El abogado Juan Carlos Mogollón señaló que el gobierno venezolano debe informar en un máximo de 15 días a partir de que se informó de las medidas cautelares de la CIDH, cómo están cumpliendo las mismas
De acuerdo con el informe Globocan de las Naciones Unidas del 2019, para este 2020 se estimaba que la tasa de mortalidad por cáncer de mama en Venezuela sería de 3.199 mujeres. En el caso de la COVID-19, hasta el 24 de octubre, la administración de Nicolás Maduro registró 770 fallecimientos, desde marzo que se anunciaron los primeros casos
“Mami tiene que estar sana, pero mami no tiene recursos”, dijo María Alejandra Díaz, una de las beneficiarias de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH
@Andrea_GP21 / Foto: Frente Amplio Mujeres Venezuela
El pasado lunes, 19 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 12 mujeres con cáncer de mama en Venezuela, quienes han sido apoyadas por las ONG Funcamama y Senos Ayuda.
Según la resolución, la Comisión hace un exhorto al Estado venezolano a adoptar las medidas necesarias “para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las beneficiarias”.
Además, la CIDH solicita al gobierno que se dedique a esta tarea a través de medidas “inmediatas” que posibiliten a todas las beneficiarias un “tratamiento médico adecuado, incluyendo a los medicamentos”, así como los como los diagnósticos y exámenes que permitan “evaluar de manera regular su estado de salud, según los estándares internacionales aplicables y con la incorporación de una perspectiva de género”.
En el año 2019, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estimó que anualmente, en la región de Las Américas, más de 462.000 mujeres son diagnosticadas y casi 100.000 fallecen. En Venezuela quienes padecen esta enfermedad son más vulnerables debido a la crisis humanitaria compleja.
Un ejemplo claro y que llegó a muchos corazones fue el de Elizabeth Salazar, una mujer que con 65 años conmovió a todo el país en el año 2018 al mostrar uno de sus senos gravemente afectado por el cáncer de mama, que tenía en estado metastásico, frente al Ministerio de Salud.
Elizabeth Salazar, es una defensora de derechos humanos de larga data. Es una paciente con Cancer que en 8 meses no ha recibido tratamiento médico. #Venezuela #CrisisHumanitaria (v/ @sincepto ) pic.twitter.com/ckFzAS3sSH
— Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) June 5, 2018
Salazar abogó en el año 2019 para que el gobierno de Nicolás Maduro permitiera el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela para que personas como ella y con otros problemas de salud, tuvieran el acceso adecuado a tratamientos médicos.
Aunque viajó a Colombia para poder continuar con su tratamiento y esperar una mejoría, lamentablemente falleció el 30 de diciembre del 2019, dejando a millones de personas con una profunda tristeza por dicha pérdida, causada por la crisis humanitaria.
Como Elizabeth hay muchas mujeres en Venezuela en riesgo de perder la vida por falta de tratamientos y medicamentos necesarios para combatir el cáncer de mama, que esperan encontrar la luz que les permita luchar adecuadamente contra esta enfermedad.
CIDH por 12 mujeres con cáncer de mama en Venezuela
El abogado Juan Carlos Mogollón, coordinador de Redes y Activismos, y coordinador académico del Aula Virtual Cepaz, informó en una rueda de prensa donde participaron los representantes de varias organizaciones, que la solicitud fue presentada en junio del año 2019 y que una medida de este tipo se otorga cuando se identifica “un riesgo grave, inminente e irreparable de violación a algún derecho humano”.
“La Comisión tomó en cuenta las graves barreras que enfrentan las mujeres para acceder a un tratamiento médico adecuado, incluyendo la falta de acceso a tratamientos médicos. Esta situación se considera en un punto crítico en Venezuela como resultado de la crisis política, económica y social”, añadió Mogollón.
Además, aseguró que la Comisión manifestó su preocupación por la situación de salud oncológica en Venezuela y la deficiencia de los servicios públicos, al tiempo que agregó que el gobierno venezolano debe informar en un máximo de 15 días a partir de que se informó de las medidas, cómo está cumpliendo las mismas.
“Vamos a seguir monitoreando las medidas. Vamos a seguir su cumplimiento. Y también vamos a promover que si no hay cumplimiento, se está demostrando que hay una violación de los derecho humanos en nuestro país”, afirmó Mogollón.
ONG acompañando a mujeres con cáncer de mama
A propósito de las medidas cautelares que otorgó la CIDH a 12 mujeres venezolanas, Luisa Rodríguez, presidenta de la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama (Funcamama), intervino en el encuentro y diferentes organizaciones civiles, científicas y la Academia, hicieron una propuesta conjunta motivado al índice de la mortalidad por cáncer de mama, al no existir una respuesta por parte del sistema de salud venezolano, las cuales se presentaron a autoridades del gobierno venezolano.
“En Venezuela el cáncer de mama es la condición de salud oncológica de mayor incidencia y mortalidad. Es alarmante que el gobierno venezolano no haya realizado acciones eficaces y sostenibles para cambiar esta realidad, advirtió.
Asimismo, advirtió que más de 5 millones no pueden pagar los exámenes de detección temprana del cáncer de mama en la red privada, agregando que el sistema de salud pública tiene una capacidad de atender apenas al 0.5% de la población susceptible de padecer cáncer de mama en la fase de diagnóstico.
Por su parte, Nancy Cardozo, gerente general de la ONG Senos Ayuda, comentó que el promedio de muertes por esta enfermedad en Venezuela se ubica entre 54 y 65 años y que, el tratamiento para este tipo de cáncer es uno de los más costosos, señalando que se necesita un presupuesto de 9,000 dólares en promedio.
Asimismo, comentó que para hacer la solicitud a la CIDH sobre estas medidas cautelares, se debía tener el informe médico completo de todas las mujeres, que en principio eran 25, pero el grupo se redujo, pues las actualizaciones de los informes requerían presentar pruebas y exámenes cuyos costos no podían ser costeados por todas ellas.
En ese sentido, el grupo quedó reducido a seis mujeres, más las seis que estaban siendo representadas por Funcamama. Desafortunadamente, de las 12 mujeres que recibieron las medidas cautelares de la CIDH, dos fallecieron debido a las complicaciones de la enfermedad y falta de tratamiento adecuado. “No lograron sobrevivir a la enfermedad y las otras lograron completar su tratamiento con muchas dificultades”, señaló Cardozo.
“La incidencia del cáncer de mama en el mundo va en descenso, pero en Venezuela los índices de mortalidad van en aumento”, advirtió Cardozo.
A su vez, Bolivia Bocaranda, presidenta de Senos Ayuda, comentó que a partir de estas medidas, otras personas pueden plegarse a ellas, al tiempo que felicitó a todas las organizaciones involucradas en este proceso y rindió un homenaje a Elizabeth Salazar, por su lucha incansable contra esta enfermedad.
Las beneficiarias
Lery Viloria de González y María Alejandra Díaz forman parte del grupo de mujeres beneficiadas con las medidas cautelares de las CIDH. Durante la rueda de prensa de las ONG, ambas ofrecieron su testimonio para explicar cómo han sobrellevado la enfermedad.
En primer lugar, Lery Viloria comentó que le fue detectado el cáncer en el año 2017. En ese momento, sus médicos le indicaron que debía someterse a radioterapia y una terapia química durante cinco años con un medicamento llamado Tamoxifeno.
En innumerables ocasiones, Lery Viloria acudió al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), pero, según cuenta, ni siquiera le recibieron su carpeta con los recaudos porque no tenían el tratamiento. Ante eso, buscó en el sector privado, pero tampoco lo conseguía en farmacias comunes ni de alto costo. Durante un año acudió al IVSS, pero no obtuvo ningún resultado, por lo cual, con ayuda de familiares y amigos, comenzó a adquirir el tratamiento desde el exterior.
“Ya el proceso en sí de vivir esta experiencia es muy duro para nosotras como mujeres y es duro estar sometida a la indiferencia de los organismos públicos que de ninguna manera resuelven”, comentó.
Por su parte, María Alejandra Díaz fue diagnosticada en el año 2015 y señaló que fue un proceso doloroso para ella y su familia, pues era algo que no se esperaban. “Los altos costos nos llevan incluso a no hacernos los tratamientos”, dijo.
María Alejandra es madre de dos hijos y se encuentra en una situación difícil en la que tiene que luchar por su enfermedad, pero también por el bienestar de su familia. “Mami tiene que estar sana, pero mami no tiene recursos. Este proceso es bastante doloroso (…) En lo que va de año no he logrado realizarme los exámenes”, lamentó.
Cáncer de mama y COVID-19
De acuerdo con Juan Carlos Mogollón, antes de que iniciara la pandemia muchas mujeres, para poder acceder a los tratamientos necesarios, adquirían los insumos y medicamentos en el exterior, específicamente, movilizándose hacia Colombia, pero debido a las restricciones, como el cierre de la frontera, ha disminuido el acceso.
Asimismo, señaló que el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) no está entregando “de manera adecuada” los tratamientos, señalando que hay personas que tienen entre 14 y 36 meses sin recibirlos. “Esto deteriora la salud, hace que la enfermedad avance y les agrava un sufrimiento físico y psicológico a estas mujeres”, dijo.
Runrun.es consultó a una paciente de cáncer de mama que ha sido atendida por Senos Ayuda. Tiene 52 años, reside en Los Teques, estado Miranda y fue diagnosticada con esta enfermedad en el año 2018.
“El proceso fue muy difícil, porque una vez diagnosticada tenía que comenzar rápidamente con la aplicación de las quimioterapias, porque el cáncer estaba empezando a ser metástasis en la columna vertebral”, dijo.
Después de recibir el diagnóstico, acudió al IVSS, pero cuenta que las listas de espera eran muy largas y ella tenía que someterse a sus tratamientos rápidamente. También, señaló que es paciente del Hospital Luis Razzeti, donde pudo optar en principio por realizarse las primeras ocho quimioterapias, pero, al no encontrar cupo posteriormente, con ayuda de familiares y amigos comenzó a atenderse en una clínica privada. Al ver que después no encontraba los medicamentos adecuados, buscó ayuda para traerlos desde Colombia y poder aplicarlos.
Actualmente, debido a la pandemia de COVID-19, en la que se destacan restricciones y problemas de movilidad por falta de combustible, la paciente contrató una enfermera especialista que le pudiera hacer el tratamiento desde su casa, bajo la anuencia de su oncólogo.
“En principio, por la situación económica, y segundo, por la situación pandemia, falta de combustible, el difícil acceso. Yo vivo en Los Teques, para poder bajar a Caracas. En fin, no me quedó otra alternativa que contratar los servicios de una enfermera”, añadió.
Luisa Rodríguez, de Funcamama, refirió que en Venezuela la crisis humanitaria compleja y la pandemia son “la tormenta perfecta” y el efecto del COVID-19 es de “amplio espectro”, señalando las pacientes oncológicas que estaban realizando el tratamiento no lo han podido realizar por limitaciones como “medidas de aislamiento por protección, por no poder movilizarse por falta de combustible, falta de atención en los centros privados de salud y por las constantes interrupciones del servicio eléctrico”.
Por otra parte, señaló que, de acuerdo con el informe Globocan de las Naciones Unidas del año 2019, la mortalidad del cáncer de mama en Venezuela en el 2020 sería de 3.199 mujeres, proyecciones estimadas antes de la pandemia. En comparación con los decesos por COVID-19, hasta el 24 de septiembre, la administración de Maduro registró 770 fallecimientos por complicaciones del virus desde el 13 de marzo, cuando se anunciaron los primeros casos.
Privadas de libertad aún más vulnerables
María Grimán es una interna del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) diagnosticada con cáncer de seno que aún no recibe atención médica. La directiva del centro reclusorio ubicado en Los Teques, se ha negado a trasladarla para recibir tratamiento en un centro de salud.
De acuerdo con la ONG Una Ventana a la Libertad, las reclusas de este centro sufren por la falta de atención médica en el mismo. En el caso de Grimán, se difundió un video en donde se ve uno de sus senos severamente afectados y, comentó que desde hace un año le dijo a la directora del penal que tenía dolores.
A Grimán la llevaron a consulta médica en septiembre, después de casi un año haciendo esa solicitud. En el video difundido en redes, la reclusa comentó que le detectaron un tumor maligno en el seno y denunció que la directora del penal, Judith Rengifo, aseguró que eso es un tema “estético y sin importancia”, a lo cual ella mostró su mama izquierda completa, donde se ve llena de pus y completamente enrojecida.
“Me mandan a hacer unas quimio, lo cual no sé si vaya a soportar porque de verdad yo no tengo buena alimentación aquí y esto ya está grave, ya yo no aguanto el dolor (…) Por favor ayúdenme, tengo dos hijos en la calle. Yo no estoy pidiendo libertad, es mi salud, por favor, por Dios, ayúdenme”, dijo la mujer sin poder contener el llanto.
