La institución de la dictadura surge en Roma como respuesta del Senado romano a una situación de extrema crisis que requiere del recurso a la concentración absoluta del poder político y militar en un solo hombre, provisto mediante ese instrumento de excepción de los medios necesarios para resolverla satisfactoriamente. Era una dictadura jurídica, legítima por origen y desempeño, estatuida por encargo del Senado por una duración máxima de seis meses.
Lo que en términos jurídico políticos ha recibido el nombre de dictadura comisarial. Se la ilustra con el clásico ejemplo del tribuno Lucio Quincio Cincinato (519 a. C. – 439 a. C.), que cesó provisoriamente en su trabajo de hombre privado ya retirado – la labranza – para volcarse a la dirección dictatorial de los asuntos públicos y restablecer el orden por orden del Senado. Luego de lo cual volvió al arado. Situación que cumplió dos veces en su vida.
A esa dictadura comisarial se refería el eminente jurista, político y diplomático español José Donoso Cortés en enero de 1849 cuando en un vibrante discurso en las Cortes en las que se discutía sobre los graves sucesos provocados por la revolución europea de 1848 expresó su célebre y muy polémica afirmación según la cual “cuando la legalidad basta para salvar la sociedad, la legalidad; cuando no basta, la dictadura”.
Luego de lo cual, y tras señalar que mucho más tremenda que la palabra dictadura, ya de suyo tremenda, es la palabra revolución, aclaró las cosas afirmando: “dos cosas me son imposible: condenar la dictadura y ejercerla.” Seguro de lo que afirmaba, señaló de inmediato: “Digo, Señores, que la dictadura en ciertas circunstancias, en circunstancias dadas, en circunstancias como las presentes, es un gobierno legítimo, es un gobierno bueno, es un gobierno provechoso, como cualquier otro gobierno; es un gobierno racional, que puede defenderse en la teoría, como puede defenderse en la práctica. Y si no, señores, ved lo que es la vida social.” Bellum omnia contra omne: la guerra de todos contra todos.
La otra forma de dictadura persigue el fin opuesto: liquidar toda institucionalidad, destruir el sistema de derecho y entronizar una tiranía sin tiempo ni medida. Es la que se ha dado en llamar “dictadura constituyente”, cuyo fin es hacer tabula rasa de lo establecido para erigir sobre sus ruinas un sistema de dominación totalitario. Para lo cual no corre a salvar, sino a potenciar y dinamizar la crisis, hacer saltar por los aires sus mecanismos de autodefensa y descabezar a las autoridades y al conjunto de organismos e instituciones que constituyen y conforman el llamado estado de derecho.
América Latina conoce ambos tipos de dictadura. La dictadura comisarial clásica ha sido la instaurada con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 por las fuerzas armadas chilenas, quienes tras la deslegitimación del orden imperante por parte del Congreso de la República y un exhorto de la Corte Suprema de Justicia derrocaron al presidente constitucional Salvador Allende, instaurando una Junta de Gobierno constituido por los comandantes de las cuatro fuerzas, presidida por el Comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte. Fue una dictadura que se extendió por 17 años, al cabo de los cuales, resueltos los problemas estructurales básicos que la invocaran, dio paso al retorno a la institucionalidad democrática.
En el otro extremo, la clásica dictadura constituyente de América Latina y la única que haya existido en su historia es la que estableciera Fidel Castro luego de su toma del poder el 1° de enero de 1959, echando por tierra todas las instituciones republicanas existentes y montando un sistema de gobierno centralizado bajo su férreo mando militar, un partido único, una ideología única y un dominio absoluto y totalitario del conjunto social. Concentrando en el Estado todos los poderes y todos los bienes de la sociedad. De hecho un Estado monárquico, vitalicio y hereditario.
No es del caso valorar éticamente ambas formas de dictaduras, sino atender a su mera fenomenología. Los resultados de su accionar son manifiestos, al extremo que mientras Chile y Cuba al momento de instaurarse en Cuba la dictadura comunista disfrutaban de condiciones económicas y sociales prácticamente idénticas, 54 años después y mediando 17 años de dictadura comisarial en Chile, éste ocupa el más destacado lugar en el desarrollo socio económico de la región, a punto de ingresar en el Primer Mundo según los parámetros universalmente reconocidos, mientras que Cuba se encuentra en el último lugar del desarrollo de las naciones latinoamericanos, compartiendo ese lugar con Haití.
Los valores comparativos son los siguientes: en 1958 el Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba fue de $ 2,360 millones para una población de 6.631.000 habitantes y un Producto Per Capita (PPC) de $ 356. El PIB de Chile fue de $ 2,580 millones para una población de 7.165.000 habitantes y un PPC de $ 360. Es más que evidente que Cuba y Chile se encontraban en vísperas del establecimiento de la dictadura en Cuba en los mismos niveles de desarrollo..
En el año 2000, tras cuarenta años de dictadura constituyente en Cuba y superados 17 años de dictadura comisarial en Chile los mismos valores fueron los siguientes: el PIB cubano fue de $ 19,200 millones; el de Chile fue de $ 153.100 millones; la población de Cuba se había estancado en los 11 millones de habitantes, mientras Chile alcanzaba los 15.160.000 habitantes y el producto Per Cápita en Cuba fue de $1.700, mientras que el de Chile alcanzó los $ 10,100. 13 años después, el gobierno de Sebastián Piñera aspira a terminar su período con un PPC de $20.000. ¿Lo alcanzará? De no llegar a esa cifra, que situaría a Chile a los niveles europeos, no será por razones políticas. Cincuenta años de diferencias tan notables son suficientes para demostrar que una dictadura constituyente, como la que nos amenaza en Venezuela, sólo conduce al abismo.
