3 x 3 | Las concesiones que haga el gobierno no van a disparar el entusiasmo - Runrun
3 x 3 | Las concesiones que haga el gobierno no van a disparar el entusiasmo
Mientras promete acabar con los protectorados y el CNE habilita la tarjeta de la MUD, al mismo tiempo fomenta la ley comunal, habla de una reforma judicial y funcionarios encarcelan a miembros de ONG

Francisco Zambrano

 

Por un lado, el gobierno de Nicolás Maduro ofrece la eliminación de los protectorados a las gobernaciones y alcaldías y el Consejo Nacional Electoral presidido por el rector Pedro Calzadilla habilita nuevamente la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática de cara a las elecciones regionales y municipales del venidero 21 de noviembre; por otro, el propio Maduro alerta sobre una reforma judicial encabezada por Diosdado Cabello y Cilia Flores, impulsa el proyecto de ley de ciudades comunales e imputan y encarcelan por terrorismo e instigación al odio al coordinador de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona y a dos de sus colaboradores.

A juicio del politólogo Benigno Alarcón, la abogada y ex embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez y la coordinadora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, si Maduro pretende que los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea relajen las sanciones a su gobierno, está enviando señales contradictorias.

Tanto las administraciones de Joe Biden, la de Justin Trodeau y los miembros de la Unión Europea ofrecieron una flexibilización de las sanciones al gobierno de Venezuela, siempre que muestren rasgos de democratización y transparencia en los próximos comicios regionales y unos eventuales presidenciales. Eso incluye observación internacional imparcial y condiciones justas y equilibradas para los miembros de la oposición que participen.

Alarcón, Gutiérrez y Louza responden a tres preguntas de Runrunes en torno a este tema.

¿Qué persigue la comunidad internacional con este ofrecimiento de flexibilizar las sanciones?  

Benigno Alarcón: Evidentemente lo que buscan con esto es que las sanciones sirvan de punto de partida para negociar un mejoramiento de las condiciones electorales. Ciertamente habría una flexibilización en caso de que haya concesiones importantes de cara a la integridad del proceso electoral. El problema, es que una mejora de la integridad electoral es un tema de condiciones y de oportunidad. De poco sirve que yo tenga una mejora de las condiciones si el tiempo no permite aprovechar estas mejoras. La comunidad internacional debe estar consciente de lo que la dosificación de condiciones implica para los resultados electorales, por lo cual es difícil que se hagan concesiones significativas a las sanciones si el gobierno no otorga tales condiciones de manera oportuna.  

Guarequena Gutiérrez: Valoro mucho los esfuerzos de la comunidad internacional. La perseverancia que ha tenido en atender, buscar y procurar vías para que la democracia de Venezuela pueda ser reconquistada. Más allá de lo efectivo que pudiera ser, sabemos que la situación de nuestro país es de suma importancia en cada gobierno de los países con los cuales existen lazos basados en fomentar una resolución para acabar con un régimen que viola derechos humanos. 

Laura Louza: Lo que se persigue es que la administración venezolana otorgue garantías y condiciones electorales no solo en los comicios regionales y municipales, sino también en unos eventuales presidenciales, a cambio de eso los gobiernos del extranjero estarían dispuestos a flexibilizar las sanciones, ese es el incentivo que tiene Maduro. Debemos recordar que hay sanciones personales por violaciones a los derechos humanos y corrupción y sanciones colectivas, impuestas a ciertas transacciones del gobierno, especialmente en materia energética, esa flexibilización debe ser en torno a las sanciones colectivas porque son las que afectan al pueblo. Venezuela ha sabido jugar en el tablero, vendiendo el tema de que las sanciones ha provocado la emergencia humanitaria compleja, pero todos sabemos que todo eso viene de atrás. Han maquillado la justicia en los casos de Juan Pablo Pernalete, Fernando Alban y el capitán Acosta Arévalo.  

¿Qué tan creíble puede ser un gobierno que declaró en desacato a la Asamblea Nacional electa en 2015, no la dejó legislar y creó una Asamblea Nacional Constituyente?  

Benigno Alarcón: El régimen está dispuesto a otorgar condiciones, pero esas concesiones tienen un límite en todo aquello que arriesga el control del poder. Incluso es posible que el régimen esté dispuesto a perder en algunos estados y municipios, pero lo que no creo que esté dispuesto es a generar condiciones que disparen el entusiasmo, aumenten de manera significativa la participación de la oposición y pueda traducirse en la derrota del gobierno. El régimen sabe bien, que si otorga condiciones plenas no hay forma de poder ganar las elecciones, en el caso de que la oposición participe de manera unida. Pero la unidad requiere negociación y tiempo para poder lograrse y eso el régimen también lo sabe.  

Guarequena Gutiérrez: Hay que hacer todo por un país libre, y todo significa, presionar, insistir ante el mundo por los crímenes que comete el régimen a diario y lo que ha hecho por años. Los países de la región, así como los de la comunidad europea y los demócratas venezolanos apostamos por vías que incluyan a todos los factores de la sociedad venezolana, porque la construcción legitima de un país libre necesita la mayor cantidad posible de los actores que en este se desarrollen. 

Laura Louza: El gobierno tiene que tomar acciones más concretas si quiere convencer de que está actuando en buena lid. Ellos han mostrado algunos avances, nombraron a un CNE en teoría global, habilitaron la tarjeta de la MUD, que estaba suspendida por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Es necesario también que revoquen algunas inhabilitaciones, sin embargo, el Contralor General, Elvis Amoroso, dijo que aquellos que no hicieron su declaración jurada de patrimonio no los va a habilitar, además prolongaron por un año la medida contra Acción Democrática, respaldando la junta directiva ad hoc. Maduro ofrece su palabra de que va a dejar a un lado los protectorados, pero creó un sistema jurídico alrededor de ellos.  

¿Cuál es el futuro de la oposición y qué acción deben tomar sus líderes, algunos hasta silentes?  

Benigno Alarcón: El peor escenario para la oposición es participar y ser aplastada porque va dividida o porque no logra sacar a la gente a votar. Recuperarse de una debacle así les resultara muy difícil. La comunidad internacional demanda hechos y eso se verá cuando los actores de la oposición y los expertos consultados por ellos evalúen las concesiones dadas por el gobierno. El intercambio principal se dará en la mediación, si se inicia, y dependerá de demandas concretas y la respuesta del gobierno a ellas. Creo que la dispersión del voto por la fragmentación de la oposición más una abstención importante, puede ser útil para el gobierno, especialmente si se hacen las concesiones de manera tardía. 

Guarequena Gutiérrez: Todos los esfuerzos, los medios y resultados que afloren son de altísima valía. Luchar en la calle, alzar la voz en los países donde esté la diáspora venezolana, procesos electorales con condiciones, respeto a la voluntad de la ciudadanía y tener muy claro que la ruta es un presidente democrático, que es la cabeza de un gobierno, una gestión a través de la cual se restituya el estado de derecho, que haya respeto a los derechos humanos, un país en democracia.  

Laura Louza: Hay una delegación del G4 que ha estado negociando con la comunidad internacional, hasta qué punto pueden garantizar que van a flexibilizar las sanciones y respetar la voluntad popular en elecciones, no se sabe, lo que nos interesa a los venezolanos es que se restituya la institucionalidad y el estado de derecho. Uno de los objetivos del gobierno es eludir una sentencia de la Corte Penal Internacional. Ellos pretenden hacer ver que se está siguiendo una vía democrática, pero son sumamente tímidos, el tema de fondo no cambia, al final del día se ve que la persecución sigue y lo dice el más reciente informe de la comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.