El reporte de The Economist sobre el tráfico de drogas en Venezuela aparecido en la edición del 7 de Octubre de 2011

Hugo Chávez parece imperturbable ante las acusaciones de complicidad de su gobierno con el crimen organizado

Opositores del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, están esperando ansiosamente el juicio de Walid Makled, empresario extraditado de Colombia hace cinco meses. Antes de que él fuera enviado a casa para enfrentar cargos de tráfico de drogas, el señor Makled declaró que tenía 15 generales venezolanos, al hermano del ministro del Interior y a cinco legisladores a favor del gobierno en su nómina de un millón de dólares mensuales. Descrito por un abogado de Estados Unidos como el “rey de los capos,” el señor Makled es buscado en Nueva York por el supuesto envío de toneladas de cocaína procedentes de Venezuela. Como prisionero de los servicios de seguridad de Chávez, el señor Makled se ha quedado en silencio. El juicio, que comenzará pronto, puede o no puede ofrecer más revelaciones.

El presidente dice que las acusaciones del Sr. Makled forman parte de un complot de los Estados Unidos que busca socavarlo. Desde que Chávez expulso a la DEA en 2005, el gobierno de Chávez insiste en que está decomisando más drogas que antes.

Pero sus propias cifras muestran una caída de casi la mitad de la cocaína incautada entre 2005 y 2010. Las Naciones Unidas dice que Venezuela es la fuente de más de la mitad de la cocaína incautada en el mar rumbo a Europa. Funcionarios estadounidenses dicen que más del 90% de las aeronaves que transportan la cocaína colombiana salen de Venezuela.

Las autoridades venezolanas culpan de todo esto a la geografía, señalando que su país se encuentra junto a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína. Tarek El Aissami, ministro del Interior, dice que desde que la DEA salió de Venezuela ha detenido y entregado a otros países 69 traficantes de alto nivel, muchos a Estados Unidos. Sin embargo, el negocio sigue en su apogeo.

Al igual que en otros países de tránsito, el consumo de drogas y la guerra de pandillas están creciendo en Venezuela. Pero no se asemeja a la de la guerra contra las drogas en México, que es un conflicto entre el estado y el crimen organizado. Algunos expertos sugieren que en Venezuela esto se debe a que los dos han establecido un modus vivendi.

El señor Makled acusó a las fuerzas armadas de operar cuatro o cinco vuelos de drogas por día desde la frontera con Colombia a Centroamérica. Entre los generales que nombró como sus cómplices se encuentra el comandante de las fuerzas armadas, el jefe de inteligencia militar y el director de la Oficina de Lucha contra las drogas. Dos ya estaban en la lista negra del Departamento del Tesoro de EE.UU.  por su presunta complicidad con la guerrilla colombiana en el tráfico de drogas. Este mes, un tercer general, también nombrado por el señor Makled, se unió a ellos: Cliver Alcalá, jefe de la guarnición de Valencia. Venezuela rechazó esto como “una expresión más del carácter imperial y arrogante” de los Estados Unidos.

La sospecha de la complicidad del alto nivel del gobierno en el tráfico de drogas se ha agravado debido a la confusión oficial sobre un incidente ocurrido en agosto en el que una avioneta aterrizó en una carretera de la costa en el estado occidental de Falcón. El jefe de la policía de Falcón dice que sus hombres respondieron a una llamada de emergencia y fueron emboscados por el CICPC. Después de dos semanas contradictorias en las declaraciones oficiales, Chávez admitió que el avión había despegado desde el aeropuerto militar de Caracas. La operación, dijo, había sido una “entrega vigilada”: es decir los agentes se hicieron pasar por traficantes para atrapar a los verdaderos criminales. Pero ¿quiénes son?

Las únicas personas detenidas por el caso son cinco policías, tres civiles (transeúntes, dicen sus abogados) y un sargento de la guardia nacional. Los medios de comunicación venezolanos han revelado que la policía de Falcón sí respondió a una llamada de emergencia, y que ninguno de los policías detenidos tiene un estilo de vida que sugiere ingresos del tráfico de drogas.

Mientras tanto, ninguno de los funcionarios de alto nivel nombrados por el señor Makled se encuentra bajo investigación. Las autoridades venezolanas tienen ahora dos oportunidades distintas para mostrar en la corte su compromiso para frenar el tráfico de drogas sin temor ni favoritismo. Parece improbable que los tomen.