Un gobierno que en las recientes encuestas tiene un respaldo que no alcanza a la mitad de la población, tiene que conversar con los principales representantes del país (políticos, empresarios y trabajadores de todas las tendencias) para sacar a Venezuela de este marasmo.

En tiempos de crisis más de una vez se oye hablar de herederos que renuncian al legado de sus padres, porque este contiene más deudas que recursos para amortizarlas. Nicolás Maduro dice temer que la oposición le inocule un veneno, pero ya Chávez se lo inyectó al nombrarlo heredero, y él, con sus políticas descaminadas, pone cada vez en mayor peligro el patrimonio de la nación.

 Muchos pasivos y pocos activos

El patrimonio de cualquier empresa se calcula sustrayendo las obligaciones o deudas que ha adquirido (pasivos) de los bienes (activos) que posee. Chávez, en sus años de gobierno, destruyó o depreció muchos de los activos que había recibido de sus antecesores, y comprometió al país con una deuda cada vez mayor. Su sucesor ha recibido, en consecuencia, un país en bancarrota.

Vamos a recontar brevemente el pasado reciente, tratando de ser benévolos con las intenciones de su principal protagonista.

Hugo Chávez vio que uno de los obstáculos principales para que Venezuela se desarrollara adecuadamente estaba en la enorme desigualdad de recursos y oportunidades entre los diversos sectores de la población, y se propuso modificar esa situación. Para ello configuró un Gobierno enfocado en mejorar las condiciones de los más necesitados.

Desafortunadamente su formación previa, y la de los asesores en quienes más confiaba, le empujaron a transitar un camino que históricamente se ha mostrado incapaz de lograr ese objetivo.

Convencido -no sin razón- de que muchos empresarios trabajaban más por incrementar su beneficio personal que el acervo social, decidió asumir progresivamente el aparato productivo, apropiándoselo por la fuerza, sin pensar si los gerentes del Gobierno tenían motivos más altruistas que los empresarios privados, y sobre todo si tenían la capacidad para llevar adelante las tareas que les habían sido encomendadas.

En la actualidad el Gobierno tiene el monopolio de 21 actividades económicas. Pero ¿qué se ha logrado con eso?

En varias estaciones del Metro se encuentra una propaganda de Lácteos Los Andes con obreros sonrientes y un gran letrero que dice: Hecho en socialismo.  Si se atuviera a la realidad, ese lema debería decir: Deshecho en socialismo. En el año 2012 la empresa redujo 61,4% su utilidad. El 25 de abril de este año 150 de sus trabajadores se concentraron para declarar que la empresa estaba quebrada y las condiciones de trabajo eran infrahumanas. La producción nacional de leche ha descendido en picada.

Lo mismo se podría repetir con el vidrio, papel, cemento (la Fábrica Nacional de Cemento lleva tres años consecutivos con pérdidas), alimentos (la importación en este rubro creció 58% en 2012), envases, y tantos otros bienes que antes producíamos, al menos en parte, y ahora importamos casi en su totalidad.

Los sindicatos de las empresas básicas se quejan de que trabajan a 30% de su capacidad. En 2012 en Pdvsa cada trabajador producía apenas un tercio de lo producido en 1998; además, el pasado año hubo en la empresa 519 accidentes, 3 mil 400 lesionados y 143 mil 597 barriles derramados, mientras seguimos importando gasolina de Estados Unidos a precios internacionales para venderla internamente a un precio inferior al del agua embotellada.

No contentos con eso continuamos regalando a otros países dinero y petróleo a cambio de su apoyo incondicional en los foros internacionales, y hemos comprado a Rusia 78% de las armas que ese país ha vendido a América Latina.

Como el petróleo no puede financiar todos esos desaguisados, la deuda pública se cuadruplicó durante los gobiernos del presidente Chávez.

¿Logros sociales?

Hay que reconocer que se lograron varios de los objetivos que el fallecido presidente se había propuesto con el fin de mejorar la situación de los sectores de menores ingresos.

Entre 2000 y 2012, según cifras oficiales, el desempleo bajó de 14,6% a 8,7%; la distribución del ingreso medida por el coeficiente de Gini (donde un índice más bajo indica una distribución más igualitaria) pasó de 46,3 a 44,8; la pobreza total (la de aquellos que no pueden acceder a la canasta básica) descendió de 46,3% a 21,2%, y la pobreza extrema (la de aquellos que ni siquiera pueden alcanzar la canasta alimentaria) de 18% a 6%. En términos reales el consumo se incrementó casi en 90%, y los habitantes de los barrios pudieron acceder a alimentos subsidiados, y hasta lograron mejorar su nivel de vida con equipos audiovisuales o aparatos electrodomésticos adquiridos a precios reducidos y con créditos ventajosos.

Pero estos avances quedan matizados por otros datos no tan alentadores. Para empezar, muchos otros países latinoamericanos, que no tienen petróleo, lograron resultados semejantes o mejores en estas variables, sin sufrir las distorsiones que nosotros hemos experimentado en el aparato productivo y en el valor de la moneda.

El salario mínimo, que es el que se paga a muchos obreros y a todos los pensionados, ha subido solo un 20,8%, mientras que los precios han crecido en ese período (2000-2012), 2.158,13%.

En el año 2000, el 10% más rico tenía un ingreso veinte veces mayor que el 10% más pobre; pero en 2012 esta proporción había subido a 33 veces. Dado que la oligarquía tradicional ha sido fuertemente golpeada, cabe sospechar que esos nuevos ricos están estrechamente ligados a los círculos gubernamentales.

El índice de desarrollo humano descendió de 0,770 a 0,748. En Latinoamérica están por delante de nosotros Chile, Argentina, Uruguay, Cuba, Panamá, México y Costa Rica.

Hay además en todo este tema un punto de reflexión sobre el carácter de las mejoras sociales que se han logrado recientemente.

Los gobiernos populistas necesitan que los pobres no desaparezcan del todo, y que les estén eternamente agradecidos por sus dádivas. Por eso se les ata en corto poniéndoles, por ejemplo, trabas para que sean dueños de las viviendas que el Gobierno les ha otorgado, o se les humilla al otorgarles alimentos subsidiados obligándoles a soportar largas colas,  racionando los bienes que pueden adquirir, e inscribiéndolos en determinadas misiones para  poderles exigir en retorno algunos favores, como la presencia en manifestaciones públicas o el voto asistido.

En un coloquio organizado el 26 de junio por la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Ángel García Banchs se pregunta si los fondos erogados por el Gobierno con ese fin son gasto social o fomentan el clientelismo político, y responde de la siguiente manera:

Es sencillo diferenciar entre programas sociales y políticos. […] Mientras el retorno de los primeros es la transformación de la vida de los seres humanos, el de los últimos es el voto condicionado. Así, mientras los programas sociales liberan al individuo, los políticos le condenan a la dependencia del Estado, del gobierno o de un partido político. Dicho de otro modo, mientras los programas sociales implican un período de asistencia, uno de capacitación, y uno final de inserción a la esfera productiva, los políticos solo implican asistencia. Mientras los primeros hacen que el individuo termine independiente con un empleo o un emprendimiento en el sector privado de la economía, los últimos le excluyen adrede del mercado de trabajo para garantizar su dependencia.

Escasez de productos y de marcas

Desde la perspectiva económica, uno de los signos más negativos de este régimen ha sido el de la escasez. No solo por la cantidad (a veces llega a 20%) sino porque la mayoría de las veces afecta a alimentos de la dieta básica y a otros productos de uso diario.

Eso ocurre, entre otras razones, porque los agentes privados, que no solo son los grandes empresarios, sino también los gerentes de bodegas y pequeños abastos, se han especializado durante décadas en un eslabón del proceso de producción y distribución de bienes y servicios, y no pueden ser sustituidos impunemente por unos funcionarios públicos sin experiencia en el manejo de los mercados.

Adicionalmente, los canales privados de distribución que todavía no han sido engullidos por la voracidad pública no pueden ofrecer bienes si se les fijan precios que estén por debajo de los costos, ni pueden importarlos por falta de divisas. Si nos creemos la monserga oficialista de que esas quejas provienen de empresarios sin escrúpulos que se quieren enriquecer a costa de los demás, escuchemos lo que dicen los modestos trabajadores que se niegan a vender productos regulados en los mercados populares.

El hecho de que quienes, directa o indirectamente, controlan la importación de alimentos con divisas preferenciales sean en gran parte, una vez más, empleados públicos, no solo origina la vergonzosa y delictiva putrefacción de centenares de contenedores en los puertos, sino que hace que estemos consumiendo productos de peor calidad que hace unos años.

Seamos concretos. Nadie va a negar el excelente nivel de la industria láctea en Uruguay, pero a veces la leche uruguaya que ha llegado a nuestros mercados tiene un gusto extraño. Nicaragua produce muy buen café, pero algún café nicaragüense que se vende en Venezuela sabe a aserrín, porque probablemente está mezclado con otros productos.

¿Nos están engañando los demás países enviándonos lo que ellos no quieren consumir, o los importadores nacionales están adulterando los productos que compran en el exterior para engrosar sus beneficios?

En la Venezuela de antes de la revolución, una empresa que vendía café adulterado se arruinaba, porque los clientes compraban el mismo producto de otra marca. Pero ahora no solo padecemos escasez sino falta de diversidad, por lo que muchas veces encontramos en los supermercados una sola marca y no tenemos más remedio que comprar el producto, aunque sea fallo, o dejar de consumirlo.

¿Quién iba a pensar que las promesas de bienestar se iban a convertir en esta pesadilla diaria que nos hace perder tiempo, paciencia y esperanza de recuperar lo que tantos otros países poseen como algo natural, y lo que también nosotros teníamos hace no muchos años?

Moneda depreciada

Un problema adicional es que, aunque tuviéramos todos los productos y marcas que se exhiben en un país normal, cada vez tenemos menos dinero para adquirirlos.

La inflación de 2013 va a ser probablemente cercana al 40%, cifra que nunca habíamos alcanzado en los últimos años.

Aunque parezca obvio, recordemos lo que esto significa. El año que viene necesitaremos Bs.100 para comprar algo que hoy nos cuesta aproximadamente Bs. 70[1]. Es como si el Gobierno entrara en nuestra casa, abriera nuestra cartera, nos sacara los billetes de Bs. 10 y nos metiera a cambio manojos de Bs. 7. Esto sin olvidar que como el Banco Central de Venezuela incluye bienes con precios regulados en la canasta con la que mide la inflación, el incremento real de los precios es siempre más alto que el anunciado oficialmente.

Pero si el bolívar vale poco dentro de nuestras fronteras, todavía pierde más valor fuera de ellas. Esto no afecta únicamente a los que viajan o a los que tienen dólares. Gran parte de los alimentos que consumimos diariamente se pagan en moneda extranjera; si el bolívar se devalúa pagamos cada vez más por comer.

El hecho de que en el mercado paralelo el dólar cueste cinco veces más que en el mercado oficial, además de ser un exabrupto, se presta al cobro de comisiones y otras corruptelas. Jorge Giordani se ha quejado de que hay muchas empresas fantasmas que reciben millones de dólares preferenciales y no compran nada. Lo mismo confirmó el inefable Mario Silva en su supuesta conversación con un miembro del G2 cubano. El hecho de que todavía no se haya apresado ni encarcelado a nadie por tamaño desmán nos hace pensar que quienes hacen esos negocios están bien protegidos en el entramado de las connivencias de la administración pública.

Entre lo deseable y lo posible

Ante esta situación ¿qué se debería hacer, y qué se puede realmente esperar? La Academia de Ciencias Económicas emitió el 27 de junio un Comunicado a la Nación, como conclusión del coloquio sobre política económica celebrado el día anterior.

Este contiene un conjunto de recomendaciones como: instaurar un sistema eficiente de incentivos que promueva la iniciativa privada; mejorar los servicios públicos; recuperar la capacidad de inversión pública y privada; mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos petroleros;  imponer una disciplina fiscal que retome el gasto de inversión, impida el financiamiento con emisión monetaria y la manipulación del tipo de cambio; implementar una política cambiaria dinámica y competitiva; desmontar los controles y sustituirlos por una supervisión eficaz y razonable; reducir los impuestos sobre las nóminas y las trabas al empleo formal; evitar la fuga de capital humano; enfrentar exitosamente los desafíos de la competitividad internacional; instrumentar políticas sociales destinadas a promover la equidad y una mejor calidad de vida.

Se puede discutir si todas esas recomendaciones son convenientes; se puede argüir que es más fácil y cómodo dar consejos desde un escritorio que fajarse desde un organismo público con los problemas reales del país. Lo que no se puede hacer es seguir avanzando en sentido contrario. Se puede no alcanzar las metas deseadas, pero al menos hay que trabajar para conseguirlas.

Un gobierno que en las recientes encuestas tiene un respaldo que no alcanza a la mitad de la población, tiene que conversar con los principales representantes de la sociedad venezolana (políticos, empresarios y trabajadores de todas las tendencias) para sacar al país de este marasmo.

Ojalá las recientes reuniones de Maduro con los empresarios del sector alimentos, y la intención de Nelson Merentes de flexibilizar el acceso a mercados cambiarios regulares, señalen unos primeros pasos en el camino de la conciliación.

Eduardo J. Ortiz F.

Doctor en Economía de la UCAB.