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Restricciones a movilidad atentan contra enfermos crónicos

Francisco Zambrano
26/03/2020
Pacientes renales se ven imposibilitados de llegar a terapias de diálisis por escasez de gasolina y regulación de tránsito estipulada en decreto de estado de alarma por COVID-19

@franzambranor

En dos ocasiones esta semana, Sofía* tuvo que caminar casi 6 kilómetros desde Parque Valencia hasta la avenida Bolívar de Valencia para acudir a su sesión de diálisis. Como su terapia es a primera hora de la mañana, debe salir de casa a las 4 de la madrugada.

Sofía ha perdido 80% de la visión porque padece de diabetes. Así, casi sin poder ver, emprende camino a diario en busca de extender su vida. 

José* también es paciente renal y diabético en el estado Lara. Sufre una discapacidad motora por amputacion de miembro inferior derecho. En noviembre tuvo un accidente y se fracturó el fémur y la rodilla de la pierna izquierda, por eso amerita traslado en ambulancia. Esta semana faltó a su diálisis porque a las ambulancias privadas no les están echando gasolina.

La escasez de combustible, especialmente en la provincia, y las restricciones de tránsito estipuladas en el estado de alarma decretado por Nicolás Maduro mantienen en zozobra a miles de pacientes con patologías crónicas en Venezuela que deben acudir a tratamientos en centros de salud.

Para diciembre de 2019, en Venezuela había 10 mil 995 pacientes de hemodiálisis y diálisis peritoneal y 2 mil 698 personas trasplantadas de riñón, hígado, córnea, médula ósea y corazón de acuerdo a la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y la asociación civil Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV). Desde 2016 el gobierno no aporta cifras oficiales en cuanto a pacientes renales.

Según Codevida y ATV, para el año pasado había 144 unidades de hemodiálisis en Venezuela, 85 pertenecientes al sector privado y 59 al público. Desde junio de 2017 está suspendido el programa de trasplante del Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

“El problema de la gasolina no es de ahora, pero lo actual es grave”, dijo el coordinador de Amigos Trasplantados de Venezuela, Alfredo Cáceres.

Cáceres sostuvo que la emergencia sanitaria a raíz de la llegada del Coronavirus alertó a los pacientes de enfermedades crónicas. “El tema es que en Venezuela pega mucho más porque estamos en una emergencia humanitaria compleja”. 

De acuerdo a Cáceres, una persona trasplantada cae en un estado de inmunosupresión lo que le convierte en un blanco vulnerable de infecciones y virus. Asimismo el paciente que recibe diálisis es propenso a verse afectado por lo que está en el ambiente.

Según Cáceres, un paciente renal se somete a diálisis en promedio tres o cuatro veces a la semana. 

“Entendemos que las indicaciones de quedarse en casa son importantes para la mayoría de la población en medio de esta pandemia, pero los pacientes renales tienen que ir a su consulta. Esas máquinas son sus riñones. Si un paciente cuyos riñones no funcionan no se dializa, muere. Así de simple”, dijo Cáceres. 

Además de la escasez de gasolina, Cáceres denunció que la falta de agua potable y electricidad también atentan contra la salud del paciente crónico. 

“Hay unidades de hemodiálisis que no prestan servicio o lo hacen a medias porque no tienen agua. Somos la población más vulnerable”, indicó.

A Cáceres le preocupa las repercusiones que tenga el Coronavirus en el colapsado sistema de salud venezolano. “Qué le espera a los pacientes si no hay inversión, los precios del petróleo están por el piso y además atravesamos por una emergencia humanitaria compleja. Estamos en un panorama incierto. El riesgo de fallecer en un hospital público está hoy más latente que nunca”.

De acuerdo a un informe elaborado por Codevida y remitido al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en 2019, 2.500 pacientes renales fallecieron entre 2017 y 2018 por fallas de contaminación, déficit y cierre de unidades de hemodiálisis.

Una bomba de tiempo

A juicio de Alexander Hernández, presidente de Fundaparca, fundación contra el Parkinson, Venezuela no está preparada para la pandemia del Coronavirus.

Desde hace semana y media, la fundación que coordina Hernández no ha podido entregar medicinas a los pacientes venezolanos.

El Parkinson es una patología progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento y la coordinación motora. No ingerir el tratamiento adecuado puede causar estragos en las células cerebrales. 

“Nuestra sede queda en un conjunto residencial y nos prohibieron entregar medicamentos por la aglomeración de personas, especialmente porque la mayoría son de la tercera edad”, dijo Hernández. 

Hernández informó que en lo que va de 2020 han fallecido tres pacientes de Parkinson por falta de medicamentos.

“Los medicamentos nos estaban llegando desde España, Portugal y Estados Unidos y debido al Coronavirus esto se ha detenido”, indicó el presidente de Fundaparca. 

De acuerdo a Hernández, en Venezuela hay alrededor de 32 mil pacientes de Parkinson y 70% de esa cifra depende de lo que les suministre Farmapatria, establecimiento de medicamentos adscrito al gobierno. “Las medicinas de Farmapatria están llegando vencidas. Unas son de Colombia y otras de India”.

Para Hernández, la atención de un enfermo de Parkinson en medio de la crisis del COVID-19 es delicada porque no lo puede supervisar cualquier especialista de la salud. “Quien padece esta enfermedad tiene un protocolo muy específico con las medicinas que puede tomar, es por eso que cuando se lleva a una emergencia debe ser atendido por su médico. Es preocupante porque en Venezuela no contamos con una atención primaria digna”, dijo Hernández.  

Salir de casa o padecer encerrada 

Desde noviembre del año pasado, Edith Hernández no recibe las medicinas que toma por la rectocolitis ulcerosa que le fue diagnosticada en 2005.

La rectocolitis es una enfermedad inflamatoria de los intestinos grueso y delgado que debe ser tratada con medicamentos similares a los de una quimioterapia. 

A raíz de este padecimiento y percatarse que el Estado no le brindaba el apoyo suficiente, Edith decidió crear la Fundación Voces de Enfermedades Ulcerosas Intestinales en 2017.

“La entrega de medicamentos en la farmacia de alto costo del gobierno está suspendida. Entiendo que iban a empezar de nuevo en marzo, pero todo se cayó por lo del Coronavirus”, dijo Edith. 

Para Edith la movilidad se ha convertido en una pesadilla, especialmente en esta época de restricciones de tránsito. 

Edith vive en Cúa, estado Miranda, pero cuando viene a Caracas a buscar sus medicinas se queda en casa de su hermana en El Cementerio. 

Desde que Maduro decretó la cuarentena, Edith no ha salido del hogar de su hermana, aunque sabe que en algún momento debe hacerlo para buscar los medicamentos que toma. “Las defensas bajas es una condición casi perenne para nosotros, tengo que cuidarme, pero también vivir”, dijo.

Visibilizar el caos

Tanto Alfredo Cáceres de la Amigos Trasplantados de Venezuela como Alexander Hernández de Fundaparca consideran que hacer visible el padecimiento de los enfermos crónicos en Venezuela es una manera de avanzar en procura de lograr la intervención del Estado y organismos de cooperación internacional.

Ambos solicitaron la ayuda de funcionarios de seguridad del gobierno para permitir el libre tránsito de pacientes que deban acudir regularmente a terapias.

Asimismo los puentes que puedan tenderse entre ONG nacionales y organismos foráneos para el arribo de ayuda humanitaria al país. 

 

*Nombres cambiados a petición de los pacientes 

Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.

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