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Una Ventana a la Libertad: los centros de atención preventiva son ahora pequeñas cárceles

“Tuberculosis y desnutrición son las principales causas de muerte de los presos en los calabozos venezolanos”, reseña el informe de la ONG Una Ventana a la Libertad, que fue presentado la mañana de este martes 4 de septiembre por su director Carlos Nieto Palma. El reporte evalúa los siete años de gestión de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.

A siete años de la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios, el informe señala que los centros de atención preventiva “se han convertido en pequeñas cárceles, aunque su función es mantener al preso en el recinto sólo 48 horas”. Añadió que los familiares de los presos fallecidos no son respaldados por ningún organismo.

Nieto Palma responsabilizó al ministerio de la crisis que actualmente viven las cárceles y calabozos en Venezuela. Precisó que el equipo de investigación de la ONG desarrolló y dio a conocer un video, de julio de 2018, donde muestra a presos del calabozo del municipio Plaza, en Guarenas, que reflejan el estado de desnutrición que padecen y el estado de las instalaciones, que están repletas de basura y excrementos.

Angélica Lugo, integrante de este equipo de investigación, denunció la extorsión por parte de los funcionarios policiales a los familiares de los presos en cárceles y calabozos en Venezuela. Otro señalamiento apunta a que en las comisarías también hay presos que poseen armas de fuego.

Lugo también señaló que en los calabozos venezolanos los presos poseen teléfonos celulares, pese a que las autoridades niegan su existencia en los recintos penitenciarios. Agregó que, entre otras irregularidades, registran la pernocta de familiares en estos recintos.

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Foro Penal denuncia graves condiciones de presos políticos en cuatro cárceles

El Foro Penal Venezolano denunció que los presos políticos recluídos en cuatro cárceles del país se encuentran sin atención médica, traslados, acceso de sus familiares y abogados, entre otras irregularidades.

La abogada de Foro Penal, Mariana Ortega, denunció que en la cárcel de Santa Ana del Táchira hay presos políticos que están enfermos y no han recibido ni atención médica ni han sido trasladados a centros de salud. Mencionó el caso de Luis Alejandro Mogollón, quien presenta fractura de cráneo y no ha sido examinado por un especialista.

Ortega comentó que en la cárcel militar Ramo Verde hay 60 presos políticos, de los cuales 36 son militares, y recientemente el director fue sustituido tras impedir la violación de derechos humanos de los presos por parte de funcionarios del Estado.

En los calabozos del Sebin en El Helicoide, las personas allí apresadas no han podido tener acceso a sus abogados y familiares, y tampoco han podido comunicarse con ellos. Los funcionarios de la prisión solo han permitido la entrada de alimentos y medicamentos, indicó la abogado.

Asimismo, detalló que en las cárceles mencionadas y en La Pica no se han llevado a cabo los traslados necesarios.

365 presos políticos y de ellos más de 60 son militares

El coordinador de abogados del Foro Penal en Caracas, Jesús Marcano, indicó que el lunes hubo un traslado numeroso de militares a Fuerte Tiuna, tras ser presentados en tribunales militares.

Entre los detenidos se encontraba Johan Barazarte, chofer de María Corina Machado, quien fue detenido el domingo pasado por agentes de la policía politica Sebin en medio de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, confirmaron vocero de la organización opositora Vente Venezuela. Aunque al hombre le fue dictada libertad bajo fianza según informó el director de la organización, Alfredo Romero, la medida no implica su liberación inmediata.

Para este 22 de mayo, el Foro Penal contabiliza 365 presos políticos, y más de 60 son militares.

Huelga de hambre levantada a la fuerza

El coordinador de abogados de Foro Penal, Jesús Marcano, indicó que no han tenido acceso a las mujeres recluidas en El Helicoide que hace días efectuaron una huelga de hambre que habría sido levantada a la fuerza por los funcionarios.

“Tenemos dos días sin comunicación con ellas. Las sacaron de la celda y negociaron con cada una de ellas”, explicaron los abogados. Asimismo, indicó que a familiares y abogadores no se les ha permitido las visitas a las reclusas.

Las mujeres efectuaron una huelga de hambre que comenzó el viernes para exigir respeto a sus derechos humanos y la presencia del fiscal general designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab.

Como manera de negociación les habrían ofrecido traslados, revisión de sus casos y atención médica. Hasta el momento, ninguna de las propuestas se ha materializado, declararon los abogados.

Marcano detalló que solo una mujer, Geraldine Chacón, continuaba en huelga de hambre pues en una primera instancia los funcionarios no tenían como negociar con ella, quien ya posee libertad bajo fianza. Un dato anónimo habría indicado a Foro Penal que hubo una oferta para Geraldine en relación a su libertad, la aislaron de las demás y la pasaron para otra celda, pero desconocen su estado actual

May 19, 2018 | Actualizado hace 2 años

Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), rechazó los hechos de violencia que ocurrieron en el Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara.

Este jueves 17 de mayo se registró un motín en el penal que dejó 11 muertos y 25 heridos.

Hasta el momento solo han identificado a tres de los nueve presos asesinados y a dos custodios. Cuatro de las víctimas recibieron impactos de bala, cuatro heridas por arma blanca y uno falleció tras una severa golpiza.

Hasta el momento tres de los reos han sido identificados como Carlos Luis Vizcaya, Yorvy José Silva Ramos y Darwin Rafael Caro Arteaga. Mientras que los custodios respondían a los nombres de Anderson Rivero y Yender Ramón León Ruiz. Aún falta conocer el nombre de seis.

De acuerdo con información de los familiares, la reyerta la inició un grupo de aproximadamente 70 internos, después de las 3:00 p.m. al culminar la visita. Presuntamente los privados de libertad se encontraban molestos porque desde el martes 15 de mayo fueron trasladados hasta el patio del penal, donde permanecieron por tres días seguidos bajo trato cruel.

Parientes denunciaron que los reclusos no reciben alimentación adecuada ni les dan suficiente agua. Por eso, exigen la destitución de la directora del recinto, Carla Sara.

“He ido a visitar a mi hijo y lo encuentro con los labios pálidos, deshidratado, porque no toma suficiente agua”, contaron al OVP.

Además las mujeres son sometidas a una intensa revisión antes de las visitas. Indicaron que se deben quitar la ropa luego saltar, o “pujar”, hasta que “la custodia quiera”.

Comentaron que el fin de semana del 5 de mayo una mujer se orinó encima, pues los funcionarios no les permitieron utilizar el baño del recinto.

Señalaron que Daniel Mendoza, coordinador de la Dirección de Familia del Ministerio para el Servicio Penitenciario, no dio el trato adecuado a los parientes víctimas, alegando que primero “resolvería” la situación de los custodios.

Desde el OVP se hace un llamado al Estado para que cubra los gastos funerarios de los fallecidos, ya que la mayoría de las familias son de escasos recursos.

Prado recordó que el Estado está obligado a proteger la vida de las personas privadas de libertad, según el artículo 43 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

Familiares de los presos acudieron a El Helicoide                                                                          Foto Cortesía El Pitazo

Carlos D´Hoy

@carlos_dhoy

Un motín se presentó en horas de la mañana del miércoles 16 de mayo en los calabozos de la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que dejó al menos un preso político herido, luego de haber sido agredido por reos comunes.

Informaciones suministradas por familiares de los detenidos señalan que durante las horas de la visita del miércoles un grupo de presos comunes atacó al detenido político tachirense Gregory Sanabria, a quien le propinaron una fuerte golpiza.

Esta situación generó una reacción por parte de los demás presos políticos quienes tomaron las instalaciones de Seguridad y Control de Aprehendidos, en rechazo a la agresión que presuntamente “habría sido ordenada por la directiva de la policía política”.

Los videos filtrados y difundidos a través de las redes sociales permitieron conocer parte de las instalaciones del Sebin, durante los primeros momentos de la protesta, cuando un detenido corre por los pasillos rompiendo los bombillos con una vara.

A través de otro video filtrado, el exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos y Lorent Saleh exigieron “la presencia de alguna autoridad en estas mazmorras donde matan gente y violan los derechos humanos de los venezolanos que estamos acá”.

Denunciaron además que en los mencionados calabozos se encuentran “detenidos menores de edad , presos a los que no se les ha iniciado un juicio, se les han negado traslados a los tribunales, por lo que estamos decididos a resistir hasta donde sea necesario, para que se vea lo que ocurre en “las mazmorras de la dictadura que no sigan asesinado y maltratando a gente”.

Por su parte, la fiscal general de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, se hizo eco de las denuncias formuladas por el diputado Rosmit Mantilla, a través de su cuenta de Twitter, y advirtió que en estos momentos “se estaría gestando otra masacre en Venezuela. La violación de DDHH es generalizada y los venezolanos reclaman que los organismos internacionales actúen ya”.

Organizaciones de Derechos Humanos como Provea, el Observatorio venezolano de Conflictividad Social y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, entre otras, alertaron sobre la situación presentada en la sede policial. Provea, a través de su cuenta en la red social Twitter denunció las agresiones perpetradas contra el preso político Gregory Sanabria y exigió que la Defensoría del Pueblo investigue al, director del Sebin y demás funcionarios responsables de la custodia de los presos políticos recluidos en sedes del cuerpo policial.

A las 5:30 pm un reporte emitido desde el interior del Sebin indicaría que todos los detenidos se encontrarían bien, “no hay nadie lesionado, todos, absolutamente bien en resistencia constitucional”.

Al cierre de la edición el Fiscal General de la República, Tarek William Saab informó que comisionó a fiscales del Ministerio Público quienes se trasladaron a la sede del Sebin e iniciaron negociaciones con el objetivo de lograr una solución al conflicto.

“Manifestamos la voluntad de realizar las respectivas coordinaciones con las autoridades competentes, el sistema penitenciario y de justicia a objeto de resolver la situación planteada”.

El partido Voluntad Popular alertó a Venezuela y a la comunidad internacional sobre “la crítica situación de extrema amenaza y riesgo que viven en este momento los presos políticos que permanecen secuestrados por el régimen en la sede El Helicoide del Sebin”.
La organización política responsabilizó al director del Sebin, Gustavo González López, al ministro de Interior Justicia y Paz Néstor Reverol y al presidente Nicolás Maduro de la integridad física y de la vida de todos los presos políticos.
Pedimos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional mantenerse alerta y vigilante “ante esta nueva arremetida del régimen, que no descartamos sea una represalia directa a la posición firme y contundente, de nuestros presos políticos y de quienes nos oponemos a la dictadura, de no convalidar el fraude en marcha para este 20M”.

Fiscalía emite órdenes de aprehensión por tragedia de Policarabobo

El Ministerio Público emitió cinco órdenes de aprehensión en contra igual número de funcionarios de la Policía del Estado Carabobo por la tragedia ocurrida el pasado miércoles en la que fallecieron 68 personas que se encontraban privadas de la libertad en los calabozos de la sede de la policía regional.

El anuncio lo hizo Tarek William Saab, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, a través de dos tweets publicados en su cuenta de la red social Twitter.

Saab anunció la detención del sub director del organismo policial, José Luis Rodríguez, quien había sido detenido la víspera y prometió que se esclarecerán los trágicos hechos, sancionando a los responsables.

 

Cerca de 80 presos mueren en incendio en calabozos de Policarabobo

Familiares lloraron al no saber qué pasó con sus parientes detenidos   Foto Miguel Gutiérrez EFE

Carlos D´Hoy

@carlos_dhoy

Cerca de 80 reclusos perdieron la vida y más de 30 resultaron heridos, entre ellos dos funcionarios policiales, durante un motín y un incendio que se desató en horas de la madrugada del  miércoles 28 de marzo en los calabozos de la sede de la comandancia de Policía del estado Carabobo, ubicada en la avenida Navas Spinola de la ciudad de Valencia.

Extraoficialmente se pudo conocer que entre los fallecidos se encontrarían 66 hombres y 2 mujeres, cuyas identidades no fueron suministradas por las autoridades. Otras fuentes indican que serían 78 los fallecidos, entre ellos diez mujeres.

Según cálculos de fuentes policiales, el centro de detención preventiva tendría una población de 255 reclusos.

Informaciones extraoficiales señalan que todo comenzó por un motín generado por  un “cambio de gobierno”, o pelea entre grupos rivales por el control de los calabozos. Durante el enfrentamiento se habría provocado un  incendio del cual se perdió el control con las consecuencias conocidas.

El incendio se desató a primeras horas de del miércoles 28 de marzo                                       Cortesía

Otra versión apunta a un intento de fuga. Al parecer los internos habrían provocado el incendio para escaparse, pero no se les permitió salir mientras el fuego se extendía y el humo ahogaba a los detenidos, lo que terminó causando la muerte por asfixia y por quemaduras de quienes se encontraban en los calabozos.

Represión contra familiares y periodistas

Parientes de los reclusos acudieron desde tempranas horas al centro policial con el objetivo de solicitar información sobre la salud de sus familiares, pero ante la falta de respuestas protestaron exigiendo datos  sobre el número de víctimas y su identidad.

La protesta fue disuelta por funcionarios de la brigada de orden público de Policarabobo cuando un grupo de los manifestantes intentó ingresar a la comandancia policial.

Los uniformados además agredieron a los periodistas que cubrían los hechos, e intentaron hacerles borrar el material que había sido grabado durante la jornada.

Familiares de los presos protestaron ante la falta de respuestas             Foto Miguel Gutiérrez EFE

Solicitarán medidas cautelares ante la CIDH

Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) señaló que solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los presos que se mantienen en la comandancia de la Policía del Estado Carabobo.

“Informaremos sobre la situación por la que atraviesan los detenidos en ese centro, particularmente sobre los hechos ocurridos la mañana  del miércoles 28 de marzo. Además continuaremos denunciando sobre el hacinamiento que afecta a la población detenida en los centros policiales del país, la falta de atención por parte del gobierno a la situación penitenciaria y sobre el grave retardo procesal que se acerca a 450%”, indicó Prado.

Responsabilizan a ministra Iris Varela

Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, organización dedicada a velar por los derechos de los privados de libertad, responsabilizó a la ministra Iris Varela por  la situación ocurrida en el centro policial de Carabobo.

“Responsabilizamos de manera directa a al Ministerio de Servicio Penitenciario y a su titular por este hecho. Esto lo hemos venido denunciando desde hace varios años”, destacó el activista de DDHH.

Agregó que el caso será denunciado ante el Ministerio Público la próxima semana, debido al feriado decretado por el Ejecutivo nacional, “además notificaremos a los organismos internacionales sobre esta nueva masacre ocurrida en las cárceles venezolanas”.

Nieto Palma señaló que los informes de la ONG sostienen con cifras, la dramática situación que se vive en los calabozos policiales del país. “Lo que ocurrió en Carabobo es una muestra de lo que se padece en toda Venezuela”, dijo.

Aseguró que todas las policías del país se encuentran en caos por la negligencia del ministerio debido a que desde hace varios años prohibió  el ingreso de nuevos reclusos a los centros penitenciarios si no son autorizados por ellos”.

“Hace 11 años prometieron construir nuevas cárceles y no lo hicieron, ahora tenemos esta tragedia en las manos”, sentenció.

Apoyo a patólogos desde Caracas

Comisiones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Caracas (Senamecf) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), integradas por un médico patólogo, un odontólogo forense, un antropólogo y un tanatólogo, se trasladaron hasta Valencia con el objetivo de prestar apoyo al equipo de patólogos en las autopsias correspondientes .

58 presos se fugan de calabozos  de la  Policía de Nueva Esparta

Una fuga masiva fue registrada en los calabozos del centro de detención Los Cocos de de la Policía del Estado Nueva Esparta. Un total de 58 presos se evadieron luego de abrir un boquete en una de las paredes que da hacia la calle.

La fuga se registró la madrugada de este viernes 16 de marzo, según informó el vicealmirante de la Zona de Defensa Integral (ZODI), Jonny Vera.

Según el reporte la fuga se originó por un boquete de aproximadamente 60×40 cm, que los reclusos hicieron en una pared que da a la calle en la última habitación, del lado derecho del calabozo, lo que permitió la evasión. Hasta el momento han sido recapturados cuatro de los fugados. Se mantienen comisiones policiales en el área con el fin de recapturar a los detenidos. Se supo que entre los evadidos había menores de edad.

La situación se informó al Ministerio Público para iniciar los procedimientos de ley. Cuando ocurrió el suceso se requirió apoyo de dos funcionarios de la Dirección de Control de Reuniones y Manifestaciones (Dcrym) de Iapolebne.

El general Agustín Herrera Luna, segundo comandante de la ZODI en la entidad y director de la policía estatal, confirmó el hecho y dijo que se encuentran haciendo las investigaciones correspondientes para conocer más detalles del hecho y dar con el paradero de los evadidos.

Intoxicados más de 300 presos del Rodeo II al ser obligados a comer carne podrida

La ingesta de carne descompuesta generó que más de 300 presos de El Rodeo II, en el estado Miranda, se intoxicaran y sufrieran vómitos, diarreas, náuseas, entre otros malestares. Así lo denunció un grupo de familiares a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quien recordó que en este penal sobreviven unos 1.200 reclusos, aunque la infraestructura solo tiene capacidad para 500.

Según les contaron los presos a sus deudos, la carne se descompuso porque no tienen los equipos adecuados para la refrigeración de los alimentos. Asimismo, relataron que consumieron la carne porque tenían muchos días sin probar bocado y además la cocinaron con muchos condimentos y salsas para disfrazar el sabor a podrido.

En ese sentido, los afectados tienen varios días con estos síntomas, incluso algunos se han agravado por la deshidratación, pero la directora sigue suministrando la carne porque, según ella misma les dijo a los cocineros cuando le advirtieron sobre esta situación, no hay nada más para darles de comer. Como si fuera poco, más de 300 presos con malestar estomacal deben utilizar los baños, donde desde hace casi una semana no les llega el agua.

La solución del personal administrativo fue comprar una cisterna para suministrarles un poco de agua, pero sirvió para limpiar un poco los baños porque algunos quisieron hervirla para el consumo humano, pero la cantidad de tierra que tenía les impidió hacerlo.

Al respecto, Prado recordó que El Rodeo II está bajo Medidas Provisionales que fueron emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) desde el año 2008, en el que exhortan al Estado venezolano a adoptar los correctivos que sean necesarios para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad que allí se encuentran recluidas.

El director del OVP aseguró que enviará una información adicional a la CorteIDH, en virtud del incumplimiento a las Medidas Provisionales; así como también se mantendrá en contacto permanente con sus familiares para conocer de primera mano las constantes violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro de este penal.

Entre las constantes violaciones a las que hacemos mención, se encuentra la muerte de Jenxel Alexander Frías Salazar, de 20 años, como consecuencia de una peritonitis dentro de su celda, el pasado 27 de febrero, en este mismo recinto judicial.

Los parientes de Jenxel aseguraron que el occiso no recibió atención médica inmediata, tras manifestar a los custodios que sufría un intenso dolor abdominal, porque en una primera oportunidad lo llevaron hasta la enfermería, donde no había médicos.  Finalmente falleció a causa de estrangulamiento intestinal producto de una peritonitis, según el diagnóstico forense.

El fallecido era técnico electricista de la empresa Cargill de Venezuela, y cumplía una condena de 11 años y 9 meses de prisión por el delito de violencia física y sexual contra su novia que era menor de edad