense Gregory Sanabria, a quien le propinaron una fuerte golpiza.

Esta situación generó una reacción por parte de los demás presos políticos quienes tomaron las instalaciones de Seguridad y Control de Aprehendidos, en rechazo a la agresión que presuntamente “habría sido ordenada por la directiva de la policía política”.

Los videos filtrados y difundidos a través de las redes sociales permitieron conocer parte de las instalaciones del Sebin, durante los primeros momentos de la protesta, cuando un detenido corre por los pasillos rompiendo los bombillos con una vara.

A través de otro video filtrado, el exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos y Lorent Saleh exigieron “la presencia de alguna autoridad en estas mazmorras donde matan gente y violan los derechos humanos de los venezolanos que estamos acá”.

Denunciaron además que en los mencionados calabozos se encuentran “detenidos menores de edad , presos a los que no se les ha iniciado un juicio, se les han negado traslados a los tribunales, por lo que estamos decididos a resistir hasta donde sea necesario, para que se vea lo que ocurre en “las mazmorras de la dictadura que no sigan asesinado y maltratando a gente”.

Por su parte, la fiscal general de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, se hizo eco de las denuncias formuladas por el diputado Rosmit Mantilla, a través de su cuenta de Twitter, y advirtió que en estos momentos “se estaría gestando otra masacre en Venezuela. La violación de DDHH es generalizada y los venezolanos reclaman que los organismos internacionales actúen ya”.

Organizaciones de Derechos Humanos como Provea, el Observatorio venezolano de Conflictividad Social y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, entre otras, alertaron sobre la situación presentada en la sede policial. Provea, a través de su cuenta en la red social Twitter denunció las agresiones perpetradas contra el preso político Gregory Sanabria y exigió que la Defensoría del Pueblo investigue al, director del Sebin y demás funcionarios responsables de la custodia de los presos políticos recluidos en sedes del cuerpo policial.

A las 5:30 pm un reporte emitido desde el interior del Sebin indicaría que todos los detenidos se encontrarían bien, “no hay nadie lesionado, todos, absolutamente bien en resistencia constitucional”.

Al cierre de la edición el Fiscal General de la República, Tarek William Saab informó que comisionó a fiscales del Ministerio Público quienes se trasladaron a la sede del Sebin e iniciaron negociaciones con el objetivo de lograr una solución al conflicto.

“Manifestamos la voluntad de realizar las respectivas coordinaciones con las autoridades competentes, el sistema penitenciario y de justicia a objeto de resolver la situación planteada”.

El partido Voluntad Popular alertó a Venezuela y a la comunidad internacional sobre “la crítica situación de extrema amenaza y riesgo que viven en este momento los presos políticos que permanecen secuestrados por el régimen en la sede El Helicoide del Sebin”.
La organización política responsabilizó al director del Sebin, Gustavo González López, al ministro de Interior Justicia y Paz Néstor Reverol y al presidente Nicolás Maduro de la integridad física y de la vida de todos los presos políticos.
Pedimos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional mantenerse alerta y vigilante “ante esta nueva arremetida del régimen, que no descartamos sea una represalia directa a la posición firme y contundente, de nuestros presos políticos y de quienes nos oponemos a la dictadura, de no convalidar el fraude en marcha para este 20M”.