Banco Central de Venezuela archivos - Runrun

Banco Central de Venezuela

Justicia británica decidirá quién tiene autoridad sobre el oro venezolano
La sentencia podría conocerse a finales del mes de junio

El pleito por el oro que el Banco Central de Venezuela (BCV) tiene depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) pica y se extiende. ¿La razón? La Alta Corte de Comercio y Propiedad de Inglaterra y Gales decidió iniciar un procedimiento para determinar quién tiene la legítima autoridad sobre el instituto emisor venezolano, si Nicolás Maduro o el Gobierno interino encabezado por Juan Guaidó.  La suerte del preciado metal tendrá que esperar.

La decisión la adoptó la instancia judicial en la audiencia celebrada el pasado 28 de mayo, en la cual rechazó celebrar un juicio “expedito” para decidir si ordenaba al BoE a vender las 31 toneladas de oro, que Venezuela tiene depositadas en sus instalaciones, y que el  dinero efectivo (930 millones de euros o más de US$ 1.000 millones) se transfiriera al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin de combatir los efectos de la pandemia del covid-19, tal y como lo solicitaron los abogados del BCV por orden de Maduro.

La Corte, en cambio, resolvió celebrar no antes del 22 de junio una audiencia para “resolver unos asuntos preliminares”, como definir quién tiene autoridad sobre el BCV y cuál directorio del instituto emisor puede pedirle al BoE que venda el oro, si el encabezado por Calixto Ortega Sánchez o el designado por la Asamblea Nacional.

Ortega Sánchez fue designado presidente del instituto emisor por Maduro en julio de 2018, pero esta decisión no contó con el visto bueno de la Asamblea Nacional, como lo exige la Ley Orgánica del BCV sino que fue avalada por la cuestionada Constituyente.

El nombramiento, que fue rechazado por el Parlamento, se produjo dos meses después de los comicios presidenciales del 20 de mayo, cuyos resultados no fueron reconocidos ni por la oposición ni por los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea (UE) y ni de buena parte de América Latina, que abrieron las puertas para la imposición de sanciones a funcionarios y a la administración madurista.

Por su parte, en julio de 2019 el Parlamento designó una directiva ad hoc integrada por Ricardo Villasmil, Ruth de Krivoy, Manuel Rodríguez, Nelson Lugo y Giocoma Cuois, en base al Estatuto para la Transición dictado por el Legislativo.

Un día antes de la audiencia preliminar en Londres, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia 67, volvió a declarar “írritos” los nombramientos hechos por la Asamblea nacional.

Ambos cantan victoria

La decisión del Tribunal británico fue saludada por el procurador especial, José Ignacio Hernández, quien calificó como una victoria. “El régimen de Maduro mintió diciendo que tenía un arreglo con el PNU listo para usar el millardo de euros para el covid-19 y pidió a la Corte un juicio expedito e hizo ver que tenía el aval del BCV. El Banco de Inglaterra negó que hubiera tal acuerdo y pidió que el Gobierno de Guaidó fuese citado. La Corte le dio la razón al Banco de Inglaterra y al Gobierno de Guadió y negó la petición, pues primero debe decidirse quién es la autoridad legítima del BCV. Es una derrota para Maduro, quien había hecho creer que tenía todo listo para recibir el millardo”, explicó el jurista.

Por su parte, el abogado del BCV, que representa al Gobierno chavista, Sarosh Zaiwalla, negó que los hayan derrotado aún, por cuanto el juzgado londinense todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Sin embargo, admitió que se producirá un debate que poco interesaba a su cliente. “Para el 22 de junio se resolverán una serie de cuestiones preliminares, uno de los cuales es quién tiene la autoridad sobre el BCV, a quién debe prestar atención el Banco de Inglaterra. Hay una directiva que fue la que depositó el oro y otra directiva ad hoc designada por Guaidó, quien tiene el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido”, informó por correo electrónico el jurista.

Ante la caída del ingreso petrolero, producto del colapso de los precios y de la producción nacional, el oro se ha convertido para las autoridades venezolanas en una alternativa fundamental puedan sortear las sanciones y así adquirir bienes y servicios en el exterior. Uno de los casos más recientes ha sido de la gasolina adquirida a Irán, la cual habría costado nueve toneladas del preciado metal.

Las 31 toneladas de oro que el BCV tiene depositadas en el Banco de Inglaterra, desde 2008, permanecen congeladas debido a las sanciones que Washington ha impuesto al régimen de Maduro; y por lo visto seguirán allí un tiempo más.

Londres negó petición de Maduro de tomar control sobre el oro del BCV
El procurador especial del gobierno interino, José Ignacio Hernández, señaló que el Banco de Inglaterra acordó iniciar el procedimiento sumario para determinar cuál es la autoridad del BCV

La Corte de Londres acordó este jueves 28 de mayo determinar la autoridad que representará al Banco Central de Venezuela (BCV) para solucionar la liberación del oro que mantiene retenido el Banco de Inglaterra.

A través de un comunicado compartido por el procurador Especial de la República, designada por el gobierno interino, José Ignacio Hernández detalló la información.

“El día 28 de mayo se celebró una audiencia en la cual la Corte (de Londres), acogiendo los argumentos de la junta administradora ad-hoc del BCV y el Banco de Inglaterra, acordó iniciar el procedimiento sumario para determinar cuál es la autoridad que puede representar al BCV, que iniciará no antes del 22 de junio”, señaló Hernández.

 

Además, Hernández explicó que esto permitirá el caso del oro venezolano retenido debido a las sanciones.

Sobre el oro, señaló: “El régimen de Maduro pretende apropiarse de cerca de 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato swap de oro”.

Demanda al Banco de Inglaterra

El pasado 20 de mayo el Banco Central de Venezuela demandí al Banco de Inglaterra para obligarle a liberar cerca de 1.000 millones de dólares en oro venezolano.

La propuesta del BCV es que los fondos se transfieran al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de forma que estén gestionados por la Organización de Naciones Unidas.

Según la denuncia, estos fondos se destinarían a la compra de suministros como los equipos médicos necesarios para combatir el COVID-19.

Con información de El Pitazo

Ministerio del Comercio actualiza precios acordados de productos
Los precios se expresan en unidades, kilogramo, litro y gramos, el monto total es de 16 millones de bolívares aproximadamente

El Ministerio del Comercio presentó este miércoles 7 de mayo la actualización en los precios de productos acordados por el gobierno.

A través de la red social Twitter, el Ministerio del Comercio compartió la imagen de los nuevos precios de productos acordados.

Según se puede ver en la imagen, los precios están expresados en bolívares y petros, más no en divisas.

De acuerdo con todos los precios, se expresan en unidades, kilogramo, litro y gramos, el monto total es de 16 millones de bolívares aproximadamente.

Los precios en petros de la imagen se anclaron al tipo de cambio oficial que publica diariamente el Banco Central de Venezuela.

Vale recordar que el gobierno chavista anunció que a partir del 1 de mayo el salario mínimo aumentaría a 400.000 bolívares mensuales.

Asimismo, según el anuncio, además del sueldo base, el bono de alimentación sería incrementado también a 400.000 bolívares.

A continuación se presenta la lista de precios:

Reservas internacionales de Venezuela cayeron a $6.630 millones
En los últimos meses ha sido una constante la caída de las reservas internacionales lo cual según los expertos dificultará la defensa del cono monetario

El Banco Central de Venezuela reporta en su portal que las reservas internacionales se ubican para el 2 de enero en 6.630 dólares, lo que representa una caída de 779 millones de dólares en comparación al último reporte emitido por el ente financiero el 27 de diciembre pasado que las establecía en $7.409.

Si se suman los recursos del Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM), que se ubica en apenas tres millones de dólares, las reservas se ubican en 6.633.

El gobierno chavista de Nicolás Maduro lleva varios años sin hacer ningún aporte al FEM, lo cual ahora le resulta cuesta arriba debido principalmente a la caída de la renta petrolera.

Este monto cada vez mas se aleja de la cota de $10.000 millones que llegó a tener el BCV en algún momento. Además, las reservas operativas del BCV se encuentran en niveles cada ve menores.

Lea más en Tal Cual

La dolarización es la respuesta a la crisis según expertos
Uno de los expertos afirman que Venezuela está en el cierre de un año “difícil” debido a la caída económica

Para el miércoles 11 de diciembre el dólar paralelo se cotizó en  47.598,88 bolívares, significa que el valor subió 0,34% con respecto a la publicación anterior de Bs 47.435,79, es decir Bs 163,09, según varios monitores.

Por su parte, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó en su portal la tasa de la divisa que se oferta en las mesas de cambio, la cual se situó en Bs 44.610,46.

De acuerdo con el economista Francisco Rodríguez, “definitivamente” la dolarización es la solución a crisis económica que atraviesa Venezuela.

“Esta insurgencia de la dolarización es lo que Maduro no ha podido controlar y se da por vencido ante ella. Sin embargo, lo que yo propuse hace dos años era legal y formal. Lo que está pasando es muy desigual. Está creciendo mucho la desigualdad”, dijo.

 

Por su parte, el economista Luis Bárcenas, expresó: “Estamos al cierre de un año difícil, el sexto de caída económica, donde nos hemos topado con este “bienestar” de la dolarización transaccional”.

Asimismo, reiteró que el 2019 ha sido un año difícil, donde los venezolanos han pasado de la escasez al bajo poder adquisitivo además de la dolarización transaccional.

Bárcenas considera que existe una contracción muy fuerte del consumo y la demanda pero aún continuamos en hiperinflación en Venezuela.

La cesta Petare, que agrupa ocho alimentos básicos y que mide el comportamiento de los precios en esa populosa zona del este de Caracas, reportó un aumento de 6,02%, con un precio de Bs 722.000, lo que equivale a $15,89 o 7,83%

Con información de El Universal

El Saime da un tiro de gracia a derechos a la identidad y al libre tránsito
Transparencia Venezuela ha recibido 60 denuncias durante 2019

 

En los últimos años obtener un pasaporte se ha convertido en una pesadilla para los venezolanos dada la escasez de material para elaborarlos, las múltiples debilidades del sistema automatizado y el establecimiento de procedimientos engorrosos e ineficientes. Como si esto no fuera suficiente, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) complicó más el trámite al incrementar en más de 3.500% las tasas que los ciudadanos deben cancelar para obtenerlo, dando así un tiro de gracia a derechos constitucionales como la identidad y el libre tránsito. 

Desde el 19 de noviembre el monto para hacerse con un pasaporte pasó de 160.000 bolívares a nada menos que 5.890.270 bolívares, mientras que el trámite de prórrogas – que las autoridades vienen emitiendo debido a la falta de insumos para atender la demanda- subió de 80.000 bolívares a 2.945.486 bolívares. Este es el tercer ajuste en 2019. 

Estos montos se traducen en el pago de US$ 203,44 por el documento nuevo y US$ 101,72 por la prórroga, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), lo cual convierte el pasaporte venezolano en el más costoso de la región, de acuerdo a una investigación realizada por Transparencia Venezuela.

En Colombia, por ejemplo, el precio del pasaporte ordinario es equivalente a US$ 48,22, en Chile US$ 113,67, en Perú US$ 29,21, en Panamá US$ 100,06, en Brasil US$ 61,28, en Uruguay US$ 88,72, en Ecuador US$ 70 en Bolivia US$ 81.05, en Paraguay 29,82 y en Guatemala US$ 50. En otros países los precios varían dependiendo de su vigencia y tiempo de entrega, como en México donde oscila entre US$ 31,52 y US$ 137,97, en Honduras entre US$ 20 y US$ 50 y en Argentina entre US$25,16 y US$ 200.  

En medio de la crisis humanitaria compleja que vive el país, donde el ingreso mínimo está calculado en menos de 10 dólares, el pasaporte- documento requerido por miles de venezolanos que deciden emigrar – es inalcanzable para la gran mayoría. 

Denuncias en incremento 

Desde 2016 los avances en materia de identificación alcanzados bajo el gobierno de Hugo Chávez se vinieron abajo debido a la incapacidad de las autoridades de mantener el sistema automatizado o adquirir, en países como Alemania, las tarjetas electrónicas para los pasaportes. Los venezolanos han tenido que someterse a horas de calvario en largas filas o recurrir a gestores y mafias dentro del propio Saime para conseguir ese documento, indispensable para viajar fuera del país. 

Ya son 60 las denuncias recibidas por Transparencia Venezuela durante 2019 sobre irregularidades en el Saime, en su mayoría por retrasos en la entrega del pasaporte o prórroga (20), fallas en el sistema (16) y corrupción de funcionarios (7).

En cuanto a las fallas en el sistema, Transparencia Venezuela ha recogido las siguientes irregularidades: falta de asignación de citas, inexistencia o eliminación del trámite, notificación de entrega de prórroga sin que se haya hecho efectiva, estancamiento en la fase de datos dactiloscópicos, impedimento para solicitar nuevas citas. También se observa que muchos ciudadanos están esperando por la entrega de su pasaporte desde 2017. Estas son situaciones que generan incertidumbre sobre el funcionamiento del sistema automatizado y la capacidad del Saime para la tramitación y entrega oportuna de pasaportes y prórrogas a la ciudadanía.

En el limbo 

La crisis de los pasaportes que viene sufriendo el país al menos desde hace un lustro implica una doble violación. Por un lado, se pone en entredicho el artículo 56 de la Constitución, que no solo establece que todos los venezolanos tienen derecho a la identidad, sino que obliga al Estado a suministrarles los documentos para comprobarla, entre ellos el pasaporte. 

Asimismo, se está vulnerando el ejercicio del artículo 50 de la Carta Magna, que establece que “toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias”. 

Un importante porcentaje de los millones de venezolanos que en los últimos años han dejado el país debido a la feroz crisis económica y política lo han hecho sin contar con los documentos vigentes, en particular el pasaporte, lo que los expone a situaciones de riesgo como caer en manos de redes criminales. Por ello países de la región como Colombia, Ecuador, Perú o los mismos Estados Unidos han aceptado los ya caducos o los que han sido renovados. 

En julio de 2019 el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en su condición de encargado de la Jefatura del Estado, emitió un decreto mediante el cual extendió por cinco años la vigencia de los pasaportes emitidos “sin que sea necesario ningún trámite adicional”. 

Pese a la flexibilidad mostrada por algunos gobiernos, la carencia de documentos hace más vulnerables a los venezolanos residentes en el exterior, porque los coloca en situación de indefensión al impedirles solicitar permisos de residencia o visas, trámites para los cuales es necesario tener documentos vigentes.

El Banco Central de Venezuela publicó una nueva resolución en la que autoriza el ajuste de los créditos comerciales al comportamiento de la tasa de cambio oficial. Al sincronizar los préstamos en bolívares con el precio del dólar, si éste sube, el saldo a pagar en bolívares también sube y absorbe la ganancia cambiaria, desestimulando así la especulación en divisas.

La combinación de bajas tasas de interés, creciente inflación y alza permanente del dólar hizo de la especulación cambiaria un gran negocio. Tras la fachada de créditos comerciales, agrícolas o industriales un torrente de bolívares iba a parar al mercado paralelo, presionando el precio de la divisa.

Endeudarse con tasas de interés muy por debajo de la las tasas de inflación para comprar un televisor, una nevera, una lavadora o simplemente dólares, resultó ser un gran negocio que se hizo a expensas del activo de la banca, cuyos préstamos a cobrar en bolívares se derritieron como cubitos de hielo bajo el voraz fuego inflacionario.

Para muestra un botón: en 2017, a la tasa de cambio oficial de entonces, el activo de la banca en bolívares equivalía a $ 12.120 millones, pero al cierre de septiembre de 2019 apenas llegaba a $ 259 millones. A medida que subía la tasa de cambio, la expresión en bolívares del total de créditos era cada vez menor.

Ahora se aprueba la indexación de los créditos en bolívares a la evolución de la tasa de cambio oficial, pero esta medida -que si bien protege los activos de los bancos-, se hace a expensas de los deudores que no podrán pagar los créditos, si la tasa de cambio se dispara. Así, quien haya comprado a crédito una secadora, probablemente tendrá que vender la lavadora para poder pagar el saldo deudor, evitar que éste siga creciendo y no tener que vender también el televisor.

Al indexar los créditos a la tasa de cambio y limitar la demanda de créditos dirigido a la adquisición de divisas, ciertamente se frena el tipo de cambio, pro también encarece el financiamiento al sector comercio y al aparato productivo en general.

 

La resolución del BCV establece que, en adelante, los bancos deberán expresar el crédito otorgado en una unidad de cuenta llamada Unidad de Valor de Crédito Comercial (UVCC). Es como una especie de Unidad Tributaria cuya expresión en bolívares se irá ajustando al ritmo de la devaluación. La UVCC resulta de dividir el monto del crédito en bolívares entre el llamado Índice de Inversión (IDI), el cual aumentará al ritmo del precio del dólar. Por ejemplo, si la devaluación es de 25% en el primer mes, el índice base de 100% sube a 125. En otras palabras, si a Ud. le prestaron Bs. 100.000, con la indexación del crédito al ritmo de la devaluación, al mes siguiente Ud. deberá Bs. 125.000 y así sucesivamente.

El gran riesgo es que, aunque en términos de UVCC se mantenga constante, en términos de bolívares no se establecen límites al incremento del capital adeudado. Y en caso de una variación desproporcionada del tipo de cambio, el saldo deudor en bolívares alcanzará montos impagables, mientras que si lo que ocurre es una reducción del tipo de cambio, el capital adeudado no puede ser menor al monto del crédito otorgado.

Los créditos indexados son buenos para la banca en tanto protegen sus activos de la hiperinflación y la devaluación, pero también representan un riesgo de impago que puede acarrear un grave daño en la calidad de su cartera crediticia. Quien no facture en dólares estará condenado al sobreendeudamiento.

Para proteger su patrimonio, la banca se concentrará en el crédito comercial indexado al dólar y exigirá garantías en divisas. Solo los exportadores o grandes clientes corporativos con capacidad de traspasar los costos financieros a los precios podrán asimilar este esquema. El resto de los préstamos, como el financiamiento al consumo mediante las tarjetas de créditos, tenderá a desaparecer.

 

La medida afectará sobre todo a los comercios que cobran sus ventas en bolívares pero luego pagan el crédito indexado que aumentará al ritmo de la tasa de cambio. En consecuencia, como nadie que tenga un crédito querrá vender su mercancía en bolívares, la medida de indexar los créditos comerciales a la evolución del tipo de cambio oficial generará presiones para acentuar la dolarización del comercio, del crédito y de la economía nacional.

@victoralvarezr

Dos años de hiperinflación rampante gracias a las contradicciones del BCV (I)
Las causas que originaron una economía venezolana en hiperinflación no solo continúan presentes, también el BCV y el gobierno aplican nuevas acciones que imprimen velocidad a los precios

Dos años cumple la economía sumergida en un proceso hiperinflacionario que a todas luces continuará. Desde que se inició en noviembre del año 2017, las autoridades monetarias y financieras han creado una serie de medidas para estabilizar los precios de los bienes y servicios y del tipo de cambio paralelo. Sin embargo, otras actuaciones tanto del Banco Central de Venezuela como de la administración de Nicolás Maduro continúan incentivando la inflación, mostrando una vez más las claras contradicciones en el manejo de la política macroeconómica del país.

Con estos 24 meses, Venezuela además integra la lista de los países con hiperinflaciones más duraderas, subiendo al lugar número 8, luego de Nicaragua cuyo proceso tardó 58 meses en superarse, seguido de Grecia, Ukrania, China, Rusia, Angola y Azerbayán. Pero también la nación petrolera lidera en 2019 otro ranking: es la única economía con hiperinflación en el mundo.

De acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV), el índice nacional de precios ha cerrado cada mes entre dos a tres dígitos desde que el país entró en hiperinflación. En septiembre pasado finalizó en 52,2% lo que significó una tasa acumulada desde enero de este año de 4.679,5%. Mientras que desde noviembre de 2017 hasta ahora la variación alcanza 9.679.280,18%.

Siga leyendo en Tal Cual