El pasado miércoles 4 de septiembre, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) acordó como propuesta, a ser llevada a las respectivas asambleas profesorales en las instituciones afiliadas: la suspensión temporal del cese de actividades manteniendo la declaratoria de conflicto universitario. Este  llamado preserva el carácter democrático con el cual la FAPUV manejó, muy inteligentemente,  la adopción de la medida extrema de paro: fueron las asambleas profesorales las que, mediante ejercicio democrático de sus miembros, decidieron adherirse al paro y sólo ellas, apelando a la misma modalidad para tomar su decisión, pueden levantarlo en sus respectivas casas de estudio.

Para el momento en el que comienzo a escribir estas líneas, ya en dos universidades –LUZ y UNET- decidieron retomar las actividades docentes a partir de hoy, lunes 9 de septiembre, pero en otras, debido a las particularidades de los lapsos vacacionales, las asambleas están por realizarse. Creo entonces que bien vale la pena expresar algunas consideraciones sobre la crucial decisión a ser tomada en dichas asambleas. Me motiva, muy especialmente, el hecho que algunos sectores profesorales, no sé si mayoritarios, continúan esgrimiendo respetables argumentos en pro de no levantar el paro por cuanto, en síntesis de su opinión, los objetivos primigenios de lucha que justificaron la declaratoria del mismo aún no han sido conseguidos. En particular, resaltan el hecho que no se ha logrado del Ejecutivo Nacional el respeto a la aplicación de las Normas de Homologación. También, debo mencionarlo, dentro del sector de los jubilados circula una opinión crítica al llamado de FAPUV, por considerar que todavía no se ha logrado concretar la corrección de los pagos realizados tendiente a restablecer, en su totalidad, la homologación de los beneficios al personal pasivo con los aprobados para los activos.

Con respecto a lo primero, lo de las Normas de Homologación (NH), debo comenzar diciendo que es absolutamente cierto, lo cual otorga respetabilidad al principal argumento de quienes se oponen a levantar el paro. Ahora bien, aun siendo muy válido y respetable tal argumento, cabría preguntarse si era viable plantearse el reconocimiento textual a lo contemplado en las NH como el objetivo, binariamente, decisorio para continuar o no con el paro. En mi opinión: no lo era. En cualquier conflicto gremial, es muy importante partir de un análisis sincero y descarnado de las fortalezas y debilidades de la posición inicial desde la que se arranca la lucha. En una muy grata conversación que sostuve con profesores de la UNA –transcurría el paro-, señalaba que este régimen había logrado confinar la otrora combatividad gremial de los universitarios al Sótano 25. ¿Por qué lo dije y lo mantengo?

Desde el 2004, las NH fueron colocadas en estado de hibernación. Recuerdo que vencidas las fechas a partir de las cuales se nos debían aplicar las congeladas normas, transcurrían muchos meses hasta que el Omnipotente Presidente se dignara a decretar en alguna de sus alocuciones el unilateral aumento que él, “generosamente”, había decidido otorgar al sector universitario. En esos meses previos, los oficialistas que hacen vida al interior de nuestras universidades se dedicaban a circular cualquier cantidad de rumores sobre el supuesto aumento que nos iba a aprobar el Presidente, por cierto: siempre superior al que finalmente se anunciaba. “En el Aló Presidente de este domingo, lo anuncian (el aumento)”, nos decían presumiendo de estar muy informados, y nada, pasaba ese fin de semana, y otro,…, y otro, hasta que en alguna inesperada alocución: ¡Bang! Ahí les va el pírrico aumento, siempre inferior a lo que habría resultado de aplicar la inflación acumulada de los dos años anteriores –lo preceptuado por las NH-. La sensación que uno tenía era que el pobre ministro de turno no lograba conseguir un resquicio en la apretadísima agenda presidencial para que este tomara conciencia del atraso en el ajuste de los sueldos universitarios. Siendo Acuña, Ministro de la Educación Superior Universitaria, el anuncio presidencial se hizo en octubre, casi a finales de un año en el que correspondía ajustar los salarios desde enero. Lo recuerdo como si fuera hoy, porque escribí un larguísimo artículo (como casi todos los míos), protestando la forma como Jaua, Vicepresidente en ese momento, manipulaba al pueblo anunciando una larga retahíla de créditos adicionales aprobados al sector, cuando la mayoría de ellos provenían del reconocimiento de deudas presupuestarias con las instituciones, incluyendo las de su subsistema paralelo.

Recuerdo también haberme encontrado con el Presidente de nuestro gremio (APUC) y haberle interpelado, muy agriamente, las razones por las cuales la FAPUV se dejaba irrespetar de esa manera. ¿Cómo era posible que el sector universitario, siempre abanderado en el contexto nacional de las luchas por el resarcimiento salarial de lo perdido a causa de la inflación, se había sumergido en una onda de tanta pasividad ante el grosero abuso del unilateralismo presidencial? La conversación fue muy larga, casi un monólogo de mi interlocutor, mi conclusión al final: la dirigencia gremial se sentía intimidada ante la posibilidad de que el colectivo no les acompañara en sus mecanismos de lucha. “Se convocan los paros parciales de actividades y muchos profesores desatienden a nuestro llamado”, me lo reiteró muchas veces haciendo mención al temor que transitaba por la mente de los agremiados a raíz de lo ocurrido con PDVSA. Lo cierto es que así, bienio tras bienio, nos dejamos confinar en el Sótano 25.

¿Qué tanto fue responsabilidad de la dirigencia gremial de FAPUV y qué tanto fue nuestra como colectivo? Una interrogante difícil de dilucidar con precisión, pero lo cierto, también, es que el reiterado procedimiento de decretar aumentos por debajo del ritmo inflacionario fue creando esa brecha entre lo que nuestro sueldo debía ser, en justo reconocimiento a la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario, y lo que realmente percibíamos. Fue así como llegamos a que el sueldo de un profesor instructor a tiempo completo fuera apenas superior al sueldo mínimo. La presión de nuestra realidad económica llegó a límites insoportables, la justicia de nuestro reclamo se hizo demasiado evidente y, por fin, despertamos. Dimos una lucha que hizo a este régimen, correoso en extremo, retroceder en su pretensión de continuar con su estrategia unilateralista de desconocer a la otra parte. Dimos una lucha que, seguramente, servirá como referencia nacional a otros gremios que confrontan nuestro mismo problema.  Se logró que los sectores populares comprendieran que el trabajo de educador está muy mal pagado en este país y que los universitarios no éramos unos ricos privilegiados, sino personas que padecemos al igual que ellos del embate inflacionario. Esa imagen de profesores nuestros, entogados y montados en vehículos de transporte colectivo, intentando explicar nuestra situación salarial, contribuyó en mucho a que el gobierno entendiera que el conflicto universitario podía convertirse en el germen de una protesta, más virulenta y generalizada, en respuesta a la severa problemática económica que nos aqueja como país (tengo entendido que el Gobierno manejó encuestas que apuntaban en este sentido). Vaya entonces mi reconocimiento a una vanguardia que luchó dura y arduamente, ahora bien: ¿Podíamos aspirar que un solo conflicto nos trasladara desde el Sótano 25 a Planta Baja? Opino que sería irrealista pretender continuar con el paro porque no se haya logrado totalmente el objetivo que, obviamente, debíamos plantear en el inicio por su gran valor en lo simbólico (constituye el emblema del reconocimiento al ajuste salarial por inflación) y en lo concreto (el derecho a recibir un incremento de sueldos superior al aprobado).

El paro universitario sí arrojó logros importantes. Se logró el reconocimiento de FAPUV como la legítima contraparte a los efectos de la negociación de las condiciones socio-económicas de trabajo de los profesores adscritos a sus instituciones afiliadas. Esto, por sí solo, crea otras condiciones de partida para la discusión del próximo tabulador salarial, radicalmente distintas a las que se tenían al iniciarse este conflicto. El Régimen, si es que todavía ostenta el poder en este país, tendrá que pensarlo muy bien a la hora de pretender desconocer los precedentes consolidados en el diálogo bilateral al que, finalmente, tuvo que someterse. Adicionalmente, el Gobierno accedió a retirar varias cláusulas de la Convención Colectiva Única dado su carácter violatorio de la Ley de Universidades y el principio de Autonomía Universitaria. Por otra parte, en el plano de lo concreto: estoy convencido que el Gobierno aprobó mayor cantidad de recursos presupuestarios que los que tenía previsto aprobar en esa mesa laboral con sus “amiguis” como “comprensiva contraparte”. Aunque estos nunca lo reconocerán, el paro les obligó a adoptar una posición de mayor dureza con respecto a la satisfacción de sus exigencias, para poder así lavar sus caras de esquiroles oficialistas ante sus agremiados. Y el Gobierno tuvo que acceder. El cronograma previsto para la entrega de los recursos tuvo que ser acelerado. Todos debemos recordar que, inicialmente, se había señalado que lo correspondiente al retroactivo de los primeros meses del año sería cancelado en octubre como fecha más temprana. El Gobierno, que suele ser hábil en el manejo de conflictos (ojalá fuera igualmente apto para gestionar al país), cedió en lo económico, buscando derrotar al paro y preservar su “joya de la corona”: desconocer irreversiblemente a FAPUV. Al final, no le quedó más remedio que sentarse. Tremenda lección a los otros gremios, en esta hora tan menguada en el país en cuanto al reconocimiento de los derechos de los trabajadores.

Hechas las anteriores consideraciones, es pertinente referirnos a los riesgos que se correrían en el caso de pretenderse continuar la suspensión de actividades docentes. El paro se inició en mayo, significó en la práctica la pérdida de un semestre: consecuencia bien dolorosa, aunque necesaria (la actitud del Régimen no posibilitó otra salida). Como todo paro laboral, se generó el perjuicio propio que, inevitablemente, se deriva de la no prestación de un servicio por parte de quienes se declaran en huelga.  Difícil, en verdad,  imaginarse un paro laboral que sea simultáneamente efectivo y aséptico. Ahora bien, habiendo transcurrido un largo receso vacacional de 45 días, encontrándonos a escasos días de comenzar a percibir el segundo escalón del incremento salarial aprobado, resultaría, en mi opinión, muy contraproducente intentar extender la continuidad del paro. El Gobierno contaría con elementos a su favor como para intentar voltear la opinión pública, de lograrlo (alta probabilidad) se daría apertura al escenario de aplicación de medidas retaliativas, que hasta ahora, en el contexto estricto del conflicto, el Gobierno se ha cuidado de ni siquiera sugerirlas. Creo que la mayoría de los docentes está consciente de esta posibilidad, de manera tal que una mayoría circunstancial en una asamblea que, con cortedad de criterio, aprobara la extensión del paro, colocaría a su respectiva asociación en un disparadero. Muy posiblemente, tal medida sería desobedecida por una significativa porción de profesores, retrotrayéndonos así a una etapa felizmente superada. Se rompería la unidad gremial a nivel local, más allá del hecho que una decisión en tal sentido habría roto con la unidad gremial a nivel nacional que tanta fortaleza nos aportó en este conflicto. Se correría el riesgo de que comenzaran a revertirse los objetivos alcanzados y termináramos en una posición, gremialmente hablando, peor que la actual.

Basta con ir al supermercado, para saber que los aumentos aprobados son chucutos y que ya han sido devorados por una implacable inflación muy superior a lo que el BCV reconoce, pero fue lo que se pudo conseguir en un primer despertar de nuestra anestesiada combatividad gremial. Salimos de este conflicto fortalecidos y con posibilidades de proponernos en el futuro luchas para que la función educadora sea reconocida como se lo merece y lo requiere, urgentemente, nuestro país. Eso sí, debemos mantenernos generando opinión en este sentido.

Para finalizar y habida cuenta que hice referencia en la introducción al descontento entre nosotros, los jubilados, opino que como sector debemos mantenernos alerta para exigir a nuestra dirigencia gremial, que la homologación de nuestros beneficios se mantenga como uno de los elementos centrales de reclamo ante el Ejecutivo. Lo que no debemos es pretender que nuestro argumento se convierta en causal suficiente como para justificar la continuidad del paro. Los jubilados debemos ser conscientes de nuestra natural limitación como sector de presión  y cuidarnos de no promover o exigir una situación de riesgo que afectaría mayormente a los activos.

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