OPINIÓN

Quienes afirman que las sanciones son responsables del éxodo de millones de venezolanos no solo mienten, sino que tratan de exculpar de responsabilidad a los verdaderos responsables del desastre

@BrianFincheltub

De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en los últimos años, más de 7,7 millones de personas han huido de Venezuela buscando protección y una mejor vida. Se trata del mayor éxodo registrado en nuestra región en la época moderna y uno de los más grandes del mundo, superando incluso a los masivos desplazamientos de Siria y Ucrania, ambos ocasionados por la guerra.

Pero ¿cómo se explica que un país sin conflicto armado declarado se haya quedado sin el 27 % de su población en menos de diez años? Aunque hay quienes intentan instalar una falsa narrativa tratando de convencer a la comunidad internacional, y fundamentalmente a los Estados Unidos, de que la migración venezolana es consecuencia de las sanciones, la verdad es que nuestro éxodo tiene sus raíces en los propios orígenes del proyecto chavista y en ese modelo económico de ruina, devastación y saqueo que significó el llamado «socialismo del siglo XXI».

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La economía venezolana estaba muy enferma antes de comenzar a manifestar sus primeros síntomas en 2014. El autoritarismo de Chávez tuvo su expresión más clara en la economía, donde imperaban las soluciones rápidas, muchas veces tomadas en vivo en su programa Aló, presidente, bajo el calor de la permanente campaña electoral en la que vivió Venezuela de 1998 a 2013.

A pesar de registrar el ingreso petrolero más grande de nuestra historia republicana, Chávez endeudó el país, devaluó la moneda en innumerables ocasiones y destruyó el sistema productivo nacional sosteniendo un tipo de cambio artificial que propiciaba la corrupción y desestimulaba la producción nacional, expropió tierras y empresas privadas productivas para convertirlas en cascarones vacíos y tomó decisiones de alto impacto en la inflación, como aumentar el gasto público a niveles estratosféricos, edificando una poderosa maquinaria de control social.

Fue precisamente Chávez quien también destruyó nuestra principal industria petrolera, despidiendo al 40 % del personal calificado y poniendo a Petróleos de Venezuela (PDVSA), una empresa modelo hasta ese momento, al servicio de su partido y su proyecto hegemónico. De hecho, el colapso de nuestra industria petrolera no comenzó ni con Maduro ni a partir de las sanciones, sino desde el momento en que Chávez decidió que los inmensos recursos que PDVSA generaba no los invertiría más en aumentar la producción, sino en financiar su modelo clientelar.

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Así fue cómo en nuestra época de mayor bonanza, no hubo grandes obras de infraestructura, solo vestigios de una inmensa corrupción, hoy visibles en los pilares inconclusos del Metro hacia Guarenas-Guatire o el sistema ferroviario Este-Oeste, obras millonarias que son el retrato de una época robada.

¿Qué era lo peor que le podía pasar a Venezuela con esta tormenta perfecta? Caer en manos de unos incompetentes y de eso también es responsable Chávez. Designando a Maduro como sucesor, Chávez sabía a lo que se enfrentaría, frente a la previsibilidad de bajos precios de petróleo, los síntomas de una economía gravemente enferma comenzarían a hacerse visibles.

Para desdicha de todo un país, la escasez y la hiperinflación pasaron a formar parte del paisaje nacional. Con sueldos que no alcanzaban para nada, la migración, tan temprano como en 2014, se convirtió en un proyecto de vida para muchas familias que podían planificar un poco más su partida al contar con ahorros y propiedades. Pero esto cambió radicalmente entre 2016 y 2019, cuando millones de venezolanos, de todos los sectores sociales y estratos socioeconómicos, vieron en la migración no una elección, sino una obligación de supervivencia. Todo esto, mucho antes de las primeras sanciones contra el régimen de Maduro.

Quienes afirman, erradamente o confundidos por poderosos lobbys, que las sanciones son responsables del éxodo de millones de venezolanos no solo mienten, sino que tratan de exculpar de responsabilidad a los verdaderos responsables del desastre en el que se convirtió Venezuela hace más de veinticinco años. Más grave aun es que sostengan que el camino para detener la migración no es el cambio político en Venezuela, sino el fin de las sanciones. Un absurdo que no soporta análisis lógico.

Desde aquí no somos defensores a ultranza de las sanciones, pero consideramos que este tipo de acciones coercitivas, sobre todo cuando están dirigidas a individualidades cuya responsabilidad en la crisis venezolana está demostrada, son de los pocos incentivos que tiene la dictadura para negociar. De hecho, fue a partir de las primeras sanciones que el régimen de Maduro cedió a la dolarización, desreguló las importaciones y los anaqueles de las farmacias y los supermercados comenzaron a llenarse de nuevo.

Solo la democratización de Venezuela, a través de un proceso electoral creíble, donde se respeta la voluntad de la gente y el compromiso de aceptar una transición pacífica del poder, detendrá la migración de los venezolanos. Cualquier escenario que implique que Maduro continúe en Miraflores tendrá el efecto contrario; toda América, desde Tierra del Fuego hasta Canadá, sufrirá las consecuencias de seis años más de madurismo en el poder.

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Usar el fascismo como bandera en unas elecciones y como argumento paralegal para la persecución de los adversarios es un verdadero ejercicio de poder autoritario y fascista

@RobertoPatino

Hace unos días la Asamblea Nacional controlada por el régimen aprobó, en primera discusión, una ley que supuestamente busca prohibir en Venezuela las expresiones fascistas y todas las formas organización política y social que se fundamenten en esta ideología.

El documento, presentado en plena campaña electoral y en medio de un claro desinterés de los venezolanos por los actos del oficialismo, es un compendio de peligrosas generalidades y lugares comunes que parecen querer polarizar el panorama político. Construye una falsa frontera ideológica entre quienes supuestamente aman a la patria, el régimen que nos gobierna, y sus adversarios políticos, ascendidos, en la ley, al rango de conspiradores violentos y promotores de una ideología intolerante con las libertades civiles.

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El texto, todavía en “discusión” en la Asamblea Nacional, parece querer controlar la crítica al régimen en redes sociales y en los medios de comunicación que superviven en Venezuela, plantea una versión distorsionada de la historia reciente del país, aspira a criminalizar el derecho a la protesta que tienen los ciudadanos y pretende controlar a los partidos políticos, Organizaciones No Gubernamentales y toda forma de organización ciudadana.

En definitiva, es un instrumento que aspira a imponer etiquetas a quienes disientan del régimen y facilitar aun más el camino para que las instituciones judiciales venezolanas, apéndices de un poder sin controles democráticos, tengan una vía más fácil y rápida para perseguir a quienes luchamos por el regreso de la democracia en nuestro país.

La llamada “Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”, se incorpora además, a otra batería de instrumentos legales existentes o a punto de ser aprobados por la AN, como lo son la Ley contra el Odio y el proyecto de ley que busca limitar o suprimir el trabajo de las ONG en Venezuela, todo un arsenal de instrumentos desplegados por el régimen en sus horas más bajas de popularidad y confrontado con un pueblo que quiere el cambio.

Lo hemos afirmado antes y seguimos insistiendo, a pocas semanas de celebrarse las elecciones, en condiciones extremadamente complejas, los poderosos que nos gobiernan han preferido movilizar a los cuerpos de seguridad del Estado para que, amparados en absurdos instrumentos legales, traten de contener las ganas de democracia que hay en la calle. A falta de votos que los respalden, apelan a la amenaza, el miedo y la violencia del Estado y las instituciones de justicia, los únicos apoyos reales que les quedan.

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Quienes creemos y trabajamos por la democracia rechazamos, de manera clara, las expresiones y prácticas fascistas (de derechas o de izquierdas), aborrecemos los golpes de Estado y su vocación por adocenar y militarizar la sociedad, no compartimos su disposición a intervenir y dirigir la vida social y personal de los ciudadanos, somos contrarios a su intolerancia con la diversidad y no aceptamos su deriva antidemocrática en nombre de supuestos  ideales y valores que usan de manera interesada hasta desdibujarlos.

Usarlo como bandera en unas elecciones y como argumento paralegal para la persecución de los adversarios es un verdadero ejercicio de poder autoritario y fascista que, irónicamente, afirman querer combatir. Es necesario recordar quiénes son los que están siendo investigados en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

Todos sabemos que estamos viviendo unos días muy complejos que marcarán el destino de millones de venezolanos en los próximos años. Hoy más que nunca es necesario seguir trabajando juntos, de manera coordinada, por el cambio pacífico y democrático que desea la mayoría de los venezolanos, a fin de cuentas, el mejor antídoto contra el fascismo es el retorno de la democracia a Venezuela.

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Roberto Patiño es cofundador de Alimenta la Solidaridad y de Caracas Mi Convive | www.rpatino.com

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La transformación del derecho y la política en líquidos que se mueven sobre un wok hace metástasis

@asdrubalaguiar

La dificultad, casi insoluble, de expulsar democráticamente del poder a los despotismos –calificados de autoritarismos iliberales por el relativismo anglosajón– casi que la puedo descifrar tras la crisis diplomática entre Ecuador y México.

El asilo político del exvicepresidente Jorge Glas, confeso y condenado por graves delitos de corrupción y por jueces que integran el sistema judicial que él mismo ayudara a construir durante el gobierno de Rafael Correa, deja al descubierto el cinismo del siglo XXI: déspotas y demócratas confesos, también los de utilería, cultores del pragmatismo, coinciden en la defensa de la ley solo cuando les beneficia. Se retroalimentan, los unos a los otros, y se neutralizan a sí mismos.

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Releo, a propósito, la advertencia que hizo el fallecido juez presidente de la Corte Interamericana de DD. HH., Sergio García Ramírez, cuando al evaluar la región señala que, en el pasado, argüían las dictaduras la seguridad nacional para acabar con el Estado de derecho y violentar los derechos humanos; destacando que los gobernantes de ahora se escudan tras los derechos humanos para destruir al mismo Estado de derecho y la democracia que los elige. Violentan las constituciones y vacían de contenidos esenciales a la experiencia de la libertad.

Mal puedo obviar, como dato de la experiencia, en visión retrospectiva y en su evolución, el que nos ofrece la vertiente ¿neomarxista o neocubana? que emerge en los años 90 del pasado siglo con el Foro de São Paulo. Afirman sus miembros que les perseguirían –luego de desmontar las democracias que causaban desencanto– inventándoseles vínculos con el narcotráfico y la corrupción. No por caso se renueva tal tesis en 2019 con el Grupo de Puebla, una vez que introduce la expresión lawfare clonada del grupo de abogados que en USA se ocupa de perseguir a Donald Trump, para denunciar el uso de la Justicia con fines de retaliación política.

Muestran los enjuiciamientos y/o condenas por corrupción –no se olvide a la Odebrecht– recibidos por Lula da Silva, Cristina Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa. Pero omiten que, al igual que Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, y la pareja Ortega-Murillo en Nicaragua, aquellos usaron y usan de los jueces para criminalizar a la disidencia política que los adversa; para luego corromperla, alinearla y someterla, volverla aliada de su causa deconstructiva de la «moral conservadora». A esta la condena la ley venezolana “antifascista”.

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La transformación del derecho y la política en líquidos que se mueven sobre un wok hace metástasis. Los presidentes antisocialistas del siglo XXI, Nayib Bukele y Daniel Noboa lo confirman. Arguyen la igual defensa de sus pueblos a costa del Estado de derecho. El primero destituyó a los jueces que controlaban sus actos e hizo razzia con delincuentes presuntos para encarcelarlos en «campos de concentración 3D», mientras luego libera, a cuentagotas, a los numerosos inocentes caídos en sus redadas y para hacer cierta la profecía orwelliana del Gran Hermano.

Entre tanto, Noboa violenta la sede de la legación diplomática mexicana abriendo compuertas para que los despotismos de izquierda lo emulen. Y digan, como él, que, al arrancarle a las embajadas las víctimas de violaciones de derechos humanos protegidas en sus sedes, lo hacen en defensa de sus naciones.

Al cabo, los Maduro, los Ortega, los Díaz Canel podrán decir que asimismo lo hacen en nombre del derecho y la justicia, pues en sus países regirían sistemas democráticos distintos de los pergeñados por la “política caduca” del siglo XX. La última expresión es de Noboa. Ajustarán, por lo demás lo que es regla para Rusia y China –potencias que les protegen y han logrado contener a la Casa Blanca– y que ambas han opuesto con eficacia en Occidente, a saber, que la democracia y la legalidad son productos al detal, construidos por cada pueblo y su gobierno bajo arbitrio propio, sin injerencias extranjeras.

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¿En qué quedamos? Todos, gobiernos y políticos, hoy se mueven en el plano del absurdo y la aporía; pues si bien la realidad no es una, indivisible e inmóvil como la predica Parménides y la defiende Zenón, a la contingencia de lo humano se la atropella en el altar de la irracionalidad, de la mendacidad y el cinismo como fisiologías del poder posmoderno. En esas estamos.

Noboa, consciente de que se le va de las manos a su Justicia el emblema de la putrefacción ética en la nación que ahora representa –en un ecosistema regional que hace del derecho y la justicia una mordaz caricatura– ha optado por desconocer el privilegio de la inmunidad de los locales diplomáticos; mientras que Andrés López Obrador acoge al criminal de Glas como perseguido “político”. Abusa de su discrecionalidad reglada, comprometiendo a la sagrada institución humanitaria del asilo y violando, de paso, los tratados internacionales contra la corrupción y el crimen transnacional organizado. Nadie, sin embargo, puede tirar la primera piedra.

Eso sí, en nombre del derecho y de la justicia han elevado su voz de protesta contra Ecuador los déspotas señalados –Cuba, Nicaragua, Venezuela– e investigados por la justicia internacional tras la comisión de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos. Y el Consejo Permanente de la OEA, si bien pone sobre rieles al conjunto de lo ocurrido, al término se declara “consternado”. Salvo por el hacer de la Corte Interamericana de DDHH, no conjuga a favor de la libertad (pro homine) y de las víctimas de su atropello, ni sostiene en pie a la tríada democracia, Estado de derecho, derechos humanos, que es inseparable.

Como en el siglo XIX –otra vez la aporía– y mientras la criminalidad organizada e instalada en la política trasvasa espacios y usa de la deslocalización global para su impunidad, la OEA se basta con la defensa de los privilegios diplomáticos de los Estados. Obvia mencionar a la corrupción, que “socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia”.

correoaustral@gmail.com

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Reconocer al otro no es un signo de debilidad, sino de madurez democrática

@ArmandoMartini

En la danza de la existencia, un ingrediente esencial, aunque subestimado, es la capacidad de reconocer al otro. No es un simple gesto de protocolar cortesía, sino un acto profundo de empatía y comprensión que se erige en una sociedad sana, libre, y verdaderamente democrática.

En la cotidianidad, despreocupados, con frecuencia nos zambullimos en diatribas imperecederas, disputas necias e interminables de acalorados agravios. En esta vorágine, es bueno recordar una premisa básica pero significativa: la necesidad de reconocer al otro. No hacerlo nos aleja de la democracia, dilapidamos razón y malgastamos sentimientos con autoritarios, que actúan con descaro e impunidad.

Con extremos opuestos, es fácil chamuscarnos en la flama de un torrente delirante; donde diferencias ideológicas, culturales y sociales parecen abismales. Esencial cultivar un espíritu de entendimiento hacia aquellos que piensan diferente. Reconocer al otro no implica estar de acuerdo con sus puntos de vista o posturas; entender que, detrás de esas diferencias, hay seres humanos con experiencias, valores y perspectivas únicas.

En lo político, la idea cobra relevancia aun mayor. La democracia se fundamenta en el diálogo, debate, negociación entre grupos y corrientes de pensamiento. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, estos principios son relegados en favor del antagonismo y la confrontación constante. Una sociedad enferma, tiene libertad restringida y está en riesgo de supresión. Cada quien es dueño de una verdad y se hizo su historia particular, sin disposición a compartirla o negociarla, sino a dominar para imponerla.

Piedra angular de la convivencia

El reconocimiento del otro no es solo un imperativo moral, también es estrategia pragmática para construir sociedades armoniosas. Implica escuchar, considerar argumentos discrepantes y buscar puntos de encuentro que permitan avanzar hacia soluciones que beneficien al conjunto de la sociedad. No se trata de abandonar convicciones o renunciar a aspiraciones, sino de reconocer la legitimidad de la diversidad de opiniones y trabajar por un bien común que trascienda diferencias partidistas.

Reconocer al otro es la piedra angular de la convivencia. Desafortunadamente, la desconfianza y el tribalismo hacia el adversario son de uso habitual. Privilegiando la demonización sobre lo constructivo, anteponiendo la victoria partidista a la búsqueda de consensos duraderos. Este enfoque, lejos de fortalecer la democracia, la debilita y pone en riesgo. La disposición a valorar y auscultar perspectivas diferentes a las propias, cuando estamos inmersos en un conflicto de ideas y sentires. La diversidad no es amenaza, sino una oportunidad para el enriquecimiento mutuo. Nadie es dueño de la verdad ni de la solución a problemas complejos.

Reconocer al otro no es debilidad

Reconocer al otro no es un signo de debilidad, sino de madurez democrática. Es el primer paso hacia la construcción de sociedades justas, inclusivas y cohesionadas, donde las diferencias sean vistas como fuentes de enriquecimiento y no de división. En la vida, el desafío radica en encontrar lo que nos une por encima de lo que nos separa, y trabajar juntos hacia un futuro común prometedor.

Se ha perdido la capacidad de reconocer al otro como ser humano con preocupaciones legítimas, obstaculizando el progreso político, y desmejorando los cimientos de armonía democrática al fomentar hostilidad entre la ciudadanía. En las interacciones diarias, encontramos multiplicidad de personas que provienen de culturas, contextos socioeconómicos y creencias disímiles. En lugar de imponer perspectivas, adoptar una actitud de apertura y respeto. Valorar la dignidad y derechos de cada individuo, independiente de las diferencias

El reconocimiento del otro es un principio fundamental que debe guiar acciones y decisiones. Solo cuando aprendemos a apreciar la pluralidad, construiremos democracia y libertad. El deseo, al ser proscrito, es una forma de matar al ser humano. Y, los regímenes mandones tratan de exterminarlo para conseguir la sumisión. Si por falta de conducción política llegamos al totalitarismo tendremos, en definitiva, aniquilación de la libertad y, por tanto, de la existencia.

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Las declaraciones de Manuel Rosales no solo son un golpe bajo y jugar a favor del régimen. También ponen en riesgo de encarcelamiento a inocentes y dan pie para que los grupos violentos ataquen las concentraciones de MCM

Quiero compartir una nota que envié por Whatsapp sobre las recientes declaraciones de Manuel Rosales sobre la estructura política de María Corina Machado.

Rosales cometió un suicidio político

Hasta ahora mantuve que no había que descalificar a Rosales. Pero hoy considero inaceptables sus declaraciones afirmando que “en la estructura de María Corina hay quienes no creen en la ruta electoral y creen en la abstención y en la violencia”.

Y aunque luego matizó con un “no creo que MC esté en eso, me niego a creerlo”, sus declaraciones, definitivamente, son inadmisibles. Con ellas no solamente le hace el juego al régimen al repetir los señalamientos de Tarek William Saab, sino que es torpe. Creo se suicidó políticamente.

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Acepto que, como se dice en criollo, estaba muy molesto (usé otra palabra) cuando escribí lo anterior por la plataforma de mensajería. El punto es que siempre tengo presente a quienes están presos y a los perseguidos políticos. Rosales también tiene derecho a estar molesto (…) por los ataques que recibe; unos con razón, otros sin ella. Ha podido rechazarlos sin decir que “algunos son de la estructura de MC”.

Eso no solo es un golpe bajo y jugar a favor del régimen. También pone en riesgo de encarcelamiento a inocentes y da pie para que los grupos violentos ataquen las concentraciones de María Corina. Además, proporciona a Maduro elementos para encerrar a MC, ya que, si gente de su estructura tiene esos “planes”, cualquiera puede inferir que es con el aval de ella.

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eddiearamirez@hotmail.com

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La reimposición de las sanciones terminará de lanzar a Venezuela a los brazos de los rivales geopolíticos de EE. UU. ¿La rehabilitación de MCM en el CNE se mantendrá como punto de honor para prorrogar, o no, las licencias?

@victoralvarezr

La Embajada de los EE. UU. en Venezuela posteó: “El alivio para los sectores de petróleo y gas venezolano se renovará en abril solo si los representantes de Maduro cumplen con sus compromisos”. La oposición pide elecciones libres y el gobierno pide elecciones libres de sanciones. Si después del 18 de abril se reimponen las sanciones se darán más excusas para no mejorar las condiciones electorales.

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La Administración Biden ha dicho que “el enfoque estadounidense es en un proceso que restaure la democracia y no en un candidato particular”. Si la inscripción de MCM como candidata presidencial deja de ser un punto de honor para la Plataforma Unitaria y para EE. UU., crece la posibilidad de celebrar las elecciones presidenciales en unas condiciones aceptables, cuyo resultado pueda ser reconocido nacional e internacionalmente.

Los días más difíciles del aislamiento internacional han pasado. El gobierno encontró nuevos aliados que lo ayudarán a resistir un escalamiento de las sanciones. Lograr unas elecciones competitivas obliga a pensar en medidas más efectivas. La estrategia no puede ser la del garrote. Al contrario, tiene que ofrecer más y mejores incentivos para mejorar las condiciones electorales, a fin de realizar unos comicios a tono con los estándares internacionales.

Flexibilizar sanciones aleja a Venezuela de los rivales geopolíticos de EE. UU.

La flexibilización de las sanciones reflejó un cambio de la política exterior de EE. UU. con respecto a Venezuela. La LG 44 no autoriza operaciones con empresas mixtas en las que están involucradas personas naturales o jurídicas localizadas en la Federación Rusa. Pero con la reimposición de las sanciones, Venezuela será lanzada nuevamente a los brazos de los enemigos geopolíticos de EE. UU., quienes le ofrecen no dejarlo solo porque los mueve el interés de ocupar y asumir el control de los espacios vacíos que dejan los EE. UU. y la UE.

Rusia, China, Turquía e Irán celebran la reimposición de las sanciones porque les permite ampliar su presencia en la explotación y comercialización del petróleo, gas, oro y minerales venezolanos.

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Un elemento clave que pesa sobre la decisión de la Administración Biden es alejar a sus rivales geopolíticos de la industria petrolera venezolana. Biden puede argumentar ante sus electores que –al prorrogar las licencias a Venezuela–, aleja las amenazas chinas, rusa e iraní del hemisferio, y así asegurar para Occidente el suministro del petróleo y gas venezolanos que se destina a los mercados asiáticos.

Si la revisión anunciada por el Departamento de Estado encuentra en la mejora de las condiciones electorales los contrapesos necesarios a la inhabilitación de MCM, EE. UU. seguirá comprando el petróleo venezolano a precios de mercado y así el gobierno no necesitará los auxilios financieros de Rusia, China, Irán o Turquía. Esta es una ganancia geopolítica que puede compensar ampliamente los costos de cualquier déficit en la mejora de las condiciones electorales en Venezuela, incluyendo la inhabilitación de MCM y el impedimento a la inscripción de su sustituta, Corina Yoris.

Del balance que EE. UU. haga entre el cumplimiento de los acuerdos político-electorales firmados en Barbados y su interés de recuperar el suministro del petróleo venezolano en un mercado signado por la incertidumbre que genera las guerras en Ucrania y el Medio Oriente, dependerá la decisión que tome.

En un escenario bélico crece importancia estratégica del petróleo venezolano

Las guerras en Ucrania y el Medio Oriente, y la amenaza de un escalamiento del conflicto debido a los ataques de Irán contra Israel, ubican nuevamente a Venezuela como un proveedor clave de petróleo. En este contexto, mantener las licencias ayudará a levantar la producción petrolera nacional con destino al mercado estadounidense. Por el contrario, la reimposición de las sanciones terminará de lanzar a Venezuela a los brazos de los rivales geopolíticos de EE. UU., con una mayor presencia de Rusia, Irán y China en la industria petrolera venezolana. 

EE. UU. tiene entre sus prioridades la seguridad energética y esto lo puede lograr si permite la participación de compañías americanas en el negocio gasífero y petrolero venezolano. Cuando los precios del petróleo suben, EE. UU. se ve obligado a consumir buena parte de sus reservas estratégicas, las cuales debe reponer cuánto antes.

A EE. UU. le interesa mantener los mercados energéticos bien abastecidos y prolongar las licencias a las compañías estadounidenses y europeas, aunque se las reimponga a Pdvsa, será la decisión que seguramente tomará la Administración Biden.  Los yacimientos de Venezuela están fuera de la zona de guerra, y representan una fuente cercana y confiable de hidrocarburos, en comparación con el riesgo e inestabilidad de países involucrados en los conflictos bélicos.

Venezuela, Irán, Irak, Libia, Kuwait y Arabia Saudita concentran cerca del 80 % de las reservas mundiales, pero solo aportan el 25 % de la producción global. En el mediano y largo plazo, entre el 8-10 % de la oferta fósil recaerá sobre Venezuela, único país cercano a EE. UU. con potencial para elevar su producción sustancialmente.

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En los próximos años, EE. UU. necesitará a Venezuela y eso requiere crear las condiciones para recuperar el nivel de producción, desde los actuales 800 000 barriles de petróleo diarios (MBPD) a 3 millones (MMBPD). A un ritmo de 200 MBDP adicionales cada año, aumentar 2 MMBPD hasta llegar a 3 MMBPD llevará al menos 10 años de inversión sostenida. Y esto pasa por mantener las licencias y terminar de eliminar definitivamente las sanciones.

Ante una escalada de la guerra en Ucrania y Medio Oriente que pueda llevar el precio del petróleo a 100 $/b con su impacto en el precio de los combustibles y la energía, para evitar el costo electoral en las presidenciales de noviembre, la Administración Biden está emplazada a tomar las decisiones que le aseguren un suministro confiable y oportuno de petróleo.

A Maduro le interesa que –en caso de ganar las elecciones debido a la división y abstención de la oposición–, su triunfo sea reconocido por la Casa Blanca y se levanten definitivamente las sanciones. Se moverá sin traspasar la línea roja para que las presidenciales del 28 de julio, aunque reciban algunos cuestionamientos, sean reconocidas por EE. UU. A Maduro le conviene más un Biden reelecto que un Trump de vuelta, quien seguramente no lo reconocería como presidente de Venezuela.

En la campaña electoral de EE. UU., el tema migratorio es muy sensible y puede resultar decisivo. La flexibilización de las sanciones contribuirá a mejorar las condiciones económicas y sociales del país, lo cual aliviaría la incesante migración venezolana que genera problemas internos en los EE. UU.

Con la prórroga de las licencias a las petroleras estadounidense, Biden podrá capitalizar electoralmente el mérito de haber resuelto el conflicto venezolano, recuperado para el mercado estadounidense el petróleo que Pdvsa vende en los mercados asiáticos, mostrar avances en la solución del problema migratorio, y haber alejado la amenaza rusa, china e iraní del hemisferio.

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Las declaraciones de Adán Celis, como representante empresarial, no dan ni frío ni calor a una masa trabajadora que lo ha perdido todo. Hay que restablecer los convenios de la OIT firmados por el Estado en el siglo XX. Las prestaciones sociales son  un punto importante

@froilanbarriosf

Las recientes declaraciones del presidente de Fedecámaras Adán Celis jr., publicadas el 10/4/2024, pasaron debajo de la mesa. Tal vez por los efectos del debate político que estremece a la oposición venezolana en torno a la definición de una candidatura unitaria que enfrente al dictador en las elecciones presidenciales del próximo mes de julio.

Quizás a finales del siglo XX estas declaraciones hubieran tenido el impacto de una granada fragmentaria en una fiesta de carnaval. Recordamos la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) en 1997: tras un acuerdo de la mesa tripartita del momento, se modificaron parcialmente la retroactividad de la antigüedad laboral y la doble indemnización por despido. Entonces fue notoriamente escasa respuesta sindical, salvo excepciones, ante el planteamiento empresarial

El problema de los bonos vs. salarios

La tripartita se proponía, con aquella reforma parcial de la LOT, aumentar sustancialmente el salario solicitado por los trabajadores y sus representantes sindicales. Pero la realidad fue la integración de los bonos al salario, implementados durante el segundo mandato del Dr. Caldera (1994-1999). Una decisión que determinó un salario mínimo en 1998 de Bs. 120.000, equivalente a 176 dólares. También se adquirió el compromiso de cumplir con las obligaciones laborales vencidas, tanto en el sector público como en el privado.

En aquel contexto, el sector privado concretó de inmediato los efectos de la reforma de la LOT, aprovechando la oportunidad del cambio de la norma; entretanto, en el sector público, aun cuando se estableció como fecha límite el año 2002, hasta el sol de hoy poco o nada se honró del acuerdo alcanzado. Ya para el año 2004 se registró la astronómica cifra de unos 4 millardos de dólares en pasivos laborales.

Palabras más palabras menos con la mencionada reforma de la LOT, ni los trabajadores salieron satisfechos, ni los empresarios salieron en paz. El mundo empresarial señaló el cambio político, con la llegada del chavismo al poder en 1999, como el causante del poco o nulo efecto en el salario y el poder adquisitivo del trabajador.

Réquiem por las conquistas laborales

El resto de la historia transcurre durante el siglo XXI, entre aventuras y desventuras que incluyen una nueva Constitución en 1999. Esta incluyó en su articulado y disposiciones transitorias restablecer la norma original. Luego sobrevino la imposición presidencial del ilegal e inconsulto Decreto Ley Orgánica del Trabajo (DLOTTT) en 2012, y la difusión de la defensa de la retroactividad de las prestaciones en tono de jerga de lucha de clases en “cruzada permanente contra el patrono privado explotador”.

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Finalmente, este discurso retórico significó una pesada lápida a la añorada conquista laboral de la Venezuela próspera del siglo XX. El ejecutivo nacional, ejecutor de políticas laborales contra su vigencia, convirtió el tema de las prestaciones sociales en cantos de sirena junto con el deterioro integral de todo el sistema de relaciones de trabajo (SRT).

Pan pa´ hoy y hambre pa´mañana

Este cuadro dramático nos puso en medio a una tragedia sociolaboral ante la debacle económica del país, acentuada durante la década de la infamia regentada por el actual mandatario nacional. Su dimensión extrema pulverizó el valor del trabajo y precarizó las relaciones laborales.

Las declaraciones de Adán Celis, como representante empresarial, no dan ni frío ni calor a una masa trabajadora que lo ha perdido todo. No solo la ansiada retroactividad de las prestaciones sociales que la protegía ante la inflación, también la seguridad social, la contratación colectiva, los pasivos laborales, el reconocimiento de la libertad sindical, los tribunales laborales éticos, un Ministerio del Trabajo como administrador eficiente de las relaciones de trabajo, etc.

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En el fondo, su discutible propuesta se reduce a “más billete en la cartera del trabajador” a cambio de suspender la norma. Entre tanto el futuro del trabajador y su familia se diluye en bonos carcomidos por una inflación cuyo significado es “pan pa´ hoy y hambre pa´ mañana”. Aun así, es un planteamiento a debatir libremente entre los actores del mundo del trabajo y la academia especialista en la materia.

Necesario es restablecer los convenios de la OIT

¿Cuál debe ser entonces el norte? A mi criterio, una revisión integral del SRT que permita, sin prejuicios, el restablecimiento de los convenios de la OIT firmados por el Estado venezolano desde el siglo pasado. Los mismos que han sido violentados por la actual administración, en la dimensión planteada recientemente por el Prof. León Arismendi, director del INAESIN, quien aboga por la implementación de un “programa de trabajo decente que abarque líneas de acción sobre empleo productivo y bien remunerado, sistema de seguridad social y de protección a los trabajadores y políticas concertadas en materia salarial, laboral y sindical”.

¿Por dónde comenzar en las vísperas del primero de mayo 2024? Definiendo en el marco del Foro Social tripartito, hasta ahora irrelevante para el gobierno, un salario suficiente, la apertura de las convenciones colectivas suspendidas en el sector público, el reconocimiento de pasivos laborales y el respeto al libre ejercicio de la libertad sindical.

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*Movimiento Laborista.

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María Corina y Rosales pueden ponerse de acuerdo, pero antes deben firmar frente al país un pacto de reconstrucción, cogobierno y emancipación ideológica, instrumental e histórica

@ovierablanco

Este año se conmemoran 116 años del natalicio de Rómulo Betancourt y 68 [1956] de la edición de su regia obra: Venezuela, política y petróleo. La oportunidad es buena para hacer un ejercicio reflexivo sobre el papel del petróleo en la política, en el marco de una coyuntura histórica oscura, donde lo electoral no luce suficiente para alcanzar el retorno de la democracia y la paz […] paz que jamás es autoritaria porque no sería paz.  

El chinche de sembrar el petróleo. Con mis hijos…no te metas

Pongamos las cosas en contexto. Decir que por culpa del petróleo Venezuela dejó de ser un país solvente, sea agrícola, pecuario, tecnológico, industrioso, comunicacional, financiero o urbano es temerario. Rómulo Betancourt supo anticipar este cliché propio de la narrativa proautoritaria que, desde los tiempos de Gómez, intentaba ocultar los estragos de una economía feudal, por causa de la economía petrolera.

Betancourt alegaba “que insistir en aquello significaba seguirle el juego a los defensores póstumos del gomecismo, quienes liberaban de culpa al gobierno del fallecido jefe único, por el desacertado manejo de la grave crisis que venía aquejando al sector agrícola desde mucho antes del estallido de la gran depresión en 1929”. Para Betancourt, “Venezuela venía arrastrando una crisis crónica que vino a acentuarse durante el régimen dictatorial de Gómez, debido a la persistencia de un anticuado sistema de producción latifundista, caracterizado por la concentración de la tierra en pocas manos, métodos de cultivo anticuados y el mal aprovechamiento de las aguas para el regadío agrícola”. El petróleo, en su opinión, “solo vino a dejar al descubierto un terrible mal olímpicamente ignorado por los personeros oficiales. Más que culpable de la ruina del campo, el codiciado mineral le dio la estocada final a un estado de cosas que no resistía más la inserción de los nuevos tiempos”.

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La revolución industrial había pasado casi inadvertida por Venezuela. Apenas la humareda de los ferrocarriles construidos por el guzmanato y algunas máquinas de poca monta eran presentadas como símbolos inequívocos de un proceso modernizador que fluiría por sí solo, gracias al apoyo del torrente de capitales ingleses y alemanes dispuestos a rendir frutos en esta parte del mundo […] Haciendo mofa de aquellas expresiones chapuceras, Betancourt rebate precisando que “si en lugar de haber destinado aquel primer ‘boom’ petrolero a llenar los bolsillos de los acólitos de turno y a mantener operativo el Estado controlado por Gómez, se hubiese utilizado [aquella súbita riqueza instrumental] para apalancar la economía campesina, distribuyendo su benéfica renta entre toda la población, otro destino se habría escrito para la dinámica productiva del país”.

Estas reflexiones de Betancourt calzan al dedo con la historia patria reciente. Si el presidente Chávez no hubiese destinado la mayor renta petrolera que ha recibido Venezuela en su historia a un populismo irredento a lo interno, a sus camarillas y a una política de subsidio externa plagada de coleópteros, hoy Venezuela sería la Suiza del continente. Bueno acotar que fuimos el país más rico de Sudamérica [2011-13.000 US$ pp] y el más pobre [2023-1340 US$ pp]. Esa ha sido la verdadera guerra económica que devastó el país.

A quienes hablan de las sanciones como factor de depresión económica, Betancourt les hubiese respondido: son los defensores póstumos de un chavismo demoledor, quienes buscan liberar al fallecido jefe único de una economía confiscatoria, de una responsabilidad ineludible.

La tecnología, las comunicaciones, la educación, el trabajo y la industria; el internet de las cosas; puentes y ferrocarriles que quedaron en las arcas de Odebrecht y en los bolsillos de alacranes; nuestro oro, nuestro petróleo, más satélites perdidos en el espacio; nuestro desarrollo y futuro, se desfalcaron en derroche, dádivas y cohecho conductor de la pobreza, desigualdad y crisis humanitaria más extrema.

Si a lo anterior le agregamos que Venezuela todavía obsequia el 10 % de su disminuida protección petrolera [calculada en 700 m/bd] a Cuba y el Caribe, el crimen patrimonial es insólito. Acabaron con el cono monetario, las reservas del BCV y la capacidad industrial instalada. La agricultura quedó transformada en un inmenso desierto rojo, sin planificación ni campesinos, peor que en los tiempos de Gómez. Convirtieron a Venezuela en un país de economía de puerto, donde la “independencia alimentaria”, quedó reducida a bolsas CLAP. Hoy pensionados y jubilados venezolanos hacen colas de horas para recibir una taza de arroz, un par de pollos y un trozo de carne. Esa es la economía revolucionaria, esa es su visión de poder.

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De nada hubiese servido “sembrar el petróleo”. Ahí están los índices de construcción, industrialización, movilización social, masificación educativa y hospitalaria que registró el país en 4 décadas de gobiernos progresistas, que en medio de sus dificultades y errores, llevaron a PDVSA ser la primera empresa petrolera del mundo; construir más universidades, carreteras y hospitales que cualquier otro país en la región, represas y centros generadores de energía y electricidad suficientes hasta para exportar, tecnología de punta y comunicaciones a nivel de países desarrollados y un respeto de nuestro derechos civiles y políticos, donde el voto, la justicia, la Asamblea Nacional, los grupos de interés, la academia, las FF. AA., la Iglesia, permitieron la elección de Chávez presidente [no  inhabilitado], elegir una constituyente [no prevista en la Constitución de 1961], votar una nueva Constitución [militarista y reglamentaria] y “relegitimar” poderes públicos con un ventajismo nauseabundo.

El 11A-2002 [que cumplió 22 años], fue un levantamiento masivo de esa Venezuela que gritaba al mundo “con mis hijos, con mi negocio, con mi petróleo y con mi libertad, no te metas”. Lamentablemente esa hermosa demostración de defensa ciudadana quedó fulminada por una reprochable desagregación política, que le permitió “al buen salvaje y buen revolucionario” [Carlos Rángel dixi] regresar con crucifijo en mano. Prohibido olvidar.     

Cómo estamos y hacia dónde vamos

El Acuerdo de Barbados marcó una ruta electoral. Elecciones justas, transparentes y verificables de los legítimos representantes de candidatos de oposición y de los partidos políticos legítimamente representados por sus dirigentes. Nada de ello se ha cumplido.

Revisando el último informe de coyuntura económica de la UCAB, vemos algunos datos que son buenos cruzarlos con lo político. En lo petrolero, “se calcula que el precio promedio del Brent durante el primer trimestre ha sido de $/b 82,7 y que tenderá a descender en el resto del año, para ubicarse en un promedio anual de $/b 82,4 […] Para 2024 se proyecta una tasa de crecimiento [Venezuela] del PIB total de 4,5 %, por encima del 1,3 % que se registró para 2023. Si dicho crecimiento se hiciera efectivo, el tamaño de la economía este año sería similar a la que ya había alcanzado en 1969 o la de El Salvador de hoy.

En este escenario es fundamental para el régimen cumplir con los acuerdos políticos. Las posibilidades de expansión económica en Venezuela no solo dependen de la movilidad eficaz y competitiva de la producción y ampliación del mercado petrolero, sino del retorno de las capacidades de inversión, producción y distribución del sector privado. “Aproximadamente el 50 % del crecimiento del PIB este año estaría explicado por la expansión de la actividad petrolera que podría crecer a una tasa superior al 16 %”.

En otras palabras, sin producción petrolera, no habrá expansión. Chevron no puede atender las expectativas de mejoramiento de la explotación petrolera para generar un repunte económico en el país. Pero sin elecciones libres no hay cumplimiento político; sin cumplimiento político siguen las sanciones, con las sanciones se afecta la expansión petrolera y sin expansión petrolera no hay mejoramiento del PIB, por lo que el país seguirá estancado. ¿Quién es el responsable? ¿Las sanciones?, ¿el modelo?, ¿María Corina?

Es verdad que la variable económica no ha sido la variable dependiente para causar el quiebre de la coalición dominante. Sin embargo, no es una constante desestimable. El informe de coyuntura [UCAB] identifica que “como primer factor de impacto en la producción (76 %), el cobro de excesivos tributos, desplazando la falta de financiamiento y la baja demanda al segundo y tercer puesto respectivamente”. Los sectores productivos [privados] defienden el levantamiento de sanciones, pero también piden eliminar la acción voraz del Estado. Entonces lo electoral trasciende en la medida que produzca un verdadero cambio del modelo de poder. La coexistencia con un Estado de terror -vigilante y mordaz-, no es transición. ¿Qué actor garantiza ese cambio?

Veamos la realidad laboral del país. “El año pasado, de los 20,5 millones de habitantes en edad laboral solo el 54 % estaba ocupado (11 millones). De los ocupados, el número de los empleados asalariados bajo dependencia se redujo en 5 %. Los empleos públicos se redujeron a 2,2 millones de puestos de trabajo, mientras que los empleos asalariados en el sector privado se ubican en 2.8 millones aproximadamente.

Venezuela es un país desempleado. Las personas que no participan en el mercado laboral venezolano se dedican a los quehaceres del hogar (40 %), al retiro (jubilados y pensionados 29 %) y a estudiar exclusivamente (20 %). Todas las reservas de petróleo no serían suficientes mientras un Estado insaciable y de terror siga vigente.

El pasado 15 de marzo se cumplieron dos años desde el último incremento del salario mínimo mediante un decreto presidencial. El monto vigente del salario mínimo nominal es de Bs 130, que inicialmente representaban $30, pero que es equivalente a $3,6/mes en los últimos seis meses. El 65 % y el 75 % del total de ocupados en Venezuela trabaja bajo condiciones de informalidad. Según los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no cuentan con un trabajo decente.

Nada de estos índices hacen suponer que el futuro mejorará en Venezuela si no vamos a una transición que no es solo política, sino económica, actitudinal, republicana, ciudadana ¡y ética! Betancourt advirtió en 1956: “Los gobernantes venezolanos de 1946 estábamos –y estamos– convencidos, de que nuestro país no puede saltar la etapa de desarrollo capitalista de su economía. El estado que atravesamos reclamaba una transformación nacional-revolucionaria y no una ajustada a modelos socialista o comunista”. Y Betancourt tuvo claro que esa visión había que pactarla. 

De la pobreza a la riqueza material, espiritual y humana

Venezuela regresó a niveles de retroceso económico, social y político peores a los vividos durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. La solución comienza por elecciones libres conductoras de un nuevo modelo de poder. Participar en la contienda electoral demanda condiciones al derecho de elegir. Sin garantías electorales no habrá cambio real.

Lograr un pacto de unidad -en medio de los obstáculos- hace necesario un pacto previo de cogobernabilidad que se haga público; que abrace visiblemente una transición del Estado-gobierno miliciano al Estado democrático y liberal; un proceso de reinstitucionalización basado en un proyecto-país industrioso donde el petróleo sea el arco estratégico de la modernidad, la felicidad y el regreso a casa.

María Corina garantiza una transición real, profunda, estructural. También está persuadida que debe garantizar la paz ciudadana, que no es la paz que se dobla por la paz autoritaria, sino una paz duradera por estar fundamentada en la justicia, la palabra empeñada y la prosperidad de la gente.

Betancourt, a lo largo de su trajín político y a la luz de las lecturas de diversos autores (Hegel, Marx y Engels), alertó: “Fue operándose en nuestras conciencias un proceso de esclarecimiento ideológico. Comenzamos a darnos cuenta de cómo Gómez era algo más que un déspota nacional: era el instrumento y el vehículo para el control férreo de la economía venezolana, aliado y siervo de poderosos intereses extranjeros”. Betancourt pactó con Jóvito y Caldera romper con el yo-esclavo, romper las cadenas de una ideología instrumental, déspota y servil. Ahora toca hacerlo.

María Corina y Rosales pueden ponerse de acuerdo, pero antes deben firmar, frente al país, un pacto de reconstrucción, cogobierno y emancipación ideológica, instrumental e histórica. Con pragmatismo puro y duro no trasciende lo útil, lo bueno y lo necesario, donde lo bueno es la libertad, la paz y la prosperidad; y lo malo es seguir atados a un instrumento, a un vehículo, para el control férreo de la economía venezolana, aliado y siervo de poderosos intereses extranjeros e ideológicos.

vierablanco@gmail.com

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