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Redes comunitarias frente a la censura oficial, por Roberto Patiño

@RobertoPatino 

Uno de los signos más claros de la deriva autoritaria del régimen de Nicolás Maduro ha sido el establecimiento de una política comunicacional de propaganda y censura.

El Estado cierra y hostiga medios independientes, establece una férrea restricción al acceso a internet, persigue y arresta a quienes protestan y promueve un sistema de propaganda, manipulación e ideologización que busca hacerse presente en todos los ámbitos de la cotidianidad.

La opacidad comunicacional es instrumentalizada por el poder para la generación de noticias falsas y la difamación sistematizada de grupos políticos y sociales que cuestionan o se oponen a él. Esta situación también incide negativamente en procesos de organización y articulación, así como en la difusión de iniciativas independientes.

En medio de una crisis sistémica y la pandemia de COVID-19, los venezolanos vivimos en estado de incertidumbre y desinformación, con una gran desconfianza sobre las noticias e informaciones oficiales.

Esta situación profundiza aun más la fragmentación social y dificulta los procesos convivenciales, ya que el acceso a información y la posibilidad de comunicarse se restringe y dificulta para amplios sectores del país.

En este sentido, desde el Movimiento Mi Convive reiteramos la importancia del establecimiento de redes solidarias que deben funcionar también como redes de información alternativas a las redes comunicacionales del poder. Su importancia es fundamental en varios niveles ya que estas redes permiten la comunicación no solo entre los integrantes de una comunidad sino también entre distintas comunidades.

En nuestro caso hemos establecido redes entre los líderes, que manejan informaciones generales que luego se distribuyen entre sus comunidades. Pero esta dinámica también funciona en el otro sentido, ya que gracias a la red, los vecinos pueden informar de manera inmediata sobre las situaciones que están viviendo.

Esto ha sido particularmente importante en el monitoreo de las acciones de las FAES en nuestros barrios, por ejemplo, en la que las redes han permitido recabar información real sobre las acciones así como denunciar los secuestros, ajusticiamientos y violaciones a los derechos humanos que son negados u ocultados por el Estado.

En el contexto de emergencia y cuarentena, nuestras redes han permitido a las personas el acceso a información, así como el contacto y la transmisión de experiencias entre diversos líderes y comunidades. Este ha sido un factor de enorme importancia para la continuidad de iniciativas como Alimenta la Solidaridad y Monitor de Víctimas, al tiempo que se generan fuentes de información confiables y con gran capacidad.

La reciente salida del servicio satelital de DirecTV, así como la enorme propaganda difundida por el régimen alrededor de la llegada de tanqueros iraníes al país, son la expresión del terrible proceso de desinformación y propaganda al que estamos sometidos, con un régimen que evidencia cada día más su verdadera naturaleza dictatorial y totalitaria.

Frente a esta realidad debemos redoblar los esfuerzos y las iniciativas para mejorar y ampliar redes de base que informen y comuniquen por sobre la censura y la manipulación gubernamental.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

38% de las muertes violentas de Caracas son realizadas por fuerzas policiales
El reporte Anual de Monitor de Víctimas recolecta los datos de 898 muertes violentas en el Área Metropolitana de Caracas durante 2019. Estos datos identifican los principales móviles de homicidios de la ciudad y visibilizan la letalidad policial

Caracas, mayo 2020- Hombres jóvenes que fueron sorprendidos de madrugada por operativos policiales que acabaron con sus vidas. Mujeres mayores que fueron asesinadas en sus casas para robarlas. Adolescentes que cayeron en medio de ajustes de cuenta por conflictos del pasado. Veinteañeras a quienes mataron sus parejas. Muchachos a quienes les dispararon para quitarles lo poco que tenían. Estas son las víctimas más comunes de la violencia en Caracas.

En el 2019, Monitor de Víctimas registró 898 homicidios de los cuales alrededor de 40% de los perpetradores fueron identificados como miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Un porcentaje alarmante que pone en duda el debido proceso y el respeto de los derechos humanos en Caracas.

Los robos con 17% y el ajuste de cuentas con 9% del total de los homicidios son la segunda y tercera causa de muerte en la ciudad. Estas cifras confirman que actualmente la capital venezolana es una de las más peligrosas del mundo, con ciudadanos vulnerables ante aquellos que tienen las armas.

El reporte anual de Monitor de Víctimas de 2019 es un trabajo colaborativo del medio digital RUNRUN.ES y la organización Caracas Mi Convive. Es un proyecto que combina el periodismo de datos y la participación ciudadana. Los reporteros van dos veces al día a la morgue principal de Caracas a recoger testimonios de familiares y testigos, y revisar las versiones de los funcionarios acerca de los homicidios que ocurren en el área metropolitana de Caracas.

En el informe se narran los hechos de algunos de los casos más destacados y se cuenta cómo mataron a estas personas. A su vez, se describen las características sociodemográficas de las víctimas, lo cual permite identificar poblaciones particularmente vulnerables a cada tipo de violencia en la ciudad.

La madre de una de estas víctimas de letalidad policial contó: “Tengo miedo, vivo aterrada. Si salgo y veo a alguien afuera vestido de negro comienzo a temblar”. Estas palabras expresan el terror que generan las instituciones que deberían proteger la vida de los habitantes.

El reporte profundiza en este tema y, por medio de testimonios y análisis descriptivos e inferenciales de los datos, identifica la existencia de una violación sistemática al derecho a la vida por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en Caracas.

Por esto, los invitamos este miércoles 27 de mayo a la presentación oficial del Informe Anual 2019 de Monitor de Víctimas, en la que se explicará la metodología empleada, se discutirán los hallazgos encontrados y se hará un llamado a la defensa de los Derechos Humanos y el diseño de políticas que garanticen la seguridad del venezolano.

 

 

Los bastiones de la convivencia, por Roberto Patiño*

 @RobertoPatino 

En Venezuela vivimos graves momentos de caos y colapso. La terrible conjunción de la crisis del país, sometido al modelo destructivo del régimen, y los efectos de la pandemia de COVID-19 en lo social y económico, castigan diariamente a los venezolanos.

Los testimonios de líderes y voluntarios en las comunidades hablan de la grave situación que estamos viviendo, en la que el hambre, la hiperinflación, la escasez de combustible, el colapso de servicios básicos y la violencia desbordan a las personas. Una de nuestras líderes nos relata: “La comunidad pasa demasiado trabajo, no hay agua, ni luz. No hay nada que comer, jamás me imaginé tanta hambre, miseria en mi comunidad y mi país”.

En Petare, enfrentamientos entre bandas se han mantenido por más de una semana, en medio del silencio y la inacción de cualquier autoridad. Así lo cuenta una de nuestras madres: “Las Hermanas el día de ayer se fueron de la escuela. Los vecinos se han ido. Ventanas partidas. Puertas violentadas. De noche es una boca de lobos. No dejan encender las luces a los que habitan por allí… Yo vivo en medio de las dos zonas… y vemos pasar las balas… ha sido horrible. Mis niños lloran, nos escondemos. Son horas seguidas de angustia”.

La escasez de combustible ha generado graves trastornos. Se testimonia el maltrato de efectivos asignados al resguardo y control las estaciones de servicio, el tener que hacer colas enormes, desde horas la madrugada o la noche anterior, sin saber si se recibirá el combustible o no, así como el surgimiento de situaciones ilegales en las que se empieza a establecer un mercado negro de gasolina.

La actual situación del país es la de un régimen que impone un modelo de represión y sometimiento que busca reemplazar cualquier forma de convivencia.

El Estado persigue y hostiga, criminaliza y excluye. Incluso acusa organizaciones que defienden los derechos humanos, como Provea y Cofavic, de ser “enemigos internos”.

Pero frente a esta situación debemos resaltar el esfuerzo que la gente, en comunidades y desde grupos de la sociedad civil, realiza todos los días para mantener vivos los valores convivenciales que son atacados todos los días por el poder. Las personas en la calle que a pesar de las dificultades y de la violencia, mantienen en sus vidas la luz de la humanidad y el reconocimiento del otro.

Así, frente a la situación de violencia en Petare, se toman medidas para reiniciar actividades cuando cesen los enfrentamientos. Así los afirma Andrés Schloeter: “Hoy con mucho dolor se tuvieron que retirar temporalmente de la escuela para preservar su seguridad. Sin embargo, estoy seguro de que las hermanas volverán con más fuerza a la escuela, nosotros podremos abrir nuevamente las puertas del comedor y todos juntos continuaremos al servicio de nuestra gente”. 

También lo vemos en nuestro trabajo en iniciativas como Alimenta la Solidaridad en la que vecinos se organizan en cadenas humanas de distribución para poder llevar los almuerzos en diversos sectores de una comunidad en medio de la cuarentena. En sectores de Petare como Santa Lucía, los vecinos generan grupos de apoyo para las personas de la tercera edad que no tienen acceso a alimentos y medicinas.

Como nos cuenta una de nuestras madres: “Me siento esperanzada, mi comedor no para y no parará. Me siento orgullosa de formar parte de esta gran familia de Alimenta La Solidaridad. Esto me da ánimo para seguir”.

En zonas como La Vega, la voluntad de continuar trabajando es la fuerza impulsora que ayuda a seguir día a día frente a las dificultades. Así lo cuenta uno de nuestros líderes: “Vivo matando tigres, con la moto me rebusco. Hay que ser un varón, y como sea hay que resolver. En Propatria, la gente se está organizando ante tanta tragedia, mucha hambre, miseria. No hay agua, luz, el sueldo no rinde, no hay medicamentos. Su derecho a la vida está pisoteado. Pero lo que seguimos haciendo por nuestros chamos me mantiene en pie de lucha”.

Estas son solo algunas voces que expresan la voluntad de superación de los problemas negándose a reproducir la cadena de violencia y subyugación del modelo dictatorial. Frente a la imposición de la violencia, las personas se convierten en bastiones de convivencia y solidaridad, que desde el ejercicio cotidiano de estos valores significan una esperanza cierta de que podremos atravesar la tragedia que hoy nos embarga.

* Coordinador de Movimiento Mi Convive. / Miembro de Primero Justicia.

robertopatino.com

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El futuro de la juventud en sectores populares, por Ignacio Azpúrua

@miconvive 

“Si nos quedamos achantados, nos vamos a perjudicar más”. Esto lo dice José, un joven de la Cota 905 refiriéndose a las últimas semanas que ha pasado en cuarentena. En su comunidad, para muchas personas dejar de trabajar un día significa dejar de comer, o no tener recursos para afrontar una emergencia médica.

Santiago, otro joven del mismo sector dice al respecto: “supuestamente nosotros seguimos contratados, nosotros seguimos trabajando todavía (…) Yo no entiendo mucho eso, porque el local no está generando plata y no tienen cómo pagarnos. Entonces bueno no nos pagaron la quincena, ni el CestaTicket y cómo te digo no nos han dado respuesta”.

Al decir esto, tanto José como Santiago nos hacen preguntarnos cómo afrontarán los sectores más vulnerables las restricciones sociales y económicas que se han implementado durante la pandemia. Si es común en estas comunidades que no haya agua, ni posibilidades de ganar dinero, ¿cómo exigirles que se laven las manos o usen tapabocas?

Tanto Santiago como José se encuentran en una situación crítica. Los dos forman parte del programa “Vamos Convive”, un proyecto para la prevención de la violencia de la organización Caracas Mi Convive, el cual ofrece oportunidades laborales a jóvenes excluidos de las comunidades caraqueñas.

José es un estudiante que vive cerca del punto de encuentro de la banda delictiva de su comunidad, quien comenzó a trabajar en una tienda de ropa. Santiago, por otro lado, abandonó sus estudios de bachillerato porque su familia necesitaba que comenzase a trabajar; gracias al programa, se había iniciado en un restaurante.

Ahora, en plena pandemia, y viviendo en un contexto de exclusión con presencia de bandas armadas, ninguno de los dos sabe cómo harán para llevar comida a sus hogares.

Los jóvenes de estas comunidades no pueden simplemente sentarse sin hacer nada, necesitan apoyar en sus casas. Debido a esto, en sus comunidades las medidas contra la pandemia se cumplen a medias. Muchos se han visto obligados a buscar formas alternativas de conseguir dinero o comida. Lo que comúnmente se llama “matar tigres”, como pueden ser: cargas de gas o agua, trabajar en construcciones de la zona o colaborar en abastos o mercados locales.

Todas son actividades en las que se han involucrado José, Santiago y otros vecinos, que si bien les permiten sobrevivir, también los exponen al contagio de la COVID-19.

A su vez, el futuro que estaban intentando construir al comenzar a trabajar se torna incierto. Responder a esta emergencia podría llevarlos a tomar decisiones apresuradas que los colocan en riesgo. Santiago, por ejemplo, estaba a punto de iniciar un emprendimiento para vender arepas en conjunto con su mamá, incluso había vendido su celular para poder invertir. Pero, ahora, decidieron utilizar ese dinero en comida y otros elementos necesarios.

José, por otro lado, explica que se siente inútil, como si “no pudiese hacer nada, salir a ningún lado, ni trabajar o estudiar”. Si bien José se considera un joven estudioso, se le hace difícil o hasta imposible cumplir sus responsabilidades académicas ya que ahora son online. En su casa no tiene internet ni computadora y, por la pandemia, el cibercafé más cercano se encuentra cerrado. Sabe que la situación lo obligará a repetir el semestre.

A pesar de estas dificultades, la familia y los vecinos de los dos jóvenes se han organizado para apoyarse y hacer frente a la emergencia. Esto les ha permitido subsistir hasta el momento. Entre ellos comparten comida y, en muchas ocasiones, se ayudan para conseguir “tigres” que les permitan ganar dinero. Sin embargo, al no saber la extensión de esta cuarentena, puede que llegue el punto donde la solidaridad familiar y comunitaria no sea suficiente.

En este sentido, uno de nuestros mayores temores es que resulte tentador para ellos unirse a la banda delictiva en su comunidad. Como muy bien lo expone Leonardo, uno de los líderes de Caracas Mi Convive:

“Ahora en la cuarentena los jóvenes no están ocupados. Cuando los muchachos están ociosos, están más cerca de la violencia. Ahora tienen todo el día cerca de los miembros de la banda, que son los que tienen el control territorial. Me preocupa que los vean como un ejemplo a seguir, porque ellos son los que están controlando la cuarentena”.

En el caso de la Cota 905, la banda juega un papel central en la comunidad. De día reparte comida a las familias más necesitadas, de noche, sus miembros son quienes obligan a los ciudadanos -mediante amenazas- a cumplir la cuarentena. Son un grupo que genera miedo, respeto, y tiene acceso a recursos que cada vez son más escasos. Su simple presencia en las comunidades coloca a jóvenes como Santiago y José en una situación de riesgo marcado.

Pero por suerte, nuestros temores parecen no haberse cumplido. Al preguntarle al respecto, José nos comenta: “Ahora yo hago lo que sea, pero por el buen camino, no hay nada malo ni nada por el estilo”.

Esta actitud, compartida por Santiago, es sin duda admirable. Aun con diversos incentivos para iniciarse en actividades criminales, tanto ellos como otros jóvenes con los que hemos entrado en contacto nos han demostrado su resiliencia. Lo cual nos llena de esperanza, porque nos recuerda que los ciudadanos comprometidos con la convivencia podemos superar cualquier obstáculo. Vivimos una realidad difícil, donde una pandemia se unió a una emergencia humanitaria compleja.

 Las medidas de distanciamiento social y confinamiento son necesarias, pero parecen ser muy difíciles de cumplir en contextos populares. La realidad coloca a jóvenes como José y Santiago en una situación crítica, dado que su futuro se torna incierto y las acciones que tomen en plena crisis podrían afectarlos el resto de sus vidas. Desde Caracas Mi Convive admiramos su resiliencia, pero también queremos hacer un llamado de atención ante la necesidad de políticas sociales comprensivas que les permitan a los habitantes adaptarse a la nueva realidad. El hacer que las medidas preventivas ante el COVID-19 sean viables en el país, es un paso fundamental para el futuro de nuestra juventud.el futuro de la juventud en sectores populares

 

30 días de cuarentena, por Roberto Patiño

@RobertoPatino 

Cumplimos más de un mes en la situación de cuarentena mundial frente a la pandemia de COVID 19. Esta es una situación de enorme impacto para la humanidad y se le compara con eventos tan significativos como la Segunda Guerra Mundial, por los cambios que trae al planeta.

En nuestro país, la magnitud y el carácter inédito de esta amenaza viral se suma a la emergencia humanitaria compleja que ya padecemos.

Esta semana, en medio de los rigores de la cuarentena, se agudiza la crisis de combustible y se produce una caída histórica de los precios del petróleo, hechos que anuncian tiempos más duros por venir para las personas en las comunidades: se afectarán aun más el acceso a alimentos, la movilidad y el trabajo, se profundizará la crisis hiperinflacionaria.

Muchos se aferran a la idea de que, a pesar de todas estas dificultades, pronto se verá una mejoría. Pero cada vez es mayor la conciencia de que enfrentamos grandes retos con la pandemia que se mantendrán por más tiempo. Tendremos que abordarlos a la par de la crisis social, económica, y política que nos sacude como país.

Esta conciencia debe asumirse activamente y ligarse a principios convivenciales. De esta forma se podrán generar respuestas desde la resiliencia, que efectivamente nos ayuden a comprender el momento y abordar la situación para asegurar nuestro futuro y bienestar.

En nuestro trabajo desde el Movimiento Mi Convive hemos visto la enorme resiliencia en las comunidades frente a estas realidades que estamos viviendo. Resiliencia que toma una nueva dimensión ahora que el coronavirus ha entrado en nuestras vidas.

Las iniciativas de Alimenta La Solidaridad, Monitor de Víctimas y las distintas redes que integran nuestra Red Solidaria, se mantienen gracias a la labor diaria de madres, líderes, voluntarios, comunidades y aliados.

En estados como Zulia, Falcón y Lara los comedores continúan funcionando a pesar del colapso de servicios eléctricos y de agua, en medio de una grave crisis de combustible. En La Guajira, particularmente, la entrega de alimentos se ha complicado por las trancas y protestas que allí se están sucediendo. En Anzoátegui muchos adultos de la tercera edad han sido apoyados con la ayuda de donaciones particulares, pero en Yaracuy la disponibilidad de insumos está siendo reducida, dificultando la confección de comidas con los necesarios valores nutricionales. La entrega de los almuerzos en Carabobo, que debido a la COVID-19 se hace casa por casa, debe llevarse en bicicleta, ante la escasez de gasolina.

La información acerca de los contagios está parcializada y sesgada por el régimen, y en las comunidades hay mucha desinformación e incertidumbre. En algunos casos las personas no acuden a los comedores porque se ha corrido la voz de que existen casos de contagio en su comunidad. En los comedores de Miranda, el Distrito Capital y La Guaira ha aumentado de manera significativa el número de niños que llegan a pedir alimentos.

Es necesario reconocer los esfuerzos que se realizan para lograr el mantenimiento de estas acciones convivenciales, al igual que el de otras organizaciones y grupos que continúan trabajando ahora bajo la nueva realidad de la pandemia. Y debemos continuar apoyando estas iniciativas y multiplicándolas en un contexto de deterioro cada vez mayor, producto del modelo destructivo y terminal del régimen encabezado por Nicolas Maduro.

En el Movimiento Mi convive mantenemos nuestro compromiso para la promoción activa de los principios de la convivencia, articulando esfuerzos solidarios para enfrentar la emergencia nacional ahora con la nueva realidad de la COVID-19. El encuentro de esfuerzos sinceros y eficaces dentro de un marco de convivencia debe darse para abordar los contextos de emergencia que vivimos. Solo de esta forma podemos atravesar esta situación para emerger mejores de ella. 

Pasados 30 días de cuarentena vivimos una realidad nueva y más compleja, de dificultades y retos. Frente a la incertidumbre y el temor, desde el Movimiento Mi Convive seguimos apegados a la solidaridad y la convivencia como medios principales para superar las crisis históricas que estamos viviendo.

Roberto Patiño / Coordinador de Movimiento Mi Convive. Miembro de Primero Justicia. / www.robertopatino.com

 

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La estrategia de la Policía: reprimir y sembrar el miedo en época de coronavirus

Santiago García y Héctor Navarro

@miconvive

 “Llegaron unos efectivos policiales, entraron en la comunidad y se llevaron a más de 50 personas por estar después de las 7:00 de la noche fuera de sus casas; incluso por estar parados en sus puertas. No solo jóvenes o adultos, sino también adolescentes”. Este es el testimonio de Ana, residente de Propatria, cuando denunció preocupada cómo la Policía se llevó retenido al sobrino de su novio, un adolescente de 15 años.

Pedro, residente de una comunidad de Catia, expresa a su vez que “cuando aparecen las FAES nadie discute, todo el mundo se mete a sus casas asustado”. Sus vecinos le tienen más miedo a la policía que a la pandemia.

En las últimas semanas, Venezuela y el mundo entero han vivido un cambio radical ante la COVID-19. Las calles que antes estaban congestionadas de tráfico y gente, ahora se encuentran prácticamente vacías y los negocios que no son considerados indispensables permanecen cerrados. Mantener el distanciamiento social y las actividades productivas al mínimo ha sido un reto que todos los gobiernos y ciudadanos han tenido que plantearse.

En todos estos casos las instituciones de seguridad han jugado un papel principal. Solo en Caracas se ha visto un aumento drástico de la presencia policial, con alcabalas en múltiples esquinas, donde la policía se asegura de que las personas usen máscaras e interrogan a los conductores que quieren atravesar de un municipio a otro.

Si bien es verdad que la crisis actual implica que se deben tomar medidas para asegurar el distanciamiento social, historias como las de Juan y Ana, donde la policía instiga miedo en los ciudadanos, nos hace preguntarnos cuáles son las medidas más adecuadas para resguardar la salud de los venezolanos. 

En Venezuela nos encontramos en una situación muy particular. Los organismos de seguridad, desde hace ya varios años, son conocidos por un uso marcado de estrategias que se enfocan en la represión de los ciudadanos. Los ejemplos más visibles de esto son el elevado número de operativos policiales de las Fuerzas Acciones Especiales (FAES) y el establecimiento de alcabalas a lo largo de la ciudad, como las medidas más comunes de seguridad ciudadana. Ambas medidas, además de ineficientes, se han vuelto famosas por promover violaciones de derechos y actos de corrupción por parte de la policía.

Según Monitor de Víctimas, el 40 % de las muertes en Caracas suceden a manos de cuerpos policiales. Esto solo ha promovido la desconfianza entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad.

Siguiendo esta lógica represiva, a la hora de promover el distanciamiento social (medida necesaria ante la crisis sanitaria que estamos pasando a nivel mundial), las instituciones de seguridad han hecho lo único que saben hacer: restringir y reprimir. En Catia, por ejemplo, se está prohibiendo el libre tránsito, solamente las personas con un carnet de vialidad o un salvoconducto pueden caminar por la calle, bajo amenaza de ir retenidas. Los negocios, a su vez, solo tienen permitido abrir de 8:00 a 11:00 de la mañana.

Sin embargo, la población de Catia es, en su mayoría, de bajos recursos, como afirma Jesús, otro residente de la zona: “conozco gente que vive del día a día, no salir a trabajar en la mañana significa no comer en la noche”. Debido a esto, múltiples personas deben salir de forma regular a comprar alimentos, y dado el horario restringido en el que pueden operar los comercios, durante tres horas se aglomeran grandes cantidades de personas en un solo lugar.

“Es frustrante, porque quieren que te encierres en tu casa sin información, sin saber la razón de las medidas o qué es lo que se viene. Todo debe cerrar y el que salga va preso, o sea, intimidación a los venezolanos. ¡Nosotros sabemos que estamos en una pandemia! Y que debemos tomar previsiones. Pero tampoco quiere decir que tienen derecho a la agresividad… a violar nuestros derechos… y tampoco proponen soluciones, hay gente mayor y personas que necesitan comprar a diario”, dice Jesús.

Es importante destacar que el distanciamiento social es necesario, sin embargo, las medidas de restricción y represión son inviables en contextos de bajos recursos. Como dice Pedro: “O te mueres de hambre o te mueres del virus”.

Las medidas tomadas están desconectadas de la realidad y necesidades que tienen los venezolanos. Abrir los negocios durante 3 horas al día promueve focos de contagio. Amenazar y meter presas a personas genera miedo entre una población que necesita resolver las necesidades básicas en su día a día.

Las instituciones de seguridad deberían ser organismos que inspiren confianza, que tengan la capacidad de organizar a las comunidades para que mantengan las medidas de sanidad, así como para dar información veraz y útil a la población.

Vivimos una época de incertidumbre, en la que es necesario tomar múltiples previsiones para contener la pandemia. Sin embargo, la realidad de muchos venezolanos presenta unas condiciones críticas, por lo cual sencillamente apuntarles con una pistola para que se queden en casa no es justo ni suficiente. Es un momento en el cual resulta imprescindible que los gobiernos mantengan una comunicación abierta con la ciudadanía para que puedan tomar previsiones y promover medidas ingeniosas que tomen en cuenta las necesidades de las poblaciones más vulnerables. 

Caracas Mi Convive

Caracas Mi Convive es una organización que ha implementado un modelo de intervención social orientado a la prevención y reducción de la violencia delincuencial en las comunidades vulnerables del municipio Libertador de Caracas. Parte de la idea de la convivencia como la antítesis a la violencia y en la posibilidad de conseguirla a través de la organización comunitaria y el fortalecimiento de los liderazgos locales.

Roberto Patiño fundó Caracas Mi Convive en 2013, actualmente, este movimiento social forma parte del equipo técnico en el área de políticas públicas de seguridad ciudadana de Plan País. Cada uno de sus proyectos promueve el derecho a la vida desde diversas aristas: las personas, los espacios, la reparación, y la investigación y comprensión de los patrones de violencia de la ciudad.

Sus actividades se ven reforzadas por el trabajo conjunto que realizan junto con Alimenta la Solidaridad y Sustento, lo que los convierte en una red de iniciativas de formación multidisciplinarias. Las tres iniciativas creen en la transformación social a través de la participación ciudadana y su incidencia en las políticas públicas, para construir una Venezuela democrática, productiva y solidaria. La apuesta es que, con ello, sea posible la Caracas de la convivencia.

www.miconvive.com

 

Un tercio de los homicidios de Caracas se concentran en 12 calles
Las Culebras de Caracas es una investigación que contrasta dónde ocurren los homicidios en Caracas con la percepción de la violencia de los niños de La Cota 905

@cisnerosrincon

Caracas, abril 2020.- “Son las culebras que muerden, escupen veneno y matan gente. Les tengo mucho miedo”. Cuando los adultos hablan de los ciclos de venganza que muchas veces conducen a la muerte, en las comunidades más vulnerables de Caracas, usan frases como “tienes una culebra” o “lo mató una culebra”. Ese concepto le ha hecho creer a los niños de La Cota 905 que existen animales peligrosos que matan a las personas en su comunidad. Esas “Culebras” lo hacen vivir con el miedo constante de que sus familiares puedan ser las próximas víctimas.  

En una investigación realizada por la organización Caracas Mi Convive, se reflejan los dibujos realizados un grupo de infantes cuando se les pidió ilustrar aquello que no les gusta de su comunidad. Los resultados demostraron que existe un conocimiento preciso sobre tipos de armas, drogas y su consumo, además de hacer énfasis en las formas de violencia que, a más de uno, le ha quitado a familiares o amigos. También las “culebras” tuvieron mucha presencia.

Ignacio fue uno de los participantes. Tiene 8 años y en su dibujo esbozó culebras, a su familia llorando y sin dinero para comprar comida, peleas en su comunidad y enfrentamientos violentos entre bandas y policías. Como Ignacio, existen decenas de niños que están de forma constante, expuestos a la violencia armada. Elementos presentes que se han vuelto no solo su realidad sino cotidianidad.

Pero, eso no es todo. El estudio Las Culebras de Caracas contrasta también la geolocalización de 1.967 muertes violentas ocurridas en el Área Metropolitana de Caracas, que fueron registradas por el observatorio de homicidios, Monitor de Víctimas. Así, con esta investigación conjunta con Caracas Hotspots fue posible identificar que un tercio de los homicidios de Caracas se concentran en solo 12 puntos de la ciudad.

Es decir, en palabras de Guillermo Sardi, psicólogo y coordinador general de Caracas Mi Convive, “podemos corroborar que no toda Caracas es violenta, hay focos de violencia en la ciudad”. Son zonas delimitadas, conocidas como: Hotspots. “Si se enfocan las estrategias y recursos en estos lugares, se podría tener un efecto masivo en los niveles de violencia de Caracas”, asegura el estudio.

Las personas que más sufren las consecuencias de la violencia son las que viven en asentamientos urbanos no planificados y, por tanto, se encuentran en un contexto de exclusión social. En estas zonas viven familias con poco acceso a servicios y recursos, lo que las coloca en una marcada situación de vulnerabilidad. Familias como la de Ignacio, que buscan sobrevivir en un entorno de emergencia humanitaria compleja. 

¿Dónde quedan las 12 calles que concentran el 34% de los homicidios de Caracas?

  1. La Cota 905
  2. Propatria: Estación de metro
  3. Ciudad Tiuna, El Valle
  4. Plaza Sucre
  5. Las Acacias
  6. Carapita, Antímano
  7. Barrio Zamora, El Valle
  8. Los Jardines, El Valle
  9. Mamera, Antímano
  10. Las Mayas
  11. Macarao, Las Adjuntas
  12. Caricuao

La investigación previa de Caracas Mi Convive sobre los puntos calientes, realizada en conjunto con la plataforma ArcGIS, Caracas Hotspots, analiza las estructuras físicas de los puntos calientes. Entre las características comunes, encontraron:

  1. Deterioro del espacio físico, con calles y aceras rotas y estructuras destruidas.
  2. Escaso o inexistente mantenimiento, con alta concentración de basura y falta de limpieza.
  3. Iluminación precaria.
  4. Aceras y vías de acceso en mal estado para su uso.
  5. Falta de interés tanto de las autoridades como de los habitantes para mantener o arreglar el espacio.

Además, la urbanista Oriana Medina, del equipo de Caracas Mi Convive, explica que “cuando el deterioro urbano no permite el encuentro entre los habitantes, las personas dejan de comunicarse. Esto implica que los vecinos se aíslan en sus casas ante los actos violentos, en lugar de organizarse para buscar soluciones a estos problemas. La incapacidad de establecer planes conjuntos en las comunidades con espacios deteriorados es otro aspecto que promueve la violencia”.

 

Pueden leer las investigaciones completas en:

Las Culebras de Caracas: La ciudad vista desde los ojos de los niños

Caracas Hotspots

Reingeniería policial: la depuración necesaria
De acuerdo a la ENCOVI 2017, casi 50% de los ciudadanos califican el trabajo policial como malo o muy malo

En Venezuela, la desconfianza existente hacia los cuerpos de seguridad del Estado es una creencia compartida y extensa entre todos los ciudadanos, quienes perciben a los funcionarios policiales como una amenaza y no como grupos de apoyo y resguardo a la vida.

Esta última premisa alcanza el 90% en ciudadanos que residen sectores populares y 84% en los sectores medios y altos (LACSO-OVV, 2015).

Además, para 2017, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2017), casi 50% de los ciudadanos califican el trabajo policial como “malo” o “muy malo” y el 65% de los venezolanos optaba por la no denuncia del delito como respuesta ante la inseguridad.

No obstante, en los últimos años el deterioro de los organismos y su relación estrecha con el crimen, se ha ampliado de forma alarmante.

Según los datos de Monitor de Víctimas en 2018, 50,04% de los homicidios son responsabilidad de fuerzas de seguridad del Estado y las ejecuciones extrajudiciales fueron el móvil del homicidio más reportado (27% del total de homicidios en el Área Metropolitana de Caracas). Además, son reiteradas las denuncias y reclamos ciudadanos que vinculan a los funcionarios policiales en distintos delitos.

Esta percepción y actuación negativa de los policías se ha instaurado en el poder. En Venezuela una primera forma de abordar esta problemática consiste en hacer un proceso de reingeniería del personal policial con el objetivo de desmontar el nivel de penetración del crimen que ha tenido dentro de los organismos de seguridad.

Por ello, desde la Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive, nos hemos planteado cómo se debería dar este proceso de reforma y depuración policial, basado en experiencias similares en países de la región y la reorganización interna pertinente para mejorar el funcionamiento de los organismos de seguridad.

La depuración colombiana

El proceso de reforma policial en Colombia dio inicio con la llegada al poder del presidente César Gaviria en 1993. Para ese momento, la policía colombiana se encontraba altamente contaminada por organizaciones criminales relacionadas con las mafias del narcotráfico y la desconfianza ciudadana hacia los policías era rotunda. Por lo que la situación de violencia era abrumadora y tenía a la sociedad colombiana aterrorizada por los incesantes actos terroristas que eran perpetrados en las grandes ciudades de Colombia. (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

El presidente Gaviria asignó la responsabilidad de llevar a cabo esta gran reforma y limpieza policial al entonces ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda. Este último, encomendó la creación de dos grandes “comisiones” de carácter consultivo, una interna y otra externa. En el marco de estas ambas instancias, se aprobó una ley y cincuenta decretos para aplicarla. (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

En los años siguientes, específicamente entre 1995 a 2001, se abrió el espacio para un amplio proceso de depuración policial . Como eje fundamental de esta “limpieza policial”, fue el denominado “Programa de Transformación Cultural y Mejoramiento Institucional” cuyo Plan de Transparencia permitió la depuración interna, otorgando atribuciones especiales a través de dos decretos presidenciales, al director general de la policía. Particularmente, estos decretos dieron una “facultad discrecional” al director general de la policía de despedir a un policía según la recomendación de los dos comités creados para ello, el Comité de Evaluación de Oficiales Superiores y el Comité de Evaluación de Oficiales Subalternos, sin la necesidad de pasar por una investigación en su contra (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni Kerpel, 2009).

Gracias a este proceso de depuración y transparencia policial, según lo reseña el investigador Pablo Casas Dupuy , hubo un impacto importante a lo interno de la institución y se logró elevar la imagen de la Policía e inculcar la consecución de la transparencia y el rechazo policial. Para 2002, casi diez despúes de comenzar la depuración, 72% de los colombianos tenían una imagen favorable de la policía; en 1993, solo 21% valoraban positivamente la acción policial.

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