Más de 5 violaciones a la Carta Magna y a la LOPE se han registrado en este proceso electoral.
@ashfloresm
El camino hacia las elecciones regionales ha estado plagado de irregularidades legales, normativas y técnicas. El Gobierno Nacional en conjunto con el Consejo Nacional Electoral (CNE), se han encargado de realizar una pista de obstáculos para la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Primera violación: El Consejo Nacional Electoral violó los artículos 160 y 162 de la Carta Magna sobre el poder público estadal, al extender sin argumentos el mandato de 23 gobernadores y el período de 237 legisladores estadales, ya que esta elección de Gobernadores y Asambleas Legislativas no se convocó en diciembre de 2016.
Para el periodista experto en temas electorales, Eugenio Martínez, en este momento se sigue violando la Constitución «porque no se va a elegir Asambleas Legislativas y porque no hay fecha para las elecciones de Alcaldes y Concejos Municipales que debería hacerse en diciembre».
Segunda violación: Al separar la elección de Gobernadores y Asambleas Legislativas se está violando la Ley de Regularización de Períodos Constitucionales.
«Hay violaciones que pueden no ser legal, pero al final terminan siendo una violación de los lapsos de los procesos, aún no hay respuesta sobre la demanda de nulidad de la tarjeta de la MUD en 7 estados o la suspensión del referéndum revocatorio 2016, que es lo que genera esta suspensión de la tarjeta única» aseguró Martínez.
Tercera violación: El CNE realizó cerca de 20 actividades previas a la publicación del cronograma electoral, lo que en realidad significa que el proceso comenzó antes que se hiciera la convocatoria formal, violando el artículo 42 de Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE).
Para el ex rector, Vicente Díaz, esta es una de las violaciones más preocupantes, puesto que «el CNE suprimió el simulacro electoral y la acreditación de observadores nacionales, se eliminaron algunas auditorias que se venían haciendo hasta el año 2015 y no se hizo el sorteo de mesa de 2017, sino que se están utilizando los miembros de mesa de 2016».
Cuarta violación: El ente electoral convocó a los candidatos a postularse antes de hacer la convocatoria formal de la elección, lo cual viola nuevamente la LOPE. Adicionalmente, solo dieron dos días para esa inscripción de candidatos.
«La violación más clara y evidente es que el CNE no está permitiendo la sustitución de candidaturas, lo cual viola el artículo 62 y 63 de la ley orgánica de procesos electorales» señaló Díaz.
Quinta violación: El pasado 2 de octubre, el presidente Nicolás Maduro pidió al vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, investigar el origen de recursos de la Mesa de la Unidad Democrática para las propagandas televisivas de los candidatos para las elecciones regionales pautadas para el próximo, 15 de octubre.
“Vicepresidente por favor, encárguese usted de investigar esto, junto a la Contraloría ¿de dónde sale tanto dinero para pagar cuñas gobernadores y alcaldes de la oposición? tienen inundada Televen, empezando por Televen, Globovisión y Venevisión”, puntualizó Nicolás Maduro.
Esta petición ocurrió tras las declaraciones del diputado Juan Andrés Mejía, quien en rueda de prensa denunció el uso de recursos públicos por parte de los candidatos del partido oficialista (Psuv).
De acuerdo con LOPE, el único órgano competente para realizar dicha acción es el Consejo Nacional Electoral.
El artículo 293 de la Constitución vigente, señala que el poder electoral tiene entre sus funciones controlar regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos. Lo que al final del día se traduce como una gran deuda del poder electoral, ya que se desconoce la realización de algún tipo de seguimiento a estas organizaciones, incluyendo las que puedan estar usando recursos del Estado para el desarrollo de campañas electorales.
El artículo 75 de la LOPE establece la prohibición de propaganda electoral que:
- Se produzca fuera del lapso de la campaña electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral.
- Atente contra el honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas.
- Promueva la guerra, discriminación o intolerancia.
- Promueva la desobediencia a las leyes.
- Omita los datos que permitan la identificación del promotor o promotora de la propaganda electoral y el Registro de Información Fiscal (R.I.F.).
- Sea contratada o realizada por personas naturales o jurídicas distintas a las autorizadas por los candidatos y las candidatas.
- Desestimule el ejercicio del derecho al voto.
- Contenga expresiones obscenas y denigrantes contra los órganos y entes del Poder Público, instituciones y funcionarios públicos o funcionarias públicas.
- Que utilicen la imagen, sonido o la presencia de niñas, niños o adolescentes.
- Utilice los símbolos nacionales o regionales de la Patria o la imagen de los Próceres de la República Bolivariana de Venezuela, o los colores de la Bandera Nacional o regional.
- Utilice la imagen, nombres o apellidos de cualquier ciudadano o ciudadana, así como colores y símbolos que identifiquen una organización con fines políticos, agrupaciones de ciudadanos o ciudadanas, sin su autorización.
- Violente las normas establecidas en la legislación en materia de protección animal.
- Sea financiada con fondos públicos distintos a lo previsto en estas normas.
- Sea financiada con fondos de origen extranjero.
- Sea financiada con fondos privados no declarados al Consejo Nacional Electoral y al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
- Atente contra la salud mental de los ciudadanos y ciudadanas.
- Promueva estereotipos de discriminación de género o de cualquier otro tipo.
Para el politólogo y director de ORC Grupo Consultor, Oswaldo Ramírez, este es uno de los obstáculos principales para la alianza opositora, ya que los candidatos del Psuv -contrario a lo que establece la Ley- iniciaron su campaña antes de la fecha establecida por el CNE (23 de septiembre).
«No existe control alguno en el uso de los recursos del Estado para su campaña, han transmitido actos proselitistas en cadena nacional de radio y televisión; además de esto, el presidente Nicolás Maduro ha otorgado presupuesto a los candidatos para realizar obras en los estados correspondientes a sus candidaturas, como si se tratase directamente con los gobernadores electos. Si bien el régimen ha tenido la costumbre de financiar las campañas electorales, en esta oportunidad sus acciones dejan ver -una vez más- la falta de reglas claras y el ventajismo para las elecciones de gobernaciones» aseguró Ramírez.
Sexta violación: El CNE modificó el registro electoral después del cierre de la auditoria del padrón cuando eliminó 17 mil personas del Táchira y no ha informado porque eliminó 7 mil mesas de votación, es decir, cuáles fueron los criterios que se tomaron para esa medida.
A juicio de cada uno de los expertos consultados, todas estas violaciones tienen que ver con favorecer al oficialismo, en función de permitir que la hegemonía comunicacional que ellos compren o dominen claramente pueda terminar de generar mayor entendimiento a sus electores, afectando a la oposición que tiene menos recursos y tiene la necesidad urgente de conectar con el elector para que la gente vaya a votar.
Quitarle poder al poder …
El alcalde del municipio Baruta y jefe de campaña electoral de la Unidad, Gerardo Blyde aseguró que a pesar de las condiciones adversas impuestas por el ejecutivo y el CNE, la gente debe salir a votar para demostrarle al mundo que «Maduro y sus candidatos siguen siendo minoría además representan una estafa … para nadie es secreto que si se hubiera podido celebrar el referendo revocatorio del año pasado Maduro no estuviera en el cargo”.
«La herramienta más efectiva para quitarle poder al poder es votar este 15 de octubre», puntualizó Blyde.
Por su parte, la coordinadora electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, Liliana Hernández, afirmó que los venezolanos “entendieron que las elecciones de gobernadores pautadas para el próximo 15 de octubre serán una gran protesta nacional”.
“La oportunidad nos permite ratificar que nuestra decisión de cambiar de Gobierno nacional es irreversible” añadió Hernández.
Población electoral dispuesta a votar
De acuerdo con el último informe realizado por ORC Grupo Consultor, 50% de la población venezolana está favor de la Mesa de la Unidad Democrática y todos estarían dispuestos a participar en las elecciones del próximo 15 de octubre.
Por su parte, el PSUV solo cuenta con el apoyo de 30% de la población venezolana y solo 15% estaría dispuesta a votar en estos comicios.
