ESTE ES UN ANÁLISIS IMPORTANTE de la situación económica venezolana con especial referencia a la escasez de alimentos y las recientes medidas del régimen de Hugo Chávez que a juicio de los economistas, comerciantes, empresarios e industriales agrupados en Consecomercio lo que hacen es agravar la situación alimentaria.

El informe, sin autoría específica, se titula ¿Economía de guerra? pues compara las medidas tomadas como si acaso estuviéramos en un caso similar. Derrumba con claridad las premisas propagandísticas del gobierno:

¿Economía de guerra?

Cuando hay guerras, internas o externas, el Estado, en nombre de todos, comienza a tomar decisiones drásticas. La primera de ellas tiene que ver con la sustitución de la elección individual de mercado por la colectiva, porque la logística militar no puede dejarse a la libre elección del consumidor, y por eso, el gobierno reelabora las prioridades nacionales, abriendo un espacio privilegiado a las necesidades de la guerra, ‐ el abastecimiento militar ‐, sin que por eso se pueda olvidar a la economía civil. A los efectos de garantizar decisiones rápidas y eficientes, el Estado se abroga el derecho de aplicar un paquete de “controles jerárquicos” que permitan garantizar el abastecimiento: requisición de la propiedad personal y jurídica, emisión de órdenes de producción, establecimiento de precios, inspección contable de registros e imposición de la información obligatoria, y la fijación de adjudicaciones y prioridades (Miller, 1949). El racionamiento es la lógica que priva en una “economía de guerra”.

En el caso venezolano, se está aplicando el mismo paquete, sin que la condición que supone la validez de su aplicación se haga presente, porque Venezuela no se encuentra en guerra. Empero, esta situación fáctica se ha intentado sustituir por el discurso belicista y confrontador, perfectamente acoplado a la identificación de los actores típicos del mercado (empresarios) como supuestos enemigos del proceso, y conspiradores “confesos” de la huelga general y el golpe de abril de 2002. El estado de confrontación interna le ha permitido al gobierno adelantar esa estrategia, y tener algunas ganancias políticas al mantener cohesionado al “pueblo chavista”, sin entender que el esquema aplicado trae consigo tres invitados indeseables: la inflación, la escasez y el racionamiento. Como al fin y al cabo buena parte del alto gobierno está constituido por militares, es mucho más confortable para ellos actuar en el marco de esa lógica, intensamente prescriptiva, que confiar razonablemente en el logro de resultados armoniosos a través del funcionamiento del mercado. Esta peculiar opción militar y socialista de control estricto del mercado, como si Venezuela estuviera en guerra, ha producido inflación, escasez y desabastecimiento, y como en toda economía de guerra, la única receta a mano para administrar estos dos efectos perversos ha sido el racionamiento.

Los analistas políticos no han dejado de advertir ciertas paradojas del momento económico actual. La primera de ellas es la apreciable disposición de recursos en manos del gobierno; no se puede explicar la escasez y el desabastecimiento por insuficiencia de recursos. La segunda, que complementa a la primera, la ausencia de una oposición política que tenga la capacidad y la disposición de obstaculizar los planes y propuestas económicas del gobierno, como suele ocurrir en países que cuentan, por ejemplo, con parlamentos pluralistas; por lo tanto, el gobierno no puede invocar la obstaculización de sus planes económicos por los partidos de oposición. La tercera, que la escasez está concentrada en ciertos rubros y no en otros, casualmente aquellos en los que hay controles de precios y otras restricciones al libre mercado, por lo que tiene que considerarse al menos la posibilidad de la ocurrencia de efectos contraintuitivos producidos por la política instrumentada. La cuarta, un incremento acelerado del presupuesto de divisas, que no se corresponde con el desabastecimiento, por lo que cabría suponer problemas institucionales, deterioro de la confiabilidad de los procesos, y corrupción.

Todos estos aspectos solamente pueden ser explicados si el análisis se centra alrededor de la validez y la pertinencia de un sistema inadecuado de controles. De lo que se trata es de validar si el diagnóstico es correcto, si las soluciones provistas son pertinentes, si las alternativas no pueden ser más eficientes socialmente, si los costos de oportunidad para el gobierno comienzan a ser de obligatoria consideración, a los efectos de la gobernabilidad, y si no hay demasiada contaminación ideológica en la construcción social de la realidad que propone el gobierno.

El gobierno está entrampado. La SUNDECOP terminó de paralizar a la economía. Diciembre es un mes que por lo general es de zafra para el comercio. Pero no hay suficiente respuesta. Hay un drama subterráneo. Nadie sabe cuáles van a ser los precios de control, que finalmente se van a dictar unilateralmente el 15 de enero, y por lo visto, la confianza en la sensatez del gobierno es tan pero tan baja que muy pocos apuestan a que impere la sensatez. ¿Qué van a hacer con inventarios de productos negociados a un precio si luego el gobierno va a fijar precios por debajo de los costos? Los 19 productos de primera necesidad se han convertido en una papa caliente. Así se produce la escasez que el gobierno quiere combatir. Así se invoca al racionamiento. Esta guerra la está perdiendo el bolsillo del venezolano.

Hay que recordar dos leyes de hierro de la economía: Nadie se involucra en una actividad económica que no le permita mantener una expectativa razonable de lucro. Las industrias y las empresas son el resultado del esfuerzo personal y del compromiso económico de sus promotores, que solo les serán retribuidos al madurar la inversión en el mediano plazo.

Nadie se involucra en una actividad empresarial, si la inversión en infraestructura, equipos, inventarios y talento humano no se corresponden con el respeto a los derechos de propiedad sobre los activos. Cuando los derechos de la propiedad son constantemente impugnados, las empresas que siempre tiene una lógica de largo plazo, se convierten en negocios de corto plazo o muchas veces abandonan la actividad empresarial.

Por eso muchos chavistas sensatos no se explican esta guerra e instituciones como el Credit Suisse advierten que el 2012 será más inflacionario aun, porque “la Ley de Costos y Precios Justos, que hará más férreo el control de precios, no será efectiva para reducir la inflación…”. Giordani ríe…