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En Venezuela, el plan de vacunación oficial es un inventario de opacidad. Apenas  3,8% de las 10 millones de dosis de la Sputnik V de Rusia prometidas por el gobierno de Nicolás Maduro han llegado al país, mientras se postergan las fechas para el proceso de inmunización de los venezolanos

Ni el Ministerio para la Salud ni la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención de la Covid-19 respondieron la solicitud de información sobre contratos, convenios e inversión para enfrentar la pandemia. Se desconocen las concesiones ofrecidas por Juan Guaidó para lograr la firma del “Plan de cooperación técnica para atender la crisis humanitaria del coronavirus”

Por Armando Altuve, Gitanjali Wolfermann,

Lisseth Boon y Grisha Susej Vera  

Nicolás Maduro carga sobre sus hombros un pesado expediente sobre su gestión, que sigue sumando páginas ante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Su gobierno restringe desde 2017 estadísticas epidemiológicas y otros indicadores de salud y además tomó y centralizó la vocería sobre el curso de la pandemia en el país. Las contradicciones y omisiones abundan en el discurso de los voceros oficialistas al momento de comunicar sobre el nuevo coronavirus. 

El Pitazo, Runrunes y la ONG Alianza Venezolana por la Salud enviaron el 5 de marzo de este año dos solicitudes de información: a la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención de la COVID-19, presidida por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez; y al Ministerio de Salud. A la fecha, ninguna de las autoridades ha respondido lo requerido: datos sobre los convenios y contratos; cantidades de dosis pactadas y las condiciones que ha aceptado el Estado venezolano para acceder a las vacunas.

Las mismas solicitudes fueron presentadas por medios de Perú, Ecuador, Colombia, México, Panamá y Argentina ante sus respectivos gobiernos, en el marco de la alianza “Vigila la Pandemia”, que integran Runrunes y El Pitazo. En ninguno de estos países, las autoridades acceden a mostrar los contratos con los proveedores de este insumo central. Tampoco informar las condiciones acordadas con las farmacéuticas.

En Venezuela, 193.721 personas contrajeron el patógeno , de los cuales 2.082 fallecieron por sus complicaciones, según las cifras oficiales reportadas hasta el 27 de abril de 2021. Pero el manto de opacidad que envuelve a la información oficial sobre la cifra de casos y fallecidos por COVID-19 (puesta en duda por académicos, científicos y médicos) también se extiende sobre las entregas de vacunas pactadas por el Gobierno. 

Con pocos detalles acerca del proceso, el 2 de octubre de 2020, Maduro anunció que Rusia, un histórico aliado del gobierno chavista, comenzaría a probar una vacuna en Venezuela contra el COVID-19, en el marco de la fase III de los ensayos clínicos para comprobar la seguridad y eficacia del producto. Se trata de la vacuna Sputnik V, fabricada por el Centro Gamaleya, que se aplicaría a 2.000 personas. 

Dos meses después, el 29 de diciembre, en una alocución transmitida por televisión, el gobierno de Maduro firmó el contrato para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna rusa con una inversión de 200 millones de dólares y la promesa de que en 90 días serían aplicadas a la población, con especial prioridad a médicos y otros trabajadores de salud. Pero, hasta ahora, del país euro-asiático se han traído sólo 380.000 dosis, que llegaron al país entre el 13 de febrero y el 24 de abril. Es apenas el 3,8% de lo acordado. 

Sólo garantías de confidencialidad

Sobre las cláusulas y condiciones del contrato no hay rastros. El Gobierno no ha informado, a la fecha, el monto por el que se compraron las vacunas rusas ni el mecanismo instrumentado para cumplir con el pago de los productos biológicos. Solo se sabe que el Ejecutivo aspira a comprar 25 millones de vacunas contra el coronavirus antes de finalizar 2021. Con dichas dosis, pretende proteger a 70% de la población venezolana, según declaró el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Junto a las dosis rusas, arribaron otras vacunas de fabricación china. Venezuela recibió el 2 de marzo último una donación de 500.000 biológicos Vero Cell de Sinopharm, elaborada por Beijing Institute of Biological Products. El avión aterrizó con el cargamento en el aeropuerto de Maiquetía un día después de que, sorpresivamente, el Ministerio de Salud informara por su cuenta en Twitter la aprobación del uso de la vacuna en el país como parte de los lazos de cooperación que Venezuela tiene con China. 

#Atención Venezuela ha aprobado el uso de la vacuna china Sinopharm para inmunizar al pueblo venezolano frente al COVID-19.

Gracias a la cooperación China-Venezuela atendemos la salud y vida de nuestro pueblo.#VacunaContraLaCovid19 @NicolasMaduro @drodriven2 @AlvaradoC_Salud pic.twitter.com/vQtlSUAlsI

— MPPS (@MinSaludVE) March 1, 2021

No hay detalles sobre la negociación para adquirir estas vacunas, cuyos resultados de la III fase de sus ensayos clínicos no han sido publicados en revistas especializadas. En octubre, Maduro asomó que se probaría en el país una dosis de China con “miles de voluntarios”, pero, en ese momento, no detalló cuál era la marca de la dosis.

Los pocos datos públicos impiden hacer un seguimiento de los acuerdos. En la carta enviada el 5 de marzo a las autoridades, El Pitazo, Runrunes y la ONG Alianza Venezolana por la Salud solicitaron, tanto al Ministerio de Salud como a la Vicepresidencia, una copia del Plan Nacional para la introducción y despliegue de la vacuna contra el COVID-19 de febrero de 2021. También se solicitó la copia de los convenios y contratos firmados por el Estado venezolano para la compra de las vacunas Sputnik V del Centro Gamaleya; Vero Cell de Sinopharm y las vacunas candidatas EpicVacCorona (Rusia) y Soberana 02 y Abdala (Cuba). 

La misma falta de respuesta obtuvo la organización Transparencia Venezuela, que escribió una comunicación el 22 de febrero de 2020 tanto al ministro de Salud, Carlos Alvarado, como a la Comisión Presidencial. A la fecha, la entidad sigue esperando respuestas. En Venezuela aún no ha sido aprobada una Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, pero en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente desde 1999, se establece el derecho de todo ciudadano venezolano de solicitar información a una institución o autoridad sobre asuntos relacionados con sus competencias. Los funcionarios están obligados a responder de forma oportuna y adecuada. 

Personal esencial en riesgo

Mientras el Gobierno no da información, en los hospitales no solo se alerta sobre el colapso de sus espacios por la cantidad de pacientes, sino también se reclama por las muertes, el déficit de insumos de bioseguridad y la ausencia de vacunas para el COVID19 que aún no son aplicadas a médicos y enfermeras. 

En las alocuciones oficiales, pocos datos se asoman sobre la cantidad de médicos vacunados con las dosis rusas. El Gobierno sostiene que Venezuela ha destinado 750.000 vacunas rusas y chinas a médicos y profesores. 

Pero el pasado 5 de abril, en un informe sobre Venezuela, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) informó que apenas 98.000 trabajadores sanitarios habían sido inmunizados con 250.000 vacunas Sputnik V. El número representa el 31% del  total de 315.000 miembros del personal de salud censados por la organización Médicos Unidos de Venezuela. 

Hasta el 15 de abril, Médicos Unidos de Venezuela contabilizó 485 muertes de personal de salud por COVID-19. Para ellos, las vacunas no llegaron a tiempo.

Reporte #15Abr se recibe información de 18 nuevos fallecimientos de personal de la salud con criterios para Covid-19 para llegar a 485, mientras voceros reportan 1853 fallecidos totales en el país.

Alerta: No existe control real sobre la pandemia. Exigimos declarar la emergencia pic.twitter.com/RKxeQlx6Fj

— Médicos Unidos Vzla (@MedicosUnidosVe) April 16, 2021

De los lotes de vacunas provenientes de Rusia se reservaron dosis que fueron aplicadas a diputados y líderes políticos chavistas, incluidos el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. También fue vacunada contra el virus la exprimera dama, Marisabel Rodríguez, quien estuvo casada con el fallecido presidente Hugo Chávez. Así lo dio a conocer en Twitter con una imagen que colgó, y luego borró, ante la polémica generada en la red social.

Maduro dijo en febrero que las jornadas de vacunación masiva contra el COVID-19 comenzarían en abril de 2020, pero la fecha se corrió para julio. El plan oficial contará con una vacuna cubana cuyos estudios clínicos son desconocidos. La Academia Nacional de la Medicina urgió al Gobierno a iniciar un plan de vacunación equitativo con criterios técnicos y alejado de clientelismos políticos, mientras el país cursa una segunda ola de contagios que se expande con una nueva mutación del coronavirus identificada en Brasil.

Obstáculos para el acceso al mecanismo Covax

El primero de junio de 2020, el gobierno interino de Venezuela presidido desde 2019 por el diputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, anunció al país que tras meses de negociación con representantes de Maduro habían alcanzado un acuerdo que permitiría el acceso al país de las vacunas disponibles a través del mecanismo Covax, diseñado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para garantizar una distribución equitativa de las vacunas a nivel mundial. 

#Anora Vp.Jorge Rodríguez confirma convenio firmado por el ministro de Salud “y por un sector del G4, un médico asesor de este grupo de diputados, Julio Castro, y firma como testigo de este acuerdo de colaboración Gerardo de Cosio, representante de la OPS en Venezuela”. pic.twitter.com/qI5Ga8XLQZ

— Radio Caracas Radio (@RCR750) June 2, 2020

Se desconocen las concesiones ofrecidas por Guaidó para lograr la firma del “Plan de cooperación técnica para atender la crisis humanitaria del coronavirus”, pero sí trascendió que los representantes de Maduro tuvieron que aceptar un requisito impuesto por la OPS, que según el verbatim del gobierno interino implicaba “que los actores de la dictadura se comprometieran a no poner obstáculos a la ejecución del programa y se garantizara que los recursos destinados pudiesen ser ejecutados”. 

Con ese aval en mano, a mediados de marzo de 2021 se hizo público el monto que pagaría Venezuela, a través del gobierno interino, para acceder al mecanismo Covax: $30.309.040 distribuidos en dos objetivos: 18.199.040 dólares para pagar el acceso a la plataforma Covax y otros 12.110.000 dólares para la inversión en la cadena de frío necesaria para el plan de vacunación nacional. 

Con esta inversión, la OPS garantizaba la entrega de las dosis reservadas para Venezuela: entre 1,4 millones y 2,4 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, las cuales llegarían al país a finales de marzo. 

La importancia que tiene para los venezolanos acceder al mecanismo Covax no es menospreciable, ya que a través de esa plataforma se podrían obtener hasta 12.000.000 de vacunas para inmunizar a seis millones de personas, informó el diputado Miguel Pizarro, quien funge como comisionado del gobierno interino para la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Pese a haber aceptado el requisito de la OPS, el acuerdo se fue al traste el 24 de marzo cuando la vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, informó al país que la “comisión presidencial científica ha decidido no incluirla [vacuna de AstraZeneca] en los esquemas de tratamiento en Venezuela ni en los esquemas de vacunación”. Rodríguez sostuvo que la razón para bloquear la entrada de estas vacunas eran los efectos secundarios que varios países europeos habían reportado en los días previos. 

Sin embargo, el 10 de abril (mes y medio después), la misma vicepresidenta anunció que Venezuela abonó más del 50 por ciento del pago total para adquirir vacunas a través del mecanismo Covax.

Delcy Rodríguez anunció que ya pagaron un anticipo para adquirir el fármaco a través del sistema Covax para el 20 % de la población del país (más de 11 millones de dosis) #10Abr https://t.co/HMg7iGhyBk pic.twitter.com/A7xMye8nmT

— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) April 10, 2021

“El país depositó 53.8 millones de euros, equivalentes a 64 millones de dólares, como anticipo para garantizar 20% de la vacunación de la población venezolana”, informó en una rueda de prensa. 

A doce días del anuncio de Rodríguez, el 22 de abril, Guaidó informó a través de su cuenta de Twitter que el gobierno interino había aprobado 100 millones de dólares adicionales para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Se trata de recursos del Banco Central de Venezuela que fueron congelados por el Gobierno norteamericano como parte de un paquete de sanciones contra funcionarios de la gestión de Maduro.  

“Este esfuerzo se suma a lo que ya hemos hecho poniendo a disposición el pago para entrar al mecanismo COVAX, la donación a la OPS y Cruz Roja para proteger al sector salud y el bono Héroes de la Salud. La vacuna urge en Venezuela y ratificamos nuestro compromiso en ese sentido”, explicó Guaidó. El presidente interino no ofreció detalles acerca de la fecha en la que se recibirían las vacunas o sobre la cantidad de dosis que llegarían al país tras este nuevo pago.  

Desde esta @AsambleaVE hacemos un nuevo esfuerzo para atender lo que hoy es una necesidad, aprobando 100 millones de dólares adicionales para vacunas contra la COVID-19.

Debe ingresar la vacuna sin que se discrimine con el derecho a la vida como pretende hacer el régimen. pic.twitter.com/nM3J81ABqc

— Juan Guaidó (@jguaido) April 22, 2021

Transparencia Venezuela solicitó en abril al director del mecanismo Covax para América Latina, Santiago Cornejo, que entregue información específica sobre el acuerdo con Venezuela, como cantidad asignada y cronograma de entrega al gobierno, según un comunicado de la organización. También requirió datos sobre las deudas que tiene Venezuela con la Organización Panamericana de la Salud (OPS); el monto abonado por adelantado a la alianza Gavi; “la moneda que usó el gobierno para hacer el depósito; la procedencia del dinero; la lista de los funcionarios venezolanos que participaron en las negociaciones; el plan de distribución; y los mecanismos de transparencia que se van a aplicar cuando lleguen las dosis al país”, afirmó Transparencia Venezuela. 

Bienvenidas las vacunas de los países aliados

Dos días antes de bloquear la entrada al país de la vacuna de AstraZeneca, Maduro anunció que Venezuela recibiría 60.000 dosis de los proyectos de vacunas cubanas Soberana 02 y Abdala. Serían 30.000 vacunas de cada una para participar en los ensayos clínicos de la Fase III, tal y como ocurrió con la vacuna rusa Sputnik V, que escogió a Venezuela como el primer país de América para sus estudios.

“La Soberana 02 y la Abdala son las vacunas del ALBA”, dijo Maduro en referencia al grupo de países que creó el fallecido presidente Hugo Chávez y que está integrado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, y Venezuela.

Producida por el Instituto Finlay de La Habana, Soberana-2 es una de las cuatro candidatas a vacunas contra el COVID-19 desarrolladas en Cuba. Tiene en contra que pese a estar iniciando la Fase III de los ensayos clínicos, los resultados de las fases anteriores no han sido publicados ni revisados por sus pares en revistas científicas arbitradas. Además de las 30.000 dosis que enviarán a Venezuela, también planean llevar a cabo el ensayo clínico de la Fase III en Irán. 

Nicolás Maduro autorizó que las vacunas cubanas anti-COVID-19 fuesen probadas en venezolanos a pesar de las alertas sobre la ausencia de evidencia clínica sobre su efectividad y seguridad | Cortesía: Prensa Latina. 

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, también con sede en La Habana, es responsable del desarrollo de la vacuna candidata Abdala, que también sería probada en Venezuela como parte de la Fase III. 

Tan pronto se supo que el país formaría parte de estos ensayos clínicos, tanto la Academia Nacional de Medicina como el Centro Nacional de Bioética de Venezuela (Cenabi) manifestaron su preocupación por la decisión de aplicar las candidatas a vacunas en ciudadanos venezolanos. 

“No se conocen los resultados de las Fases I y II que nos dirían si los productos son capaces de inducir en humanos un nivel y calidad de anticuerpos que pueda conferir protección contra el virus. Venezuela sufre una grave epidemia del COVID-19 y en vez de participar en pruebas de productos experimentales con características desconocidas, debe priorizar la traída al país de vacunas de reconocida seguridad y eficacia”, dijo la Academia. 

Delcy Rodríguez informó que se incorporaría al portafolio de vacunas candidatas cubanas la EpiVacCorona, otra candidata desarrollada en Rusia,  que aún no supera la Fase III de los ensayos clínicos. La vicepresidenta designada por Maduro aprovechó para confirmar que llegarían 50.000 dosis adicionales de la vacuna rusa Sputnik-V, las cuales se sumarían a las 100.000 dosis que llegaron a principio de marzo como parte de los convenios establecidos con la Federación de Rusia para supuestamente traer al país 10 millones de dosis durante 2021.

La negativa de los representantes de Maduro a permitir el ingreso de las dosis de AstraZeneca disponibles vía Covax, y la demora en la importación de la vacuna rusa Sputnik V, se enfrenta al clamor de la población venezolana que exige que comience el plan masivo de inmunización de manera inmediata, debido a la creciente ola de casos y defunciones que se ha registrado en el país. Incluso las cuestionadas cifras oficiales de la pandemia evidencian un incremento de la virulencia de la pandemia. 

Queremos contar vacunas
Queremos contar vacunados
Queremos contar personal protegidos
Queremos contar ventiladores
Queremos contar disponibilidad de insumos y medicamentos.

NO queremos contar más fallecidos.
Queremos contar contigo.#VacunasParaLosVenezolanos#SalvemosAlPersonal

— Médicos Unidos Vzla (@MedicosUnidosVe) April 6, 2021

La respuesta de los representantes de Maduro, entre ellos la vicepresidenta Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza, ha sido esgrimir la misma razón que emplean para justificar el deterioro general del país: la imposibilidad de acceder a los mercados internacionales debido a las sanciones económicas en contra de varios personeros del régimen.   

“Si Venezuela no tuviera sus recursos bloqueados, hubiésemos comprado hace tres meses las 30 millones de vacunas que le hacen falta al país”, dijo Arreza en una entrevista a AFP en Caracas.

El canciller insistió en que las sanciones económicas son la razón detrás del déficit de vacunas en Venezuela. “No solo tuviéramos 30 millones de vacunas, sino que hubiéramos vacunado a la mitad de la población si no tuviéramos los mecanismos represados en la banca internacional”, dijo Arreaza. 

*Reportaje publicado como parte del proyecto regional de la Alianza Vigila la Pandemia

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Las autoridades de Colombia, Ecuador, México, Perú, Panamá, Venezuela y Argentina se niegan a dar acceso a los contratos o suministrar información sobre las condiciones de contratación con las empresas farmacéuticas. Los pedidos surgen de una iniciativa entre medios que conforman la alianza ‘Vigila la pandemia’ y diferentes ONG del continente para que la ciudadanía conozca las exigencias e imposiciones de los proveedores internacionales para proporcionar sus vacunas contra el coronavirus

Por Alianza Vigila la Pandemia

A pesar de que se destinarán al menos 3.747 millones de dólares en planes de vacunación contra el Covid-19 en siete países de América Latina, hasta la fecha se mantiene un cerco infranqueable sobre la mayoría de las condiciones de los contratos suscritos por los gobiernos de Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, México y Venezuela con empresas farmacéuticas que producen las vacunas y las comercializan, según pudo establecer la alianza de medios latinoamericanos ‘Vigila la pandemia’, que coordina Convoca.pe.

Diferentes entidades públicas de los referidos países se negaron a proporcionar copias de los documentos contractuales e información relevante de estos acuerdos sobre las vacunas, que son un insumo central para avanzar en la batalla contra el nuevo coronavirus e inmunizar a la población mundial. En la mayoría de los casos, las autoridades se resisten a informar el precio de cada dosis, el cronograma de entregas de los productos y otros aspectos comerciales, solicitados por la red periodística mencionada a través de pedidos formales de acceso a la información, realizados entre enero y abril de este año.

El ranking de inversión en vacunas es liderado por México, que anunció que destinará 1.660 millones de dólares para la adquisición de dosis. Le sigue Colombia, con acuerdos por unos 497 millones de dólares y Argentina, en tercer lugar, que firmó hasta el momento contratos por más de 478 millones 254 mil dólares. Ecuador, por otra parte, alcanza el cuarto puesto, con la cifra de 458 millones de dólares.

Perú es el quinto país de la lista que más fondos destina a las vacunas: 408 millones de dólares. Luego, Venezuela, con más de 230 millones 309 mil dólares, según los datos analizados por ‘Vigila la Pandemia’. Los montos por país fueron obtenidos, en la mayoría de los casos, a través de información oficial proporcionada por cada Estado a pedido de la alianza de periodistas y diferentes ONG, así como mediante el registro de anuncios, comunicados e información oficial.

México: Cláusulas con fecha de vencimiento

En México, donde se proyecta el desembolso de 1.660 millones de dólares en vacunas anticovid-19, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos para adquirir las dosis, con el argumento de que hay acuerdos de confidencialidad suscritos con las farmacéuticas, de acuerdo con resoluciones oficiales analizadas como parte de este proyecto periodístico.

En ese país, la reserva de información, que incluye a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación, está garantizada por al menos diez resoluciones de los comités de transparencia de la Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores. A la fecha, México tiene acuerdos y contratos suscritos con los laboratorios Pfizer, de Estados Unidos; AstraZeneca, del Reino Unido; CanSino y Sinovac, de China; y Sputnik V, de Rusia. Todos los esquemas —salvo el de CanSino— requieren la aplicación de doble dosis.

La primera resolución para reservar la información de la compra de vacunas fue tomada por el gobierno mexicano en septiembre de 2020, en relación a un convenio suscrito con los laboratorios CanSino Biologics y Walvax Biotechnology de China.

Desde entonces se garantizaron una serie de reservas tanto en la Secretaría de Salud como en la Cancillería, que protegen la información de todas las farmacéuticas con las que se han suscrito acuerdos, convenios o contratos para la inmunización. Todas las resoluciones argumentan que hay un acuerdo de confidencialidad y que la difusión de información pone en riesgo, además, la seguridad nacional.

Para mantener esa situación, que alcanza la operación del programa de vacunación, la Secretaría de Salud mexicana alegó que la información podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”. En México, los registros de muertes por la pandemia superan los 200 mil y más de 2.3 millones de contagios.

Velo chavista

En Venezuela, para el gobierno de Nicolás Maduro la falta de transparencia es una postura oficial. Lo que se conoce de los estragos de la pandemia en este país es en base a discursos de voceros oficialistas que emiten información con gruesas omisiones e incluso contradictoria. Las estadísticas epidemiológicas y otros indicadores de salud están restringidas desde 2017 por disposición del Gobierno.

No obstante, con el fin de conocer sobre los contratos, cantidades de dosis y las condiciones aceptadas por el Estado venezolano para acceder a las vacunas contra el Covid-19, la alianza “Vigila la pandemia” envió el 5 de abril último dos solicitudes de información: a la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del Covid-19, presidida por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez; y al Ministerio de Salud. A la fecha, ninguna de las autoridades ha enviado respuesta.

El 29 de diciembre, el gobierno de Maduro firmó el contrato para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, fabricada por el Centro Gamaleya, con una inversión de 200 millones de dólares. Pero, hasta ahora, del país euro-asiático se han traído sólo 380.000 dosis, que llegaron al país entre el 13 de febrero y el 24 de abril. Es apenas el 3,8% de lo acordado.

De la escasa información oficial, ha trascendido que Venezuela aspira a comprar 25 millones de vacunas contra el coronavirus antes de finalizar 2021. De esa manera, se busca proteger a 70% de la población venezolana, según declaró el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Además, el 2 de marzo último, este país recibió una donación procedente de China: 500.000 biológicos Vero Cell de Sinopharm, elaborada por Beijing Institute of Biological Products. Los detalles del convenio sobre este producto chino, cuyos resultados de la Fase III de sus ensayos clínicos no han sido publicados en revistas especializadas, también permanecen bajo reserva.

De los lotes de vacunas provenientes de Rusia se beneficiaron con la inmunización diputados y líderes políticos chavistas, entre ellos el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. También, la exprimera dama, Marisabel Rodríguez, quien estuvo casada con el fallecido presidente Hugo Chávez.

El primero de junio de 2020, el gobierno interino de Venezuela presidido por el diputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, anunció al país que habían alcanzado un acuerdo con Maduro que permitiría el acceso al país de las vacunas disponibles a través del mecanismo Covax Facilty y trascendió que los representantes de Maduro tuvieron que aceptar un requisito impuesto por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que según la versión oficial del gobierno interino implicaba “que los actores de la dictadura se comprometieran a no poner obstáculos a la ejecución del programa y se garantizara que los recursos destinados pudiesen ser ejecutados”.

Con ese aval en mano, a mediados de marzo de 2021 se hizo público el monto que pagaría Venezuela, a través del gobierno interino, para acceder al mecanismo Covax: 30 millones 309 mil 40 dólares para acceder a 12 millones de dosis. Sin embargo, el acuerdo fracasó el 24 de marzo cuando la vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, informó al país que la “comisión presidencial científica ha decidido no incluirla [vacuna de AstraZeneca] en los esquemas de tratamiento en Venezuela ni en los esquemas de vacunación”. Esa es la marca que Covax Facility se encuentra distribuyendo en la región.

 Evasivas en Perú

En el Perú, donde más de 153 mil personas fallecieron por la pandemia y cerca de 1 millón 800 mil se contagió con el virus, el gobierno transitorio de Francisco Sagasti ha realizado contratos o acuerdos para compra de vacunas por al menos 408.8 millones de dólares, de acuerdo información difundida por el Ministerio de Salud.

En tal sentido, el Ejecutivo ha suscrito contratos con tres laboratorios: Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Además, firmó un convenio con la iniciativa Covax Facility, que busca garantizar el “acceso equitativo” a las vacunas en el mundo.

Pfizer se lleva el principal acuerdo con Perú: el contrato es por 237.6 millones de dólares a cambio de 20 millones de dosis, según información oficial. Se estima que el costo por cada dosis sería de 11,88 dólares.

El segundo acuerdo más importante en Perú es el de Covax Facility, aunque ésta actúa como intermediaria con distintos productores de vacunas. Se le abonará 106 millones de dólares por dosis destinadas a 6.6 millones de personas. Sigue en la lista, el contrato por 39.2 millones de dólares por 14 millones de dosis con AstraZeneca, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

El acuerdo con Sinopharm es por 26 millones de dólares a cambio de un lote de 1 millón de dosis, es decir 26 dólares la dosis.

Para acceder a los contratos y conocer sus condiciones, la alianza ‘Vigila la pandemia’ envió pedidos de información al Ministerio de Salud, al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y al Ministerio de Economía y Finanzas. Ninguna de estas entidades respondieron de forma positiva sobre el valor de cada dosis, bajo el argumento de que esta información se encontraba restringida por las cláusulas de confidencialidad de los acuerdos contractuales. Los contratos suelen incluir garantías extra al valor de las vacunas.

Cenares evitó contestar respecto a los cronogramas de entrega de los productos de las mencionadas farmacéuticas. El organismo público señaló que esos datos estaban clasificados como confidenciales por decretos de urgencia emitidos para facilitar la adquisición de vacunas anticovid-19 y también se amparó en la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa misma explicación dio el gobierno de Argentina: las fechas de entrega acordadas son secretas.

“La publicación de esta información no podrá afectar los acuerdos y/o cláusulas de confidencialidad de la información, por tiempo determinado, que haya suscrito el Estado para la compra de vacunas contra la COVID-19”, indicó la entidad citando la norma vigente.

El 15 de enero pasado, el Gobierno emitió el Decreto de Urgencia N° 003-2021, el cual señala que la información referida a este tema debe ser publicada en el portal oficial del Ministerio de Salud. Se trata de “información de alcance general, en el marco de su labor de prevención de la pandemia y la aplicación del programa de vacunación o similares, respecto a las vacunas contra el Covid-19”.

En relación a las vacunas se han presentado irregularidades e incluso hechos de posible connotación ilícita. A inicios de febrero último, se reveló que dosis experimentales de la vacuna de Sinopharm fueron aplicadas indebidamente a decenas de funcionarios, pues las dosis tenían como destino a los voluntarios y científicos que participaban en el ensayo clínico en Fase III del producto chino. Entre los implicados se encuentran el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzetti, y otros exfuncionarios que incluso participaban en las negociaciones para comprar lotes de vacunas a Sinopharm.

Negativa en Colombia

El gobierno de Iván Duque ha destinado 497 millones de dólares en total para la adquisición de vacunas, de acuerdo con el análisis de cuatro resoluciones oficiales disponibles. Sin embargo, estas disposiciones no informan el número de dosis que es posible comprar con ese monto desembolsado. Tampoco incluyen todos los laboratorios que Colombia ha contratado para avanzar en su plan de inmunización.

Como parte del proyecto periodístico ‘Vigilia la pandemia’, se hizo un pedido de información al Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (encargada del manejo de los recursos en la emergencia). Pero los funcionarios de estas entidades aún no han proporcionado datos ni registros sobre las condiciones impuestas por los laboratorios al Estado colombiano en los contratos por las vacunas.

La respuesta oficial del Ejecutivo es que no se puede entregar información alguna en relación a los convenios, contratos, cantidades ni condiciones de las vacunas adquiridas por la existencia de acuerdos de confidencialidad.

Este argumento fue esgrimido también para contestar de forma negativa a otras peticiones de información realizadas por medios de comunicación, congresistas y organizaciones de la sociedad civil, además de órdenes de jueces.

El gobierno de Colombia ha comprado 66.5 millones de dosis de la vacuna anticovid-19. Esa cantidad alcanzaría para inmunizar al 78.8% de la población del país (porcentaje que equivale a 37 millones 750 mil personas), de acuerdo con cifras oficiales.

En el Plan Nacional de Vacunación se estima que vacunar a cada colombiano costará 21 dólares. Según las previsiones de compras divulgadas por el propio Ejecutivo, el objetivo va más allá de lo que el gobierno colombiano ha comprado: la meta es vacunar a 27.7 millones de personas (para alcanzar la inmunidad del rebaño). A 21 dólares cada persona (dos dosis por habitante), se requeriría de unos 582 millones de dólares.

Silencio oficial en Ecuador

En Ecuador, la administración presidencial de Lenín Moreno dispuso la asignación de 108 millones de dólares del erario público para la vacunación de sus ciudadanos, así como la obtención para ese fin de alrededor de 350 millones de dólares de parte de organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. En total, el gobierno ecuatoriano busca destinar unos 458 millones de dólares, según surge de los datos oficiales. Se conoce que se llegó a acuerdos comerciales con los laboratorios Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

En la búsqueda de los detalles de las contrataciones de vacunas, la alianza periodística latinoamericana presentó dos solicitudes de acceso a la información pública el 24 y 25 de febrero último, pero el Ministerio de Salud nunca respondió. Así, permanecen en la nebulosa los datos sobre las condiciones de los contratos y convenios que el Estado ha aceptado ante los proveedores de vacunas.

La falta de información alcanza al plan de vacunación del país, respecto al cual el mandatario Lenín Moreno ha brindado declaraciones contradictorias. Moreno dejará el cargo el 24 de mayo y lo entregará al nuevo presidente, Guillermo Lasso, electo en segunda vuelta el domingo 11 de abril. Durante su campaña, Lasso se comprometió a vacunar a nueve millones de personas en 100 días.

Hasta el momento, Ecuador recibió 11 lotes, por un total de 1 millón 498 mil 410 dosis que deberían servir para llegar al 8.6% de la población, pero menos del 1% ha sido inmunizado.

Argentina: información a medias

En el caso de Argentina, donde se suscribieron contratos por al menos 478 millones de dólares para acceder a cerca de 59 millones de dosis de vacunas anticovid-19, el Ministerio de Salud considera que desclasificar los contratos con los laboratorios proveedores y la difusión de las condiciones de estos acuerdos comerciales “pone en riesgo la salud y la vida de los y las habitantes” en suelo argentino.

Esa fue la respuesta de la entidad estatal ante una solicitud de acceso a la información pública realizada el 19 de marzo por elDiarioAR en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), como parte del proyecto ‘Vigila la pandemia’.

Ante nuestra solicitud de información, del 14 de abril, el Ministerio de Salud reconoció que los proveedores de las vacunas contra el coronavirus impusieron las cláusulas de secreto y confidencialidad para poder concretar la compra-venta. Estas alcanzan los cronogramas de entrega, los pagos por adelantado y dejan en evidencia la falta de sanciones ante posibles incumplimiento por parte de las farmacéuticas, según permitieron reconstruir fuentes con acceso al contenido de los contratos.

En el país se sancionó además una ley especial para legalizar la firma de estos contratos de vacunas COVID.19. La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas).

Además, como en México, este país también dictó resoluciones especiales para garantizar el secreto. En este caso, se trata de dos disposiciones del Ministerio de Salud.

“El cronograma de entregas se encuentra (también) incluido en el marco de los contratos que, debido a sus cláusulas, revisten carácter confidencial”, alegó el ente público sobre uno de los aspectos centrales que permitiría saber si los proveedores están cumpliendo con lo pactado con el Estado.

El Ministerio de Salud solo accedió a informar sobre la cantidad de dosis contratadas; las compañías y organizaciones con las que se celebraron convenios; las fechas en que se firmaron y los precios por unidad, como se adelantó en la publicación del domingo último.

El gobierno de Alberto Fernández firmó cinco contratos, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, para acceder a 58 millones 924 mil dosis de parte de AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India), es decir un promedio de 10.62 dólares la dosis por habitante. Los números permiten concluir que los proveedores solo entregaron el 16,4% de las vacunas comprometidas (9.683.143 dosis), de acuerdo con cifras oficiales hasta el 28 de abril. Si este jueves se completa el envío de Sinopharm, entonces las entregas llegarían al 16,7% de lo contratado.

Según pudo establecer la investigación de “Vigila la Pandemia”, las cláusulas de confidencialidad aceptadas por Argentina incluyen no sólo el acceso a los distintos contratos sino también a la correspondencia entre los funcionarios y las compañías; el contenido de las negociaciones.

 Caso panameño

En Panamá, el gobierno de Laurentino Cortizo ha negociado la compra de más de 9 millones de dosis de vacunas de empresas farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca y también mediante la iniciativa Covax Facilty, pero no responde a los pedidos para acceder a los contratos con estos laboratorios a pesar de que deberían ser públicos, según la norma vigente. La información oficial de enero último habla de una inversión total de 76 millones de dólares en vacunas contra el Covid-19.

Desde el 30 de diciembre, el diario La Prensa requirió al Ministerio de Salud copia simple de los contratos suscritos por el Estado panameño. Sin embargo, transcurridos los 60 días que establece la Ley de Transparencia panameña para responder peticiones extensas, no se facilitó información alguna.

Esta misma solicitud la efectuó el abogado Ernesto Cedeño, pero a la Contraloría General de la República —que por normativa digitaliza toda la información del Estado— y también lo pidió la organización Fundación para la Libertad Ciudadana. Hasta la fecha, tampoco fueron atendidas ninguna de estas dos solicitudes.

Como vemos, este panorama nos habla de la pandemia del secretismo en América Latina a pesar que están en juego miles de millones de dólares en la adquisición de las vacunas para inmunizar a la población del continente.

(*) La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 149.718.851 infectados y 3.152.702 muertos en todo el mundo.

Aquí las 7 noticias más relevantes de la mañana:

Bélgica da un primer paso hacia el desconfinamiento de la cultura

El Teatro Real de Flandes abre el camino a desconfinar la cultura en Bélgica con una prueba piloto, con público por primera vez desde octubre. Un experimento que, teniendo a España como referente, quiere demostrar que el arte es compatible con la salud pública si se toman las medidas adecuadas.

Tras una primera toma de contacto el lunes solo con la prensa de invitada, el Teatro Real de Flandes celebró anoche su evento cultural con un centenar de voluntarios, que se sometieron a una prueba rápida de antígenos en una carpa instalada para la ocasión y solo aquellos con resultado negativo pudieron acceder al auditorio.

OMS: contagio cae de forma “significativa” pero tasa de infección aún es alta

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló este jueves que el contagio por coronavirus se ha reducido de forma “significativa” en Europa pero recordó que la tasa de infección sigue siendo muy elevada.

“Por primera vez en dos meses los nuevos casos cayeron de forma significativa la semana pasada. Sin embargo, las tasas de contagio por toda Europa permanecen muy altas”, afirmó en rueda de prensa virtual el director de OMS-Europa, Hans Kluge.

BioNTech espera tener vacuna para todos los menores desde el próximo otoño

La vacuna contra la covid-19 del laboratorio alemán BioNTech desarrollada conjuntamente con la farmacéutica estadounidense Pfizer estará disponible para todos los menores de más de seis meses desde el próximo otoño, adelantó este jueves el semanario “Der Spiegel”.

Dentro de unas pocas semanas se podrá administrar a los menores a partir de doce años, “mucho antes de lo esperado”, según BioNTech, cuyo cofundador y presidente, Ugur Sahin, declaró: “creemos que ahora puede ir muy deprisa”.

Grecia apuesta por haber vacunado a mayores de 30 años a finales de mayo

Grecia se ha propuesto vacunar con al menos una dosis a toda la población mayor de 30 años hasta finales de mayo, coincidiendo con la apertura de la temporada turística y el previsible aumento de la actividad económica.

Las autoridades sanitarias abrieron este jueves la plataforma de citas para la vacunación contra la covid-19 a la población de entre 40 y 44 años, después de haberlo hecho para la franja de edad entre los 30 y 39 años el pasado lunes.

Incidencia en Alemania baja levemente con predominio de la mutación británica

La incidencia acumulada en siete días bajó en Alemania hasta los 154,9 casos por 100.000 habitantes, frente a 160,6 ayer y 161,1 hace una semana, con predominancia de la variante británica y una presencia sólo aislada de la doble mutación india.

El análisis en las últimas semanas de la incidencia acumulada en siete días muestra una tendencia de crecimiento exponencial, basado en la incidencia semanal de la variante británica B.1.1.7 desde la segunda semana del año, señala un informe del Instituto Robert Koch (RKI) de virología.

La India supera los 18 millones de casos tras un nuevo récord de contagios

La India superó este jueves los 18 millones de casos tras batir un nuevo récord de infecciones, situándose como la cifra más alta registrada en el mundo hasta el momento, tras alcanzar casi los 380.000 contagios, además de contabilizar un nuevo máximo con más de 3.600 muertes en un día.

El país asiático notificó 379.257 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que eleva el total hasta los 18,3 millones y le mantiene como la segunda nación más afectada por la pandemia solo por detrás de Estados Unidos, informó el Ministerio de Salud indio.

Suzuki cierra sus plantas en India para destinar oxígeno a pacientes de covid

La compañía japonesa Suzuki Motor ha anunciado el cierre temporal de sus tres plantas en la India para destinar el oxígeno empleado en la producción de vehículos a pacientes de covid, ante la ola récord de contagios que afronta este país.

La empresa usa “una pequeña cantidad de oxígeno” en sus fábricas, mientras que “cantidades mayores” se emplean en la producción de autopartes, explicó en un comunicado Maruti Suzuki, la filial india de la compañía nipona.

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Información de EFE

Foto de la der. el maletín de Saab, abandonado en el jet.

Los defensores de Alex Saab revelaron el contenido de una carpeta confidencial, en su afán por darle sustento al estatus diplomático del extraditable

@javiermayorca

Ese jet en el que iba Alex Nain Saab nunca debió aterrizar en Cabo Verde.

La aeronave Bombardier siglas T7-JIS había despegado de Maiquetía rumbo a Irán, y de acuerdo con el abogado del comerciante colombiano, José Manuel Pinto, la escala para ripostar combustible debía hacerse en Marruecos, con Argelia como segunda alternativa.

“Pero ambas jurisdicciones negaron el permiso para aterrizar el avión, dejando a Cabo Verde como la única opción”, dijo el litigante.

Pinto es un hombre de prestigio en el archipiélago africano, ubicado frente a las costas de Senegal. Desde 1985, ha alternado su ejercicio en el mundo de las leyes con posiciones burocráticas, como el viceministerio de Comunidades, con lo que debía tener contacto permanente con la diáspora de ese país, en Portugal, Estados Unidos, Macao y la Unión Europea.

De acuerdo con el relato que consignó en marzo de este año ante la corte del Distrito Sur de Florida, Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 por agentes de la policía judicial del archipiélago. En el mismo procedimiento, los efectivos hurgaron en la cabina del jet.

Y encontraron el maletín del extraditable.

Pinto comenzó a moverse en la defensa de Saab desde el día siguiente. Sin embargo, pasarían semanas hasta que tuviera acceso al expediente elaborado por las autoridades caboverdianas, con motivo de la solicitud de extradición cursada por Estados Unidos, bajo cargos de lavado de dinero procedente de contratos con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

Según la acusación que reposa en los juzgados norteamericanos, Saab presuntamente legitimó 350 millones de dólares mediante transferencias que pasaron por la banca estadounidense, procedentes de sobornos y sobreprecios en programas como la construcción de viviendas de interés social y la importación de alimentos para las cajas Clap. En el mismo expediente fue encausado su socio, Álvaro Pulido.

Al día siguiente de la detención, el canciller venezolano Jorge Arreaza remitió al gobierno de Cabo Verde una carta en la que calificaba a Saab como “representante” de Venezuela, con el fin de “garantizar la provisión humanitaria de insumos médicos, medicinas y alimentos para nuestro país en el contexto de la pandemia por el Covid-19”, lo que en su criterio le confería “inmunidad soberana”.

La carta no mencionaba el destino del viaje emprendido por el colombiano. Para Pinto, esa interrogante quedaría definitivamente dilucidada una vez que le entregaron los informes con lo encontrado en la valija.

El “enviado especial”

El gobierno venezolano y el equipo de defensores del extraditable comenzaron a moverse en todos los planos, para corroborar su versión de que se trataba de un personaje inmune a la persecución estadounidense. Y así lograr que Saab recobrara la libertad.

Con el pasar de las semanas, cambiarían la caracterización de “representante” a la de “enviado especial”. Así lo corrobora una carta enviada por la embajada de Irán en Senegal a la cancillería del archipiélago: “El Sr Alex Saab, enviado especial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (…) es considerado como figura oficial por el gobierno de la República Islámica de Irán”.

¿Qué propósito tenía el viaje del empresario barranquillero?

Cuando ya pasaban más de 40 días de detención, Pinto visitó a su cliente por primera vez. La pandemia había retardado este contacto inicial. Además, el abogado estaba residenciado en la capital, Praia, mientras que su cliente permanecía en una celda de otra isla, Sal.

Luego de esta entrevista, el asistente de Pinto, Floriano Mandi, recibió la valija del enviado de las autoridades penitenciarias, con todo lo incautado en el jet Bombardier. Estas pertenencias las llevaron al hotel Odjo d’Agua, donde Pinto sentó su despacho, a partir de ese momento.

El principal contenido de la valija, a los ojos de la defensa, era un conjunto de cartas entregadas a Saab por altos representantes del gobierno venezolano. Las misivas fueron remitidas a Estados Unidos, y reposan en el expediente judicial.

En una de ellas, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se dirige al ministro de Agricultura iraní Kazam Khavazi, con una invitación a Venezuela, para “consolidar las relaciones de cooperación y amistad de ambas naciones”.

La segunda carta, como la primera, estaba fechada 1 de junio de 2020, es decir, once días antes de la detención de Saab. Fue remitida a Sadegh Kharazi, asesor de la vicepresidencia iraní, y también consistía en una invitación para visitar Caracas, en fecha indeterminada.

En el mismo paquete de correspondencia, estaba una firmada por el mandatario venezolano para su par iraní, el ayatolá Alí Jamenei, con fecha 11 de junio. Fue lo último que le entregaron al “enviado especial”, poco antes de subirse al jet.

“Acudo a Usted a través del portador de esta carta, para invocar su intervención a fin de garantizar un nuevo envío urgente de cinco millones de barriles de gasolina para el mes corriente. La llegada de los buques de gasolina iraní ha significado un hito histórico en nuestras relaciones bilaterales y selló decididamente el amor del pueblo venezolano por Irán”, manifestó, en referencia a los primeros envíos de hidrocarburo, para paliar una fuerte escasez.

La carta tenía otra petición: “…solicito su valioso apoyo para concretar el envío mensual y periódico de gasolina a Venezuela durante un año”. El pago por esta negociación sería acordado mediante “mecanismos de financiamiento que definan los equipos de ambos países”.

A pesar de haber sustentado sus alegatos con estas cartas, el argumento de Pinto no fue acogido por los tribunales de Cabo Verde, donde se ventila el juicio de extradición. Tampoco en Estados Unidos, donde Saab es apenas un “fugitivo”, y carece de privilegios diplomáticos.

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Breves

√ La declaración del director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, sobre el inicio de “conversaciones” con la banda dominada por Carlos Luis Revette, alias Coqui, ha causado estupor al interior de los cuerpos de seguridad. No es la primera vez que esos entendimientos se dan de forma discreta. Prueba de ello han sido el extinto programa “zonas de paz” y la prolongación del pranato en los internados judiciales.  Pero nunca antes un funcionario de esta jerarquía hizo una admisión pública en este sentido, aún si el propósito de esta negociación es algo aparentemente loable, como que los delincuentes “depongan sus armas”.

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Esta situación ha agudizado los enfrentamientos en distintos foros entre funcionarios activos y retirados. Este fue el caso de la llamada Red de Lucha contra el Hampa. Esta semana, el exjefe de Antiextorsión y Secuestros, y exdirector de la policía de El Hatillo, comisario Sergio González, anunció que abandonaría el chat, que tiene más de 220 miembros, luego de una discusión con el administrador, abogado Carlos Figueiras Rua, y con el actual jefe de Investigaciones Penales de Cicpc, comisario general Juan Peñaloza, entre otros. Aunque el foro pareciera destacar un espíritu de oposición a los grupos al margen de la ley, muchos de sus integrantes manifestaron acuerdo con el anuncio del máximo jefe de Cicpc. González los criticó por esa decisión, y les indicó que con el hampa solo se negocia cuando es una situación de rehenes. El exjefe de Antiextorsión confirmó lo sucedido.

√ Esta semana se cumplen dos años del fallido alzamiento del 30 de abril. El tema pareciera un tabú para los opositores, en especial los del ala dura, que no admiten su fracaso. Mientras tanto, desde el oficialismo aprovechan para imponer una narrativa que padece de severas omisiones. Desde el exilio, el general de brigada retirado del Ejército Antonio Rivero sostiene que el grupo de Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, efectivamente había logrado el respaldo del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, y del presidente del Tribunal Supremo, abogado Maikel Moreno, así como de una parte importante de la jerarquía del principal componente armado del país.

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La idea era dar un “golpe incruento”, que desencadenara la salida del presidente con la menor cantidad posible de bajas. Según su relato, los planificadores cometieron el error de dejar por fuera a Diosdado Cabello, cuyos compañeros de promoción de la Academia Militar (1987) estaban en importantes posiciones en la Fuerza Armada. Entre ellos el mayor general Alexis José Rodríguez Cabello, quien para ese momento comandaba la Redi Capital. Rivero aseguró que este oficial puso al tanto a quien entonces presidía la Asamblea Nacional Constituyente, lo que transmitió al resto de la FAN una noción de incertidumbre. Esto fue suficiente para que los militares desistieran del plan para sacar a Maduro. Para el exdirector de Protección Civil, será muy difícil que se produzca nuevamente una conjunción de jefes de inteligencia y de poder armado con el propósito de deponer al mandatario.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Tras la implosión de la economía y la demolición del salario los venezolanos asisten a la cristalización de una sociedad más desigual en la que trabajadores, técnicos y profesionales obtienen una retribución muy baja que los instala en la pobreza, al borde de la misma o en una clase media en declive.

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#EnVideo📹| Jefe de Estado, @NicolasMaduro: Aristóbulo Istúriz ha cumplido su misión aquí en su Patria Venezuela

¡Vuela alto!

Lleva la felicidad de tu pueblo a otros parajes de vida eterna, de vida inmortal#AristóbuloPorSiempre pic.twitter.com/WecIhnNJsA

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 28, 2021

Nicolás Maduro asistió este 28 de abril a la capilla ardiente de Aristóbulo Istúriz, quien fue su ministro de Educación, al que recordó como un “revolucionario” de trayectoria impecable y con un “gran pensamiento político”.

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A continuación, las 8 perlas que lanzó Maduro durante su intervención:

“Esta pérdida del profesor Aristóbulo es un gran golpe para el pueblo de Venezuela”.

“Estamos aquí en un momento muy doloroso, sabemos que estamos de paso por la vida pero también sabemos que el amor nos llena del sentimiento más profundo por nuestros seres queridos”.

“La trayectoria de Aristóbulo de verdad que fue una trayectoria extraordinaria, impecable, como líder popular, como militante de base, como luchador por la causa de las maestras, de los maestros, de los trabajadores, de las trabajadoras, como revolucionario por una patria distinta, por una patria nueva”.

“Uno se lo encontraba en las calles barriendo, echando jabón y agua en las calles en toda Caracas. Yo trabajaba en el Metro de Caracas (…) y cuando iba comandando las avenidas había restricción de circulación y uno conseguía al negro Aristóbulo y uno se bajaba y estaba el negro Aristóbulo a las 12:00 de la noche limpiando las calles”.

“Él sentía que enfrentando la enfermedad que le tocó enfrentar en las últimas dos semanas, de la que siempre tuvimos esperanzas de pudiera salir de ella, airosos, lamentablemente perdimos la batalla por la vida física de este hombre… él sentía que estaba enfermo incumpliendo con sus deberes y sus labores y su compromiso con los niños, con las niñas, con la educación y la patria venezolana; así son los chavistas y revolucionarios de verdad”.

“Imparable, hasta el último segundo de su vida. Me contaron los médicos, su esposa y su hija, y ya me había contado la vicepresidenta, que lo visitó, antes de la noche de ayer, que su preocupación, su pesar, era que no le podía quedar mal al presidente Maduro, era que no podía quedar mal en el Ministerio de Educación”.

“No es fácil pensar las tareas sin él. Aristóbulo es uno de los imprescindibles, de los que lucha por siempre, hasta el final y más allá. Un hombre querido por el pueblo y simpático”.

“Muchos racistas lo despreciaron y lo desprecian, si no miren el Twitter hoy y cómo los racistas sacan o subestimaban por ser del pueblo, por ser humilde, un maestro de escuela, por ser el negro Aristóbulo, pero él era un hombre de altura en pensamiento”.

Con información de EFE

@dhayanamatos

En 2017 el productor de cine hollywoodiense Harvey Weinstein fue destituido de su empresa por las acusaciones de acoso sexual contra actrices y otras empleadas. Fue el periódico The New York Times el que publicó las violencias que Weinstein había cometido contra distintas mujeres durante más de 30 años.

Diez días después de la publicación, el 15 de octubre de 2017, la actriz Alyssa Milano –conocida en Venezuela por el papel que tenía cuando era niña en la serie de televisión ¿Quién manda a quién? (Who’s the Boss? en inglés) y en Charmed– escribía en su Twitter el hashtag #MeToo, en el que invitaba a las mujeres a compartir y hacer públicas sus experiencias de acoso.

Actrices muy conocidas respondieron a este llamado, entre ellas, Ashley Judd, Mira Sorvino, Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie. Esto generó que muchas mujeres, no conocidas, también expresaran sus testimonios y quedara en evidencia que el problema no era solo Weinstein, sino una cultura de abuso y acoso sexual “normalizada” que afecta a las mujeres y que responde a ese continuum de violencia que permea los espacios privados y públicos en los que se desenvuelven y que, sin dudas, se constituye en un obstáculo en su vida y en su salud física, psicológica y sexual.

#YoSíTeCreo

A las reacciones al #MeToo gringo, se le unió el lema “Hermana, yo sí te creo”, cuyo origen fue un texto del escritor gallego Roy Galán, en el que manifestaba su apoyo a una mujer víctima de violación por cinco hombres (conocidos como La Manada) durante las fiestas de Sanfermines.

El trato discriminatorio que se le dio los primeros tiempos a la víctima por parte del juez de la causa, y la molestia que provocó en España que los abogados de los acusados se basaran en la supuesta “mala reputación” de esta en los alegatos de defensa, hicieron que el movimiento de mujeres, feministas y la población en general reaccionaran. Las manifestaciones, plantones, campañas por redes sociales, entre otras acciones, se repitieron por todos lados.

Este lema también se viralizó y se extendió su uso por distintas regiones del mundo. En América Latina, #MeToo y #YoSíTeCreo, han sido usados recurrentemente por los movimientos de mujeres y feministas para apoyar a aquellas que no obtienen respuestas a sus demandas de justicia en los casos de violencia y ante la revictimización que sufren por parte de los funcionarios públicos cuando ponen en duda sus testimonios, basados, entre otras razones, en prejuicios y representaciones sociales estereotipadas de lo que “debe ser” una mujer víctima.

También se han usado para manifestar apoyo a alguna mujer que se atreve a romper el silencio y contar su experiencia como víctima de agresión y violencia sexuales.

Esto es lo que ha estado ocurriendo en el caso de las mujeres venezolanas desde el fin de semana pasado. Comenzó con testimonios sobre actos de violencia contra muchachas muy jóvenes cometidos por ciertos músicos e integrantes de algunas bandas musicales nacionales, pero, como en los casos foráneos, fueron extendiéndose a otros tipos de agresores: profesores, jefes, compañeros de clases, vecinos, amigos, conocidos y desconocidos.

Hay quienes comienzan a hablar de una “cacería de brujas”, sin comprender que, como ocurre en los casos de pederastia, procesar emocionalmente las agresiones no es tarea fácil y puede llevar años de terapia lograr hacerlo, o incluso, no superarlo nunca. Pero, cuando alguien se atreve a romper el silencio, las otras personas sienten que su caso no es único y van adquiriendo confianza para contar su experiencia propia. Se genera un efecto dominó.

Bajo la alfombra de la “normalidad”

También es importante tener presente que, muchas de las conductas que hoy en día son claramente reconocidas como violencia, durante mucho tiempo se consideraron “comportamientos normales” y formas de interrelacionarse que eran legitimadas socialmente.

Por ejemplo, que en el trabajo hubiese un acosador (no un “picaflor”) que se aprovechaba de su posición de poder para intentar tener sexo con alguna de sus compañeras o empleadas, o un intercambio de sexo por un aumento de salario o por un cargo más alto. El profesor de clases, reconocido, respetado y admirado que invitaba a salir a una estudiante, hasta acosarla sexualmente, a cambio de una buena calificación. El anciano o el adolescente (no hay un grupo etario específico) que tocaba a la vecinita de seis años y le daba caramelo para que no lo contara. El tipo en la calle que se siente con derecho de besar a una desconocida o tocarle una nalga y cree que su comportamiento es gracioso. El cantante, músico o deportista famoso que cree que esta es razón para tratar a las mujeres como objetos desechables y agredirlas sexualmente. El funcionario de prisiones que, en lugar de proteger los derechos de las mujeres privadas de libertad, las viola.

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El que emborracha a una mujer para luego violarla, el esposo que viola a su esposa porque la considera de su propiedad, entre tantos otros casos. Todos son actos de violencia contra las mujeres basada en género. Si nos atrevemos a reflexionar y a ampliar nuestra mente, es bastante probable que todos podamos reconocer a un depredador sexual.

La asimetría del poder, pasto para el abuso

En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer aprobada por las Naciones Unidas en 1993, se dejó claramente establecido que “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer” y, además, se trata de “uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”.

Retomemos los ejemplos señalados para observar cómo se configura la asimetría de poder. El jefe ante la posición de una empleada subalterna; el profesor brillante ante su discípula; el músico famoso ante su fan; el hombre adulto ante la niña; el esposo que se cree propietario de su cónyuge; el hombre de la calle que sabe que la mujer no va a reaccionar porque le tiene miedo… Todos estos casos se definen por ese poder que les permite agredir a las mujeres que se encuentran en una posición subordinada.

Esta subordinación es de origen histórico y hunde sus raíces en los obstáculos que han tenido que ir superando las mujeres para obtener la condición de ciudadanas y ejercer derechos. Lo que hoy día se ha conseguido de manera formal, pero aún falta mucho para que hablar de una igualdad real y efectiva.

Violencia sexual según la justicia internacional

También es importante entender que la violencia sexual va más allá de la violación. Este último delito es solo una de las manifestaciones de este tipo de violencia.

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define, tipifica como delitos, 21 acciones, entre ellas, los actos de acoso, amenaza y violencia sexual, que en los testimonios de Twitter son los más numerosos. No obstante, quiero remitirme a la primera definición de violencia sexual elaborada por un tribunal internacional.

Se trata del caso The Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu, conocido por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), en los crímenes cometidos durante el genocidio ruandés. En su sentencia, el tribunal determinó que la violencia sexual es “cualquier acto de naturaleza sexual que se comete contra una persona bajo circunstancias coercitivas”. Esto incluye también la violación.

La importancia de esta definición es que dejó expresamente establecido que se puede dar violencia sexual, incluso cuando no hay contacto físico alguno, siempre que se trate de actos de naturaleza sexual en contra de una persona y que haya coerción, que se le obligue a hacerlo.

Esto implica que, aun ciertos actos que no pueden ser perseguidos penalmente, entran dentro de esta definición.

La violencia contra las mujeres es metaestable, se persiguen ciertas formas de agresión y aparecen otras que no pueden ser enjuiciadas porque no están tipificadas penalmente, pero eso no quiere decir que los testimonios sean falsos.

Todo lo que está sucediendo con el #MeToo venezolano debe llevarnos a reflexionar sobre las barreras, obstáculos y violaciones de derechos humanos que afectan a las mujeres venezolanas por el hecho de serlo. Además, como sociedad debe llevarnos a reflexionar sobre la necesidad de que se den transformaciones socioculturales que permitan a las mujeres el goce efectivo de su derecho humano a una vida libre de violencias. El cambio cultural, la superación del machismo, es el mecanismo más eficaz para superar esta grave problemática.

Y mientras tanto… #YoSíTeCreo…

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 ¿MÁS CORRUPCIÓN ROJITA?

El informe viene detallado en el diario Vozpópuli de Madrid: “Los negocios previos que hicieron unos accionistas venezolanos de la aerolínea española Plus Ultra enturbian aun más la reputación de la empresa”. Dos de ellos, F. Borquez y T. Royé, estarían ya en la mira de la inteligencia norteamericana pues tendrían lazos, según los investigadores, con un banco en Dominica ligado al régimen chavista.

“Esta entidad financiera en el Caribe fue usada por el régimen de Maduro para armar una venta de bonos que permitió un respiro económico al chavismo. Por esas operaciones a favor del régimen de Maduro se ‘quedaron’ varias comisiones, presuntamente fraudulentas, por más de 150 millones de dólares” señala el diario.

La inversión de ambos en la línea aérea estaría por el orden de 1237 millones de Euros cada uno. Sobre el tema de la aerolínea, la exeurodiputada Beatriz Becerra mostró una foto donde desde Gabón se anunciaba la llegada de 162 sanitaristas cubanos en un vuelo chárter de la polémica aerolínea española. Ella atribuye a ese negocio con Cuba, intermediado por el gobierno de Maduro, el auxilio económico español.

Washington considera que otros dos inversionistas están relacionados con un banco puertorriqueño llamado Andcapital Bank. Presumen que de esta entidad habrían salido los 2,4 millones de euros invertidos por estos empresarios en la línea aérea. Los inversionistas mencionados ya aparecieron en las investigaciones de Panama Papers (2016) y Papeles del Paraíso (2017).

Una pregunta que aún está sin respuesta: ¿otra intervención del exvicepresidente Pablo Iglesias antes de salir del gobierno de Pedro Sánchez?… El periodista de investigación español Javier Chicote, quien ha hecho una pesquisa sobre el caso, fue enfático al decir: “Estoy seguro de que el gobierno español le dio ese dinero a Plus Ultra porque alguien se lo pidió por algo a cambio”.

Las dudas, además de sobre Pablo Iglesias, están sobre altos funcionarios del gobierno de Venezuela que por años financiaron a Iglesias y otros dirigentes de Podemos, como Luis Alegre, Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero, Tania González e Íñigo Errejón. Chávez los presentaba orgulloso en su programa de TV en cadena nacional como sus asesores políticos y económicos…

 “EL COLETAS” CONTRA PERIODISTAS

El último vídeo electoral difundido por Unidas Podemos, en el que se proyectan imágenes de destacados periodistas y que se cierra con el mensaje «ellos ya han hablado, el 4 de mayo que hable la mayoría», ha indignado a las asociaciones profesionales.

Así, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Nemesio Rodríguez, lo considera «un intento de callar a los periodistas, es decir, de impedir que hablen con la plena libertad que nos garantiza la Constitución». Desde la Asociación de la Prensa de Madrid, que dirige Juan Caño, también se ha condenado lo que consideran «nuevo ataque al libre ejercicio del periodismo», a la vez que rechazan «la utilización, con fines intimidatorios, de la imagen de periodistas».

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Manuel Sánchez de Diego, se retrotrae al comunismo porque cree que el vídeo es «victimista, emplea a los periodistas como rivales… algo común en el ámbito comunista: ‘o estás conmigo o en contra’; no debe por tanto extrañarnos». El docente incide, en referencia al mensaje que lanza el vídeo, en «que una teoría totalitaria no entiende por su propia naturaleza el papel esencial de los medios de comunicación en una democracia, que ellos consideran un medio para alcanzar sus objetivos». Lo que hacen Maduro y su combo.