Había llegado a la presidencia de su país en 1990, mediante unas elecciones libres, secretas, constitucionales. Dos años después, el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori, como Presidente del Perú, disuelve mediante decreto el Congreso Nacional de esa nación, obviamente, con el puntual apoyo de las Fuerzas Armadas. El Poder Judicial peruano ya estaba totalmente al servicio y órdenes del jefe de gobierno. Fujimori había ganado la presidencia por amplia diferencia, pero su partido había quedado en minoría en el poder legislativo. Ello, a la vista de liderazgo continental, garantizaba el equilibrio de poderes, necesario en toda democracia. Pero Fujimori no supo afrontar tal realidad institucional y le pide a esa Asamblea Nacional poderes especiales, amplios. Esta se los niega y consolida lo que se denominó “el fujimorazo.” Hoy Alberto Fujimori cumple dos condenas que le suman 32 años de prisión. Tiempos nefastos esos años noventa para la democracia, que Nicolás Maduro nos vuelve a actualizar 24 años después haciendo de nuestro TSJ su bufete de abogados particular, una extensión político-partidista, para anular las facultades del poder más representativo del pueblo de toda nación: su parlamento. Los únicos elegidos por ese pueblo -Maduro y los diputados, no los magistrados-  al que ahora “apela” para aprobar sus desaguisados comenzando con los reales del Tesoro y su uso. No nos resulta difícil imaginarnos el destino del presidente Maduro una vez que se encuentre desalojado, por votos, del Palacio de Miraflores. Ya hoy lo señalan como dictadorzuelo en pleno…