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Caracas Mi Convive

El modelo de caos, colapso y violencia impuesto por el régimen, despoja a las personas del apoyo del Estado. La colectividad no cuenta con instituciones públicas que velen por su salud, seguridad, educación o alimentación, por ejemplo. Los venezolanos vivimos un duro hoy, en el que luchamos para el logro de un cambio político que permita atender esta situación de emergencia, mientras lidiamos con las terribles expresiones de la crisis en todos los espacios de nuestra cotidianidad.

En este contexto, nuestro movimiento Caracas Mi Convive, articula comunidades, aliados de la sociedad civil y voluntariado en el abordaje de expresiones concretas de la crisis como la violencia generalizada. A través de proyectos y acciones se generan herramientas y redes de apoyo para los primeros afectados por los problemas. Estos procesos producen nuevas dinámicas sociales que permiten tanto encontrar soluciones como también convertir a los afectados en agentes de cambio y transformación.

A través de proyectos y acciones que se construyen con el conocimiento técnico pero también experiencial de los más afectados por la violencia como lo son los jóvenes, hombres, mujeres y niños de las comunidades más vulnerables de los sectores populares de Caracas. Estos procesos llevados a cabo a partir del trabajo en red, producen nuevas dinámicas que facilitan la reconstrucción del tejido social y encontrar soluciones que convierten a los afectados en agentes de cambio y transformación.

Nuestro trabajo en la violencia y seguridad ciudadana, tiene líneas de acción que van desde la atención a las víctimas hasta la recolección y procesamiento de datos fiables que permitan generar estrategias y programas efectivos basados en la evidencia. Así hemos desarrollado la Red de Atención a la Víctima, que brinda apoyo legal y psicológico a los afectados por la violencia, así como Monitor de Víctimas, en conjunto con el portal Runrunes, que permite el lavamiento de información sobre la violencia en Caracas, en conjunto con vecinos y líderes en las comunidades.

Enfrentamos la estrategia de desinformación que el régimen lleva a cabo a través de la negación de datos, la censura y el hostigamiento, la manipulación a través de la propaganda oficial. Una de nuestras labores desde la sociedad civil, debe ser la de construir mecanismos de información que puedan contrarrestar efectivamente esta estrategia, priorizando a la participación ciudadana y el cuestionando al grupo en el poder.

En este sentido, estamos llevando a cabo la iniciativa #ReportaloConvive, una respuesta desde la participación ciudadana a la grave situación de colapso de los servicios de seguridad con el objetivo de brindar una plataforma en la que el ciudadano pueda levantar la voz y desnormalizar el silencio ante situaciones de violencia, un espacio catártico ante la necesidad de la cultura de denuncia y justicia A través de esta iniciativa, las personas pueden reportar robos, homicidios o secuestros de forma absolutamente anónima. La información recabada permite hacer un registro de los crímenes de la voz de los propios ciudadanos y levantar una base actualizada de datos abierta y accesible para todos. Igualmente, con los datos recabados serán desarrollados mapas georreferenciales con los “puntos calientes” (las áreas específicas de mayor incidencia delictiva) de distintas zonas de Caracas, sirviendo de guía y referencia a la colectividad.

Para acceder a Repórtalo Convive pueden usarse los siguientes links:

Robo: http://arcg.is/11jDmu

Homicidio: http://arcg.is/1eXPaj

Secuestro: http://arcg.is/Tejy5

Es prioritario generar, promover y apoyar iniciativas que involucran a las personas y que generan redes de información veraces, accesibles y pertinentes. Debemos articularnos desde las bases de la sociedad civil en torno respuestas efectivas que den alivio inmediato a la emergencia y proponer nuevas formas de superación a la grave crisis en la que estamos hoy inmersos.

@Robertopatino

Sep 16, 2019 | Actualizado hace 2 meses
Emergencia educativa y alimentaria, por Roberto Patiño

CONTINUAR LOS ESTUDIOS, desde los niveles básicos hasta los universitarios, es uno de los mayores retos que enfrenta la familia venezolana en el terrible contexto de crisis sistémica que estamos padeciendo. La imposibilidad de asumir los costos de matrículas y útiles, el colapso de servicios básicos como el transporte, son algunos de los graves problemas que ponen en peligro la posibilidad de educación de niños, adolescentes y jóvenes.

Con igual gravedad, la depauperación de sueldos de los docentes, el éxodo de profesionales de la educación y el empobrecimiento de planteles públicos y privados, profundizan la terrible crisis que en materia educativa se viene sucediendo. El gremio de maestros inicia esta semana jornadas de protesta al respecto, en las que también denuncia la intención gubernamental de emplear a personas procedentes de misiones como Sucre y Chamba Segura, sin la experiencia ni la preparación adecuadas, para salvar el déficit de personal docente.

Según datos de organizaciones como Fundaredes, se estima que en el inicio a clases del actual periodo escolar se producirá una deserción de casi el 80%. Esto golpeará principalmente a los sectores más vulnerables que no tendrán los medios para poder enviar a sus hijos a la escuela. Solo en las comunidades del oeste de Caracas, en las que trabajamos en el Movimiento Caracas Mi Convive, recibimos innumerables reportes de líderes locales y vecinos que testimonian esta situación. Los altos costos de los paquetes de útiles y uniformes -que pueden alcanzar hasta los $ 450 por un alumno de educación básica-, hasta el colapso del transporte y los servicios básicos, restringen las posibilidades de escolaridad de las personas.

Esto se da en paralelo con el agravamiento de la crisis alimentaria, con la precarización del acceso a la comida a una escala que afecta a amplios sectores del país. Cavidea apunta una disminución de casi un 80% en la compra de alimentos. Cáritas señala cómo los casos de desnutrición severa en niños han aumentado al doble en tan solo un trimestre, así como el aumento de un 100% de la desnutrición aguda en 14 estados.

Sin un cambio político que supere totalmente el actual modelo de hambre, empobrecimiento y violencia del régimen que encabeza Nicolás Maduro, no es posible detener esta emergencia y generar los mecanismos urgentes que atiendan la crisis. Los liderazgos políticos y sociales debemos impulsar este cambio, al tiempo que debemos desarrollar y fortalecer redes de apoyo que, a través de la organización de las personas y la articulación activa de los diversos sectores de la sociedad, generen iniciativas con las que pueda aliviarse la tragedia que el régimen ha desencadenado sobre nuestro país.

En este sentido, iniciativas como Alimenta la Solidaridad se enfocan en poblaciones vulnerables como la infantil, con comedores gestionados en conjunto con las comunidades afectadas y organizaciones civiles, con dinámicas de participación que comprometen a las madres involucradas a mantener a los niños en las escuelas. También, el programa genera talleres de capacitación y emprendimiento, así como la iniciativa Sustento de preparación de comidas, además de la realización de actividades pedagógicas que apoyen tanto a los niños como a sus familias. Aunque Alimenta no tiene la capacidad para atacar cuadros de desnutrición severa, por ejemplo, hemos podido desarrollar modelos que permiten sostener la seguridad alimentaria de los niños que integran el programa, así como el monitoreo de los casos más graves para su estabilización.

La imposición por la fuerza del régimen para mantenerse en el poder agudizará la crisis en todos los aspectos de nuestra vida.  Es necesario el encuentro organizado y articulado de todos para la creación e implementación de mecanismos que nos permitan enfrentarla y superarla. Los problemas que, como la emergencia educativa, afectan a la sociedad en su conjunto, deben impulsar ese encuentro. Nuestra vinculación, en la medida de las posibilidades de cada individuo o grupo, es fundamental y marcará la diferencia.

Jun 12, 2019 | Actualizado hace 5 meses
Enfrentar la violencia, por Roberto Patiño

DESDE UN PRINCIPIO, NUESTROS ESFUERZOS EN Mi Convive han estado enfocados en la transformación de la violencia por medio de las dinámicas y valores de convivencia.

Consideramos que la violencia, primero criminal, y ahora desde el Estado secuestrado, es uno los problemas más importantes de nuestro país. Afecta indistintamente tanto a individuos como a colectividades, impide de forma determinante el desarrollo social, económico y político y se ha desbordado hasta convertirse en un factor presente en todas las expresiones de la actual crisis que padecemos.

Sólo en el aspecto de seguridad ciudadana vivimos una tormenta perfecta: sufrimos las consecuencias de décadas de fallidos planes de seguridad, represivos e ineficaces, sin políticas integrales, constante y efectivas, a la par de la actual violación masiva de derechos humanos, por parte de efectivos públicos, ejército y grupos paramilitares, implementada por el régimen como único recurso para mantenerse en el poder.

Una “política” de violencia criminal, instrumentalizada desde el Estado en contra de las personas, que condena a la nación a ser un país de víctimas y victimarios.

Para los venezolanos se ha hecho evidente que sin un cambio político hacia la democracia no podrán acometerse los diversos esfuerzos para subvertir este estado de las cosas. Es indispensable generar una estructura gubernamental estable y efectiva para cualquier solución real y sostenible del problema.

Pero con igual importancia también debe atenderse la violencia desde las comunidades y las personas directamente afectadas por ella. Tanto en el apoyo a las víctimas como en la generación de dinámicas convivenciales que conviertan a éstas en agentes de cambio y en fuerzas de transformación de la realidad.

Una falla crónica en todos los planes de seguridad ha sido la de no generar acciones conjuntas con los grupos sociales en los que se desarrollan. La desconfianza a los cuerpos de seguridad del Estado se ha profundizado a lo largo de los años, actualmente exacerbada por los asesinatos y hostigamientos de grupos como las FAES, por ejemplo. Tampoco se ha valorado el papel del ciudadano organizado para el mejoramiento y la efectividad de medidas y operativos.

Por ello, en Mi Convive, hemos venido realizando diversas iniciativas en conjunto con las comunidades, líderes locales, organizaciones y academia, principalmente en el Municipio Libertador.  Desde Monitor de Víctimas, en conjunto con el portal Runrun.es, el plan Vamos Convive de inserción laboral para jóvenes de la comunidad en riesgo, hasta la Red de Apoyo a la Víctima, hemos insistido en el rol protagónico que tienen las personas y comunidades en la transformación de la violencia. Libertador refleja la realidad de toda Venezuela, en la que casi un tercio de los asesinatos son cometidos por efectivos de las fuerzas públicas, y en el que uno de cada cuatro asesinatos es de jóvenes menores de 18 años.

Este centro en el involucramiento activo de las personas está presente en nuestro proyecto social y político: en días pasados publicamos “En busca de la Caracas Segura y de Convivencia”, una propuesta integral de Seguridad Ciudadana. El trabajo ofrece una fotografía documentada y objetiva de nuestra situación, así como un programa detallado sobre la estructuración y operación de la policía. El documento propone organismos policiales cercanos a los ciudadanos para la prevención de la violencia, inteligente en la investigación criminalística y estratégica en el uso proporcionado de la fuerza.

La transformación de la violencia es uno de los grandes retos que enfrentamos en la construcción de una nueva Venezuela. Si queremos superar la fragmentación, la exclusión y la desigualdad social que la violencia estimula estamos llamados a entender sus causas y repercusiones, a asumirla y enfrentarla desde la acción convivencial.

@RobertoPatino
¿La cárcel o la tumba?: cuestionando las alternativas de los jóvenes varones de las zonas populares de Caracas

JUAN ES UNO DE LOS MILES DE JÓVENES habitantes del oeste de Caracas. A él, como a la mayoría de sus vecinos le ha tocado lidiar con la violencia desde niño. Algunos de sus panas, de su mismo grupo etario, son malandros y los ha visto morir ya sea por enfrentarse a bandas de delincuentes rivales o por haber caído en un operativo policial.

También ha tenido que enterrar a conocidos que fueron asesinados por “equivocación” de un escuadrón de funcionarios cuya edad no sobrepasa los 25 años. En su entorno, los jóvenes son víctimas y victimarios pues los policías también suelen vivir en barrios como los de Juan.

En 2018, de acuerdo con datos recogidos por Monitor de Víctimas, un proyecto que combina la investigación periodística con el trabajo comunitario de Caracas Mi Convive, 65 % de las muertes violentas en Caracas, fueron de varones cuyas edades oscilaban entre los 15 y 29 años. Esta puede ser una de las razones por las que Juan, a los 16 años de edad, creía que para él solo había dos opciones: la cárcel o la muerte, educarse no figuraba entre sus planes. Su más alto valor era hacerse respetar y, arriesgar la vida en un atraco, podía ser una oportunidad para adquirir fama de varón.

En Caracas, a este tipo de comportamiento trasgresor de adolescentes y jóvenes como Juan, las fuerzas de seguridad del Estado lo enfrentan con más violencia, lo cual no ha bajado la incidencia delictiva.

Para demostrar que existen otras alternativas, Caracas Mi Convive ideó el programa “Vamos Convive” donde, con el apoyo de mentores que viven en la zona, jóvenes como Juan y sus panas pueden obtener un empleo en la empresa privada mientras, paralelamente, son entrenados en el manejo del autocontrol, cómo acceder a un empleo formal y mantenerse dentro de ellos.

Los resultados ya se están viendo. Y demuestran que en Venezuela, pese a un entorno violento, existe futuro cuando se emplean las herramientas y el lenguaje adecuado. Luego de un mes de trabajo, Juan fue felicitado por primera vez y a este gesto de sus mentores le dio un Me Gusta.

 

Aquí el informe: ¿La cárcel o la tumba?: cuestionando las alternativas de los jóvenes varones de las zonas populares de Caracas

 

La Carcel o La Tumba by Yeannaly Fermin on Scribd

 

Cuerpos de seguridad venezolanos: sinónimo de muerte dentro de las comunidades
EN TAN SOLO SIETE MESES LINA RIVERA, vecina del barrio Unión de Petare, en Caracas, perdió a su hijo, un yerno y dos sobrinos. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) los mataron por “resistencia a la autoridad”, según el portal de noticias Runrun.es. A su hijo y a su yerno los mataron el mismo día. Ella y su hija temen que las FAES vuelvan en cualquier momento.

El caso de la familia Rivera no es aislado: casi el 40 por ciento de las personas asesinadas en Caracas son víctimas de la política de mano dura del régimen de Nicolás Maduro, según reveló un trabajo de investigación publicado recientemente.

Cuando suben los de negro, elaborado por el movimiento social Caracas Mi Convive, que promueve el empoderamiento de las comunidades en temas de prevención de la violencia, aborda a través de testimonios el tema de las ejecuciones extrajudiciales, violaciones a los derechos humanos y el trauma, dolor e impunidad que dejan los operativos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Según las cifras reveladas por la investigación, un tercio de los homicidios en Caracas ocurren a manos de las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.

“Las personas que sufren pérdidas por ejecución extrajudicial se encuentran, en su mayoría, en situación de pobreza y exclusión”, y las familias afectadas no tienen ningún mecanismo legal al que acudir”, asegura el reporte.

Venezuela es el país más violento de América Latina, según el Observatorio Venezolano de Violencia —81.4 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Los operativos de la política de mano dura del gobierno, —entre estos la reciente Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que comenzó en el 2015— han dejado marcas en las comunidades más desfavorecidas y destrozos en muchos hogares, según la investigación.

Alexander Campos, miembro del Centro de Investigaciones Populares (CIP), explicó que el Estado creó cuerpos como las FAES para exterminar a los jóvenes de las comunidades a través de operativos ilegales y para eliminar a quien consideren sospechoso de actos violentos o asesinatos.

Según Campos, estos operativos generan un grado extremo de terror en el barrio.

Las FAES se han convertido en “una señal de la muerte, y efectivamente los símbolos que utilizan, como las capuchas, comunican esto. Para las comunidades, ver que ellos entran es ver cómo cualquiera de sus hijos puede ser asesinado”, dijo.

Campos agregó que ahora las FAES están atacando a quienes consideren que ha participado en protestas políticas. “Hay que hablar muy bajo porque no sabes quién te puede estar sapeando [delatando] con el FAES”, dijo.

“Miles de personas han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, y cada una deja atrás a familiares, amigos y vecinos que diariamente deben vivir con el vacío y el dolor de la ausencia”, dijo Camila Oropeza, una de las autoras del trabajo.

Los testimonios recogidos reflejan el duelo de los familiares de las víctimas. Frima Udelman, otra de las autoras, contó que cuando visitaron algunas de las casas de los fallecidos pudieron ver las marcas de las balas y las cerraduras forzadas.

“José tocó la puerta y dijo ‘tía, me van a matar’. El policía lo agarró y él le decía ‘dame una pela pero no me mates’, y él le decía ‘cállate que te voy a matar, cállate y arrodíllate’”, dice el testimonio de Carlos sobre el asesinato de su hermano a manos de la fuerzas de seguridad del Estado.

Los testimoniantes entrevistados afirmaron que las víctimas eran inocentes, y que por eso querían denunciar lo sucedido.

Según el Instituto Igarapé, de Brasil, la política de mano dura casi nunca es efectivas y ni siquiera ayuda a reducir los niveles de inseguridad, impunidad o prevenir delitos. Según la ONU, las políticas de mano dura implementadas en Latinoamérica no solo han fracasado en disminuir los niveles de violencia y delito, sino que además han afectado de forma negativa el respeto a los derechos humanos.

“Cada vez que vienen, nos escondemos como si fuésemos malandros”, dijo Carmen, madre de una víctima asesinada por fuerzas policiales, en uno de los testimonios recogidos por Caracas Mi Convive.

Carlos, quién fue amenazado el día que asesinaron a su hermano, comparte ese miedo. “Mi mamá sale a trabajar y yo me quedo aquí solo con mi hermana. Van a venir esos tipos, entran, me ven aquí solo y me dicen que yo soy uno [un criminal]. Me encierran en el cuarto o me sacan para allá donde mi tía y me escoñetan [matan] a mí”, dijo

#MonitorDeVíctimas | Bajo Tierra: la mayoría de los homicidios en Caracas fueron cometidos por fuerzas del Estado

FUERON 1.739 HOMICIDIOS LOS QUE SE REGISTRARON en el Área Metropolitana de Caracas entre los meses de mayo de 2017 y 2018 y el Estado guardó silencio sobre la mayoría. De estas muertes, 651 fueron causadas por la acción de funcionarios de fuerzas estatales. Esta cifra ubica a policías y militares como los responsables de la mayoría de los casos (37,4%), por encima de aquellos provocados por civiles independientes (26,5%) y bandas armadas (22,3%).

Estas son parte de las conclusiones de “Bajo Tierra: Las muertes por parte de organismos públicos y el aumento de muertes violentas en Caracas“, un informe que tiene como base las estadísticas registradas por Monitor de Víctimas, proyecto desarrollado por Runrun.es y Caracas Mi Convive para recolectar información diaria sobre el número y naturaleza de las muertes violentas en Caracas, mediante la participación ciudadana y el periodismo de investigación. La Red de Activismo e Investigación por la Convivencia también participó en la elaboración del documento.

La idea de Monitor de Víctimas nace en el contexto de una Venezuela que hoy presenta la tasa de homicidios más alta de América Latina. En respuesta, el Estado ha desplegado operativos policiales militarizados que tienen una larga tradición de denuncia por criminalizar a los sectores excluidos y contribuir de manera fundamental al incremento de la violencia armada en el país, señala el informe.

“Adicionalmente, las autoridades responsables se han negado a suministrar la información referente al número detallado y características de los homicidios u otros actos delictivos, debido a que consideran que esta información sería utilizada para perjudicar la gestión gubernamental. Esta ausencia de datos oficiales sólo aumenta la incertidumbre, promueve el pánico social y dificulta la formulación de políticas públicas eficaces”, señala.

La recolección de la data de Monitor de Víctimas se logra mediante la visita de periodistas a las principales morgues de la ciudad, donde entrevistan a diversas fuentes como policías o familiares de las víctimas que conocen del suceso. Así se logra describir, detallar y contabilizar cada muerte violenta, generando conocimiento y evidencias que permitan guiar la formulación de políticas de seguridad más efectivas.

La cifra recabada por Monitor de Víctimas durante sus primeros 13 meses de recolección de datos y la elevada proporción de las muertes en manos de funcionarios de las fuerzas policiales y militares del país coincide con hechos reportados por fuentes como el Ministerio Público y organizaciones civiles como PROVEA, CECODAP, Amnistía Internacional, generan una gran inquietud, dado que evidencian un abuso sistemático de la fuerza y una violación de los Derechos Humanos fundamentales por parte de las fuerzas del orden.

Si bien los operativos militarizados tienen una larga tradición y han sido históricamente denunciados por contribuir a incrementar la violencia estatal y las víctimas de las fuerzas del Estado, estos han sido en la práctica la política pública implementada para lidiar con el problema de la criminalidad en Venezuela. Además de conocidamente ineficaces, han contribuido significativamente a incrementar el número de muertes violentas, como se ha evidenciado desde el lanzamiento de los “Operativos de Liberación del Pueblo” y la acción de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana. El número de víctimas producto de la acción letal de la fuerzas policiales alcanzado en los últimos años no tiene precedentes en el país.

Los operativos militarizados para enfrentar la criminalidad urbana en la región son conocidas como políticas de mano dura e implican una lógica bélica; abordajes masivos y armados en barrios y la identificación de un enemigo que debe ser eliminado por la fuerza. Si bien estas lógicas prácticas articuladas en estas políticas se han implementado anteriormente en Venezuela y en Latinoamérica, sus resultados han sido trágicamente contraproducentes. La preeminencia de estas políticas revela la renuncia a los intentos por consolidar organismos de seguridad eficaces y respetuosos de los derechos humanos y de las garantías democráticas. Las acciones militarizadas que conllevan Va ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas policiales demuestran que el Estado no sólo no cumple sus funciones como garante fundamental de los Derechos humanos, si no que se ha constituido él mismo en agente de violaciones sistemáticas de los más básicos derechos de la población como lo es el Derecho a la Vida y la Integridad Personal. Los datos recolectados y sistematizados por el Monitor de Víctimas constituyen un testimonio más para esclarecer las consecuencias fatales que tienen actualmente este tipo de políticas y su responsabilidad en el aumento de la violencia armada y letal en el país.

En este informe se analizan primeramente la distribución geográfica y los contextos donde se registraron las muertes violentas. El 64,1% de las muertes reportadas sucedieron en el municipio Libertador; el 28% en el municipio Sucre, y otro 7,8% se reparte entre Baruta, Chacao y El Hatillo. Estas proporciones se mantienen de forma similar en los 651 registros de muertes ocasionadas por las Fuerzas del Estado: el 66,5% municipio Libertador, 26,1% municipio Sucre, y 9% en los municipios de Baruta, Chacao y el Hatillo.

Las tasas de muertes violentas por cada 100.000 habitantes más elevadas se registraron en parroquias ubicadas en el municipio Sucre y Libertador, siendo las cinco parroquias con las tasas más altas: Coche, El Junquito, Filas de Mariche, Macarao y Antímano. Las tasas más elevadas de muertes violentas atribuidas a cuerpos policiales o militares se verificaron en: Coche, Santa Rosalía, San Juan, San Agustín, y el Valle. Estas parroquias se ubican en zonas más céntricas en comparación a las parroquias con las tasas totales más altas, sin embargo, también se caracterizan por poseer poblaciones pobres y de bajos recursos.

Estos datos revelan que las fuerzas del orden tienden a ejercer un uso desproporcionado de la fuerza sobre la población más vulnerable de la ciudad, en especial sobre aquellas que habitan en zonas céntricas. Entre estas destaca el caso de Santa Rosalía, donde se ubica el barrio Los Sin Techos, La Cota 905 y varios barrios conectados en su zona alta y ubicados en la zona de El Cementerio, donde se llevaron a cabo las primeras OLP y se reportaron múltiples redadas con un alto número de fallecidos.

En algunas parroquias las fuerzas del orden son responsables de más de la mitad de las muertes violentas que allí suceden. En la parroquia El Paraíso, la proporción de víctimas de muertes violentas atribuidas a las fuerzas del orden es el 61% del total de muertes violentas, y en Santa Rosalía, el 57%. Y este es el también caso de Altagracia, San Agustín, La Dolorita y Leoncio Martínez.

Destaca a su vez que la vía pública y las viviendas de las víctimas son los lugares más comunes donde se llevan a cabo las muertes violentas. Llama poderosamente la atención que el 60% de las muertes perpetradas en las viviendas fueron llevadas a cabo por las fuerzas del orden, lo cual podría estar revelando un uso abusivo de la autoridad para acceder y violentar los espacios privados de los habitantes donde se hayan con mayor vulnerabilidad.

Asimismo, otro hallazgo fundamental constituye que se evidenció un perfil de víctimas particular, que diferencia a las que fallecen a manos de las autoridades, de las que mueren por acciones de victimarios civiles: La edad promedio de las víctimas de las fuerzas del orden es de 25 años; en contraste con la edad promedio de 29 años de las víctimas de la totalidad de los casos registrados. Se trata pues de víctimas más jóvenes y en evidencia más vulnerables. El perfil de las víctimas de las fuerzas del orden: se trata de civiles varones con una edad promedio de 25 años, con un nivel educativo de educación primaria o media. A su vez ejercen oficios como obrero, comerciante, moto taxista o estarían desempleados, viviendo como ya se dijo en parroquias céntricas de la ciudad como Santa Rosalía, El Paraíso, San juan El Valle o San Agustín. Esto revela que las víctimas de las fuerzas del orden son principalmente hombres jóvenes de sectores excluidos, sin educación superior, que ejercen trabajos informales inestables o están desempleados. Lo cual implica un patrón de discriminación hacia los sectores más pobres y vulnerables de la ciudad.

Por el otro lado, los datos revelan que los cuerpos policiales responsables del 88,8% de las 651 muertes de este tipo, fueron la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC). La proporción de muertes atribuidas a estos cuerpos es sumamente alarmante, dado que la creación de la Policía Nacional Bolivariana se remonta a la voluntad de subsanar la histórica tendencia a violentar los Derechos Humanos por parte de las fuerzas policiales en el país y el CICPC, tal como ha sido reiteradamente señalado, debería estar dedicado únicamente a labores de investigación, no a patrullaje ni a enfrentamientos de ningún tipo.

Los tres principales móviles que aglutinan las mayores ocurrencias de las muertes violentas constituyen, en primer lugar el robo, es el móvil de 20,5% del total de muertes. Ahora bien, en segundo y tercer lugar, los móviles de las muertes se derivan de la interacción con un funcionario de las fuerzas del orden: en las entrevistas se recogió que el 17,5% de los casos se atribuyó a resistencia a la autoridad y en un 17,3% de los casos, el informante atribuyó a una ejecución extrajudicial. En este sentido, de nuevo se evidencia que la interacción con funcionarios policiales puede resultar letal en este país; dicho de otra manera: mas de la tercera parte de las muertes violentas se debe a la interacción con un funcionario de las fuerzas del orden, lo cual es un poderoso indicio de que las autoridades están abusando de la fuerza.

En la gran mayoría de los casos las muertes fueron perpetradas con armas cortas. A su vez, en el 90,9% en los casos en los que los responsables fueron agentes de las fuerzas del orden, se utilizó un arma de fuego corta, concordando con el patrón general de muertes violentas halladas en los datos. También destacan 33 casos realizados con armas largas y siete con granadas. Sin duda, el hecho de que haya civiles con acceso a este tipo de armamento, y que las fuerzas de seguridad las estén usando en contra de la población civil, habla de un uso desproporcionado de la fuerza acompañado de un descontrol de los recursos militares que posee el Estado.

Los datos aquí recolectados constituyen un potente indicio para sostener que los funcionarios de las fuerzas del orden están transgrediendo los límites que la ley les impone, abusando de la fuerza y de su autoridad. La fuerza letal estaría siendo sistemáticamente parte de las estrategias desplegadas por los agentes policiales para reclamar legitimidad y asegurar su autoridad en un contexto de colapso económico; hiperinflación; escasez de alimentos y medicinas, así como colapso de los servicios urbanos. Estas evidencias indican que en los últimos años las fuerzas estadales se han constituido en entes que violan sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos de forma impune. Los datos y el análisis presentado, develan a la policía venezolana como una de las más letales del planeta, realizando una matanza sistemática en los sectores excluidos de la sociedad. Estos hallazgos deben llamar la atención para suspender la línea de políticas militarizadas o de “mano dura” bajo la cual se vienen realizando las invasiones masivas a los barrios de la ciudad en medio de las cuales se cometen estos graves atropellos.

Estos hallazgos son también un llamado para asumir políticas de seguridad ciudadana eficaces y al mismo tiempo respetuosas de los derechos humanos y las garantías democráticas. Estas políticas deberían estar dirigidas hacia la transformación urbana, la creación de oportunidades de inclusión juvenil, el control de armas, el marcaje de municiones y la formación de una policía que use una mano inteligente en vez de una mano dura, por medio del uso de datos, la investigación policial y evidencia para dar prioridad y reducir los crímenes más graves como los homicidios.

Monitor de Víctimas: Un año de homicidios y cifras rojas en Caracas

La Policía Nacional Bolivariana es quien registra mayor cantidad de homicidios con 20%. Foto: Carlos Ramírez

Monitor de Víctimas es un proyecto impulsado por Runrun.es y la asociación Caracas Mi Convive que combina participación ciudadana con periodismo de datos, periodismo colaborativo e investigación. Tiene como objetivo recabar y analizar los datos sobre los homicidios que ocurren en los cinco municipios del Área Metropolitana de Caracas, en Venezuela

 

@fabicrisci17

EN SU PRIMER AÑO, Monitor de Víctimas registró 1.589 casos de homicidios entre mayo de 2017 y abril de 2018, lo que permite calcular que los municipios que comprenden la capital de Venezuela tienen una tasa de 47,31 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El cálculo de la tasa de homicidios se hizo en base al número de población según el Instituto Nacional de Estadísticas, que indica que en Caracas se concentran aproximadamente 3 millones 200 mil habitantes. En el municipio Libertador se calcula una tasa de 48,70 homicidios, en Sucre 63,31, en Chacao 46,03,en Baruta 20,38 y en El Hatillo 20,09.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existen en Venezuela estadísticas demográficas recientes ya que el último censo se realizó en 2011 y desde entonces la emigración masiva de venezolanos ha ido incrementándose de forma considerable.

Monitor de Víctimas halló también que en más de la mitad de los homicidios las víctimas eran jóvenes menores de 30 años, 102 eran menores de edad. La violencia en Caracas deja 1.804 jóvenes y niños huérfanos, 4 de cada 10 víctimas tenían hijos menores de 18 años.

Aunque los casos de homicidio con objeto contundente han aumentado los primeros meses de 2018, las armas de fuego fueron utilizadas en 7 de cada 10 muertes violentas. 68% del total de víctimas que murieron en Caracas durante un año fue a causa de disparos.

Los homicidios reportados como ejecuciones extrajudiciales y resistencia a la autoridad figuran como en primer móvil, con 44% de los casos. La Policía Nacional Bolivariana es quien registra mayor cantidad de homicidios con 20%.

De los 42% de los familiares que llevaron a cabo los trámites en la morgue de Bello Monte, 1 de cada 10 eran hermanos. Según lo registrado por Monitor de Víctimas 177 familias han tenido otros casos de violencia en su entorno familiar.

Los datos utilizados para la elaboración de este informe fueron recolectados por periodistas que recorren las morgues de Caracas, hablan con los familiares y verifican los datos con las fuentes policiales, con la comunidad y la prensa. Esta información es cargada en un formulario móvil, realizado por expertos con base en parámetros internacionales, y registrada en una base de datos.

Caracas Mi Convive apoya campaña Instinto de Vida

AMÉRICA LATINA ALBERGA ALREDEDOR DE 8% de la población mundial, sin embargo, concentra la mayor parte de los homicidios en el mundo, pues 38% de ellos ocurren en esta región. El problema recae especialmente en sietes países: Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Venezuela. Por esta razón, distintas organizaciones, cansadas de ver lo que ocurre en estos lugares, decidieron crear la alianza latinoamericana Instinto de Vida.

En el marco de esta campaña por la desnormalización de la violencia, las organizaciones participantes, a través de sus investigaciones, descubrieron que mediante actividades culturales y de pacificación, las víctimas lograron dejar de justificar los homicidios y comenzaron a pedir justicia por sus familiares.

Por ello, estas organizaciones comenzaron a realizar diversos eventos culturales, en cada uno de estos países, para concienciar sobre dicha problemática y generar cambios.  A partir de estas acciones,  más personas se suman al trabajo de la prevención de la violencia.

Caracas Mi Convive es una de estas organizaciones que día a día trabaja por la desnormalización de la violencia. Ve el siguiente material audiovisual donde se recaban testimonios de varios organizadores de esta campaña regional.